Sentencia 2003-02500 de noviembre 29 de 2012

 

Sentencia 2003-02500 de noviembre 29 de 2012

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

Referencia: 68001-23-15-000-2003-02500-01

Número interno: 138-2009

Referencia: 68001-23-31-000-2005-01545-01

Número interno: 2273-2010

Consejero Ponente:

Dr. Gerardo Arenas Monsalve

Actor: Elsa Briggitti Vera Villareal

Autoridades departamentales

Bogotá, D.C., veintinueve de noviembre de dos mil doce.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

1. Del problema jurídico.

Consecuente con los argumentos que sustentan la apelación, le corresponde a la Sala establecer, en primer lugar, si el Gobernador de Santander podía delegar la facultad de suprimir cargos, conformar la planta globalizada de empleos, conformar grupos de trabajo e incorporaciones a la nueva estructura, en el director administrativo de la gobernación, empleado público departamental del nivel directivo, a quien previamente, y para efectos de la delegación, le fue conferida comisión para actuar como “Gerente del proceso de reestructuración administrativa de la administración central y descentralizada del departamento de Santander”.

Definido el anterior problema jurídico, debe la Sala establecer si los actos expedidos por el delegatario, se ajustan a derecho, o por el contrario, se encuentran viciados de nulidad por violación de la Constitución y la ley, incompetencia y falsa motivación.

2. Cuestión previa: De la cosa juzgada.

Esta sección en sentencia de 5 de noviembre de 2009, consejero ponente Víctor Hernando Alvarado Ardila, al decidir la acción de simple nulidad radicada con el número 68001-23-15-000-2002-01671-01(8445-05), formulada en contra de la Resolución 10744 del 30 de diciembre de 1999, mediante la cual se hizo una delegación para la expedición de los actos administrativos tendientes a la supresión de cargos en el departamento de Santander y la Resolución 10774 del 30 de diciembre de 1999, por virtud de la cual se aclaró la Resolución 10744 de la misma fecha, decidió confirmar la sentencia de 31 de enero de 2005, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander —Sala de Descongestión—, por medio de la cual se negaron las pretensiones de la demanda al considerar que no existían razones para excluir la posibilidad de delegar a un subordinado las funciones relacionadas con la supresión de cargos.

En efecto, al resolver la acción de simple nulidad, esta sección argumentó lo siguiente:

“3. Sobre la delegación. En el Estado moderno, la organización debe ser un tanto flexible para lograr los fines socialmente relevantes y la defensa de bienes valiosos para la comunidad, para ello se acude en la administración pública a las fórmulas de la centralización administrativa, rígida estructura que parte del centro y se reserva las competencias para sí; descentralización administrativa, realizada mediante la migración de competencias y funciones a órganos de la periferia que actúan con autonomía y sin subordinación jerárquica con el centro o la cúspide; desconcentración administrativa conocida como el tránsito de funciones a los agentes locales que sin autonomía, deciden en nombre de la entidad que transfiere la función. En la delegación de funciones un funcionario subalterno, mediante un acto escrito y explícito, recibe una competencia de un superior que siempre puede reasumirla.

Con sujeción a lo previsto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 211 de la Constitución Política, las autoridades administrativas pueden delegar en sus subalternos o en otras autoridades las funciones que les son propias, en los términos que indique la ley. En el ordenamiento jurídico colombiano, dichas condiciones están previstas en la Ley 489 de 1998. La jurisprudencia de esta Sala ha señalado sobre la delegación de funciones lo siguiente:

“… que las funciones delegadas se ejercerán bajo la exclusiva responsabilidad de los delegatarios; que los actos del delegatario estarán sometidos a los requisitos de expedición por la autoridad delegante y serán susceptibles de los recursos que procedan contra los actos de ella, y que el delegante puede en cualquier momento reasumir la competencia y revisar los actos expedidos por el delegatario, con sujeción a las disposiciones del Código Contencioso Administrativo, principios que ya habían sido precisados por normas anteriores. De lo expuesto se deduce que la delegación es, pues, una excepción al principio de la improrrogabilidad de la competencia, razón por la cual está reglamentada por la ley”(2). En el mismo sentido pueden consultarse otros pronunciamientos de la corporación(3).

4. Se acusa en el presente caso que hubo violación del numeral 7º del artículo 305 de la Constitución Política, norma que en su tenor literal expresa como funciones del gobernador del departamento:

“Crear, suprimir y fusionar los empleos de sus dependencias, señalar sus funciones especiales y fijar sus emolumentos con sujeción a la ley y a las ordenanzas respectivas. Con cargo al tesoro departamental no podrá crear obligaciones que excedan al monto global fijado para el respectivo servicio en el presupuesto inicialmente aprobado”.

Se colige del anterior precepto que es competencia del gobernador del departamento la supresión de empleos, de manera que él si mediante los actos acusados aquel confió a un subordinado la tarea de “expedir los actos administrativos relacionados con la supresión de cargos”, según rezan las resoluciones 10744; 10774 y 663, delegó una competencia constitucional propia, por lo que, el acto de asignación de esa responsabilidad no merece reproche por este preciso aspecto, pues no incurrió el gobernador en el fenómeno de la subdelegación de una competencia ajena.

Es de anotar que los actos que acaban de enlistarse, son los únicos sobre los cuales se admitió la demanda, y respecto de los que recae la impugnación, por lo que a su examen se dedicará esta providencia.

De otro lado, es de resaltar que de la delegación de funciones se ha ocupado el legislador, más concretamente en la Ley 489 de 29 de diciembre de 1998, por medio de la cual:

“Se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones”.

El objeto de esa ley, se dijo, es regular “el ejercicio de la función administrativa, determina la estructura y define los principios y reglas básicas de la organización y funcionamiento de la administración pública”.

Así mismo, en el capítulo III de dicho compendio, se establecieron las “Modalidades de la acción administrativa” y dentro de ellas se definió la competencia, la coordinación, descentralización, la desconcentración y la delegación, como especie de aquella.

Y justamente el artículo 9º definió a propósito de la delegación que:

“Las autoridades administrativas, en virtud de lo dispuesto en la Constitución Política y de conformidad con la presente ley, podrán mediante acto de delegación, transferir el ejercicio de funciones a sus colaboradores o a otras autoridades, con funciones afines o complementarias. Sin perjuicio de las delegaciones previstas en leyes orgánicas, en todo caso, los ministros, directores de departamento administrativo, superintendentes, representantes legales de organismos y entidades que posean una estructura independiente y autonomía administrativa podrán delegar la atención y decisión de los asuntos a ellos confiados por la ley y los actos orgánicos respectivos, en los empleados públicos de los niveles directivo y asesor vinculados al organismo correspondiente, con el propósito de dar desarrollo a los principios de la función administrativa enunciados en el artículo 209 de la Constitución Política y en la presente ley” (resaltados intencionales de la Sala).

Se ha remarcado lo anterior, para significar que la delegación de funciones no necesita de la existencia del cargo o sección específica dentro de la nomenclatura de la entidad, pues basta que se haga esa designación como reza la norma “de colaboradores o empleados públicos de los niveles directivo y asesor vinculados al organismo correspondiente”, regla que se acompasa con el artículo 211 de la Carta política que confió al legislador fijar “las condiciones para que las autoridades administrativas puedan delegar en sus subalternos o en otras autoridades.

En este caso la condición de subalterno del delegatario ejercida por el Doctor Luis Francisco Rodríguez Herrera está acreditada con el documento que obra al folio 155, documento que fue recaudado para este proceso en cumplimiento del auto para mejor proveer, dictado por esta Sala el día 30 de abril de 2009 (fl. 146). Dicha prueba desde su llegada forma parte del expediente y pudo ser conocido por las partes. Se dice lo anterior, porque luego de la llegada de la comunicación, mediante auto de 3 de agosto de 2009 se decidió sobre una solicitud de pruebas, auto notificado a las partes por estado el día 20 de agosto de 2009. De lo anterior se infiere que la información recaudada en obedecimiento al auto de mejor proveer, sí recibió la debida publicidad y por lo tanto pudo ser controvertida.

Puestas en esta dimensión las cosas, obsérvese que el énfasis que se hace en la demanda, reside en negar la existencia del cargo de gerente de proceso de reestructuración y no la calidad de funcionario del Dr. Rodríguez, que nadie ha desconocido. Como señalan el artículo 211 de la Constitución y la Ley 489 de 1998 la delegación debe recaer en un subalterno, de modo que la inexistencia del cargo de gerente del proceso de reestructuración, en nada vicia la delegación, si es que esta recae en un empleado público de nivel directivo, asesor o en un colaborador como reza la norma copiada.

Según da cuenta el documento del folio 155, el delegatario era director administrativo de la secretaría general y fue comisionado para ejecutar la reestructuración, de manera que al demandante no le bastaba demostrar que el cargo no existía, sino acreditar que la delegación no recayó en subalterno de cargo directivo, carga probatoria que no cumplió; en contraste, aparece demostrado lo contrario, es decir que el delegatario sí ejercía funciones directivas. Entonces, los actos acusados no se resienten de ilicitud, pues la delegación recayó en funcionario de nivel directivo o asesor y bien pudo recaer en un colaborador. En lo que concierne a la Resolución 633 de 28 de enero de 2000, que delegó funciones en la Dra. Adriana Niño Ruiz, baste con señalar que según el artículo 9º de la Ley 489 de 29 de diciembre de 1998 la delegación podrá recaer en “colaboradores o a otras autoridades, con funciones afines o complementarias”, de modo que ningún reproche cabe hacer a esa delegación de funciones.

Así las cosas la inexistencia del cargo nominado como gerente del proceso de reestructuración, en nada vicia el acto, pues la delegación recayó en un responsable subordinado del delegante.

Los demás requisitos de la delegación previstos en el artículo 10 de la Ley 489 de 29 de diciembre de 1998 fueron cumplidos cabalmente, pues en el acto escrito de la delegación, se identificaron a los delegatarios y la función específica cuya atención y decisión fue a ellos confiada, en este caso, la supresión de los empleos como nítidamente se indica en los actos.

No sobra añadir que la delegación no está prohibida por regla legal alguna y, que es equivocada la interpretación que hace el demandante a ese respecto, pues el objeto de la función a cumplir no está reservado constitucional o legalmente al gobernador.

A este propósito es menester citar textualmente el contenido del artículo 11 de la Ley 489 de 29 de diciembre de 1998, que establece los casos de restricción a la potestad de delegación:

“Funciones que no se pueden delegar. Sin perjuicio de los que sobre el particular establezcan otras disposiciones, no podrán transferirse mediante delegación:

1. La expedición de reglamentos de carácter general, salvo en los casos expresamente autorizados por la ley.

2. Las funciones, atribuciones y potestades recibidas en virtud de delegación.

3. Las funciones que por su naturaleza o por mandato constitucional o legal no son susceptibles de delegación”.

De la lectura del artículo se infiere que la regla general es la delegación y que los casos de prohibición deben estar regulados de modo expreso por la Constitución o la ley, circunstancia que excluye la analogía que vislumbra el demandante.

Se ha planteado en este asunto, acudiendo al numeral 3º del artículo 11 de la Ley 489 de 1998 que la delegación está prohibida por la “naturaleza o por mandato constitucional o legal”, sin embargo, no parece que la delegación esté prohibida por alguna norma específica, tampoco la naturaleza del asunto delegado es incompatible con la delegación, por lo que no hay razones para excluir en este caso concreto la posibilidad de investir a un subordinado para el ejercicio de esa tarea. Por el contrario, la naturaleza de la función, por tratarse de un asunto puramente técnico, indica que no es arbitrario que se haya confiado a un funcionario la responsabilidad. Recuérdese que se trata de una supresión de cargos, fruto de un convenio dentro del programa nacional de apoyo fiscal y fortalecimiento institucional de las entidades territoriales, celebrado con el Ministerio de Hacienda, al amparo de las leyes 358 de 1997 y 443 de 1998. Igualmente se resalta que fueron necesarios estudios técnicos para presentar ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el plan de reforma económica y territorial para ingresar al programa de saneamiento fiscal, todo lo cual muestra la razonabilidad que acompañó el acto de delegación, por su indudable naturaleza técnica, con mayor razón si se tiene en cuenta que el volumen de trabajadores desvinculados, más de cuatrocientos, y la especificidad de cada cargo y situación laboral, imponían exigencias muy particulares al proceso, que difícilmente podían ser cumplidas directamente por el gobernador que atinadamente acudió al sistema de delegación.

Síguese de todo lo anterior que los actos acusados no están aquejados de nulidad, pues no existió vicio alguno en su pronunciamiento, como acaba de demostrarse, razón por la cual la sentencia del tribunal deberá ser confirmada”.

De acuerdo con lo antes expuesto, le corresponde a la Sala determinar si el pronunciamiento contenido en la sentencia de 5 de noviembre de 2009, rad. 8445-05, constituye cosa juzgada frente a la solicitud de nulidad formulada por la parte actora en la presente demanda, para lo cual resulta necesario hacer las siguientes precisiones:

Esta sección(1)(sic) en punto del tema de la cosa juzgada en el contencioso de simple nulidad ha sostenido, que son dos los aspectos procesales que marcan los límites de dicha figura jurídica, a saber: i) el mismo objeto, esto es la misma relación jurídica sobre la cual versa el derecho pretendido y ii) la misma causa petendi, vale decir la misma razón de hecho que se invoca como fundamento de la pretensión anulatoria.

A su vez, el artículo 175 del Código Contencioso Administrativo, dispone: “la sentencia que declare la nulidad de un acto administrativo tendrá fuerza de cosa juzgada erga omnes. La que niegue la nulidad pedida producirá cosa juzgada erga omnes pero solo en relación con la causa petendi juzgada. (…)”.

En el caso concreto, advierte la Sala, en relación con la identidad de objeto lo siguiente:

Proceso 8445-05
sentencia de 5 de noviembre de 2009
Procesos 0138-2009
2273-2010
Partes:
Actor: Daniel García Herrera
Demandado: Departamento de Santander
Acción:
Acción de simple nulidad consagrada en el artículo 84 del CCA
Objeto:
Se solicitó la nulidad de los siguientes actos:
— Resolución 10744 del 30 de diciembre de 1999, mediante la cual se hizo una delegación para la expedición de los actos administrativos tendientes a la supresión de cargos en el departamento de Santander.
— La Resolución 10774 del 30 de diciembre de 1999, por virtud de la cual se aclaró la Resolución 10744 de la misma fecha.
— La Resolución 633 del 28 de enero de 2000, que confirió una comisión en misión oficial e hizo una delegación para expedir actos administrativos de supresión de cargos.
Hechos:
Las pretensiones tienen apoyo en los siguientes hechos:
El gobernador del departamento de Santander, al expedir las resoluciones antes señaladas y que hoy son objeto de la acción de simple nulidad, violó la Constitución y la ley, pues depositó en algunos de sus subalternos, funciones que no eran susceptibles de delegación.
Normas violadas y concepto de la violación:
La Constitución Política, en el artículo 305 numeral 7º.
La Ley 489 de 1998, en el artículo 11, numeral 3º.
El Decreto 1569 de 1998, reglamentario de la Ley 443 de 1998.
Señala el demandante que las delegaciones impartidas por el Gobernador del departamento de Santander, carecen de validez, pues fueron trasladadas competencias propias e intransferibles que son atribuidas por la Constitución al gobernador del departamento. Adicionalmente, se remite al informe técnico del departamento administrativo de la función pública, estudio que concluyó que la reestructuración hace “parte de la propia esencia y de la naturaleza de las funciones del gobernador”.
Para el demandante, el Decreto Reglamentario 1569 de 1998, establece el sistema de nomenclatura y clasificación de empleos para los entes territoriales, no obstante, en este cuerpo normativo no aparece la expresión ni el cargo de “Gerente proceso de reestructuración”, que tampoco existe en el marco de las disposiciones legales vigentes.

Partes:
Actor: Elsa Briggitti Vera Villareal
Demandado: Departamento de Santander
Acción:
Acción de simple nulidad consagrada en el artículo 84 del CCA
Proceso 138-2009
Objeto:
Se solicitó la nulidad de los siguientes actos:
— Resolución 10744 de 1999.
— Resolución 10774 de 1999.
Normas violadas y concepto de violación:
De la Constitución Política, artículos 2º, 29, 123, 124, 150, 209, 211, 300, 303, 305, 365.
Código Contencioso Administrativo, artículo 84.
Decreto 1222 de 1986, artículos 60, 62, 94.
Ley 489 de 1998, artículos 5º, 9º al 14.
Ley 56 de 1993, artículos 1º al 4.
Como concepto de violación, en primer lugar manifestó la parte actora que la delegación no procede para la expedición de reglamentos de carácter general.
En segundo lugar, afirmó que de acuerdo con el artículo 9º de la Ley 489 de 1998, el delegatario debe ser empleado público del nivel directivo y/o asesor. Sostuvo que el gerente del proceso de reestructuración no es una autoridad o empleo público, sino un sujeto de una designación o misión oficial conferida por el gobernador, razón por la cual no existió autoridad delegataria.
En tercer lugar, planteó que el gobernador no podía delegar atribuciones constitucionales que le habían sido autorizadas por la asamblea departamental y por lo tanto debía ejercerlas de manera directa, al tenor de lo establecido en el artículo 5º de la Ley 489 de 1998, en concordancia con el numeral 2º del artículo 11 de la Ley 489 de 1998.
Por último, argumentó que el gobernador no podía delegar atribuciones constitucionales que por su naturaleza no eran susceptibles de delegación.
Proceso 2273-2010
Objeto:
Solicita la declaratoria de nulidad de los siguientes actos administrativos:
— Decreto 405 de 30 de diciembre de 1999.
— Decreto 412 de 30 de diciembre de 1999.
— Decreto 413 de 30 de diciembre de 1999, artículos 3º, 4º y 5º.
— Decreto 414 de 30 de diciembre de 1999.
Solicitó la inaplicación por inconstitucionalidad de las resoluciones 10744 y 10774 de 1999.
Normas violadas y concepto de violación
De la Constitución Política, artículos 1º, 2º, 6º, 26, 29, 40 numeral 7º, 110, 121, 122, 123, 124, 131, 150, 209, 211, 228, 267, 277 numeral 6º, 300, 303, 305, 365.
Decreto 1222 de 1986, artículos 60, 62, 94, 233.
Ley 443 de 1998, artículos 39 a 41, 43, 59, 60, 61, 66, 68 y c.c.
Decreto-Ley 1568 de 1998, artículos 1º, 44 a 52 y demás concordantes.
Decreto-Ley 1569 (sic), artículos 1º al 14 y demás concordantes.
Ley 489 de 1998, artículos 5º, 9º al 14.
Ley 56 de 1993, artículos 1º al 4º.
Decreto 2400 de 1968, artículo 18.
Decreto 1950 de 1973, artículo 1º.
Como concepto de violación, luego de precisar los conceptos de Estado, función pública, empleo público y competencia, manifestó la actora que los actos acusados están viciados de incompetencia porque la calidad de gerente del proceso de reestructuración no representa una posición jerárquica dentro de la administración departamental de Santander, tampoco lo es dentro del sistema general de nomenclatura y clasificación de empleos adoptado mediante Decreto-Ley 1569 de 1998 y no existe dentro de la estructura orgánica de la administración departamental.
Indicó que el cargo de gerente del proceso de reestructuración, no existió en la Gobernación de Santander para la época de expedición de los actos administrativos demandados, luego el ejercicio de aquel materializado con la expedición de los actos administrativos demandados deviene incompetente, pues no tiene capacidad jurídica para representar a la administración pública departamental.
Manifestó que el Gobernador de Santander delegó una función administrativa en un cargo inexistente vulnerando los artículos 209 y 210 de la Constitución Nacional, así como lo previsto en la Ley 489 de 1998 sobre la delegación de funciones, sus elementos y formalidades.
Argumentó que el delegante no podía delegar las funciones recibidas en virtud de la delegación efectuada por la asamblea departamental mediante la Ordenanza 50 de 1998.
Adujo que el gerente del proceso de reestructuración, al expedir los actos administrativos impugnados, contenidos en los decretos 405, 412, 413, 414 de 30 de diciembre de 1999, en uso de sus facultades otorgadas mediante Resolución 10744 y aclaratoria 10774 de 1999, no citó la disposición normativa que le confería la potestad para dictarlos. Indicó que al revisar la normatividad Ley 433 de 1998, Decreto 1569 de 1998, Decreto 1572 de 1998, se encuentra que el nominador solo puede delegar al jefe de personal o quien haga sus veces, la facultad de proferir la comunicación de la supresión de cargos.

De otra parte, afirmó que de acuerdo con el artículo 9º de la Ley 489 de 1998, el delegatario debe ser empleado público del nivel directivo y/o asesor, sin embargo, en este caso, la facultad delegada recayó en un “comisionado en misión oficial”, según se desprende de la Resolución 10774 de 1999.
Indicó que la delegación no procede para la expedición de reglamentos de carácter general y esta es precisamente la naturaleza de los actos administrativos demandados.
Por último, afirmó que los actos demandados incurren en falsa motivación porque el gerente del proceso de reestructuración no citó la disposición normativa que le confería la potestad para proferirlos, lo cual constituye un vicio de nulidad que no puede subsanarse a posteriori.

 

El anterior panorama muestra que tanto en el proceso 8445-05 como en el proceso 0138-2009, se demandó la nulidad de las resoluciones 10744 y 10774 de 1999, lo que permite establecer una identidad de objeto, tal como lo establece el artículo 332 del Código de Procedimiento Civil.

Así mismo, debe decirse que la causa petendi de ambos procesos es igual, dado que el concepto de violación se estructuró a partir de la violación de las normas que regulan la delegación de funciones administrativas, la improcedencia de delegar la facultad para suprimir cargos y la inexistencia del cargo de gerente del proceso de reestructuración de la administración departamental, con fundamento en los artículos 305 de la Constitución Nacional, la Ley 489 de 1998, el Decreto 1569 de 1998 y la Ley 443 de 1998, tratándose por tanto de las mismas razones de hecho que fueron ventiladas y definidas por esta corporación en la sentencia proferida dentro del radicado 8445-05.

De acuerdo con lo expuesto, al configurase los elementos de la cosa juzgada entre el proceso 8445-05 y el proceso 138-09, la Sala se estará a lo resuelto en la sentencia de 5 de noviembre de 2009, C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila, radicación 68001-23-15-000-2002-01671-01(8445-05), actor: Daniel García Herrera, demandado: Departamento de Santander, en lo que concierne al análisis de legalidad de las resoluciones 10744 y 10774 de 1999, decisión judicial por medio de la cual se confirmó la sentencia de primera instancia que negó la pretensión de nulidad de tales actos, con fundamento en las siguientes consideraciones:

a) El Gobernador de Santander, mediante las resoluciones 10744 y 10774 de 1999, delegó una competencia constitucional propia, sin que por ello haya incurrido en el fenómeno de la subdelegación de una competencia ajena.

b) La delegación de funciones no necesita de la existencia del cargo o sección específica dentro de la nomenclatura de la entidad.

c) La condición de subalterno del delegatario ejercida por el Doctor Luis Francisco Rodríguez Herrera nunca se discutió.

d) La inexistencia del cargo nominado como gerente del proceso de reestructuración, en nada vicia el acto, pues la delegación recayó en un responsable subordinado del delegante.

e) Se cumplieron los demás requisitos de la delegación previstos en el artículo 10 de la Ley 489 de 29 de diciembre de 1998, pues en el acto escrito de la delegación, se identificaron a los delegatarios y la función específica cuya atención y decisión fue a ellos confiada, en este caso, la supresión de los empleos como nítidamente se indica en los actos.

f) La delegación no está prohibida por regla legal alguna, es equivocada la interpretación que hace el demandante a ese respecto, pues el objeto de la función a cumplir no está reservado constitucional o legalmente al gobernador, ya que la regla general es la delegación y los casos de prohibición deben estar regulados de modo expreso por la Constitución o la ley, circunstancia que excluye la analogía que vislumbra el demandante.

g) La naturaleza del asunto delegado no es incompatible con la delegación, por lo que no hay razones para excluir en este caso concreto la posibilidad de investir a un subordinado para el ejercicio de esa tarea, por el contrario, por tratarse de un asunto puramente técnico, no es arbitrario que se haya confiado a un funcionario tal responsabilidad, dado que el volumen de los cargos, la especificidad y situación laboral, imponían exigencias muy particulares al proceso, que difícilmente podían ser cumplidas directamente por el gobernador que atinadamente acudió al sistema de delegación.

h) Los actos acusados no están aquejados de nulidad, pues no existió vicio alguno en su pronunciamiento.

Así las cosas, considerando que mediante decisión judicial anterior, la sección se pronunció sobre los cargos de anulación endilgados por la demandante Elsa Briggitti Vera Villareal contra las resoluciones 10744 y 10774 de 1999, la Sala se estará a lo allí resuelto por existir cosa juzgada respecto del mismo objeto y causa petendi como se expuso, quedando despejado el primer problema jurídico planteado en torno a la delegación efectuada por el Gobernador de Santander en el señor Luis Francisco Rodríguez Herrera, director administrativo, comisionado como gerente del proceso de reestructuración de la administración departamental.

Definido lo anterior, le compete a la Sala entrar a estudiar si los actos expedidos por el delegatario, se ajustan a derecho, o por el contrario, se encuentran viciados de nulidad por violación de la Constitución y la ley, incompetencia y falsa motivación.

1. De los actos demandados.

Los constituyen los siguientes actos: (i) Decreto 405 de 30 de diciembre de 1999, proferido por el gerente del proceso de reestructuración de Santander, por el cual se globaliza la planta de cargos de la administración central, (ii) Decreto 412 de 30 de diciembre de 1999, proferido por el gerente del proceso de reestructuración, por medio del cual se suprimen unos cargos de la planta global de la Gobernación de Santander, (iii) artículos 3º, 4º y 5º del Decreto 413 de 30 de diciembre de 1999, proferido por el gerente del proceso de reestructuración, por medio del cual se aclara y adiciona el Decreto 405 de 1999, (iv) Decreto 414 de 30 de diciembre de 1999, proferido por el gerente del proceso de reestructuración, por medio del cual se aclara y adiciona el Decreto 405 de 30 de diciembre de 1999.

2. De lo Probado en el proceso.

a. De las actuaciones previas al proceso de reestructuración.

— Por medio de la Ordenanza 50 de 8 de enero de 1999, se ampliaron las facultades conferidas al gobernador que le habían sido otorgadas en la Ordenanza 1 de 13 de febrero de 1998, para celebrar con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público un convenio de desempeño, en dicho orden, se dispuso lo siguiente: (fls. 79 y 80, cdno. 1)(4).

“CONSIDERANDO:

(…).

B. Que el “Pasffiet” programa de apoyo al saneamiento fiscal y fortalecimiento institucional de las entidades territoriales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, requiere que el gobernador del departamento esté dotado de las autorizaciones y facultades necesarias para la formulación y ejecución del “PRET” así como la autorización para que el departamento ingrese a dicho programa.

ORDENA:

(…).

ART. 2º—Con el mismo objeto señalado en el artículo precedente, facultades extraordinarias al señor gobernador, para:

(…).

c) Modificar, suprimir o fusionar la estructura de la administración central departamental, a fin de armonizarla con su competencias constitucionales y legales.

(…)”.

— Mediante el Decreto 391 de 30 de diciembre de 1999(5), el Gobernador del departamento de Santander expidió la estructura administrativa del departamento de Santander, con fundamento en el informe técnico visible a folios 91 a 276 del cuaderno 1.

b. Los actos de delegación.

El Gobernador de Santander, mediante Resolución 10744 de 30 de diciembre de 1999, delegó al señor Luis Francisco Rodríguez Ferreira, “para expedir los actos administrativos relacionados con la supresión de cargos de empleados públicos y trabajadores oficiales del departamento, la conformación de la planta globalizada de empleos, la conformación de grupos de trabajo e incorporaciones a la nueva estructura de la administración departamental” (fl. 76, cdno. 1).

Por medio de la Resolución 10774 de 30 de diciembre de 1999, el Gobernador del departamento de Santander aclaró el anterior acto administrativo, en sentido de que lo delega como gerente del proceso de restructuración del departamento de Santander (fl. 77, cdno. 1).

c. De la vinculación laboral del delegatario y su designación en comisión oficial como gerente del proceso de reestructuración de la administración departamental.

El señor Luis Francisco Rodríguez Ferreira, como director administrativo de la secretaria general de la Gobernación de Santander, fue comisionado en misión oficial, por el Gobernador de Santander, mediante Resolución 8950 de 5 de noviembre de 1999, para “gerenciar el proceso de reestructuración administrativa de la administración central y descentralizada del departamento de Santander”, con ocasión del convenio de desempeño (fl. 75, cdno. 1)(6).

La hoja de vida del señor Luis Francisco Rodríguez Ferreira, permite establecer que desempeñó el cargo de director administrativo, nivel directivo, código 901, grado 1 en la dirección administrativa y de recursos humanos, dependiente de la secretaria general, durante el período comprendido desde el 2 de enero de 1998 al 2 de enero de 2000, siendo comisionado en misión oficial mediante la Resolución 8950 del 5 de noviembre de 1999 para gerenciar el proceso de reestructuración administrativa de la administración central y descentralizada del departamento de Santander (fls. 339 a 397, cdno. 1)(7).

d. Las actuaciones del delegatario.

Por medio del Decreto 405 de 30 de diciembre de 1999, el gerente del proceso de restructuración del departamento de Santander, invocando las facultades otorgadas mediante resoluciones 10744 y 10774 de 1999, globalizó “la planta de cargos de la administración central” (fls. 1 a 3, cdno. 1).

Mediante Decreto 412 de 30 de diciembre de 1999, el gerente del proceso de reestructuración del departamento de Santander, suprimió dos (2) cargos de coordinador nivel administrativo código 50136 grado 36 de la planta global (fl. 4 vto., cdno. 1).

A través del Decreto 413 de 30 de diciembre de 1999, artículos 3º, 4º y 5º, el gerente del proceso de reestructuración del departamento de Santander, adicionó y aclaró el Decreto 405 de 1999 (fls. 4 y 5, cdno. 1).

Por medio del Decreto 414 de 30 de diciembre de 1999, el gerente del proceso de reestructuración del departamento de Santander, adicionó y aclaró el Decreto 405 de 1999 que estableció la planta global de la Gobernación de Santander (fl. 5, cdno. 1).

3. Fondo del asunto.

En síntesis, alega la recurrente, tres cargos en particular, el primero, que el gobernador no podía delegar la facultad objeto de delegación; el segundo, que los actos demandados fueron expedidos por un funcionario incompetente, pues el gerente del proceso de restructuración del departamento de Santander no tenía la facultad para expedir los decretos 405, 412, 413 y 414 de 1999, toda vez que dicho cargo es inexistente dentro de la planta de personal, y por último, que no se invocaron las normas que fundamentan las facultades para expedir los actos administrativos impugnados.

De cara al anterior planteamiento, se hace necesario arribar uno a uno los cuestionamientos realizados por la actora, en el mismo orden.

— De la delegación efectuada por el Gobernador de Santander:

Como se advirtió en acápites anteriores, esta sección mediante sentencia de 5 de noviembre de 2009, radicado 8445-2005, C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila, ya se había pronunciado sobre la legalidad de los actos de delegación contenidos en las resoluciones 10744 y 10774 de 30 de diciembre de 1999, expedidas por el Gobernador de Santander, para señalar que no existe reproche alguno frente a la delegación realizada, en consideración a que la misma cumple los requisitos establecidos en la Ley 489 de 1998.

Consideró la Sala, con sujeción a lo previsto en el artículo 211 de la Constitución Política, que las autoridades administrativas pueden delegar en sus subalternos o en otras autoridades las funciones que les son propias, en los términos que indique la ley. En el ordenamiento jurídico colombiano, dichas condiciones están previstas en la Ley 489 de 1998. Manifestó la Sala que al tenor del numeral 7º del artículo 305 de la Constitución Política, es competencia del gobernador del departamento la supresión de empleos, de manera que si mediante los actos acusados, el gobernador confió a un subordinado la tarea de “expedir los actos administrativos relacionados con la supresión de cargos”, delegó una competencia constitucional propia, por lo que, el acto de asignación de esa responsabilidad no merece reproche por este preciso aspecto, pues no incurrió el gobernador en el fenómeno de la subdelegación de una competencia ajena.

De otro lado, indicó la Sala que la delegación de funciones no necesita de la existencia del cargo o sección específica dentro de la nomenclatura de la entidad, pues basta que se haga esa designación como reza la norma “de colaboradores o empleados públicos de los niveles directivo y asesor vinculados al organismo correspondiente”, regla que se acompasa con el artículo 211 de la Carta Política que confió al legislador fijar “las condiciones para que las autoridades administrativas puedan delegar en sus subalternos o en otras autoridades.

Se precisó en la referida sentencia, que la condición de subalterno del delegatario ejercida por el Doctor Luis Francisco Rodríguez Herrera se encontraba acreditada y no fue discutida. Así mismo, se mencionó que, igual al sub judice, el énfasis que se hace en la demanda, reside en negar la existencia del cargo de gerente de proceso de reestructuración y no la calidad de funcionario del Dr. Rodríguez, que nadie ha desconocido, para concluir que de acuerdo con el artículo 211 de la Constitución y la Ley 489 de 1998, la delegación debe recaer en un subalterno, de modo que la inexistencia del cargo de gerente del proceso de reestructuración, en nada vicia la delegación, si es que esta recae en un empleado público de nivel directivo, asesor o en un colaborador como reza la norma.

Por lo anterior, consideró la Sala que los actos acusados no se resienten de ilicitud, pues la delegación recayó en funcionario de nivel directivo o asesor y bien pudo recaer en un colaborador, además que cumplió con los requisitos previstos en el artículo 10 de la Ley 489 de 29 de diciembre de 1998, pues en el acto escrito de la delegación, se identificaron a los delegatarios y la función específica cuya atención y decisión fue a ellos confiada, en este caso, la supresión de los empleos como nítidamente se indica en los actos.

Sobre la función delegada, indicó la Sala en aquel entonces que la delegación no está prohibida por regla legal alguna y, que es equivocada la interpretación que hace el demandante a ese respecto, pues el objeto de la función a cumplir no está reservado constitucional o legalmente al gobernador, sostuvo que no parece que la delegación esté prohibida por alguna norma específica, tampoco la naturaleza del asunto delegado es incompatible con la delegación, por lo que no hay razones para excluir en este caso concreto la posibilidad de investir a un subordinado para el ejercicio de esa tarea, por el contrario, la naturaleza de la función, por ser un asunto puramente técnico, podía confiarse a un colaborador.

Manifestó la Sala que se trataba de una supresión de cargos, fruto de un convenio dentro del programa nacional de apoyo fiscal y fortalecimiento institucional de las entidades territoriales, celebrado con el Ministerio de Hacienda, al amparo de las leyes 358 de 1997 y 443 de 1998, que fueron necesarios estudios técnicos para presentar ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el plan de reforma económica y territorial para ingresar al programa de saneamiento fiscal, todo lo cual muestra la razonabilidad que acompañó el acto de delegación, por su indudable naturaleza técnica, con mayor razón si se tiene en cuenta que el volumen de trabajadores desvinculados, más de cuatrocientos, y la especificidad de cada cargo y situación laboral, imponían exigencias muy particulares al proceso, que difícilmente podían ser cumplidas directamente por el gobernador que atinadamente acudió al sistema de delegación.

Pues bien, la Sala reitera los planteamientos expuestos en la sentencia de 5 de noviembre de 2009, para llegar a idéntica conclusión en torno a la procedencia de delegar la facultad de suprimir empleos, toda vez que se trata de una competencia atribuida al Gobernador de Santander por mandato del artículo 305 numeral 7º de la Constitución Nacional, y no en virtud de delegación; facultad que por su naturaleza y contenido técnico es perfectamente delegable como lo expuso la Sala, y no se encuentra prohibida su delegación.

Así pues, considera la Sala que no está llamado a prosperar el cargo de violación a la Constitución y la ley, toda vez que con los actos demandados, no se quebrantaron las disposiciones constitucionales y legales invocadas, acerca de la delegación de funciones administrativas.

— De la incompetencia del delegatario y la inexistencia del cargo de gerente del proceso de reestructuración.

Al respecto, ha de precisarse que mediante sentencia de 31 de mayo de 2012, radicación 2506-11, C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila, esta sección se pronunció acerca de la competencia del señor Luis Francisco Rodríguez Ferreira, para expedir los actos relacionados con la supresión de cargos y empleados públicos y trabajadores oficiales del departamento, con fundamento en las facultades delegadas mediante resoluciones 10744 y 10774 de 30 de noviembre de 1999, para concluir que en tanto no se encontró ningún vicio que permeara la legalidad en los actos de delegación, los actos expedidos por el delegatario conservaban su presunción de legalidad, veamos:

“(…) Específicamente, la parte actora consideró que no se ha estudiado la facultad que tiene el gerente del proceso de restructuración para expedir los actos acusados.

Sobre el particular, es de anotar que esta corporación en sentencia de 5 de noviembre de 2009(8), con ponencia del suscrito, se estudió la falta de competencia respecto de las resoluciones 10744(9) y 10774(10)” ambas del 30 de diciembre de 1999, en la que se dejó por sentado que:

(…).

Nótese, como en la referida providencia consideró viable la delegación, argumentando sobretodo, que no existe norma que impida delegar una función constitucional que está contemplada en el numeral 7º del artículo 305 de la Constitución Política, es más, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 211 de la Constitución Política, las autoridades administrativas pueden delegar en sus subalternos o en otras autoridades las funciones que les son propias, en los términos que indique la ley.

En el ordenamiento jurídico colombiano, dichas condiciones están previstas en la Ley 489 de 1998. Atendiendo la jurisprudencia de esta Sala, se ha señalado sobre la delegación de funciones lo siguiente:

“(…) que las funciones delegadas se ejercerán bajo la exclusiva responsabilidad de los delegatarios; que los actos del delegatario estarán sometidos a los requisitos de expedición por la autoridad delegante y serán susceptibles de los recursos que procedan contra los actos de ella, y que el delegante puede en cualquier momento reasumir la competencia y revisar los actos expedidos por el delegatario, con sujeción a las disposiciones del Código Contencioso Administrativo, principios que ya habían sido precisados por normas anteriores. De lo expuesto se deduce que la delegación es, pues, una excepción al principio de la improrrogabilidad de la competencia, razón por la cual está reglamentada por la ley”(11).

En otras palabras, si bien es cierto al gobernador del departamento, como jefe seccional le ha sido atribuido por mandato constitucional, entre otras funciones, la de “crear, suprimir y fusionar los empleos de sus dependencias, señalar sus funciones especiales y fijar sus emolumentos con sujeción a la ley y a las ordenanzas respectivas(12)”, no lo es menos que, no puede existir ningún reproche frente a la delegación de una competencia que le es atribuible, menos aún si se cumplen con los presupuestos establecidos en la Ley 489 de 29 de diciembre de 1998. Distinto hubiese sido, que delegara una facultad que le había sido conferida, es decir, que operara el fenómeno de la subdelegación o que por el contrario hubiera delgado una atribución que de acuerdo a la Constitución o a la ley no es delegable.

En ese orden de ideas, es claro por sustracción de materia, que los actos cuestionados, entre ellos el Decreto 407, la Resolución 10771 y el oficio 6664, suscritos por el gerente del proceso de restructuración del departamento de Santander son válidos, en tanto no se encontró ningún vicio que permeara la legalidad en los actos de delegación, esto es, las resoluciones 10744 y 10774 de 30 de diciembre de 1999, expedidas por el Gobernador de Santander.

Se colige de lo anterior, que mientras no se demuestre que la delegación conferida al gerente del proceso de restructuración del departamento haya sido desbordada, los actos enjuiciados mantendrán su firmeza, siendo así, no se puede considerar que carecen de competencia los actos por él proferidos, como lo afirma el actor, ya que esta función fue desarrollada en el ejercicio de esa trasferencia de asuntos que le fueron confiados al gobernador a través de la Constitución” (resalta la Sala).

El anterior precedente es acogido ahora por la Sala para arribar a idéntica conclusión, toda vez que al no prosperar ningún vicio que afecte la legalidad de las resoluciones 10744 y 10774 de 30 de diciembre de 1999, el delegatario se encontraba plenamente facultado, en virtud de la delegación que le fue conferida por el Gobernador de Santander, para expedir los actos administrativos objeto de control dentro de la presente acción de nulidad.

Ahora bien, plantea la actora que los actos acusados están viciados de incompetencia porque la calidad de gerente del proceso de reestructuración no representa una posición jerárquica dentro de la administración departamental de Santander, tampoco lo es dentro del sistema general de nomenclatura y clasificación de empleos adoptado mediante Decreto-Ley 1569 de 1998 y no existe dentro de la estructura orgánica de la administración departamental, tampoco en la planta de cargos ni en los manuales de funciones de la Gobernación de Santander vigentes antes y después de la reestructuración.

Al respecto, se tiene que el acervo probatorio allegado al plenario, específicamente la hoja de vida del señor Luis Francisco Rodríguez Herrera, permite establecer su condición de empelado público durante el período comprendido entre el 2 de enero de 1998 y el 2 de enero de 2000, en calidad de director administrativo, código 901, grado 1 en la dirección administrativa y de recursos humanos, cargo del nivel directivo, dependiente de la secretaria general, así pues, no queda duda de la condición de subalterno del delegatario, quien además, en forma previa había sido comisionado en misión oficial mediante Resolución 8950 del 5 de noviembre de 1999 para “gerenciar el proceso de reestructuración administrativa de la administración central y descentralizada del departamento de Santander” (fls. 339 a 397, cdno. 1).

De manera que al ser el delegatario, el director administrativo de la secretaría general, y habiéndose comisionado para ejecutar la reestructuración, bien podía recaer en su cabeza la delegación que le fue conferida mediante las resoluciones 10744 y 10774 de 1999, delegación que como se anotó en el acápite anterior, no contraviene el orden jurídico superior. Así las cosas, en criterio de la Sala, el cargo de incompetencia del delegatario no está llamado a prosperar.

Por otra parte, inquieta a la apelante que el cargo de gerente del proceso de reestructuración del departamento de Santander era inexistente y por lo tanto, no podía efectuarse la delegación por parte del gobernador.

Sobre el particular, reitera la Sala los planteamientos expuestos en el precedente judicial citado, en el que se concluyó que la inexistencia del cargo nominado como gerente del proceso de reestructuración, en nada vicia el acto, pues la delegación recayó en un responsable subordinado del delegante.

La tesis de la actora, que propende por la falta de capacidad jurídica del gerente del proceso de reestructuración para representar a la administración pública departamental deja de lado una realidad incuestionable, la condición de empleado público del nivel directivo ostentada por el señor Luis Francisco Rodríguez Ferreira, quien por efectos de dicha condición, podía ser sujeto destinatario de las facultades delegadas.

Por último, en sentir de la Sala, la Resolución 10774 de 30 de diciembre de 1999, por medio de la cual el Gobernador de Santander aclaró la Resolución 10744, en el sentido de indicar que el delegatario era actual gerente del proceso de reestructuración, no tiene el alcance dado por la demandante, es decir, no hace alusión a un empleo público —como gerente del proceso de reestructuración— el cual sin lugar a dudas no existía dentro de la planta de personal de la administración departamental, ni mucho menos implicaba el desconocimiento de la condición de director administrativo que ostentaba el delegatario, al contrario de lo sostenido por la actora, dicha condición de gerente del proceso de reestructuración ha de entenderse referida, en los términos de la Resolución 8950 de 1999, a la comisión en misión oficial que le había sido otorgada por el gobernador para gerenciar el proceso de reestructuración, comisión de servicios que de conformidad con lo previsto en el artículo 79 del Decreto 1950 de 1973, no constituye una forma de provisión de empleos, ni implica la separación del empleo desempeñado, de suerte que, en nada afectaba la validez de la delegación aludida.

Hechos los anteriores señalamientos, concluye la Sala que en este caso, tampoco se demostró que la delegación haya recaído en una autoridad incompetente, de hecho obsérvese, que el señor Luis Francisco Rodríguez Ferreira se desempeñaba como director administrativo, en tal sentido, el cargo no está llamado a prosperar.

De la falsa motivación

Para sustentar este cargo, adujo la actora que el gerente del proceso de reestructuración de la administración departamental de Santander, al expedir los actos administrativos impugnados, contenidos en los decretos 405, 412, 413, 414 de 30 de diciembre de 1999, en uso de sus facultades otorgadas mediante Resolución 10744 y aclaratoria 10774 de 1999, no citó la disposición normativa que le confería la potestad para dictarlos.

Al respecto es preciso indicar que en cada uno de los actos demandados, el delegatario invocó las facultades otorgadas mediante la Resolución 10744 de 30 de diciembre de 1999, aclarada por la Resolución 10774 de 1999, por medio de la cual, el Gobernador de Santander delegó la facultad para expedir los actos administrativos relacionados con la supresión de cargos, la conformación de la planta globalizada y grupos de trabajo, y la incorporación de los cargos a la misma; por lo tanto, no encuentran respaldo las afirmaciones realizadas por la parte actora, toda vez que el señor Luis Francisco Rodríguez Ferreira, si invocó las facultades que le fueron debidamente delegadas por el Gobernador de Santander para expedir los actos demandados.

Por otra parte, es pertinente indicar que el vicio de falsa motivación se configura cuando la argumentación de los actos administrativos es ilegal, es decir, cuando las circunstancias de hecho y de derecho que se aducen para su emisión, traducidas en la parte motiva del acto, no tienen correspondencia con la decisión que se adopta o disfrazan los motivos reales para su expedición; en el presente caso, al confrontar el contenido de los actos demandados con las facultades conferidas mediante las resoluciones 10744 y 10774 de 30 de diciembre de 1999, advierte la Sala que el delegatario obró dentro del marco de las funciones delegadas, motivo por el cual el cargo de falsa motivación no está llamado a prosperar.

Por las consideraciones expuestas, la Sala confirmará las sentencias de primera instancia proferidas dentro de los radicados 138-2009 y 2273-2010, que negaron las pretensiones de las demandas de nulidad contra las resoluciones 10744 y 10774 de 30 de diciembre de 1999, y los decretos 405, 412, 413 y 414 de 30 de diciembre de 1999, proferidos en su orden por el Gobernador de Santander y su delegatario, el director administrativo de la Gobernación de Santander.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMASE las sentencias de 26 de junio de 2008 y 27 de mayo de 2010, proferidas por el Tribunal Administrativo de Santander, dentro de los procesos acumulados, radicados con los números 138-2009 y 2273-2010, correspondientes a las acciones de nulidad promovidas por Elsa Briggitti Vera Villareal contra las resoluciones 10744 y 10774 del 30 de diciembre de 1999, proferidas por el Gobernador de Santander y decretos 405, 412, 413 y 414 de 30 de diciembre de 1999, expedidos por el gerente del proceso de reestructuración de la administración departamental de Santander.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(2) Consejo de Estado, sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 24 de enero de 2002, proferida en el Expediente 1998-0455-01(7217), M.P. Olga Inés Navarrete Barrero.

(3) Consejo de Estado, Sala de Lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Martha Sofía Sanz Tobón, 19 de junio de 2008, radicación 52001-23-31-000-2002-00685-01, actor: William Ospina Remigio; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, C.P. Diego Younes Moreno, junio 30 de 1992, radicación: 3442, actor: Susana Isabel Moreno Mesa, Expediente 3136; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, C.P. Álvaro Lecompte Luna, 7 de octubre de 1992, radicación número: 4023, actor: Alfonso López Patiño.

(1) Sentencia 11223, de 10 de octubre de 1996, C.P. Dolly Pedraza de Arenas.

(4) Expediente 2273-2010.

(5) Allegado a folios 982 al 996, cuaderno 2, Expediente 2273-2010.

(6) Expediente 2273-2010.

(7) Expediente 2273-2010.

(8) Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 5 de noviembre de 2009, radicado interno 8445-2005, C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.

(9) “Por medio de la cual se hacen unas delegaciones”.

(10) “Por medio de la cual se aclara una resolución”.

(11) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 24 de enero de 2002, proferida en el Expediente 1998-0455-01(7217), M.P. Olga Inés Navarrete Barrero.

(12) Constitución Política de Colombia, numeral 7º del artículo 305.