Sentencia 2003-02384 de noviembre 13 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B

Rad.: 25000232600020030238401 (33569)

Consejera Ponente:

Dra. Stella Conto Díaz Del Castillo

Proceso: Acción de reparación directa

Actor: Guillermo Pinzón Pérez

Demandado: Nación-Rama Judicial

Bogotá, D.C., trece de noviembre de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «III. Consideraciones de la Sala

3.1 Competencia.

Esta corporación es competente para conocer del asunto de la referencia, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en proceso de doble instancia, seguido ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, tal como lo dispone el art. 129 del Código Contencioso Administrativo.

Sobre el particular, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta corporación, desde el 9 de septiembre de 2008(2), tiene sentado que, en aplicación de los artículos 73 de la Ley 270 de 1996 y 31 constitucional, la primera instancia de los procesos de reparación directa, fundamentados en error jurisdiccional, privación injusta de la libertad o defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, se surte ante los tribunales contenciosos.

3.2 Asunto que la Sala debe resolver.

Corresponde a la Sala analizar los argumentos del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia del 31 de agosto de 2006, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en aras de establecer si el monto reconocido por el a quo se ajusta a los perjuicios sufridos por la prescripción de la acción penal, y consecuente prescripción de la acción civil en el proceso penal adelantado en contra del señor Luis Bernardo Romero Forero por el delito de lesiones personales.

3.2.1 Juicio de responsabilidad.

La parte actora concreta el daño a partir de los perjuicios sufridos, como consecuencia de la demora injustificada de la administración de justicia que conllevó la declaratoria de la prescripción de la acción penal y por consiguiente, de la acción civil, en el proceso penal que por el delito de lesiones personales se adelantó contra el señor Luis Bernardo Romero Forero y en el que el actor se constituyó en parte civil pretendiendo la reparación del daño.

En virtud de lo expuesto, pasa la Sala a establecer si el monto reconocido se ajusta a los perjuicios sufridos por el actor; porque de ser ello así será menester confirmar la sentencia de primera instancia que declaró la responsabilidad de la demandada y la condenó al pago de perjuicios materiales y morales.

3.2.3 Hechos probados.

Serán tenidos en cuenta los elementos probatorios aportados por las partes en las oportunidades legales, al igual que los allegados al plenario por disposición del a quo que acreditan los siguientes hechos:

3.2.3.1 El 2 de octubre de 1993, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses valoró al señor José Guillermo Pinzón Pérez y certificó (fl. 2 cdno. 2; 5 cdno. 4):

“(…) presenta amputación tercio distal de pie derecho en proceso de cicatrización sin signos de inyección, edema o equimosis. Aporta historia clínica del Hospital Simón Bolívar, paciente de 42 años, quien sufrió accidente con elemento corto-contundente hace 2½ meses el 11 de junio de-93, con pérdida de región anterior del pie derecho, presentó necrosis de zon (sic) distal de pie derecho, amputación transmetatarsiana. Ha iniciado deambulación, movilidad de cuello de pie normal (…) continúan en fisioterapia (…) le amerita una incapacidad definitiva de cuarenta (40) días, secuelas: perturbación funcional de miembro inferior derecho, deformidad física, perturbación funcional del órgano de locomoción, todas de carácter permanente”.

3.2.3.2 El 7 de octubre de 1993, el señor Guillermo Pinzón Pérez, instauró denuncia por el delito de lesiones personales contra Automóviles Algab y Cía. Ltda. por hechos sucedidos el 11 de junio del mismo año. De la denuncia se resalta (fl. 1 cdno. 2; 4 cdno. 4):

“(…) llegó el señor Luis Romero conduciendo el vehículo de placas (…) tipo tracto camión, el cual transportaba vehículos Lada este venía sin ayudante ya que venía para el taller donde yo trabajo ya había que pintarlos para taxis, entonces nosotros le ayudamos, ya habíamos bajado tres carros y el señor Luis Romero necesitaba bajar la segunda sección y nos pidió que le ayudáramos a correr un trinquete que va en la parte central del tracto camión a lo cual procedimos a hacer lo que había dicho y Luis se fue para la parte delantera (…) puso en marcha el camión y al movilizar el carro me cogió el cable o polea que queda en la parte central de camión, entonces esta polea me cogió el pie derecho destrozándome la bota y el pie, entonces me empezó a sangrar y me llevaron para el Hospital Simón Bolívar donde me prestaron la atención médica y como a los quince días después del hecho me amputaron la mitad del pie (…)”.

La denuncia fue ampliada el 25 de noviembre de 1993 (fls. 7-8 cdno. 4).

3.2.3.3 El 5 de abril de 1994, el Juzgado Cuarenta y Ocho Penal Municipal de Bogotá, entre otros aspectos, dispuso abrir la investigación (fl. 4 cdno. 2; 10 cdno. 4).

3.2.3.4 Entre el 21 de abril de 1994 y el 5 de junio de 1996, además de informes y constancias secretariales, se recepcionó indagatoria al señor Luis Bernardo Romero Forero (fls. 18-19 cdno. 4) y se asignó la causa a la Fiscalía 195 el 22 de julio de 1994 (fl. 23 cdno. 4). Así mismo, el señor José Guillermo Pinzón Pérez presentó demanda de constitución de parte civil contra el señor Luis Romero y/o la Sociedad Comercial Automóviles Algab y Cía. Ltda. solicitando el reconocimiento de perjuicios materiales y morales (fls. 29-31 cdno. 4), la cual fue admitida el 15 de noviembre de 1994 (fl. 32 cdno. 4).

3.2.3.5 El 5 de junio de 1996, la Fiscalía Ciento Noventa y Cinco profirió medida de aseguramiento contra el señor Luis Bernardo Romero Forero consistente en la detención preventiva al tiempo que concedió el beneficio de libertad provisional (fls. 5-12 cdno. 2; 56-63 cdno. 4).

3.2.3.6 El 22 de octubre de 1996, la Fiscalía Ciento Noventa y Cinco profirió medida resolución de acusación contra el señor Luis Bernardo Romero Forero al tiempo que renovó el beneficio de libertad provisional (fls. 19-28 cdno. 2; 78-87 cdno. 4). El 28 de noviembre de 1996, se declaró desierto el recurso de reposición y en subsidio apelación interpuesto por el abogado defensor, se mantuvo la medida de aseguramiento y re remitió (sic) el expediente al Juez Penal Municipal-Reparto (fls. 29-30 cdno. 2; 93-94 cdno. 4). El 14 de noviembre de 1997 el Juzgado Cuarenta y Uno Penal Municipal avocó el conocimiento para adelantar la etapa de juicio (fl. 34 cdno. 2; 106 cdno. 4).

3.2.3.7 El 28 de enero de 1998, el Juzgado Cuarenta y Uno Penal Municipal negó la solicitud de nulidad impetrada por el abogado defensor, al tiempo que modificó la medida de detención preventiva por caución prendaria (fl. 116-117 cdno. 4). El 10 de marzo de 1998, el juzgado dispuso practicar diligencia de inspección judicial en el lugar de los hechos, adelantada el 31 de marzo del mismo año (fl. 119; 125 cdno. 4).

3.2.3.8 El 8 de abril de 1998, se aportó el informe fotográfico resultante de la inspección judicial (fls. 130-136 cdno. 4).

3.2.3.9 El 9 de julio de 1998, fecha en que se llevaría a cabo audiencia pública, el Fiscal Ciento Noventa y Cinco, manifestó no estar preparado para la intervención. Igualmente, el abogado defensor solicitó que, previo a la audiencia, se hiciera una valoración médico forense al lesionado a efectos de cuantificar los daños y perjuicios (fls. 35-36 cdno. 2; 146-147 cdno. 4).

3.2.3.10 El 11 de septiembre de 1998, el perito médico manifestó (fl. 156 cdno. 4):

“(…) que los daños físicos ocasionados al señor José Guillermo Pinzón Pérez y con base en el anterior dictamen por parte del Instituto de Medicina Legal (ver fl. 4), son: pérdida del pie derecho a nivel metatarso. De acuerdo con el Régimen Laboral Colombiano en su página 488, da una disminución de la capacidad laboral entre un 10 a 15% correspondiente a un indemnización de 3 meses, equivalente a una suma de $650.000,oo (…) lo que en mi opinión no corresponde a la real discapacidad del sujeto, dado que es un lesión permanente y cuyas secuelas también son permanentes: perturbación funcional de miembro inferior derecho, deformidad y perturbación funcional del órgano de la locomoción.

Por lo tanto, creo que debe ser avalada (sic) la lesión con sus secuelas físicas y funcionales en un monto de $2.500.000,oo (…) sin tener en cuenta los daños morales ocasionados por la misma”.

Dicho dictamen fue objetado por el apoderado defensor, por falta de claridad, precisión y motivación (fls. 37-38 cdno. 2; 158-159 cdno. 4). El 20 de mayo de 1999, el juzgado aceptó la objeción y designó nuevo perito. El nuevo perito rindió informe el 6 de julio del mismo año, determinando la suma de $4’076.884,oo por concepto de perjuicios materiales.

No obstante, por solicitud de la parte civil, el 28 de octubre de 1999, se remitió nuevamente al lesionado a Medicina Legal para un nuevo reconocimiento médico (fl. 183 cdno. 4).

3.2.3.11 Luego del cruce de correspondencia, entre el juzgado y la junta de calificación de invalidez, el 4 de diciembre de 2000, esta le dictaminó al señor José Guillermo Pinzón Pérez una deficiencia del 7.0%, una discapacidad del 1.3% y una minusvalía del 6.0% para un total de pérdida de capacidad laboral del 14.3% (fls. 216-219 cdno. 4).

3.2.3.12 El 30 de mayo de 2001, se desarrolló audiencia pública contra el sindicado Luis Bernardo Romero Forero, por lesiones en accidente de tránsito (fls. 241-248 cdno. 4).

3.2.3.13 El 22 de junio de 2001, el Juzgado Cuarenta y Uno Penal Municipal de Bogotá profirió sentencia en la que resolvió, entre otros aspectos, “CONDENAR a Luis Bernardo Romero Forero y a la compañía Aseguradora Colseguros S.A. (…) a pagar en forma solidaria y a favor del señor José Guillermo Pinzón Pérez, la suma de $8.053.344,oo como perjuicios materiales y como perjuicios morales el equivalente en moneda nacional de quinientos gramos oro; sumas que deberá cancelar en el término de tres (3) meses, contados a partir de la ejecutoria de este fallo” (fls. 40-49 cdno. 2; 252-261 cdno. 4).

En la parte considerativa del fallo se precisó:

“(…)

Es de público conocimiento, que la comisión de un hecho punible acarrea a la condena de los perjuicios causados con el injusto, tal como lo solicitó en su oportunidad la apoderada de la parte civil y para el caso en mención como obra en el plenario, el objeto material motivo del hecho no son otra cosa que las lesiones ocasionadas en la persona de Pinzón Pérez, las cuales el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses dictaminó como incapacidad médico legal definitiva de cuarenta (40) días y como secuela deformidad física, perturbación funcional de órgano y de miembro, todas de carácter permanente, debido a la amputación de tercio distal de pie derecho.

En este orden de ideas, en cuanto al daño emergente, como nunca se demostraron los gastos que tuvo el ofendido, el despacho acoge el dictamen pericial presentado por la doctora Yolanda Ruth Amado Rodríguez y que los tasó en la suma de tres millones setecientos sesenta y un mil seiscientos cuatro pesos ($3.731.604,oo), apartándose del lucro cesante, ya que obra en el plenario la respectiva constancia de sueldo, en la cual se certifica que el ofendido en el año de 1993 devengaba un promedio mensual de novecientos diecisiete mil pesos ($917.800) (sic), en razón de 40 días, arroja un total de un un (sic) millón doscientos veintitrés mil setecientos veinte pesos ($1´223.720,oo), empero, como estamos hablando del año 93, considera este juzgador que la cifra allí estipulada se debe actualizar, la cual se hace con base en el salario mínimo mensual, así:

Se toma dicha cuantía y se divide por el salario mínimo del año de 1993 y luego ese resultado se multiplica por el salario de este año; $1.223.720/$81.510,oo = 15 * $286.116,oo, como perjuicios materiales y como perjuicios morales, teniendo en cuenta el impacto afectivo y psicológico que sufrió la víctima del hecho punible, debido a las consecuencias fatales que dejó el insuceso, de conformidad con lo establecido en los artículo 106 del Código Penal , en armonía del 56 del Código de Procedimiento Penal el despacho los estima en el equivalente en moneda nacional de quinientos gramos oro; sumas que deberán cancelar en forma solidaria, el procesado y la compañía Aseguradora Colseguros S.A. a través de su representante legal, en el término de tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria de este fallo”.

3.2.3.14 El 5 de diciembre de 2001, el Juzgado Dieciséis Penal del Circuito de Bogotá desató el recurso de apelación interpuesto por el apoderado del tercero civilmente responsable contra el fallo de primera instancia, en el sentido de declarar “(…) que la acción penal en el presente asunto adelantado contra Luis Bernardo Romero Forero, por el punible de lesiones personales culposas que fueron objeto de esta investigación se encuentra prescrita, de acuerdo con lo anotado en la parte motiva” al tiempo que dispuso el archivo definitivo (fls. 20-52 cdno. 2; 279-280 y 265 cdno. 4). La principal consideración tuvo que ver con que desde el 19 de noviembre de 1996, fecha en que cobró ejecutoria la resolución de acusación, hasta la fecha de la decisión en segunda instancia, transcurrieron más de cinco (5) años.

El recurso formulado por el tercero civilmente responsable (Aseguradora Colseguros S.A.) se centró en solicitar “liberar a mi mandante por el pago de los perjuicios definidos dentro del proceso”, argumentando que “la carátula de la póliza arrimada con el llamamiento en garantía solamente tiene como propietario y asegurado al señor Daniel Garzón (…) no aparece por ningún lado Automóviles Algab y Cía. Ltda. y si ello es así, no se ve la razón por la cual mi mandante pueda resultar obligado a pagar los perjuicios que una persona (el tercero civilmente responsable) está obligado a pagar pero que no es parte del contrato de seguro” (fls. 269-272 cdno. 4).

3.2.3.15 El 5 de febrero de 2002, el Juzgado Ochenta y Seis Penal Municipal de Bogotá denegó la acción de tutela interpuesta por el señor José Guillermo Pinzón Pérez contra el Juzgado Dieciséis Penal del Circuito de Bogotá. Consideró que la decisión de prescripción se ajusta a derecho aunado a que la acción de tutela no procede contra providencias judiciales y que en conclusión “no existe amenaza o vulneración alguna de los derechos por los cuales solicitó amparo (…)”. (fls. 60-66 cdno. 2).

3.2.3.16 Obra en el plenario, certificación del 10 de julio de 1993, expedida por la empresa Servicio 1300 Ltda. para dar cuenta que “el señor Guillermo Pinzón Pérez (…) prestó sus servicios a la sociedad como contratista independiente en pintura automotriz y devengó durante el último año (mayo de 1992 a mayo de 1993) un promedio de novecientos diecisiete mil ochocientos pesos ($917.800.oo) (…) (192 cdno. 4).

3.2.4 Análisis del caso.

Como lo relatan los antecedentes, la parte actora solicita declarar responsable a la Nación-Rama Judicial, por los perjuicios sufridos como consecuencia de la demora injustificada de la administración de justicia que conllevó la declaratoria de la prescripción de la acción penal y por consiguiente, de la acción civil, en el proceso penal que por el delito de lesiones personales se adelantó contra el señor Luis Bernardo Romero Forero y en el que el actor se constituyó en parte civil.

No obstante, su inconformidad con la sentencia de primera instancia se centra en el monto reconocido por los perjuicios sufridos derivados de la prescripción de la acción penal y consecuente prescripción de la acción civil en tanto considera que aquél no alcanza para subsanar el daño acaecido.

De acuerdo con lo anterior y de conformidad con lo establecido por esta corporación(3), el marco del juez de segunda instancia se circunscribe a los planteamientos que se esgrimen en contra de la decisión de primera instancia, razón por la que los demás aspectos están llamados a excluirse de este debate, salvo los casos previstos o autorizados por la Constitución Política o por la ley.

Así las cosas, considerando que el actor es apelante único, en garantía de la non reformatio in pejus, no se desmejorará su situación y que su inconformidad se centra en el monto de la condena reconocida por el a quo se partirá de la responsabilidad de la Nación-Rama Judicial, decretada en la sentencia de primera instancia, para proceder al análisis de los numerales cuarto y quinto de la providencia.

En el sub lite, se evidencia que en el marco del proceso penal en que el actor era parte civil, el Juzgado Cuarenta y Uno Penal Municipal el 22 de junio de 2001, profirió sentencia en la que resolvió, entre otros aspectos, “CONDENAR a Luis Bernardo Romero Forero y a la compañía Aseguradora Colseguros S.A. (…) a pagar en forma solidaria y a favor del señor José Guillermo Pinzón Pérez, la suma de $8.053.344,oo como perjuicios materiales y como perjuicios morales el equivalente en moneda nacional de quinientos gramos oro; sumas que deberá cancelar en el término de tres (3) meses, contados a partir de la ejecutoria de este fallo”.

No obstante, el 5 de diciembre de 2001, el Juzgado Dieciséis Penal del Circuito de Bogotá en consideración a que desde la ejecutoria de la resolución de acusación, hasta la fecha de la decisión de segunda instancia, habían transcurrido más de cinco (5) años, declaró la prescripción de la acción, razón por la que el a quo declaró la responsabilidad de la Nación-Rama judicial por falla en la administración de justicia derivada de la demora injustificada que le impidió al actor resarcir el perjuicio sufrido con ocasión del accidente ocurrido el 11 de junio de 1993.

Ahora bien, el apelante cuestiona el monto reconocido en primera instancia, frente a lo cual la Sala observa que debe reconocérsele los perjuicios que habría recibido de haber prosperado la acción civil intentada en el marco del proceso penal cuya acción prescribió por la demora en la administración de justicia. Y en efecto, se encuentra acreditado que la acción civil prosperaría pues se profirió sentencia penal de primera instancia, que aunque no quedó ejecutoriada, lo fue porque el tercero civilmente responsable, Aseguradora Colseguros S.A., apeló solicitando que la liberara del pago de los perjuicios porque Automóviles Algab y Cía. Ltda. no era parte del contrato de seguro. De donde se puede inferir que, si no fuese por el retardo, el actor habría accedido a los perjuicios reconocidos como parte civil, pues el apelante en el proceso penal fue el tercero civilmente responsable. Esto es “la suma de $8.053.344,oo como perjuicios materiales y como perjuicios morales el equivalente en moneda nacional de quinientos gramos oro”.

El a quo reconoció por perjuicio material “el valor de $5.346.511” y por perjuicio moral “una suma equivalente a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes”. Para el reconocimiento de los perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, consideró el Tribunal que, como la sentencia penal no alcanzó ejecutoria, no hay lugar al reconocimiento del monto allí establecido, sino, a una nueva liquidación dada la pérdida de la capacidad laboral del actor, determinada en un 14.3% y el salario mínimo legal vigente en 1993.

Así las cosas, la Sala encuentra que por la demora en la administración de justicia que significó la prescripción de la acción civil, el actor tiene derecho al reconocimiento de los perjuicios morales por la vulneración del derecho de acceso a la justicia por los cuales se reconocerá el equivalente a treinta (30) salarios mínimos legales mensuales vigentes, y de los perjuicios materiales que comprenden lo que habría recibido como parte civil conforme la sentencia penal de primera instancia, esto es “la suma de $8.053.344,oo como perjuicios materiales y como perjuicios morales el equivalente en moneda nacional de quinientos gramos oro”, debidamente actualizadas.

Conforme lo anterior, por perjuicios materiales se reconocerá al actor la suma de $14´398.625,37 que corresponde al monto que por perjuicios materiales se concedió en la sentencia penal de primera instancia debidamente actualizado(4) y la suma de $18´063.468,78 que corresponde a los quinientos gramos de oro reconocidos por perjuicios morales, conforme su valor al momento de la sentencia penal, también actualizada(5), para un total de $32´462.094,15.

No se condenará en costas, puesto que, de conformidad con el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, hay lugar a ello cuando la conducta de alguna de las partes así lo amerite y, en el sub lite, no se encuentra elemento que permita deducir tal aspecto.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B

RESUELVE:

MODIFICAR los numerales cuarto y quinto de la sentencia proferida el 31 de agosto de 2006 por el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, que declaró no probadas las excepciones propuestas por la Nación-Rama Judicial, negó las pretensiones de la demanda respecto de la Fiscalía General de la Nación y declaró responsable a la Nación-Rama Judicial por el defectuoso funcionamiento del servicio de administración de justicia, condenándola al pago de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante y de perjuicios morales.

En consecuencia la sentencia, en los numerales respectivos quedará así:

Cuarto: CONDENAR a la Nación-Rama Judicial al pago de treinta y dos millones cuatrocientos sesenta y dos mil noventa y cuatro pesos con quince centavos ($32´462.094,15) a favor del señor José Guillermo Pinzón Pérez, por concepto de perjuicios materiales.

Quinto: CONDENAR a la Nación-Rama Judicial al pago de la suma equivalente a treinta (30) salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor del señor José Guillermo Pinzón Pérez, por concepto de perjuicios morales.

En firme esta providencia, DEVUÉLVASE la actuación al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(2) Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Auto del 9 de septiembre de 2008, Rad. 11-001-03-26-000-2008-00009-00 (IJ), M.P. Mauricio Fajardo Gómez. La Sala Plena se pronunció en el sentido de señalar que la cuantía no determina la competencia en asuntos de responsabilidad del Estado por hechos de la administración de justicia (error jurisdiccional, privación injusta de la libertad, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia) ya que en aplicación de la normativa estatutaria debe observarse un factor orgánico que confiere competencias en primera instancia a los tribunales administrativos y en segunda instancia a esta corporación.

(3) Consejo de Estado. Sentencia del 13 de Febrero de 2013. C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(4) Así: $8´053.344* 117,68 (IPC octubre de 2014) / 65,82 (IPC junio de 2001).

(5) Así: Según el Banco de la República, el 22 de junio de 2001 el gramo de oro valía $20.206,28, es decir quinientos gramos de oro costaban $10´103.140 que se actualizan así: $10´103.140 * 117,68 (IPC octubre de 2014) / 65,82 (IPC junio de 2001).