Sentencia 2003-02371 de agosto 29 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Expediente: 30641

Radicación: 25000-23-26-000-2003-02371-01

Consejero Ponente:

Dr. Danilo Rojas Betancourth

Actor: John Freddy Bustos Lombana

Demandados: Nación - Rama Judicial y otro

Naturaleza: Reparación directa

Bogotá, D.C., veintinueve de agosto de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

I. Competencia

8. La Sala observa que es competente para resolver el asunto sub judice, iniciado en ejercicio de la acción de reparación directa, en concordancia con la naturaleza del asunto. La Ley 270 de 1996 desarrolló la responsabilidad del Estado en los eventos de error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad y fijó la competencia para conocer de tales asuntos en primera instancia, en cabeza de los tribunales administrativos y, en segunda instancia, en el Consejo de Estado, sin que sea relevante consideración alguna relacionada con la cuantía(1).

II. Hechos probados

9. De conformidad con las pruebas válidamente allegadas al proceso, se tienen por probados los siguientes hechos relevantes:

9.1. El 26 de abril de 1999 el procurador primero judicial delegado en lo laboral, mediante oficio PJ1 Nº 002 solicitó al Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá - Cundinamarca que evaluara la posibilidad de iniciar un proceso disciplinario en contra de los apoderados que intervinieron como representantes judiciales de Foncolpuertos en un proceso ejecutivo laboral adelantado en contra de esa entidad ante el Juzgado 13 Laboral del Circuito de Bogotá, ya que en su criterio la defensa en ese proceso se hizo de manera despreocupada y particularmente no se había hecho el retiro oportuno de un remanente existente en ese proceso en forma de título judicial. También se indicó que la procuraduría había iniciado la actuación en razón de la queja de la apoderada del ejecutante Ingrid Paulsen de Quintero y por ello se había realizado una inspección completa al expediente, de todo lo cual se enviaba copia auténtica para que se llevara a cabo la evaluación sobre la procedencia de la investigación disciplinaria (copia auténtica del oficio PJ1 Nº 002, abr. 19/99 de la Procuraduría Primera Judicial Delegada en lo Laboral —fl. 105, cdno. 2—; copia auténtica de la queja de la abogada Ingrid Paulsen de Quintero —fls. 107-108, cdno. 2—; copia del concepto que el asesor de la procuraduría delegada en lo laboral Pedro Alejandro Rubiano Mendoza rindió sobre la anterior queja —fls. 109-112, cdno. 2—).

9.2. La Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá - Cundinamarca avocó el conocimiento de las diligencias y el 24 de mayo de 1999 ordenó la apertura de una investigación preliminar contra los abogados Luis Humberto Ayala Torres y John Freddy Bustos Lombana, quienes de acuerdo con el expediente del proceso laboral habían sido los representantes judiciales de Foncolpuertos en el pleito. Luego de que se confirmara su calidad de abogados en inspección judicial a los archivos del registro nacional de abogados, se abrió formalmente investigación disciplinaria en contra de los mencionados, mediante providencia del 30 de junio de 1999. Sobre la justificación brindada por la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá - Cundinamarca a esa decisión, vale resaltar los siguientes apartes (copia auténtica de la providencia del 24 de mayo de 1999, mediante la cual se abrió investigación preliminar —fl. 115, cdno. ppal.—; copia auténtica del acta de inspección judicial al registro nacional de abogados del 9 de junio de 1999 —fls. 116-117, cdno. 2—; copia auténtica de la providencia del 30 de junio de 1999, mediante la cual la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá - Cundinamarca abrió formalmente investigación disciplinaria contra el demandante —fls. 118-123, cdno. 2—):

En las copias enviadas por la entidad en mención, se observa que el Juzgado Segundo Laboral del Circuito emitió su fallo el 24 de junio de 1997, conforme a las pretensiones de la demanda (386 a 401 C. anexo); con fundamento en dicho proveído se presentó la correspondiente demanda ejecutiva (41º y ss. ídem), librándose auto mandamiento de pago (420 y 421 ídem).

Notificado el representante legal de la demandada, al proceso compareció como apoderado de la misma el doctor Luis Humberto Ayala Torres. Limitándose a solicitar el 16 de diciembre de 1997, que de los dineros embargados se pagara la liquidación del crédito ordenándose la devolución de los remanentes a la demandada (429 a 436).

A continuación se practicó la liquidación del crédito y las costas que por doto (sic) pronunciamiento de las partes obtuvo la objeción a la liquidación de costas presentada por el apoderado actor (456), quien por este medio obtuvo un incremento de $ 1.000.000, a $ 8.600.00, (sic), con la absoluta pasividad de la parte demandada.

Posteriormente aparece un nuevo apoderado de la entidad demandada, el doctor Bustos Lombana, quien también limitó su actuación a pedir que le fueran entregados los títulos que sobraron luego de la cancelación del total de la liquidación de crédito (475).

Lo cierto es, que hasta la fecha en que las copias del proceso laboral fueron enviadas a esta corporación el 19 de abril último (1), sigue a órdenes del Juzgado Segundo Laboral del Circuito, título de depósito judicial por valor de $ 51.907.016,42, que no se ha hecho efectivo pese a que en varias ocasiones el juzgado ha ordenado su entrega en favor de la demandada (440, 463 y 490).

Es claro entonces el desinterés de los togados ya identificados e individualizados en el cumplimiento de sus obligaciones profesionales para con su mandante, en este caso el Fondo Pasivo Social de la Empresa de Puertos de Colombia, cuya mejor demostración la constituye el hecho de no haber retirado y devuelto a la empresa contratante título judicial que se hallaba a sus órdenes después de cubierta la obligación, por suma superior a los veintiún millones de pesos, como ya se vio, ordenada en distintas oportunidades por el juzgado.

Es por lo acotado por lo que los doctores Ayala Torres y Bustos Lombana habrán de responder en la investigación disciplinaria a ordenarse, como presuntos responsables de la falta a la debida diligencia profesional prevista en el numeral 1º del artículo 55 del Decreto 196 de 1971 (…).

9.3. La decisión anterior fue objeto de recurso de reposición y apelación por parte del señor Bustos Lombana y confirmada en sede de reposición el 31 de enero de 2000, mientras que se negó el recurso de apelación por improcedente (copia auténtica del recurso de reposición del demandante contra la providencia 30 de junio de 1999 de la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá - Cundinamarca —fls. 139-140, cdno. 2—; providencia del 31 de enero de 2000 de la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá - Cundinamarca —fls. 144-147, cdno. 2—).

9.4. En firme la apertura de la investigación, el señor Bustos Lombana presentó descargos sustentados, básicamente, en el argumento de que el juez laboral ya había ordenado el archivo del proceso ejecutivo, por lo que al encontrarse extinguido el asunto por pago y por ende también el poder que se le había otorgado, por lo que no podía retirar ningún dinero en representación de Foncolpuertos (copia simple del memorial del descargos del señor John Freddy Bustos Lombana —fls. 152-159, cdno. 2—).

9.5. El 18 de octubre de 2002 la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá-Cundinamarca profirió sentencia mediante la cual absolvió a los abogados John Freddy Bustos Lombana y Luis Humberto Ayala Torres. Consideró que la llegada al proceso del señor Bustos Lombana como apoderado de Foncolpuertos fue posterior a las actuaciones principales por las que se inició la investigación, como la liquidación del crédito que se quedó sin impugnar. Tampoco encontró negligencia en su actuación respecto del embargo de cuentas y el reclamo de dineros, sobre lo que hizo hincapié en que no se encontraba facultado para hacerlo (copia simple de la sent. oct. 18/2002 de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura de Bogotá Cundinamarca —fls. 177-191, cdno. 2—):

En relación con el abogado Jhon (sic) Freddy Bustos Lombana, la Sala observa que en primer lugar no es posible imputarle responsabilidad alguna por el hecho de haber mostrado una “actitud pasiva” ante la objeción a la liquidación de costas presentadas por el apoderado de la demandante y en virtud de la cual fueron aumentadas de $ 1.000.000 a $ 8.600.000 pues, para la fecha en que se presentó la misma (ene. 15/98), tal como obra a folio 456 del anexo y la fecha en que se corrió el respectivo traslado (ene. 16 del mismo año), visible a folio 458 del anexos, el inculpado no ostentaba la calidad de defensor de la demandada, pues el poder le fue conferido el 26 de febrero de 1998, tal como obra a folios 471 y 472 del anexos, siendo entonces imposible imputarle la comisión de la falta disciplinaria que se le endilgó.

Igualmente, se tiene que, una vez se le reconoció personería al inculpado mediante auto del 6 de marzo de 1998 (fl. 474 del anexo), se le negó la solicitud de desembargo de las cuentas por cuanto dicha orden ya se había materializado, negándole también la entrega de los dineros que se encontraban a órdenes del juzgado por cuanto había sido decretado el embargo de remanentes solicitado por el Juzgado 13 Laboral del Circuito de Bogotá, siendo necesario entonces hacer la conversión de los títulos judiciales a órdenes del mencionado despacho, y, procediendo a archivar al expediente por considerar que no existían actuaciones que surtir en el proceso (fl. 485 del anexo), no evidenciándose entonces negligencia por parte del profesional en el cumplimiento de su encargo, pues la entrega de los dineros fue negada, por las precitadas razones.

Finalmente, en relación con la imputación consistente en que el inculpado, a la fecha de la queja no había retirado los dineros que se encontraban a órdenes del juzgado, observa la sala que evidentemente los mismos fueron recibidos por el despacho judicial el 4 de junio de 1998, fecha en la que, tal como lo mencionara el inculpado, ya no se encontraba en la posibilidad de retirar los dineros, pues al ser decretada la terminación del proceso y el archivo del expediente, su labor como apoderado finalizó, correspondiendo retirarlo a la entidad demandada, máxime si se tiene en cuenta que fue a la misma a quien se ofició a fin de que se presentaran a retirar el título, tal como consta a folio 497, no siendo posible, por tal razón, imputarle la comisión de falta disciplinaria alguna por no evidenciarse negligencia en actuar, imponiéndose en consecuencia, su absolución (…).

9.6. La Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, mediante providencia del 18 de octubre de 2002, confirmó la sentencia de primera instancia y por ende la absolución de los abogados Luis Humberto Ayala Torres y John Freddy Bustos Lombana, fecha en la que quedó ejecutoriada la sentencia de conformidad con el artículo 81 del Decreto 196 de 1971 (copia auténtica de la constancia secretarial de feb. 6/2003 de la secretaría Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá - Cundinamarca —fl. 195, cdno. 2—).

III. Problema jurídico

10. La Sala deberá decidir si procede declarar la responsabilidad patrimonial de la Procuraduría General de la Nación y la Nación - Rama Judicial por el adelantamiento de un proceso disciplinario en contra del abogado John Freddy Bustos Lombana, el cual inició por causa de una solicitud expresa del Ministerio Público a la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá - Cundinamarca, por una presunta práctica profesional inadecuada del demandante al defender en un proceso judicial a Foncolpuertos.

11. En atención a lo expuesto por el demandante en la demanda y la sustentación del recurso, se pondrá especial atención en si era justificada la solicitud de la Procuraduría para que se iniciara la investigación disciplinaria, así como la decisión de la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá - Cundinamarca para abrir formalmente la investigación, especialmente cuando la sentencia que dio término al proceso fue de carácter absolutorio.

IV. Caducidad de la acción y legitimación en la causa de las partes

12. Previo a resolver de fondo el asunto puesto a consideración de la Sala, se advierte necesario resolver sobre el presupuesto procesal de la caducidad de la acción incoada, en razón a que este argumento fue uno de los expuestos por el Ministerio Público en su concepto en segunda instancia para solicitar la confirmación de la sentencia del a quo que negó las pretensiones de la demanda, ya que consideró que las súplicas relativas a la actuación de la Procuraduría General de la Nación resultaban extemporáneas, en cuanto su actuación se había producido únicamente mediante la solicitud de inicio de investigación del 26 de abril de 1999.

13. La Sala debe desestimar este argumento, dado que aunque es claro que la solicitud para iniciar la investigación es la única actuación que se le endilga a la Procuraduría General de la Nación y esta se ejecutó de manera instantánea con la formulación de la petición, lo cierto es que sólo hasta que se resolvió de manera definitiva la investigación disciplinaria con la sentencia que absolvió al demandante y puso fin al proceso es que este pudo identificar legítimamente esa acción como injustificada, y por lo tanto, bien puede afirmarse que únicamente desde ese momento se pudo reputar esa circunstancia como un hecho dañoso.

14. En este orden de ideas, dado que la sentencia mediante la que se confirmó la absolución fue expedida por el Consejo Superior de la Judicatura el 18 de octubre de 2002, es desde esa fecha que se debe contar el término de dos años para el ejercicio de la acción previsto en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, por lo que la radicación de la demanda ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 18 de noviembre de 2003 es evidentemente oportuna.

V. Análisis de la Sala

15. El artículo 65 de la Ley 270 de 1996, vigente al momento en que se adelantó el proceso disciplinario que motiva esta acción de reparación directa, establece que la responsabilidad patrimonial del Estado puede resultar comprometida por el llamado “error jurisdiccional”(2), el cual fue definido en el artículo 66 ibídem como “aquel cometido por una autoridad investida de facultad jurisdiccional, en su carácter de tal, en el curso de un proceso, materializado a través de una providencia contraria a la ley”.

16. Los presupuestos que deben reunirse en cada caso concreto para que pueda predicarse la existencia de un error jurisdiccional, se encuentran establecidos en el artículo 67 de la Ley 270 de 1996:

ART. 67.—Presupuestos del error jurisdiccional. El error jurisdiccional se sujetará a los siguientes presupuestos:

1. El afectado deberá haber interpuesto los recursos de ley en los eventos previstos en el artículo 70, excepto en los casos de privación de la libertad del imputado cuando ésta se produzca en virtud de una providencia judicial.

2. La providencia contentiva de error deberá estar en firme.

17. En relación con el primer presupuesto, la Sección Tercera de Consejo de Estado ha precisado, de una parte, que el error judicial solo se configura si el interesado ha ejercido los “recursos de ley” pues si no agota los medios de defensa judicial que tiene a su alcance el perjuicio sería ocasionado por su negligencia y no por el error judicial; “en estos eventos se presenta una culpa exclusiva de la víctima que excluye la responsabilidad del Estado”(3). Y de otra parte, que los “recursos de ley” deben entenderse como “los medios ordinarios de impugnación de las providencias, es decir, aquellos que no sólo permiten el examen limitado de la decisión con el objeto de corregir los errores de toda clase, tanto de hecho como jurídicos, sino que pueden interponerse sin sujeción a las rígidas causales que operan para los extraordinarios, los que adicionalmente requieren para su trámite la presentación de una demanda”(4).

18. En segundo término, la norma exige que el error se encuentre contenido en una providencia judicial que esté en firme, esto es, que haya puesto fin de manera normal o anormal al proceso, lo cual tiene pleno sentido ya que si la misma todavía puede ser impugnada a través de los recursos ordinarios, no se configura el error judicial.

19. Finalmente, es necesario que la providencia sea contraria a derecho, lo cual no supone que la víctima de un daño causado por un error jurisdiccional tenga que demostrar que la misma es constitutiva de una vía de hecho por ser abiertamente grosera, ilegal o arbitraria. Basta, en estos casos, que la providencia judicial sea contraria a la ley, bien porque surja de una inadecuada valoración de las pruebas (error de hecho), de la falta de aplicación de la norma que corresponde al caso concreto o de la indebida aplicación de la misma (error de derecho)(5).

20. Se advierte que no es necesario que la víctima de un daño causado por un error jurisdiccional identifique en su demanda el tipo de error cometido en los términos anteriormente enunciados, ni que demuestre que el agente jurisdiccional actuó con culpa o dolo(6), ya que el régimen que fundamenta la responsabilidad extracontractual del Estado es distinto al que fundamenta el de la responsabilidad personal del funcionario judicial(7).

21. Adicionalmente, es necesario analizar con cuidado los argumentos esgrimidos por la parte actora, con el fin de detectar si lo que se cuestiona es, realmente, una actuación contraria a la ley o carente de justificación, o si el propósito del demandante es que se revise la decisión, como si el proceso en sede administrativa pudiera constituirse en una nueva instancia, desconociendo que “el juicio al que conduce el ejercicio de la acción de reparación directa tiene como presupuesto la intangibilidad de la cosa juzgada que reviste a las providencias judiciales a las cuales se endilga la causación de un daño antijurídico (…)”(8).

22. En el caso concreto, el actor pretende que se declare la responsabilidad de las entidades demandadas porque por decisiones suyas le fue abierto un proceso disciplinario en el que finalmente resultaría absuelto, a pesar de que, en su sentir, no existían razones para ello. Esto quiere decir que en lo que tiene que ver con el error jurisdiccional, la parte demandante identifica la decisión judicial constitutiva del mismo como la providencia del 30 de junio de 1999, mediante la que formalmente la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá Cundinamarca abrió la investigación.

23. En cuanto los requisitos para la eventual declaratoria del error jurisdiccional en esa decisión, vale decir que contra la misma la parte demandante interpuso recurso de reposición, único procedente contra la apertura de la investigación, y la misma fue confirmada el 31 de enero de 2000, por lo que se trata de una providencia en firme y contra la cual la parte demandante interpuso los recursos pertinentes.

24. Sin perjuicio de lo anterior, la Sala no encuentra acreditado la ocurrencia efectiva de un error jurisdiccional atribuible a la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá - Cundinamarca.

25. Téngase en cuenta que, de acuerdo con lo expuesto en ocasiones anteriores por la Sala para que se configure el error jurisdiccional, “el demandante debe demostrar que en el caso concreto el juez no cumplió con la carga argumentativa de justificar que su respuesta era la única correcta. Esto implica demostrar que la posición recogida en la sentencia acusada de verdad carece de una justificación jurídicamente atendible, bien porque no ofrece una interpretación razonada de las normas jurídicas, o porque adolece de una apreciación probatoria debidamente sustentada por el juez de conocimiento”(9).

26. Sin embargo, esta falta argumentativa no es patente en la providencia acusada, en la cual se tomó la decisión de abrir la investigación disciplinaria en contra del demandante con base en un informe rendido por la Procuraduría General de la Nación, y unas pruebas que mostraban la posible comisión por parte de los apoderados de Foncolpuertos en un proceso laboral de una conducta contraria a los deberes del abogado previstos en el Decreto 196 de 1971, dado que había indicios de que en ese pleito de carácter ejecutivo los intereses de la entidad pública demandada no habían sido defendidos de la manera más diligente, lo que se podía percibir por la falta de formulación de excepciones previas o de mérito, la conducta de la defensa que se había limitado a pedir que se pagara la obligación con los dineros embargados, la pasividad ante la reliquidación del crédito en la que el monto de la obligación creció sin contradicción de los apoderados, y finalmente, la falta de retiro de un dinero excedente del pago de la obligación correspondiente a lo ya embargado.

27. Por lo tanto, resulta claro que la decisión de la autoridad judicial se encontraba más que justificada dada la concurrencia de una queja del agente del Ministerio Público que había acompañado el proceso, los indicios arriba enunciados, y la plena identificación del demandante como apoderado de la entidad ejecutada, la cual se surtió de forma diligente mediante una inspección al expediente laboral y el registro nacional de abogados.

28. De acuerdo a lo anterior, no resulta una medida desproporcionada, injustificada o contraria a derecho la apertura de la investigación con el objeto de determinar cuál fue la actuación particular que cada uno de los abogados había tenido en el proceso.

29. Recuérdese que esta Sala ha indicado anteriormente que de entrada debe considerarse que todos los que ejerzan funciones públicas tienen la obligación de soportar las investigaciones disciplinarias que se lleven a cabo para vigilar su conducta oficial, siempre que estas investigaciones y procesos se encuentren debidamente enmarcados en los principios de proporcionalidad y razonabilidad, pues la facultad legal y constitucional para vigilar la conducta de quienes desempeñan esas funciones prevista en el artículo 118 de la Constitución Política es incompatible con el surtimiento de procesos por formulación de cargos injustificados y la imposición de medidas desproporcionadas(10).

30. Pero como se ha expuesto, no cabe duda que la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá - Cundinamarca contaba con elementos que justificaron investigar la conducta del señor Bustos Lombana sin perjuicio de que el proceso finalmente culminó con su absolución por los cargos referidos, pues en todo caso los hechos en realidad existieron y en su momento merecían ser vigilados.

31. Valga decir que no es de recibo el argumento de la parte demandante según el cual la actuación de la autoridad judicial fue de alguna manera temeraria porque desde la recepción de la solicitud de la Procuraduría era evidente que no había cometido la conducta principal que se le endilgaba, que era la de no haber reclamado un título judicial ya que la culminación del proceso laboral implicaba la terminación del poder, como en el proceso disciplinario lo alegó el actor y finalmente lo terminó considerando el Consejo Seccional de la Judicatura en su sentencia del 31 de enero de 2000.

32. En este sentido, la Sala considera que, sin ánimo de analizar si es correcta la decisión absolutoria final dado que ello escapa al asunto que se debe resolver en este caso, esa conclusión no surge de la manera evidente que lo pretende hacer ver la parte actora, máxime cuando la facultad de recibir depende de lo que se haya previsto en el respectivo poder(11), la finalización del proceso no se encuentra prevista como causal de terminación del poder según lo establece el artículo 69 del Código de Procedimiento Civil(12), y en cualquier caso, aún ante la imposibilidad de recibir el título judicial el demandante se hallaba en el deber profesional de poner sobre aviso a su poderdante sobre la existencia del remanente, para que este dispusiera lo que fuera del caso.

33. En otras palabras, aunque en el proceso disciplinario se produjo la absolución del demandante, e independientemente de que los argumentos que motivaron tal absolución sean o no ajustados a derecho, se evidencia que existían muchas circunstancias que debían ser efectivamente precisadas por parte del investigador, por lo que no se evidencia una ilegalidad manifiesta o una desproporcionalidad en la apertura de la investigación, por lo cual no se accederá a declarar la responsabilidad patrimonial de la Nación - Rama Judicial en este caso.

34. En lo que tiene que ver con la responsabilidad de la Procuraduría General de la Nación, la cual se aleja de la lógica del error jurisdiccional arriba resuelta, la Sala tampoco la declarará, por los razones que se exponen a continuación.

35. En primer lugar, nótese que no existe una relación de causalidad inmediata entre el daño alegado en la demanda, relacionado con el sometimiento del demandante a un proceso disciplinario y la actuación de la procuraduría, dado que si bien es cierto esta entidad hizo una solicitud para que se diera inicio a una investigación, quien tenía la facultad para decidir si existía el mérito necesario para hacerlo era el Consejo Seccional de la Judicatura, entidad que goza de independencia en sus decisiones jurisdiccionales y sobre la que el Ministerio Público carece de cualquier tipo de ascendencia o subordinación, por lo que la solicitud no puede ser de ninguna manera asimilada a un tipo de orden.

34(sic). Además, la existencia de los hechos ocurridos en el trámite del proceso laboral eran más que justificativos de la solicitud, máxime si se tiene en cuenta que se encuentra dentro de las funciones de la procuraduría vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las decisiones judiciales y los actos administrativos, según lo dispone el artículo 277 de la Constitución Política.

VII. Costas

35(sic). No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se evidencia en el caso concreto actuación temeraria de ninguna de las partes, condición exigida por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que se proceda de esta forma.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la sentencia del 7 de diciembre de 2004 de la Sección Tercera, Subsección B, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

2. Sin condena en costas.

En firme este proveído, devuélvase al tribunal de origen para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.»

(1) Para tal efecto puede consultarse el auto proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 9 de septiembre de 2008, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, expediente 11001-03-26-000-2008-00009-00, actor: Luz Elena Muñoz y otros.

(2) De acuerdo con lo previsto en esta norma, el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y la privación injusta de la libertad también son fuente de responsabilidad estatal.

(3) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 14 de agosto de 2008, expediente 16594, C.P. Mauricio Fajardo. En el mismo sentido, véase sentencia de 22 de noviembre de 2001, expediente 13164, C.P. Ricardo Hoyos Duque.

(4) Ibíd.

(5) De cualquier forma será forzoso analizar con cuidado los argumentos esgrimidos por la parte actora, con el fin de detectar si lo que se cuestiona es, realmente, una actuación contraria a la ley o carente de justificación, o si el propósito del demandante es que se revise la decisión, como si el proceso en sede contencioso administrativa pudiera constituirse en una nueva instancia, desconociendo que “el juicio al que conduce el ejercicio de la acción de reparación directa tiene como presupuesto la intangibilidad de la cosa juzgada que reviste a las providencias judiciales a las cuales se endilga la causación de un daño antijurídico (…)”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 14 de agosto de 2008, expediente 16594, C.P. Mauricio Fajardo.

(6) No obstante, es posible que la decisión de la cual se predica el error constituya una vía de hecho en los términos en que ha sido definida por la Corte Constitucional, pero ello no siempre ocurre. En este sentido pueden consultarse los siguientes pronunciamientos de la Sala: sentencia del 28 de enero de 1999, expediente 14399, C.P. Daniel Suárez Hernández; sentencia del 2 de mayo de 2007, expediente 15576, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; sentencia del 5 de diciembre de 2007, expediente 15128, C.P. Ramiro Saavedra Becerra.

(7) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de enero de 1999, expediente 14399, C.P. Daniel Suárez Hernández. En el mismo sentido, véase la sentencia de 5 de diciembre de 2007, expediente 15128, C.P. Ramiro Saavedra Becerra.

(8) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 14 de agosto de 2008, expediente 16594, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(9) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 26 de julio de 2012, expediente 22.581, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

(10) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 15 de febrero de 2012, expediente 21981, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo.

(11) “Artículo 70 del Código de Procedimiento Civil. Facultades del apoderado: El poder para litigar se entiende conferido para los siguientes efectos:

Solicitar medidas cautelares y demás actos preparatorios del proceso, adelantar todo el trámite de éste, realizar las actuaciones posteriores que sean consecuencia de la sentencia y se cumplan en el mismo expediente, y cobrar ejecutivamente en proceso separado las condenas impuestas en aquélla.

El apoderado podrá formular todas las pretensiones que estime conveniente para beneficio del poderdante, siempre que se relacionen con las que en el poder se determinan.

El poder para actuar en un proceso habilita al apoderado para recibir la notificación del auto admisorio de la demanda o del mandamiento ejecutivo y representar al poderdante en todo lo relacionado con la reconvención y la intervención de terceros.

El apoderado no podrá realizar actos que impliquen disposición del derecho en litigio, ni reservados exclusivamente por la ley a la parte misma; tampoco recibir, salvo que el demandante lo haya autorizado de manera expresa”.

(12) “ART. 69.—Con la presentación en la secretaría del despacho donde curse el asunto, del escrito que revoque el poder o designe nuevo apoderado o sustituto, termina aquél o la sustitución, salvo cuando el poder fuere para recursos o gestiones determinados dentro del proceso.

El apoderado principal o el sustituto a quien se le haya revocado el poder, sea que esté en curso el proceso o se adelante alguna actuación posterior a su terminación, podrá pedir al juez, dentro de los treinta días siguientes a la notificación del auto que admite dicha revocación, el cual no tendrá recursos, que se regulen los honorarios mediante incidente que se tramitará con independencia del proceso o de la actuación posterior. El monto de la regulación no podrá exceder del valor de los honorarios pactados.

Igual derecho tiene el heredero o el cónyuge sobreviviente de quien fallezca ejerciendo mandato judicial.

La renuncia no pone término al poder ni a la sustitución, sino cinco días después de notificarse por estado el auto que la admita, y se haga saber al poderdante o sustituidor por telegrama dirigido a la dirección denunciada para recibir notificaciones personales, cuando para este lugar exista el servicio, y en su defecto como lo disponen los numerales 1º y 2º del artículo 320.

La muerte del mandante, o la extinción de las personas jurídicas no pone fin al mandato judicial, si ya se ha presentado la demanda, pero el poder podrá ser revocado por los herederos o sucesores.

Tampoco termina el poder por la cesación de las funciones de quien lo confirió como representante de una persona natural o jurídica, mientras no sea revocado por quien corresponda”.