Sentencia 2003-02530 de febrero 2 de 2012

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Expedientes acumulados: 250002315000200302530 01, 25000231500020032526 01, 250002315000200302527 01, 250002315000200400071 01, 250002315000200601208 01, 250002315000200400229 01, 250002315000200401419 01, 250002315000200402084 01, 250002315000200402254 01, 250002315000200402255 01, 250002315000200402589 01.

Consejera Ponente:

Dra. María Claudia Rojas Lasso

Actores: Ángela Lozada De La Cruz, Danny Daniel Jiménez Suárez, Roberto Ramírez Rojas, Roberth Lesmes Orjuela, Jairo Alexander Cancino Arteaga.

Acciones populares

Bogotá, D.C., dos de febrero de dos mil once.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones

El artículo 88 de la Constitución Política dispone:

“ART. 88.—La ley regulará las acciones populares para la protección de los derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad públicas, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros de similar naturaleza que se definan en ella”.

En desarrollo de este precepto constitucional se expidió la Ley 472 de 1998 (ago. 25) cuyo artículo 2º define las acciones populares así:

“ART. 2º—Las acciones populares son los medios procesales para la protección de los derechos e intereses colectivos.

Las acciones populares se ejercen para evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible”.

Ahora, en el caso que nos ocupa, los derechos cuyo amparo se pretende son, ciertamente, derechos colectivos, contemplados en los literales a), b), d), e), g), m) y n) del artículo 4º de la Ley 472 de 1998 y, en consecuencia, susceptibles de protección mediante la interposición de la acción popular.

5.1. Caso concreto.

En el presente caso, los actores pretenden que se amparen los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, a la moralidad administrativa, al goce del espacio público y la defensa de los bienes de uso público, a la defensa del patrimonio público, a la seguridad y salubridad públicas, a la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respectando las disposiciones jurídicas de manear ordenada y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes, y a los derechos de los consumidores y usuarios; porque en varios sectores de la capital, múltiples vendedores informales estacionarios, semi-estacionarios y ambulantes invaden irregularmente el espacio público y comercializan bienes piratas.

Del material probatorio se destacan:

Noventa y dos (92) fotografías, sin fecha ni hora, en las que se observa que varios vendedores ambulantes ocupan los andenes ubicados en la carrera 7ª, a la altura de la calle 14(134); en la carrera 51, a la altura de la calle 44(135); en la carrera 7ª, entre calles 19 y 24(136); en la carrera 71D con calle 6ª sur(137); en la carrera 7ª, entre calles 14 y 17(138); en la carrera 10ª, entre calles 10ª y 20(139); en la calle 14, entre carreras 7ª y 9ª(140); en las calles 7ª a 10ª, desde la carrera 19 a la 24 (sector San Andresito de San José)(141); y en la Avenida Jiménez, entre carreras 3ª y 14(142).

Un (1) plano “de georeferenciación de las ventas ambulantes”, sin fecha, elaborado por la Secretaría de Gobierno de La Candelaria, en el que se observa que vendedores ambulantes ocupan espacio público en la carrera 10ª, entre la calle 10ª y la Avenida Jiménez; y entre la calle 11 y la avenida Jiménez, a la altura de las carreras 5ª y 10ª(143).

Copia del derecho de petición dirigido por Roberto Ramírez Rojas al Alcalde Mayor de Bogotá, sin fecha, en el que solicita recuperar el espacio público invadido en las carreras 7ª y 10ª, entre la Avenida Jiménez y calle 39; y en la avenida 19, entre la carrera 3 y la avenida Caracas. Se destaca:

“Roberto Ramírez Rojas, actuando en mi condición de ciudadano colombiano y en ejercicio del derecho de petición consagrado en la Constitución y en la ley, por el presente escrito, solicito a ustedes:

La recuperación inmediata de los andenes de las carreras 7ª y 10ª, entre la Avenida Jiménez y la calle 39; y en la avenida 19, entre la carrera 3ª y la Avenida Caracas.

En cumplimiento y aplicación de la norma estatuida en el artículo 12 del Decreto 98 de 2004, que dispone la protección y restitución inmediata de los espacios públicos que han sido recuperados anteriormente por sentencia judicial o resolución administrativa, tal y como lo ha manifestado en reiteradas oportunidades el señor Alcalde Mayor, con respecto al área de San Victorino”(144).

Copia del proyecto presentado por el “Comité de representantes de los vendedores ambulantes y estacionarios para la concertación de políticas, programas y proyectos en espacio público”, sin fecha, en el que proponen crear un fondo de ahorro, áreas peatonalizadas para el desarrollo de diferentes actividades, y promover la economía informal con desarrollo, para dar solución a la problemática de invasión al espacio público(145).

Copia del contrato de “distribución, venta y pago de lotería”, sin fecha, celebrado entre Sorteo Extraordinario de Colombia Ltda. y sus distribuidores, con el objeto de adquirir y vender billetes de lotería. Se destaca:

“2. Objeto del contrato. El objeto del presente contrato es la adquisición a titulo de compraventa por parte del distribuidor, de los billetes y suscripciones que emite el Sorteo Extraordinario de Colombia Ltda., para su distribución y venta al público consumidor; así como el pago de los billetes y suscripciones vendidas, con sujeción a las estipulaciones contenidas en el presente contrato y a los reglamentos de la empresa sobre distribución, ventas, devoluciones y pago de billetes”(146).

Copia del “Manual para distribuidores de la Lotería Nacional de la Cruz Roja Colombiana”, sin fecha, en el cual se indica que los billetes de lotería deben ser comercializados dentro del departamento donde se encuentra ubicada la oficina distribuidora. Se destaca:

“Los billetes asignados deben ser comercializados dentro del respectivo Departamento donde se encuentra ubicada la oficina distribuidora”(147).

Copia del oficio dirigido el 6 de mayo de 2004 por la gerente del periódico El Espacio a Comunican S.A., en el que pone de presente las condiciones en las que se puede distribuir el periódico. Se destaca:

“La distribución de El Espectador y El Espectador Deportes en calles y expendios, la podemos realizar manteniendo el descuento del 46% del precio de tapa y una tarifa del 12%, (…) del precio de tapa por cada ejemplar de El Espectador y El Espectador Deportes que supere el 15% de la devolución total, la cual seguirá siendo abierta. Estas tarifas serán aplicables a partir de la edición del 15 de mayo de 2004”(148).

Copia del “Pacto de cumplimiento para el uso regulado y ordenado del espacio público en la Localidad de Santa Fe”, realizado por la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Secretaría de Gobierno, el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, el Fondo de Ventas Populares y la Alcaldía Local de Santa Fe, sin fecha, en el que se ponen de presente los compromisos de los vendedores ambulantes para el uso regulado y ordenado del espacio público. Se destaca:

“(…) En el registro del Fondo de Ventas Populares aparecen 1.756 personas identificadas, pero la encuesta de calidad de vida del DANE, de junio de 2003, estima que pueden existir alrededor de 2.324 vendedores informales en la localidad.

(…) En desarrollo de la política puesta en marcha por la administración de Luis Eduardo Garzón, de uso regulado, ordenado y concertado del espacio público, incluyente, desde el punto de vista social, y productivo, desde el punto de vista económico; se creó en la localidad el nodo interinstitucional para el análisis y puesta en marcha de soluciones a la problemática de invasión del espacio público por vendedores ambulantes; se creó el comité local de vendedores ambulantes; se conformó un comité con los comerciantes formales de San Victorino, para promover y ejecutar acciones conjuntas para dar solución a problemas tan diversos como la proliferación de habitantes de la calle, seguridad, movilidad, sanidad y productividad; se ha mantenido estrecha interlocución con el sector comercial, gremios económicos e instituciones académicas (…).

Trabajando en el marco del plan maestro de espacio público y en coordinación con el Fondo de Ventas Populares, para la vigencia 2004, en la localidad se ejecutaran $ 100.000.000 para la cooperación local y ciudadana en la búsqueda de alternativas para el comercio informal (…).

(…) Mediante este pacto de cumplimiento la Administración Distrital acepta la permanencia temporal de los vendedores ambulantes en el espacio público que en él se identifica y georeferencia, en el cual los vendedores ambulantes o callejeros se comprometen a respetar las normas y reglas de convivencia señaladas en el ordenamiento jurídico y todos los compromisos convenidos en el pacto.

(…) Por esta razón, tiene como propósito fijar con claridad las formas como se hace posible el uso regulado, ordenado y controlado por la administración del espacio público y sirve de guía a los vendedores ambulantes, y a la ciudadanía en general, para la organización, regulación y orientación de su comportamiento durante el tiempo y en el espacio en que se les autoriza realizar su trabajo haciendo uso del espacio público.

2. Lugar de aplicación del pacto. El presente pacto de cumplimiento rige y se aplica exclusivamente en los sectores comprendidos entre la calle 12 y la calle 26, por la carrera séptima; entre la calle 12 y calle 26, por la carrera décima; y en la avenida 19, entre la carrera tercera y la avenida caracas.

3. Término o duración de aplicación del pacto. El presente pacto de cumplimiento regirá estrictamente desde el día de su suscripción y por seis meses o 180 días calendario. Su extensión será posible si las partes lo consideran necesario, en consonancia con los tiempos y proyectos puestos en marcha por las instituciones distritales, y si los compromisos asumidos se han cumplido totalmente (…).

(…) 6. Compromisos de la Administración Distrital. Los compromisos que asume la Administración Distrital mediante este pacto, son los siguientes:

6.1. Facilitar el uso regulado, ordenado y controlado del espacio público, en los espacios o zonas no recuperadas de la Localidad de Santa Fe, identificadas y/o georeferenciadas en el punto 2 de este pacto.

6.2. Gestionar las soluciones requeridas para la recuperación del espacio público y la formalización de los vendedores ambulantes ubicados en el sector.

6.3. Buscar espacios de concertación entre las partes, mientras dichas soluciones son gestionadas.

6.4. Garantizar la movilidad peatonal y vehicular en las zonas intervenidas, vigilando el cumplimiento de lo estipulado en el modelo explicado en el numeral 1º de este pacto.

6.5. Controlar la venta de productos ilegales y hacer cumplir las normas de calidad para la venta de alimentos.

6.6. Generar y coordinar estrategias y esquemas de seguridad para el sector, con el apoyo de la comunidad.

6.7. Desde la Secretaría de Tránsito, adelantar acciones tendientes a hacer cumplir las normas en materia de estacionamiento de vehículos y zonas de cargue y descargue.

6.8. Apoyar el fortalecimiento de las organizaciones de vendedores ambulantes.

6.9. Facilitar el registro de los vendedores del sector ante el Fondo de Ventas Populares.

6.10. Promover campañas pedagógicas de respeto y observancia del presente pacto y la divulgación de las normas existentes sobre espacio público.

7. Compromisos de los vendedores ambulantes. Los vendedores ambulantes, ubicados en los sectores referenciados en el numeral 2º de este pacto, se comprometen a:

7.1. Cumplir todo lo estipulado en el modelo de intervención.

7.2. Promocionar y desarrollar la autorregulación en el uso económico del espacio público.

7.3. Respetar los espacios de concertación.

7.4. No patrocinar conductas contrarias a las normas vigentes y a la convivencia.

7.5. Apoyar a las autoridades en el control de actividades contrarias al espíritu de este acuerdo.

7.6. Respetar las normas ambientales en materia de contaminación visual, auditiva, manejo de residuos, etc.

7.7. Cuidar el patrimonio urbanístico y arquitectónico del sector”(149)(se destaca).

Copia del artículo “El Ping Pong de las ventas”, sin fecha, publicado en el periódico El Espectador, en el que se advierte que es lamentable la situación que padecen los vendedores ambulantes a causa de la falta de apoyo de la administración para legalizar la actividad que realizan. Se destaca:

“(…) Junto con Alberto, alrededor de 300 vendedores, que antes trabajaban en la carrera séptima y en la calle décima y que aceptaron trasladarse temporalmente a la zona donde anteriormente estaba el cartucho (ahora denominado la manzana 22), esperan pacientemente que la administración les brinde la ayuda prometida para poder sobrevivir (…).

(…). A estas denuncias de los vendedores, con respecto a la efectividad de los programas de apoyo, se suma un informe publicado por la Personería de Bogotá. Según este documento, los programas de reubicación de la Administración Distrital no están dando resultados.

De 72.290 vendedores informales, sólo el 9,1% se han beneficiado. Y más de la mitad de las soluciones ofrecidas a esta población son temporales. De 3.898 beneficiados, 3.323 fueron ubicados en ferias temporales y 575 en empleos por un período de seis meses”(150).

Copia del documento “Hacia una nueva visión del espacio público”, sin fecha, elaborado por la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía Mayor de Bogotá, en el que señala qué parámetros deben seguirse para celebrar “pactos de cumplimiento” entre comités interinstitucionales y vendedores informales. Se destaca:

“(…).

Pactos de cumplimiento por localidades.

(…).

Los responsables inmediatos de la ejecución de la política del espacio público son los alcaldes locales. Con los pactos de cumplimiento se empiezan a poner reglas, a fijar compromisos y a tener elementos para sancionar al que no los cumpla. Para elaborarlos el alcalde contará con el apoyo de las entidades distritales que se requieran, así como con la información de la encuesta de vendedores presentes en la localidad, con el inventario de espacios recuperados y bienes distritales disponibles para relocalizar vendedores, con miras a adelantar el proceso de su organización y formalización. Igualmente están las ofertas de trabajo que las entidades distritales tengan en cada localidad.

La administración distrital hará respetar todo lo que allí se convenga. Una junta conformada por los ediles, los representantes de los vendedores, la parroquia, Fenalco, el comité empresarial o su equivalente, supervisará los acuerdos. La personería le hará seguimiento al proceso y a los acuerdos.

Con base en los principios esbozados el alcalde local firmará un pacto de cumplimiento con los vendedores que tienen presencia en el sector, para asumir una serie de compromisos, a saber:.

1. Los vendedores respetarán y desalojarán los espacios recuperados.

2. Los vendedores ambulantes respetarán las zonas especiales que declaren la Policía y la alcaldía de cada localidad, y que por sus características (hospitales, edificios públicos, puentes peatonales) no pueden ser escenarios de actividades callejeras, incluida la venta pública ambulante.

3. La alcaldía local realizará el registro de la población de vendedores callejeros de la localidad, con información (…) necesaria para definir la reubicación económica de los vendedores y para que su articulación a los programas sociales del Distrito sea efectiva. Por esta vía será posible conocer en mayor detalle cuántos son los vendedores callejeros y su perfil.

4. La alcaldía local, en asocio con la Defensoría del Espacio Público, presentará la oferta de bienes públicos de propiedad del Distrito, aptos para ser incorporados a los programas de reubicación de vendedores en cada localidad.

5. La alcaldía participará en los procesos de organización y definición de los programas de formalización, con la acción coordinada y la participación activa de los vendedores informales, y el acompañamiento y apoyo del sector formal de la economía local.

(…) 7. Se adquiere el compromiso de no vender bienes de contrabando o de piratería. Se iniciará el proceso de organización y control de la venta de alimentos (…) ”(151).

Copia del informe actual de ocupación de la manzana 22, proyecto San Martín y Navarro, elaborado por el Instituto para la Economía Social de la Alcaldía Mayor de Bogotá, sin fecha, en el que pone de presente la situación de ventas ambulantes en el sector de San Victorino. Se destaca:

“(…) Actualmente en este espacio de localización comercial transitorio, ‹Manzana 22›, se encuentran instaladas 136 carpas dónde hacen presencia 263 vendedores informales, firmantes del pacto de cumplimiento para el uso regulado y orientado del espacio público en la Localidad de Santa Fe. Los vendedores se encuentran ubicados por parejas y ocupan su lugar a partir del resultado del sorteo interno realizado cada tres meses por cada grupo asociativo. Dicha ubicación, no genera ningún tipo de costo a los vendedores por el uso de las carpas o del espacio geográfico utilizado para el desarrollo de su actividad comercial.

(….) El aspecto socio-familiar de los vendedores informales ubicados en la alternativa comercial manzana 22, es revisado constantemente y de manera conjunta (Gestor comercial - Área de redes sociales), buscando de esta manera, identificar problemáticas particulares de índole familiar y/o social de los vendedores que requieran de tratamientos especiales o de acceso a servicios sociales, a través de diferentes entidades, ya sean públicas o privadas.

(…) Durante el año 2005 se destinaron $ 503.484.900 pesos, con el fin de brindar el apoyo a la movilidad, otorgado a los vendedores que se encontraban ubicados en la bodega San Martín. De esta manera, se apoyo a cada uno de los vendedores con $ 7.400 pesos por día asistido, con el fin de aportar y avanzar en el proceso. Durante este mismo año se realizó la entrega de $ 513.000 pesos; durante tres meses a los vendedores pertenecientes a los proyectos San Martín y Navarro, buscando aportar a su fortalecimiento comercial, para un gran total de $ 150.309.000 pesos.

(…) Con relación a los planes de negocios presentados por los grupos de la manzana 22 al Fondo Emprender del SENA, en la convocatoria 09 de 2006, fueron aprobados 8 planes de negocios, donde se benefician 20 emprendedores, con un capital aprobado de $ 197.880.000 pesos, los cuales serán desembolsados a partir del 14 de junio de 2007.

(…) Durante los años 2005 y 2006 se ha realizado una inversión de $ 32.187.120 pesos, con la cual se han cubierto los servicios de baños, logística, transporte de carpas y mantenimiento de las mismas. De la misma manera, se han invertido $ 81.419.046 pesos en publicidad, la cual ha sido concertada con los vendedores, buscando aportar a sus necesidades.

(…) Con relación a la encuesta de mercadeo realizada en el punto comercial transitorio manzana 22, se pudo identificar que se da un comportamiento cíclico en el tráfico de personas. En el sector, por el desarrollo del madrugón, existe una mayor afluencia de personas de otros lugares de Colombia, pues por la actividad del madrugón viajan para surtir sus negocios. Por otra parte, para la mayoría de personas la manzana 22 no es atractiva por su apariencia física, precios, inseguridad y falta de surtido. Sin embargo, manifiestan frecuentar la zona semanalmente, ya que encuentran lo que buscan, buenos productos y atención adecuada”(152).

Presentación de Power Point elaborada por la Alcaldía Mayor de Bogotá, sin fecha, en la que se resalta la importancia de la Sentencia T-772 de 2003, para solucionar la problemática de invasión al espacio público(153).

Copia del “Informe de acciones interinstitucionales desarrolladas en el plan de acción para recuperar diversos sectores de la localidad para la comunidad”, sin fecha, presentado por la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía Local de los Mártires, en el que se describen diferentes acciones que se han adelantado en el sector de San Andresito San José, para recuperar el espacio público. Se destaca:

“(…).

Etapa preventiva.

(…).

De igual manera la Policía Comunitaria y la Alcaldía de los Mártires realizó reuniones en forma concertada con los vendedores informales, con el fin de concientizarlos de la no ocupación del espacio público; buscando que entre ellos mismos presentaran una salida legal y apropiada que les permitiera materializar una solución, para lo cual se cumplieron nueve fechas de encuentro los días 2 de febrero, 7 de febrero, 27 de febrero, 13 de marzo, 10 de abril, 18 de abril, 18 de mayo, 22 de octubre y 30 de agosto del 2001.

Mediante orden de servicio emanada del subcomando de Policía Metropolitana se dispuso ordenar una campaña pedagógica y de concientización para los vendedores ambulantes, la cual realizó la Estación 14 de los Mártires, estando presente el señor comandante del Departamento de Policía Bacatá.

Comoquiera que estos vendedores ambulantes no se interesaron en las propuestas distritales presentadas, ni se obtuvieron propuestas concretas y oportunas por parte de los vendedores informales a esta alcaldía, (…) el Comando de Policía Metropolitana de Bogotá dispuso adelantar las tareas policivas del caso.

Etapa de control.

Esta alcaldía en conjunto con las autoridades policivas locales y de espacio público, desde el comité de seguridad coordinó y gestionó el apoyo policivo requerido para efectuar un operativo de gran magnitud, dado el elevado número de vendedores, el cual se llevo a cabo el 23 de octubre del presente año, a partir de las 5 a.m., con el objeto de evitar la ubicación de los vendedores informales y tenerles que incautar sus mercancías, operativo apoyado por el subcomando operativo de la Megob, quien dispuso personal de la fuerza disponible, carabineros, tránsito con grúa, espacio público y de la vigilancia en un número aproximado de 220 para hacer presencia entre las carreras 18 y 21 y las calles 9 y 10, actividades que se han cumplido satisfactoriamente, logrando el objetivo de recuperar el espacio público, continuando la presencia de la fuerza policial hasta la fecha.

(…).

En cuanto a los resultados operativos al 13 de noviembre de 2001, de acuerdo al informe suscrito por el comandante de la estación catorce, mayor Jorge Eliécer Giraldo Arias, se tiene:

Recuperación del espacio público.

— 60 vehículos inmovilizados.

— 60 comparendos a contraventores por infracción del espacio público.

— 40 incautaciones de mercancía a invasores del espacio público renuentes a las órdenes de la policía.

Incautación de:.

— 1 megáfono por medio del cual generaban contaminación auditiva.

— 3 armas de fuego incautadas (…).

— 1 amplificador de sonido con el que se generaba contaminación auditiva.

— 10 personas retenidas por incitación a la ocupación del espacio público fueron trasladadas a la unidad permanente de justicia.

— 10 personas capturadas por conductas delictivas.

(…) Ubicación de los informales que ocupaban el espacio público:

A raíz de los operativos se llevaron a cabo reuniones con los informales los días: 24 de octubre, 25 de octubre, 16 de noviembre, 19 de noviembre y 26 de noviembre del presente año, en donde surgieron algunas propuestas de ubicación en diferentes inmuebles del sector por parte de la Asociación Aguia, asociación que agrupa un número importante de vendedores informales y con los cuales se venía trabajando desde la etapa preventiva, pudiéndose concretar el pasado 26 de noviembre el arrendamiento de un inmueble ubicado en la carrera 23 Nº 9-61, de propiedad del señor Raúl Carrillo, por un valor de arrendamiento de la temporada navideña de 6.000.000, para un cupo de 270 vendedores, valor que fue subsidiado con el 25%, es decir, la suma de 1.500.000 por el Fondo de Ventas Populares, pagando los vendedores informales un total de 4.500.000, y para las adecuaciones la alcaldía gestionó la entrega de pintura necesaria para su adecuación y la vigilancia privada con los comerciantes del sector”(154).

Copia del volante “recuperemos el espacio público”, sin fecha, impreso por el “Equipo de gestión local los Mártires, Proyecto Misión Bogotá”, en el que se plantean alternativas para que los vendedores ambulantes dejen de invadir el espacio público. Se destaca:

“Amigo vendedor: invadir el espacio público nos causa.

* Decomiso de mercancías.

* Deterioro de la mercancía por el ajetreo callejero.

* Estrés continúo al huirle a la autoridad y a las inclemencias del clima.

* Incomodidad a los peatones, que se ven obligados a utilizar la calzada.

Algunas alternativas.

* Organización como grupo comercial productivo.

* Solicitar ayuda a las instituciones competentes.

* Vincularse en alguna de las bodegas creadas para el vendedor ambulante.

La decisión es suya”(155).

Copia del auto proferido el 20 de noviembre de 1998, por la Sala Administrativa del Consejo de Justicia de Santa Fe de Bogotá, en el que se aclara el numeral primero de la Resolución 67 A.J., expedida por la Alcaldía Local de Santa Fe, por la cual se ordena la restitución del espacio público ubicado en varios sectores de la localidad. Se destaca:

“RESUELVE: PRIMERO: Aclarar el numeral primero de la Resolución 67 A.J. de julio 30 de 1998, dictada por la Alcaldía Local de Santa Fe, en el sentido de ordenar la restitución del espacio público comprendido entre los siguientes sectores: de la calle primera a la 26, por la avenida 10; de la calle primera a la 39, por la avenida Caracas con calle 11 hasta la calle 39; en la carrera 10, partiendo de la calle 16 a la calle 17; en la carrera séptima, entre calles 17 y 34; en la carrera 13, desde la calle 13 a la 34; en la avenida 19 con carrera 10, al terminar la tercera; por la calle 18 con carrera segunda; y por la Avenida Jiménez con cuarta. Al terminar la carrera 10; en la calle 13 con carrera 13; el sector comprendido entre la calle 15 y carrera novena; la carrera decima; la carrera 13, entre calles 18 y 19; la avenida Jiménez con carrera octava; la avenida Jiménez con calle 20 (cra. primera), bajando esta al costado oriental de la avenida Caracas, tomando ésta desde la calle primera hacia el norte a encontrar la calle 39, y por esta a la carrera séptima”(156).

Copia del acta de reunión de coordinación para el operativo de San Andresito de San José - Alcaldía Local de Mártires, de 12 de septiembre de 2001, suscrita por la alcaldía local, las diferentes autoridades policivas y los comerciantes del sector, en la que se acuerdan compromisos por parte de las entidades para recuperar el espacio público. Se destaca:

“(…).

1. Tema operativo de la DIAN.

(…) Conclusiones y compromisos: La DIAN efectuará el operativo antes del operativo de la alcaldía, y el día 13 de septiembre a las 10 a.m. en la oficinas de la DIAN, carrera 8 Nº 6-04 piso 4, se reunirán el subdirector de la DIAN con el gerente de Acosan, para coordinar el operativo con los centros comerciales del sector.

2. Tema operativo de la alcaldía.

(…).

Compromisos interinstitucionales.

De la alcaldía local:

— Dictar los talleres sobre contaminación visual, fachadas, seguridad industrial, basuras, invasión del espacio público, Ley 232 de 1995 y otros temas que se propongan (comerciantes y vendedores ambulantes), con el apoyo de las diferentes instituciones que acompañan el proceso.

— Trabajar en el tema de generar una propuesta de trabajo para vendedores ambulantes, en donde intervendrá la alcaldía, el Fondo de Ventas Populares y Dansocial, no condicionado a la recuperación del espacio público, con el apoyo de la subsecretaría de asuntos locales.

— Sugerir a Aseo Capital el cambio de horario para la recolección de basuras.

La Defensoría del Espacio Público:

— Realizará talleres a vendedores ambulantes y vendedores formales, con el apoyo de la alcaldía local para convocar a los vendedores y ubicar el lugar donde se van a dictar.

— Disponer el apoyo logístico para los operativos.

La Secretaría de Tránsito:

— Se compromete a implementar la señalización del sector.

— Disponer el apoyo logístico y humano para el operativo.

La Policía E14, Policía Espacio Público (plan centro), Policía Bacatá:

— Para la coordinación de hora, fecha y apoyo logístico necesario, el comandante de la Estación Catorce de Policía coordinará el operativo e informará a las demás autoridades.

— Recuperar el sector del tema de contaminación visual generada por los centros comerciales.

— Aportar vigilancia perimetral de carácter permanente.

— Promover la participación de los comerciantes a los talleres de sensibilización (…).

— Tratamiento y enlucimiento de las fachadas del sector.

— Recuperación de la malla vial a través de la gestión compartida (IDU, recursos locales y recursos de la comunidad).

— Implementar el alumbrado público en el sector (a través de comerciantes y Codensa) ”(157).

Copia del acta de reunión de vendedores ambulantes de San Andresito San José, celebrada el 25 de octubre del 2001, suscrita por el alcalde local, la coordinadora de gestión jurídica, abogados del Fondo de Ventas Populares, el Personero Local y un grupo de vendedores ambulantes, en la cual se busca llegar a un acuerdo para la reubicación de los vendedores en el parqueadero JB, ubicado en la calle 10ª Nº 21-59. Se destaca:

“(…).

En esta reunión se trataron los siguientes temas:

— Manifestación del alcalde en la que sostiene que el motivo de la reunión es para apoyar su reubicación en el parqueadero JB o en el lugar que los ambulantes propongan, por cuanto si insisten en el espacio público, se suspende la reunión porque no se puede negociar de ninguna manera el espacio público.

— Informe del propietario del parqueadero JB: precio del arrendamiento hasta el 31 de diciembre, 45.000.000, área: 1000 m2, utilizables 800 m2, pago de servicios a cargo del propietario, manifestando que la negociación se haría con la alcaldía local, y la entrega del predio se hará una vez se reciba el pago total del arrendamiento.

— Compromiso del Fondo de Ventas Populares: apoyarlos pagando el 25% del valor total del arrendamiento, hasta el 31 de diciembre, y el préstamo de unas carpas para adecuar el sitio. Compromiso condicionado a que los interesados en este arrendamiento, con firma y huella, se obliguen a ocupar los sitios que se les asigne, lo cual es aceptado por los presentes.

— Compromiso de la alcaldía: una vez que se retiren los vendedores ambulantes no se permitirá que los comerciantes formales saquen sus mercancías a los andenes y vías públicas y permiso de perifonear en el sector para darle publicidad al sitio.

(…).

En consecuencia, los delegados de los vendedores ambulantes que asisten a esta reunión se comprometen a celebrar una asamblea con todos los interesados, e informar su decisión a la alcaldía y Fondo de Ventas Populares para adelantar la negociación, definiendo así mismo el listado de 400 personas que firmen el compromiso de ocupar el sitio asignado, y se obliguen a pagar el canon de arrendamiento para efectuar la negociación con el Fondo de Ventas Populares, informándoles que su ubicación se daría en el término de dos o tres días”(158).

Copia simple del Oficio 413, de 26 de noviembre de 2001, dirigido por el comandante del área siete de la Policía Metropolitana de Bogotá al Alcalde Local de los Mártires, mediante el cual informa que se tienen asignados dos Policías de tránsito en el sector de San Andresito, con el fin de evitar que los vehículos se estacionen en el sector(159).

Copia del informe de intervención a San Andresito San José, elaborado el 9 de abril de 2002 por el equipo de gestión local de Los Mártires, Proyecto Misión Bogotá, en el que señala las estrategias de intervención para solucionar la problemática de la ocupación del espacio público. Se destaca:

“(…).

Estrategias de intervención.

Se le dio inicio a la campaña de concientización, de forma pedagógica y personalizada. La población en mención se encuentra desorientada y con muchas inquietudes con respecto a la posible reubicación y a las alternativas que proponen las entidades involucradas. Por ello, nos dimos a la tarea de buscar y hablar con los administradores de las bodegas habilitadas para los vendedores informales, donde brindaron una completa información, la cual transmitimos y multiplicamos durante el tiempo que hemos hecho presencia en el sector. De igual forma, se creó un volante, con el fin de informar al invasor las causas negativas de permanecer en el espacio público, los problemas que le acarrea y algunas de las alternativas o soluciones propuestas.

Se recolectaron los datos de los vendedores ambulantes, donde dieron su punto de vista, planteando si estaban o no de acuerdo. Esto fue algo que incentivó a los vendedores, ya que ellos sienten que no son escuchados.

Finalmente proponen reuniones donde puedan plantear sus expectativas y puntos de vista, hallando soluciones conjuntas con la alcaldía local y las demás entidades involucradas”(160).

Circular dirigida el 2 de diciembre de 2002, por el Presidente de Comcel S.A., a los distribuidores mayoristas, en la que pone de presente la prohibición de utilizar la marca, enseña, signos y demás distintivos de Comcel S.A., en uniformes, chalecos, gorras, o cualquier otro elemento utilizado por vendedores ambulantes. Se destaca:

“(…) Nos permitimos reiterarles que está terminantemente prohibido el uso de las marcas, enseña, signos y demás distintivos de propiedad de Comcel S.A., en uniformes, chalecos, gorras, chaquetas o cualquier otro elemento utilizado por vendedores ambulantes”(161).

Circular dirigida el 13 de diciembre de 2002, por la Dirección de Productos Prepagados de Comcel S.A., a los distribuidores mayoristas de la tarjeta amigo, en la que pone de presente que no se autoriza la venta de dicho producto en calles, o a través de vendedores ambulantes. Se destaca:

“Informamos a toda la red de distribución de la tarjeta amigo, que debido a la nueva reglamentación del Código de Policía, Comcel no autoriza ningún tipo de venta en calles y/o a través de vendedores ambulantes”(162).

Copia de la Sentencia T-772 de 2003, proferida por la Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, el 4 de septiembre de 2003, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, en la que se ordena al gerente del Fondo de Ventas Populares que otorgue a los representantes de los vendedores informales la oportunidad de participar activamente en los procesos de evaluación y seguimiento de las políticas de recuperación del espacio público. Se destaca:

“RESUELVE: (…) Cuarto: Urgir al gerente del Fondo de Ventas Populares para que otorgue a los representantes de los vendedores informales la oportunidad de participar activamente en los procesos de evaluación y seguimiento de las políticas de recuperación del espacio público que diseña y adelanta el establecimiento público que él dirige, así como en la formulación de cualquier cambio o modificación a las mismas, con miras a garantizar efectivamente que tales políticas, así como los programas y medidas a través de los cuales se ejecuten, den pleno cumplimiento a las pautas constitucionales señaladas en el acápite 3.3 de esta providencia, a saber, (i) estar precedidas de un análisis cuidadoso de la evolución de la situación social y económica real de los destinatarios de tales políticas, programas o medidas, (ii) asegurar que las alternativas económicas ofrecidas a los vendedores informales correspondan en su alcance y cubrimiento a las dimensiones cambiantes de la realidad social y económica, respecto de la cual habrán de aplicarse las políticas, programas y medidas en cuestión, y (iii) garantizar que dichas alternativas económicas sean ofrecidas a sus destinatarios, con anterioridad al adelantamiento de medidas de desalojo y decomiso tendientes a recuperar el espacio público, dando prioridad a los vendedores informales estacionarios y semiestacionarios”(163).

Copia del Oficio 931, de 23 de septiembre de 2003, dirigido por el comandante del grupo espacio público al Alcalde Local de Santa Fe, mediante el cual informa sobre la realización de 550 operaciones de incautación de mercancías, sin señalar de que clase, en San Victorino y entre las carreras 7ª y 13 y calles 19 y 26(164).

Nueve (9) oficios, dirigidos respectivamente el 9 y 26 de junio; 3, 17 y 22 de julio; 8 y 21 de agosto; y 4 y 10 de noviembre, todos del 2003, por la Alcaldesa Local de La Candelaria, al teniente coronel comandante del espacio público de la Policía Metropolitana de Bogotá, en los que solicita realizar operativos de recuperación del espacio público en la localidad. Se destaca:

“Por medio de la presente, me permito solicitar, con carácter URGENTE, operativos de recuperación del espacio público en la Localidad de La Candelaria, especialmente en los siguientes sectores:

Carrera 3 este, entre calles 4B y 9ª, alrededores de la Plaza de Rumichaca, ya que este sector se convierte en plaza de mercado, lo que ha generado una invasión permanente del espacio público, especialmente los sábados y domingos.

Carrera 7ª, entre la calle 11 y la Avenida Jiménez, pues se encuentra totalmente invadida por vendedores ambulantes, especialmente en las horas pico del día.

Carrera 5ª entre calles 11 y 14, pues se encuentra totalmente invadida de vendedores ambulantes, especialmente la esquina de la biblioteca Luis Ángel Arango y en la carrera 5 con calle 1ª.

Calle 14, entre carreras 7ª y 9ª.

Carrera 10ª, entre calles 6ª y Avenida Jiménez”(165).

Copias de los oficios Nº 439, 570, 653, 685, 746, 933 y 1010, de 28 de mayo, 1º, 10, y 21 de julio, 7 de agosto, 23 de septiembre y 16 de octubre, todos de 2003, en los que se informa sobre 179 actas de incautación, levantadas en operativos de recuperación y mantenimiento del espacio público, realizados en la localidad de Santa Fe(166).

Copia del registro de actas de incautación realizadas durante el año 2003 en San Andresito San José, por parte de la Policía Metropolitana de Bogotá Área de Servicios Especializados, en el que se observa que se levantaron 241 actas de incautación entre las calles 9ª y 13 y las carreras 19 a 24(167).

Copia del contrato de distribución de lotería, de 30 enero de 2004, suscrito entre la Lotería de Cundinamarca y sus distribuidores, en el que consta que su objeto es la adquisición lotería y para su posterior distribución. Se destaca:

“(…) Primera: Objeto del contrato. El objeto del presento contrato lo constituye la adquisición por parte del distribuidos, a la lotería de Cundinamarca, de billetes de lotería para su ulterior distribución y venta, directamente o a través de loteros al público consumidor, con sujeción al reglamento para los distribuidores de billetes de la Lotería de Cundinamarca, adoptado mediante Resolución de Gerencia 200 de 2002, y a los demás actos que lo modifiquen, sustituyan o complementen. Por tanto, el Reglamento para los distribuidores de la Lotería de Cundinamarca, hace parte del presente contrato, y es expresamente aceptado por el distribuidor, quien se obliga a su observancia y cumplimiento”(168).

Copia del Plan 007 / COPER-C-252, de apoyo a la Administración Distrital para la recuperación y control del espacio público y bienes de uso público, de 2 de febrero de 2004, implementado por la Policía Metropolitana de Bogotá, en el que señala el procedimiento de la Policía para recuperar el espacio público. Se destaca:.

“(…) En espacios públicos no recuperados.

1. Este procedimiento debe estar precedido de la actuación administrativa del alcalde local, establecida puntualmente en el Decreto 462 de 2003, artículos 2º, 3º y 4º.

2. Este procedimiento o la intervención policial debe ser solicitada por el respectivo Alcalde Local a la Policía Metropolitana de Bogotá, según lo dispone el artículo 4º del Decreto 462 en su numeral 7º.

3. Los procedimientos deben estar acompañados obligatoriamente por un delegado del Ministerio Público.

4. Se debe acordonar el sector o barrio donde se va a realizar el procedimiento.

(…).

10. Se levantará un acta del procedimiento realizado en general, con las firmas del jefe de servicio, Alcalde Local o su delegado, delegado del Ministerio Público, delegado del grupo espacio público para el operativo”(169).

Resolución 13 de 2004 (feb. 3), mediante la cual la Secretaria de Gobierno de la Alcaldía Local de Los Mártires ordenó recuperar el espacio público de varias áreas de la localidad. Se destaca:

“Considerando:

Que en la localidad, existen zonas que en la actualidad se encuentran indebidamente ocupadas por vendedores informales semiestacionarios e informales ambulantes, y que se requiere emprender acciones para [la recuperación del espacio público].

(…).

Que en dichos sitios se requiere urgentemente hacer una intervención por las situaciones que en ellos se presentan, como lo son, la obstrucción al libre tránsito de peatones y vehículos, la movilidad, la seguridad, la recreación, la calidad de vida y de medio ambiente, el comercio, y en general, el uso y disfrute común del espacio público. El señor alcalde local, con el fin de darle sostenibilidad y armonización al espacio público, garantizará su conservación y mantenimiento, dando cumplimiento a lo reseñado en el Decreto 462 de 2003.

(…).

Por lo expuesto, el Alcalde Local de Los Mártires.

Ordena:

Primero. Recuperar el espacio público indebidamente ocupado en los siguientes sectores de la localidad, por las motivaciones expuestas anteriormente. Los sitios a recuperar son:

1. San Andresito de San José, área comprendida entre las carreras 19 y 24 y las calles 8ª y 10ª.

2. Plaza de Paloquemao, área de la calle 19 y Av. El Ferrocarril, entre carreras 22 y 27.

3. Clínica San Pedro Claver, área de la calle 24, entre la carrera 30 y la y transversal 28.

4. Barrio Ricaurte ,de la carrera 24 a la 30, entre calles 11 y 9ª.

5. Carrera 18, entre 6ª antigua y la calle 8ª, y en la carrera 19, de la calle 4ª a la 8ª.

6. Parque España, carreras 18 y 19, sobre la calle 11 y la 8ª.

7. Calle 13, entre carreras 15 y 16.

8. Calle 11, entre carreras 14 y 15”(170).

Copia de la Resolución 4 de 2004 (feb. 11), mediante la cual la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía Local de Santa Fe ordena a la Policía Nacional recuperar varios sectores que conforman el espacio público de la localidad. Se destaca:

“(…).

Considerando:

(…) Que la invasión al espacio público de la localidad se ha incrementado desmesuradamente, por lo que resulta apremiante su restitución, toda vez que diariamente la alcaldía local recibe un sin número de quejas ciudadanas por este motivo, lo que ha dado lugar a la interposición de acciones constitucionales y actuaciones administrativas ante los diferentes entes de control, en contra de este ente local.

Que en la Localidad de Santa Fe existen unas zonas que se encuentran ocupadas por vendedores semiestacionarios y ambulantes que comercializan todo tipo de productos, tales como ropa, enceres y demás elementos.

Que tales vendedores semiestacionarios y ambulantes ejercen su actividad económica en andenes, vías, zonas viales públicas, plazoletas y demás elementos del espacio público, los cuales son de uso común, vulnerando los derechos constitucionales individuales de los peatones y transeúntes, de la libre locomoción y movilidad del sector, repercutiendo ello en la calidad de vida de los demás ciudadanos de este sector de la localidad, por lo que se hace necesario ordenar la restitución y su disposición al uso común.

(…).

Que con el fin de garantizar la sostenibilidad y armonización y preservación del espacio público, de acuerdo con lo preceptuado por el Decreto 462 de 2003, los vendedores estacionarios o semiestacionarios que se encuentran dentro de los sitios o zonas señaladas en el presente acto administrativo, y que se sientan afectados por la implementación de las medidas de recuperación del espacio público, tendrán un plazo máximo de 10 días, contados a partir de la publicación de la presente Resolución, para acudir al Fondo de Ventas Populares, Instituto Distrital de Recreación y Deporte, Instituto de Desarrollo Urbano y la Defensoría del Espacio Público, para recibir asesoría sobre las alternativas económicas de que esas instituciones pueden ofrecer para su reubicación.

(…).

RESUELVE:

Primero: Ordenar, recuperar el espacio público por los hechos expuestos en la parte motiva de este proveído, de los siguientes sitios de la localidad:

1. Barrio Santa Inés (sector San Victorino), comprendido entre la calle 10ª y la Av. Jiménez y entre la carrera 10ª y la Av. Caracas, en sus respectivas calles y carreras principales y secundarias, incluida la plazoleta de la Mariposa de San Victorino.

2. Carrera 7ª, entre la Av. Jiménez y la calle 39, costado oriental y occidental.

3. Carrera 10ª, entre la Av. Jiménez y la calle 26, costado oriental y occidental.

4. Av. calle 19, entre la carrera 3ª y la Av. Caracas, costados sur y norte.

5. AV. 19, entre la carrera 3ª y la Av. Caracas.

6. Alameda calle 15, entre carreras 7ª y 10ª.

7. Plazoleta de las nieves.

8. Carrera 13, entre calles 26 y 39.

9. Carrera 13, entre calles 18 y 19.

10. Calle 15, entre carreras 7ª y 10ª.

Segundo: Como consecuencia de lo anterior, ordenar a la Policía Nacional, que una vez vencido el término de los diez (10) días de que trata la parte motiva de esta resolución, proceda a recuperar el espacio público antes señalado”(171).

Copia de los oficio 2004IE867 y 2004IE868, ambos de 12 de febrero de 2004, dirigidos por el subdirector de registro inmobiliario a la jefe de la oficina asesora jurídica de la Defensoría del Espacio Público, mediante los cuales informa sobre la presencia de algunos vendedores ambulantes en las calles 10ª a 14, desde la carrera 19 hasta la 24; y en ambos costados de la Av. calle 19, entre carreras 3ª y 15(172).

Ocho (8) fotografías de 17 de febrero de 2004, en las que se observa que no hay vendedores ambulantes en el sector de San Andresito San José (173).

Oficio 200SRI de 23 de febrero de 2004, dirigido por el subdirector de registro inmobiliario de la Defensoría del Espacio Público a la jefe de la oficina asesora jurídica de la misma entidad, en el que señala que en la carrera 7ª, entre calles 6ª y 24, varios vendedores ambulantes ocupan el espacio público. Se destaca:.

“(…) 1. En visita de inspección ocular realizada por el arquitecto Miguel Fierro Avilés, el día 20 de febrero del presente año en las horas de la tarde, para verificar la ocupación de vendedores ambulantes que comercian sobre los andenes de la carrera 7ª, entre calles 6ª a 24, se constató lo siguiente:

Fotos: En ambos costados de la Av. 7ª, en las horas de la tarde, se encontraban ubicados vendedores ambulantes sobre los andenes, desde la calle 6 hasta la 24”(174).

Copia de la Resolución A.J. 4 de 2004 (feb. 16), mediante la cual la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía Local de La Candelaria ordenó a la Policía Nacional recuperar el espacio público comprendido desde la calle 10ª hasta la Av. Jiménez de Quesada (eje ambiental), y de la carrera 10ª hasta la Av. Circunvalar. Se destaca:

“Considerando:

Que el espacio público de la Localidad de La Candelaria se ha visto ocupado en forma irregular por vendedores informales semiestacionarios y ambulantes, permanentes, periódicos y ocasionales o de temporada, de toda clase de elementos de consumo y suntuarios, que no cuentan con autorización alguna para el desarrollo de la actividad y ocupación del espacio público otorgada por autoridad competente, haciendo difícil y en ocasiones peligroso el tránsito de peatones y vehículos por las diferentes vías locales.

Que las vías públicas afectadas por esta situación comprenden desde la calle 10ª hasta la Av. Jiménez de Quesada (eje ambiental) y desde la carrera 10ª hasta la Av. Circunvalar.

Que una vía pública no puede obstruirse, privando a las personas del tránsito por ella, pues semejante conducta atenta contra la libertad de locomoción de la mayoría de los habitantes y lesiona el principio de prevalencia del interés general, constituyendo una apropiación contra el derecho al espacio público, esto es, un verdadero abuso por parte de quien pone en práctica el mecanismo de obstrucción (tendidos, mesas, cajas, etc.…) ; y que no pueden ocuparse, en consecuencia, las áreas de espacio público, como las vías peatonales, que son parte del espacio público, ni las áreas de circulación peatonal, espacios que se hallan reservado para el tránsito de toda persona sin interferencias ni obstáculos como el caso objeto de estudio, ocupación del espacio público con elementos que impidan la libre circulación de peatones por los andenes de la calle 10ª a la Av. Jiménez, entre la carrera 10ª y la Av. Circunvalar de esta ciudad, como lo son los elementos y bienes (mercancías) utilizados por los vendedores informales que se ubican irregularmente en estas vías.

SE RESUELVE:

Primero: Ordenar la recuperación del espacio público indebidamente ocupado por los vendedores informales, semiestacionarios y ambulantes, permanentes, periódicos y ocasionales o de temporada, de toda clase de elementos de consumo y suntuarios, que no cuentan con autorización alguna para el desarrollo de la actividad y ocupación del espacio público, otorgada por autoridad competente, haciendo difícil y en ocasiones peligroso el tránsito de peatones y vehículos por las diferentes vías locales.

Que las vías afectadas por la situación se encuentran comprendidas entre la calle 10ª y la Av. Jiménez de Quesada (eje ambiental) y la carrera 10ª hasta la Av. Circunvalar.

(…).

Tercero: Oficiar al comando de la Decimoséptima Estación de Policía y al Comando de Policía de Espacio Público de Bogotá, para que, en firme la presente Resolución, se proceda a la recuperación del espacio público construido, comprendido desde la calle 10ª hasta la Av. Jiménez de Quesada (eje ambiental) y de la carrera 10ª hasta la Av. Circunvalar (…) ”(175).

Oficio 202 COMAN - GRUEP, dirigido el 16 de febrero de 2004 por la Policía Metropolitana de Bogotá al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en el que indica las actividades que ha venido adelantando para proteger el espacio público en la carrera 7ª, desde el Palacio de Nariño hasta la calle 24. Se destaca:

“(…) La Policía ha venido adelantando una insistente labor en este sector (carrera 7ª, desde el Palacio de Nariño hasta la calle 24 de Bogotá), manteniendo el control con presencia permanente y realizando actas de incautación a los infractores, ejecutando el procedimiento tal y como indica el Acuerdo 79 de 2003, Código de Policía de Bogotá, lo cual se demuestra con la relación anexa de 663 actas de incautación realizadas desde el 1º de enero de 2003 hasta el 8 de septiembre de 2003, fecha en la que fueron suspendidas estas actividades para dar cumplimiento a lo ordenando en la Sentencia T-772 de 2003, en la que se ordena que las incautaciones solamente procede después de adelantarse los procedimientos administrativos respectivos, respetando el debido proceso de los vendedores. En todo caso, se siguen adelantando actividades preventivas y educativas.

Se han adelantado labores preventivas, educativas y pedagógicas sobre los sectores que presentan mayor problemática, instalando servicio a tempranas horas para evitar que a la llegada de los vendedores informales estos se instalen, orientándoseles para que se trasladen al Fondo de Ventas Populares, para que allí se les brinden opciones de reubicación”(176).

Copia del articulo “La pesadilla del gurú de los ambulantes” publicado el viernes 27 de febrero de 2004 en el periódico Hoy, en el que se relata que las alternativas que da el Fondo de Ventas Populares a los vendedores ambulantes, no son viables. Se destaca:.

“(…) Lo mandaron a sitios donde no están instalados los servicios básicos para desarrollar su actividad, tal y como son el agua y la energía, y donde tampoco podía instalar el cilindro de gas, ni el extractor de humo. Esos lugares los define como ratoneras.

(…) El 30 de octubre me llegó una carta en la que el Fondo de Ventas Populares me ofrecía cinco alternativas de reubicación ‹ninguna de los cuales contaba con los elementos para desempeñarse como vendedor de alimentos›. En ese momento realmente me sentí engañado y burlado. Paré la búsqueda y el 9 de enero volví a la calle”(177).

Copia de los oficios 2004IE1466 y 2004IE1467, ambos de 10 de marzo de 2004, dirigidos por el subdirector de registro inmobiliario de la Defensoría del Espacio Público a la jefe de la oficina asesora jurídica de la misma entidad, mediante los cuales informa que vendedores ambulantes ocupan el espacio público en la carrera 10ª, entre calles 10 y 20(178); y en la calle 14, desde la carrera 7ª a la 9ª(179).

Copia del Oficio 2004ER6620, de 7 de mayo de 2004, dirigido por la Defensoría del Espacio Público al Capitán de la Policía Metropolitana de Bogotá, solicita desalojar a los vendedores ambulantes ubicados en rampas, accesos, y/o escaleras de los puentes peatonales y estaciones de Transmilenio. Se destaca:

“(…) 12. En definitiva, el criterio a seguir en el caso particular de los vendedores informales que se ubican en los puentes peatonales, accesos a estos, rampas y/o escaleras de los mismos, así como en las terminales de Transmilenio, es aquel según el cual, los derechos a la vida, a la integridad personal, a la seguridad ciudadana, así como a la libre movilidad, deben prevalecer sobre el derecho al trabajo, todo bajo el entendido, se insiste, en que el derecho al trabajo debe ser igualmente desarrollado en condiciones de dignidad y de respeto de los demás derechos de la colectividad.

Por las razones jurídicas y de conveniencia expresadas anteriormente, y atendiendo al pronunciamiento del comité de coordinación interinstitucional del espacio público, esta entidad emite el presente concepto favorable, el cual respalda la acción de la Policía Metropolitana de Bogotá, en el sentido de proceder al inmediato desalojo de los vendedores informales que se ubican en los accesos, rampas, y/o escaleras de los puentes peatonales y terminales de Transmilenio, bajo el entendido que dicho desalojo se hará efectivo aplicando los criterios de la disuasión y la concientización, y en todo caso evitando la confrontación”(180).

Copia del Oficio 1041 A.J. ATC, de 27 de mayo de 2004, dirigido por la Alcaldesa Local de Santa Fe al señor Dionisio Araujo Vélez, en el que manifiesta que no puede recuperar el espacio público de la avenida 19, la carrera 7ª y el sector de San Victorino, que se encuentra ubicado dentro de la localidad, habida cuenta de que no se han adelantado las actuaciones administrativas pertinentes para tal efecto. Se destaca:

“(…) Me permito darle respuesta a su queja, de fecha 11 de mayo de 2004, donde solicita la recuperación del espacio público de la carrera 7ª, avenida calle 19 y el sector de San Victorino, el cual está siendo ocupado en forma permanente por los vendedores ambulantes, informándole que para tal fin, no es posible por ahora acceder a lo solicitado, teniendo en cuenta que si bien es cierto la avenida calle 19 y la carrera 7ª, fueron espacios recuperados, esta recuperación fue producto de una concertación entre la administración de esa época y los vendedores estacionarios, y en tal virtud, en los archivos de esta alcaldía no reposa expediente o actuación administrativa alguna, y/o orden judicial que así lo hubiese ordenado. En consecuencia, hasta tanto no se cumplan unos procedimientos establecidos en el Decreto 98 de 2004 (abr. 12), no es posible iniciar acciones que nos lleven a la recuperación de ese espacio público”(181).

Copia del derecho de petición, elevado el 1º de junio de 2004 por los representantes de los vendedores ambulantes al Alcalde Mayor de Bogotá, en el que ponen de presente que el comité interinstitucional, encargado de ventas ambulantes, no ha desempeñado una buena labor, con el fin de brindarles apoyo en la búsqueda de alternativas laborales. Se destaca:

“(…) Nos encontramos sorprendidos ante el manejo parcializado y excluyente que la Comisión Interinstitucional viene dándole a este tema así:

Permite la participación y representación de personas ajenas a este gremio de trabajadores ambulantes y estacionarios, quienes entorpecen la participación activa de organizaciones debidamente constituidas, con el beneplácito de la Comisión Interinstitucional.

La Comisión Interinstitucional no da respuesta oportuna a las peticiones que hemos venido radicando, y cuando las da son evasivas, entorpeciendo así la búsqueda de alternativas de solución laboral que se requieren para quienes nos desempeñamos en el espacio público, en busca del sustento de nuestras familias”(182).

Copia de la Resolución 158 de 2004 (jun. 10), mediante la cual el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público adoptó el inventario de los espacios públicos recuperados y/o preservados, señalando como tales 29 sectores en la Localidad de Usaquén, 156 en la localidad de Chapinero, 5 en la localidad de Santa Fe, 11 en la localidad de San Cristóbal, 13 en la localidad de Usme, 4 en la localidad de Tunjuelito, 11 en la localidad de Bosa, 16 en la localidad de Kennedy, 44 en la localidad de Fontibón, 34 en la localidad de Suba, 55 en la localidad de Barrios Unidos, 27 en la localidad de Teusaquillo, 12 en la localidad Los Mártires, 13 en la localidad de Antonio Nariño, 36 en la localidad de Puente Aranda, 12 en la localidad de Rafael Uribe y 5 en la localidad de Ciudad Bolívar(183).

Doce (12) derechos de petición, de 17 de junio y 16 de septiembre, todos de 2004, presentados ante la Alcaldía de Santa Fe por los representantes del edificio Centro de Convenciones Cámara de Comercio de Bogotá, Centro Comercial Terraza, Foto Japón, la Asociación de Mercado San Alejo, Panamericana S.A., la Parroquia Nuestra Señora de las Nieves, la junta administradora del edificio el Cid, y el Hotel San Francisco; en los que se solicitan recuperar el espacio público, invadido por vendedores ambulantes, y comprendido desde la calle 13 a la calle 26, por la carrera 7ª, y desde la Av. Caracas hasta la carrera 3ª, sobre la calle 19(184).

Oficio 1602, de 22 de junio de 2004, dirigido por el comandante del Departamento de Policía de Bacatá, Octava Estación de Kennedy, a la Alcaldesa Local de Kennedy, en el que pone de presente las actividades que la Policía realiza en la localidad para proteger el espacio público. Se destaca:

“(…).

1. A partir del 15 de enero del año en curso, se están ejecutando planes diarios y constantes con el apoyo del personal de los CAI (…) y personal de auxiliares bachilleres, actividades que hasta el momento han arrojado como resultado mantener despejado y en orden los sectores que más adelante se relacionan:

Calle 38 sur, entre la antigua carrera 86 y la Av. Ciudad de Cali.

Carrera 71, desde la Av. Primero de Mayo hasta el parque Mundo Aventura.

Carrera 70, entre la diagonal 15 sur y la calle 38 sur.

Carrera 80, desde la calle 33 sur hasta la calle 40 sur.

Calle 30 sur, entre la Av. Ciudad de Cali y la carrera 103.

(…).

3. Cada comandante de CAI, lleva un registro fílmico de las acciones adelantadas, con la finalidad de [tener un registro de la] recuperación del espacio público en cada una de sus jurisdicciones”(185).

Copia del “Documento de recomendaciones consensos, disensos y acuerdos, espacio público y vendedores ambulantes”, de 30 de junio de 2004, suscrito por funcionarios de la Secretaría de Gobierno, la Secretaría General, el Departamento de Planeación Distrital, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (Dadep), el Instituto Distrital de Recreación y Deportes (IDRD), el Fondo de Ventas Populares, la Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos (UESP), la Policía Metropolitana de Bogotá, y sesenta representantes de las organizaciones de vendedores ambulantes, lideres ambulantes y artesanos; en el que convienen la implementación de políticas, con el fin de recuperar el espacio público y solucionar la situación de los vendedores informales. Se destaca:.

“(…).

Hechas las anteriores precisiones (…) las partes convienen:

4. Impulsar el registro y vinculación a los programas y alternativas de usos temporales y permanentes que ofrezca el Distrito. Promover un sistema integrado de uso regulado económico del espacio público, en lo referente a sus usos temporales y al aprovechamiento permanente del patrimonio inmobiliario (IDRD, IDU, Dadep, alcaldías locales).

5. Para los fines de regulación normativa sobre el uso del espacio público por vendedores informales, y en cuanto sea legalmente procedente, propiciar acuerdos o pactos de convivencia antes que acciones de policía.

(…).

7. Distinguir los tiempos de tratamiento del problema a corto y mediano plazo, de tal forma que sea posible un plan de transición que permita hacer los ajustes en lo institucional y organizacional, para una acción ambiciosa de usos temporales y estacionarios del espacio público.

8. Fortalecer la capacidad de respuesta institucional en las localidades para atender el fenómeno de las ventas informales.

(…).

10. Establecer un sistema de crédito como componente fundamental del proceso de regularización y formalización, y apoyar las iniciativas que en este sentido presenten los vendedores informales, para la puesta en marcha de nuevos emprendimientos económicos, que permitan su incorporación a la economía formal del país.

11. Promover la reestructuración del Fondo de Ventas Populares, teniendo en cuenta los siguientes criterios:

Debe ser una entidad orientada a impulsar procesos de formalización de la economía informal.

Debe ser una empresa de gestión de iniciativas asociativas, con cofinanciación, y activa participación de los sujetos de la economía informal.

Debe ser gestor de iniciativas para la organización y capacitación de los vendedores informales y su núcleo familiar, con miras a su incorporación a proyectos y alternativas productivas sostenibles.

12. Revisar la situación de las casetas “Feria Popular”, orientando esfuerzos a su reestructuración y/o consolidación económica y social.

13. Impulsar entre los vendedores informales, como entre los comerciantes formales, acciones de autorregulación de uso del espacio público, expresadas, por ejemplo, en su desocupación voluntaria, o en el rechazo de expresiones o actuaciones irregulares que en él se presenten.

14. Promover un plan distrital de comunicaciones, de carácter pedagógico, en medios masivos y comunitarios de información, que sensibilice a la población y desvirtúe la idea de que el problema de la ocupación del espacio público se reduce, exclusivamente, a su ocupación por vendedores informales (…) ”(186).

Dieciséis (16) fotografías de 30 de septiembre de 2004, en las que se observa que vendedores ambulantes ocupan el espacio público en la Av. calle 19, entre carreras 3ª y 14(187).

Artículo “Piratas se le adelantan a Gabo”, publicado el 15 de octubre de 2004 en el periódico El Tiempo, Sección Nación, en el que advierte que vendedores informales venden de manera ilegal el libro “memorias de mis putas tristes” en el semáforo ubicado en la carrera 7ª con calle 16(188).

Copia del documento “cuantificación de los vendedores informales en Bogotá, D.C., a partir de la encuesta de calidad de vida 2003”, de noviembre de 2004, elaborado por el Fondo de Ventas Populares, en el que se establece que existen alrededor de 90344 vendedores ambulantes en Bogotá(189).

Copia del acta de reunión de la mesa de concertación celebrada entre la Alcaldía de La Candelaria y los vendedores ambulantes de la localidad, de 5 de noviembre de 2004, en establecen preacuerdos para recuperar progresivamente el espacio público. Se destaca:.

“2. Preacuerdos.

Se ha llegado a los primeros preacuerdos, a saber:

— Respetar y contribuir al uso ordenado del espacio público: controlar la extensión de los puestos ubicados en el espacio manteniendo 1 metro por cada uno de ellos, respetar las entradas a los almacenes y comercio en general y las esquinas de las diferentes calles y carreras, no obstruir ramplas. No utilizar carretas, carritos y otras formas invasivas del espacio público.

— Contribuir en el control de las multinacionales que se ubican en el espacio público y realizan ventas en camiones u otros artefactos.

— Participar en la evaluación económica de los vendedores informales registrados, con el fin de evaluar quiénes requieren de alternativas ofrecidas por el FVP y otras entidades (Esto debido a que se han detectado múltiples casos de vendedores informales que no requerían de este apoyo y que tienen múltiples fuentes de recursos).

— Contribuir de manera decidida con la seguridad del sector, en coordinación con la Policía, el comercio formal y la alcaldía local.

— Participar en los programas de empleo para retirarse de las calles, en lo posible.

— Participar en los procesos de capacitación y de formulación de alternativas productivas que se organicen en coordinación con el FVP.

— No vender alimentos en la vía pública ni utilizar utensilios como cocinas y similares.

— No vender mercancía ilegal y contribuir con las autoridades en el control de las mismas.

— Presentar propuestas productivas por parte de grupos organizados de los vendedores informales (…) ”(190).

Oficio 2-2004-30780, de 9 de noviembre de 2004, dirigido por la Secretaría Distrital de Gobierno al Alcalde Mayor de Bogotá, mediante el cual se advierte que las actuaciones y operaciones adelantadas por la administración, para atender la problemática originada por la indebida ocupación del espacio público, han sido insuficientes. Se destaca:

“(…) III. Desarrollo del estado actual de las medidas adoptadas por las entidades Distritales encargadas del manejo del tema de espacio público.

1. Plan presencia.

Las autoridades distritales, conjuntamente con la Policía, han realizado operativos persuasivos y de ejercicio de la autoridad, con el objeto de recuperar las zonas que, luego de haber sido recuperadas, han vuelto a ser invadidas por vendedores informales. La primera acción se realizó en San Victorino, que consiguió el retiro de 430 vendedores ambulantes, de los cuales 68 eran niños. Igual operativo se adelantó en Chapinero. Estas actuaciones policivo-administrativas se seguirán realizando, como complemento del plan integral.

Pacto de cumplimiento por localidades frente a los vendedores ambulantes.

(…).

A. Implementación de los pactos.

1. Zonas de acción prioritaria.

El programa se inició en las seis localidades donde la invasión del espacio público por los vendedores ambulantes se expresa con mayor intensidad.

LocalidadSector
Santa FeSan Victorino
Antonio NariñoBarrio Restrepo
San Cristóbal20 de julio
ChapineroCarrera 13/Calle 72
Teusaquillo 
La Candelaria 

 

Los seis pactos se firmarán en próximos días. Su negociación no puede prolongarse indefinidamente. Las restantes 13 localidades (Sumapaz no está incluida) concluirán su proceso de negociación de pactos durante el trimestre en curso, si se determina la necesidad de la realización de los mismos.

3. Fundamentos de los pactos:

Los fundamentos, principios, o premisas, necesarios para hacer posible el pacto, son los siguientes:

Deben ser el resultado de un proceso de concertación, se dan en estricto cumplimiento del espíritu de la Sentencia T-772 de 2003 de la Corte Constitucional, los vendedores ambulantes aceptan la regulación definida por la administración respecto del tiempo, lugar, costos, tipo y modalidad de venta autorizada, el pacto tiene una vigencia clara y determinada; el pacto tiene como objetivo primordial dar el primer paso hacia la reubicación de los vendedores informales o su encaminamiento hacia la economía formal, sólo podrán ofrecerse a la ciudadanía aquellos productos que no contravengan disposiciones de carácter nacional, distrital y local, relacionadas con el origen de las mercancías, salud, seguridad, etcétera.

(…).

B. Garantías al derecho al goce del espacio público.

Un pacto de cumplimiento implica poner en ejecución el siguiente modelo de uso económico, regulado y ordenado del espacio público:

1. Para garantizar la movilidad peatonal y vehicular en las zonas intervenidas y mitigar el impacto de las ventas ambulantes en el sector formal:

Distribuir a los vendedores ambulantes sobre el andén correspondiente, atendiendo las características de cada lado de la manzana y determinando un área de ocupación igual y proporcional para cada uno, según la tipología del producto.

Ubicar a los vendedores ambulantes al borde de los andenes, de espaldas a la vía vehicular, despejando las esquinas en diez metros desde el vértice, las vitrinas y las puertas de entrada a los locales comerciales.

Impedir el uso de carretas, triciclos, coches y otros elementos móviles, los cuales serán cambiados por módulos diseñados para cada tipo de producto.

Exponer los productos en venta, atendiendo los requisitos establecidos por el Fondo de Ventas Populares mediante reglamento especial.

Establecer con claridad los sitios de almacenamiento nocturno y diurno de la mercancía.

Definir, con el comercio formal, los horarios y las zonas destinadas a cargue y descargue de mercancías, de acuerdo con la Secretaría de Tránsito.

(…).

4. Para contribuir con el mejoramiento de la seguridad de las zonas ocupadas por las ventas informales:.

Identificar a cada uno de los vendedores informales con un distintivo visible, previo registro en el Fondo de Ventas Populares.

Formular mecanismos para prevenir y denunciar actividades ilícitas en la zona, de común acuerdo con las alcaldías locales, la Policía Metropolitana, las organizaciones de vendedores informales y el Fondo de Ventas Populares.

(…).

Acciones administrativas sobre el espacio público, como se recibió por cada alcaldía local en el año 2004 y los planes a proveer.

Alcaldía Local de Antonio Nariño.

a) En la actualidad no se han surtido actos administrativos de recuperación del espacio público”.

b) El espacio público se recibió en las mismas condiciones en que se encuentra actualmente.

c) Se han adelantado las siguientes acciones dentro de la alcaldía local:

— El 21 de septiembre de 2004, se instaló en la alcaldía local, el nodo interinstitucional local, en el cual se hizo la presentación de la política distrital del espacio público, y la presentación del plan de acción a ejecutar para la realización de los pactos locales.

— Dentro del nodo interinstitucional, se designaron los representantes de Fenalco, comercio formal, comercio informal, Junta Administradora Local, Fondo de Ventas Populares, Secretaría de Gobierno. Además se invitará a los representantes de las plazas de mercado Carlos E. Restrepo y Santander, a la Policía, Cámara de Comercio y Personería Local. Se estableció, con miras a la realización del pacto local, que las reuniones se efectuaran los días miércoles de 7 a 9 a.m. en la alcaldía de la localidad.

— El día 29 de septiembre del año en curso se llevó a cabo la primera reunión del nodo interinstitucional, en el cual se ilustró a los participantes sobre lo que es el pacto local, sus alcances, y se establecieron normas básicas para el desarrollo de las reuniones.

Dentro del nodo interinstitucional local, se estudian acciones y soluciones, unas a corto y mediano plazo:

Las de corto y mediano plazo consistente en la identificación de los 350 vendedores, a los que se va a identificar con chalecos y serán ubicados mediante sorteo en algunas calles y carreras del barrio Restrepo, previamente definidas, mediante un proceso de autorregulación y disciplina de los vendedores informales, incluyendo la medida de los puestos de 90 cm. por 70 cm.

Fenalco sur, quien señala que existen 1500 establecimientos de comercio y plantea la posibilidad que cada establecimiento permita un vendedor informal, con la condición de la autorregulación, el aseo y que no exista competencia desleal frente a las mercancías que se vendan frente al local.

La administración de la plaza Carlos E. Restrepo, ofrece 20 puestos al interior de la misma zona (…).

— Dentro de las acciones a largo plazo, se contemplan las siguientes posibilidades:

La ejecución de la segunda etapa de modernización de la plaza de mercado Carlos E. Restrepo, donde se proyecta un parqueadero para 400 vehículos, lo que contribuirá a despejar las vías del barrio Restrepo y la ubicación de 300 informales.

Se está revisando y estudiando la posibilidad de comprar un inmueble en el barrio Restrepo, con miras a adquirirlo a través del Fondo de Ventas Populares, para reubicar el resto de vendedores ambulantes de la localidad, dentro de la completa autorregulación y un mínimo principio de autoridad.

(…).

— Frente a lo demás, los vendedores que aparecen en época navideña, y los que no se encuentran en la base de datos, se contempla la posibilidad de que sean ubicados provisionalmente en el parque alterno al Carlos E. Restrepo.

Alcaldía Local de La Candelaria.

a) No se han emitido actos administrativos de recuperación del espacio público, pues en esa localidad sólo existe un espacio público recuperado, el cual en la actualidad no está invadido por vendedores informales, los demás espacios públicos invadidos por vendedores informales deben agotar los procedimientos previstos por el Decreto 98 de 2004, con el objeto de evitar violaciones al debido proceso y de igual forma garantizar los derechos del vendedor informal.

En cuanto al tema de zonas especiales, este despacho no ha emitido el acto administrativo correspondiente, pues por las connotaciones que reviste la localidad se debería declarar toda La Candelaria como zona especial; lo anterior, teniendo en cuenta que en esta localidad existen gran parte de las entidades del orden nacional y distrital, como es el Palacio de Nariño, el Congreso de la República, el Palacio de Justicia, centros educativos, teatros, universidades, etc.… lo cual amerita un tratamiento especial.

b) Dentro de la alcaldía local, se realizó la jornada local de vendedores ambulantes, la cual se llevó a cabo el 19 de agosto del año en curso, reunión en la cual se levantó el registro de vendedores ambulantes de la localidad y se nombraron los postulados para la elección de representantes ante la mesa local de concertación; de igual forma, en reunión posterior, se nombraron con los postulados los cinco representantes ante la mesa local, los cuales se posesionaron posteriormente en un evento organizado por el Fondo de Ventas Populares para todos los delegados distritales.

Sin perjuicio de lo anterior, la alcaldía local actualmente hace parte del nodo interlocal que se ha reunido en varias ocasiones con el objeto de concretar ofertas que de parte del Distrito se le van a hacer al vendedor informal, y de esta forma cumplir con los mandatos de la Corte Constitucional, que establece que dichos programas deben ser directamente proporcionales con la realidad social del vendedor informal.

Por otra parte, se realizó la georeferenciación de los posibles espacios que pueden servir para viabilizar algún proyecto de la reubicación de los vendedores informales y los cuales se encuentran ubicados en la carrera 3ª con calle 15 y en la calle 14 con carrera 8ª.

Alcaldía Local de Chapinero.

a) Los actos administrativos que se encuentran en firme para la recuperación del espacio público durante el año de 2004, se describen:

— Expediente 101 de 1996, Conjunto Residencial Meaux, ubicado en la diagonal 70 con carrera 5, zona verde de cesión tipo A, lote 2, diligencia de restitución del espacio público, invadido por un cerramiento en reja en varilla cuadrada.

— Expediente 152 de 1998, restitución de espacio público, invadido por caseta ubicada en la calle 74 diagonal 13-26.

— Expediente 705 de 2002, restitución de espacio público, invadido por caseta ubicada en la calle 82 con carrera 13, costado noroccidental.

b) En la Alcaldía Local de Chapinero, como se encontró el espacio público, se debe dar cumplimiento a la Sentencia T-772 de 2003 de la Corte Constitucional, la cual señala la forma como la administración deberá adelantar las diligencias de preservación y restitución del espacio público, en atención a la crisis social y económica actual, atendiendo los derechos fundamentales al debido proceso administrativo y con trato digno del ser humano, en desarrollo de los principios del Estado social de derecho.

En este sentido, con el pronunciamiento de la Corte Constitucional, todo el proceso de recuperación del espacio público, que había sido adelantado, se vio frustrado, ya que los vendedores amparados en dicha sentencia empezaron nuevamente a ocupar las vías y andenes, creando situaciones de enfrentamiento con las autoridades, toda vez que no se tenían políticas claras para evitar esta intempestiva situación.

La nueva administración de la localidad, encontró parcialmente invadido el espacio público, inclusive aquellas zonas que ya habían sido recuperadas, y por consiguiente, según pronunciamiento de la Corte Constitucional, no podía volverse a ocupar, situación que originó la necesidad de adelantar algunas de las siguientes tareas que hasta la fecha, de manera permanente, ha venido adelantando esta localidad:

— Se inició un trabajo de recuperación de espacio público, en concertación con los vendedores ambulantes de la Localidad de Chapinero y las autoridades de policía, con el propósito de mantener el espacio público que ya había sido recuperado, lo cual se logra a través de procesos de regulación, que se establecen mediante reuniones permanentes con los vendedores informales.

— Periódicamente se llevan a cabo reuniones por sectores, para el liderazgo de cuadra y mantener los acuerdos logrados, donde se involucra. a las universidades, comunidad organizada, entidades privadas, sectores de la administración, y al Fondo de Ventas Populares, entre otras.

— Se efectúan visitas permanentes a los diferentes sitios, para la verificación de los pactos de cumplimiento, con lo cual no sólo se pretende el control de las zonas recuperadas, sino además se establece un canal de comunicación permanente con los vendedores informales, quienes encuentran apoyo y motivación para su problemática.

— Se está trabajando en la elaboración de listados de vendedores por cuadra, para mantener la autorregulación.

— Se ha realizado un trabajo conjunto entre la alcaldía local y el Fondo de Ventas Populares, tendiente a obtener sistematizadamente el censo de vendedores ambulantes.

c) El proceso que se viene desarrollando ha empezado a dar resultados, toda vez que los espacios que han logrado recuperarse, obedecen a procesos de concertación, obtenidos entre la administración y los vendedores ambulantes, que de manera autorregulada, voluntaria y consciente han empezado a entender que el problema no sólo es de la alcaldía sino también de ellos.

d) En la actualidad, la alcaldía local viene trabajando, en coordinación con el Fondo de Ventas Populares, a fin de acoplar la gestión administrativa local con la política del fondo, en lo que se refiere a alternativas económicas dispuestas a favor de los vendedores, pues si bien es cierto que el citado proceso requiere compromisos de las partes, no menos cierto es que si no se logran los recursos para concretar acuerdos logrados con los vendedores, el trabajo que se despliegue frente al tema no tendrá ningún resultado.

(…).

Alcaldía Local de San Cristóbal.

a) En consecuencia de la aplicación del Decreto 98 de 2004 y del fallo del Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, la acción popular 553 de 2001, se expidió la Resolución 70 del 29 de julio de 2004, por la cual se ordena la restitución del espacio público indebidamente ocupado por vendedores informales, semiestacionarios e informales ambulantes de la Localidad Cuarta de San Cristóbal, la cual fue publicada en el Registro Distrital 3154, de agosto 11 de 2004, no siendo objeto de recurso alguno, y la cual se encuentra en ejecución en el barrio 20 de Julio.

b) En virtud de la aplicación del artículo 13 del Decreto 98 de 2004, y en concordancia con las directrices emanadas por la Dadep con el formato pertinente, se expidió la Resolución 78 de 2004 (sep. 6), por la cual se determinan las zonas especiales en la Localidad Cuarta de San Cristóbal, la cual tampoco fue objeto de recurso alguno.

c) Participación activa en el nodo interinstitucional y jurídico que tiene como fin la suscripción del pacto de concentración o convivencia de los vendedores callejeros, estamento civil y uso del espacio público, según las nuevas políticas y directrices ya conocidas(…) ”(191).

Copia del derecho de petición, de 29 de noviembre de 2004, elevado por Roberto Ramírez Rojas a la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Policía Nacional y la Alcaldía Local de Santa Fe, solicitando la restitución inmediata del espacio público correspondiente a los andenes en la carrera 7ª y 10ª, entre Av. Jiménez y calle 39 y Av. calle 19, entre carreras 3ª y Av. Caracas. Se destaca:

“Roberto Ramírez Rojas actuando en mi condición de ciudadano colombiano y en ejercicio del derecho de petición consagrado en la Constitución y en la ley, por este escrito solicito a ustedes:

La recuperación inmediata de los andenes en la carrera 7ª y 10ª, entre Av. Jiménez y calle 39 y Av. calle 19, entre carreras 3ª y AV. Caracas.

(…).

Fundamento de la petición.

La carrera 7ª, entre calles 17 a 34, la Av. 10ª, entre calles 1ª y 26, la Av. calle 19, entre la carrera 13 y la Av. 3ª, fueron espacio públicos recuperados mediante la Resolución 67 de 1998 (jul. 30), proferida por la Alcaldía Local de Santa Fe dentro de la Querella 6 de 1995, siendo el querellante Roberto Martínez Rojas; resolución que fue confirmada en segunda instancia por el Consejo de Justicia, mediante acta 031 de 20 de noviembre de 1998.

(…).

Por la misma razón, es decir, por haber sido un espacio público recuperado mediante la Resolución 67 de 1998, proferida en la Querella 6 de 1995, (…) debe igualmente impedirse, mediante las acciones policivas correspondientes, la invasión de los andenes en la carrera 7ª y 10ª y en la Av. 19, y debe darse aplicación inmediata al artículo 12 del Decreto 98 de 2004, realizando las acciones policivas que se hagan necesarias”(192).

Copia del Memorando 121732-977-03, de 17 de diciembre de 2004, mediante el cual el grupo de gestión jurídica informa a la Alcaldesa Local de La Candelaria sobre las gestiones realizadas para preservar el espacio público de la localidad. Se destaca:

“(…).

En lo que corresponde a control de espacio público, se han venido efectuando visitas de control, todos los días, en los sectores de la carrera 10ª, entre calles 12 y Av. Jiménez; carrera 9ª, entre calles 12 y Av. Jiménez; carrera 7ª, entre calles 12 y Av. Jiménez; calle 12, entre carreras 9ª y 10ª, y Av. Jiménez, entre carreras 5ª y 10ª, encontrando que los vendedores ambulantes se han ubicado en la parte externa del andén, respetando las zonas de flujo peatonal, esquinas y entradas a almacenes, de acuerdo a lo convenido en las reuniones con los líderes de las organizaciones”(193).

Copia de las actas de las reuniones celebradas el 7(194), 14(195), y 22(196)de marzo, 4(197), 11(198), y 18(199)de abril, 22 de agosto(200), 5(201)y 19(202)de septiembre, 10(203)y 24(204)de octubre, y 6 de diciembre(205), todos de 2005, y el 16(206)y 23(207)de enero de 2006, por el comité local de vendedores informales de la Localidad de Suba, en las que se discute el procedimiento para reubicar vendedores informales, cómo regular el manejo y la utilización del espacio público.

Copia del informe del proceso de concertación de vendedores informales de la Localidad de La Candelaria, de 4 de abril de 2005, realizado por la Alcaldía Local de La Candelaria, en el que se resumen las actividades adelantadas por el comité local de concertación para prevenir la invasión del espacio público, se presentan alternativas productivas para vendedores ambulantes, y se ponen de presente los operativos de control del espacio público que se han adelantado. Se destaca:.

“(…) Se nombraron cinco representantes ante la mesa local de concertación (…) Con este grupo de personas se estableció lo que se ha denominado el comité local de concertación, que tiene como objetivo principal hacer un diagnostico de la problemática del espacio público en la localidad, georeferenciar la venta informal y participar en la elaboración de alternativas económicas viables.

Esta reunión se realizó semanalmente, de cuatro a seis de la tarde en la sede de la Alcaldía Local de La Candelaria.

De igual manera, se realizó el mapa de diagnostico de la localización de las ventas informales en la localidad, el cual fue presentado al nodo intermodal, integrado por las distintas entidades del Distrito, con el objetivo de analizar la situación referida a la declaratoria de zonas especiales y a la reubicación de los vendedores informales en otros espacios de la localidad.

De otro lado, la administración, con el objeto de promover la autorregulación, estableció los denominados acuerdos, los cuales se pueden definir como la suma de compromisos que diversos actores sociales han convenido, a través de un proceso de concertación, con el fin de fijar las normas para hacer posible el uso regulado, ordenado y controlado por la administración del espacio público, el cual permitirá prepara las condiciones para la vinculación de los vendedores informales a la economía formal.

En virtud de lo anterior, se creó el nodo interinstitucional que está conformado por las siguientes entidades:

Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría General, Secretaría de Gobierno, Fondo de Ventas Populares, Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos, Instituto de Desarrollo Urbano, Instituto Distrital de Recreación y Deporte, Departamento Administrativo de Planeación Distrital, Misión Bogotá, Policía Metropolitana, Comité Local de Vendedores Informales y la Alcaldía Local.

De igual forma, con los vendedores ambulantes se elaboro la tabla de alternativas económicas, la cual fue presentada a las entidades que hacen parte del nodo interinstitucional, con el objeto de que estas sean evaluadas y determinada su viabilidad.

Se concertó con el comandante de la Estación 17 de Policía, el sector dentro de la localidad que por medidas de seguridad se puede considerar como zona especial, y se remitió el proyecto de resolución a la subsecretaría de asuntos locales para su estudio y viabilidad.

En las reuniones del mes de enero y febrero se consolidó toda la información del proceso adelantado, el cual se divulgó en la asamblea general de vendedores Informales, que se llevó a cabo el 4 de abril del año en curso (…).

(…) Es de resaltar el tema de alternativas productivas, las cuales podemos sintetizar así:

Presentación de alternativas productivas.

1. Proyectos de comercialización.

Predios con potencial comercial.

Formación personal y empresarial.

Asociatividad.

Acceso a crédito.

Campañas de mercadeo, promoción y comunicación.

Predios de ubicación.

Inmuebles del Dadep.

Edificios Navarra.

Edificio Restrepo.

Predios Fondos Rotatorios de la Policía.

Centro Comercial Artesanal.

Alternativa productiva dirigida a campesinos, artesanos e indígenas.

Plaza de mercado de la Concordia.

Alternativa productiva dirigida a vendedores de frutas y verduras.

Peatonalización de la carrera séptima.

2. Proyectos productivos.

Formación humana, ciudadana, técnica y empresarial.

Metodología de trabajo teórica y práctica.

Empleabilidad.

Asociatividad.

Acceso al crédito.

Acompañamiento.

Áreas de trabajo (…).

De igual forma, se han realizado operativos de control de espacio público local durante el mes de diciembre, los cuales se pueden sintetizar así:

1. La Localidad de La Candelaria cuenta únicamente con una zona recuperada y preservada como es la calle 18 A con carrera 5 Este; el resto de la localidad no reporta ninguna zona recuperado y/o preservada.

2. En lo que corresponde a control del espacio público, se han venido efectuando visitas de control, todos los días en los sectores de la carrera 10ª, entre calles 12 y Avenida Jiménez; carrera 7ª, entre calles 12 y avenida Jiménez; calle 12, entre carreras 9ª, 10ª, y avenida Jiménez, entre la carrera 5ª y 10ª, encontrando que los vendedores informales se han ubicado en la parte externa del andén, respetando de manera auto regulada las zonas de flujo peatonal, esquinas, zonas de desplazamiento de minusválidos y entradas a los almacenes, de acuerdo a lo convenido en las reuniones de la mesa de concertación local, con la condición de no permitir ni tolerar la presencia de carretas y carros de venta de comida, bajo la supervisión de la alcaldía local, y el Comando de la Estación 17 de la policía.

3. En coordinación con la Estación 17 de Policía, se realizó durante el mes de diciembre recorridos por las vías señaladas y se ha verificado que los vendedores cumplan con los convenios de convivencia y movilidad acordados ante esta alcaldía local, encontrando que se han auto regulado y han mantenido libres las zonas de acceso vehicular, rampas peatonales y de minusválidos. (…) ”(208).

Oficio dirigido el 3 de mayo de 2005 por la oficina de apoyo al Distrito en el manejo del espacio público de la Policía Metropolitana al secretario de Gobierno Distrital, en la que pone de presente el trabajo realizado en relación al espacio público en el año 2005. Se destaca:

“(…) En cumplimiento al artículo 12 del Decreto Distrital 98 de 2004, referente a espacios públicos recuperados y/o preservados, y en concordancia con el inventario de los espacios públicos recuperados y/o preservados (Res. 326, dic. 28/2004, del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público ), la Policía Metropolitana de Bogotá ha llevado a cabo los planes masivos que más adelante se relacionan, contando siempre con el acompañamiento de funcionarios del Ministerio Publico, garantizando así la transparencia de los procedimientos, y el respeto por los derechos humanos y la dignidad de las personas, tanto de contraventores, como de los funcionarios y policías.

Tales intervenciones son:

FechaLocalidad intervenidaResultados
19-01-05Santa Fe (San Victorino)25 actas de aprehensión
20-01-05Santa Fe (San Victorino)33 actas de aprehensión
21-01-05Santa Fe (San Victorino)21 actas de aprehensión
25-01-05Santa Fe (San Victorino)22 actas de aprehensión
26-01-05Santa Fe (San Victorino)36 actas de aprehensión
27-01-05Santa Fe (San Victorino)20 actas de aprehensión
31-01-05Santa Fe (San Victorino)57 actas de aprehensión
02-02-05Santa Fe (San Victorino)104 actas de aprehensión
04-02-05Barrios Unidos (ago. 7)22 actas de aprehensión
04-02-05Santa Fe (San Victorino)73 actas de aprehensión
07-02-05Santa Fe (San Victorino)44 actas de aprehensión
08-02-05Santa Fe11 actas de aprehensión
09-02-05Teusaquillo22 actas de aprehensión
09-02-05Antonio Nariñoacción preventiva
10-02-05Chapinero37 actas de aprehensión
11-02-05Teusaquillo18 actas de aprehensión
11-02-05Antonio Nariño17 actas de aprehensión
12-02-05Engativá06 actas de aprehensión
14-02-05Chapinero63 actas de aprehensión
15-02-05Chapinero51 actas de aprehensión
15-02-05Antonio Nariñoacción preventiva
16-02-05Chapinero29 actas de aprehensión
19-02-05Antonio Nariñoacción preventiva
21-02-05Antonio Nariñoacción preventiva
21-02-05Chapinero16 actas de aprehensión
22-02-05Santa Fe (San Victorino)88 actas de aprehensión
23-02-05Santa Fe (Madrugón)acción preventiva
23-02-05Antonio Nariñoacción preventiva
24-02-05Santa Fe (San Victorino)45 actas de aprehensión
26-02-05San Cristóbal (sector La Victoria)06 actas de aprehensión
27-02-05San Cristóbal (sector Comercial La Victoria)04 actas de aprehensión
28-02-05Chapinero (sector calle 72 de cra. 9ª a 14, cra. 13 calle 57 a 65, P Lourdes)35 actas de aprehensión
01-03-05Pte. Aranda Sector Comercial San Andresito de la cra. 3817 actas de aprehensión, 08 kg de comida desnaturalizada, 10 comparendos y 2 vehículos inmovilizados
03-03-05Chapinero sector calle 72 de cra. 9 A 14, cra. 13 calles 57 a 65 P Lourdes, calle 41 de cra. 7 A 1421 actas de aprehensión, 07 kg de comida desnaturalizada, 27 comparendos de tránsito
05-03-05Chapinero (sector calle 72 de cra. 9 a 14, cra. 13 Calle 57 a 65, P Lourdes)29 actas de aprehensión, 09 kg de comida desnaturalizada
06-03-05Chapinero (sector calle 72 de cra. 9 a 14, cra. 13 calle 57 a 65, P Lourdes)10 actas de aprehensión, 05 kg de comida desnaturalizada, 05 comparendos de tránsito
07-03-05Pte Aranda Sector Comercial San Andresito cra. 38.operativo de plan presencia y requisas, por inasistencia del delegado de la personería.
09-03-05Chapinero (sector calle 72 de cra. 9 a 14, cra. 13 calle 57 a 65)31 actas de aprehensión, 10 kg de comida desnaturalizada, 10 comparendos tránsito
11-03-05Pte Aranda sector comercial San Andresito cra. 38.08 actas de aprehensión, 07 kg de comida desnaturalizada, 03 comparendos de tránsito
15-03-05Chapinero (Sector calle 72 de cra. 9 a 14, cra. 13 calle 57 a 65)26 actas de aprehensión, 06 kg de comida desnaturalizada, 10 comparendos tránsito
16-03-05Pte Aranda sector comercial San Andresito cra. 38.operativo de plan presencia y requisas, por inasistencia del delegado de la personería y funcionarios Secretaria de Salud
19-03-05Pte Aranda sector comercial San Andresito cra. 38.operativo de plan presencia y requisas, por inasistencia del delegado de la personería y funcionarios Secretaria de Salud
30-03-05Pte Aranda sector comercial San Andresito cra. 38.08 actas de aprehensión, 04 comparendos de transito y 3 vehículos inmovilizados
03-04-05Santa Fe (Cra. 7 de Avenida Jiménez a calle 19)20 actas de aprehensión de mercancías y capturado por piratería: John Alexander Martínez Ramírez
06-04-05Santa Fe (San Victorino)31 actas de aprehensión y 3 celulares incautados por revender minutos
09-04-05Antonio Nariño sector del Restreporestitución del espacio público y reubicación de unos 300 vendedores ambulantes, en cumplimiento al pacto con la administración
11-04-05Antonio Nariño sector del Restrepo18 actas de aprehensión
12-04-05Chapinero sector calle 72, cra. 13 y Parques Lourdes, calle 41 y cra. 714 actas de aprehensión
14-04-05Chapinero sector calle 72, cra. 13 y Parque Lourdes, calle 41 y cra. 7.29 actas de aprehensión y 02 actas de desnaturalización de alimentos (07 kg)
18-04-05Chapinero sector calle 72, cra. 13 y Parque Lourdes, calle 41 y cra. 7.40 actas de aprehensión de mercancías
18-04-05Puente Aranda (sector San Andresito de la cra. 38)04 actas de aprehensión y 03 celulares incautados por revender minutos
19-04-05Tunjuelito (Plaza de Mercado)22 actas de aprehensión de mercancías
20-04-05Santa Fe (San Victorino)26 actas de aprehensión de mercancías
21-04-05Puente Aranda (Sector San Andresito de la cra. 38)19 actas de aprehensión de elementos
22-04-05Santa Fe (sector San Victorino)14 actas de aprehensión, a pesar de la lluvia
22-04-05Chapinero sector calle 72, cra. 13 y Parque Lourdes, calle 41 y cra. 7.33 actas de aprehensión de mercancías
23-04-05Chapinero sector calle 72, cra. 13 y parque Lourdes, calle 41 y cra. 7.10 actas de aprehensión y 01 celular incautado por revender minutos
26-04-05Chapinero sector calle 72, cra. 13 y Parque Lourdes, calle 41 y cra. 7.19 actas de aprehensión
28-04-05Chapinero sector calle 72, cra. 13 y Parque Lourdes, calle 41 y cra. 7.26 actas de aprehensión y 03 celulares incautados por revender minutos
30-04-05Tunjuelito25 actas de aprehensión
02-05-05Chapinero08 actas de aprehensión
Total operativos 61
Total actas de aprehensión 1. 417

.

(…) Con el propósito de contribuir con el buen desarrollo de la política distrital para el manejo del espacio público, reflejada en el “Pacto de cumplimiento”, la Policía Metropolitana de Bogotá ha velado para que los grandes elementos invasivos del espacio público, como carretas, triciclos, cocinas y parasoles, no continúen afectando la libre movilidad de las personas, efectuando el respectivo control a dicho pacto sobre la carrera 7ª, obteniendo los siguientes resultados:.

FechaLugar intervenidoResultados
11-02-05Santa FeRevisión pacto
22-02-05Santa Fe20 Actas de Aprehensión
24-02-05Santa Fe44 Actas de Aprehensión
25-02-05Santa FeRevisión pacto
26-02-05Santa FeRevisión pacto
25-02-05Santa Fe (cra. 7ª de 15 a 26)05 actas de aprehensión
13-03-05Santa Fe cra. 7ª de calles 15 a 2620 actas de aprehensión, 08 kg de comida desnaturalizada, 09 comparendos de transito
18-03-05Santa Fe cra. 7ª de calles 15 a 26Operativo de plan presencia y requisas, por inasistencia del delegado de la personería y funcionarios Secretaria de Salud
23-03-05Santa Fe cra. 7 de calles 15 a 26operativo de plan presencia y requisas, por inasistencia del delegado de la personería y funcionarios Secretaria de Salud
29-03-05Santa Fe cra. 7 de calles 15 a 2631 actas de aprehensión de mercancía, 15 kg de comida desnaturalizada, 13 comparendos de transito
03-04-05Santa Fe (cra. 7 de 15 a 26)20 actas de aprehensión de mercancía
06-04-05Santa Fe (cra. 7 de Avenida Jiménez a calle 26)19 actas de aprehensión, 17 kg de alimentos desnaturalizados y 3 celulares incautados
20-04-05Santa Fe (cra. 7 de 15 a 26)13 actas de aprehensión de mercancía
22-04-05Santa Fe (cra. 7 de 15 a 26)08 actas de aprehensión de mercancía
Total operativos 14
Total actas de aprehensión 180

(…)”(209).

Edicto fijado el 23 de mayo de 2005 por la gerente del Fondo de Ventas Populares, en el que notifica a los vendedores informales firmantes del pacto de cumplimiento de la Localidad de Santa Fe y a los vendedores informales de la localidad de La Candelaria, que se ubican en la carrera séptima y están inscritos en la Casa del Vendedor Ambulante antes del 30 de noviembre de 2004, que se acerquen al fondo para formalizar las alternativas productivas presentadas por el Distrito. Se destaca:

“(…) el Fondo de Ventas Populares notifica a los vendedores informales firmantes del pacto de cumplimiento de la Localidad de Santa Fe y a los vendedores informales de la localidad de La Candelaria, que se ubican en la carrera séptima y que están inscritos en la Casa del Vendedor Ambulante antes del 30 de noviembre de 2004, para que se presenten en las instalaciones de la Casa del Vendedor Ambulante del Fondo de Ventas Populares, calle 9 Nº 4-70, con el fin de formalizar y legalizar las opciones que les ofrece la entidad distrital.

(…) Alternativas productivas.

(…) 1. Opciones de ubicación comercial (…).

(…) 2. Formación empresarial (…).

(…) 3. Soluciones de empleo (…).

(…) 4. Créditos (…) ”(210).

Copia del Oficio GER-2462-05, de 27 de mayo de 2005, dirigido por la gerente general del Fondo de Ventas Populares al Tribunal Superior de Cundinamarca, en el que señala que los vendedores informales que necesitan atención inmediata son 2419(211).

Copia del documento “la situación de los vendedores informales y el diseño de la política del Fondo de Ventas Populares”, de julio de 2005, elaborado por el Fondo de Ventas Populares, en el que señala las políticas que piensa adoptar para mejorar las condiciones de empleabilidad, potencial de autoempleo y desarrollo empresarial de los vendedores informales. Se destaca:.

“(…) entre las políticas especificas se cuentan:

a) Programas de inclusión social, dirigidos a grupos con dificultades de inserción laboral: ancianos (Se estima que hay cerca de seis mil adultos mayores en las ventas informales), jóvenes (estimados en 3.600, esto es el 5% del total) y desplazados (se estiman en mil) ”.

b) Programas de formación y reinserción laboral, dirigidos a los vendedores que estuvieron alguna vez empleados (57%) y soportan un desempleo de larga duración para evitar el deterioro de las calificaciones adquiridas en el empleo.

c) Programas para la obtención de competencias básicas dirigidas al 8% de los vendedores informales que reportan no saber leer ni escribir, y al 8% que tiene primaria incompleta.

d) Programas para garantizar niveles mínimos de calificación de vendedores sin estudios básicos.

e) Programas de formación, orientados a la inserción laboral: capacitación y entrenamiento, dirigido a vendedores sin experiencia en el mercado laboral.

(…) Estos programas se desarrollan en asocio con las fundaciones y con el SENA, con las cuales el FVP ha suscrito contratos y convenios de capacitación dirigidos a generar unas competencias laborales especificas, esto es, habiliten al vendedor para desarrollar funciones propias de una ocupación. Para reducir la deserción de estos programas y en razón de que el 71% de los vendedores es jefe de familia, se implementó, durante el tiempo que dura la capacitación, un apoyo económico a la movilidad. Se busca con ello, mitigar el costo de oportunidad laboral por asistir a los cursos, que en promedio son de cuatro horas diarias”(212).

Certificado expedido el 2 de agosto de 2005 por el gerente legal de contratos de Movistar, en el que indica que sólo celebra contratos para el suministro y distribución de tarjetas prepagos con sociedades comerciales. Se destaca:

“Que las sociedades enunciadas a continuación presentaron a Telefónica Móviles Colombia S.A. oferta comercial para el suministro y distribución de tarjetas prepagadas, en virtud de la cual Telefónica Móviles Colombia S.A. se obliga a suministrar tarjetas prepagadas a titulo de compraventa, y el distribuidor a adquirirlas y a pagar su precio en la oportunidad convenida, y a venderlas a terceras personas, en las condiciones establecidas por las partes.

Los distribuidores que actúan como comerciantes independientes en sus establecimientos de comercio de la ciudad de Bogotá, para la venta al público en general”(213).

Copia del Certificado expedido el 29 de agosto de 2005 por el representante legal de Cadbury Adams Colombia S.A., en el que certifica que la entidad sólo vende sus productos a personas jurídicas legalmente constituidas o a personas naturales que tengan establecimiento de comercio(214).

Copia de acta de operativos de control al espacio público, de 13 de enero de 2006, suscrita por el coordinador del grupo de gestión jurídica de la Alcaldía Local de La Candelaria y la Décimo Séptima Estación de Policía, mediante la cual dejan constancia del operativo de recuperación del espacio público llevado a cabo en la Avenida Jiménez con carreras 7ª, 8ª, 9ª y 10ª. Se destaca:

“(….) Se visitó la Av. Jiménez costado sur, carrera 7ª, los dos costados, carrera 8ª, carrera 9ª, carrera 10ª, costado oriental de esta localidad; algunas de las personas que lo ocupaban salieron a correr al ver el camión, frente a ellos no se pudo hacer nada por falta de personal uniformado, con las demás personas se hicieron requerimientos verbales; otros fueron conducidos en el vehículo a la décimo séptima estación de policía, sitio en el cual los funcionarios de policía procedieron de acuerdo a lo establecido en las normas pertinentes”(215).

Copia del “programa para la reubicación de vendedores ambulantes y estacionarios en la localidad”, de 2006, implementado por la Oficina de Planeación del Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito, en el que se plantea reubicar cuarenta y cuatro (44) vendedores informales del sector. Se destaca:

“(…).

Objetivos del proyecto.

Objetivo general.

Contribuir a la formalización de cuarenta y cuatro (44) vendedores ambulantes y estacionarios, ubicados en el barrio Venecia, de las localidades de Tunjuelito, a través de su relocalización en un inmueble aledaño, con el fin de mejorar su condición laboral y permitir la recuperación del espacio público.

Objetivos específicos.

1. Evaluar económica y jurídicamente los predios ofertados para reubicar a los vendedores estacionarios y ambulantes.

2. Realizar los avalúos a los predios preseleccionados.

3. Adecuar el predio, de acuerdo a las necesidades de los beneficiarios.

4. Desarrollar un proceso de acompañamiento social que permita la sensibilización de los vendedores frente al cambio de condición de vendedor informal a formal.

5. Fortalecer la organización interna del grupo de vendedores informales beneficiarios de esta alternativa.

(…).

4. Estudio de alternativas.

Enumere y describa las diferentes formas de solucionar el problema o necesidad.

1. Reubicación de cuarenta y cuatro (44) vendedores informales, mediante la compra de un predio en la Localidad de Tunjuelito, complementado con un proceso de acompañamiento a su formalización comercial, con el fin de mejorar su condición laboral.

2. Aumentar la cobertura y el tiempo en la realización de ferias temporales en varios sitios de los barrios de Venecia, San Carlos, el Carmen y el Tunal.

Alternativa seleccionada: No 1.

Diga las razones técnicas, sociales, culturales, institucionales, o de otra índole, por las cuales se selecciona la alternativa.

En cuanto a lo técnico: El predio o lote a adquirir permite en alguna forma iniciar el proceso de relocalización de vendedores informales en una zona que se encuentra bastante invadida por estas actividades; el predio debe estar en las condiciones de ser habitado, que cuente con los servicios básicos, y de una infraestructura adecuada, o el cual sea de fácil adecuación.

(…).

Institucionales: El sector en el cual se pretende relocalizar, es un sector comercial, el cual facilita la comunicación con los compradores y residentes en la zona (…).

Descripción del proyecto.

(…) se encuentra una propuesta del predio ubicado en la diagonal 46 No 51-30 sur (punto comercial Playa), con un área aproximada de 160 metros cuadrados en la zona de Venecia, que puede ser objeto de estudio para el proyecto, dado que cuenta con el concepto de estudio de títulos por parte del FVP. Sin embargo, debe realizarse el avalúo comercial por parte de una firma inmobiliaria reconocida en el tema, dado que el oferente estipula un valor aparentemente alto.

Igualmente se cuenta con los conceptos jurídicos del estudio de títulos por parte del FVP para el predio ubicado en la diagonal 46 Nº 51-73, con una oferta de venta por un valor que debe confrontarse con el avalúo comercial actualizado.

Para tal efecto se planea desarrollar actividades como:

1. Estudio de propuestas de lotes o predios que cumplan con las áreas determinadas y se encuentren en la zona de Venecia.

2. Estudio de títulos del inmueble seleccionado.

3. Contratación de los avalúos del predio para establecer el valor real a negociar.

4. Compra del inmueble viable.

5. Adecuaciones necesarias del inmueble.

6. Talleres de sensibilización ante el proceso de cambio”(216).

Copia de tres (3) actas de operativos de control al espacio público, del 1º, 2º y 22 de febrero de 2006, suscritas por el coordinador del grupo de gestión jurídica, la personera de la Alcaldía Local de La Candelaria y la Policía Nacional, en las cuales indican que se han levantado 24 actas de incautación de mercancía a vendedores informales que se ubican en la plazoleta del Rosario y en la carrera 14, entre calles 7ª y 9ª(217).

Copia del “Plan integral para la solución de la problemática de la venta ambulante en la Localidad de Santa Fe”, capítulo 13, pacto de cumplimiento, realizado por la Alcaldía Mayor de Bogotá y el Fondo de Ventas Populares en marzo de 2006, en el que ponen de presente la situación jurídica en la que se encuentran varios vendedores ambulantes de la localidad. Se destaca:

“Componente 13.7. Objetivos de las distintas iniciativas, resultados, indicadores, medidores de impacto, cronogramas, costos, formas de financiación, etc.

Cuadro 14
 
Agrupación de vendedores informales - zona centro
BodegaNombre de agrupaciónEstado legalNº integrantesActividad comercial
FuratenaAsofurConstituidos legalmente74 personas 
Grupo FuratenaEn constitución (de Fundación a Cooperativa)45 personas 
Cabildo Indígena IngaSin iniciar proceso de constitución32 inicialmenteMedicina Tradicional-artesanías - confecciones
Vera CruzArtesanos de la MaderaEn proceso de asociación10 inicialmenteProducción y comercialización artesanías en madera
Cooperativa EmprenderConstituida como cooperativa multiactiva Coopemprender23 inicialmente (puede expandirse)Desarrollo de negocio supermercado con énfasis en Fruver
Joyeros fabricantesSin constituirse legalmente4Fabricación y venta de joyería
 Atril 3 g “San Martín”Asociados legalmente110 
Comerciantes en acciónAsociados legalmente40Comercialización de calzado y confecciones
Café - libroEn proceso de asociación5 inicialmenteServicio de atención en negocio tipo café - libro
NavarroCooperativa de comerciantes asociados navarroAsociados legalmente64Comercialización de calzado y confecciones
Fundación coronaProdualimentosAsociados legalmente25Producción y comercialización de comidas rápidas
HidrostarAsociados legalmente22Mantenimiento de tanques de almacenamiento de agua
OtrosAsovincolAsociados legalmente20 inicialmente 
CooptecmancomAsociados legalmente5Mantenimiento de computadores
Información a marzo de 2006

 

(…) ”(218).

Copia del documento “Zonas de Aprovechamiento Regulado - ZAR y Red Pública para la Prestación de Servicios al Usuario del espacio público-Redep”, elaborado el 26 de abril de 2006 por la mesa técnica de apoyo del plan maestro de espacio público de la Alcaldía Local de Bogotá, en el que se explica el concepto, las características y la forma de utilizar las Zonas de Aprovechamiento Regulado. Se destaca:

“Zonas de aprovechamiento regulado, ZAR.

Son sectores urbanos delimitados, asociados a centralidades y a ejes con actividad económica, en las cuales, en espacios públicos definidos, la administración autoriza la ejecución de actividades de aprovechamiento económico, a través de la red de prestación de servicios al usuario, Redep, en mobiliario urbano.

Red pública para la prestación de servicios al usuario del espacio público, Redep.

(…) es un sistema de puntos de venta localizados y delimitados en zonas de aprovechamiento regulado, ZAR; abastecidos por una red de distribución de mercancías y prestación de servicios; dotada de centros de acopio que constituyen nodos de la red; y de un sistema de control que garantiza la identificación automática de las mercancías autorizadas para circular por la red.

(…) Objetivos Redep.

— Preservar la independencia de los vendedores informales y contribuir a su organización.

— Potenciar los ingresos y la calidad del trabajo de los vendedores independientes.

— Mejorar la calidad del espacio público.

— Contribuir a la sostenibilidad económica y al fortalecimiento de los recursos destinados al espacio público.

— Mejorar la participación del Distrito en las concesiones de mobiliario y publicidad en el espacio público.

— Regular el aprovechamiento complementario y eliminar los aprovechamientos abusivos.

(…) Características Redep.

— Sistemas de puntos de venta localizados en mobiliario urbano-kioscos-dentro de ZAR y en sistema Transmilenio.

— Distribución de puntos de Redep orientada por ordenación definida para cada ZAR, ajustada con el desarrollo de cada proyecto de intervención en espacio público o de provisión de mobiliario al interior de cada ZAR, y que siempre responderá a las características y capacidad de cada zona.

— Operada por miembros de ASOT: cumplimiento de condiciones de asociatividad.

— Surtida por Edimes: Empresas de distribución de mercancías y prestación de servicios.

— Dotada de centros de acopio (nodos de red).

— Con sistema de control —identificación automática de mercancías—.

— Administrada y regulada: Administración Distrital”(219).

Oficio dirigido el 19 de mayo de 2006 por la Asociación de Comerciantes Independientes de la manzana 22 — Asocin M22—, al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en el que ponen de presente las dificultades que se presentan en el sitio destinado para la reubicación denominado manzana 22. Se destaca:

“(…) Es de su conocimiento que a pesar de estar situados en la manzana 22, nuestra posición es transitoria y no hemos obtenido respuesta para una reubicación definitiva por parte de la administración. (…).

Hasta el momento permanecemos allí en una situación lamentable, en donde no tenemos apoyo del Fondo de Ventas Populares, y donde no existe ninguna clase de publicidad, que por cierto fue prometida por la misma entidad”(220).

Copia del documento “Capacitación y educación a los vendedores informales, y análisis estadístico de la funcionalidad del Fondo de Ventas Populares”, de 30 de mayo de 2006, realizado por el Fondo de Ventas Populares, en el que pone que desde el año 2005 hasta mayo de 2006 se han capacitado numerosos vendedores ambulantes en el SENA. Se destaca:

“(….).

13.1. Resultados.

Desde el 2005 a la fecha, 1002 vendedores han sido beneficiados mediante los programas de aprendizaje de capacitación del SENA. Estos se agrupan en cuatro categorías: los que se están capacitando, los que se retiraron de la capacitación, los que no asistieron a la capacitación y quienes terminaron la capacitación. Por otra parte se tienen dos categoría adicionales: curso suspendido y horas pendientes por programar, que corresponde a movimientos temporales al interior del proceso de capacitación con esta entidad, el SENA.

Categoría capacitación SENA
Se está capacitando268
Se retiró de la capacitación45
No asistió a la capacitación303
Terminó la capacitación262
Curso suspendido19
Horas pendientes por programar105
Total general1002
Fuente base de datos del FVP. Marzo 24 de 2006

 

De estas categorías hay que decir, que el 26.15% ya terminó la capacitación en las áreas de mantenimiento de computadores, informática auxiliar de archivo, mercadeo y logística, panadería, estética, enchape y pintura arquitectónica. Se encuentran en capacitación el 26.75%. Por otra parte, se destaca la presencia de una deserción del 4.49%, y el 30.24% se inscribió a los cursos pero no asistieron. Los vendedores que se encuentran en la categoría curso suspendido y en horas pendientes por programar, reiniciarán actividades entre el 3 de abril y el 26 de abril de año en curso.

Área de capacitación
 Número de vendedores
Mantenimiento de computadores40
Informática59
Auxiliar de archivo25
Mercadeo y logística71
Panadería14
Estética34
Enchape y pintura arquitectónica19
Total General262
Fuente base de datos del FVP. Marzo 24 de 2006

 

Los vendedores que se encuentran en la actualidad cursando capacitación, lo están haciendo en las áreas de marroquinería, patronaje y confección, pintura sobre metal, operario para mantenimiento de instalaciones, mecánica automotriz, informática, panadería y estética.

Con el fin de fortalecer los proyectos productivos, el convenio FVP-SENA, desarrolla, en los centros comerciales de relocalización del Fondo de Ventas, cursos de emprendimiento por parte del SENA, que también llevan apoyo a la movilidad. Estos cursos son de 74 horas y consisten en crear en las personas participantes la mentalidad empresarial que permita dar iniciativa a un proyecto de vida, a través de la identificación de ideas empresariales y el desarrollo de planes de negocios que permitan la consolidación de empresas sostenibles que den bienestar a los propietarios y a la sociedad.

Los contenidos de este curso de capacitación están compuestos por cinco módulos: fundamentación del emprendimiento, pensamiento empresarial, ideas de negocios, plan de negocios y componentes detallados de un plan de negocios.

(…).

Durante el año 2005 se capacitaron en el área de emprendimiento 213 vendedores vinculados a los proyectos de relocalización del FVP, tal como se muestra en el cuadro siguiente:

Proyecto de localizaciónNº de vendedores
Calle 15 cra. 15 Sur (UNAD- Restrepo)9
Carrera 3840
CED Centenario23
CFP-Cachivaches1
Eje ambiental8
Furatena8
Rotonda Santa Fe12
San Martín99
Súper C-611
Veracruz12
Total general213
Fuente base de datos del FVP. Marzo 24 de 2006

 

(…)(221).

Copia del “Informe de intermediación laboral con la empresa privada, remisiones”, de 31 de mayo de 2006, realizado por el Fondo de Ventas Populares, en el que se establece que 1358 vendedores ambulantes han sido remitidos a diferentes empresas privadas para que busquen vincularse con un empleo formal(222).

Memorial suscrito el 6 de junio de 2006 por el presidente del “Comité Pro Defensa de Vendedores Ambulantes y Estacionarios”, dirigido al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en el que expresa que las medidas que ha adoptado la administración para ayudar a los vendedores ambulantes no son óptimas. Se destaca:

“(…) La administración negó al comité local la posibilidad de inspeccionar los 22 sitios ubicados para los vendedores ambulantes y estacionarios, los cuales habían sido propuestos por el Fondo de Ventas Populares para las localidades tercera, catorce, y diecisiete, las cuales salieron afectadas directamente con los operativos policivos del 1º de septiembre de 2004 y del 31 de mayo de 2005, y con todo esto, hasta la fecha, la incertidumbre para el vendedor informal de estas tres localidades continua.

Por eso, encontramos que las bodegas asignadas para albergar a los vendedores, locativamente no estaban adaptadas; como también nos preocupa que el presupuesto destinado para la solución de los informales se viene gastando de manera desmedida en otras funciones, sin que se encamine al verdadero uso de él, ni mucho menos a la solución definitiva del conflicto”(223).

Derecho de petición elevado el 14 de junio de 2006 por los representantes del comité local Santa Fe Nº 3, al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en el que manifiestan su inconformidad por la forma en que la gerente del Fondo de Ventas Populares ha manejado las ayudas que presta dicha entidad a la población que se dedica a realizar ventas ambulantes. Se destaca:

“(…) Se observa que el presupuesto existente para solucionar el problema de las ventas informales se sigue gastando en cánones de arrendamiento, transportes de carpas, logística, publicidad mal enfocada y el pago de nóminas de empleados y contratistas, que al final no conllevan a buscar soluciones reales para los ciudadanos que ejercemos el ejercicio del comercio informal, artesanos, madres cabeza de familia y ciudadanos discapacitados”(224).

Testimonio de Jorge Luis Acosta Restrepo, gerente de ventas de British American Tobacco, rendido el día 22 de junio de 2006, en el que manifiesta que la empresa no incentiva ni promueve las ventas ambulantes. Se destaca:

“(…) PREGUNTADO: En qué esquema de comercialización, la sociedad British American Tobacco realiza la venta y comercialización de sus productos utilizando el espacio público. CONTESTÓ: Nuestro esquema de comercialización y las políticas internas de la compañía British American Tobacco, tiene unos requisitos mínimos para la venta. El primero de ellos es que nuestro cliente tenga un establecimiento de comercio con una dirección dentro de la ciudad de Bogotá, que posea un RUT que lo identifique como contribuyente dentro del establecimiento, para que podamos desarrollar actividades de marketing a consumidores mayores de edad, y que cumpla con los requisitos para poder comercializar la categoría de cigarrillos.

(…) PREGUNTADO: La Sociedad British American Tobacco distribuye, vende o mantiene alguna relación comercial con el comercio informal, vendedores ambulantes, en la comercialización de sus productos. CONTESTÓ: Dichos comerciantes, por ser ambulantes e informales, no cumplen con los requisitos para ser atendidos por la compañía British American Tobacco. En conclusión, no podríamos trabajar con dicho comercio, dada la imposibilidad de desarrollar actividades de marketing (…) ”(225).

Testimonio de Jorge Enrique Peña Casabuena, director de ventas masivas de Comcel S.A., rendido el 22 de junio de 2006, en el que manifiesta que la empresa no incentiva ni promueve las ventas ambulantes. Se destaca:

“(…) En cuanto a la venta y distribución de tarjetas prepago, en Comcel S.A. tenemos dos canales de venta. Los distribuidores de líneas que están vinculados a Comcel S.A., con contratos de distribución, tienen establecimientos de comercio propios, otorgan garantías reales a Comcel S.A. y todo lo relacionado con pólizas, en sus puntos venden la tarjeta prepago Comcel S.A. El otro canal de ventas son compañías que se dedican a la distribución de la tarjeta prepago en el canal tradicional y en algunos casos en establecimientos comerciales de su propiedad, no le vendemos en forma directa ni indirecta a personas naturales la tarjeta prepago (…) ”(226).

Testimonio de Carlos Hernando Duran Cuello, gerente de Ventas de Nestlé Colombia, rendido el 22 de junio de 2006, en el que indica que Nestlé S.A. sólo comercializa sus productos con empresas legalmente constituidas. Se destaca:

“(…) La Rosa vende sus productos a Nestlé de Colombia, quien se encarga de la distribución a los diferentes canales, clientes así: Para ser cliente de Nestlé se deben presentar documentos que permitan constatar que la compañía a la cual le comercializamos los productos sea una empresa constituida legalmente. Así mismo, estas empresas deben tener respaldo económico o garantías reales para poder mantener una relación comercial con Nestlé”(227).

Testimonio de Carlos Alberto Correa Gregory, empleado de Apuestas en Línea S.A., rendido el 29 de junio de 2006, en el que indica que a pesar de que uno de los canales de distribución del chance es a través de vendedores ambulantes, la empresa no patrocina la invasión que estos hacen del espacio público. Se destaca:.

“(…) PREGUNTA: Diga todo lo que le conste con relación a la venta de chance por parte de la sociedad Conapi 3 Ltda. CONTESTÓ: Conapi 3 Ltda. es un operador comercial autorizado por el concesionario para el juego del chance, apuestas permanentes Arturo Echeverri H., en el ejercicio de esta autorización utilizamos dos canales para la distribución o venta del chance. Uno de ellos es el que usamos a través de las oficinas de la venta del chance y el otro es el que usamos a través de los vendedores ambulantes, que como su nombre lo indica deambulan por las calles de la ciudad ofreciendo el producto. (…).

(…) Obviamente si el vendedor ocupa el espacio público, no cuenta con ninguna autorización por parte de la empresa, por el contrario, hemos recomendado que utilicen las oficinas de las que dispone la empresa para la colocación de apuestas o arrienden espacios dentro de establecimientos comerciales como pueden ser cafeterías, droguerías y cigarrerías para que ejerzan la actividad desde allí”(228).

Testimonio de Nora Lucia Sanín Posada, directora de la Asociación de Diarios Colombianos Andiarios, rendido el 30 de junio de 2006, en el que explica que los diarios son ofrecidos mediante una actividad ambulatoria o móvil, que no atenta contra el espacio público. Se destaca:

“(…) La asociación que represento y los periódicos que ella reúne, consideramos que la venta realizada por los voceadores no requiere de permiso, puesto que su actividad es ambulatoria o móvil, y no fija o estacionaria, por lo cual los voceadores no ocupan el espacio público sino que realizan o hacen un adecuado uso del mismo. (…) ”(229).

Inspección judicial practicada el 30 de junio de 2006 en las localidades de Santa Fe, La Candelaria y Los Mártires, en la que se evidenció la presencia de vendedores ambulantes en el espacio público y que la administración ha incumplido los pactos a los que había llegado con este gremio. Se destaca:.

“(…) Durante el recorrido realizado se observan algunas ventas ambulantes por la carrera 9ª, entre calles 6ª a 17, así como que algunos vendedores esconden sus productos en los locales comerciales contiguos. Se deja constancia que sobre la calle 17 con carrera 10ª se encuentran ubicados vendedores de periódico con mesas de exhibición. Acto seguido, se traslada la diligencia a la denominada Bodega 22, ubicada en la calle 17 Nº 14-22, en la que se observan ventas de frutas y comida en las calles, invasión del andén por motos, y justo en la esquina de la carrera 15 con calle 17, se encuentra ubicada una caseta de venta de dulces. La visita a la Bodega tiene por objeto constatar el sitio destinado para guardar los elementos decomisados por la Policía de Bogotá a los vendedores ambulantes. (…) Hecho el ingreso a la bodega se deja constancia que el depósito funciona en el segundo piso (…) y en su puerta de acceso se encuentra pegado un aviso de sellamiento por la autoridad de Salud Pública.

(…) Se deja constancia que entre la carrera 11 con calle 10ª funciona el centro comercial El Gran San Victorino, establecimiento en el cual fueron reubicados hace mas de 15 años los vendedores ambulantes, observándose que cuentan con buenas condiciones tanto de seguridad como de infraestructura física (…).

(…) la señora María Orosia Rodríguez, (…) indica al despacho que fue una de las personas que aceptó el empleo ofrecido por el Fondo de Ventas Populares como guía de tránsito, y en este momento se encuentra sin empleo, puesto que no se le renovó el contrato. Informa que en esta situación se encuentran varias personas.

(…) La señora Esther Julia Carabali expresa que su hija participó en los sorteos efectuados y se le asignó un puesto en la Bodega San Martin, sin que hasta la fecha se le haya entregado. (…).

(…) En este estado de la diligencia se realiza un recorrido por el lote donde fueron reubicados provisionalmente los vendedores ambulantes, y se observa que se instalaron unas carpas que presentan un regular estado de conservación; que el sitio no cuenta con ningún servicio público; y que sólo hay dos baños móviles para más de 190 personas, (…) Se deja constancia que se encuentra una carpa en el suelo, la que según las personas fue derribada por el viento debido al mal estado que presenta. Se deja constancia que no existen condiciones higiénicas ni de salubridad en el sitio (…) ”(230).

Veinticuatro (24) Actas de aprehensión, realizadas en julio de 2006 por la Policía Metropolitana de Bogotá, en las que se relacionan distintos artículos incautados a los vendedores ambulantes que se encontraban haciendo uso de espacio público en la Localidad de Suba(231).

Copia del estudio “Evaluación del impacto de los voceadores en zonas de alta demanda”, de julio de 2006, realizado por la firma Total Marketing Group, en la que se evalúan los beneficios de la estrategia de mercadeo realizada a través de los voceadores de prensa, concluyéndose que la presencia de los mismos no constituye obstrucción a la movilidad de los transeúntes, y que no existe un mecanismo alternativo con el mismo nivel de efectividad para comercializar los diarios al público. Se destaca:

“(…) Los vendedores de prensa escrita, como ya se indicó, representan el 18% de los vendedores ambulantes, y de aquellos solo el 12% realizan su actividad en zonas peatonales, razón por la cual puede asegurarse que la presencia de los voceadores no configura obstrucción a la movilidad de los transeúntes.

(…) 2.9. El impacto que tendría sobre el acceso a las noticias y la información de los bogotanos eliminar el sistema de distribución conocido como voceadores, incluyendo lo relativo al acceso diario a las mismas.

Tal como hemos comentado, por lo menos un 25% de los compradores de diarios perderían la posibilidad de adquirir la información de los periódicos, si no pudieran comprarlos en la calle, al precio y en la oportunidad que ellos quieran, o puedan por su capacidad de compra. Se restringiría la opción de compra para el lector, y se privilegiaría a quienes pueden comprar en suscripción con pago anticipado, o al que puede desplazarse hasta la tienda o expendio que le quede en su camino diario para adquirir el periódico”(232).

Inspección judicial practicada el 1º de julio de 2006 en las localidades de Suba y Chapinero, en la que se evidencia la presencia de vendedores ambulantes en el espacio público. Se destaca:

“(…) En este estado de la diligencia, la honorable magistrada autoriza el recorrido por la localidad, observando que a la altura de la carrera 91 con calle 92, se encuentran ubicados los vendedores ambulantes, quienes tienen que respetar, según la resolución anotada, 10 metros al puente peatonal y 2 metros del andén. Así mismo, se deja constancia que sitios como el portal de Transmilenio y el centro comercial se encuentran libres de vendedores ambulantes. Se informa que se acordó ubicarlos sobre la carrera 142 a la 139, costado occidental, observándose una venta muy organizada (…).

(…) Acto seguido la honorable magistrada autoriza el traslado de la diligencia hacia la Localidad de Chapinero. Iniciando el recorrido por la calle 72 hasta la carrera 13, se observan ventas ambulantes en ambos costados. (…).

(…) A lo largo del recorrido se observa que sobre la carrera 13 con calle 66, esquina de la Clínica Colsubsidio, se ubican aproximadamente 17 vendedores de frutas y muñecos. (…) Continuando con el recorrido por la carrera 13, se observa que a la altura de las calles 66 a 60 se encuentran ventas ambulantes por ambos costados, se informa que hay autorización para la venta de lotería y voceadores de prensa en la plaza Lourdes. Se deja constancia que las ventas ambulantes se incrementan por la estación de Transmilenio que funciona en la calle 63 con avenida Caracas. Se deja constancia que a la altura de las calles 63 a la 42, las ventas se ubican en las esquinas y se trata de mantener despejado el andén. Se observan ventas de frutas y flores”(233).

Inspección judicial practicada el 5 de julio de 2006 en las localidades de Antonio Nariño y Kennedy, en la que se evidencia que los vendedores ambulantes se encuentran organizados en carpas y siguen ocupando el espacio público. Se destaca:.

“(…) Visitando en primer lugar el pasaje cultural y comercial Centenario, ubicado en la avenida 1º de mayo con carrera 20 sur, sitio con ubicación estratégica para la venta de productos, pues se encuentra ubicado sobre una vía principal y de gran afluencia de público; en este lugar se observa que los vendedores se encuentran ubicados en carpas blancas de buena apariencia estética, resguardados del sol y el agua. De igual forma, se observa que en este lugar existe una dotación de cinco baños permanentes, así como un lugar especial, destinado como shut de basuras. (…).

(…) Se continua el recorrido por el centro de la localidad y la honorable magistrada deja constancia que durante el recorrido realizado se observa que no hay vendedores ambulantes por las calles, dejando constancia que su ausencia no es por operativo policial sino porque están ubicados en los centros que fueron visitados y destinados para este fin. (…).

En este estado de la diligencia la honorable magistrada autoriza el traslado a la Localidad de Kennedy, específicamente a la plazoleta que se encuentra ubicada frente al Ley de Kennedy (…) en dicho lugar se observa una Feria Popular ubicada en carpas de buena apariencia estética resguardadas del sol y el agua”(234).

Sesenta (60) fotografías tomadas en las inspecciones judiciales realizadas el 30 de junio, y 1º y 5º de julio de 2006, respectivamente, en las localidades de Santa Fe, La Candelaria y Los Mártires; Suba y Chapinero; y Antonio Nariño y Kennedy; en las que se observa que algunos vendedores ambulantes aun ocupan espacio público, y que otros han sido reubicados en carpas(235).

Oficio AJ Nº 659-06, dirigido el 13 de julio de 2006 por la Alcaldesa Local de Antonio Nariño al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en el que se relacionan las actividades realizadas para la recuperación del espacio público de dicho localidad, entre el 2003 y el 2006. Se destaca:

“Actuaciones administrativas año 2004

Restitución bienes de uso público

Actuación NºDirección
001Intersección Auto Sur Av. 1º de Mayo 8 Esquina Sur-Oriental.
002Plaza Santander Puesto 102
003Plaza Santander Puesto 154 y 155
004Plaza Santander Puesto 89 y 90
005Plaza Santander 130222-130223
006Carrera 18 A calle 6 Sur
007Zona Avenida NQS Auto Sur
008Diagonal 10 S Nº 29-10
009Diagonal 10 S Nº 30-10
010Carrera 30 A Nº 10-62
011Carrera 31 Nº 10-79 Sur
012Carrera 31 A Nº 12-34
013Avenida 12 S Nº 20-85
014Estadio La Fragua ( Barrio la Fragua)
015Calle 4 S Nº 12 A-21
016Calle 39 A Nº 39 A-09 Sur
017Calle 39 A Nº 39 A-15 Sur
018Calle 39 A Nº 39 A-21 Sur
019Calle 39 A Nº 39 A-27 Sur
020Calle 39 A Nº 39 A-33 Sur
021Calle 39 A Nº 39 A-39 Sur
022Calle 39 A Nº 39 A-51 Sur
023Calle 39 B Nº 39 A-58 Sur
024Calle 39 B Nº 39 A-52 Sur
025Calle 39 B Nº 39 A-46 Sur
026Calle 39 B Nº 39 A-40 Sur
027Calle 39 B Nº 39 A-34 Sur
028Calle 39 B Nº 39 A-28 Sur
029Calle 39 B Nº 39 A-22 Sur
030Calle 39 B Nº 39 A-16 Sur
031Calle 39 B Nº 39 A-10 Sur
032Calle 39 B Nº 39 A-45 Sur
033Calle 39 B Nº 39 A-39 Sur
034Calle 39 B Nº 39 A-27 Sur
035Calle 39 B Nº 39 A-21 sur
036Calle 39 B Nº 39 A-15 Sur
037Calle 39 B Nº 39 A-09 Sur
038Calle 39 C Nº 39 A-63 Sur
039Calle 39 C Nº 39 A-57 Sur
040Calle 39 C Nº 39 A-58 Sur
041Calle 39 C Nº 39 A-52 Sur
042Calle 39 C Nº 39 A-51 Sur
043Calle 39 C Nº 39 A-46 Sur
044Calle 39 C Nº 39 A-39 Sur
045Calle 39 C Nº 39 A-34 Sur
046Calle 39 C Nº 39 A-40 Sur
047Calle 39 C Nº 39 A-28 Sur
048Calle 39 C Nº 39 A-21 Sur
049Calle 39 C Nº 39 A-22 sur
050Calle 39 C Nº 39 A-15 Sur
051Calle 39 C Nº 39 A -09 Sur
052Calle 39 C Nº 39 A-03 Sur
053Calle 39 D Nº 39 A-57 Sur
054Calle 39 D Nº 39 A-45 Sur
055Calle 39 D Nº 39 A-39 Sur
056Calle 39 F Nº 39 A-51 Sur
057Calle 39 F Nº 39 A-64 Sur
058Calle 39 F Nº 39 A-69 Sur
059Avenida 27 Sur Nº 39 A-58
060Calle 23 Sur Nº 28-69/75
061Transversal 33 Nº 31 A-40 Sur
062Calle 17 S Nº 14-07
063Plaza de Mercado Restrepo Local 110005
064Carrera 29 Calles 30 y Diagonal 30 Calle 30 Sur Nº 29-03

 

Actuaciones administrativas año 2005

Restitución bien de uso público

Actuación NºDirección
001Calle 2 Sur Nº 11B-05
002Carrera 24 Hasta la carrera 24 B con Avenida 12 Sur.
003Calle 12 Sur Nº 24 C-30
004Plaza Restrepo local 130355
005Plaza Santander puesto 75
006Plaza Santander puesto 96
007Plaza Santander puesto 213
008Plaza Santander puesto 185 y 187
009Plaza Santander puestos 121-122-123
010Plaza Santander puesto 209
011Calle 3 Sur Nº 18 A San Antonio Esquina
012Plaza Santander puesto 225
013Plaza Restrepo puesto 120040
014Plaza Restrepo puestos 120037 y 120038
015Plaza Restrepo puesto 110011
016Parque Cementerio Villa Mayor
017Calle 15 Sur Nº 24 C-50
018Carrera 18 Nº 15-13 Sur
019Carrera 18 Nº 15-17 Sur
020Plaza Restrepo puesto 130291
021Plaza Restrepo puesto 120057
022Plaza Restrepo puesto 130181
023Plaza Restrepo puesto 130180
024Plaza Restrepo puesto 130118
025Plaza Restrepo puesto 120048
026Plaza Restrepo puesto 120031
027Plaza Restrepo puesto 130298
028Plaza Restrepo puesto 130297
029Plaza Restrepo puesto 120562
030Plaza Restrepo puesto 130057
031Calle 22 Sur Nº 31-55

 

Actuaciones administrativas año 2006

Restitución bien de uso público

Actuación NºDirección
001Calle 20 Bis Sur Nº 21-36
002Calle 22 Sur Nº 31-45
003Diagonal 12 Nº 17-35/61 Sur
004Calle 16 Sur Nº 15-02
005Carrera 23 Calle 20 Sur Costado Nor-oriental
006Transversal 12 S-Diagonal 13 A S y Ave. 13 S
007Parque Zonal La Fragua Contigua Estadio Andrés Escobar.
008Carrera 30 Nº 15-25/ Ave. 35 Nº 16-38 Sur

(…)(236).

Oficio AJEP 612 -06, dirigido el 24 de julio de 2006 por la Alcaldesa Local de Kennedy al Tribunal Administrativa Cundinamarca, con el que remite la relación de las acciones policivas para la recuperación del espacio público realizadas en el año 2003 en dicha localidad, encontrándose 777 incautaciones de elementos con los cuales se ocupa el espacio público, tales como carritos, carretas y parasoles(237).

Oficio 552 coman-fudis, dirigido el 13 de julio de 2006 por el mayor comandante del grupo fuerza disponible de la Policía Metropolitana de Bogotá al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en el que relaciona las acciones adelantadas para la recuperación del espacio público, entre las que se encuentran incautaciones, mesas de seguimiento, reuniones de coordinación y operativos en determinados sectores, especialmente para prevenir la venta de artículos “piratas”. Se destaca:.

“(…) Participamos en las mesas de seguimiento que adelanta la personería Distrital, dónde se hace un análisis de las debilidades, falencias y oportunidades en cada localidad, sobre el manejo del espacio público.

Se realizan reuniones de coordinación con las alcaldías locales, con presencia de personeros, asesores jurídicos, representantes del Fondo de Ventas Populares, del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, Secretaría de Salud, y Policía, para verificar el estado de los sectores recuperados y/o preservados, con el fin de programar los operativos correspondientes.

Durante los operativos la Policía es acompañada por delegados de la personería local, del comisionado para la Policía, asesores jurídicos de la respectiva localidad, y en algunas ocasiones de la Secretaría de Salud.

(…) A diario se nombra una patrulla para que realice operativos de verificación de piratería literaria, fotográfica y audiovisual, obteniendo los siguientes resultados:

(…).

FechaResultados (material incautado)Localidad intervenida
CD MúsicaCaseteVCDP/StatiLibros
18-01-05480 30  (E-11) calle 117 con cra. 134
20-01-05430    (E-4) calle 46 sur con cra. 12
21-01-05420    (E-3) calle 16 con cra. 8ª y 9ª
24-01-05170    (E-8) cra. 86 Av. 1ª de Mayo
25-01-053802035  (E-3) calle 16 con cra. 8ª
26-01-05450 30  (E-7) cra. 88 con calle 58 A sur
27-01-05510 60  (E-3) calle 19 con cra. 9ª
28-01-05200 130  (E-3) calle 16 entre Cra. 8ª y 9ª
31-01-05380    (E-11) calle 130 con cra. 90
01-02-05400    (E-3) calle 16 entre cra. 8ª y 9ª
02-02-05    06 2 capturas (E-1) calle 100 con cra. 19
03-02-05380 45  (E-14) calle 9ª con cra. 22
04-02-05390 40  (E-11) cra. 74 con calle 130
08-02-05480    (E-18) calle 46 sur con cra. 16
09-02-05450    (E-18) calle 36 sur con cra. 16
10-02-05510 33  (E-19) calle 65 sur con Cra. 19
11-02-05350    (E-3) calle 16 con cra. 8ª y 9ª
14-02-05300 15  (E-5) calle 76 sur con cra. 1ª
15-02-05500 25  (E-8) Av. Américas con cra. 68
16-02-05400 30  (E-2) calle 61 con cra. 13
17-02-05450 60  (E-11) cra. 106 con calle 129
18-02-05430 40  (E-3) calle 16 cras. 8ª y 9ª
21-02-05520 15  (E-5) calle 94 sur cra. 5ª Este
22-02-05450 53  (E-3) calle 16 cra. 8ª y 9ª
23-02-05300 10  (E-8) Av. 1ª Mayo con cra. 86
24-02-05530    (E-11) cra. 91 con calle 137
25-02-05450 50  (E-4) calle 46 sur con cra. 12
26-02-05350    (E-18) Calle 46 sur con Cra. 16
01-03-0530015   (E-3) calle 16 cras. 8ª y 9ª
02-03-0534 10  (E-16) San Andresito Cra. 38
03-03-05350 20  (E-3) calle 16 cras. 8ª y 9ª
04-03-05400 50  (E-3) cra. 7 calle 19
07-03-054201035  (E-11) cra. 91 con calle 137
08-03-05380 25  (E-7) cra. 88 con calle 58 A sur
09-03-0553 07  (E-8) cra. 78B con calle 35 sur
10-03-0535020   (E-2) cra. 13 con calle 62
14-03-05375 28  (E-16) San Andresito cra. 38
15-03-05300 30  (E-16) San Andresito cra. 38
16-03-05530 50  (E-7 cra. 88 con calle 58 A sur)
17-03-05430 35  (E-11) calle 117 con cra. 134
18-03-05380 47  (E-7) cra. 88 con calle 58 A sur
22-03-05420    (E-10) calle 68 con cra. 67
23-03-05410    (E-4) La Victoria
30-03-05300    (E-8) Plaza de Las Américas
01-04-05300 20  (E-2) calle 72 cra. 11
05-04-05450 30  (E-3) calle 20 con cra. 9ª
13-04-05760 1500  (E-3) cra. 7ª calle 19, Calle 16 Cra. 8ª y 9ª
18-04-05200 20  (E-3) calle 16 cra. 8ª y 9ª
19-04-05  13  Un capturado (cra. 38 calle 9ª)
20-04-05  83  2 capturados (Corabastos)
25-04-0553    Un capturado (cra. 38 calle 9ª)
27-04-0593 06  Un capturado (cra. 68 calle 8ª)
28-04-0593 22  Un capturado (calle 65s Cr. 45)
02-05-0523    Un capturado (calle 5 s Cr. 87D)
03-05-051459 548  5 capturas (cr. 7 Calles 18, 19, E-3)
11-05-05350 15  (E-8) Av. Américas cra. 68
12-05-05132 32  2 capturas (cr. 17G clle. 65 sur, E-19)
18-05-05181 15  2 capturas (Corabastos Bod. 29, E-8)
23-05-05  61  1 captura (calle 41 bis Sur AK 4 este)
26-05-0542    1 captura (Av. 1º Mayo Cra. 51, E-8) )
27-05-0540    1 captura (Cr. 9 bis calle 68 sur E-19)
21-06-05390 23  Santa Fe
23-06-05410 47 24Santa Fe
24-06-05332 65  Santa Fe (Dos capturados)
27-06-05132   29Santa Fe
05-07-05360 60  Usme
06-07-05292 59  Ciudad Bolívar
07-07-0530 74  Rafael Uribe
08-07-05115 10  Bosa
11-07-05250 48  Ciudad Bolívar
12-07-0547 03  B. Unidos (Un capturado)
14-07-05128 09  Mártires (Tres capturados)
15-07-05150 30  Ciudad Bolívar
18-07-05110 50  Engativá
19-07-05115 80  Ciudad Bolívar
21-07-05151 100  Pte. Aranda (Un capturado)
24-07-0592 54  San Cristóbal (Dos capturados)
25-07-05103 04  Pte. Aranda
26-07-05730 177  B. Unidos (Un capturado)
27-07-05300 250  Usme
28-07-05100 05  Usme
29-07-05360 165  Ciudad Bolívar
03-08-05200 10  Bosa - Libertad
04-08-05273 85  Corabastos Bodega 29 (1 captura)
05-08-05210 40  Engativá
08-08-05250 15  B. Unidos
09-08-05380 72  Usme (Av. Usme Nº 16 A –16 sur
10-08-0570 10  S. Cristóbal (1 captura)
11-08-05245 20  B. Unidos (1 captura)
12-08-05320 18  Teusaquillo (1 captura)
13-08-05995 356  Engativá y Suba
16-08-0554 16  Kennedy
17-08-05530 80  Antonio Nariño
18-08-05110 30  Rafael Uribe
19-08-051000 500  Santafé y Kennedy (2 capturas)
20-08-0550 40  San Cristóbal
22-08-05100 40  Engativá
23-08-05  95  Santafé (1 captura)
24-08-05180 62  San Cristóbal
25-08-0533    B. Unidos (1 captura)
25-08-0526    Santafé (1 captura)
26-08-05200 120  Rafael Uribe
29-08-05150 55  Engativá
30-08-05300 40 10Santafé (Un capturado)
31-08-0570   11Santafé y Engativá (un capturado)
01-09-05309 348  Tunjuelito y Bosa (dos capturas)
02-09-05182 361 13Santafé y Kennedy
03-09-051203 597 07Bosa, Kennedy, Ciudad Bolívar
05-09-0545 60  Usaquén
06-09-0510 80 05Chapinero
07-09-05310 140  Kennedy
08-09-05243 51 09Santafé
09-09-05  100 06Chapinero
12-09-05826 712  S. Cristóbal (20 Julio) y Santafé
13-09-05250 50  Barrios Unidos
14-09-0523  300 Bosa (Un capturado)
15-09-05157 104  Los Mártires (San José)
16-09-0565    Santafé
19-09-0586    Santafé
20-09-05  30  Santafé (Un capturado)
21-09-0530  3321Santafé
22-09-05244 203224Santafé y Engativá (Un capturado)
26-09-05  16  Los Mártires (Un capturado)
27-09-0524 36  Santafé (Un capturado)
28-09-0525 06  Engativá (un capturado)
29-09-05  15 02Chapinero
30-09-05    04Santafé (un capturado)
03-10-0515   20Santafé y Chapinero
04-10-05262    Teusaquillo (Una capturada)
05-10-05120 20 19Los Mártires (Un capturado)
06-10-05144 36  Ciudad Bolívar
07-10-05243   04Los Mártires (Un capturado)
08-10-05677 96  Engativá, Suba
09-10-05400 45  San Cristóbal
10-10-0532 16  Kennedy
11-10-05271 15  Los Mártires (Un capturado)
12-10-05177 30  Mártires y Kennedy (2 capturas)
13-10-05145 24 14Barrios Unidos (un capturados)
14-10-0596 32  Santafé
18-10-0569 30  Teusaquillo (un capturado)
19-10-05142 41  Teusaquillo (un capturado)
20-10-05235 50  Bosa (un capturado)
21-10-05312 21  Puente Aranda (un capturado)
22-10-05800 160  San Cristóbal y Tunjuelito
23-10-05500 100  Santafé Kennedy, Pte. Aranda
24-10-05150 54  Ciudad Bolívar (un capturado)
25-10-05123 50  Santafé (un capturado)
26-10-05210 33  Kennedy (un capturado)
27-10-05156    Engativá, B. Unidos (dos capturas)
27-10-0540    Teusaquillo (un capturado)
28-10-0535 12  Santafé
30-10-05166    Santafé (un capturado)
31-10-05360 50 03Usaquén
01-11-05156 34  Engativá
02-11-0592 10 05Kennedy (un capturado)
03-11-05162 40  Pte. Aranda (un capturado)
04-11-0509 81  Kennedy (dos capturas)
07-11-05300 140  San Cristóbal
08-11-05580 138  A. Nariño, Ciudad Bolívar
09-11-0570 09 05Pte. Aranda (dos capturas)
10-11-05252 23  Mártires y B. Unidos (dos capturas)
11-11-05168 86  P. Aranda, Kennedy (dos capturas)
15-11-05333 83  Kennedy (dos Capturas)
16-11-05145 24  Kennedy (dos Capturas)
17-11-0531 33  Kennedy (una Captura)
18-11-0540   11Santafé (una captura)
19-11-05380 200  Bosa y Kennedy
20-11-05610 501  Kennedy, C. Bolívar
21-11-0562 05  C. Bolívar (una captura)
22-11-0553 29 07Santafé
23-11-0541 50  Pte. Aranda (tres capturas)
25-11-05894 706  Pte. Aranda (una captura)
29-11-0574 13  Kennedy (una captura)
30-11-05319 105  Mártires (una captura)
01-12-05162 17  Pte. Aranda (una captura)
02-12-05163 24  Mártires (una captura)
04-12-05893 365  Usme, Rafael Uribe y C. Bolívar
07-12-05995 165  P. Aranda, Usme, Rafael Uribe
07-12-0527 15 09Santafé (una captura)
08-12-05850 305  Kennedy, C. Bolívar
09-12-05199    Engativá y B. unidos (dos capturas)
12-12-05400 230  Chapinero, Santafé, Kennedy
13-12-05501 55 06Chapinero y C. Bolívar (una captura)
14-12-051220 173  Bosa, Kennedy
14-12-05889 362  Kennedy (una captura)
15-12-05366 119  B. Unidos; Kennedy (una captura)
15-12-0585 26  P. Aranda (una captura)
16-12-0538 35  Fontibón (una captura)
17-12-051986 302  S. Cristóbal, Usme, C. Bolívar
18-12-05993 204  Kennedy, C. Bolívar, Santafé
19-12-051112 231  Chapinero, Fontibón, Kennedy, Usme
20-12-05549 185  Mártires, P. Aranda (dos capturas)
21-12-051156 386  Usaquén, Chapinero, Engativá, Font
22-12-05933 222  Usaquén, Engativá (Una captura)
23-12-05315 212  Pte. Aranda (una captura)
26-12-05450 505  Chapinero, Engativá, Suba
27-12-05202 184  Santafé, Kennedy, P Aranda (4: 9-54)
28-12-05530 500  Bosa, Kennedy
29-12-05830 246  Usaquén, Chapinero, Santafé, Suba
30-12-05916 70  Santafé, Kennedy, P. Aranda
TOTAL62.6496517.510365274206 Intervenciones

(…).

 

(…) “(238).

Copia de cuatro (4) actas de las reuniones llevadas a cabo el 18 de julio, 24 y 25 de agosto, y 6 de septiembre, todas de 2006, por la mesa de concertación de la Alcaldía de Tunjuelito y los vendedores ambulantes del sector, en las que se analiza la posibilidad de carnetizar y reubicar a los vendedores ambulantes, así como de implementar estrategias educativas que propendan por la recuperación del espacio público(239).

Oficio AJ Nº 726-06, dirigido el 2 de agosto de 2006 por la Alcaldesa Local de Antonio Nariño al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en el pone de presente que ha adelantado varias actividades para recuperar el espacio público de la localidad. Se destaca:

“(…) En la Localidad Antonio Nariño, y después de haber surtido un proceso de concertación con los representantes de las asociaciones de vendedores informales, la administración local y distrital, y el sector formal, estructuraron las alternativas socioeconómicas denominadas Pasaje Cultural y Comercial Centenario y Plazoleta de comidas del barrio Restrepo, que fueron ofertadas a los vendedores informales que ocupaban las calles centrales del barrio Restrepo, para dar cumplimiento a los términos establecidos en el Decreto Distrital 98 de 2004 y en la Resolución 291 de 2004, del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público.

Dentro de lo actuado en la localidad 15-Antonio Nariño, respecto a la recuperación del espacio público, cabe identificar y diferenciar las siguientes acciones: Procesos de concertación (…), construcción de una nueva alternativa de reubicación comercial (…), Seguimiento a proyectos de reubicación comercial ejecutados en otras administraciones (…) y Proyecto Cuatro Vientos (…) ”(240).

Oficio dirigido el 8 de agosto de 2006 por Félix Arturo Palacios Arenas, vendedor ambulante, al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en el que pone de presente los abusos cometidos en los operativos de la Policía para la recuperación del espacio público. Se destaca:

“(…) Deseo (…) aprovechar esta oportunidad para expresarle las anomalías y abusos de autoridad que se vienen presentando, como lo son los continuos apresamientos de vendedores ambulantes, para lo cual hemos debido recurrir a la acción constitucional del habeas corpus, con el fin de defender nuestros derechos constitucionales; la retención y pérdida de cedulas de ciudadanía, cuando los señores policías nos solicitan la identificación y arbitraria e ilegalmente se van del sitio, comunicándonos que debemos reclamarlas en el CAI; así mismo, le manifiesto que en el 90% de los operativos no está presente el personero, (…) finalmente le manifiesto que nuestra mercancía siempre se pierde, algunas veces porque la Policía la daña a golpes, y en otras ocasiones porque las actas de decomiso son ilegibles, o no son allegadas a tiempo, por lo que no es posible devolver la mercancía incautada a sus dueños”(241).

Oficio dirigido el 11 de agosto de 2006 por la Alcaldesa Local de Santa Fe al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en el pone de presente que ha realizado actividades en aras de conservar y recuperar el espacio público. Se destaca:

“En lo que respecta a la acción popular 2002-2530, y en lo concerniente a los vendedores ambulantes, esta alcaldía local de Santa Fe, ha hecho presencia en la organización y direccionamiento del Comité de Vendedores Ambulantes de Santa Fe, que está integrado por un buen número de vendedores ambulantes de esta localidad, así como los indirectamente beneficiados de otras localidades.

(…) Ha sido fructífero el acompañamiento que esta Alcaldía Local de Santa Fe, realizó en el primer semestre, cediendo el espacio del Parque Santander al Fondo de Ventas Populares, para que por su intermedio se concedieran los permisos a los vendedores ambulantes, en general, y en acompañamiento de la política distrital que por medio del Fondo se desarrolla en Bogotá, al respecto de este tema.

Resta informar que en cuanto a la bodega, sitio en el cual se almacenan las mercancías aprehendidas, se han tomado medidas de acuerdo a la normatividad, para ser más efectivos, ya sea en la devolución, o en la destrucción de estas, evacuando en tres oportunidades gran cantidad de material que por sus condiciones y procedimiento requerían ser destruidos”(242).

Copia del acta del consejo local de seguridad de la Alcaldía Local de Tunjuelito, de 19 de febrero de 2007, en la cual se pone de presente la implementación de un Registro de Asociaciones de Vendedores Informales (RAVI) para organizar a los vendedores ambulantes de la localidad. Se destaca:

“(…).

La doctora Sandra Villaveces indicó que el señor Eduardo Portilla es la única persona que se ha inscrito en el Registro de Asociaciones de Vendedores Informales (RAVI), y que este registro debe hacerse en el IPES. El doctor Leonardo Rodríguez manifiesta que este registro es un requisito indispensable para acceder a las zonas de uso transitorio y procede a solicitar telefónicamente al IPES información sobre el número de personas y asociaciones que están inscritas ante esta entidad, según la base de datos y que pertenezcan a la Localidad de Tunjuelito.

(…).

La gestora local manifiesta que el objeto de inscripción ante el RAVI es tener opción de ocupar algunas zonas de transición por parte de las asociaciones. El doctor Rodríguez comenta que el proceso es inscribirse en la asociación correspondiente a la localidad y que estén debidamente registrados, (…) la personera local solicita aclaración sobre si una asociación que no se ha registrado lo puede hacer actualmente, por lo que el doctor Rodríguez responde que no se debe dejar de recibir inscripción de los vendedores, que es un derecho ciudadano de asociarse. El señor Alfredo Domínguez comenta que la alcaldesa local sugirió que no se debería permitir más inscripciones. La personera local le comenta al señor Rodríguez que se debe fijar una fecha de corte de inscripciones, que se debe decir hasta cuándo se va a atender el proceso de inscripción”(243).

Resolución 59 de 2007 (mar. 30), expedida por la Defensoría del Espacio Público de Bogotá, por medio de la cual se actualiza el inventario de las zonas de transición de aprovechamientos autorizados, adoptado mediante Resolución 260 de 2006 (nov. 7), expedida por la misma entidad. Se destaca:

“CONSIDERANDO:

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el parágrafo 4º del Decreto Distrital 419 de 2006, la Defensoría del Espacio Público debe adoptar y actualizar el inventario de las zonas de transición y aprovechamientos autorizados en el Distrito Capital.

(…).

RESUELVE:

ART. PRIMERO.—Actualizar el inventario de las zonas de transición de aprovechamientos autorizados en el Distrito Capital, adoptado mediante la Resolución 260 de 2006 (nov. 7), emanada del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, conforme a la parte considerativa de la presente resolución, la cual quedará así:

Localidad de Usaquén.

LocalidadEspacio públicoUbicaciónCupos disponibles para reubicaciónÁrea disponible M2
1Usaquén (1)BahíaCarrera 15, entre calle 104 A y calle 105. Costado oriental36200
2Usaquén (1)Parque zonal Alta BlancaEntre calle 156 B y calle 159, entre la carrera 18 y carrera 18 B. Costado noroccidental22123

Localidad de Chapinero

LocalidadEspacio públicoUbicaciónCupos disponibles para reubicaciónÁrea disponible M2
1Chapinero (2)Plazoleta UnilagoCarreras 16 y 17, entre calles 77 y 79. Costado occidental36200
2Chapinero (2)Parque ChapineroEntre calle 67 y AV. calle 68, entre las carreras 13 y 14. Costado occidental22123

 

Localidad de Santa Fe

LocalidadEspacio públicoUbicaciónCupos disponibles para reubicaciónÁrea disponible M2
1Santa Fe. (3)PlazoletaCalle 24, entre carrera 10ª y 11. Costado occidental40220
2Santa Fe. (3)Plaza las CrucesCalle 1 D con carrera 5ª. Costado oriental60330
3Santa Fe. (3)AlamedaCarrera 3ª, entre calle 19 y calle 17. Costado sur100400
4Santa Fe. (3)AlamedaCarrera 10ª, entre calle 6ª y 9ª. Costado occidental60320
5Santa Fe. (3)Vía peatonalCalle 12, entre carreras 10ª y 13. Costado sur50240
6Santa Fe. (3)Vía peatonalCalle 16, entre carrera 8ª y 10ª. Costado norte50240

 

Localidad de San Cristóbal

LocalidadEspacio públicoUbicaciónCupos disponibles para reubicaciónÁrea disponible M2
1San Cristóbal (4)Parque metropolitano San CristóbalCalles 12 y 13 Sur, entre carreras 3ª Este y 4ª Este. Costado sur oriental117647
2San Cristóbal (4)Parque urbano Primero de MayoDiagonal 19 Sur a calle 13 Sur, entre la carrera 2 A y carrera 5ª53295

Localidad de Usme

LocalidadEspacio públicoUbicaciónCupos disponibles para reubicaciónÁrea disponible M2
1Usme. (5)Parque zonal la AuroralCarrera 3ª con calle 71 F Sur. Costado sur occidental58323

 

Localidad de Tunjuelito

LocalidadEspacio públicoUbicaciónCupos disponibles para reubicaciónÁrea disponible M2
1Tunjuelito. (6)Alameda el Choco TunalCarrera 24 con calle 46 A Sur. Costado occidental40.220.
2Tunjuelito. (6)Parque Metropolitano el TunalAV. Mariscal Sucre o Carrera 24 A, entre calle 48 B y AV. Boyacá154+199+215+145 (713)869/1098/ 1184/800.
3Tunjuelito. (6)Plazoleta C.C. el TunalCarrera 24 C con Diagonal 47 B Sur. Costado sur oriental60330
4Tunjuelito. (6)Zona verde frente a hospital Tunal.
Y parque el Tunal
Calle 48 B Sur, entre la carrera 21 y carrera 20. Costado nor-occidental60330
5Tunjuelito. (6)PlazoletaCarrera 14 bis, entre calles 54 y 53 bis Sur. Costado oriental938
6Tunjuelito. (6)PlazoletaCarrera 54 AV. calle 54 A Sur. Costado oriental55285
7Tunjuelito. (6)AndénCarrera 51, entre diagonal 45 Sur y diagonal 48 Sur. Costado occidental57300
8Tunjuelito. (6)PlazoletaCarrera 14 bis Calle 54 Sur. Costado occidental26105
9Tunjuelito. (6)ParqueCarrera 24 D con diagonal 48 B Sur. Costado sur70360

 

Localidad de Bosa

LocalidadEspacio públicoUbicaciónCupos disponibles para reubicaciónÁrea disponible M2
1Bosa.
(7)
Parque zonal los NaranjosCalle 70 A Sur con carrera 86. Costado Sur86477
2Bosa. (7)AndénTransversal 72 F con autopista Sur o troncal NQS.
Costado norte
30. Acta suscrita entre la Administración Distrital y los vendedores informales de flores del cementerio Jardines del Apogeo.
280
3Bosa. (7)AlamedaCarrera 89A bis calle 59 Sur. Costado centro69484
4Bosa. (7)AndénCarrera 77 C calle 65 A Sur. Costado norte20234.

 

Localidad de Kennedy

LocalidadEspacio públicoUbicaciónCupos disponibles para reubicaciónÁrea disponible M2
1Kennedy. (8)Plazoleta la MacarenaCarrera 78 B con calle 38 B Sur. Costado oriental60330
2Kennedy. (8)Plazoleta del Ley.Carrera 78 B, entre calle 35 Sur y calle 35 A. Sur. Costado oriental50275
3Kennedy. (8)Parque Metropolitano Timiza sector Villa del Río.Calle 53 C bis Sur carrera 65. Costado Centro699+.
936.
(1635)
3849.
5150.
4Kennedy. (8)Parque zonal Cayetano CañizaresCarrera 86 con calle 40 Sur. Costado occidental855.4707.
5Kennedy. (8)Parqueadero Oreja Barrio Américas sector AV. GalánAV. Primero de Mayo con AV. Boyacá. Costado nor-oriental60330
6Kennedy. (8)Andén (Oreja Puente vehicular)Carrera 72 con calle 5ª Sur. Costado occidental30200
7Kennedy. (8)Zona verdeCalle 7º Sur, entre carrera 71 D. Costado sur occidental40220.
8Kennedy. (8)AlamedaAV. Ciudad de Cali con AV. las Américas, frente al C.C. Tintal Plaza60330
9Kennedy. (8)Separador.AV. Ciudad de Cali con AV. Las Américas, separador central frente al C.C. Tintal Plaza60330
10Kennedy. (8)AndénCalle 42 G Sur con AV. carrera 80 esquina nor oriental70400

 

Localidad de Fontibón

LocalidadEspacio públicoUbicaciónCupos disponibles para reubicaciónÁrea disponible M2
1Fontibón. (9)Parque zonal Carmen de la LagunaCarrera 105 con la diagonal 18 B. costado oriental32178
2Fontibón. (9)Parque CentenarioCarrera 106 calle 16 B. Costado occidental50342
3Fontibón. (9)Zona baja puente nacionalCarrera 69, entre calles 24 y 24 A.
Costado central
745

 

Localidad de Engativá

LocalidadEspacio públicoUbicaciónCupos disponibles para reubicaciónÁrea disponible M2
1Engativá. (10)Predio del DistritoTransversal 94 L calle 80. Costado norte. 37.969
2Engativá. (10)AndénCarrera 69 K con Avenida calle 80. Costado norte.1050.

 

Localidad de Suba

LocalidadEspacio públicoUbicaciónCupos disponibles para reubicaciónÁrea disponible M2
1Suba. (11)AlamedaCarrera 45 calle 167. Costado nor-oriental.1560

 

Localidad de Barrios Unidos

LocalidadEspacio públicoUbicaciónCupos disponibles para reubicaciónÁrea disponible M2
1Barrios unidos. (12)Parque BR San Fernando (IDRD)Calle 72, entre carrera 45 A y carrera 46 A. Costado nor oriental50275
2Barrios unidos. (12)Parque zonal AlcázaresCarrera 27, entre calle 70 y calle 71. Costado occidental48267
3Barrios unidos. (12)Sobre ancho de andénAutopista norte con calle 99. Costado sur occidental20100
4Barrios unidos. (12)PlazoletaAV. Suba con calle 95. Costado oriental45.210.

 

Localidad de Teusaquillo

LocalidadEspacio públicoUbicaciónCupos disponibles para reubicaciónÁrea disponible M2
1 Teusaquillo (13) Zona verde BR el Campin (IDRD) Calle 62 con carrera 30. Costado sur oriental 300 1650
2 Teusaquillo (13) Sobre ancho de andén AV. carrera 30 con paralela AV. calle 34. Costado occidental 12 60
3 Teusaquillo (13) Plazoleta AV. Calle 26 con carrera 30. Costado oriental del puente vehicular 10 50
4 Teusaquillo (13) Parque Calle 51 con carrera 21. Esquina costado 25 100
5 Teusaquillo (13) Parque Calle 39 y calle 39 bis A, entre la Transversal 28 y la Transversal 29. 20 80

 

Localidad de Los Mártires

LocalidadEspacio públicoUbicaciónCupos disponibles para reubicaciónÁrea disponible M2
1Mártires. (14)Parque Zonal Santa Isabel.Calle 1 C bis con carrera 26 a la carrera 29. Costado nor occidental45+80.
(125)
225.
440
2Mártires. (14)Parque BR. La Estancuela (IDRD)Carrera 19 A y carrera 20, entre las calles 6B y 7B. Costado centro.50275
3Mártires. (14)Sobre ancho de andénAndén Paralelo a la AV. calle 34, entre la carrera 29 y la AV. carrera 30. Costado sur30200

 

Localidad de Puente Aranda

LocalidadEspacio públicoUbicaciónCupos disponibles para reubicaciónÁrea disponible M2
1Puente Aranda. (16)Plazoleta de la Hoja. Costado norteCarrera 30, entre calle 19 y calle 22. Costado occidentalPara establecer la localización con el FVP9586
2Puente Aranda. (16)Sobre ancho de andénCarrera 62, entre calle 9º y calle 10º. Costado oriental1550
3Puente Aranda. (16)Sobre ancho de andénCarrera 60, entre calle 10ª y calle 11. Costado oriental1550
4Puente Aranda. (16)Sobre ancho de andénAV. carrera 68 con calle 15. Costado sur1050
5Puente Aranda. (16)AndénCarrera 38, entre calles 13 y 12. Costado occidental60330
6Puente Aranda. (16)AndénCarrera 38, entre calles 10ª y 11. Costado oriental.32178
7Puente Aranda. (16)AndénCalle 9ª, entre carreras 37 y 38. Costado norte50275
8Puente Aranda. (16)AndénCalle 9ª, entre carreras 38 y 39. Costado norte32178
9Puente Aranda. (16)PlazoletaFrente a entrada principal Cafam, ciudad Montes zona dura1050

 

Localidad de Rafael Uribe Uribe

LocalidadEspacio públicoUbicaciónCupos disponibles para reubicaciónÁrea disponible M2
1Rafael Uribe Uribe (18)Parque zonal Diana TurbayCalle 48R Sur con carrera 1A Este42232
2Rafael Uribe Uribe (18)Parque zonal Olaya HerreraCalle 22 Sur con carrera 21. Costado oriental89490
3Rafael Uribe Uribe (18)Parque Metropolitano Bosques de San CarlosCarrera 13 con calle 27 A Sur. Costado occidental3762068

 

Localidad de Ciudad Bolívar

LocalidadEspacio públicoUbicaciónCupos disponibles para reubicaciónÁrea disponible M2
1Ciudad Bolívar (19)Alameda arborizada bajaAV. calle 61, entre carrera 38 y carrera 42. Costado nor occidental60330

 

(…).

ART. TERCERO.—El inventario a que hace referencia la presente resolución, será actualizado trimestralmente en los términos que regula el parágrafo del artículo 4º del Decreto Distrital 419 de 2006, para lo cual es imperioso que las alcaldías locales sugieran y recomienden oportunamente las zonas susceptibles de ser determinadas como zonas de transición para los fines indicados”(244).

Resolución 187 de 2008 (ago. 5), expedida por el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, por la cual se actualiza el inventario de los espacios públicos recuperados y/o preservados, en cualquier tiempo. Se destaca:

“(…)

54Barrios UnidosQuerella0003/03Calle 67 con carrera 26 costado norteCasetas06 de noviembre de 2003
55Barrios UnidosActuación administrativaRadicado Nº 2561 de septiembre de 2005Avenida Caracas con calle 69 costado occidentalCasetas31 de marzo de 2006

Teusaquillo

 LocalidadTipo de actuaciónUbicación y/o dirección Tipo de ocupaciónFecha diligencia
1TeusaquilloQuerella015/94Carrera 41 con calle 59Casetas19 - ago. -03
2TeusaquilloQuerella004/00Calle 53 con carrera 19 costado surCasetas26 - sep.-02
3TeusaquilloQuerella035/00Calle 63 carrera 106 costado sur orientalCasetas25-sep. - 02
4TeusaquilloQuerella003/97Calle 57 con carrera 39 esquinaCasetas20-feb.-02
5TeusaquilloQuerella009/00Av. Carrera 30 con calle 53 costado occidentalCasetas20-feb.-02
6TeusaquilloQuerella033/00Calle 45 entre carrera 16 b y carrera 17 frente a la clínica nuevo parque PalermoCasetas20-feb.-02
7TeusaquilloQuerella048/98Calle 53 b con carrera 26Casetas25-ene - 02
8TeusaquilloQuerella055/98Carrera 24 con calle 53Casetas25-ene - 02
9TeusaquilloQuerella010/97Calle 53 con carrera 30 costado oriental y occidentalCasetas25-ene - 02
10TeusaquilloQuerella043/97Calle 53 de la carrera 24 a la 27 costado norteCasetas05-feb. - 02
11TeusaquilloQuerella007/95Calle 26 con carrera 26 a la carrera 30Casetas23-ene - 02
12TeusaquilloQuerella031/00Av. Caracas con calle 27Casetas03-sep.-01
13TeusaquilloQuerella026/97Diagonal 22 b con carrera 40 frente al EAABCasetas03-sep.-01
14TeusaquilloQuerella002/00Calle 63 con carrera 15 costado surCasetas12-sep. -01
15TeusaquilloQuerella014/97Calle 53 con carrera 27 costado sur orientalCasetas22 - sep.-00
16TeusaquilloQuerella026/98Carrera 30 con calle 45 aCasetas22-sep. - 00
17TeusaquilloQuerella028/98Diagonal 53 con calle 41Casetas16-jun. - 00
18TeusaquilloQuerella008/98Carrera 22 con calle 47 costado sur occidentalCasetas12 –muy - 00
19TeusaquilloQuerella040/98Calle 39 a con avenida caracas costado noroccidentalCasetas12-mayo - 00
20TeusaquilloQuerella019/99Calle 41 con carrera 21 aCasetas23-mar-00
21TeusaquilloQuerella043/99Av. Américas con carrera 30 costado norteCasetas23-mar-00
22TeusaquilloQuerella009/99Calle 33 a con carrera 17Casetas23-mar-00
23TeusaquilloQuerella011/99Calle 40 con carrera 14 costado surCasetas01-feb. - 00
24TeusaquilloQuerella010/98Calle 34 con carrera 19Casetas01-feb. - 00
25TeusaquilloQuerella037/98Carrera 16 con calle 32Casetas01-feb. - 00
26TeusaquilloQuerella041/98Calle 39 con av. CaracasCasetas01-feb. - 00
27TeusaquilloQuerella057/98Calle 57 con carrera 21 esquinaCasetas01-feb. - 00
28TeusaquilloQuerella22/02Av. La esperanza entre calles 43ª y calle 44ªCasetas----------
29TeusaquilloQuerella7/95Calle 26 entre carrera 27 y 30Casetas------------
30TeusaquilloQuerella8/95Av. La esperanza con av. FerrocarrilCasetas------------
31TeusaquilloQuerella11/95Carrera 68 con calle 63Casetas------------
32TeusaquilloQuerella1/96Calle 53 entrada a Pablo IVCasetas------------
33TeusaquilloQuerella2/96Anden Av. El Dorado costado oriental con EEEBCasetas------------
34TeusaquilloQuerella5/96Calle 26 con carrera 40Casetas------------
35TeusaquilloQuerella11/96Calle 53 con carrera 28 costado orientalCasetas------------
36TeusaquilloQuerella12/92Av. Caracas con calle 32 costado occidentalCasetas------------
37TeusaquilloQuerella13/96Av. 39 con carrera 14 costado occidentalCasetas------------
38TeusaquilloQuerella24/96Calle 57 con carrera 20 costado occidentalCasetas------------
39TeusaquilloQuerella1/97Av. 22 con calle 41Casetas------------
40TeusaquilloQuerella5/97Av. Caracas con calle 42 costado occidentalCasetas------------
41TeusaquilloQuerella6/97Calle 63 entre carreras 24 y carrera 26Casetas------------
42TeusaquilloQuerella7/97Carrera 22 con calle 47 costado occidentalCasetas------------
43TeusaquilloQuerella13/97Calle 62 con carrera 15Casetas------------
44TeusaquilloQuerella15/97Av. 68 al costado puente la esperanzaCasetas------------
45TeusaquilloQuerella18/97Carrera 35 con calle 24 calle 25 y calle 26Casetas------------
46TeusaquilloQuerella19/97Calle 57 entre av. Caracas a la carrera 17Casetas------------
47TeusaquilloQuerella22/97Calle 32 con carrera 14 costado occidentalCasetas------------
48TeusaquilloQuerella23/97Calle 45 entre carrera 26 y carrera 27Casetas------------
49TeusaquilloQuerella25/97Av. El parque con Av. La EsperanzaCasetas------------
50TeusaquilloQuerella27/97Carrera 20 con calle 22Casetas------------
51TeusaquilloQuerella31/97Diagonal 22 b con carrera 39 costado orientalCasetas------------
52TeusaquilloQuerella34/97Diagonal 22 b frente al centro médico de la EAABCasetas------------
53TeusaquilloQuerella35/97Av. Las Américas con diagonal 22 bCasetas------------
54TeusaquilloQuerella46/97Calle 45 con carrera 23Casetas------------
55TeusaquilloQuerella51/97Calle 40 con carrera 23Casetas------------
56TeusaquilloQuerella2/98Av. 28 entre calles 39 y 40Casetas------------
57TeusaquilloQuerella4/98Carrera 16 con calle 50Casetas------------
58TeusaquilloQuerella14/98Calle 22f con carrera 67Casetas------------
59TeusaquilloQuerella15/98Calle 42 con carrera 42 costado orientalCasetas------------
60TeusaquilloQuerella20/98Calle 37 con transversal 29Casetas------------
61TeusaquilloQuerella22/98Carrera 30 con calle 45Casetas------------
62TeusaquilloQuerella23/98Av. Caracas con calle 46Casetas------------
63TeusaquilloQuerella24/98Av. Caracas con calle 47Casetas------------
64TeusaquilloQuerella34/98Calle 39 con carrera 14 costado orientalCasetas------------
65TeusaquilloQuerella35/98Calle 37 con av. CaracasCasetas------------
66TeusaquilloQuerella36/98Calle 33 con av. CaracasCasetas------------
67TeusaquilloQuerella43/98Av. Américas con calle 18Casetas------------
68TeusaquilloQuerella46/98Calle 53 con carrera 27 aCasetas------------
69TeusaquilloQuerella47/98Calle 53 con carrera 28Casetas------------
70TeusaquilloQuerella48/98Carrera 24 con calle 51 costado surCasetas------------
71TeusaquilloQuerella51/98Calle 53 b con carrera 28 aCasetas------------
72TeusaquilloQuerella52/98Calle 53 b con carrera 28 bCasetas------------
73TeusaquilloQuerella53/98Calle 53 con carrera 28 costado occidentalCasetas------------
74TeusaquilloQuerella54/98Calle 53 b con carrera 28 costado occidentalCasetas------------
75TeusaquilloQuerella60/98Av. El Dorado puente peatonalCasetas------------
76TeusaquilloQuerella61/98Diagonal 53 con transversal 42Casetas------------
77TeusaquilloQuerella68/98Calle 43 con av. CaracasCasetas------------
78TeusaquilloQuerella69/98Av. 39 con Av. CaracasCasetas------------
79TeusaquilloQuerella70/98Calle 54 con Av. CaracasCasetas------------
80TeusaquilloQuerella1/99 Casetas------------
81TeusaquilloQuerella2/99Costado norte de la carrera 30 con calle 57Casetas------------
82TeusaquilloQuerella24/99Calle 26 con carrera 32 y carrera 33Casetas------------
83TeusaquilloQuerella1/00Av. 68 con calle 26 costado sur orientalCasetas------------
84TeusaquilloQuerella5/00Calle 53 con carrera 17 costado occidentalCasetas------------
85TeusaquilloQuerella11/00Av. Carrera 68 con calle 22Casetas------------
86TeusaquilloQuerella23/00Calle 63 con carrera 15 costado orientalCasetas------------
87TeusaquilloAcción popular2002- 02335Ac calle 53 entre carrera 17 y carrera 30Vendedores ambulantes04/07/2003
Carrera 24 entre calle 53 y 53 b
Carrera 27 a y carrera 28 entre calles 53 y calle 53b

 

Santa Fe

1. Zonas de influencia: adyacentes a las áreas de espacio público comprendidas en el mencionado pacto de cumplimiento, en una distancia de 150 metros, que se determinan a continuación:

1Avenida carrera 10ª, entre calles 10ª y la calle 26
2Avenida carrera 7ª, entre calle 9ª y la avenida calle 26
3Avenida calle 19, entre carrera 3ª y la avenida Caracas o carrera 14

 

2. Áreas de espacio público de la Localidad de Santa Fe, relacionadas con el acto administrativo de actualización del inventario de espacios públicos recuperados y/o preservados en cualquier tiempo, de que trata el presente artículo, y de espacios públicos recuperados, conforme a la citada providencia de segunda instancia, proferida por el Consejo de Justicia de Bogotá, D.C., que se determinan a continuación:

1Avenida Caracas o carrera 14, entre la calle 1ª y la avenida calle 39
2Avenida carrera 10ª, entre la calle 1ª y la calle 28
3Avenida carrera 7ª, entre la calle 9ª y avenida carrera 39
4Avenida carrera 3ª, entre la Avenida Jiménez o eje ambiental y la avenida calle 26
5Calle 3ª, entre la Avenida Caracas o la carrera 14 y la avenida carrera 10ª
6Sector de San Victorino, comprendido entre la Avenida Caracas o carrera 14 y la avenida carrera 10ª, entre la calle 10ª y la Avenida Jiménez o calle 13
7Avenida Jiménez o eje ambiental con calle 20 (cra. 1ª), bajando por la Avenida Jiménez hasta la Avenida Caracas o carrera 14
8Avenida calle 19
9Avenida calle 26
10Avenida calle 39, entre la Avenida Caracas o carrera 14 y la avenida carrera 7ª
11Avenida carrera 13, entre la Avenida Jiménez o calle 13 y la avenida calle 34
12Calle 18 con carrera 2ª

 

(…)(245).

Copia de la presentación “Política de Atención a los Vendedores Informales en Bogotá, D.C.”, realizada por el Instituto para la Economía Social de la Alcaldía Mayor de Bogotá, en la que pone de presente que entre el año 2004 y el año 2008, 5.636 vendedores ambulantes se han beneficiados con asesorías y acceso a recursos financieros; y 4.266 vendedores informales se han beneficiado de la creación de dos áreas comerciales en las localidades de Santa Fe y Antonio Nariño, 21 ferias temporales, 5 zonas de transición de aprovechamiento autorizado, y 12 espacios regulados(246).

Copia del artículo “Policía retiró a 115 vendedores ambulantes de Kennedy”, publicado el 13 de agosto de 2009 en la página web del periódico El Espectador, en el que se informa que se recuperaron 3.2 kilómetros de espacio público en la Localidad de Kennedy, con el retiro de varios vendedores ambulantes. Se destaca:

“Más de 3.2 kilómetros de espacio público se recuperaron en la Localidad de Kennedy, fueron retirados 115 vendedores informales entre los cuales se caracterizan vendedores estacionarios con stands y carruajes de madera.

Esta acción se adelantó después de 10 años de ocupación informal en la Kennedy. Según la Policía Metropolitana de Bogotá, con esta labor se ven beneficiadas más de 1400 familias del sector, centros comerciales y entidades de distintas índoles, quienes eran afectadas por la permanente congestión vehicular, la contaminación ambiental, visual y auditiva.

Se establecieron ocho cuadrantes, que de acuerdo con la Georeferenciación del delito, requieren especial atención debido a la contaminación, invasión del espacio público y criminalidad registrada en su entorno.

Este dispositivo estará acompañado de un monitoreo permanente a través de las cámaras de seguridad ubicadas en cada uno de los sectores, con el fin de apoyar a las unidades de vigilancia.

Por otra parte, en la noche del miércoles se presentaron algunos desórdenes públicos por parte de los vendedores ambulantes, quienes se mostraron en desacuerdo con la medida, pues dicen, que sus familia son las más afectadas con la situación”(247).

Copia del artículo “Espacio Público, Invadido” publicado el 29 de julio de 2010 en la página web del periódico El Espectador, que evidencia que direcciones que aparecen en las alcaldías locales como espacios públicos recuperados, están invadidas por comerciantes informales. Se destaca:.

“A pocas horas de que las autoridades distritales den inicio a las celebraciones por el Día del Espacio Público (que desde el año pasado se conmemora en la ciudad el sábado inmediatamente anterior al cumpleaños de Bogotá), una investigación del concejal Felipe Ríos evidencia que buena parte de las áreas que ya se habían recuperado para el uso de los ciudadanos fue tomada nuevamente por el comercio ambulante. Con fotografías y videos, el cabildante demuestra que incluso algunas de las zonas especiales, decretadas por las alcaldías locales por razones de seguridad, se encuentran invadidas de vendedores estacionarios de todo tipo de mercancía.

En concreto, los alrededores de la Alcaldía de Chapinero (zona especial), la carrera 13 con calles 49 a 51, la carrera 7ª, entre 12 y 19; las carreras 18 y 19 con 18 sur y la calle 72 con 11, entre otros puntos neurálgicos, son los espacios que en el informe se señalan como con mayor congestión de comerciantes informales. Lo preocupante, según Ríos, es que esas direcciones aparecen en las alcaldías locales como espacio público recuperado.

(…).

Las imágenes del informe incluyen tomas a las sedes de 10 entidades del Distrito, en cuyos alrededores se observan ventas ambulantes (alcaldía, Acueducto, CAD, secretarías de Movilidad, Salud, Educación, Hábitat y Gobierno; IPES y ETB).

Al respecto, Jorge Baquero, defensor del Espacio Público, reconoció la situación y dijo que la responsabilidad de acciones policivas la tienen las alcaldías locales. “Nuestras actividades son más de tipo pedagógico y judicial””(248).

Copia del artículo “Espacio Público, Batalla que se Volvió a Perder”, publicado el 30 de abril de 2011 en el periódico El Tiempo, el cual advierte que la carrera 7ª, la Av. 19, entre las carreras 4ª y 10ª; la carrera 13, entre calles 55 y 63 y la calle 72, entre carreras 7ª y 15 de Bogotá, está invadido por las ventas y ocupaciones ilegales. Se destaca:

“Ya no se puede caminar por los andenes de la carrera 7ª, avenida 19, calle 13 y carrera 13.

Bogotá se quedó sin espacio público. Se perdió bajo las ventas y otras ocupaciones ilegales.

(…).

Porque las ventas ambulantes y estacionarias, los carros mal parqueados y algunos comercios formales se 'adueñaron' de los andenes y espacios que, hace cinco años, se habían rescatado, precisamente, para que los transeúntes pudieran andar.

Hoy, los peatones no lo pueden hacer, sin tropezar con tanta mercancía regada en el suelo o sin esquivar esos 'obstáculos'. Es lo que sucede en puntos como la cra. 7ª pionera en ese plan distrital de rescate, la Av. 19, entre las carreras 4a. y 10a.; la cra. 13, entre clls. 55 y 63 y la cll. 72, entre cras. 7ª y 15, donde las autoridades habían iniciado, en el 2000, planes de restitución.

Una parte de esa 'toma' se atribuye a las mafias del contrabando que, como elefantes, controlan hábilmente el negocio, admite el director del Departamento Administrativo del Espacio Público, Jorge Z. Baquero (véase entrevista).

"Esas conductas se han denunciado. El problema es que en ese círculo hay también personas que luchan por el mínimo vital”, argumentó.

(…).

Sin embargo, la creciente ocupación se debe, también, a que no hay control sobre esos espacios. Según la Defensoría, esa responsabilidad es de los alcaldes locales.

Por eso, el ciudadano se siente indefenso, porque su intento de denunciar al vendedor ilegal que se le paró al frente de la casa o del comercio legal fracasa con el pimponeo entre la Defensoría del Espacio Público, la Policía y la alcaldía, sobre quién debe actuar”(249).

Copia del artículo “Invasión de Ambulantes”, publicado el 31 de agosto de 2011 en la página web de El Periódico de los Colombianos, que advierte sobre el descontento de los propietarios de establecimientos de comercio en el sector de San Victorino, por la presencia de cientos de vendedores ambulantes, y porque consideran que se han incumplido los acuerdos que ellos habían suscrito con el Distrito. Se destaca:

“Los propietarios de locales y almacenes legales del sector de San Victorino, se encuentran furiosos con el Distrito. La razón, la llegada de cientos de vendedores ambulantes, que consideran un irrespeto a los acuerdos a los que habrían llegado con representantes de la Secretaría de Gobierno.


(…).


“Pese a todas las promesas de la alcaldía, nos terminaron tomando del pelo y dañando la navidad. No es justo, tanto que luchamos por el sector para que se burlen de nosotros de esa manera”, sostiene Calderón, quien además se encuentra a cargo de cuatro centros comerciales en la zona.


Vuelta al pasado.


Esta situación marca un retroceso, ya que esta parte de la ciudad había sido declarada como ‘sector liberado’, en 1998 luego de un largo ‘tire y afloje’ con los ‘dueños’ de casetas en la plaza. Allí, la construcción de la plazoleta La Mariposa, puso fin al hacinamiento. Doce años después, la pesadilla parece haber vuelto.


“Habíamos establecido de común acuerdo que se instalaban 40 carpas para 60 vendedores en el sector de Sancho Panza. Mentiras, ahora hay más de 130. Lo peor es que no se limitaron a ese lado de la Avenida Jiménez, sino que se dispersaron por todos lados”, denuncia la líder comunitaria.


San Victorino, como en sus peores tiempos, hoy luce como un mercado persa. Los tenderetes tapan las entradas de varios almacenes. La algarabía de los ambulantes, el desorden y las congestiones hacen del lugar un absoluto caos.


Explicación del IPES.


Según el Instituto para la Economía Solidaria (IPES), las decisiones se adoptaron a nivel institucional, teniendo en cuenta que durante todo el año no se había efectuado ninguna feria en el sector por las obras que se adelantan.


El IPES sostiene que, contrario a lo afirmado por Patricia Calderón, nunca se les prometió nada a los comerciantes formales, puesto que la ubicación de los ambulantes dependía de la población que se iba a atender.


Incluso, algunos funcionarios del IPES atribuyen el descenso de las ventas de la que se quejan los comerciantes de San Victorino, a la temporada de lluvias”(250).

Decreto 462 de 2003 (dic. 22), por el cual el Alcalde Mayor de Bogotá dicta los procedimientos para la preservación del espacio público construido en el Distrito Capital. Se destaca:

DECRETO 462 DE 2003.

(Diciembre 22).

Por el cual se dictan procedimientos para la preservación y recuperación del espacio público construido en el Distrito Capital.

El Alcalde Mayor de Bogotá, D.C., en uso de sus atribuciones legales y en especial las que le confieren los artículos 315 de la Constitución Nacional, 35, 38 numeral 4º, y 39 del Decreto-Ley 1421 de 1993, y.

CONSIDERANDO.

Que el artículo 315 de la Constitución Política establece como atribución de los alcaldes la de cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ley, los decretos del Gobierno y los acuerdos del Concejo.

Que de conformidad con los artículos 35 y 38 numeral 4º, del Decreto-Ley 1421 de 1993, es atribución del Alcalde Mayor de Bogotá, como primera autoridad de policía en la ciudad, ejercer la potestad reglamentaria de conformidad con la ley y el Código de Policía del Distrito, expidiendo los decretos, órdenes y resoluciones necesarios para asegurar la debida ejecución de los acuerdos.

Que el artículo 2º de la Constitución consagra que Colombia es un Estado social de derecho, fundado en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que lo integran y en la prevalencia del interés general.

Que el artículo 82 de la Constitución Política determina que es deber del Estado velar por la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalecerá sobre el interés particular.

Que el Concejo Distrital profirió el Acuerdo 79 de 2003, por el cual se expide el Código de Policía de Bogotá, D.C., en cuyo artículo 139 establece que cuando la ley o el reglamento de policía establezcan una prohibición de carácter general que admita excepciones, éstas podrán ejercerse sólo mediante permiso o autorización expedido por la autoridad de policía competente.

Que el artículo 70 numeral 3º del Acuerdo 79 de 2003 establece como comportamiento que favorece la protección del espacio público, no patrocinar, promover o facilitar directamente o a través de un tercero su ocupación indebida mediante venta ambulante o estacionaria.

Que de conformidad con lo previsto en el artículo 79 de la citada norma, los componentes del espacio público construido son de uso colectivo y actúan como reguladores del equilibrio ambiental, social, y cultural como elementos representativos del patrimonio distrital, y garantizan el espacio libre destinado a la movilidad, recreación, deporte, cultura y contemplación para todas las personas en el Distrito.

Que el artículo 80 del Código de Policía de Bogotá señala que la ocupación indebida del espacio público construido no sólo es un factor importante de degradación ambiental y paisajística, sino que entorpece la movilidad vehicular y peatonal y pone en peligro la vida, la integridad y el bienestar de las personas.

Que de conformidad con la disposición antes aludida, son formas de ocupación indebida del espacio público las ventas ambulantes o estacionarias, salvo en los casos en que exista el debido permiso proferido por autoridad competente.

Que el artículo 41 del Decreto Distrital 854 del 2 de noviembre de 2001 delega en los alcaldes locales de Bogotá, D.C., la emisión del concepto sobre desempeño profesional del respectivo Comandante de Policía de cada Estación Local.

Que la Corte Constitucional en Sentencia T-772 de 2003, da instrucciones a la Administración Distrital en cuanto a la forma como las autoridades de policía deben adelantar las diligencias de preservación y restitución del espacio público en el Estado Social de Derecho en atención a la crisis social y económica actual y atendiendo los derechos fundamentales al debido proceso administrativo y a un trato digno al ser humano.

Que el artículo 218 de la Constitución Política establece que la Policía Nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas y asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz.

Que en consecuencia, se hace necesario dictar normas que garanticen la debida aplicación del Acuerdo 79 de 2003 en lo relativo a la protección y recuperación del espacio público construido en el Distrito Capital, de conformidad con los preceptos contenidos en la Sentencia T-772 de 2003.

En mérito de lo expuesto,

DECRETA:

CAPÍTULO I

Disposiciones generales y definiciones

(..).

CAPÍTULO II

Implementación de medidas de preservación y recuperación del espacio público

ART. 2ºActuación Administrativa Previa a los Procedimientos de Policía. Corresponderá a las autoridades locales adelantar las actuaciones administrativas que se señalan en los artículos siguientes.

A estas actuaciones le serán aplicables los principios que gobiernan las actuaciones administrativas de que tratan los artículos 3 y siguientes del Código Contencioso Administrativo.

ART. 3ºDe los vendedores informales estacionarios. Para el caso de los vendedores informales estacionarios, cuyas características fueron analizadas en el artículo primero del presente decreto, el procedimiento aplicable se lleva a cabo en la alcaldía local competente, a través de una querella de recuperación de bien de uso público iniciada de oficio, a petición de parte o de cualquier entidad interesada, de conformidad con los artículos 225 a 229 del Acuerdo 79 de 2003.

PAR.—En todo caso, se deberán ofrecer a este tipo de vendedores las alternativas que se establecen para los vendedores semiestacionarios e informales ambulantes de las que trata el numeral 3º del artículo cuarto del presente decreto.

ART. 4ºDe los vendedores informales semiestacionarios e informales ambulantes. Respecto a los vendedores informales semiestacionarios e informales ambulantes deberá adelantarse la siguiente actuación administrativa que podrá iniciarse por solicitud de la ciudadanía en general o de cualquier autoridad pública, en forma oficiosa por la autoridad local, por orden judicial o de los diferentes organismos de control.

Para cada caso, el alcalde local competente deberá proferir un acto administrativo de carácter general que contenga por lo menos lo siguiente:

1. Las razones que hacen necesario recuperar el espacio público indebidamente ocupado por los vendedores informales, señalando claramente el sector o la zona objeto de la medida de recuperación.

2. La orden de recuperar el espacio público indebidamente ocupado será publicada en un medio de amplia difusión local dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición. La misma deberá ser comunicada al Ministerio Público, y al Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, para lo de su competencia.

3. Así mismo, el acto administrativo contendrá información sobre las diferentes alternativas económicas adelantadas por el Fondo de Ventas Populares y las que realicen el Instituto Distrital de Recreación y Deporte —IDRD, el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público —Dadep, el Instituto Distrital de Desarrollo Urbano —IDU, y las alcaldías locales en desarrollo del Decreto Reglamentario del artículo 269 del Plan de Ordenamiento Territorial.

4. La alcaldía local respectiva deberá garantizar la difusión de la información antes indicada, pudiendo solicitar para tal efecto la colaboración de los miembros de la Policía Metropolitana de Bogotá para que, a través de volantes informativos que se entreguen a los afectados, se informe sobre la actuación administrativa de recuperación del espacio público y de las alternativas económicas que ofrece la Administración Distrital.

5. Durante el trámite de la presente actuación administrativa, los vendedores informales podrán acudir a la alcaldía local competente y manifestar lo que consideren pertinente.

6. Quienes se consideren afectados por la implementación de las medidas de recuperación del espacio público en la zona establecida en el numeral 1 del presente artículo, contarán con un plazo de 10 días contados a partir del día siguiente al de su publicación (numeral 2), para acudir a las autoridades indicadas en el numeral 3º del presente artículo, en donde se les informará y asesorará debidamente sobre las diferentes alternativas económicas que ofrece la Administración Distrital.

7. Vencido el término anterior, cada alcaldía local proferirá un acto administrativo de carácter general por medio del cual se dé una orden operativa a la Policía Metropolitana de Bogotá para que ésta, coordine y lleve a efecto la respectiva diligencia de recuperación de espacio público en la zona previamente establecida.

8. En esta diligencia deberá contarse con la presencia de un representante del Ministerio Público. No será necesaria la asistencia de los Inspectores de Policía de la respectiva localidad en la misma.

9. Una vez los miembros de la Policía Metropolitana efectúen la aprehensión de los bienes o mercancías, deberán elevar un acta y colocarlas a disposición del secretario general de inspección correspondiente.

Capítulo III

De los procedimientos de Policía

ART. 5ºProcedimientos de Policía. Surtida la anterior actuación administrativa, se procederán a aplicar los procedimientos de policía conforme lo ordena el Acuerdo 79 de 2003.

ART. 6ºDe la aprehensión material, retención, y decomiso. La aprehensión material de los bienes y mercancías con que se ocupa indebidamente el espacio público constituye el ejercicio legítimo de una actividad de policía efectuada por los miembros de la Policía Metropolitana, cuyo propósito es complementar la actuación administrativa antes indicada y poner a disposición de los secretarios generales de inspección los bienes para que éstos adelantes los respectivos procedimientos de policía y, posteriormente, impongan, si a ello hay lugar, las medidas correctivas de retención y decomiso.

(...).

Capítulo IV

De las zonas o espacios públicos ya recuperados.

(…).

ART. 9º—Inventario de espacios públicos recuperados y preservados: Para los efectos antes indicados, corresponderá al Departamento Administrativo Defensoría del Espacio Público —Dadep— adoptar un inventario de los lugares y zonas del espacio público que ya hubieren sido recuperados.

El anterior inventario deberá ser publicado en la página web del citado Departamento Administrativo y ser actualizado periódicamente.

PAR.—Las alcaldías locales y el Consejo de Justicia informarán al Dadep sobre las decisiones donde ordenen la recuperación de espacios públicos, una vez se hagan efectivas las respectivas diligencias de restitución, para lo cual remitirán copia de sus actos administrativos.

Capítulo V

Orden público y seguridad

ART. 10.—Zonas especiales: Corresponde a los alcaldes locales en coordinación con la Policía Metropolitana determinar las zonas en las que por cuestiones de orden público se haga indispensable temporalmente la no ocupación de las mismas por actividades comerciales, culturales o de recreación”(251).

Decreto 463 de 2003 (dic. 22), por el cual el Alcalde Mayor de Bogotá reglamenta la administración, el mantenimiento y el aprovechamiento económico del espacio público construido y sus usos temporales en Bogotá. Se destaca:

“Decreto 463 de 2003

(Diciembre 22)

«Por el cual se reglamentan la administración, el mantenimiento y el aprovechamiento económico del espacio público construido y sus usos temporales en Bogotá, Distrito Capital”.

El Alcalde Mayor de Bogotá, D.C., en uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial de las establecidas en los artículos 268 y 269 del Decreto Distrital 619 de 2000 y en el numeral 4º del artículo 38 del Decreto-Ley 1421 de 1993, y.

CONSIDERANDO:

1. Que es necesario regular los usos temporales y el aprovechamiento económico en el espacio público para estimular formas de participación de los ciudadanos en el fomento de la cultura, el arte, la recreación, el deporte, la calidad ambiental y, además, garantizar el mantenimiento y la sostenibilidad del espacio público.

2. Que el artículo 269 del Decreto Distrital 619 de 2000 y el Acuerdo 9 de 1997 establecen los principios y directrices para los usos temporales del espacio público construido y para el cobro de los derechos correspondientes.

3. Que existe una íntima relación entre la administración, el mantenimiento y el aprovechamiento económico del espacio público construido y los usos temporales del mismo.

4. Que teniendo en cuenta esta circunstancia es conveniente reglamentar en un solo texto normativo estos dos aspectos del espacio público construido.

5. Que la Administración Distrital reglamentó la administración, mantenimiento y aprovechamiento del espacio público construido del Distrito Capital por medio del Decreto Distrital 343 de 2002, cuya normatividad se mantendrá en lo básico, pero se adicionará y complementará con la regulación relativa a los usos del espacio público.

6. Que en cuanto hace con la reglamentación de los usos temporales del espacio público construido se deben seguir los siguientes criterios:

a) Generar ingresos para contribuir al mantenimiento del mismo, de tal forma que bajo el principio de equidad, quienes hagan aprovechamiento económico de este tipo de espacio, retribuyan al conjunto de los ciudadanos distritales los beneficios de utilizarlo temporalmente.

b) Promocionar y fomentar su uso ordenado, el respeto por el medio ambiente urbano, natural y construido, y la diversidad de las expresiones culturales y de apoyo solidario mediante el desarrollo de las actividades temporales permitidas para derivar aprovechamiento económico del mismo.

c) Garantizar su conservación y mantenimiento para que bajo el principio de equidad, los ciudadanos y grupos sociales puedan utilizarlo en iguales o mejores condiciones.

d) Fortalecer una cultura ciudadana solidaria, a través de una estrategia de autogestión de las comunidades locales para que participen de manera activa en el mejoramiento y la sostenibilidad del espacio público.

e) Responder, con las autorizaciones a los usos del espacio público, a las políticas de espacio público, de integración social, convivencia pacífica, y a los programas de fomento a la cultura, la recreación, el deporte, el desarrollo de la micro y la mediana empresa de productores, garantizando la seguridad ciudadana y la distribución equitativa de los costos y beneficios del desarrollo y del ordenamiento territorial.

f) Regular el tipo de acciones temporales de adecuación de los espacios públicos respecto de los cuales se autorice su uso temporal, a fin de evitar impactos negativos previsibles.

7. Que se debe expedir una única norma que regule los diferentes procedimientos, requisitos y clases de usos temporales que habrán de permitirse en desarrollo del artículo 269 del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, de acuerdo con las características de cada tipología de espacio público, aprovechando económicamente la utilización del espacio público construido con el fin primordial de darle sostenibilidad y armonizando el contenido del Acuerdo 9 de 1997 con lo dispuesto en el Plan de Ordenamiento Territorial.

8. Que la ocupación temporal del espacio público construido debe contemplar que los usos no vayan en desmedro de la conservación de todos y cada uno de sus componentes observándose, en todo caso, las disposiciones contenidas en el Acuerdo 79 de 2003, mediante el cual se adoptó el Código de Policía de Bogotá, de manera especial las establecidas en el Capítulo 5º del Título VI del Libro Segundo de este orden normativo.

DECRETA:

CAPÍTULO PRIMERO

Disposiciones generales

ART. 1ºObjeto. El presente decreto tiene por objeto:

1. Establecer los lineamientos generales para la administración, mantenimiento y aprovechamiento económico del espacio público del Distrito Capital y para la reglamentación de los usos temporales de cada uno de los componentes del espacio público construido.

2. Definir las entidades públicas administradoras del espacio público construido en el Distrito Capital y los requisitos y trámites indispensables para permitir los usos temporales y el aprovechamiento económico del mismo.

3. Señalar las funciones de las entidades públicas en relación con la administración del espacio público y con los usos temporales y el aprovechamiento económico del espacio público construido.

4. Señalar algunos instrumentos para la administración del espacio público construido y para permitir los usos temporales de dicho espacio.

(...).

ART. 5º—Entidades administradoras del espacio público. Para los efectos del presente decreto se entiende por entidades administradoras del espacio público, las entidades distritales del nivel central o descentralizado que conforme a las normas vigentes tienen la capacidad de administrar el espacio público y en esa medida permitir los usos temporales en el espacio público construido.

La administración del espacio público comprende la facultad de otorgar permisos o suscribir contratos que tengan como fin organizar, promocionar, utilizar, regular, conservar, rehabilitar, dotar, reivindicar, restituir, recuperar, mantener y aprovechar económicamente el espacio público del Distrito Capital.

Son entidades administradoras del espacio público del Distrito Capital, según las normas vigentes:

— El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU).

— El Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte (IDRD).

— El Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (Dadep).

PAR.—Los alcaldes locales, continuarán otorgando los permisos para utilizar los espacios públicos locales, en cumplimiento de lo previsto por el Acuerdo 9 de 1997, y atendiendo a lo dispuesto en el presente decreto.

(…).

ART. 21.—Celebración del contrato o aprobación del permiso de ocupación temporal. La entidad administradora del espacio público evaluará el proyecto de manejo, verificando el cumplimiento de los requisitos previstos en el presente decreto. Una vez aprobado y verificado el cumplimiento de los requisitos, celebrará el contrato o expedirá el permiso de ocupación temporal en un término de treinta (30) días contados a partir de la fecha de la presentación de la solicitud. Esta actuación administrativa se ceñirá a lo establecido en el Código Contencioso Administrativo.

En caso de presentarse simultáneamente dos o más solicitudes para la celebración de contrato o para la obtención de permiso de ocupación en un mismo espacio público, se dará trámite a la primera solicitud presentada en legal y debida forma.

Evaluado el proyecto de manejo y cumplidos los requisitos, la entidad administradora del espacio público expedirá el acto administrativo mediante el cual se adopte la decisión. Si ésta es favorable, en el acto respectivo se indicará su vigencia y se precisará que dicha autorización se hará efectiva con la suscripción del contrato respectivo. Igual procedimiento se seguirá en los casos de trámite de permiso de ocupación temporal ante los alcaldes locales, en los términos del Acuerdo 9 de 1997. Los permisos podrán prorrogarse, siempre que no se excedan los términos establecidos en el presente decreto”(252).

Decreto 98 de 2004 (abr. 12)por el cual el Alcalde Mayor de Bogotá dicta disposiciones en relación con la preservación del espacio público y su armonización con los derechos de los vendedores informales que lo ocupan. Se destaca:

“DECRETO 98 DE 2004

(Abril 12)

"Por el cual se dictan disposiciones en relación con la preservación del espacio público y su armonización con los derechos de los vendedores informales que lo ocupan".

El Alcalde Mayor d Bogotá, D.C., e uso de sus atribuciones legales y en especial las que le confieren los artículos 315 de la Constitución Nacional, 35, 38 numeral 4º, y 39 del Decreto Ley 1421 de 1993, y.

CONSIDERANDO

Que el artículo 1º de la Constitución consagra que Colombia es un Estado social de derecho, fundado en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que lo integran y en la prevalencia del interés general.

Que el artículo 82 de la Constitución Política determina que es deber del Estado velar por la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalecerá sobre el interés particular.

Que el artículo 315 de la Constitución Política establece como atribución de los alcaldes la de cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ley, los decretos del Gobierno y los acuerdos del Concejo.

Que de conformidad con los artículos 35 y 38 numeral 4º, del Decreto-Ley 1421 de 1993, es atribución del Alcalde Mayor de Bogotá, como primera autoridad de policía en la ciudad, ejercer la potestad reglamentaria de conformidad con la Ley y el Código de Policía del Distrito, expidiendo los decretos, órdenes y resoluciones necesarios para asegurar la debida ejecución de los acuerdos.

Que de conformidad con el artículo 1º del Acuerdo 79 de 2003, es un principio general del Código de Policía la supremacía formal y material de la Constitución y el respeto a los Derechos Humanos.

Que de conformidad con el citado acuerdo, son valores fundamentales para la convivencia ciudadana la solución de los conflictos mediante el diálogo y la conciliación y la responsabilidad de todos en la conservación del ambiente, el espacio público, la seguridad y el patrimonio cultural.

Que el artículo 80 del Código de Policía de Bogotá señala que la ocupación indebida del espacio público construido no sólo es un factor importante de degradación ambiental y paisajística, sino que entorpece la movilidad vehicular y peatonal y pone en peligro la vida, la integridad y el bienestar de las personas.

Que este Código, como el Acuerdo 9 de 1997 expedido por el Concejo de Bogotá, y el Decreto 463 de 2003, establecen criterios para el uso regulado, ordenado y controlado del Espacio Público.

Que la Corte Constitucional en Sentencia T-772 de 2003, le señala a la Administración Distrital la forma como debe adelantar las diligencias de preservación y restitución del espacio público en atención a la crisis social y económica actual, atendiendo los derechos fundamentales al debido proceso administrativo y trato digno del ser humano, en desarrollo de los principios del Estado social de derecho. Que es necesario conciliar el derecho colectivo al espacio público con el derecho al trabajo.

Que la Corte Constitucional en la citada providencia resalta que las políticas, programas o medidas estatales cuya ejecución se convierta en una fuente de pobreza para los afectados, y que no prevean mecanismos complementarios para contrarrestar en forma proporcionada y eficaz dichos efectos negativos, resultan injustificables a la luz de los principios constitucionales del Estado social de derecho y a las obligaciones internacionales del país en materia de promoción de los derechos económicos, sociales, culturales, así como a la luz del principio constitucional del Estado social de derecho y sus diversas manifestaciones a lo largo de la Carta.

Que por lo mismo, el diseño y la ejecución de tales políticas, programas o medidas, en su versión actual, constituyen un desconocimiento del deber estatal de erradicar las injusticias presentes y mejorar las condiciones de vida de la población, dado su carácter intrínsecamente regresivo, no encuentra soporte alguno en el marco constitucional instaurado en Colombia a partir de 1991.

Que por lo anterior, el diseño e implementación de las medidas destinadas a la protección del espacio público deberán tener en cuenta el contexto en el cual se van a aplicar a la par que deben garantizar la efectiva realización de los derechos de quienes se vean cobijados por aquellas.

Que de conformidad con el Glosario anexo al Decreto 469 de 2003, por el cual se revisa el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, D.C., se entiende por espacio público construido el conjunto de bienes públicos y los elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados, destinados por su naturaleza, uso o afectación a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas, que trasciendan, por lo tanto, los límites de los intereses privados de los habitantes.

Que el artículo 70 numeral 3º del Acuerdo 79 de 2003 establece como comportamiento que favorece la protección del espacio público, no patrocinar, promover o facilitar directamente o a través de un tercero su ocupación indebida mediante venta ambulante o estacionaria.

Que de conformidad con lo previsto en el artículo 79 de la citada norma, los componentes del espacio público construido son de uso colectivo y actúan como reguladores del equilibrio ambiental, social y cultural como elementos representativos del patrimonio distrital, y garantizan el espacio libre destinado a la movilidad, recreación, deporte, cultura y contemplación para todas las personas en el Distrito.

Que en cumplimiento de la Sentencia T-772 de 2003, se adelanta un proceso de fortalecimiento institucional y presupuestal del Fondo de Ventas Populares.

Que así mismo, se dio inicio a un proceso de concertación, análisis y evaluación de las políticas, programas y medidas referidas al espacio público y ventas ambulantes, con el fin de adelantar acciones que garanticen efectivamente el cumplimiento de lo ordenado por la Corte Constitucional en la mencionada providencia. Para ello se procedió, previa convocatoria de los representantes de los vendedores informales, a instalar la mesa de trabajo para la concertación, buscando su participación activa en los procesos de evaluación y seguimiento de las políticas de recuperación del espacio público.

En mérito de lo expuesto,

DECRETA.

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

(…).

ART. 2º. De conformidad con el numeral 2º del artículo 80 del Acuerdo 79 de 2003, las ventas ambulantes o estacionarias en el espacio público construido, constituyen una forma de ocupación indebida del mismo, salvo en los casos en que exista el debido permiso expedido por la autoridad competente.

CAPÍTULO II

Instancias de coordinación y concertación.

(…).

ART. 4º—Mesa de trabajo para la concertación. créase una mesa de trabajo para la concertación integrada por los miembros del comité de que trata el artículo 3º del presente decreto y los representantes de las asociaciones de vendedores informales. La mesa de trabajo se ampliará con invitación que ésta realice a la Defensoría del Pueblo, los alcaldes locales, representantes del sector público y privado, y de otros sectores de la sociedad relacionados con el asunto.

ART. 5º—Objetivo de la mesa de trabajo para la concertación. Tendrá como objetivo recomendar al Gobierno Distrital la adopción de políticas y programas integrales que permitan dar alternativas de solución a la situación de los vendedores informales en la ciudad, en el marco de la política de espacio público. La mesa de trabajo para la concertación se dará su propio reglamento a efectos de establecer su funcionamiento.

ART. 6º—Cronograma de actividades. La mesa de trabajo para la concertación presentará sus recomendaciones a más tardar el 30 de junio de 2004. A partir de la citada fecha, se reunirá cada 6 meses para verificar los avances logrados.

CAPÍTULO III

Medidas de preservación y recuperación del espacio público.

ART. 7º—Actuación administrativa previa a los procedimientos de Policía. De conformidad con el numeral 7º del artículo 86 del Decreto-Ley 1421 de 1993, corresponderá a los alcaldes locales adelantar las actuaciones administrativas que se señalan en los artículos siguientes.

A estas actuaciones le serán aplicables los principios de la función administrativa consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política y los que gobiernan las actuaciones administrativas, de conformidad con los artículos 3º y siguientes del Código Contencioso Administrativo.

(…).

ART. 9º—Presupuestos para iniciar la actuación administrativa. Los alcaldes locales deberán implementar y cumplir los siguientes presupuestos, antes de iniciar las respectivas actuaciones administrativas:.

Determinar la zona o sector objeto de restitución.

Consultar al Fondo de Ventas Populares sobre el número de alternativas económicas y programas disponibles, para adelantar la actuación administrativa de que trata el artículo anterior.

Coordinar con la Secretaría de Gobierno la implementación de las medidas de recuperación del espacio público y el inicio de las actuaciones administrativas, formulando para tal efecto un plan de recuperación del espacio público en su localidad.

CAPÍTULO IV.

Zonas especiales, espacios públicos recuperados y/o preservados.

ART. 12.—Espacios públicos recuperados y/o preservados. Aquellas personas que ocupen los espacios públicos que hubieren sido recuperados y/o preservados en cualquier tiempo por parte de la Administración Distrital, como consecuencia de las actuaciones administrativas y judiciales, podrán ser retiradas por parte de los miembros de la Policía Metropolitana.

Los bienes y mercancías serán aprehendidos para ser puestos a disposición de la Secretaría General de Inspección respectiva, sin necesidad de adelantar la actuación administrativa señalada en el presente decreto.

ART. 13.—Zonas especiales. Corresponderá a los alcaldes locales, en coordinación con la Policía Metropolitana de Bogotá, determinar las zonas de su jurisdicción que por cuestiones de seguridad, no puedan ser ocupadas temporal o permanentemente por vendedores informales. Así mismo los alcaldes locales, en coordinación con el Fondo de Ventas Populares, determinarán aquellas que deben ser reservadas para desarrollar actividades comerciales, culturales o de recreación, las cuales no pueden ser ocupadas temporal o permanentemente por vendedores informales”(253)(se resalta).

Decreto 419 de 2006 (oct. 5), por el cual el Alcalde Mayor de Bogotá reglamenta las zonas de transición de aprovechamientos autorizados de la Capital. Se destaca:

“DECRETO 419 DE 2006.

(Octubre 5).

Por el cual se reglamentan las zonas de transición de aprovechamientos autorizados en el Distrito Capital.

EL Alcalde Mayor de Bogotá, D.C., en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial de las que le confieren los numerales 4 y 16 del artículo 38 del Decreto-Ley 1421 de 1993, el numeral 2º del artículo 80 del Acuerdo 79 de 2003 y el artículo 19 del Decreto Distrital 215 de 2005, y,.

CONSIDERANDO:

Que la Ley 9ª de 1989 en su artículo 7º, autoriza la figura del aprovechamiento económico del espacio público, facultando a los municipios para crear entidades responsables de administrar, desarrollar, mantener y apoyar financieramente el espacio público.

Que el numeral 2º del artículo 80 del Acuerdo 79 de 2003 determina que debe existir permiso de la autoridad competente para que exista ocupación del espacio público en debida forma por ventas ambulantes o estacionarias.

Que el artículo 13 del Decreto Distrital 190 de 2004, establece como uno de los principios que orientan el Plan Maestro de Espacio Público la equidad en la regulación del uso y aprovechamiento del espacio público por diferentes actores sociales.

Que dicha facultad fue desarrollada por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, mediante Sentencias SU-360 de 1999, SU-601A de 1999 y T-772 de 2003, al igual que por el Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo, en Sentencia del 30 de abril de 2003, dictada por la Sección Cuarta en la Acción Popular Nº 553 en las que se precisaron los alcances de los numerales 1º y 3º del artículo 315 de la Carta Política.

Que la Administración Distrital mediante Decreto Distrital 215 de 2005 adoptó el Plan Maestro de Espacio Público, como el instrumento encaminado a regular la generación, el mantenimiento, la administración, financiamiento y el manejo del espacio público en la ciudad, y en su artículo 5 estableció como uno de los objetivos, lograr la equidad social en el aprovechamiento económico del espacio público, desarrollando acciones para privilegiar a los sectores vulnerables de la sociedad.

Que con fundamento en lo anterior, para alcanzar los fines de que dan cuenta los antecedentes legales y jurisprudenciales mencionados, es necesario desarrollar la regulación del espacio público como un activo productivo en lo social y económico, conforme lo disponen la Ley 9ª de 1989, los artículos 278 del Decreto Distrital 190 de 2004, 15 y siguientes del Decreto Distrital 215 de 2005.

Que el parágrafo del artículo del Acuerdo 18 de 1999 determina que la formulación de políticas, planes y programas distritales relacionados con la defensa, inspección, vigilancia, regulación y control del espacio público, deben buscar la conciliación proporcional y armónica del derecho al espacio público con el derecho al trabajo.

Que el artículo 19 del Decreto 215 de 2005 establece que el Alcalde Mayor o la autoridad competente podrán, en forma motivada, establecer zonas de transición de aprovechamientos autorizados, entendidas como una fase del proceso encaminada a la recuperación o renovación de los espacios públicos afectados por la proliferación de ventas informales y en tanto se ofrezcan las alternativas económicas a quienes desarrollan este tipo de actividad.

Que dentro del marco jurídico adoptado por el Plan Maestro del Espacio Público, la política de atención a la población de los vendedores informales no sólo corresponde a las zonas de transición de aprovechamientos autorizados, sino también a los espacios análogos, a los usos temporales del espacio público y a las demás políticas, estrategias y programas que adelanta la Administración Distrital frente a este tema.

En mérito de lo expuesto,

DECRETA.

ART. 1º—Objeto. Determinar los parámetros generales para el establecimiento de las zonas de transición de aprovechamientos autorizados en el marco del Plan Maestro de Espacio Público del Distrito Capital.

ART. 2º—Ámbito de aplicación: Las normas consagradas en el presente decreto serán aplicables a las zonas de transición de aprovechamientos autorizados determinadas por los alcaldes locales de Bogotá, D.C., sin perjuicio de las competencias establecidas en el Decreto Distrital 463 de 2003 en cabeza de las entidades administradoras del espacio público.

(…).

ART. 5º—Competencia: Los alcaldes locales serán las autoridades competentes para establecer las zonas de transición de aprovechamientos autorizados de su localidad, con fundamento en el inventario de zonas susceptibles de transición de que trata el artículo anterior. La determinación de estas zonas se hará por acto administrativo debidamente motivado, que contendrá las condiciones físicas, espaciales y sociales, sus límites, duración, tipos de aprovechamiento y condiciones en que éstos podrán realizarse.

PAR.—Subrogado por el Decreto Distrital 450 de 2009. El término de duración de la zona de transición de aprovechamientos autorizados no podrá exceder de un (1) año, prorrogable por otro tiempo igual, contado a partir de la terminación del plazo inicial concedido.

ART. 6º—Autorizaciones: Corresponde a los alcaldes locales otorgar las autorizaciones para desarrollar actividades comerciales dentro de las respectivas zonas a las asociaciones u organizaciones de vendedores informales debidamente registradas ante el Fondo de Ventas Populares.

PAR.—Para el ejercicio de estas competencias, los alcaldes locales contarán con el apoyo y asesoría del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público y del Fondo de Ventas Populares.

ART. 7º—Requisitos de las asociaciones y organizaciones de vendedores informales. El Fondo de Ventas Populares establecerá el procedimiento interno y los términos para el registro de las asociaciones u organizaciones de vendedores informales y sus afiliados. En todo caso, ningún vendedor informal podrá pertenecer a dos (2) o más asociaciones u organizaciones de vendedores informales simultáneamente.

PAR.—El procedimiento a que se refiere el presente artículo, deberá adelantarse dentro del mes siguiente a la expedición del presente Decreto, garantizar el debido proceso y publicarse en la página web del Fondo de Ventas Populares.

ART. 8º—Obligaciones y prohibiciones de las asociaciones u organizaciones de vendedores informales: La asociación u organización de vendedores informales que obtenga autorización en una zona de transición de aprovechamientos autorizados, deberá garantizar la sostenibilidad del espacio público que le sea autorizado. De igual manera deberá velar por la observancia y el respeto de cada uno de sus miembros a la Constitución y la ley, especialmente a las normas de policía, incluidas en el Acuerdo 79 de 2003 Código de Policía de Bogotá y demás normas que lo adicionen, complementen o modifiquen.

A las asociaciones u organizaciones de vendedores informales les está prohibido:

1. Efectuar apropiaciones indebidas del espacio público.

2. Colocar mobiliario u objetos como marquesinas, toldos, rótulos, anuncios colgantes, cajones y cualquier objeto que represente un peligro u obstáculo al libre tránsito por el espacio público.

3. Instalarse en lugares o perímetros distintos de los señalados por la autorización.

4. Desarrollar la actividad comercial autorizada con menores de edad.

5. Arrojar residuos sólidos y desperdicios de mercancías al espacio público.

6. Deteriorar el espacio público que temporalmente le sea asignado.

ART. 9º—Control de las zonas de transición de aprovechamientos autorizados. Con el fin de verificar el respeto de la integridad del espacio público y su destinación al uso común, así como el acatamiento de las normas por parte de quienes ocupen una zona de transición de aprovechamientos autorizados, el alcalde local respectivo, realizará visitas periódicas y establecerá todos los mecanismos que considere pertinentes pudiendo dar aplicación cuando sea del caso, a los procedimientos y las sanciones establecidas en las normas policivas.

ART. 10.—Terminación de la autorización. La autorización conferida a una asociación u organización de vendedores informales en una zona de transición de aprovechamientos autorizados se dará por terminada mediante acto administrativo motivado, en cualquiera de los siguientes eventos:

1. Por el vencimiento del término de vigencia de la zona de transición de aprovechamientos autorizados o el de su prórroga.

2. Por la revocatoria directa, en los términos del Código Contencioso Administrativo.

3. Por el incumplimiento de las obligaciones o la incursión en cualquiera de las prohibiciones de la asociación u organización de vendedores informales.

4. Cuando las mercancías que se comercialicen no estén registradas en debida forma.

5. Por la toma ilegal de servicios públicos.

6. Por la cesión de la autorización.

7. Por transformación de la zona de transición de aprovechamientos autorizados en una zona de aprovechamiento regulado.

8. Por incumplimiento de la ley, especialmente de las normas de policía.

9. Por detrimento o daño del espacio público”(254).

Decreto 215 de 2005 (jul. 7), por el cual el Alcalde Mayor de Bogotá adopta el Plan Maestro de Espacio Público para Bogotá. Se destaca:

“DECRETO 215 DE 2005

(Julio 7)

Por el cual se adopta el Plan Maestro de Espacio Público para Bogotá Distrito Capital, y se dictan otras disposiciones.

El Alcalde Mayor de Bogotá, D.C., en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial de las que le confiere el artículo 38, numeral 4º del Decreto-Ley 1421 de 1993, y el artículo 46, parágrafo 3º del Decreto Distrital 190 de 2004,.

CONSIDERANDO:

Que el artículo 1º de la Constitución Política consagra que Colombia es un Estado social de derecho, fundado en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que lo integran y en la prevalencia del interés general.

Que el artículo 82 de la Constitución Política determina que es deber del Estado velar por la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular.

Que para dar cumplimiento a los mandatos constitucionales invocados, se hace necesario disponer de un cuerpo normativo que regule, de manera sistemática, la generación, el mantenimiento, la administración, financiamiento y el manejo del espacio público en el Distrito Capital.

Que los artículos 44 y 45 del Decreto 190 de 2004 conciben los planes maestros como instrumentos estructurantes del primer nivel de jerarquización, mediante los cuales se establecen los objetivos, políticas y estrategias de largo plazo.

Que por lo anterior, el artículo 149 del mismo ordenamiento jurídico dispone que los planes maestros “... tendrán una vigencia igual a la del tiempo que falta para terminar la actual administración del Distrito Capital y cuatro (4) períodos constitucionales de gobierno de las próximas administraciones”.

Que el artículo 45 del Decreto Distrital 190 de 2004 establece el contenido mínimo de los planes maestros, el cual es desarrollado por el presente decreto para el sistema de espacio público.

Que de conformidad con el artículo 13 del Decreto Distrital 190 de 2004, “La política de espacio público se basa en la generación, construcción, recuperación y mantenimiento del espacio público tendientes a aumentar el índice de zonas verdes por habitante, el área de tránsito libre por habitante, su disfrute y su aprovechamiento económico, bajo los siguientes principios que orientan el Plan Maestro de Espacio Público:

1. El respeto por lo público.

2. El reconocimiento del beneficio que se deriva del mejoramiento del espacio público.

3. La necesidad de ofrecer lugares de convivencia y ejercicio de la democracia ciudadana y de desarrollo cultural, recreativo y comunitario.

4. El uso adecuado del espacio público en función de sus áreas y equipamientos a las diferentes escalas de cobertura regional, distrital, zonal y vecinal.

5. Responder al déficit de zonas verdes de recreación pasiva y activa en las diferentes escalas local, zonal y regional.

6. Garantizar el mantenimiento del espacio público construido, mediante formas de aprovechamiento que no atenten contra su integridad, uso común, y libre acceso.

7. La equidad en la regulación del uso y aprovechamiento por diferentes sectores sociales.

8. Orientar las inversiones de mantenimiento y producción de espacio público en las zonas que presenten un mayor déficit de zonas verdes por habitante, con especial énfasis en los sectores marginados de la sociedad.

9. Recuperar como espacio público las rondas de los cuerpos de agua privatizadas”.

Que el artículo 21 del Decreto Distrital 190 de 2004 define el sistema de espacio público del Distrito Capital como:

“...el conjunto de espacios urbanos conformados por los parques, las plazas, las vías peatonales y andenes, los controles ambientales de las vías arterias, el subsuelo, las fachadas y cubiertas de los edificios, las alamedas, los antejardines y demás elementos naturales y construidos definidos en la legislación nacional y sus reglamentos.

Es una red que responde al objetivo general de garantizar el equilibrio entre densidades poblacionales, actividades urbanas y condiciones medio ambientales, y está integrado funcionalmente con los elementos de la estructura ecológica principal, a la cual complementa con el fin de mejorar las condiciones ambientales y de habitabilidad de la ciudad en general.

PAR. 1º—Para efectos de consolidar la estrategia de ordenamiento para el Distrito Capital, las acciones y regulaciones que se determinen en el Plan Maestro de Espacio Público deberán privilegiar tanto el desarrollo de los principales ejes de movilidad del Distrito Capital en términos de integración, a diferentes escalas, como la red de centralidades del mismo”.

Que según el artículo 28 del Decreto Distrital 190 de 2004, la política distrital de gestión del suelo busca, entre otros, los siguientes objetivos:

1. Programar de manera concertada y coordinada las inversiones públicas entre las distintas entidades distritales y establecer las condiciones de articulación con la actuación privada para alcanzar condiciones de desarrollo urbano equitativas, incluyentes y equilibradas, que redunden en una mayor calidad de vida de los habitantes del Distrito.

2. Asegurar que en desarrollo de las actuaciones urbanísticas que impliquen transformaciones importantes de la ciudad, se generen las infraestructuras, equipamientos y espacios libres de soporte de las actividades y usos urbanos correspondientes, así como condiciones de consolidación de la estructura ecológica principal con cargo a los respectivos proyectos urbanísticos en los términos definidos en los artículos 37, 38 y 39 de la Ley 388 de 1997.

3. Mejorar la capacidad de gestión pública y de coordinación en la provisión estatal de infraestructuras y servicios para construir entornos favorables a la dinamización de la construcción en un contexto empresarial y a la inversión en proyectos urbanísticos.

Que el artículo 34 del Decreto 190 de 2004 establece que las cargas generales del desarrollo urbano, como son las relativas a la infraestructura vial arterial, las redes matrices de servicios públicos domiciliarios, los elementos de la estructura ecológica principal y los costos asociados a la formulación y gestión del plan zonal, deben distribuirse entre los propietarios de toda el área beneficiaria de las mismas, a través de mecanismos tales como: tarifas, contribución de valorización, participación distrital en las plusvalías, o cualquier otro sistema que garantice el reparto equitativo de ellas entre los beneficiarios de las respectivas actuaciones.

Que el artículo 35 de dicho ordenamiento jurídico dispone que las cargas de carácter local; es decir, las relacionadas con el sistema vial intermedio y local, las redes secundarias, locales y domiciliarias de servicios públicos domiciliarios, las cesiones y la dotación de equipamientos y la cesión del suelo para espacio público, su adecuación y dotación, entre otras, se distribuirán entre todos los propietarios de la respectiva unidad de actuación urbanística o cualquier otro sistema de gestión individual o asociada.

Que el artículo 46 del Decreto 190 de 2004 establece como prioritaria la formulación y adopción del Plan Maestro de Espacio Público.

Que el artículo 240 del Decreto 190 de 2004 establece que los proyectos de intervención en el sistema de espacio público deben responder a unos objetivos específicos, los cuales son desarrollados por el presente decreto.

DECRETA:

TÍTULO I

Contenido general del plan

(…).

ART. 3º—Fundamento general del plan, y sus efectos en las actuaciones urbanísticas públicas. Este plan maestro concibe el espacio público como la dimensión estructurante y articuladora de los sistemas urbanos y territoriales y de las actuaciones urbanísticas públicas, privadas o mixtas, que se desarrollen en el territorio distrital. En consecuencia, constituye el soporte primario de las decisiones relacionadas con los demás sistemas urbanos y rurales regionales, así como un instrumento fundamental para lograr la concreción del modelo de ordenamiento del plan de ordenamiento territorial, y los propósitos de “equilibrio y equidad territorial para el beneficio social”, enunciados en el artículo 1º, numeral 8º del Decreto 190 de 2004.

ART. 4º—Períodos de ejecución. Este plan maestro establece períodos de corto, mediano y largo plazo de ejecución, así como los programas, proyectos y metas a través de los cuales se pretenden alcanzar cada uno de los objetivos propuestos. Para tales efectos, se entenderá como de corto plazo el período comprendido entre la fecha de publicación de este decreto y el año 2010; como de mediano plazo, el período comprendido entre los años 2011 y 2015; y, como de largo plazo, el período comprendido entre los años 2016 y 2019.

ART. 5º—Objetivos. Este plan maestro tiene por objeto concretar las políticas, estrategias, programas, proyectos y metas relacionados con el espacio público del Distrito Capital, y establecer las normas generales que permitan alcanzar una regulación sistemática en cuanto a su generación, mantenimiento, recuperación y aprovechamiento económico, y apropiación social. Para el logro de estos fines, se establecen los siguientes objetivos específicos:.

1. Contribuir a la consolidación de la estructura urbana mediante el desarrollo de una red de espacios públicos, que garantice el equilibrio entre densidades poblacionales, actividades urbanas y condiciones medio ambientales, de manera que se integren los elementos del espacio público construido con los de la estructura ecológica principal.

2. Facilitar la concreción de la perspectiva regional, a través de la adopción y la ejecución de proyectos integrados de espacios públicos de escala regional, partiendo del reconocimiento de la interdependencia y de los beneficios que ellos generan, tanto para la población de Bogotá como del conjunto de los núcleos urbanos y asentamientos localizados en su área de influencia, a fin de que contribuyan a su fortalecimiento y a la elevación de su calidad de vida.

3. Desarrollar procesos de generación, preservación, recuperación y adecuación de la estructura ecológica principal y del sistema de espacio público construido, así como de su administración y gestión económica.

4. Velar por la protección de la integridad del espacio público y su destinación al uso común, el cual se hará prevalecer sobre el interés particular. En desarrollo de este objetivo, se eliminarán las ocupaciones indebidas del espacio público y se ejecutarán programas y proyectos encaminados a su recuperación.

5. Lograr la equidad social en el aprovechamiento económico del espacio público, desarrollando acciones mediante las cuales se privilegie a los sectores vulnerables de la sociedad.

6. Regular las zonas objeto de aprovechamiento económico y definir los instrumentos para que los aprovechamientos sean equitativamente compensados y/o remunerados.

7. Redefinir funciones y competencias de las entidades distritales que intervienen en los procesos de planeamiento, construcción, mantenimiento, aprovechamiento y control de los diferentes componentes del sistema de espacio público, con el fin de lograr una especialización eficiente y obtener una adecuada coordinación interinstitucional, y especializar una entidad distrital en el manejo del aprovechamiento económico del espacio público, para la ejecución de programas y proyectos orientados a su renovación, recuperación y revalorización.

8. Definir un sistema de indicadores de gestión que permita el seguimiento y la evaluación objetiva de la ejecución del plan, en lo relacionado con el cumplimiento de los objetivos y la consecución de las metas contenidas en el mismo.

9. Establecer normas y procedimientos que permitan adoptar mecanismos tendientes a promover la sostenibilidad y apropiación social del espacio público, así como la participación de la comunidad en los procesos encaminados a su mantenimiento y recuperación, a través del apoyo y fortalecimiento de las organizaciones comunitarias, y la creación e institucionalización de las redes sociales para la apropiación del espacio público.

10. Formular una política para la generación permanente de espacio público, con fundamento en el principio constitucional de la función social y ecológica de la propiedad privada. El plan pretende solucionar, a más tardar en el año 2019, el déficit actual y las necesidades futuras en cuanto a disponibilidad de espacio público, hasta alcanzar el estándar de 10 m2 por habitante adoptado por el Plan de Ordenamiento Territorial, de los cuales, 6 m2 por habitante deberán estar representados en parques, plazas y plazoletas de todas las escalas, y los 4 m2 por habitante restantes, deberán corresponder al producto de la recuperación y la adecuación de las áreas pertenecientes a la estructura ecológica principal.

11. Adecuar la cantidad y el destino de las cesiones para espacio público que deban efectuarse en desarrollo de los procesos de urbanización y edificación en el Distrito Capital, a las características intrínsecas y al potencial generador de espacios públicos por parte de los trazados urbanos y los conjuntos monumentales preexistentes en donde se ejecute la respectiva actuación.

(…).

TÍTULO II.

Política de gestión

Capítulo I

Componentes y estrategias.

ART. 7º—Política de gestión del espacio público. Comprende el conjunto de acciones coordinadas por la Administración Distrital para asegurar la efectiva generación, administración, utilización, mantenimiento y protección del espacio público en el territorio Distrital.

(…).

Capítulo II

Estrategia de gestión social

ART. 9º—Objeto. La estrategia de gestión social busca descentralizar la gestión social, y promover la creación y consolidación de las redes de gestión social del espacio público a través de los instrumentos de planeamiento.

ART. 10.—Programas. Son programas de la estrategia de gestión social, los siguientes:

a) Programa de creación y consolidación de redes para la gestión social del espacio público, a través de las unidades de planeamiento zonal y los demás instrumentos de planeamiento.

b) Programa de participación responsable en los procesos de diseño, construcción y mantenimiento de espacios públicos.

c) Programa de valoración social de los conjuntos monumentales de espacio público.

d) Programa anual de actividades culturales, recreativas y deportivas.

ART. 11.—Programa de creación y consolidación de redes para la gestión social. La Administración Distrital estimulará y promoverá la creación y el fortalecimiento de redes de gestión social, las cuales tendrán por objeto apoyar la función pública relacionada con el manejo y utilización del espacio público, y promover la adecuada apropiación social del mismo. Este programa está conformado por:.

a) Las acciones tendientes a promover la integración de organizaciones comunitarias, entidades públicas y organismos privados en la creación y consolidación de las redes de gestión social.

b) La adopción, ejecución y seguimiento de proyectos identificados, formulados y compartidos por estas redes, en los cuales se buscará cualificar los correspondientes tejidos de espacio público, según las directrices establecidas por los planes de cada uno de los instrumentos de planeamiento.

Las redes no constituirán nuevas entidades públicas; funcionarán como cuerpos cívicos, integrados por representantes o delegados de las entidades públicas del orden distrital, y por miembros designados por las organizaciones comunitarias y otras entidades privadas interesadas en coadyuvar en la identificación y gestión de proyectos compartidos.

Las redes de gestión social podrán proponer fórmulas que permitan dirimir los conflictos que eventualmente surjan con motivo del aprovechamiento del espacio público.

— Metas del programa.

2005-2007: Crear y consolidar 20 redes de gestión social.

2008-2010: Crear y consolidar 60 redes de gestión social.

2011-2019: Crear y consolidar 20 redes de gestión social por año.

Durante el mismo lapso, se promoverá la identificación y ejecución de por lo menos un proyecto de intervención y cualificación del espacio público en cada uno de los sectores en donde se haya conformado la correspondiente red.

(...).

Capítulo III.

Estrategia de gestión económica

ART. 15.—Objeto. La estrategia de gestión económica se dirige a:

a) Diferenciar, regular y organizar el aprovechamiento económico del espacio público.

b) Actuar conjuntamente con el sector privado en el desarrollo de operaciones integrales de recuperación del espacio público y revalorización de los inmuebles privados.

c) Promover la organización de los vendedores informales y profesionalizar sus actividades, a través de una red pública de prestación de servicios al usuario del espacio público.

d) Organizar y concentrar las fuentes de financiación para la generación y mantenimiento del espacio público.

(..).

ART. 17.—Áreas del espacio público con capacidad para generar aprovechamientos. Las áreas del espacio público con capacidad para generar aprovechamiento económico se clasifican en zonas de aprovechamiento regulado y en zonas de transición de aprovechamientos autorizados, sobre las cuales la Administración Distrital definirá un marco regulatorio.

ART. 18.—Zonas de aprovechamiento regulado. Son aquellos espacios públicos respecto de los cuales, la autoridad competente autoriza expresamente la localización de mobiliario y la ejecución de algún tipo de actividad económica, tomando en consideración su capacidad, el uso especializado o multifuncional para el cual haya sido construido y adecuado el respectivo espacio, los intereses y las demandas de la comunidad, todo respecto a la participación del Distrito Capital, en rentas generadas.

ART. 19.—Zonas de transición de aprovechamientos autorizados. Como una fase del proceso encaminado a la recuperación o renovación de los espacios públicos afectados por la proliferación de ventas informales, y en tanto se ofrezcan las alternativas económicas a quienes desarrollan este tipo de actividad, el Alcalde Mayor o la autoridad competente podrán, en forma motivada, establecer zonas de transición de aprovechamientos autorizados.

Para el efecto, el acto administrativo correspondiente determinará las condiciones físicas, espaciales y sociales que justifican la localización del área de transición, establecerá sus límites en forma precisa e inequívoca, determinará la duración máxima del aprovechamiento, y establecerá los tipos de aprovechamiento, así como las condiciones en que podrán realizarse.

(…).

ART. 61.—Plazo de ejecución. El plazo de ejecución del plan maestro de que trata el presente decreto se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2019”(255).

Decreto 546 de 2007 (nov. 21), por el cual el Alcalde Mayor de Bogotá reglamenta las Comisiones Intersectoriales del Distrito Capital. Se destaca:.

“DECRETO 546 DE 2007

(Noviembre 21)

“Por el cual se reglamentan las comisiones intersectoriales del Distrito Capital".

El Alcalde Mayor de Bogotá, D.C.,

en uso de sus atribuciones constitucionales y legales y en especial de las que le confieren los artículos 6º y 45 de la Ley 489 de 1998, el artículo 38 del Decreto-Ley 1421 de 1993, y el Acuerdo 257 de 2006 y,.

CONSIDERANDO:

Que en virtud de los principios de coordinación, concurrencia, subsidiaridad y complementariedad, consagrados en los artículos 10, 11, 12 y 13 del Acuerdo 257 de 006(sic), en armonía con el artículo 6º de la Ley 489 de 1998, la Administración Distrital actuará a través de su organización administrativa de manera armónica para la realización de sus fines y para hacer eficiente e integral la gestión pública distrital, mediante la articulación de programas, proyectos y acciones administrativas a nivel intersectorial.

Que en desarrollo de los principios referidos, el artículo 32 del Acuerdo 257 de 2006 estableció el sistema de coordinación de la administración del Distrito Capital como el conjunto de políticas, estrategias, instancias y mecanismos que permiten articular la gestión de los organismos y entidades distritales, de manera que se garantice la efectividad y materialización de los derechos humanos, individuales y colectivos, y el adecuado y oportuno suministro de los bienes y la prestación de los servicios a sus habitantes;

Que el sistema de coordinación integra, en forma dinámica y efectiva, la ejecución de las políticas distritales a cargo de los organismos y las entidades, estableciendo mecanismos de interrelación entre éstos y las formas organizadas de la sociedad.

Que dentro de las instancias previstas en el sistema de coordinación del Distrito Capital, conforme a lo dispuesto en el artículo 33 del Acuerdo 257 de 2006, se encuentran las comisiones intersectoriales, escenarios idóneos para facilitar la coordinación intersectorial que se requiere para la implementación de las políticas, estrategias, planes y programas distritales.

Que en un marco de racionalización de las instancias de coordinación del Distrito Capital, y en aras de atender las necesidades de reglamentación de aquellas que funcionan ad-oc(sic), se establecen en el presente decreto los lineamientos para la conformación y funcionamiento de las comisiones intersectoriales que por su carácter temático requieren desarrollo.

Que por lo anterior, es prioritario reglamentar las comisiones intersectoriales, instancias de coordinación necesarias para garantizar la articulación en la implementación y operacionalización de las políticas, estrategias, planes y programas que exigen la interrelación entre entidades y organismos de más de un (1) sector administrativo de coordinación de la Administración Distrital.

En mérito de lo expuesto:

DECRETA.

(…).

ART. 37.—Comisión Intersectorial del Espacio Público del Distrito Capital. La Comisión Intersectorial del Espacio Público, estará integrada por el (la) Secretario (a) Distrital de Gobierno, quien lo presidirá, el (la) Secretario (a) Distrital de Hacienda, el (la) Secretario (a) Distrital de Movilidad, el (la) Secretario (a) Distrital de Planeación, el (la) Secretario (a) Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, el (la) Secretario (a) Distrital de Ambiente, el (la) Secretario (a) Distrital de Desarrollo Económico, el (la) Secretario (a) Distrital del Hábitat y el (a) director (a) del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público.

La Secretaría Técnica de la Comisión estará a cargo de la Secretaria Distrital de Planeación, a través de la Dirección del Taller del Espacio Público.

ART. 38.—Objeto y funciones de la Comisión Intersectorial del Espacio Público del Distrito Capital. La Comisión Intersectorial del Espacio Público del Distrito Capital tendrá por objeto la coordinación y articulación de la política de Espacio Público del Distrito Capital.

La Comisión Intersectorial del Espacio Público del Distrito Capital tendrá las siguientes funciones:

1. Coordinar la implementación de la política de espacio público definida para garantizar la efectividad de los derechos en el Distrito Capital.

2. Concertar las acciones necesarias para garantizar la progresiva estructuración y puesta en marcha, de manera eficaz y eficiente, del sistema distrital de gestión del espacio público, en armonía con las políticas, estrategias, programas y proyectos establecidos por el plan maestro de espacio público.

3. Articular las acciones para garantizar una adecuada distribución y coordinación de funciones en lo relacionado con la financiación, la generación, el mantenimiento, la conservación, el manejo, y la gestión del espacio público.

4. Coordinar la implementación de los instrumentos y procedimientos de la política distrital para la administración y aprovechamiento económico del espacio público vigentes”(256).

Problemas jurídicos

1) Le corresponde a la Sala determinar si las entidades demandadas violan los derechos colectivos al goce del espacio público y a la defensa de los bienes de uso público, porque múltiples vendedores informales estacionarios, semi-estacionarios y ambulantes invaden irregularmente los andenes y calles ubicados en i) la calle 19, entre carreras 3ª y 15; ii) la calle 14, entre carreras 5ª y 10ª; iii) la carrera 10ª, entre calles 10ª y 20; iv) las calles 15 y 17, entre carreras 5ª y 10ª; v) la carrera 7ª, entre calles 7ª y 34; vi) la carrera 51, entre las diagonales 44 y 47; vii) la calle 6 D Sur, entre la carrera 71 D y la Av. Boyacá; viii) las calles 7ª y 10ª, entre carreras 19 y 24; ix) y la calle 24, entre carreras 6ª y 7ª.

1.1. Marco constitucional, legal y reglamentario del espacio público en el Distrito Capital.

En este orden de ideas, debe la Sala comenzar por referirse a lo dispuesto en los artículos 82, 88 y 102 de la Constitución Política, según los cuales se prevé que el Estado, y por ende sus autoridades, tiene el deber de: (1) velar por la protección de la integridad del espacio público; (2) velar por su destinación al uso común; (3) asegurar la efectividad del carácter prevalente del uso común del espacio público sobre el interés particular; y (4) ejercer la facultad reguladora en materia de ordenamiento territorial, en relación con la utilización del suelo y del espacio público para la defensa del interés común.

En este sentido, el artículo 5º de la Ley 9ª de 1989(257)define el espacio público como “…el conjunto de inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados, destinados por su naturaleza, por su uso o afectación, a la satisfacción de las necesidades urbanas colectivas que trascienden, por tanto, los límites de los intereses individuales de los habitantes”, constituido, entre otras, por “…las áreas requeridas para la circulación tanto peatonal como vehicular, las áreas para la recreación pública, activa o pasiva, para la seguridad y tranquilidad ciudadana, [y] las franjas de retiro de las edificaciones sobre las vías, fuentes de agua, parques, plazas, zonas verdes y similares…”.

Por su parte, los artículos 3º y 5º del Decreto 1504 de 1998(258), precisan que el espacio público se encuentra comprendido por “a) Los bienes de uso público, es decir, aquellos inmuebles de dominio público cuyo uso pertenece a todos los habitantes del territorio nacional, destinados al uso o disfrute colectivo.” y, entre otras, por las “áreas integrantes de los sistemas de circulación peatonal y vehicular, constituidas por: i) Los componentes de los perfiles viales tales como: áreas de control ambiental, zonas de mobiliario urbano y señalización, cárcamos y ductos, túneles peatonales, puentes peatonales, escalinatas, bulevares, alamedas, rampas para discapacitados, andenes, malecones, paseos marítimos, camellones, sardineles, cunetas, ciclopistas, ciclovías, estacionamiento para bicicletas, estacionamiento para motocicletas, estacionamientos bajo espacio público, zonas azules, bahías de estacionamiento, bermas, separadores, reductores de velocidad, calzadas, carriles; ii) Los componentes de los cruces o intersecciones, tales como: esquinas, glorietas orejas, puentes vehiculares, túneles y viaductos; [y por] b) áreas articuladoras de espacio público y de encuentro, tales como: parques urbanos, zonas de cesión gratuita al municipio o Distrito, plazas, plazoletas, escenarios deportivos, escenarios culturales y de espectáculos al aire libre…”.

Sobre el particular en el Distrito Capital, el artículo 80 del Acuerdo 79 de 2003(259)determina que la ocupación indebida del espacio público construido, no sólo es un factor importante de degradación ambiental y paisajística, sino que entorpece la movilidad vehicular y peatonal y pone en peligro la vida, la integridad y el bienestar de las personas. Así mismo, establece como formas de ocupación indebida del espacio público, entre otras, (1) su ocupación por vehículos de los andenes, zonas verdes y similares, plazas y plazoletas, áreas de recreación pública activa y pasiva, separadores y antejardines; y (2) su ocupación por ventas ambulantes o estacionarias, salvo en los casos en que exista el debido permiso expedido por la autoridad competente.

Al respecto, la Corte Constitucional, en Sentencia SU-360 de 1999 (M.P. Alejandro Martínez Caballero) estableció:

“…lo que caracteriza a los bienes que integran el espacio público, es su afectación al interés general(260)y su destinación al uso directo o indirecto en favor de la colectividad, razón por la cual no pueden formar parte de esta categoría, aquellos bienes que son objeto de dominio privado de conformidad con lo establecido por la ley, ni aquellos que son del pleno dominio fiscal de los entes públicos, (bienes «privados” del Estado)(261).

(…).

Tomando en consideración las precisiones anteriores, pueden reconocerse como elementos que integran el concepto de espacio público, entre otros los siguientes(262):

Las áreas requeridas para la circulación tanto peatonal como vehicular (vías públicas), —como por ejemplo las calles, plazas, puentes y caminos—.

(…).

c) Las franjas de retiro de las edificaciones sobre las vías, es decir andenes o demás espacios peatonales.

(…) 3. el trastorno del espacio público ocasionado por un particular o por la actuación de autoridades no competentes, puede llegar a vulnerar no sólo derechos constitucionales individuales de los peatones y aspiraciones colectivas de uso y aprovechamiento general, sino también la percepción de la comunidad respecto de las áreas a las que tiene acceso libre y a las que no lo tiene. En efecto, algunos estudios y estadísticas sugieren que los actos de perturbación que ocurren en un sitio público, posiblemente afectan a miles de personas.

(…) Adicionalmente, las repercusiones pueden ser no sólo colectivas, sino también privadas, y acarrear la vulneración del derecho a la libertad de locomoción de los transeúntes al cual alude el artículo 24 de la Carta (…)”(263).

En síntesis, es deber del Estado proteger el espacio público, conformado por todos aquellos bienes con afectación al interés general y destinación al uso directo o indirecto en favor de la colectividad; siendo relevante para el caso bajo estudio: velar porque no sea ocupado por ventas ambulantes o estacionarias.

1.2. Competencia de las Entidades Públicas.

Ahora bien, estima la Sala necesario exponer la normativa que regula las funciones y competencias de la Alcaldía Mayor de Bogotá, las alcaldías locales, la Defensoría del Espacio Público, la Policía Metropolitana de Bogotá, el Fondo de Ventas Populares y la Red de Solidaridad Social, con el fin de determinar si son responsables o no de la violación de los derechos colectivos invocados en el presente caso.

1.2.1. Alcaldía Mayor de Bogotá y alcaldías locales.

Así las cosas, en relación con el deber de las autoridades de velar por la integridad del espacio público y garantizar su destinación al uso común, debe recordarse que el artículo 1º del Decreto 1504 de 1998(264)prevé que en el cumplimiento de la función pública de urbanismo, los municipios y distritos deben dar prelación a la planeación, construcción, mantenimiento y protección del espacio público sobre los demás usos del suelo.

En lo que respecta a esta competencia en el Distrito Capital, el numeral 16 del artículo 38 del Decreto 1421 de 1993(265), establece que el Alcalde Mayor tiene la obligación de velar por el respeto del espacio público y su destinación al uso común; y el numeral 7º del artículo 86 ibídem, dispone que corresponde a los alcaldes locales dictar los actos y ejecutar las operaciones necesarias para la protección, recuperación y conservación del espacio público, con sujeción a la ley, a las normas nacionales aplicables, y a los acuerdos distritales y locales.

1.2.2. Defensoría del Espacio Público.

Por su parte, el artículo 3º del Acuerdo 18 de 1999(266)establece que le compete a la Defensoría del Espacio Público “…la defensa, inspección, vigilancia, regulación y control del espacio público del Distrito Capital; la administración de los bienes inmuebles, y la conformación del inventario general del patrimonio inmobiliario Distrital.”, y el artículo 4º ibídem, que dentro de sus funciones se encuentran las de: 1) formular las políticas, planes y programas distritales relacionadas con la defensa, inspección, vigilancia, regulación y control del espacio público; 2) asesorar a las autoridades locales en el ejercicio de funciones relacionadas con el espacio público, así como en la difusión y aplicación de las normas correspondientes; 3) instaurar las acciones judiciales y administrativas necesarias para el cumplimiento de las funciones asignadas al departamento; 4) organizar en coordinación con las autoridades competentes actividades tendientes a evitar que se ubiquen en el espacio público construcciones que afecten la seguridad, la salubridad de los transeúntes o impidan su disfrute; 5) promover en coordinación con las autoridades competentes, un espacio público adecuado para todos; 6) coordinar y promover con las autoridades distritales y locales actividades que promocionen el buen uso del espacio público y prevengan su deterioro; y 7) identificación de espacios en la ciudad que permitan la ubicación de vendedores en proceso de reubicación en zonas estratégicas que le permitan adelantar sus actividades.

En breve, lo anterior significa, de conformidad con reiterada jurisprudencia de esta Sala(267), que la Defensoría del Espacio Público, aun cuando no fue creada expresamente como una autoridad de policía(268), tiene la competencia de estar siempre atenta y cuidadosa en relación con la preservación del espacio público del Distrito Capital.

1.2.3. Policía Nacional.

Ahora bien, según lo establece el artículo 218 de la Constitución Política, la Policía Nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la Nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz.

A nivel del Distrito Capital, el artículo 68 del Acuerdo 79 de 2003(269), expedido con el objeto de regular el ejercicio de los derechos y libertades ciudadanas de acuerdo con la Constitución y la Ley, determina que le corresponde a las autoridades de Policía proteger la integridad del espacio público y su destinación al uso común, y, de manera especial, velar por la conservación, mantenimiento y embellecimiento de los bienes del espacio público de dominio público.

Se concluye, entonces, que la Policía Nacional es la entidad responsable de proteger el espacio público, con el fin de garantizar que su destinación sea en favor de la colectividad.

1.2.4. Instituto para la Economía Social(270).

A su turno, el artículo 1º del Acuerdo 257 de 2006(271), pone de presente que corresponde al Instituto para la Economía Social promover, coordinar y ejecutar las políticas, programas y proyectos de Desarrollo Económico del Distrito a través de diferentes estrategias en sectores sociales informales, encaminadas al fortalecimiento de las competencias productivas, empresariales y comerciales, la formación del capital humano, el apoyo a proyectos productivos de la micro, pequeña y mediana empresa y la administración de las plazas de mercado, en coordinación con el plan de abastecimiento de alimentos, generando esquemas de mejoramiento de calidad de vida.

En sentido similar, el artículo 78 ibídem señala como funciones del Instituto para la Economía Social, IPES: 1) Definir, diseñar y ejecutar programas, en concordancia con los planes de desarrollo y las políticas trazadas por el Gobierno Distrital, dirigidos a otorgar alternativas para los sectores de la economía informal a través de la formación de capital humano, el acceso al crédito, la inserción en los mercados de bienes y servicios y la reubicación de las actividades comerciales o de servicios; 2) Adelantar operaciones de ordenamiento y de relocalización de actividades informales que se desarrollen en el espacio público; y 3) Adelantar operaciones de construcción y adecuación de espacios análogos y conexos con el espacio público con miras a su aprovechamiento económico regulado.

1.2.5. Red de Solidaridad Social.

Por último, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley 368 de 1997(272), se tiene que la Red de Solidaridad Social fue creada con el objeto de: a) Financiar y cofinanciar programas y proyectos de apoyo a los sectores más pobres de la población colombiana, en materia de empleo, educación, alimentación, seguridad social, actividades deportivas, recreativas, culturales y de integración de asentamientos marginados; b) Promover, desarrollar e implementar un nuevo concepto de gestión social en el que se articulen el Estado y la sociedad como corresponsables en la ejecución y en los resultados de programas sociales; y c) Coordinar la programación, ejecución y seguimiento de programas focalizados de la política social.

El artículo 3º ibídem señala como funciones de la institución, entre otras: 1) Adelantar y coordinar programas que tengan por finalidad promover los derechos constitucionales y contribuir a la satisfacción de las necesidades de las personas y grupos vulnerables por razones tales como violencia, condiciones económicas, discapacidades físicas y mentales, o en virtud de la edad y el sexo, como la niñez, la juventud, la tercera edad, la mujer y la familia; 2) Adelantar programas de desarrollo social e institucional de las comunidades donde se presenten mayores problemas de pobreza, marginamiento, discapacidad y necesidades básicas insatisfechas y fortalecer los procesos de participación comunitaria; y 3) Adelantar programas y proyectos para atender a las víctimas y desplazados de la violencia o a los grupos alzados en armas, las milicias urbanas de carácter político que se hayan reincorporado a la vida civil.

1.3. Precisiones preliminares.

1.3.1. Violación del derecho colectivo a la salubridad pública.

La Sala no halla fundamento en el cargo que alega la violación al derecho colectivo a la salubridad pública, pues la controversia se circunscribe únicamente a determinar si los vendedores informales estacionarios, semi-estacionarios y ambulantes violan los derechos colectivos invocados, porque invaden irregularmente el espacio público de varias zonas de Bogotá, y porque comercializan bienes infringiendo los derechos de autor (“bienes piratas”).

En consecuencia, la Sala se abstendrá de realizar un estudio respecto de su violación, comoquiera que no existe prueba que controvierta su vulneración o puesta en peligro, y se encuentra que el problema jurídico se ciñe al estudio de otros aspectos.

1.3.2. Cosa juzgada.

En un mismo sentido, la Sala se abstendrá de pronunciarse respecto de la violación al goce del espacio público por la ocupación irregular que varios vendedores ambulantes realizan en la zona denominada 20 de Julio, pues la Sección Cuarta de esta corporación realizó un estudio de fondo sobre el particular en el proceso de acción popular con radicado 2500023260002001031701, ventilado por Ricardo Cifuentes Salamanca, por los mismos hechos que motivaron la interposición de los presentes procesos(273).

1.3.3. Fuero de atracción.

Debe la Sala precisar que es competente para conocer del caso sub examine, así varias de las entidades demandadas sean personas jurídicas de derecho privado, pues en el proceso se demandaron otras tantas de derecho público, como la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Defensoría del Espacio Público, la Policía Metropolitana de Bogotá, el IPES y Acción Social, lo cual, en virtud del fuero de atracción, faculta a la jurisdicción contencioso administrativa para conocer del presente asunto. Si bien, por regla general, la jurisdicción ordinaria es la competente para conocer de los conflictos en los cuales se demanda a una personas de derecho privado, excepcionalmente en materia de acciones populares, y cuando la demanda sea simultáneamente en contra de una persona de derecho privado y una persona de derecho privado que desempeña funciones administrativas o de derecho público, la competencia será desplazada hacía la jurisdicción contencioso administrativa, en virtud del denominado fuero de atracción. En este sentido, mediante sentencia de 22 de enero de 2004 (M.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez) se pronunció la Sección Tercera de esta corporación al establecer:

“... por regla general, una acción popular dirigida contra un particular será de competencia de la jurisdicción ordinaria, mientras que la dirigida contra una autoridad pública o un particular que desempeñe funciones administrativas lo será de la contencioso administrativa. La regla anterior se exceptúa en los eventos en los que una acción se dirija, al tiempo, en contra de una autoridad pública y de un particular; en tal caso, la competencia para conocer de la misma reside en la jurisdicción contencioso administrativa, en tanto que ésta prevalece sobre la de la jurisdicción ordinaria en virtud del fuero de atracción”(274).

1.3.4. Responsabilidad de la Defensoría del Espacio Público, la Red de Solidaridad Social, Chicles Adams S.A., Colombina S.A., Compañía Nacional de Chocolates, Comestibles Italo S.A., Fábrica de Chocolates El Triunfo S.A., Productos Alimenticios Elite Ltda., British American Tabacco Ltda., Coltabaco S.A., Philip Morris Colombia S.A., Protabaco S.A., Comestibles Ricos Ltda., Frito Lay Colombia Ltda., Productos Alimenticios Margarita S.A., Productos Andru Ltda., Productos Yupi S.A., Comcel S.A. y Telefónica Móviles Colombia S.A.

Por otro lado, y previo al análisis concreto respecto de la violación de derechos colectivos por la invasión irregular del espacio público en varios lugares del Distrito Capital, la Sala advierte que no es dable estudiar la responsabilidad derivada de las actuaciones de la Defensoría del Espacio Público, de la Red de Solidaridad Social, de Chicles Adams S.A., de Colombina S.A., de Compañía Nacional de Chocolates, de Comestibles Italo S.A., de Fábrica de Chocolates El Triunfo S.A., de Productos Alimenticios Elite Ltda., de British American Tabacco Ltda., de Coltabaco S.A., de Philip Morris Colombia S.A., de Protabaco S.A., de Comestibles Ricos Ltda., de Frito Lay Colombia Ltda., de Productos Alimenticios Margarita S.A., de Productos Andru Ltda., de Productos Yupi S.A., de Comcel S.A. y de Telefónica Móviles Colombia S.A., pues ellas probaron que han actuado diligentemente y que los hechos que motivaron la interposición de las presentes demandas no han sido ocasionados por conductas que puedan endilgárseles.

En efecto, del Oficio 2004ER6620, de 7 de mayo de 2004, dirigido por la Defensoría del Espacio Público al Capitán de la Policía Metropolitana de Bogotá, en el que solicita desalojar a los vendedores ambulantes ubicados en rampas, accesos, y/o escaleras de los puentes peatonales y estaciones de Transmilenio(275); de la Resolución 158 de 2004 (jun. 10), mediante la cual la Defensoría del Espacio Público adoptó el inventario de los espacios públicos recuperados y/o preservados(276); de la Resolución 59 de 2007 (30 de marzo) por medio de la cual la Defensoría del Espacio Público actualiza el inventario de las zonas de transición de aprovechamientos autorizados(277); y de la Resolución 187 de 2008 (ago. 5), por la cual la Defensoría del Espacio Público actualiza el inventario de los espacios públicos recuperados y/o preservados, en cualquier tiempo(278); se observa que la Defensoría del Espacio Público, aun cuando no fue creada expresamente como una autoridad de policía, ha cumplido con su deber legal de defender, inspeccionar, vigilar, regular y controlar el espacio público del Distrito Capital.

Asimismo, se tiene que no puede responsabilizarse de la invasión irregular del espacio público a la Red de Solidaridad Social, pues dicha entidad no tiene asignadas competencias que la obliguen a custodiar o garantizar el goce del espacio público. Si bien a esta entidad le corresponde, entre otras responsabilidades, adelantar y coordinar programas que tengan por finalidad promover los derechos constitucionales y contribuir a la satisfacción de las necesidades de las personas y grupos vulnerables por su condición económica, lo cierto es que no obra dentro del acervo probatorio documento alguno que permita establecer un nexo de causalidad que demuestre que la conducta desplegada por ella ha generado, promovido o incentivado la invasión al espacio público en Bogotá.

En un mismo sentido, no es dable responsabilizar de la violación de derechos colectivos a Chicles Adams S.A., Colombina S.A., de Compañía Nacional de Chocolates, Comestibles Italo S.A., Fábrica de Chocolates El Triunfo S.A., Productos Alimenticios Elite Ltda., British American Tabacco Ltda., Coltabaco S.A., Philip Morris Colombia S.A., Protabaco S.A., Comestibles Ricos Ltda., Frito Lay Colombia Ltda., Productos Alimenticios Margarita S.A., Productos Andru Ltda., Productos Yupi S.A., Comcel S.A. y Telefónica Móviles Colombia S.A.; pues no existe prueba que permita acreditar que estas entidades promueven, incentivan o auspician las ventas informales estacionarios, semi-estacionarias y ambulantes en el espacio público.

1.4. Caso concreto.

Ahora bien, la Sala advierte que múltiples vendedores informales estacionarios, semi-estacionarios y ambulantes ocupan irregularmente el espacio público ubicado en i) la calle 19, entre carreras 3ª y 15; ii) la calle 14, entre carreras 5ª y 10ª; iii) la carrera 10ª, entre calles 10ª y 20; iv) las calles 15 y 17, entre carreras 5ª y 10ª; v) la carrera 7ª, entre calles 7ª y 34; vi) la carrera 51, entre las Diagonales 44 y 47; vii) la calle 6 D Sur, entre la carrera 71 D y la Av. Boyacá; viii) las calles 7ª y 10ª, entre carreras 19 y 24; ix) y la calle 24, entre carreras 6ª y 7ª.

A estos efectos, se tiene que la Alcaldía Mayor de Bogotá, las alcaldías locales, la Policía Nacional y el Instituto para la Economía Social han implementado y ejecutado numerosas acciones para mitigar la invasión de vendedores informales al espacio público descrito.

De hecho, advierte la Sala que la Alcaldía Mayor de Bogotá ha realizado acciones concretas en las localidades de Santa Fe, Antonio Nariño, San Cristóbal, Chapinero, Teusaquillo y La Candelaria, con el fin de recuperar zonas del espacio público que han sido irregularmente invadidas por vendedores semi-estacionarios y ambulantes. Así lo evidencian la copia del “Pacto de cumplimiento para el uso regulado y ordenado del espacio público en la Localidad de Santa Fe”, realizado por la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Secretaría de Gobierno, el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, el Fondo de Ventas Populares y la Alcaldía Local de Santa Fe, en el que se ponen de presente los compromisos de los vendedores ambulantes para el uso regulado y ordenado del espacio público(279); el Oficio 2-2004-30780, de 9 de noviembre de 2004, en el que la Secretaría Distrital de la Alcaldía Mayor de Bogotá advierte de numerosas actuaciones y operaciones adelantadas por la administración, para atender la problemática originada por la indebida ocupación del espacio público(280); y los decretos 462 de 2003 (dic. 22), 463 de 2003 (dic. 22), 98 de 2004 (abr. 12), 419 de 2006 (oct. 5), 215 de 2005 (jul. 7) y 546 de 2007 (nov. 21), por los cuales, respectivamente, el Alcalde Mayor de Bogotá dicta los procedimientos para la preservación del espacio público construido en el Distrito Capital; reglamenta la administración, el mantenimiento y el aprovechamiento económico del espacio público construido y sus usos temporales en Bogotá; dicta disposiciones en relación con la preservación del espacio público y su armonización con los derechos de los vendedores informales que lo ocupan, reglamenta las zonas de transición de aprovechamientos autorizados de la Capital, adopta el Plan Maestro de Espacio Público para Bogotá, y reglamenta las comisiones intersectoriales del Distrito Capital.

Asimismo, del “Informe de acciones interinstitucionales desarrolladas en el plan de acción para recuperar diversos sectores de la localidad para la comunidad”, sin fecha, presentado por la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía Local de los Mártires, en el que describe diferentes acciones que ha adelantado en el sector de San Andresito San José, para recuperar el espacio público(281); de los oficios Nº 439, 570, 653, 685, 746, 933 y 1010, de 28 de mayo, 1º, 10, y 21 de julio, 7 de agosto, 23 de septiembre y 16 de octubre, todos de 2003, en los que se informa sobre 179 actas de incautación, levantadas en operativos de recuperación y mantenimiento del espacio público, realizados en la localidad de Santa Fe(282); de las resoluciones 13 (feb. 3)(283),04 (feb. 11)(284)y A.J. 04 (feb. 16)(285), todas de 2004, mediante las cuales, respectivamente, las alcaldías locales de Los Mártires, Santa Fe y La Candelaria, ordenan la recuperación de varios sectores de espacio público dentro de su jurisdicción; del oficio AJ No 659-06, dirigido el 13 de julio de 2006 por la Alcaldesa Local de Antonio Nariño al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en el que se relacionan las actividades realizadas para la recuperación del espacio público de dicho localidad, entre el 2003 y el 2006(286); del oficio AJEP 612 -06, dirigido el 24 de julio de 2006 por la Alcaldesa Local de Kennedy al Tribunal Administrativa Cundinamarca, en el que pone de presente que se han realizado 777 incautaciones de elementos con los cuales se ocupaba indebidamente el espacio público(287); y de las actas de las reuniones llevadas realizadas el 18 de julio, 24 y 25 de agosto, y 6 de septiembre, de 2006, por la mesa de concertación de la Alcaldía de Tunjuelito y los vendedores ambulantes del sector, en las que se analiza la posibilidad de carnetizar y reubicar a los vendedores ambulantes, así como de implementar estrategias educativas que propendan por la recuperación del espacio público(288); se advierte que las alcaldías locales de Los Mártires, Tunjuelito, Santa Fe, La Candelaria, Antonio Nariño y Kennedy, han desplegado acciones para proteger y recuperar el espacio público invadido por vendedores irregulares semi-estacionarios y ambulantes dentro de su jurisdicción.

Igualmente, de la copia del registro de actas de incautación realizadas por la Policía Metropolitana de Bogotá, durante el año 2003 en San Andresito San José, en la que se observa que se levantaron 241 actas de incautación entre las calles 9ª y 13 y las carreras 19 a 24(289); del Oficio 202 COMAN-GRUEP, dirigido el 16 de febrero de 2004 por la Policía Metropolitana de Bogotá al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que indica que se han adelantado acciones para proteger el espacio público ubicado en la carrera 7ª, desde el Palacio de Nariño hasta la calle 24(290); de las actas de operativos de control al espacio público, del 1º, 2º y 22 de febrero de 2006, suscritas por la Policía Nacional, en las cuales indican que se han levantado 24 actas de incautación de mercancía a vendedores informales que se ubican en la plazoleta del Rosario y en la carrera 14, entre calles 7ª y 9ª(291); y del Oficio 552 coman-fudis, dirigido el 13 de julio de 2006 por el Mayor Comandante del Grupo Fuerza Disponible de la Policía Metropolitana de Bogotá al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en el que relaciona las acciones adelantadas para la recuperación del espacio público, entre las que se encuentran incautaciones, mesas de seguimiento, reuniones de coordinación y operativos en determinados sectores(292); advierte la Sala que la Policía Metropolitana de Bogotá ha realizado varios operativos para recuperar el espacio público invadido por vendedores informales.

Lo mismo puede predicarse del Instituto para la Economía Social, IPES, pues se observa que ha adelantado varias operaciones de ordenamiento y de relocalización de actividades informales que se desarrollan en el espacio público de la Capital, tal y como lo demuestran el acta de reunión de vendedores ambulantes de San Andresito San José, celebrada el 25 de octubre del 2001, y suscrita, entre otros, por el Fondo de Ventas Populares y un grupo de vendedores ambulantes, en la cual se busca llegar a un acuerdo para reubicar a vendedores en el parqueadero JB, ubicado en la calle 10ª Nº 21-59(293); el edicto fijado el 23 de mayo de 2005 por la gerente del Fondo de Ventas Populares, en el que notifica a los vendedores ambulantes firmantes del pacto de cumplimiento de la Localidad de Santa Fe y a los vendedores informales de la Localidad de La Candelaria, que están inscritos en la Casa del Vendedor Ambulante antes del 30 de noviembre de 2004, que se acerquen al Fondo para formalizar las alternativas productivas presentadas por el Distrito(294); y el documento “Capacitación y Educación a los Vendedores Informales, y análisis estadístico de la funcionalidad del Fondo de Ventas Populares”, de 30 de mayo de 2006, realizado por el Fondo de Ventas Populares, en el que pone que desde el año 2005 hasta mayo de 2006 se han capacitado numerosos vendedores ambulantes en el SENA(295).

Sin embargo, se advierte que muchas otras pruebas demuestran que a pesar de las acciones que han adelantado las entidades descritas, múltiples vendedores informales estacionarios, semi-estacionarios y ambulantes aún invaden i) la calle 19, entre carreras 3ª y 15; ii) la calle 14, entre carreras 5ª y 10ª; iii) la carrera 10ª, entre calles 10ª y 20; iv) las calles 15 y 17, entre carreras 5ª y 10ª; v) la carrera 7ª, entre calles 7ª y 34; vi) la carrera 51, entre las diagonales 44 y 47; vii) la calle 6 D Sur, entre la carrera 71 D y la Av. Boyacá; viii) las calles 7ª y 10ª, entre carreras 19 y 24; ix) y la calle 24, entre carreras 6ª y 7ª.

Calle 19, entre carrera 3ª y 15.

En efecto, de las trece (13) fotografías, sin fecha ni hora, en las que se observa que varios vendedores ambulantes ocupan los andenes ubicados en la carrera 7ª, entre calles 19 y 24(296); del derecho de petición dirigido por Roberto Ramírez Rojas al Alcalde Mayor de Bogotá, sin fecha, en el que solicita recuperar el espacio público invadido en la avenida 19, entre la carrera 3ª y la Av. Caracas(297); del “Pacto de cumplimiento para el uso regulado y ordenado del espacio público en la Localidad de Santa Fe”, realizado por la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Secretaría de Gobierno, el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, el Fondo de Ventas Populares y la Alcaldía Local de Santa Fe, sin fecha, en el que se ponen de presente los compromisos de los vendedores ambulantes para el uso regulado y ordenado del espacio público ubicado en la Av. 19, entre la carrera 3ª y la Av. Caracas(298); de la Resolución 4 de 2004 (feb. 11), mediante la cual la Secretaria de Gobierno de la Alcaldía Local de Santa Fe ordena a la Policía Nacional recuperar el espacio público en la calle 19, entre la carrera 3ª y la Av. Caracas(299); de los oficio 2004IE867 y 2004IE868, ambos de 12 de febrero de 2004, dirigidos por el subdirector de registro inmobiliario a la jefe de la oficina asesora jurídica de la Defensoría del Espacio Público, mediante los cuales informa sobre la presencia de algunos vendedores ambulantes en las calles 10ª a 14, desde la carrera 19 hasta la 24, y en ambos costados de la Av. calle 19, entre carreras 3ª y 15(300); del Oficio 1041 A.J. ATC, de 27 de mayo de 2004, dirigido por la Alcaldesa Local de Santa Fe al señor Dionisio Araujo Vélez, en el que manifiesta que no puede recuperar el espacio público de la Av. 19, con carrera 7ª, habida cuenta de que no se han adelantado las actuaciones administrativas pertinentes para tal efecto(301); y de las 16 fotografías de 30 de septiembre de 2004, en las que se observa que vendedores ambulantes ocupan el espacio público en la Av. 19, entre carreras 3ª y 14(302); se advierte que múltiples vendedores semi-estacionarios y ambulantes aun ocupan el espacio público ubicado en la calle 19, entre carreras 3ª y 15.

Calle 14, entre carreras 5ª y 10ª.

Asimismo, de las ocho (8) fotografías sin fecha ni hora, en las que se observa que varios vendedores ambulantes ocupan los andenes ubicados en la carrera 7ª, a la altura de la calle 14(303)y en la calle 14, entre carreras 7ª y 9ª(304); de los nueve (9) oficios, dirigidos respectivamente el 9 y 26 de junio, el 3, 17 y 22 de julio, el 8 y 21 de agosto, y el 4 y 10 de noviembre, todos del 2003, por la Alcaldesa Local de La Candelaria, al Teniente Coronel Comandante del Espacio Público de la Policía Metropolitana de Bogotá, en los que solicita realizar operativos de recuperación del espacio público en el sector de la calle 14, entre carreras 7ª y 9ª(305); y de los oficios 2004IE1466 y 2004IE1467, ambos de 10 de marzo de 2004, dirigidos por el subdirector de registro inmobiliario jurídica de la Defensoría del Espacio Público a la jefe de la oficina asesora jurídica de la misma entidad, mediante los cuales informa que varios vendedores ambulantes ocupan el espacio público en la calle 14, desde la carrera 7ª a la 9ª(306); se aprecia que el espacio público ubicado en la calle 14, entre carreras 5ª y 10ª, continua invadido por vendedores informales.

Carrera 10ª, entre calle 10ª y 20.

Igualmente, se observa que el sector ubicado entre la carrera 10ª, entre calles 10ª y 20 continua invadido por vendedores irregulares, tal y como se puede constatar de las diecisiete (17) fotografías, en las que se observa que varios vendedores ambulantes ocupan los andenes ubicados en la carrera 10ª, entre calles 10ª y 20(307) ; de la Resolución A.J. 04 de 2004, mediante la cual la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía Local de La Candelaria ordenó a la Policía Nacional recuperar el espacio público ubicado desde la calle 10ª hasta la Av. Jiménez de Quesada (eje ambiental), y de la carrera 10ª hasta la Av. Circunvalar(308); de los nueve oficios, dirigidos el 9 y 26 de junio, el 3, 17 y 22 de julio, el 8 y 21 de agosto, y el 4 y 10 de noviembre, todos del 2003, por la Alcaldesa Local de la Candelaria al Teniente Coronel Comandante del Espacio Público de la Policía de Bogotá, en los que solicita realizar operativos de recuperación del espacio público en el sector de la carrera 10ª, entre calles 6ª y Avenida Jiménez(309); de los oficios 2004IE1466 y 2004IE1467, ambos de 10 de marzo de 2004, dirigidos por el subdirector de registro inmobiliario de la Defensoría del Espacio Público a la jefe de la oficina asesora jurídica de la misma entidad, mediante los que informa que varios vendedores ambulantes ocupan el espacio público en la carrera 10ª, entre calles 10 y 20(310); y de la inspección judicial practicada el 30 de junio de 2006, en la que se dejó constancia de la presencia de vendedores ambulantes sobre la calle 7ª con carrera 10ª(311).

Calles 15 y 17, entre carreras 5ª y 10ª.

Lo mismo puede predicarse de las calles 15 y 17, entre carreras 5ª y 10ª, tal y como se advierte de las tres (3) fotografías, sin fecha ni hora, en las que se observa que varios vendedores ambulantes ocupan los andenes ubicados en la Av. Jiménez, entre carreras 3ª y 14(312); del plano “de georeferenciación de las ventas ambulantes”, elaborado por la Secretaría de Gobierno de La Candelaria, en el que se observa que varios vendedores ambulantes ocupan espacio público en la Av. Jiménez, a la altura de las carreras 5ª y 10ª(313); del derecho de petición dirigido por Roberto Ramírez Rojas al Alcalde Mayor de Bogotá, en el que solicita recuperar el espacio público invadido en las carreras 7ª y 10ª, entre la Av. Jiménez y la calle 39(314); de la Resolución 4 de 2004 (feb. 11), mediante la cual la Secretaria de Gobierno de la Alcaldía Local de Santa Fe ordena a la Policía Nacional recuperar varios sectores que conforman el espacio público en la calle 15, entre carreras 7ª y 10ª(315); del acta de operativos de control al espacio público, de 13 de enero de 2006, suscrita por el coordinador del grupo de gestión jurídica de la Alcaldía Local de La Candelaria y la Décimo Séptima Estación de Policía, mediante la cual dejan constancia del operativo de recuperación del espacio público llevado a cabo en la Avenida Jiménez con carreras 7ª, 8ª, 9ª y 10ª(316); y de la Inspección Judicial practicada el 30 de junio de 2006 en las localidades de Santa Fe, La Candelaria y Los Mártires, en la que se evidenció la presencia de vendedores ambulantes en la carrera 9ª, entre calles 6ª a 17 y en la calle 17 con carrera 10ª(317).

Carrera 7ª, entre Calles 7ª y 34

De igual manera, de las trece (13) fotografías sin fecha ni hora, en las que se observa que varios vendedores ambulantes ocupan los andenes ubicados en la carrera 7ª, a la altura de la calle 14(318), y en la carrera 7ª, entre calles 19 y 24(319); del Oficio 1041 A.J. ATC, de 27 de mayo de 2004, dirigido por la Alcaldesa Local de Santa Fe al señor Dionisio Araujo Vélez, en el que manifiesta que no puede recuperar el espacio público de la carrera 7ª y del sector de San Victorino, habida cuenta de que no se han adelantado las actuaciones administrativas pertinentes para tal efecto(320); de los 12 derechos de petición, de 17 de junio y 16 de septiembre, todos de 2004, presentados ante la Alcaldía de Santa Fe por los representantes del edificio Centro de Convenciones Cámara de Comercio de Bogotá, Centro Comercial Terraza, Foto Japón, la Asociación de Mercado San Alejo, Panamericana S.A., la Parroquia Nuestra Señora de las Nieves, la junta administradora del edificio el Cid, y el Hotel San Francisco, en los que se solicitan recuperar el espacio público, invadido por vendedores ambulantes en la carrera 7ª, desde la calle 13 a la 26(321); del Oficio 2-2004-30780, de 9 de noviembre de 2004, dirigido por la Secretaría Distrital de Gobierno al Alcalde Mayor de Bogotá, mediante el cual advierte que no se han expedido actos administrativos para recuperar el espacio público de la Localidad de La Candelaria, pues previo a ello deben agotarse “los procedimientos previstos por el Decreto 98 de 2004”(322); y del derecho de petición, de 29 de noviembre de 2004, elevado por Roberto Ramírez Rojas a la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Policía Nacional y la Alcaldía Local de Santa Fe, solicitando la restitución inmediata del espacio público correspondiente a los andenes de la carrera 7ª, entre las calles 15 y 39(323); se advierte que la Carrera 7ª, entre Calles 7ª y 34 aun permanece irregularmente ocupada por varios vendedores ambulantes.

Carrera 51, entre las diagonales 44 y 47.

Igualmente, de las tres (3) fotografías, en las que se observa que varios vendedores ambulantes ocupan los andenes ubicados en la carrera 51, a la altura de la calle 44(324); del “programa para la reubicación de vendedores ambulantes y estacionarios en la localidad”, de 2006, implementado por la Oficina de Planeación del Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito, en el que se plantea reubicar cuarenta y cuatro (44) vendedores informales ubicados en el barrio Venecia(325); y de la Resolución 59 de 2007 expedida por la Defensoría del Espacio Público de Bogotá, por la cual se actualiza el inventario de las zonas de transición de aprovechamientos autorizados de la Localidad de Tunjuelito(326); se advierte que la carrera 51, entre diagonales 44 y 47, permanece ocupada irregularmente por vendedores semi-estacionarios y ambulantes.

Calle 6 D Sur, entre la carrera 71 D y la Av. Boyacá.

Lo mismo puede decirse de la calle 6 D Sur, entre la carrera 71 D y la Av. Boyacá, tal y como se evidencia de las cinco (5) fotografías, en las que se observa que varios vendedores ambulantes ocupan los andenes ubicados en la carrera 71D con calle 6D Sur(327) ; y del Oficio 2-2004-30780, de 9 de noviembre de 2004, dirigido por la Secretaria Distrital de Gobierno al Alcalde Mayor de Bogotá, en el que advierte que las actuaciones y operaciones adelantadas por la administración para atender la problemática originada por la indebida ocupación del espacio público en el Barrio Restrepo de la Localidad Antonio Nariño, han sido insuficientes(328).

Calles 7ª y 10ª, entre Carreras 19 y 24

Asimismo, de las dieciséis (16) fotografías, en las que se observa que varios vendedores ambulantes ocupan los andenes ubicados en las calles 7ª a 10ª, desde la carrera 19 a la 24 (sector San Andresito de San José)(329); del acta de reunión de vendedores ambulantes de San Andresito San José, celebrada el 25 de octubre del 2001, suscrita por el alcalde local, la coordinadora de gestión jurídica, abogados del Fondo de Ventas Populares, el personero local y un grupo de vendedores ambulantes, en la cual se busca llegar a un acuerdo para la reubicación de los vendedores en el parqueadero JB, ubicado en la calle 10ª Nº 21-59(330); de la Resolución 13 de 2004, mediante la cual la Secretaria de Gobierno de la Alcaldía Local de Los Mártires ordena recuperar el espacio público de San Andresito de San José, entre las carreras 19 y 24 y las calles 8ª y 10ª; y de los oficios 04IE867 y 2004IE868, ambos de 12 de febrero de 2004, dirigidos por el subdirector de registro inmobiliario a la jefe de la oficina asesora jurídica de la Defensoría del Espacio Público, mediante los cuales informa sobre la presencia de algunos vendedores ambulantes en las calles 10ª a 14, desde la carrera 19 hasta la 24; se advierte que las calles 7ª y 10ª, entre carreras 19 y 24, continúan invadidas por vendedores ambulantes que ocupan indebidamente sus vías y andenes.

Calle 24, entre carreras 6ª y 7ª.

En un mismo sentido, del oficio 931 de 2003, dirigido por el Comandante del Grupo Espacio Público al Alcalde Local de Santa Fe, mediante el cual informa sobre la realización de 550 operaciones de incautación de mercancías sin indicar de que clase, en San Victorino y entre las carreras 7ª y 13 y calles 19 y 26(331); del oficio 200sri(sic) de 23 de febrero de 2004, dirigido por el subdirector de registro inmobiliario Departamento Administrativo del Espacio Público a la jefe de la oficina asesora jurídica de la misma entidad, en el que señala que en la carrera 7ª, entre calles 6ª y 24, varios vendedores ambulantes ocupan el espacio público(332); y de los doce (12) derechos de petición, de 17 de junio y 16 de septiembre, todos de 2004, presentados ante la Alcaldía de Santa Fe por los representantes del edificio Centro de Convenciones Cámara de Comercio de Bogotá, Centro Comercial Terraza, Foto Japón, la Asociación de Mercado San Alejo, Panamericana S.A., la Parroquia Nuestra Señora de las Nieves, la Junta Administradora del edificio el Cid, y el Hotel San Francisco, en los que solicitan recuperar el espacio público invadido por vendedores ambulantes comprendido entre la calle 13 y la calle 26, por la carrera 7ª(333); se advierte que varios vendedores semi-estacionarios y ambulantes permanecen ubicados irregularmente en el espacio público correspondiente a la calle 24, entre carreras 6ª y 7ª.

La Sala considera que la Alcaldía Mayor de Bogotá, las alcaldías locales de Chapinero, La Candelaria y Kennedy, la Policía Nacional y el Instituto para la Economía Social, violan el derecho colectivo al goce del espacio público, pues no han adelantado acciones eficaces y contundentes para organizar a los vendedores informales estacionarios y semi-estacionarios que invaden irregularmente, en varias zonas de la Capital, los andenes y calles, máxime cuando desde hace más de 8 años la Corte Constitucional, mediante Sentencia T-772 de 2003 estableció los requisitos constitucionales mínimos que deben llenar las políticas, programas y medidas estatales correspondientes para recuperar el espacio público ante la invasión irregular que de este hagan vendedores informales estacionarios, semi-estacionarios y ambulantes, respetando, por supuesto, sus derechos fundamentales.

En este contexto la Corte Constitucional aseveró en dicha sentencia:

En conclusión: las autoridades sí tienen el deber y la potestad constitucionales de adelantar políticas, programas y medidas orientadas a recuperar y preservar el espacio público, pero tales políticas, programas y medidas (i) se han de adelantar siguiendo el debido proceso y dándole a los afectados un trato digno, (ii) deben respetar la confianza legítima de los afectados, (iii) deben estar precedidas de una cuidadosa evaluación de la realidad sobre la cual habrán de tener efectos, con el seguimiento y la actualización necesarios para guardar correspondencia en su alcance y características con dicha realidad, con miras a asegurar el goce efectivo de derechos constitucionales fundamentales, y (iv) no se pueden adelantar en forma tal que se lesione desproporcionadamente el derecho al mínimo vital de los sectores más vulnerables y pobres de la población, ni de manera tal que se prive a quienes no cuentan con oportunidades económicas en el sector formal de los únicos medios lícitos de subsistencia que tienen a su disposición”(334)(Se resalta).

Si bien mediante el Decreto 215 de 2005 (jul. 7), el Alcalde Mayor de Bogotá adoptó el Plan Maestro de Espacio Público para la Capital, el cual tiene como plazo de ejecución hasta el año 2019, con el objeto concretar las políticas, estrategias, programas, proyectos y metas relacionados con el espacio público del Distrito Capital, y establecer las normas generales que permitan alcanzar una regulación sistemática en cuanto a su generación, mantenimiento, recuperación y aprovechamiento económico, y apropiación social; lo cierto es que pasados más de 6 años desde su puesta en marcha, no se advierten avances importantes ni significativos por parte de la administración para la eficaz recuperación del espacio público.

Claro está, esta Sección no ha sido ajena a la problemática que ocupa la atención del presente fallo, pues en sentencias de 20 de marzo de 2003(335) y de 7 de junio de 2007(336)(M.P. Camilo Arciniegas Andrade) analizó la cuestión que vuelve a plantearse en este caso, con ocasión de acciones populares instauradas por hechos análogos, para la protección de los derechos a la seguridad y al goce del espacio público en el municipio de Villavicencio. En esas ocasiones la Sala puso de presente que la ocupación del espacio público por vendedores ambulantes debe examinarse en el contexto de la problemática socio-económica causada por el desempleo, y que en las actuales circunstancias por las que atraviesa la Nación, pues el desalojo sin reubicación viola el derecho fundamental al trabajo y al mínimo vital de quienes no tienen otra alternativa que ocupar las calles, parques y plazas públicas para ganarse su sustento diario con el producto de las ventas ambulantes. En la primera de las mencionadas providencias la Sala señaló:

“En este caso los actores cuestionan las medidas o acciones adoptadas por las autoridades demandadas porque consideran que son inadecuadas ya que los resultados han sido insuficientes pues persiste la inseguridad y el expendio de alucinógenos y las ventas ambulantes no se han erradicado.

Consta en el documento «Diagnóstico del conflicto armado y dinámica del desplazamiento forzado en el departamento del Meta» elaborado por la Red de Solidaridad Social, que se allegó al expediente, que en el caso de Villavicencio la inseguridad y la ocupación del espacio público son innegable consecuencia de la problemática socioeconómica causada por el desempleo, el conflicto armado y la crisis generalizada del sector rural y por el fenómeno del desplazamiento forzado de población ―principalmente a las capitales de los centros urbanos― que afectan con mayor intensidad las regiones adyacentes al teatro de operaciones militares, y que en parte explica la problemática de las Comunas 1 y 3 de esta ciudad.

Dada la multiplicidad de variables que causan la compleja problemática que aqueja la zona en cuestión, es errado pretender que su solución dependa única y exclusivamente de la implementación de medidas preventivas o represivas de carácter policivo por parte de las autoridades municipales, o atribuir su persistencia a omisión de estas en el cumplimiento de sus deberes.

Al examinar situaciones análogas la corporación(337)ha sostenido lo que en el caso presente reitera:

«Reclamar del Estado, la omnipotencia y omnipresencia que pide la actora, equivaldría a imponerle obligaciones imposibles...».

Dado el contexto analizado, la Sala advierte que las expectativas ciudadanas en materia de seguridad y de uso del espacio público no pueden ir en contravía de la realidad socioeconómica por la que atraviesa el país, ni desconocer que el desempleo y el desplazamiento forzado de personas que causa el conflicto armado y la erradicación de cultivos ilícitos, en particular en las regiones en que tienen lugar las operaciones bélicas, ha generado una grave problemática social que, entre otras secuelas, se traduce en un inusitado incremento de las ventas ambulantes y del comercio informal, única opción para muchas familias colombianas de generar su sustento diario.

Ante esa preocupante realidad social, en las actuales circunstancias no es dable a las autoridades municipales resolver las tensiones sociales que causa la ocupación del espacio público con medidas de desalojo que desconocen los derechos al trabajo y al empleo, pues a estos deben las autoridades igual protección constitucional, razón por la que están obligadas a hacerlos efectivos. En la hora presente un desalojo sin reubicación, agrava el problema social y agudiza los factores generadores de inseguridad”(338)”.

La Corte Constitucional(339) siguió esta línea de pensamiento en Sentencia T-772 de 4 de septiembre de 2003 (M.P. Alejandro Martínez Caballero), por la que rectificó la jurisprudencia sobre recuperación del espacio público, señalando que en las actuales condiciones sociales y económicas, el desalojo de vendedores ambulantes y la retención de sus elementos de trabajo es una medida violatoria de los derechos fundamentales, así formalmente se pretenda el cumplimiento del cometido estatal de preservar el espacio público. En dicho pronunciamiento se expuso:

“Es en este punto que (sic) cobra relevancia la necesidad de que las autoridades evalúen cuidadosamente el contexto real en el cual habrán de surtir efectos sus políticas, programas y medidas, así como la incidencia que tendrán sus decisiones sobre el goce efectivo de los derechos fundamentales, ya que de no hacerlo, sus decisiones pueden resultar abiertamente lesivas de los primados constitucionales de mayor trascendencia para la protección de los derechos de las personas. Y es en este sentido que el principio del Estado social de derecho adquiere una importancia crucial para la resolución del caso bajo estudio.

En efecto, como ya se indicó, cualquier política, programa o medida adelantada por las autoridades en un Estado social de derecho debe ser formulada y ejecutarse de tal manera que, vista globalmente y salvo medida de compensación o alternativa viable, no lesione desproporcionadamente a un segmento marginado de la población, especialmente si las personas afectadas se encuentran en situación de pobreza, o pueden llegar a dicho estado en virtud de la política, programa o medida en cuestión —que por tal razón, constituirían actuaciones intrínsecamente regresivas por parte del Estado—; por ende, el diseño o ejecución de los programas, políticas o medidas aludidos, así se lleven a cabo para dar cumplimiento a una obligación constitucional y legal de las autoridades, deben estar precedidos por un cuidadoso estudio y evaluación de las condiciones y características de la realidad social sobre la cual se pretenden aplicar, así como de un seguimiento y actualización de los estudios realizados con anterioridad en atención al carácter cambiante de tal realidad, para así (i) prever la posibilidad de que personas o grupos especialmente vulnerables terminen por asumir una carga indebida y desproporcionada, en sus personas o en su subsistencia, en favor del interés colectivo, y (ii) adecuar las características, el alcance y las condiciones de ejecución de la política, programa o medida pertinente a la realidad social y económica sobre la cual se va a aplicar, de tal manera que se propenda por el goce efectivo de los derechos constitucionales (C.P., art. 2º) que se verían severamente limitados si los programas, políticas o medidas inicialmente adoptadas con ese propósito no responden oportuna y plenamente a las circunstancias nuevas que revelan un incremento objetivo de la población, un agravamiento en la intensidad del problema, o un cambio cualitativo en el mismo. Ello es plenamente aplicable a las políticas, programas y medidas de recuperación del espacio público: al momento de diseñarlas y ejecutarlas, las autoridades competentes están en el deber constitucional de estudiar la situación de los ocupantes de dicho espacio con todo el cuidado, el detalle y la sensibilidad social que ésta amerita, prestando especial atención a la incorporación de variables socioeconómicas reales dentro del proceso de formulación y ejecución en comento, para así prever la ocurrencia de efectos contrarios al goce efectivo de los derechos fundamentales, y atenderlos adecuadamente a través de decisiones complementarias que formen parte integrante de la política, programa o medida en cuestión. Si no se da cumplimiento a este requisito básico, derivado de las múltiples obligaciones constitucionales e internacionales que se han reseñado anteriormente, el adelantamiento de la política, programa o medida resultará, por su propia naturaleza y por sus efectos, contrario al orden constitucional y en especial al goce efectivo de los derechos fundamentales (C.P., art. 2º), incluso si se ampara formalmente en el cumplimiento de un determinado cometido estatal, como el de preservar el espacio público.

(…).

Desde esta perspectiva, la recuperación del espacio público por parte de las autoridades a través del simple desalojo de quienes lo ocupan en el comercio informal, adquiere una nueva connotación: más que el cumplimiento diligente de un deber estatal orientado a promover el bienestar colectivo, equivale a privar a quienes se ven forzados a recurrir al comercio informal (en tanto alternativa de subsistencia) de los medios lícitos que han escogido para ganarse la vida por medio del trabajo, en medio de los niveles de desempleo más altos de la historia reciente de la ciudad, sin consultar la realidad social sobre la cual surtirán efectos sus decisiones y actuaciones para valorar si se limita en exceso el goce efectivo de derechos constitucionales fundamentales (C.P., art. 2º). No se puede pretender que, en un contexto de pobreza tan grave como el que aqueja a la capital, no haya docenas de miles de personas que opten por trabajar para subsistir y, en ausencia de oportunidades en el sector formal, deban utilizar las vías, plazas y parques públicos comercializando artículos de la más diversa índole, para así satisfacer sus propias necesidades básicas y las de sus familias. Sobre este aspecto, ya ha dicho la Corte que el vendedor informal desalojado del espacio público que no tiene a su alcance alternativas económicas es arrojado por las autoridades al desempleo total; “en este esquema es un contrasentido aumentar el desempleo sin presentar alternativas que lo mitiguen, y por consiguiente un juez no puede avalar que se emplee la fuerza precisamente para aumentar la crisis”(340)(341).

En este punto, debe la Sala destacar que toda ocupación del espacio público realizada por vendedores informales estacionarios, semi-estacionarios y ambulantes viola el derecho colectivo al goce del espacio público, siendo el último de los casos una “modalidad” atemperada de esta violación, comoquiera que en estricto sentido el espacio público no se ve afectado por cuanto ellos —los vendedores informales ambulantes— portan físicamente sobre si, la mercancía que comercializan. Sin embargo, siempre que se pretenda el amparo del derecho colectivo al goce del espacio público, por la ocupación irregular que estos hagan de él, deberán respetárseles sus derechos fundamentales al trabajo y al mínimo vital, en las condiciones expuestas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-772 de 2003. Al respecto de esta categorización de vendedores informales dicha corporación en la sentencia referida señaló:

“…la Sala considera pertinente establecer una distinción entre los distintos tipos de vendedores informales que pueden sufrir una limitación de sus derechos fundamentales en virtud de las políticas, programas o medidas de recuperación del espacio público, de conformidad con el grado de afectación de dicho espacio público que representa su actividad. Así, existen (a) vendedores informales estacionarios, que se instalan junto con los bienes, implementos y mercancías que aplican a su labor en forma fija en un determinado segmento del espacio público, excluyendo el uso y disfrute del mismo por las demás personas de manera permanente, de tal forma que la ocupación del espacio subsiste aun en las horas en que el vendedor se ausenta del lugar —por ejemplo, mediante una caseta o un toldo—; (b) vendedores informales semi-estacionarios, que no ocupan de manera permanente un área determinada del espacio público, pero que no obstante, por las características de los bienes que utilizan en su labor y las mercancías que comercializan, necesariamente deben ocupar en forma transitoria un determinado segmento del espacio público, como por ejemplo el vendedor de perros calientes y hamburguesas del presente caso, o quienes empujan carros de fruta o de comestibles por las calles; y (c) vendedores informales ambulantes, quienes sin ocupar el espacio público como tal por llevar consigo —es decir, portando físicamente sobre su persona— los bienes y mercancías que aplican a su labor, no obstruyen el tránsito de personas y vehículos más allá de su presencia física personal. En principio, estas tres categorías de trabajadores informales deben ser cobijadas por igual por las medidas alternativas que tienen que acompañar a las políticas de recuperación del espacio público; sin embargo, dadas las dimensiones sociales y económicas del problema del comercio informal en la ciudad, y en atención a que en el presente proceso el actor no es un vendedor ambulante sino semi-estacionario, considera la Sala que se debe dar prioridad, en cuanto a la aplicación de las referidas políticas, programas, medidas —y de sus alternativas económicas consustanciales— a los vendedores semiestacionarios o estacionarios, puesto que es la actividad de éstos la que representa una mayor afectación del interés de la colectividad en que el espacio público sea destinado al uso común. En esa medida, la Sala hace hincapié en el hecho de que la actividad desempeñada por los vendedores ambulantes que portan consigo o sobre su cuerpo la mercancía que venden, no representa, prima facie, una restricción del derecho de la ciudadanía a gozar de un espacio público amplio; por lo tanto, si las autoridades optan por contribuir a la formalización de su labor de comercio informal, pueden hacerlo, en la medida en que las políticas, programas o medidas que se adelanten con tal fin cumplan con los requisitos señalados en la jurisprudencia de esta Corte y en especial en esta sentencia. Pero la prioridad en cuanto a la recuperación del espacio público se debe centrar en aquellos vendedores informales cuya actividad implica una afectación más gravosa del interés colectivo, quienes por lo tanto habrán de ser los primeros beneficiarios de las decisiones adoptadas en cumplimiento de la presente sentencia” (se resalta).

Debe resaltarse, además, que la venta de periódicos y loterías hecha por vendedores informales estacionarios y semi-estacionarios, afecta el derecho al goce del espacio público, pues la legalidad del objeto comercializado no legitima la indebida usurpación de los derechos de la colectividad. En este sentido se debe precisar que no le asiste razón a las entidades demandadas al considerar que la venta de estos bienes hecha informalmente en las calles y andenes de Bogotá se encuentra legitimada, pues lo cierto es que no puede confundirse la legalidad del los bienes vendidos con la del uso informal de bienes de uso público.

Sin embargo, y pese a que múltiples vendedores estacionarios, semi-estacionarios y ambulantes pueden llegar a comercializar informalmente periódicos y loterías en el espacio público, lo cierto es que no obra dentro del proceso prueba alguna que permita acreditar que la ocupación irregular que estos hacen de él, sea incentivada, auspiciada o motivada por las compañías que producen los periódicos El Espacio, El Espectador, El Nuevo Siglo, El País, El Tiempo, La República, Hoy y Portafolio, y las loterías Chance La Estrella Conapi, Cruz Roja, de Bogotá, de Cundinamarca, Nueve Millonaria y Sorteo Extraordinario de Colombia. En este orden de ideas se eximirá de responsabilidad a estas empresas por la violación al derecho colectivo al goce del espacio público, y se modificará el numeral 12 de la sentencia apelada, en el sentido de hacerla extensiva únicamente a las personas que se dedican a lustrar zapatos en las calles y andenes de la capital.

Ahora, advierte la Sala que varias de las entidades demandadas están en desacuerdo con lo ordenado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, pues consideran que: i) las empresas de derecho privado no debieron ser condenadas por la violación de derechos colectivos, ni tienen que “tener en cuenta a los vendedores informales a efectos de ser vinculados laboralmente con ellas”, pues ello atenta contra la libertad de empresa; ii) la realización de campañas publicitarias que comuniquen la “existencia de nuevos recintos comerciales en que serán reubicados los vendedores ambulantes”, atenta contra la libertad de competencia; iii) la sentencia es incongruente, ya que no especificó las zonas en dónde se amparaba el goce del espacio público; iv) las órdenes que regularon la manera en que debía incautarse la mercancía de los vendedores ambulantes y el adelantamiento de campañas de concientización de uso del espacio público son innecesarias, pues la primera se encuentra reglamentado en el Código de Policía y la segunda en el Decreto 92 de 2004; v) la orden de realizar un censo, carnetización y entrega de uniformes a vendedores ambulantes afecta la confianza legítima, pues beneficiaría a muchos otros que no gozan de una verdadera, y podría hacerles creer que por ello son, además, beneficiarios de los programas del Fondo de Ventas Populares; vi) la orden de que la Alcaldía Mayor de Bogotá realice un registro de vendedores ambulantes es errada, pues desconoce la competencia que para tales efectos fijó el artículo 79 del Acuerdo 257 de 2006 en el IPES; vii) la orden de que Acción Social y la Presidencia de la República adelanten un proceso concreto de supervisión de los programas brindados a la población desplazada no se compadece con lo expuesto en la parte motiva de la sentencia, ya que no se probó que los vendedores informales invasores del espacio público fueran personas desplazadas; viii) todas las órdenes fijan un plazo muy corto para ser cumplidas, pues hallar una solución definitiva a la invasión del espacio público por parte de vendedores informales, es prácticamente utópico; ix) la orden de otorgar un incentivo a los demandantes es errada, pues dicho estímulo se derogó mediante la Ley 1425 de 2010.

i) La orden de condenar a las empresas de derecho privado por la violación de derechos colectivos, y de “tener en cuenta a los vendedores informales a efectos de ser vinculados laboralmente con ellas”.

La Sala advierte que las empresas de derecho privado no fueron condenadas por el a quo con ocasión de la violación de derechos colectivos, por lo que resulta incongruente pronunciarse sobre dicho cargo. En este sentido, debe resaltarse que no se aportó prueba al proceso que constatara que la invasión al espacio público es ocasionada o promovida por dichas empresas.

De otro lado, les asiste razón a dichas empresas al aseverar que no deben tener en cuenta a los vendedores informales a efectos de ser vinculados laboralmente con ellas, pues aunque dicha orden tiene un fin altruista, genera una carga excesiva que en un Estado Social de Derecho no se debe dar, ya que atenta contra la libertad económica y de empresa, al inmiscuirse en la autonomía propia de las compañías.

Al respecto, mediante sentencia de 13 de agosto de 2008 (M.P. Ruth Stella Correa Palacio) la Sección Tercera de esta Corporación señaló:

“Uno de los principios fundamentales del derecho constitucional económico en Colombia lo constituye la libertad económica, también denominada en el siglo XIX libertad de comercio y de industria, entendida como la facultad que tiene toda persona de realizar actividades de carácter económico, según sus preferencias o habilidades, con miras a crear, mantener o incrementar un patrimonio, libertad que se encuentra limitada por los poderes de intervención del Estado en la economía. Se trata de un derecho o libertad que tiene un doble contenido que se aprecia, por una parte, en la libertad de empresa que constituye nada menos que “el fundamento de la actividad particular y de los derechos inherentes a ella” y de otra, en la libertad de competencia, esto es, el derecho a competir o a participar en la actividad económica sin ser discriminado”(342).

En este orden de ideas, se revocará el numeral 10 de la sentencia apelada, a fin de proteger la autonomía de las empresas privadas.

ii) La orden de realizar campañas publicitarias que comuniquen la “existencia de nuevos recintos comerciales en que serán reubicados los vendedores ambulantes”.

Resulta acertado que el tribunal haya ordenado al IPES que con la colaboración del Distrito Capital adelante una campaña publicitaria que comunique a la comunidad de la existencia de los nuevos recintos comerciales populares, pues dicha medida sirve para garantizar que la reubicación de vendedores ambulantes sea efectiva, en tanto que incentiva las ventas formales que estos hagan y ayuda a que no vuelvan a invadir el espacio público.

iii) Incongruencia de la sentencia porque no individualiza los lugares en donde se amparó el goce del espacio público.

La Sala advierte que las 11 acciones populares que hacen parte del presente proceso se encuentran dirigidas a proteger el espacio público de sitios específicos de Bogotá. Por ello se modificará la sentencia apelada en el sentido de amparar el derecho al goce del espacio público por la invasión de vendedores informales estacionarios, semi-estacionarios y ambulantes en las calles y andenes de i) la calle 19, entre carreras 3ª y 15; ii) la calle 14, entre carreras 5ª y 10ª; iii) la carrera 10ª, entre calles 10ª y 20; iv) las calles 15 y 17, entre carreras 5ª y 10ª; v) la carrera 7ª, entre calles 7ª y 34; vi) la carrera 51, entre las diagonales 44 y 47; vii) la calle 6 D Sur, entre la carrera 71 D y la Av. Boyacá; viii) las calles 7ª y 10ª, entre carreras 19 y 24; ix) y la calle 24, entre carreras 6ª y 7ª.

iv) Las órdenes que regularon la manera en que debía incautarse la mercancía de los vendedores ambulantes y el adelantamiento de campañas de concientización de uso del espacio público.

Considera acertado la Sala que el numeral 5º de la sentencia apelada fije que la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de las alcaldías locales, adelante una campaña de concientización, en la que mediante diferentes medios ponga en conocimiento de los vendedores ambulantes que ocupan el espacio público, los programas que les ofrece el IPES, así como las consecuencias que conlleva para ellos el uso indebido del espacio público, pues ello, sin duda alguna, coadyuva para que los vendedores informales estacionarios, semi-estacionarios y ambulantes se informen de las alternativas de trabajo legal a las que se pueden acoger y de las implicaciones que lleva el invadir irregularmente el espacio público.

Si bien el procedimiento de incautación de mercancía se encuentra regulado en los artículos 8º del Decreto 98 de 2004 y 225 y s.s. del Acuerdo 79 de 2003, lo cierto es que la medida adoptada por el tribunal es informativa y resulta apropiada para garantizar que los vendedores informales no vean afectados sus derechos fundamentales cuando se vaya a recuperar el espacio público.

v) Las órdenes de realizar un censo, carnetizar y entregar uniformes a vendedores ambulantes afectan la confianza legítima y podrían hacer creer a muchos que por ese mismo hecho son beneficiarios de los programas del IPES.

La Sala no halla razón en los argumentos expuestos por los apelantes en el presente cargo, pues realizar un registro de vendedores ambulantes, así como carnetizarlos, permite que la administración cuantifique el problema de invasión del espacio público por parte de esta población, y ayuda a organizar a las personas que realizan informalmente las ventas en las calles, con el fin de que las medidas que posteriormente se adopten para recuperarlo sean aptas, en términos de calidad y cantidad, para salvaguardar los derechos fundamentales de los vendedores.

Se advierte que dichas medidas no afectan la confianza legítima, pues ellas no pueden convertirse en obstáculo para tutelar el derecho constitucional al espacio público, porque es deber del Estado velar por su protección y por su destinación al uso común. En este sentido, el reconocimiento de la existencia de la confianza legítima no puede habilitar a las autoridades para permitir la vulneración del derecho colectivo mencionado. En tales circunstancias, las autoridades distritales deben adoptar las medidas necesarias para desalojar a los vendedores informales ambulantes y a todos los ocupantes del espacio público, sin dejar de garantizar los medios que permitan a los ocupantes protegidos por la confianza legítima condiciones posibles y dignas para que puedan ejercer su actividad pero, en todo caso, sin menoscabo del derecho colectivo cuya reivindicación se pretende. Lo anterior no significa en ningún caso que los vendedores desalojados del espacio público sean per se beneficiarios de los programas que implementa el IPES, pues para ello deberán cumplir con los requisitos y disposiciones que la entidad fije para tales efectos.

En orden de ideas, y para garantizar la protección del principio de confianza legítima, deberá tenerse en cuenta por la administración, en cada caso particular, si el (los) vendedor (es) son merecedores de recibir tal protección. Al respecto de los presupuestos que constituyen el principio de confianza legítima la Sección Tercera de esta corporación, mediante sentencia de 15 de febrero de 2011 (M.P. Enrique Gil Botero) manifestó:

“(…) El principio de confianza legítima es un principio general del derecho de reciente incorporación en nuestro país, que tiene anclaje constitucional, aunque no normativo preciso, y se inspira, en buena medida, en la manera como jurídicamente se abordan una serie de problemáticas relacionadas con las decisiones, actuaciones, hechos y omisiones de la administración que sorprenden a los ciudadanos, porque varían la decisión que previsiblemente se espera de ella, a juzgar por los antecedentes en relación con casos similares. (…) Precisamente, los presupuestos que se le reconocen a la confianza legítima son: i) que se esté en presencia de una decisión administrativa o de una conducta o comportamiento concreto suyo; ii) la contradicción o diferencia de ella con decisiones anteriores, que han recibido soluciones diferentes, y que sirven de referencia para la comparación; o también la existencia de una comunicación o consentimiento de la administración para ejecutar algo y la posterior negación o contradicción de la misma; iii) la existencia de supuestos fácticos y/o jurídicos comunes y similares entre la decisión o actuación anterior y la nueva; y iv) la necesidad de que tanto las decisiones o actuaciones administrativas anteriores y la que se juzga sean de contenido individual. Cuando se constatan estos supuestos, surge la posibilidad de enjuiciar una situación concreta a la luz del principio de la confianza legítima. No obstante, no basta esto, es necesario corroborar otras condiciones, por ejemplo, v) que la confianza del ciudadano efectivamente sea legítima, es decir, que debe fundarse en un comportamiento o actos de la administración que generen esa convicción, y por ende que esté desprovista de dolo, negligencia o descuido del administrado en la formación de una decisión favorable. Así pues, es perfectamente posible que la obtención de un derecho con trampa cumpla las condiciones señaladas atrás, no obstante no merece protección porque no es legítima esa confianza. vi) También se requiere que la confianza creada provenga de la autoridad de quien se exige la observancia del comportamiento precedente, es decir, que la confianza la debe generar la entidad de quien se exige su respeto”(343).

Pese a lo anterior, se modificará el numeral 3º de la sentencia apelada, pues se considera innecesario dotar de uniformes y chalecos a los vendedores informales.

vi) La orden impartida a la Alcaldía Mayor de Bogotá de realizar un registro de vendedores ambulantes.

Advierte la Sala que no es errada la orden de que la Alcaldía Mayor de Bogotá, por conducto de sus los alcaldes locales, realice un registro especial de vendedores informales, el cual posteriormente deberá ser enviado al IPES, pues ella se expide en estricto cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 16 del artículo 38 del Decreto 1421 de 1993(344), que establece que el Alcalde Mayor tiene la obligación de velar por el respeto del espacio público y su destinación al uso común; y en el numeral 7º del artículo 86 ibídem, que dispone que corresponde a los alcaldes locales dictar los actos y ejecutar las operaciones necesarias para la protección, recuperación y conservación del espacio público. Lo anterior no es atribuirle a dichas entidades competencias del IPES, pues dentro de la colaboración armónica que debe existir entre las diferentes entidades del Distrito para solucionar la presente problemática, resulta lógico que la Alcaldía Mayor de Bogotá y las alcaldías locales, quienes son las máximas autoridades administrativas, respectivamente en el Distrito Capital y en las localidades, sean las encargadas de adelantar el referido registro.

vii) La orden impartida a Acción Social y a la Presidencia de la República para que adelanten un proceso concreto de supervisión de los programas brindados a la población desplazada no se compadece con lo expuesto en la parte motiva de la sentencia.

La Sala considera acertada la orden impartida por el tribunal en el numeral 11 de la sentencia apelada, en virtud de la cual dispuso que Acción Social y la Presidencia de la República adelantaran, al interior del Consejo Nacional para la Atención Integral de la Población Desplazada por la Violencia, un proceso concreto de supervisión de los programas brindados a la población desplazada, a fin de verificar la eficacia de las alternativas que estos ofrecen.

Si bien en la demanda no se probó que los vendedores informales invasores del espacio público fueran personas desplazadas, lo cierto es que es un hecho notorio que una buena cantidad de vendedores informales son personas desplazadas que como única opción de supervivencia venden informalmente bienes en el espacio público.

Al respecto del particular la Corte Constitucional en Sentencia T-772 de 2003 señaló.

“El gerente del Fondo de Ventas Populares de la Alcaldía Mayor de Bogotá ha presentado a esta Sala una serie de estadísticas elaboradas por el DANE, la OIT y el BID, según las cuales en junio de 2000, el empleo informal en la ciudad de Bogotá abarcaba un millón cuatrocientos ochenta y cuatro mil setecientos quince (1’484.715) trabajadores; entre éstos, el 34%, es decir, quinientos siete mil doscientos treinta y una (507.231) personas laboraban en el sector comercial, y de ellos, ciento cinco mil quinientos cincuenta y ocho (105.558) ocupaban el espacio público-es decir, el 7% del total del empleo informal en la ciudad. Si bien la tasa de desempleo en Bogotá, como se vio, ha disminuido unos cuantos puntos porcentuales desde 2000, hoy en día sigue siendo la más alta del país, y en la capital existe un elevado nivel de pobreza, miseria y abandono —alimentado por fenómenos poblacionales constantes de la seriedad del desplazamiento interno—, que proporciona nuevas fuerzas a dicho sector informal(345)(se resalta).

viii) Todas las órdenes fijan un plazo muy corto para ser cumplidas.

Se percata la Sala que las órdenes del tribunal omitieron fijar un plazo de cumplimiento, por lo que deben cumplirse inmediatamente. Sin embargo, lo anterior se modificará fijando un plazo razonable en la parte resolutiva de la sentencia, pues la Sala es consciente de que una problemática de tal magnitud como la que se estudia en el presente fallo, no puede solucionarse de manera inmediata.

ix) Inconformidad con el otorgamiento del incentivo.

No obstante que mediante la Ley 1425 de 2010 (dic. 29)(346)fueron derogados los artículos 39 y 40 de la Ley 472 de 1998, en el caso sub examine la ley posterior no es aplicable, pues es sabido que a las situaciones reguladas en leyes procedimentales debe aplicárseles la ley vigente al momento de la interposición del recurso, coligiéndose entonces que la regla general predominante es la de irretroactividad de la ley y que la excepción nace de la indicación expresa del legislador sobre retroactividad(347).

Al respecto, el artículo 164 de la Ley 446 de 1998, establece que en los procesos iniciados ante la jurisdicción contencioso administrativa, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones y citaciones que se estén surtiendo se regirán por la ley vigente cuando se interpuso el recurso, se decretaron las pruebas, empezó a correr el término, se promovió el incidente o principió a surtirse la notificación.

En un mismo sentido, el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, dispone que las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. Pero los términos que hubieren empezado a correr, y las actuaciones y las diligencias que ya estuvieren iniciadas, se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación”.

Sobre este último artículo, en Sentencia C-200 de 2002 (M.P. Álvaro Tafur Galvis) la Corte Constitucional manifestó:.

“En lo que se refiere a los términos que hubiesen empezado a correr, y las actuaciones y las diligencias que ya estuvieren iniciadas, la norma es clara en establecer que estas se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación (…) ”(348).

De otro lado, en Sentencia C-619 de 2001 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra), la misma corporación dispuso:

“Sobre este tema la jurisprudencia de esta Corte, como también la de la honorable Corte Suprema de Justicia y del honorable Consejo de Estado, han expresado:

“El principio de la irretroactividad de la ley tiene plena aplicación en el ordenamiento jurídico colombiano y ha sido desarrollado por una abundante jurisprudencia de la honorable Corte Suprema de Justicia, del honorable Consejo de Estado y de esta misma Corte Constitucional.

Una nueva ley, dispone tal principio fundamental para la seguridad jurídica en el Estado social de derecho, no puede regular las situaciones jurídicas del pasado que ya se han definido o consolidado, y que por tanto resultan incólumes en sus efectos jurídicos con la fuerza que les presta la ley bajo la cual se constituyeron.

(…).

De acuerdo con lo aquí expuesto, la norma general que fija la ley es el efecto general inmediato de las nuevas disposiciones procesales, salvo en lo referente a los términos que hubiesen empezado a correr y las actuaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas, las cuales continúan rigiéndose por la ley antigua. Esta norma general, en principio, no resulta contraria a la Constitución pues no tiene el alcance de desconocer derechos adquiridos o situaciones jurídicas consolidadas, que es lo que expresamente prohíbe el artículo 58 superior. (…) ”(349).

En consonancia con lo anterior, la jurisprudencia del Consejo de Estado, a través de sus diferentes Secciones, se ha pronunciado señalando el principio de irretroactividad de la ley, la cual rige hacia el futuro, y precisando que las normas procedimentales son de orden público y de aplicación inmediata, “con la excepción prevista en el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, respecto de los términos que hubieren empezado a correr y las actuaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas evento en el cual los procedimientos aplicables para hacer efectivas las normas sustanciales son las vigentes en la época en que estos se adelanten (…) ”(350).

Reiterando esta jurisprudencia, la misma Sección Cuarta (M.P. Juan Ángel Palacio Hincapié), en sentencia de 15 de marzo de 2002, se pronunció sobre el particular de la siguiente manera:

“Otra es la situación respecto de las normas procedimentales o instrumentales que regulan trámites, términos, recursos y competencias y que tienen el carácter de orden público (CPC, art. 6º), pues éstas son de aplicación inmediata y prevalecen sobre las anteriores a partir de su entrada en vigencia, con la excepción prevista en el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, respecto de los términos que hubieren empezado a correr y las actuaciones y diligencias para hacer efectivas las normas sustanciales son los vigentes en la época en que éstos se adelanten”(351).

En el mismo sentido, esta Sección en sentencia de 19 de julio de 2007(352), y la Sala Plena de la corporación en providencia de 7 de junio de 2005 del mismo ponente, se pronunciaron al decidir, con base en idénticos fundamentos normativos, que era imperativo resolver todos los recursos extraordinarios de súplica que hubieren sido interpuestos antes de la entrada en vigencia de la Ley 954 de 2005, bajo los presupuestos consagrados en el artículo 194 del Código Contencioso Administrativo, es decir, cumpliendo los requisitos de forma y de oportunidad allí señalados; y que estos deberían decidirse en la forma consagrada en la ley vigente a la fecha de interposición del recurso, esto es, el artículo 194 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 57 de la Ley 446 de 1998.

De lo expuesto, concluye la Sala que procede reconocer el incentivo a los actores populares, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 472 de 1998, toda vez que sus acciones fueron, sin lugar a dudas, determinantes para conseguir el amparo de derecho colectivo al goce del espacio público.

1.4.1. Otras Órdenes.

1.4.1.1. Declarar probadas las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva.

El artículo 14 de la Ley 472 de 1998 establece que la acción popular se dirige contra el particular, persona natural o jurídica, o la autoridad pública cuya actuación u omisión amenace, viole o haya violado el derecho o interés colectivo. En relación con la situación acusada, la acción popular debe dirigirse contra aquellas autoridades públicas o privadas, que tengan la capacidad jurídica para violar el derecho colectivo al goce del espacio público, supuesto que claramente no se advierte, como quedó demostrado arriba, en relación con la Defensoría del Espacio Público, de la Red de Solidaridad Social, Chicles Adams S.A., Colombina S.A., Compañía Nacional de Chocolates, Comestibles Italo S.A., Fábrica de Chocolates El Triunfo S.A., Productos Alimenticios Élite Ltda., British American Tabacco Ltda., Coltabaco S.A., Philip Morris Colombia S.A., Protabaco S.A., Comestibles Ricos Ltda., Frito Lay Colombia Ltda., Productos Alimenticios Margarita S.A., Productos Andru Ltda., Productos Yupi S.A., Comcel S.A., Telefónica Móviles Colombia S.A., los periódicos El Espacio, El Espectador, El Nuevo Siglo, El País, El Tiempo, La República, Hoy y Portafolio, y las loterías Chance La Estrella Conapi, Cruz Roja, de Bogotá, de Cundinamarca, Nueve Millonaria y Sorteo Extraordinario de Colombia.

En este orden de ideas, se modificará el numeral 1º de la sentencia apelada, en el sentido de declarar probada la falta de legitimación en la causa por pasiva de las mencionadas entidades.

1.4.1.2. Amparar únicamente el derecho colectivo al goce y disfrute del espacio público.

Por otro lado, advierte la Sala que la acción debe proceder únicamente para amparar el derecho colectivo al goce y disfrute del espacio público, pero de ninguna manera frente a la seguridad y salubridad públicas, pues el acervo probatorio demostró la violación del primero por parte de la Alcaldía Mayor de Bogotá, las alcaldías locales de Chapinero, La Candelaria y Kennedy, la Policía Nacional y el Instituto para la Economía Social, más no la del segundo.

Así las cosas, se modificará el numeral 1º de la sentencia apelada, en el sentido de amparar únicamente el derecho colectivo al goce del espacio público.

2) Además, debe la Sala determinar si existe o no violación de los derechos colectivos invocados porque los vendedores ambulantes comercializan bienes infringiendo los derechos de autor (“bienes piratas”).

2.1. Marco normativo.

A estos efectos, se tiene que los derechos de autor y el régimen de propiedad intelectual han sido ampliamente protegidos por la ley colombiana, entre otras por las leyes 48 de 1975(353), 23 de 1982(354), 33 de 1987(355)y 44 de 1993(356); y la Decisión Andina 351 del Acuerdo de Cartagena, que forma parte del bloque de constitucionalidad.

Sobre el particular, el artículo 1º de la Ley 48 de 1975 establece que los Estados contratantes se comprometen a adoptar todas las disposiciones necesarias a fin de asegurar una protección suficiente y efectiva de los derechos de los autores, o de cualesquiera otros titulares de estos derechos, sobre las obras literarias, científicas y artísticas tales como los escritos, las obras musicales, dramáticas y cinematográficas y las de pintura, grabado y escultura.

Así mismo, el artículo 2º de la Ley 23 de 1982 señala que los derechos de autor se reputan de interés social y recaen sobre las obras científicas, literarias y artísticas las cuales comprenden todas las creaciones del espíritu en el campo científico, literario y artístico, cualquiera que sea el modo o forma de expresión y cualquiera que sea su destinación, tales como: los libros, folletos y otros escritos; las conferencias, alocuciones, sermones y otras obras de la misma naturaleza; las obras dramáticas o dramático-musicales; las obras coreográficas y las pantomimas; las composiciones musicales con letra o sin ella; las obras cinematográficas, a las cuales se asimilan las obras expresadas por procedimiento análogo a la cinematografía, inclusive los videogramas; las obras de dibujo, pintura, arquitectura, escultura, grabado, litografía; las obras fotográficas a las cuales se asimilan las expresadas por procedimiento análogo a la fotografía; las obras de arte aplicadas; las ilustraciones, mapas, planos, croquis y obras plásticas relativas a la geografía, a la topografía, a la arquitectura o a las ciencias, y, en fin, toda producción del dominio científico, literario o artístico que pueda reproducirse, o definirse por cualquier forma de impresión o de reproducción, por fonografía, radiotelefonía o cualquier otro medio conocido o por conocer.

En un mismo sentido el artículo 1º de la Decisión Andina 351 del Acuerdo de Cartagena prescribe que las disposiciones de la Decisión tienen por finalidad reconocer una adecuada y efectiva protección a los autores y demás titulares de derechos, sobre las obras del ingenio, en el campo literario, artístico o científico, cualquiera que sea el género o forma de expresión y sin importar el mérito literario o artístico ni su destino.

2.2. Caso concreto.

Ahora bien, en el caso que ocupa la atención del presente fallo, el señor Roberth Lesmes Orjuela alega que las ventas ambulantes se realizan en muchas ocasiones en contravía de los derechos de autor, violando los derechos colectivos invocados.

En este sentido, pese a que el artículo 2º de la Ley 23 de 1982 señala que los derechos de autor se “reputan de interés social”, lo cierto es que su afrenta no genera perse la violación de derechos colectivos y únicamente cuando sea probada la violación de uno de estos, es procedente su amparo en sede popular.

En este sentido, la Corte Constitucional en Sentencia C-053 de 2001 (M.P. Cristina Pardo Schlesinger), mediante la cual estudió la constitucionalidad de la expresión “se repuntan de interés social”, consagrada en el artículo 2º ibídem estableció:.

“…El beneficio social que reporta la producción artística, literaria y científica se concibe precisamente a partir de la interacción entre el autor y el conjunto de la cultura. En efecto, la obra es el resultado del contacto personal individual con la cultura como expresión de la sociedad y, en esta medida, la sociedad contribuye a su creación.

Aunque no toda la producción cultural individual reporte el mismo beneficio social, la creación artística, literaria y científica, en sus diversas manifestaciones es un patrimonio social. Lógicamente, a esta sociedad le interesa que el Estado proteja tanto la parte que le corresponde directamente, es decir el conjunto de prerrogativas que le corresponden sobre la obra, como los derechos que el autor tiene, sin los cuales no existirían incentivos para la creación”(357)(se resalta).

Según lo establece el artículo 30 de la Ley 472 de 1998, la carga de la prueba, en principio, le corresponde al demandante, salvo que por razones de orden económico o técnico no la pueda cumplir, caso en el cual el juez impartirá las órdenes necesarias para suplir su deficiencia, con la finalidad de obtener los elementos probatorios indispensables para proferir un fallo de mérito.

En el caso sub examine, la Sala advierte que no obra dentro de los expedientes prueba alguna que acredite la violación de los derechos invocados por la violación del régimen de derechos de autor. En efecto, se observa que el señor Roberth Lesmes Orjuela se limitó a señalar en el libelo de la demanda, de manera general, que las ventas ambulantes de bienes “piratas” afectan derechos colectivos, sin aportar prueba que permitiera constatarlo o dar fe de ello.

A este respecto, mediante sentencia de 7 de diciembre de 2005 (M.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta), esta Sala manifestó:

“En el anterior contexto advierte la Sala que la sentencia apelada debe ser confirmada, pues como acertadamente lo reconoció el a quo, no existe en la actuación ningún elemento de prueba que acredite idónea y válidamente que el establecimiento de comercio denominado cancha de tejo “La Costeñita” cause contaminación auditiva porque el nivel de ruido allí generado supere los niveles permitidos. Al respecto debe recordarse que en materia de acciones populares en principio la carga de la prueba le corresponde al demandante, salvo que por razones de orden económico o técnico no la pueda cumplir, caso en el cual le corresponderá al juez impartir las órdenes necesarias para suplir esa deficiencia y obtener los medios probatorios (L. 472/98, art. 30), no encontrándose en el expediente invocación ni constancia alguna de tales razones”(358).

Empero, se advierte que la Alcaldía Mayor de Bogotá se encuentra en desacuerdo con que se le haya ordenado implementar “una política especial para mitigar el impacto negativo que genera la venta de reproducciones ilegales en el espacio público, cuyas consideraciones tengan la finalidad de encausar a sus vendedores hacia los programas ofrecidos por el IPES y adelante, a través de la Policía, la correspondiente incautación de la mercancía, cuando haya lugar”, pues considera suficiente la tipificación como delito de la violación a los derechos patrimoniales de autor y derechos conexos(359), para contrarrestar el impacto negativo de la venta de bienes que violan estos derechos y que son expendidos en el espacio público.

2.2.1. La orden de implementar una política especial para mitigar el impacto negativo que genera la venta de reproducciones ilegales en el espacio público, cuyas consideraciones tengan la finalidad de encausar a sus vendedores hacia los programas ofrecidos por el IPES y adelante, a través de la Policía, la correspondiente incautación de la mercancía, cuando haya lugar.

Encuentra la Sala acertada la orden dada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el numeral 14 de la sentencia apelada, en el sentido de ordenar a la Alcaldía Mayor de Bogotá implementar “una política especial para mitigar el impacto negativo que genera la venta de reproducciones ilegales en el espacio público, cuyas consideraciones tengan la finalidad de encausar a sus vendedores hacia los programas ofrecidos por el IPES”, pues ello contribuye a crear alternativas que impiden la invasión del espacio público por parte de personas que la mayoría de las veces se dedican al expendio de productos que violan los derechos de autor.

Siendo el IPES el ente encargado de definir, diseñar y ejecutar programas, en concordancia con los planes de desarrollo y las políticas trazadas por el Gobierno Distrital, dirigidos a otorgar alternativas para los sectores de la economía informal a través de la formación de capital humano; resulta indispensable ordenarle a la Alcaldía Mayor de Bogotá implementar una política que permita mitigar el impacto de las ventas de reproducciones ilegales en el espacio público, con miras a combatir de manera coordinada la usurpación irregular del espacio público.

Sin embargo, se modificará el numeral descrito, en el sentido de ordenar a la Alcaldía Mayor de Bogotá, que implemente una política especial para mitigar el impacto negativo que genera la venta de productos que violan los derechos de autor en el espacio público, y cuyas consideraciones tengan como finalidad encausar a los vendedores ambulantes a acogerse a los programas ofrecidos por el IPES, pues ello, además de ampliar el concepto de los productos que son expendidos irregularmente en el espacio público, contribuye a desincentivar las ventas de un núcleo de personas que en gran parte invade irregularmente el espacio público para comercializar este tipo de bienes. Por otra parte, no se hará alusión a que la Policía Nacional incaute la mercancía que irregularmente es vendida en el espacio público, pues ello, de conformidad con lo descrito por la Corte Constitucional en la Sentencia T-772 de 2003, es una obligación que este organismo debe cumplir, de conformidad con los procedimientos y normas fijados para tal efecto por el Gobierno Distrital.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,.

FALLA:

I. REVÓCASE el numeral 10º de la sentencia apelada, en consideración a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

II. MODIFÍCANSE los numerales 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 7º, 12 y 14 de la sentencia apelada, los cuales quedarán así:

1. a) AMPÁRASE el derecho colectivo al goce y disfrute del espacio público, afectado por las ventas informales de vendedores estacionarios, semi-estacionarios y ambulantes, ubicados en las calles y andenes de i) la calle 19, entre carreras 3ª y 15; ii) la calle 14, entre carreras 5ª y 10ª; iii) la carrera 10ª, entre calles 10ª y 20; iv) las calles 15 y 17, entre carreras 5ª y 10ª; v) la carrera 7ª, entre calles 7ª y 34; vi) la carrera 51, entre las diagonales 44 y 47; vii) la calle 6 D Sur, entre la carrera 71 D y la Av. Boyacá; viii) las calles 7ª y 10ª, entre carreras 19 y 24; ix) y la calle 24, entre carreras 6ª y 7ª; b) DECLÁRASE probada la falta de legitimación en la causa por pasiva alegada por Chicles Adams S.A., Colombina S.A., de Compañía Nacional de Chocolates, Comestibles Italo S.A., Fábrica de Chocolates El Triunfo S.A., Productos Alimenticios Elite Ltda., British American Tabacco Ltda., Coltabaco S.A., Philip Morris Colombia S.A., Protabaco S.A., Comestibles Ricos Ltda., Frito Lay Colombia Ltda., Productos Alimenticios Margarita S.A., Productos Andru Ltda., Productos Yupi S.A., Comcel S.A., Telefónica Móviles Colombia S.A., los periódicos El Espacio, El Espectador, El Nuevo Siglo, El País, El Tiempo, La República, Hoy y Portafolio, y las loterías Chance La Estrella Conapi, Cruz Roja, de Bogotá, de Cundinamarca, Nueve Millonaria y Sorteo Extraordinario de Colombia; c) CONFÓRMASE un Comité de Interinstitucional de Coordinación y Verificación, que asegure la eficaz implementación de las órdenes impartidas en este fallo, integrado por un delegado de la Alcaldía Mayor de Bogotá, de la Personería Distrital, del IPES, y de la Policía Metropolitana de Bogotá, quien deberá informar trimestralmente al Tribunal sobre las decisiones y acciones que se tomen y realicen al respecto.

2. ORDÉNASE al IPES que dentro de los dos (2) meses siguientes a la ejecutoria de esta sentencia, implemente un sistema al interior de su dependencia que le permita identificar plenamente a las personas que se encuentran beneficiadas por sus programas, a fin de adoptar medidas más efectivas que permitan crear alternativas concretas, eficaces y eficientes de trabajo formal para los vendedores informales estacionarios, semi-estacionarios y ambulantes que ocupan irregularmente el espacio público que ocupa la atención del presente fallo.

3. ORDÉNASE a la Alcaldía Mayor de Bogotá, para que por conducto de las alcaldías locales competentes, realice un registro de vendedores informales, el cual deberá contener el nombre, identificación, tipo de mercancía comercializada y lugar donde cada vendedor puede ejercer su actividad, a fin de que dichas entidades tomen medidas más efectivas para recuperar el espacio público. Lo anterior deberá realizarse en los lugares descritos en el numeral 1º de esta sentencia, y en un plazo que no exceda de seis (6) meses, contados a partir de la ejecutoria de esta providencia.

4. ORDÉNASE al IPES que dentro de los dos (2) meses siguientes a la ejecutoria de esta sentencia, elabore un registro único de vendedores informales, para lo deberá carnetizar a todos aquellos que hagan parte del registro adelantado por la alcaldía en el numeral anterior.

5. ORDÉNASE a la Alcaldía Mayor de Bogotá que inmediatamente, y a mas tardar dentro de los veinte (20) días siguientes a la ejecutoria esta sentencia, adelante, a través de las alcaldías locales correspondientes, una campaña de concientización local, en la que mediante distintos medios de comunicación ponga en conocimiento de los vendedores informales que ocupan irregularmente el espacio público descrito en el numeral 1º, los diferentes programas que el IPES ofrece como alternativas económicas y de capacitación, haciéndoles saber, a además, que el uso indebido del espacio público da lugar a la incautación de las mercancías en el evento en que hayan sido reubicados en los diferentes centros comerciales o estén accediendo a las diferentes alternativas de solución socio-económica diseñadas para que salgan del espacio público. Sin necesidad de procedimiento policivo cuando, se insiste, esté probada la designación de una alternativa económica.

7.(Sic) ORDÉNASE al IPES para que en coordinación con la Alcaldía Mayor de Bogotá, adelante inmediatamente, y a mas tardar dentro de los veinte (20) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, una campaña publicitaria que informe a la comunidad sobre la existencia de los nuevos recintos comerciales populares, donde pueden realizar sus compras. De la misma manera, el IPES organizará al interior de tales centros comerciales personal y comités cívicos de limpieza y seguridad, de los cuales harán parte la totalidad de los vendedores que allí se ubiquen, con el fin de mantener las instalaciones en óptimas condiciones de seguridad y salubridad.

12(Sic) ORDÉNASE al IPES, que dentro de los cinco (5) meses siguientes a la ejecutoria de esta providencia, y una vez haya identificado y registrado a las personas que se dedican a lustrar botas en el espacio público descrito en el numeral 1º, proceda a entregarles un carné para identificarlos plenamente y le sindique, posteriormente, los lugares en los que se les permitirá de manera organizada realizar su actividad.

14.(Sic) ORDÉNASE a la Alcaldía Mayor de Bogotá, que en un término máximo de cuatro (4) meses, implemente una política especial para mitigar el impacto negativo que genera la venta de productos que violan los derechos de autor en el espacio público, y cuyas consideraciones tengan como finalidad encausar a los vendedores ambulantes a acogerse a los programas ofrecidos por el IPES.

III. CONFÍRMASE en todo lo demás la sentencia apelada.

IV. En firme esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.».

(134) Cuaderno 1, folios 9 a 16.

(135) Anexo 40, folio 5.

(136) Anexo 39, folios 25 a 32.

(137) Anexo 38, folios 1 y 20 a 21.

(138) anexo 27, folios 7 a 9.

(139) Anexo 35, folios 9 a 17.

(140) Anexo 34, folios 190 a 193.

(141) Anexo 31, folios 9 a 12.

(142) Anexo 28, folio 5.

(143) Anexo 39, folio 313.

(144) Cuaderno 1, folios 191 a 195.

(145) Cuaderno 1, folios 335 a 376.

(146) Cuaderno 3, folios 1234 a 1238.

(147) Cuaderno 4, folios 2088 a 2102.

(148) Cuaderno 4, folio 2291.

(149) Cuaderno 5, folios 2415 a 2433.

(150) Cuaderno 6, folios 3119 a 3121.

(151) Anexo 39, folios 326 al 329.

(152) Cuaderno 8, folios 4177 a 4214.

(153) Anexo 19, 1 CD.

(154) Anexo 33, folios 15 a 19.

(155) Anexo 33, folio 35.

(156) Cuaderno 1, folios 196 a 201.

(157) Anexo 33, folios 108 al 111.

(158) Anexo 33, folios 50 al 53.

(159) Anexo 33, folio 35.

(160) Anexo 33, folios 41 a 44.

(161) Cuaderno 3, folio 1052.

(162) Cuaderno 3, folio 1051.

(163) Cuaderno 1, folios 55 a 112.

(164) Anexo 35, folios 85 a 96.

(165) Anexo 3, folios 3 a 29.

(166) Anexo 34, folios 143 a 159.

(167) Anexo 30, folios 4 al 7.

(168) Cuaderno 3, folios 1549 a 1551.

(169) Anexo 35, folios 146 a 163.

(170) Anexo 33, folios 265 a 267.

(171) Anexo 39, folios 81 a 83.

(172) Anexo 29, folios 5 a 14, anexo 24, folios 6 a 18.

(173) Anexo 33, folios 269 a 276.

(174) Anexo 21, folios 6 a 21.

(175) Anexo 39, folios 301 a 303.

(176) Anexo 2.

(177) Cuaderno 7, folio 3832.

(178) Anexo 34, folios 30 a 36.

(179) Anexo 35, folios 212 a 226.

(180) Anexo 36, folios 41 a 45.

(181) Cuaderno 1, folios 204 a 205.

(182) Cuaderno 1, folios 333 a 334.

(183) Anexo 25, folios 34 a 68.

(184) Anexo 39, folios 33 a 44.

(185) Anexo 38, folios 60 a 62.

(186) Anexo 39, folio 314 a 325.

(187) Anexo 28, folio 70 a 78.

(188) Anexo 37, folio 1.

(189) Anexo 5, folios 4 a 14.

(190) Anexo 39, folios 362 a 366.

(191) Anexo 38, folios 80 a 100.

(192) Anexo 28, folios 94 a 98.

(193) Anexo 19, folios 14 a 15.

(194) Anexo 12, folios 1 y 2.

(195) Anexo 12, folios 3 a 5.

(196) Anexo 12, folios 6 a 8.

(197) Anexo 12, folios 9 a 11.

(198) Anexo 12, folio 12.

(199) Anexo 12, folios 13 a 14.

(200) Anexo 12, folios 92 a 94.

(201) Anexo 12, folios 81 a 83.

(202) Anexo 12, folios 70 a 72.

(203) Anexo 12, folios 77 a 78.

(204) Anexo 12, folios 68 a 69.

(205) Anexo 12, folios 65 a 67.

(206) Anexo 12, folios 58 a 60.

(207) Anexo 12, folios 61 a 64.

(208) Cuaderno 1, folios 256 a 260.

(209) Cuaderno 1, folios 288 a 299.

(210) Cuaderno 5, folios 2529 a 2532.

(211) Cuaderno 1, folios 513 a 558.

(212) Anexo 5, folios 62 a 91.

(213) Cuaderno 2, folio 773.

(214) Cuaderno 4, folio 2145.

(215) Anexo 19, folio 41.

(216) Anexo 40, folios 142 a 153.

(217) Anexo 19, folios 42 a 43 y 46.

(218) Cuaderno 5, folios 2435 a 2445.

(219) Anexo 14, folios 1 a 16.

(220) Anexo 16, folios 11 a 12.

(221) Anexo 19, folios 49 a 92.

(222) Anexo 4, folios 52 a 73.

(223) Cuaderno 6, folios 2937 a 2938.

(224) Cuaderno 8, folios 4072 a 4073.

(225) Cuaderno 6, folios 3030 a 3034.

(226) Cuaderno 6, folios 3040 a 3045.

(227) Cuaderno 6, folios 3046 a 3049.

(228) Cuaderno 6, folios 3035 a 3039.

(229) Cuaderno 6, folios 3050 a 3059.

(230) Cuaderno 6, folios 3090 a 3098.

(231) Anexo 12, folios 21 a 44.

(232) Anexo 11, folios 1 a 88.

(233) Cuaderno 6, folios 3139 a 3143.

(234) Cuaderno 6, folios 3168 a 3171.

(235) Anexo 15, folios 1 a 63.

(236) Cuaderno 6, folio 3200.

(237) Cuaderno 6, folios 3217 a 3257.

(238) Cuaderno 7, folios 3748 a 3813.

(239) Anexo 40, folios 96 a 113.

(240) Cuaderno 6, folios 3440 a 3443.

(241) Cuaderno 7, folios 3827 a 3829.

(242) Cuaderno 7, folios 3875 a 3876.

(243) Cuaderno 40, folios 279 a 282.

(244) Anexo 40, folios 341 a 355.

(245) Cuaderno 9, folios 4765 a 4773.

(246) Anexo 1.

(247) Cuaderno 10, folio 5077.

(248) Cuaderno 10, folios 5078 y 5079.

(249) Cuaderno 10, folios 5080 y 5081.

(250) Cuaderno 10, folio 5083.

(251) Cuaderno 35, folios 124 a 131.

(252) Cuaderno 35, folios 132 a 143.

(253) Cuaderno 39, folios 67 a 80.

(254) Cuaderno 10, folios 5146 a 5151.

(255) Cuaderno 10, folios 5119 a 5144.

(256) Cuaderno 10, folios 5152 a 5168.

(257) Por la cual se dictan normas sobre Planes de Desarrollo Municipal, Compra-Venta y Expropiación de Bienes y se dictan otras disposiciones.

(258) Por el cual se reglamenta el manejo del espacio público en los planes de ordenamiento territorial.

(259) Por el cual el Concejo de Bogotá expide el Código de Policía de Bogotá, D.C.

(260) La afectación es el hecho o la manifestación de voluntad del poder público, en cuya virtud la cosa queda incorporada al uso y goce de la comunidad (Marienhoff).

(261) Sentencia T-508 de 1992, expediente 2416, Actor: José Joaquín Orozco Nieto, M.P. Fabio Morón Díaz.

(262) Estos elementos se encuentran descritos en el artículo 5º de la Ley 9ª de 1989, complementados con comentarios doctrinales y jurisprudenciales.

(263) Sentencia SU-360 de 1999, expediente T-168937, Solicitante: Ana Mercedes Martínez de García y Otros, M.P. Alejandro Martínez Caballero.

(264) Por el cual se reglamenta el manejo del espacio público en los planes de ordenamiento territorial.

(265) Por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de Santafé de Bogotá.

(266) Por el cual se crea la Defensoría del Espacio Público.

(267) Sentencia de 9 de febrero de 2006, radicación 25000232500020030183501, Actor: Tito Hernán Pabón Gutiérrez, M.P. María Claudia Rojas Lasso.

(268) Sentencia de 13 de noviembre de 2007, radicación 25000232400020050037101, Actor: Ronald Gordillo Álvarez, M.P. Marco Antonio Velilla Moreno.

(269) Por el cual el Concejo de Bogotá expide el Código de Policía de Bogotá, D.C.

(270) Mediante el Acuerdo 257 de 2006 (nov. 30) el Concejo de Bogotá transformó el Fondo de Ventas Populares - FVP en el Instituto para la Economía Social - IPES.

(271) Por el cual el Concejo de Bogotá dicta normas básicas sobre la estructura, organización y funcionamiento de los organismos y de las entidades de Bogotá, Distrito Capital, y expide otras disposiciones.

(272) Por la cual se crea la Red de Solidaridad Social, el Fondo de Programas Especiales para la Paz, y el Fondo del Plan Nacional de Desarrollo Alternativo —Fondo Plante—, y se dictan otras disposiciones.

(273) Sentencia de 30 de abril de 2003, radicación 2500023260002001031701, Actor: Ricardo Cifuentes Salamanca, M.P. Ligia López Díaz.

(274) Sentencia de 22 de enero de 2004, radicación 25000232600020010052703, Actor: Asociación de Residentes Barrio Santa Ana Oriental, M.P. Dr. Alier Eduardo Hernández Enríquez.

(275) Anexo 36, folios 41 a 45.

(276) Anexo 25, folios 34 a 68.

(277) Anexo 40, folios 341 a 355.

(278) Cuaderno 9, folios 4765 a 4773.

(279) Cuaderno 5, folios 2415 a 2433.

(280) Anexo 38, folios 80 a 100.

(281) Anexo 33, folios 15 a 19.

(282) Anexo 34, folios 143 a 159.

(283) Anexo 33, folios 265 a 267.

(284) Anexo 39, folios 81 a 83.

(285) Anexo 39, folios 301 a 303.

(286) Cuaderno 6, folio 3200.

(287) Cuaderno 6, folios 3217 a 3257.

(288) Anexo 40, folios 96 a 113.

(289) Anexo 30, folios 4 al 7.

(290) Anexo 2.

(291) Anexo 19, folios 42 a 43 y 46.

(292) Cuaderno 7, folios 3748 a 3813.

(293) Anexo 33, folios 50 al 53.

(294) Cuaderno 5, folios 2529 a 2532.

(295) Anexo 19, folios 49 a 92.

(296) Anexo 39, folios 25 a 32.

(297) Cuaderno 1, folios 191 a 195.

(298) Cuaderno 5, folios 2415 a 2433.

(299) Anexo 39, folios 81 a 83.

(300) Anexo 29, folios 5 a 14, anexo 24, folios 6 a 18.

(301) Cuaderno 1, folios 204 a 205.

(302) Anexo 28, folio 70 a 78.

(303) Cuaderno 1, folios 9 a 16.

(304) Anexo 34, folios 190 a 193.

(305) Anexo 3, folios 3 a 29.

(306) Anexo 34, folios 30 a 36.

(307) Anexo 35, folios 9 a 17.

(308) Cuaderno 1, folios 196 a 201.

(309) Anexo 39, folios 301 a 303.

(310) Anexo 3, folios 3 a 29.

(311) Cuaderno 6, folios 3090 a 3098.

(312) Anexo 28, folio 5.

(313) Anexo 39, folio 313.

(314) Cuaderno 1, folios 191 a 195.

(315) Anexo 39, folios 81 a 83.

(316) Anexo 19, folio 41.

(317) Cuaderno 6, folios 3090 a 3098.

(318) Cuaderno 1, folios 9 a 16.

(319) Anexo 39, folios 25 a 32.

(320) Cuaderno 1, folios 204 a 205.

(321) Anexo 39, folios 33 a 44.

(322) Anexo 38, folios 80 a 100.

(323) Anexo 28, folios 94 a 98.

(324) Anexo 39, folios 25 a 32.

(325) Anexo 40, folios 142 a 153.

(326) Anexo 40, folios 341 a 355.

(327) Anexo 38, folios 1 y 20 a 21.

(328) Anexo 38, folios 80 a 100.

(329) Anexo 31, folios 9 a 12.

(330) Anexo 33, folios 50 al 53.

(331) Anexo 35, folios 85 a 96.

(332) Anexo 21, folios 6 a 21.

(333) Anexo 39, folios 33 a 44.

(334) Sentencia T-772-03, expediente T-728123, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

(335) Sentencia de 20 de marzo de 2003, radicación 50001233100020020005901, Actores: Luis Gustavo Guzmán Neira y Otros, M.P. Camilo Arciniegas Andrade.

(336) Sentencia de 7 de junio de 2007, radicación 66001233100020050012201, Actor: Juri Tshleck Lagos Ramírez, M.P. Camilo Arciniegas Andrade.

(337) Sentencia de 15 de marzo de 2005, radicación 2500023250002000016301, Actor: Archisuro, M.P. Alejandro Ordóñez Maldonado.

(338) Sentencia de 20 de marzo de 2003, radicación 50001233100020020005901, Actores: Luis Gustavo Guzmán Neira y Otros, M.P. Camilo Arciniegas Andrade.

(339) Sentencia de 4 de septiembre de 2003, expediente T-728123. Actor: Félix Arturo Palacios, M.P. Manuel José Cepeda.

(340) Sentencia SU-360 de 1999, M.P. Alejandro Martínez Caballero.

(341) Sentencia T 772-03, expediente T-728123, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

(342) Sentencia de 13 de agosto de 2008, radicación 25000232700020040088801, Actor: Gabriel Camilo Fraija Massy, M.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(343) Sentencia de 15 de febrero de 2011, radicación 11001031500020100105500, Actor: Asdrubal González Zuluaga, M.P. Enrique Gil Botero.

(344) Por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de Santafé de Bogotá.

(345) Sentencia T-772-03, expediente T-728123, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

(346) Publicado en el Diario Oficial 47.937 de 2010.

(347) Sentencia de 30 de octubre de 2003, radicación 8500123310001999290901(17213), Actora: Construca S.A., M.P. María Elena Giraldo Gómez.

(348) Sentencia C 200 de 2002, Actor: Juan Pablo Anaya Santana, expediente D-3690, M.P. Álvaro Tafur Galvis.

(349) Sentencia C 619 de 2001, Actor: Álvaro Pinilla Galvis, expediente Álvaro Pinilla Galvis, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

(350) Sentencia de 11 de septiembre de 1998, Rad. 25000233100019980898201, Actor: B.P. Exploration Company Limited, M.P. Julio Enrique Correa.

(351) Sentencia de 15 de marzo de 2002, Rad. 76001232400019970398301, M.P. Juan Ángel Palacio Hincapié.

(352) Sentencia de 19 de julio de 2007, Rad. 63001233100020050156701, Actora: Olga Patricia Londoño, M.P. Camilo Arciniegas Andrade.

(353) Por medio de la cual se autoriza la adhesión de Colombia a los siguientes Instrumentos Internacionales: “Convención Universal sobre Derechos de Autor, sus Protocolos I y II”, revisada en París el 24 de julio de 1971 y la “Convención Internacional sobre la Protección de los Artistas, Intérpretes o Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión”, hecha en Roma el 26 de octubre de 1961.

(354) Sobre derechos de autor.

(355) por medio de la cual se aprueba el “Convenio de Berna para la protección de las Obras Literarias y Artísticas”, del 9 de septiembre de 1886, completado en París el 4 de mayo de 1896, revisado en Berlín el 13 de noviembre de 1908, completado en Berna el 20 de marzo de 1914 y revisado en Roma el 2 de junio de 1928, en Bruselas, el 26 de junio de 1948, en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y en París el 24 de julio de 1971.

(356) Por la cual se modifica y adiciona la Ley 23 de 1982 y se modifica la Ley 29 de 1944.

(357) Sentencia C-053 de 2001, expediente D-3099, Actor: José Obdulio Gaviria Vélez, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.

(358) Sentencia de 7 de diciembre de 2005, radicación 63001233100020030078201, Actor: José Oscar Alviz Castrillón, M.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.

(359) Artículo 271 del Código Penal.

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