Sentencia 2003-02610 de mayo 14 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Radicación: 250002326000200302610-01 (36748)

Consejero Ponente:

Dr. Hernán Andrade Rincón

Actor: Carlos Francisco Bocanegra Florián y otros

Demandado: Nación - Consejo Superior de la Judicatura - Fiscalía General de la Nación

Asunto: Reparación directa

Bogotá, D.C., catorce de mayo de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones de la Sala

1. Competencia.

La Sala es competente para conocer del asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, el 23 de octubre de 2008, toda vez que, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia y con el auto proferido por la Sala Plena Contenciosa de esta corporación el 9 de septiembre de 2008, de las acciones de reparación directa relacionadas con el ejercicio de la administración de justicia conocen, en primera instancia, los tribunales administrativos y, en segunda instancia, el Consejo de Estado(18), sin tener en cuenta la cuantía del proceso.

Toda vez que la alzada fue interpuesta por la parte demandada en contra de una sentencia que accedió a las pretensiones de la demanda, la Sala limitará su estudio a las razones de inconformidad presentadas con la apelación, teniendo en cuenta, además, la aplicación del principio de la no reformatio in pejus.

2. El ejercicio oportuno de la acción.

De conformidad con lo previsto en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, la acción de reparación directa deberá instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente “del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos”.

En cuanto a la oportunidad para formular la presente acción indemnizatoria, advierte la Sala que el daño por cuya indemnización se demandó —según se indicó—, devino de la privación injusta de la libertad de la cual fue objeto el señor Carlos Francisco Bocanegra Florián entre los días 26 de noviembre y 20 de diciembre de 2001(19) y el día 8 de febrero de 2003(20) y, comoquiera que la demanda se formuló el 16 de diciembre de esa misma anualidad, se impone concluir en cualquier caso que se interpuso dentro de los 2 años que establece el numeral 8º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo.

3. Los hechos probados.

Del acervo probatorio recaudado se destacan las siguientes actuaciones procesales allegadas en copia auténtica:

a. Con fundamento en el informe de policía de 26 de octubre de 1995, la Policía Metropolitana de Bogotá deja a disposición de la unidad de reacción inmediata, URI, a unos capturados, uno de los cuales se identificó con los datos del aquí demandante, así:

“Carlos Francisco Bocanegra Florián, indocumentado, 23 años de edad, de Purificación - Tolima, soltero, segundo de bachillerato, sin más datos, quien vestía botas amarillas, pantalón jean azul claro, chaqueta de colores negro, gris y verde claro, corte de cabello rapado, de 1.70 metros de estatura aproximadamente, quien portaba bipper de marca Motorola…”(21).

b. La investigación fue asumida por la Fiscalía 114 Delegada ante los jueces penales del Circuito de la Unidad Tercera, Fe Pública y Patrimonio Económico, la que, al avocar el conocimiento, ordenó que se solicitara a la Dijin que tomara las huellas digitales de los capturados y realizara las confrontaciones del caso para lograr su plena identificación(22).

c. El 30 de octubre de 1995 fue realizada la diligencia de indagatoria del así capturado, quien nuevamente dijo llamarse Carlos Francisco Bocanegra Florián y, al ser interrogado por sus generales de ley, manifestó:

“Soy hijo de Luz Florián y Jaime Bocanegra, tengo 23 años de edad, nací el 14 de marzo de 1972 en Purificación - Tolima, resido en esta ciudad en la dirección antes anotada, soy soltero, trabajo en una taberna que queda en la 47 con caracas se llama la Murga, allá soy mesero, llegué a Bogotá hace ocho meses a buscar trabajo y allá en Purificación jornaleaba en arroz, curse hasta segundo año de bachillerato en el Colegio Clemencia Caicedo y Vélez de Purificación(23).

d. Mediante proveído del 10 de noviembre de 1995, la Fiscalía 114 Delegada ante los jueces penales del Circuito de la Unidad Tercera, Fe Pública y Patrimonio Económico, se abstuvo de proferir medida de aseguramiento a los sindicados y ordenó su libertad inmediata, por presentarse divergencias en los testimonios de los policiales que actuaron en su detención(24).

Advierte la Sala que el 25 de enero de 1996(25), la Registraduría Nacional del Estado Civil remitió al proceso la correspondiente tarjeta alfabética de identificación de Carlos Francisco Bocanegra Florián. En dicha cartilla constan los siguientes datos relevantes: Nombres de los padres, Candelaria Florián y Carlos Arturo Cocanegra, estatura, 1.68 cm., sin ninguna señal particular.

e. La Fiscalía 114 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de la Unidad Tercera, Fe Pública y Patrimonio Económico, mediante providencia del 8 de mayo de 1996, luego de depurar los informes policiales de quienes intervinieron en el operativo de captura, profirió medida de aseguramiento sin beneficio de libertad provisional contra varios de los inicialmente capturados, entre ellos contra el señor Carlos Francisco Bocanegra Florián, por los delitos de tentativa de hurto calificado y agravado y porte ilegal de armas, disponiéndose en consecuencia las respectivas órdenes de captura. Sobre la identificación del hoy demandante, se consignó lo siguiente:

“Carlos Francisco Bocanegra Florián. No se encontró constancia de cedulación. Empero, el número de cédula por él suministrado (93.203.955) corresponde a Carlos Francisco Bocanegra Florián, hijo de Carlos Arturo y Candelaria, no de Jaime y Luz como indica en su indagatoria, pero coincide con la fecha de nacimiento”(26).

f. El proceso pasó a conocimiento de la Fiscalía 113 Seccional Delegada de la Unidad Tercera Especializada, Fe Pública y Patrimonio Económico, la que en providencia del 24 de julio de 1998 calificó el sumario, profiriendo resolución de acusación entre otros, contra el señor Bocanegra Florián. Al referirse a la identificación del aquí demandante, se dispuso:

“Carlos Francisco Bocanegra. No se encontró constancia alguna de la cedulación. Aun cuando el número de cédula que suministró 93.203.955 de Purificación (Tolima), corresponde a Carlos Francisco Bocanegra Florián, nacido el 14 de marzo de 1972 en Purificación - Tolima, hijo de Carlos Arturo y Candelaria, no de Luz y Jaime como indica en su injuriada, pero coincide la fecha y lugar de nacimiento”.

“Es importante tener en cuenta que en la mayoría de los capturados como se encontraron indocumentados se solicitó la colaboración de la DIJIN para llevar a cabo la reseña decadactilar, entregando un resultado en el que se encontró que algunos de los sindicados dieron sus nombres mal, así como sus números de cédula, la fecha de nacimiento y hasta el nombre de sus padres, por lo cual para su plena identificación la fiscalía delegada tuvo que llevar a cabo innumerables esfuerzos”(27).

g. En la etapa de juzgamiento, el proceso correspondió por reparto al Juzgado 23 Penal del Circuito de Bogotá, quien mediante Oficio 1094 de 10 de junio de 1999(28) solicitó a la Sección de Criminalística del CTI el cotejo de las huellas correspondiente a los procesados Luis Hernando Arias y Humberto Mojica Duarte, que fueron tomadas en la Cárcel Nacional Modelo, a fin de confrontarlas con las cartillas de reseña que reposaban en la Cárcel Distrital de Varones, correspondiente a los procesados Carlos Francisco Bocanegra Florián y otras siete personas más.

En la respuesta de la sección de dactiloscopia del CTI se concluyó que de las dos reseñas dactilares enviadas por la Cárcel Nacional Modelo, sólo la de Humberto Mojica Duarte coincidió con las de la cartilla que fueron tomadas en la Cárcel Distrital de Varones, pero no coincidió la de Luis Hernando Arias. Cabe anotar que este informe no hizo referencia alguna a la identificación del señor Carlos Francisco Bocanegra Florián.

h. Mediante providencia de 29 de mayo de 2001 el Juzgado 23 Penal del Circuito de Bogotá profirió sentencia condenatoria contra siete de los procesados, entre ellos, contra el que dijo llamarse Carlos Francisco Bocanegra Florián y, al analizar el tema de la identidad de los procesados, dijo:

“Identidad de los procesados.

Carlos Francisco Bocanegra Florián, nacido el 14 de marzo de 1972 en Purificación - Tolima, empero se enviaron a la registraduría sus huellas dactilares, sin embargo no se encontró cédula expedida correspondiente a éstas.

“(…).

“TERCERO. CONDENAR a Carlos Francisco Bocanegra Florián, (…) cuyas huellas dactilares se encuentran a folios 141 a 153 del c.o. # 1 y 22 al 31 del c.o. # 5 de condiciones civiles y personales conocidas en autos, como autores y penalmente responsables del delito de tentativa de hurto calificado y agravado en concurso heterogéneo con porte ilegal de armas de fuego de defensa personal a la pena principal para cada uno de los procesados de treinta y siete (37) meses de prisión.

“(…).

“OCTAVO. NEGAR el subrogado de la condena de ejecución condicional a los procesados Carlos Francisco Bocanegra Florián, (…) por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído. En consecuencia, deberán purgar la pena en forma efectiva. Para ello LÍBRENSE en su contra las correspondientes órdenes de captura, reiterándose en los oficios la confrontación de las huellas por la utilización de cédulas y nombres falsos…”(29).

i. El señor Carlos Francisco Bocanegra Florián formuló acción de tutela ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, el que, previamente a dictar sentencia, ordenó realizar el cotejo decadactilar de la tarjeta de preparación de la cédula de ciudadanía del actor, con la tarjeta decadactilar de quien dijo llamarse Carlos Francisco Bocanegra Florián, tomada el 14 de noviembre de 1995 por la Dirección Judicial - División de Criminalística Dijin Bogotá, lo que arrojó como resultado que las huellas no coincidían topográfica ni morfológicamente.

j. Finalmente, mediante sentencia de tutela calendada el 19 de diciembre de 2000(30) el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, Sala Penal, tuteló los derechos del actor y ordenó la inmediata e incondicional libertad de Carlos Francisco Bocanegra Florián, titular de la cédula de ciudadanía 93.203.955.

Las razones que motivaron dicha decisión fueron, en lo sustancial, las que a continuación se transcriben:

“Implicaba la orden anterior que el funcionario judicial a quien se le pusiera a su disposición un ciudadano capturado con el citado nombre, para legalizar la captura debía previamente ordenar el cotejo decadactilar y determinar si el capturado correspondía por sus huellas y descripción morfológica a quien había sido condenado.

“(…).

“1) El magistrado sustanciador en días anteriores a esta fecha se comunicó telefónicamente con la Juez 23 Penal del Circuito y el indicó que quien podía suministrar datos más precisos sobre el proceso y la captura de Bocanegra Florián era el señor Jorge Cruz, secretario de la unidad de los juzgados penales del Circuito Especializado de Bogotá, con quien finalmente en el día de hoy se logró comunicación y al ser suficientemente interrogado por el magistrado admitió que para legalizar la captura no se había efectuado el cotejo de huellas decadactilares previsto por la juez que ordenó la captura bajo ese requisito.

“(…).

“Ahora bien con el fin de realizar el cotejo decadactilar se remitieron al técnico dactiloscopista del DAS de esta ciudad los siguientes documentos:

a) Fotocopia de la tarjeta de la preparación de la cédula de ciudadanía a nombre de Carlos Francisco Bocanegra Florián, 93.203.955 de Purificación.

b) Tarjeta decadactilar tomada en presencia del magistrado sustanciador al capturado y accionante.

c) Fotocopia de la tarjeta decadactilar de quien dijo llamarse Carlos Francisco Bocanegra Florián, tomada de la Dirección de la Policía Judicial - División Criminalística Dijin Santafé de Bogotá el día 11 de noviembre de 1995.

Confrontadas las impresiones dactilares de esos documentos con la fotocopia de la tarjeta decadactilar tomada por la Dirección de la Policía Judicial División Criminalística Dijin de Bogotá, se estableció:

“…que las huellas que allí aparecen, no coinciden topográfica ni morfológicamente. O sea, que estas huellas fueron tomadas a personas distintas”.

Comprueba lo anterior que el capturado en la Cárcel Distrital de Ibagué y ahora accionante, no es el mismo que fue condenado por la Juez 23 Penal del Circuito de Bogotá y por tanto deben protegerse por este medio excepcional los derechos fundamentales invocados, dado que para la legalización de la orden de captura no se cumplió con el requisito o condición impuesta por la juez”.

k. El día 8 de febrero de 2003 el señor Carlos Francisco Bocanegra Florián, fue nuevamente capturado en el municipio de Purificación - Tolima, por registrar antecedentes ante la Sijin del Tolima, con cargo al mismo proceso penal, según orden de captura 3130 de 17 de octubre de 1998, permaneciendo privado de su libertad por un día tal y como da cuenta la certificación del comandante de Policía del Cuarto Distrito Purificación(31).

4. Conclusiones probatorias y caso concreto.

Las circunstancias descritas en el anterior acápite de esta sentencia evidencian que el señor Carlos Francisco Bocanegra Florián fue privado de su libertad por haber sido declarado responsable penalmente de la comisión de los delitos de tentativa de hurto calificado y agravado y porte ilegal de armas; sin embargo, en virtud de una acción de tutela interpuesta por el procesado contra dicha sentencia, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué tuteló sus derechos fundamentales y ordenó su inmediata e incondicional libertad.

Así las cosas, advierte la Sala que en el sub lite se encuentra acreditada una manifiesta y protuberante falla del servicio respecto de toda la investigación, incluida la decisión que vinculó al señor Carlos Francisco Bocanegra Florián, circunstancia que se infiere del análisis efectuado por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, la cual concluyó de forma contundente que “el funcionario judicial a quien se le pusiera a su disposición un ciudadano capturado con el citado nombre, para legalizar la captura debía previamente ordenar el cotejo decadactilar y determinar si el capturado correspondía por sus huellas y descripción morfológica a quien había sido condenado”.

Resalta la Sala que, de acuerdo con el Código de Procedimiento Penal vigente para la época de los hechos, una de las finalidades de la investigación previa adelantada por la Fiscalía General de la Nación debía apuntar, precisamente, a practicar y recaudar las pruebas indispensables en relación con la identidad o individualización de los autores o partícipes del hecho y su responsabilidad(32) (se ha resaltado).

Por otra parte, respecto del contenido de las sentencias dictadas en procesos penales, el artículo 180 del aludido Código de Procedimiento Penal prescribía:

“ART. 180.—Redacción de la sentencia. Toda sentencia contendrá:

1. Un resumen de los hechos investigados.

2. La identidad o individualización del procesado.

3. Un resumen de la acusación y de los alegatos presentados por los sujetos procesales.

4. El análisis de los alegatos y la valoración jurídica de las pruebas en que ha de fundarse la decisión.

5. La calificación jurídica de los hechos y de la situación del procesado.

6. Los fundamentos jurídicos relacionados con la indemnización de perjuicios.

7. La condena a las penas principal y accesorias que correspondan, o la absolución.

8. La condena en concreto al pago de perjuicios si a ello hubiere lugar.

9. La suspensión condicional de la sentencia, si fuere procedente” (se ha resaltado y subrayado).

De la lectura de las anteriores disposiciones legales se infiere que era deber de los entes encargados llevar a cabo la investigación y juzgamiento de los procesados, practicar, recaudar y examinar de manera exhaustiva todas y cada una de las piezas procesales con el fin de verificar la identidad de los autores o partícipes del hecho punible, así como que se hubiesen satisfecho —material y formalmente— todos los requisitos legales para dictar sentencia; sin embargo, en el presente asunto, tanto la fiscalía de conocimiento como el Juez 23 Penal del Circuito de Bogotá encontraron “plenamente identificado” al señor Bocanegra Florián sin advertir la grave inconsistencia respecto de la identificación e individualización del procesado que saltaba a la vista, cosa que ocurrió porque ni el fiscal que vinculó al proceso penal al hoy actor, ni el juez que lo condenó a prisión confrontaron la tarjeta alfabética expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil con la huellas registradas en la Cárcel Distrital de Varones al momento de ingresar a las personas capturadas en flagrancia con las tomadas a Bocanegra Florián, procedimiento que habría permitido la correcta identificación del sindicado, pues eran palpables las diferencias en los datos de los padres, la estatura y su descripción morfológica, ni adelantaron alguna otra labor tendiente a lograr la plena identificación e individualización del verdadero responsable del hecho ilícito. Tales circunstancias reflejan no sólo el error por la fiscalía sino, al mismo tiempo, la ignominia que significó para el aquí demandante la acusación y posterior condena por delitos respecto de los cuales era completamente ajeno.

Todo el panorama expuesto pone en evidencia que la privación injusta de la libertad del señor Carlos Francisco Bocanegra Florián supuso la materialización de lo que ha sido denominado por la jurisprudencia y doctrina alemana como “error craso”, teoría a partir de la cual se permite inferir una falla del servicio ante la constatación de un daño grosero, desproporcionado y flagrante(33).

La anterior conclusión respecto de la privación injusta y de la libertad del señor Carlos Francisco Bocanegra Florián, concuerda también con las manifestaciones realizadas por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué en la sentencia que tuteló el derecho al debido proceso y a la libertad personal del hoy actor y ordenó de forma inmediata su libertad, en la cual se ilustra la existencia de un error craso que no hace otra cosa que poner de presente prima facie, el descuido, la negligencia y la desidia con que se adelantó el proceso penal contra el señor Carlos Francisco Bocanegra Florián.

Adicionalmente, debe advertirse que las circunstancias fácticas descritas desconocieron, además, otros derechos del procesado y de su núcleo familiar, como la honra y dignidad, al haber sido acusado de ser el autor material de los delitos de tentativa de hurto calificado y agravado y porte ilegal de armas, así como la inviolabilidad del domicilio, la protección a la familia y los derechos de los niños, garantías todas contenidas en los artículos 15, 21, 42 y 44 de la Constitución Política, respectivamente, y que tienen un referente internacional en los artículos 11, 17, 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, lo anterior aunado al hecho de que el procesado fue recluido en un centro penitenciario distante al lugar de su residencia (Purificación - Tolima), lo cual, sin duda alguna, agravó la afectación de tales derechos fundamentales.

En el presente caso resulta claro, como ya se dijo, se presentó un error jurisdiccional. En este caso se incurrió en un error de hecho —se itera— al no haberse identificado e individualizado al verdadero responsable del hecho ilícito, circunstancia que conllevó a que se condenara a una persona inocente, lo cual sólo se aclaró con las pruebas aportadas durante el trámite de la acción de tutela.

Así las cosas, la Sala concluye que el daño sufrido por Carlos Francisco Bocanegra Florián es de carácter anormal e injusto y que es consecuencia del error jurisdiccional imputable tanto a la Fiscalía General de la Nación, como a la Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, razón por la cual la sentencia apelada habrá de confirmarse en este aspecto.

5. Actualización de las condenas.

5.1. Perjuicios inmateriales. Perjuicios Morales.

Por perjuicios morales en la sentencia de primera instancia se condenó a las entidades demandadas a pagar una suma equivalente a “veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor de Carlos Francisco Bocanegra Florián, a Carlos Arturo Bocanegra Guarnizo, Candelaria Florián Padilla, en condición de padres del afectado, y a Diego Fernando y Omaira Cristina Bocanegra Florián, como hermanos del afectado, para cada uno el equivalente a diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes”, sumas que deberán ser actualizadas a la fecha de ejecutoria de la sentencia de segunda instancia, aplicando la fórmula que se presenta a continuación, tomando como índice inicial el correspondiente al 23 de octubre de 2008 (fecha de la sentencia de primera instancia), y como índice final, el vigente a la fecha de esta providencia.

000nnn
 

Perjuicios materiales. Lucro cesante.

Por perjuicios materiales en la sentencia de primera instancia se condenó a las entidades demandadas a pagar solidariamente la suma de “cuatrocientos cuarenta y siete mil ochocientos setenta y nueve pesos con dos centavos ($ 447.879,02)”, suma que deberá ser actualizada aplicando la fórmula que se presenta a continuación, tomando como índice inicial el correspondiente al 23 de octubre de 2008 (fecha de la sentencia de primera instancia), y como índice final, el vigente a la fecha de esta providencia.

000nnn

001nnn

Ra = $ 524.390,22

6. Condena en costas.

Comoquiera que para el momento en que se profiere este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado temerariamente y, debido a que ninguna procedió de esa forma en el sub lite, no habrá lugar a su imposición.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: MODIFICAR el numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia de 23 de octubre 2008 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, relacionado con la condena y, en su lugar, se resuelve:

“SEGUNDO: En consecuencia, condenar a la Nación - Rama Judicial y a la Fiscalía General de la Nación, a pagar los siguientes valores:

1. A Carlos Francisco Florián la suma de quinientos veintiún mil novecientos noventa y nueve pesos con veinte centavos ($ 521.999,20), por concepto de perjuicios materiales originados en lucro cesante.

2. A Carlos Francisco Bocanegra Florián, por ser el directo afectado, el equivalente a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes, por concepto de perjuicios morales, sumas que deberán ser actualizadas a la fecha de ejecutoria de la sentencia de segunda instancia, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

3. A Carlos Arturo Bocanegra Guarnizo, Candelaria Florián Padilla, en condición de padres del afectado, Diego Fernando Bocanegra Florián y Omaira Cristina Bocanegra Florián, en su condición de hermanos del afectado, el equivalente a diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes, para cada uno, sumas que deberán ser actualizadas a la fecha de ejecutoria de la sentencia de segunda instancia, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: CONFÍRMASE en lo demás la sentencia apelada.

TERCERO: ABSTIÉNESE de condenar en costas.

CUARTO: Una vez en firme esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y publíquese.»

(18) Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto de 9 de septiembre de 2008, expediente 2008 00009, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(19) Folio 20, cuaderno 2. Obra la certificación sobre el tiempo de reclusión expedida por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario Picaleña”, establecimiento Penitenciario y Carcelario de Ibagué.

(20) Folio 19, cuaderno 2. Obra la certificación sobre el tiempo de reclusión expedida por el Departamento de Policía Tolima - Cuarto Distrito.

(21) Folios 1 a 2, cuaderno 9.

(22) Folios 13 a 14, cuaderno 9.

(23) Folios 16 a 22, cuaderno 9.

(24) Folios 25 a 35, cuaderno 9.

(25) Folio 27, cuaderno 9.

(26) Folios 59 a 75, cuaderno 9.

(27) Folios 34 a 49, cuaderno 9.

(28) Folio 112, cuaderno 11.

(29) Folios 83 a 140, cuaderno 12.

(30) Folios 201 a 208, cuaderno 8.

(31) Folios 83 a 140, cuaderno 12.

(32) Artículo 319 del Decreto-Ley 2700 de 1991.

(33) Al respecto consultar, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 14 de abril de 2010, expediente 18.960, M.P. Enrique Gil Botero.