Sentencia 2003-02367 de agosto 22 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

Ref.: Expediente 10952012

Rad. 05001233100020030236701

Consejero Ponente:

Dr. Alfonso Vargas Rincón

Actor: Liliana marcela Londoño Acevedo y otra

Autoridades nacionales

Bogotá, D.C., veintidós de agosto de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Para resolver, se considera

El 9 de septiembre de 2001, siendo las 6:10 horas aproximadamente, el agente Luis Jaime Arbeláez Moreno, se dirigía a pie y en traje de civil de su lugar de residencia al trabajo en la guardia del Comando de la Meval, para realizar el segundo turno de vigilancia, cuando fue abordado por un joven delgado quien le propino un disparo con arma de fuego y le causó la muerte.

Afirma el Comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, que los móviles del asesinato son materia de investigación.

Por lo anterior, en el informativo administrativo 341, calificó la muerte del agente como en actos del servicio, como lo dispone el Decreto 1213 de 1990.

Según el contenido de la Resolución 751 de 26 de junio de 2000, por Resolución 04444 de 24 de diciembre de 2001 que no fue allegada al expediente, se modificó la calificación de la muerte, disponiendo que el deceso del agente se presentó dentro de los parámetros señalados en el artículo 121, es decir en simple actividad.

La Resolución 751 de 26 de junio de 2002, expedida por el Director General de la Policía reconoció a la actora y a su hija(1) como beneficiarias del causante, la suma de $ 25.987.325, discriminados así: por la muerte $18.767. 119,20 y por cesantías $ 7.819.633,00.

La Resolución 1382 de 6 de diciembre de 2002, proferida por el subdirector general de la Policía Nacional que resolvió el recurso de reposición contra el acto anterior, decidió confirmarlo, bajo las siguientes consideraciones:

“Que esta subdirección no es competente para modificar calificaciones, estando radicada esta facultad en el señor director general quien en ejercicio de lo previsto en el artículo 124 del Decreto 1213 de 1990, modificó la calificación proferida por el Comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y en su lugar determinó que la muerte del agente Luis Jaime Arbeláez Moreno ocurrió simplemente en actividad, teniendo en cuenta que al ser asesinado, no ejerce ninguna actividad relacionada con el servicio o función, por el contrario se dirigía a recibir el segundo turno de vigilancia y en la actualidad no existe norma general ni especial que consagre la extensión de la jornada laboral para la calificación de lesiones o muerte que sufran los funcionarios durante el recorrido de su casa al trabajo o viceversa”.

A través de la Resolución 138 de 4 de febrero de 2003 emitida por el Director General de la Policía Nacional, se decidió el recurso de apelación contra la Resolución 751, confirmando en su totalidad la misma.

De conformidad con el recurso de apelación, el problema jurídico se contrae a dilucidar si la muerte del Agente Luis Jaime Arbeláez Moreno, según las normas aplicables, se puede calificar como en actos del servicio según informativo 341 o en simple actividad, según la Resolución 04444, calificación de la muerte que da lugar al pago de las prestaciones contempladas en el Decreto 1213 de 1990, según sea el caso.

El artículo 121 del Decreto 1213 de 1990(2), aplicable para la fecha en que sucedieron los hechos, señala:

“ART. 121.—Muerte simplemente en actividad. Durante la vigencia del presente decreto, a la muerte de un agente de la Policía Nacional en actividad, sus beneficiarios en el orden establecido en este estatuto, tendrán derecho a las siguientes prestaciones:

a. A que por el tesoro público se les pague una compensación equivalente a dos (2) años de los haberes correspondientes, tomando como base las partidas señaladas en el artículo 100 del presente estatuto.

b. Al pago de cesantía por el tiempo de servicio del causante.

c. Si el agente hubiere cumplido quince (15) o más años de servicio, a que por el tesoro público, se les pague una pensión mensual la cual será liquidada y cubierta en la misma forma de la asignación de retiro, de acuerdo con la categoría y tiempo de servicio del causante.

Por su parte, el artículo 122, determina cuáles son los derechos a favor de los beneficiarios del agente, cuando su muerte ocurre en actos del servicio:

“ART. 122.—Muerte en actos del servicio. Durante la vigencia del presente estatuto, a la muerte de una agente de la Policía Nacional en servicio activo, ocurrida en actos del servicio o por causas inherentes al mismo, sus beneficiarios en el orden establecido en el presente decreto, tendrán derecho a las siguientes prestaciones:

a. A que el tesoro público les pague, por una sola vez, una compensación equivalente a tres (3) años de los haberes correspondientes, tomando como base las partidas señaladas en el artículo 100 de este decreto.

b. Al pago doble de la cesantía por el tiempo servido por el causante.

c. Si el agente hubiere cumplido doce (12) o más años de servicio, a que por el tesoro público se les pague una pensión mensual la cual será liquidada y cubierta en la misma forma de la asignación de retiro, según el tiempo de servicio del causante”.

El artículo 124 del Decreto 1213 de 1990, que modifica el estatuto de personal de agentes de la Policía Nacional, citada en la norma transcrita, dispone lo siguiente:

“ART. 124.—Informe administrativo. En los casos de muerte previstos en los artículos 121, 122 y 123 de este decreto, las circunstancias de modo, tiempo y lugar, en las cuales se sucedieron los hechos serán calificadas por: los directores de dependencias de la Dirección General de la Policía o de las escuelas de formación, comandantes de departamento y jefes de organismos especiales, de acuerdo con el procedimiento que establezca la dirección general, la cual queda facultada para modificar la calificación de las circunstancias en que ocurrieron los hechos, cuando estas sean contrarias a las pruebas allegadas”.

El Decreto 1022 de 1992(3), que reglamenta la normativa antes citada señala en su artículo 31(4) que el informe administrativo a que hace relación el artículo 124 del Decreto 1213 de 1990, es necesario para determinar si el hecho de la muerte ocurrió bajo 3 hipótesis: simplemente en actividad; en actos del servicio; o en actos especiales del servicio y señala taxativamente que cuando la muerte sobreviene en actos contra la ley, con violación de reglamentos, órdenes superiores o suicidio, se calificará como en simplemente actividad.

En relación con la calificación otorgada a la muerte del agente Arbeláez Moreno, las pruebas allegadas al proceso evidencian que el hecho ocurrió a las 6:10. a.m., cuando se dirigía al Comando de Policía de Aburrá a prestar el segundo turno de vigilancia y que no se encontraba con uniforme policial.

Atendiendo la normatividad en cita y el acervo probatorio, la Sala concluye que la decisión de primera instancia fue acertada, en cuanto a que las circunstancias de la muerte del agente no pueden ser calificadas como “simplemente en actividad” por las siguientes razones:

El parágrafo del artículo 31 del Decreto 1022 de 1992, determina que la muerte ocurrida por la comisión de ”actos contra la ley o con violación de los reglamentos u órdenes superiores o como consecuencia de suicidio”, debe ser calificada como ocurrida “simplemente en actividad”, porque, según se deduce del contenido normativo, comprometen la voluntad del uniformado.

En este sentido, la muerte ocurrida por el homicidio del agente, quien se dirigía a su lugar de trabajo a las 6: 10 a.m. del día, se presentó dentro del habitual desarrollo de sus funciones, es decir, en actos inherentes al servicio cuando se trasladaba a su lugar de trabajo, y que en efecto, no puede ser equiparada a la ocurrida como consecuencia de la comisión de un acto contra la ley u orden de superior o por la intención de ocasionar su propia muerte.

En consecuencia, no asiste razón a la entidad demandada al afirmar en el recurso, que el agente no estaba desempeñando labores de tipo policial, ni prestando el servicio por cuanto la norma es clara la disponer como en actividad la muerte ocurrida en actos del servicio, sino también comprende aquellos que se den por actos inherentes al mismo, como sucedió en el caso presente.

Por las anteriores razones debe confirmarse la sentencia de primera instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia de 25 de enero de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante la cual se accedió a las súplicas de la demanda.

RECONÓCESE personería a la doctora Cristina Rodríguez Cheu, como apoderada de la Nación - Ministerio de Defensa Policía Nacional en los términos y para los efectos otorgados en el poder que obra a folio 196 del expediente.

Cópiese, notifíquese y ejecutoriada, devuélvase al tribunal de origen.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha».

(1) Registro Civil de Nacimiento. Indicativo serial 30634119. Datos del inscrito Arbéalez[sic] Londoño Laura. Fecha de nacimiento 10 de julio de 2001. Madre. Londoño Acevedo Liliana Marcela. C.C. 43.637.025 de Medellín. Padre Arbeláez Moreno Luis Jaime. C.C 71.113.769 del Carmen de Viboral. (fl. 7, cdno. ppal.).

(2) “Por el cual se reforma el estatuto del personal de agentes de la Policía Nacional”.

(3) “Por el cual se reglamentan algunas disposiciones del Decreto 1213 de 1990, estatuto del personal de agentes de la Policía Nacional”.

(4) “ART. 31. Informe administrativo. El informe administrativo a que se refiere el artículo 124 del Decreto 1213 de 1990, será breve y sumario para determinar si el hecho ocurrió en una de las siguientes circunstancias: a) Muerte simplemente en actividad; b) Muerte en actos del servicio; c) Muerte en actos especiales del servicio.

PAR.—Cuando la muerte sobrevenga en actos contra la ley o con violación de los reglamentos u órdenes superiores o como consecuencia de suicidio, para efectos de indemnización se calificará como ocurrida simplemente en actividad.