Sentencia 2003-02301 de marzo 7 de 2013

 

Sentencia 2003-02301 de marzo 7 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN “A”

Rad. 19001233100020030230101

Exp.: 0915-12

Magistrado Ponente:

Dr. Alfonso Vargas Rincón

Actor: Luis Efrén Ruiz Martínez

Bogotá, D.C., siete de marzo de dos mil trece.

Autoridades nacionales

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de 14 de abril de 2011 proferida por el Tribunal Administrativo de Cauca.

Antecedentes

El señor Luis Efrén Ruiz Martínez por intermedio de apoderado y en ejercicio de la acción consagrada en el artículo 138 inciso 2º del Código Contencioso Administrativo, demandó del Tribunal Administrativo del Cauca, la declaración de nulidad del acto ficto o presunto que surgió del silencio director general de la Policía Nacional frente a la petición elevada el 4 de junio de 2003, en la cual solicitó el reajuste de la indemnización por las lesiones y afecciones y el reconocimiento y pago de la pensión por invalidez en un cien por ciento (100%).

Como consecuencia de las declaraciones anteriores, se ordene a la Nación – Ministerio de Defensa - Policía Nacional, reconocer al actor una disminución de la capacidad laboral del cien por ciento (100%) equivalente a incapacidad laboral absoluta, adquirida en servicio por causa y razón del mismo.

Igualmente, solicita que como consecuencia de las nulidades declaradas se ordene a la Nación – Ministerio de Defensa - Policía Nacional, reajustar y pagar al actor por el tesoro público, por una sola vez, la diferencia de la indemnización ya pagada con la correspondiente a sus lesiones, o sea 54.00 meses de sueldo calculada en la tabla C del Decreto 94 de 1989 en armonía con el artículo 117, literal c) parágrafo 1º del Decreto 1213 de 1990.

Que se reconozca y pague al actor por el tesoro público una pensión mensual equivalente al cien por ciento de conformidad con el artículo 117 literal c) inciso tercero del Decreto 1213 de 1990.

Demanda que se ordene a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional reajustar el auxilio de cesantía conforme a la nueva valoración.

Por último solicita que la Policía Nacional dé cumplimiento a la sentencia dentro del término que ordena el artículo 176 y conforme a los artículos 178 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

Los hechos que sirven de fundamento a las pretensiones los hace consistir en que envió por correo certificado, petición al director general de la Policía Nacional con el fin de obtener el reajuste de la indemnización y el reconocimiento de la pensión de invalidez, el día 4 de junio de 2003.

Transcurridos más de 3 meses sin recibir solución surgió un acto ficto o presunto de silencio administrativo negativo, con el cual se entienden negadas las pretensiones.

Según acta 0988 de abril 5 de 1999 la junta médico laboral luego de valorarlo por el accidente que sufrió en una moto estableció que sufrió politraumatismos que trajo como consecuencia un índice de 8 puntos y una disminución de capacidad laboral del 18.5% imputándola al servicio por causa y razón del mismo. En el acta se estipuló que no existía historia clínica, por lo que la junta médica solo se basó en el concepto de especialistas y no en los exámenes practicados, por lo que considera que esta omisión no permitió valorar separadamente cada una de las lesiones ni determinar cuáles eran los órganos comprometidos y las secuelas físicas y sicológicas, con el fin de establecer la disminución real de la capacidad laboral.

Afirma que solo se tuvo en cuenta la “esclerosis más eversión de tuberosidad acetábulo trocantérica, reemplazo de cadera” y que se omitió el trauma cráneo encefálico. Tampoco se estableció el verdadero acortamiento del miembro inferior derecho.

Normas violadas: Invocó las siguientes:

• Constitución Nacional, artículos 13 y 29.

• Decreto 1796 de 2000 artículo 15, numerales primero (1º) y sexto (6º) y artículo 16 literal c). (fl. 30).

La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo del Cauca, mediante la sentencia de 14 de abril de 2011, se inhibió de decidir de fondo apoyado en una inepta de demanda.

Para el efecto, precisó después de realizar un estudio del fenómeno jurídico del silencio administrativo, la ausencia de su configuración en el proceso, habida cuenta que la parte demandante, no demostró que la parte demandada haya tenido la oportunidad de conocer la reclamación previa del actor, materializada en el derecho de petición del 4 de junio de 2003.

Al respecto el cuerpo colegiado precisó que, “... cuando se pretende demandar la nulidad de un acto ficto presunto, debe acompañarse a la demanda la prueba que demuestre la configuración del silencio administrativo, es decir la copia de la petición debidamente radicada, con fecha de su presentación, con el fin de determinar si transcurrió el término establecido por la ley, de 3 meses para que se entienda negada la petición”.

En este orden, concluyó que al no haberse probado la constitución del silencio administrativo que dio lugar al acto ficto, la demanda es inepta al no cumplir con los requisitos establecidos en la norma legal e impide que el tribunal se pronuncie de fondo sobre la controversia. Declaró de oficio la excepción de inepta demanda y se inhibió para pronunciarse de fondo (fls. 67-74).

Fundamento de la apelación

En memorial visible a folios 77 y siguientes del expediente obra la sustentación del recurso de apelación interpuesto por el apoderado del demandante, cuyas razones de inconformidad, en síntesis, son las siguientes:

El a quo estableció que se formularon dos peticiones y sus respuestas sobre reajuste e indemnización pero que no las analizó críticamente.

El 5 de noviembre de 2002 presentó ante el director general de la Policía Nacional solicitud de reajuste de indemnización y reconocimiento de pensión (fl. 11, cdno. de pruebas), la cual fue respondida negativamente por la jefe de orientación e información del grupo de prestaciones sociales de la entidad con el Oficio 466 del 14 de enero de 2003 (fl. 10, cdno. de pruebas), con fundamento en que de acuerdo con el artículo 117 del Decreto 1213 de 1990, para tener derecho a pensión de sanidad requiere una disminución de capacidad laboral igual o superior al 75%, que en el caso del actor no se cumple. Más adelante se dijo que la indemnización fue liquidada conforme a la ley y no hay derecho a reajuste.

El oficio señalado, afirma, no fue tenido en cuenta por el juzgador en el análisis probatorio.

Continúa con su exposición señalando que el actor presentó, pasados cuatro (4) meses y veintiún (21) días, el 4 de junio de 2003, la solicitud de reajuste de indemnización y reconocimiento de pensión (fl. 2 del cdno. prpal.), que aunque fue enviada equivocadamente a la caja de sueldos de retiro de la Policía Nacional por Adpostal, la petición sí llegó a la dirección general de la policía, porque esta fue resuelta por la jefe de orientación e información del grupo de prestaciones sociales, con el Oficio 4467 del 15 de abril de 2004 (fl. 63 cdno. ppal.).

Señala que claramente se trata de dos solicitudes y dos respuestas diferentes en el tiempo y que “el Oficio 4467 del 15 de abril de 2004 no constituye un complemento del Oficio 16509 del 10 de noviembre de 2003, porque el primero decide tácitamente en forma negativa la petición de reajuste de indemnización y reconocimiento pensión, mientras que el segundo es meramente informativo donde se le comunica al interesado que no ha sido posible la consecución de su expediente “ y que allí se demuestra una relación cronológica inmediata con la solicitud del 4 de junio de 2003. Aduce que el Oficio 16509 del 10 de noviembre de 2003, no se anexó a la demanda ni fue objeto de declaratoria de nulidad por ser meramente informativo donde se comunica al interesado que no ha sido posible la consecución del expediente prestacional.

Para resolver, se

Considera

Se trata de establecer en este caso, si efectivamente de la presentación y falta de contestación del derecho de petición enviado por el demandante vía Adpostal el 4 de junio de 2003, surgió el acto ficto de silencio administrativo negativo, o si por el contrario, tal y como lo dijo el a quo en su decisión, se configuró inepta demanda al no haberse demostrado la presentación de dicho escrito y por lo tanto es completamente ajustada a derecho la decisión de inhibirse de efectuar pronunciamiento de fondo.

Ofrece relevancia la observación del texto de la demanda, la cual en el acápite de pruebas omite solicitar la certificación de la entidad de haber recibido un escrito de fecha 4 de junio de 2003 o posterior, ni la solicitud a la Caja de Sueldos de Retiro, para que informara si recibió dicho memorial y qué trámite se surtió en relación con dicho escrito (fl. 32). El auto que decretó las pruebas de fecha 22 de junio de 2005, tampoco relaciona como prueba de oficio lo antes mencionado (fl. 55).

El recurrente se refiere al escrito de fecha “5 de noviembre de 2002” cuyo radicado de “8 de noviembre de 2002”, aparece a folio 11 del cuaderno de pruebas.

Examinado el expediente se evidencia la existencia del mencionado documento, pero este, en nada tiene relación con el memorial sobre el cual se pretende constituir el silencio administrativo deprecado.

Evidentemente esa petición (nov. 8/2002, fl. 11, cdno. de pruebas) y su respuesta (ene. 14/2003, fl. 10 cdno. de pruebas) son de fechas anteriores al que obra como fundamento de esta acción.

Es más, la prueba allegada a folio 5 del cuaderno principal, frente a la cual se pretende demostrar la existencia de la petición de fecha 5 de noviembre de 2002 y que no tiene sello de radicado ni recibido, es radicalmente diferente a la allegada a folio 11 del cuaderno de pruebas, aunque tiene la misma fecha de presentación.

Ahora bien, que dicha solicitud haya sido resuelta mediante el Oficio fechado 14 de enero de 2003 y que obra a folio 10, en nada incide para variar la decisión que hoy es objeto de alzada, por lo tanto no tenía motivo para ser valorado como fundamento de la decisión por el tribunal.

En lo que respecta al memorial fundamento de esta acción de fecha 4 de junio de 2003 (fl. 2 cdno. ppal.), debe esta Sala señalar que, tal y como lo dijo el a quo, el documento no presenta sello de presentación ni de radicación, solamente se aportó la factura de Adpostal que demuestra que fue remitido por el actor pero a la Caja de Sueldos de Retiro (fl. 4 del cdno. ppal.).

No obra dentro del proceso medio probatorio alguno con el que se pueda verificar que tal petición llegó a manos de la autoridad a la que le competía responder.

Frente a la aseveración consignada en el recurso de que dicha solicitud sí llegó a la dirección general de la policía, por cuanto fue resuelta por la jefe de orientación e información del grupo de prestaciones sociales con el Oficio 4467 del 15 de abril de 2004 (fl. 63, cdno. ppal.), advierte la Sala que de acuerdo a su contenido se trata de una adición a la respuesta que en su oportunidad ofreció contenida en el Oficio 16509 Gruso Un Din Rad 9649, relacionada con un reajuste de indemnización y reconocimiento pensión, lo que solo nos indica que hubo una respuesta anterior, pero como tal no fue allegada al expediente.

Pese a existir dicho pronunciamiento por parte del grupo de prestaciones sociales de la Policía Nacional, conforme se desprende del oficio referido en precedencia, no existe certeza por lo menos en el expediente que aquella corresponda a la petición del 4 de junio de 2003, no siendo dable al juzgador edificar una decisión sobre conjeturas o simples suposiciones.

Para la Sala el problema reside en que la base para la declaración de configuración del silencio administrativo negativo, es precisamente la fecha de presentación de tal petición, pues es a partir de la radicación ante la entidad competente, que inicia el término para el surgimiento del silencio, hecho que no se demostró dentro del trámite procesal.

De otro lado, el recurrente insiste que se trata de dos solicitudes y dos respuestas diferentes en el tiempo y que “el Oficio 4467 del 15 de abril de 2004 no constituye un complemento del Oficio 16509 del 10 de noviembre de 2003...”.

La afirmación anterior no corresponde a la realidad, pues nada diferente a que se trata de una adición a la respuesta que se dio al Oficio 16809 Gruso Un Din Rad 9649, así se desprende del contenido del Oficio 4467 de 15 de abril de 2004, como se anotó precedentemente, lo cual deja absolutamente sin piso tal aseveración.

En consecuencia, al no demostrar el actor la existencia y presentación ante la entidad pertinente, del escrito en ejercicio del derecho de petición sobre cuya omisión de respuesta, se pudiera configurar un “silencio administrativo negativo”, la decisión del tribunal fue acertada y por ello se confirmará.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia de abril 14 de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo de Cauca, dentro del proceso promovido por el señor Luis Efrén Ruiz Martínez contra la Nación - Ministerio Defensa Nacional - Policía Nacional.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y una vez ejecutoriada esta providencia devuélvase el expediente al tribunal de origen.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión celebrada en la fecha.

Magistrados: Alfonso Vargas Rincón—Gustavo Gómez Aranguren—Luis Rafael Vergara Quintero—.