Sentencia 2003-02917 de marzo 20 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA — SUBSECCIÓN “B”

Consejero Ponente: Danilo Rojas Betancourth

Bogotá D.C., veinte (20) de marzo de dos mil dieciocho (2018).

Expediente: 45027

Radicación: 050012331000200302917 01

Demandante: J. B. R. C. y otros

Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación

Naturaleza: Acción de reparación directa

(Legis considera conveniente que los datos de las partes y testigos, sean suprimidos por las iniciales de nombres y apellidos y en los números de cédulas reemplazados por XXX, con el propósito de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política)

EXTRACTOS: «CONSIDERACIONES

I. Competencia.

7. La Sala es competente para resolver el asunto sub judice, iniciado en ejercicio de la acción de reparación directa, en observancia de su naturaleza.

En efecto, la Ley 270 de 1996 consagró la responsabilidad del Estado en los eventos de error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad, y fijó la competencia para conocer de tales asuntos en primera instancia: en cabeza de los tribunales administrativos y, en segunda, en el Consejo de Estado, sin que sea relevante consideración alguna relacionada con la cuantía(2).

II. Validez de los medios de prueba.

8. En relación con la diligencia de indagatoria rendida en el marco del proceso penal por el señor J. B. R. C., la Sala estima que si bien no cumple con la formalidad establecida por el artículo 227 del Código de Procedimiento Civil para que pueda ser tenida como prueba testimonial, en aras de establecer la verdad de los hechos, fin último de cualquier proceso judicial, podrá ser valorada siempre y cuando: i) se advierta que es indispensable para realizar un análisis integral del caso, ii) coincida con lo acreditado a través de otros medios de convicción, iii) haya sido tenida en cuenta como medio de prueba en el proceso en el cual fue recaudada y no haya sido desestimada por presiones indebidas o vulneración a derechos fundamentales(3). Ahora bien, teniendo en cuenta que se trata de una diligencia rendida por uno de los demandantes en el proceso, sólo podrá valorarse, en concordancia con la finalidad del interrogatorio de parte(4), en lo que es susceptible de confesión.

III. Hechos probados.

9. Con base en las pruebas obrantes en el expediente, valoradas en su conjunto, se tienen como ciertas las siguientes circunstancias fácticas relevantes:

9.1. El 8 de septiembre de 2001, el comandante de la compañía C del Batallón Nº 42 del Ejército Nacional puso a disposición de la inspectora municipal de Anorí, Antioquia, al señor J. R. C. a quien, mientras pasaba por un puesto de control situado a la entrada de la cabecera municipal de Anorí, se le hallaron sustancias alucinógenas que se encontraban envueltas en hojas de bijao y bolsas plásticas color negro dentro de un costal de fibra —700 gr. de base de cocaína y 3250 gr. de bazuco—(5). De acuerdo .con el informe, el señor R. C. “manifestó que se la habían entregado en la casa de su propiedad en la vereda Las Lomitas los señores P. Q. y “M.”, al cual no le sabe el nombre, para que fuera entregada en una de las viviendas del barrio Los Ángeles, al parecer de propiedad de Q., agregó que en varias ocasiones ha realizado el paso de estas sustancias, ha realizado tres viajes porque le colaboran económicamente” (copia del informe, fls. 1-2, cdno. 2).

9.2. Trasladadas dichas diligencias a la Fiscalía 43 Seccional de Amalfi, Antioquia, el 9 de septiembre de 2001, esta ordenó la apertura de la instrucción y el 12 de septiembre de 2001, ante la imposibilidad de conseguir un defensor de oficio para poder recibir la indagatoria del capturado y dado el vencimiento de términos previsto para ello, ordenó su libertad, previa suscripción de compromiso de presentarse cuando fuere requerido. Finalmente, el 13 de septiembre se recepcionó la indagatoria y ese mismo día el sindicado volvió a suscribir diligencia de compromiso para salir en libertad (copias de las actuaciones, fls. 5, 20-29 y 33, cdno. 2).

9.3. Durante el trámite de la instrucción, la actividad investigativa de la Fiscalía consistió en: i) solicitar la ratificación del informe suscrito por personal del Ejército Nacional(6), lo cual conllevó a que la inspección municipal de Policía de Anorí(7) recogiera las declaraciones juramentadas de los señores J. I. B. H.(8) y J. E. G.(9), miembros del Ejército Nacional que participaron en la captura del sindicado (fls. 63-68, cdno. 2); ii) solicitar los antecedentes judiciales de este último, sin que se hallare alguno (fl. 41, cdno. 2); iii) ordenar que se recogiera la declaración de la compañera permanente y de dos de los hijos del señor R. C. para que corroboraran lo afirmado por él en diligencia de indagatoria(10) (fls. 43-44, cdno. 2); iv) solicitar al Instituto de Medicina Legal que indicara la naturaleza de las sustancias incautadas (fls. 70-72, cdno. 2); y v) ordenar que se llevara a cabo diligencia de allanamiento y registro en la casa del señor P. Q. a donde supuestamente debían ser conducidos los alcaloides, orden que sólo se profirió el 18 de septiembre de 2001 y se llevó a cabo al día siguiente, sin que se encontraran vestigios de almacenamiento de sustancias ilícitas(11) (fls. 45 y 58-59, cdno. 2)(12).

9.4. El 28 de noviembre de 2001, la unidad seccional de Amalfi y Anorí de la Fiscalía General de la Nación resolvió la situación jurídica del sindicado en el sentido de dictar en su contra medida de aseguramiento de detención preventiva, sin libertad condicional, por la comisión del punible de tráfico y porte de estupefacientes. Lo anterior en consideración a que no era verosímil la versión de los hechos librada por el sindicado en tanto que, llevando la carga al hombro, debió percibir el olor de las sustancias alucinógenas y, además, por la forma del paquete, debió darse cuenta de que no se trataba de “revuelto”, como él lo indicaba; ello sin mencionar el hecho de que, en su injurada, se contradijo respecto al número de veces que había llevado encomiendas del señor Q. Finalmente consideró que pese a la personalidad del sindicado y a lo numeroso de la familia que tenía a su cargo, no era procedente concederle el beneficio de la libertad provisional por la gravedad de la conducta que se le endilgaba (copia de las actuaciones, fls. 83-86, cdno. 2).

9.5. Habiéndose comisionado al Juzgado Promiscuo Municipal de Amalfi para que notificara personalmente dicha decisión al procesado, el citador de dicho despacho declaró haber obtenido información según la cual el señor R. C., en compañía de su familia, habría abandonado la zona 20 días antes. De acuerdo con lo certificado por el personero municipal de Anorí, dicho abandono fue determinado por las presiones ejercidas sobre la familia en el contexto del conflicto armado (copia de la declaración del citador y certificación del personero, fls. 91 y 178, cdno. 2).

9.6. El 28 de diciembre de 2001 el fiscal a cargo de la investigación libró orden de captura en contra del procesado con el fin de hacer efectiva la medida de aseguramiento y, adicionalmente, declaró cerrada la investigación. El 28 de febrero de 2002 se dictó resolución de acusación en contra del señor J. B. R. C. por las mismas razones por las cuales se había dictado en su contra medida de aseguramiento. Esta decisión fue confirmada en sede de apelación el 20 de noviembre de 2002 con fundamento en las siguientes consideraciones:

Así las, cosas, no son de recibo las burdas explicaciones dejadas por el procesado en su injurada, por demás, descabelladas, al manifestar que no tenía ni el mínimo conocimiento en el sentido de que lo que llevaba consigo no era otra cosa que sustancias prohibidas; como lo ha dejado plasmado el a quo en su atinada decisión, por su volumen el que es muy distinto a llevar consigo productos agrícolas, su olor, es más, no es normal que por esa región conocida a través de la historia por los conflictos violentos que se han desplegado, un campesino a las cinco de la mañana transite sin urgencia alguna, y en especial a hacer entrega de unos productos de fácil consecución en la región como lo son unas simples yucas o unos plátanos; lo anterior, es significativo que su afán no era otro que el de evadir la acción de la justicia; aunado a lo anterior las perspicuas aserciones de los militares que efectuaron la captura e incautación de los estupefacientes, son para esta segunda instancia de digno crédito (copia de las actuaciones, fls. 93 y 103-106 y 127132, cdno. 2).

9.7. El 25 de noviembre de 2002, el señor R. C. fue capturado en un peaje en Girardota y puesto a disposición de la Fiscalía de Amalfi y, después de que se llevara a cabo la audiencia de juzgamiento que empezó el 6 de febrero de 2003(13), el Juzgado Promiscuo del Circuito de Amalfi profirió sentencia absolutoria en favor del señor J. B. R. C. el 27 de mayo de 2003, por considerar que, en la conducta desplegada por este último, no se advertía el dolo necesario para que se configurara el ilícito penal; providencia que se encuentra debidamente ejecutoriada:

Basten estas reflexiones previas, sustentadas en la doctrina y la jurisprudencia —relativas a la necesidad de la culpabilidad para que se constituya un hecho punible— para avanzar en la comprensión del acto realizado por el procesado J. B. R., una persona analfabeta, de extracción campesina, de condiciones económicas precarias, sujeto a las influencias externas del medio, que lo indujo a juicio del despacho a transportar en su hombro y llevar consigo droga que produce dependencia, prohibida por el Estatuto Penal. Desde un principio, concomitante a su captura hasta la etapa de la audiencia pública es reiterativo en manifestar su desconocimiento del contenido del costal de fibra que le fue entregado (...) Es creíble y verosímil esta versión, así se ha mantenido a lo largo de la investigación, las eventuales contradicciones relacionadas a si era la primera vez que transportaba o varios al mismo interesado, no escapa a esos momentos desafortunados de judicialización de la conducta, que sometido a interrogatorios no acostumbrados, lo ponen en una situación de nervios y temores, que lo hacen susceptible a estas incoherencias, contradicciones (...). 

Si bien es cierto y es verdad probada que el procesado transportaba y llevaba consigo la sustancia prohibida, también es cierto que ignoraba que lleve consigo la droga. Fue utilizado deliberadamente por el propietario de la sustancia, con el fin de eludir y evitar él mismo el retén militar acantonado en ese sitio. Lo engañó haciéndole creer que su contenido era sólo revuelto, incluso llegó a proporcionarle plátanos y yucas y volvió a atar el costal, como se desprende de la atestación del incriminado. De este contenido en la investigación no se tuvieron mayores elementos de juicio, si en verdad también iba, además del estupefaciente, el revuelto en referencia. No se llamó a declarar a los .demás miembros del Ejército que intervinieron en el procedimiento para que hubiesen brindado suficiente ilustración al respecto; sólo se tiene la versión del suboficial Buitrago y su comandante Guzmán Villamizar, que se refiere nada más al decomiso de la droga encontrada dentro del costal de fibra y lo que respondió el incriminado. 

Referente a las deducciones formuladas en la acusación por el anterior delegado fiscal, en relación a que por el olor fuerte de la sustancia transportada en el hombre, tenía que advertir de qué se trataba, además de que el empaque hacía una figura diferente en tratándose de revuelto o la sustancia en referencia, el despacho considera que por la formó en que fue embalada, en bolsas plásticas negras, en forma de tortas sólidas, recubiertas de hojas de bijao y atadas muy bien, era imposible que su olor transcendiera, además por las características multiforme, semejante a piedras sólidas no era posible determinar su diferencia, de revuelto o sustancia, pues como asegura el justiciable, depende la forma en que se empaquen y acomoden los plátanos o yucas, además de que el revuelto para los campesinos tiene amplia cobertura, que incluye además, legumbrería, coles, repollo, fríjoles, etc. 

A lo sumo se le podría atribuir al procesado una conducta negligente, pues debió poner todo el cuidado y diligencia en la verificación de lo que recibía, entratándose de talegos, costales, pues no puede apoyarse en el principio de la buena fe de las personas, como efectivamente fue asaltado. 

Nuestro Estatuto Penal proscribió toda forma de responsabilidad objetiva (...) el acto debe pertenecer al sujeto; este es responsable porque el acto es suyo, lo realiza con voluntad y conocimiento. 

En el sub lite, la acción desplegada por el enjuiciado, jamás le perteneció y no se estableció el nexo sicológico de conocimiento de los atributos de la conducta punible. No realizó el acto con conocimiento. Le asistió razón al delegado fiscal, interviniente en la audiencia pública, al apartarse radicalmente de la acusación formulada por su antecesor, pues es claro que no se verifica la certeza de responsabilidad penal del enjuiciado, (...) si bien es cierto que existe certeza de la tipicidad y materialidad de la conducta punible y antijuridicidad de esta, pues se puso en peligro la salubridad pública, no se cumple el requisito de culpabilidad del enjuiciado (copias de las providencias y constancia de ejecutoria, fls. 137, 214-240, cdno. 2 y 248 cdno. ppal.).

9.8. La boleta de libertad del señor R. C. fue librada el 28 de mayo de 2003 (fl. 242, cdno. 2).

9.9. Los menores L. F., J. D., D. J., F. A., J, A., N., D., W. y J. C. R. Z. son hijos de J. B. R. C. y M. G. Z. B., siendo esta última la compañera permanente de aquél(14). Los seño es L. C. y M. J. R. R. también son hijos del señor R. C. (copias de los registros civiles de nacimiento y formato de autorización para visitas conyugales, fls. 5-15 y 105, cdno. 1).

9.10. En el momento de los hechos que dieron lugar a su captura, el señor J. B. R. C. habitaba, junto con su familia, en una vivienda improvisada en la vereda Las Lomitas del municipio de Anorí, Antioquia, en donde vendían empanadas y refrescos a los pasantes. Además, el señor R. C. trabajaba como jornalero cuando se le presentaba la oportunidad. No obstante, dichas actividades no eran suficientes para sufragar los gastos, razón por la cual recibían mucha ayuda de los vecinos y del municipio, en donde eran conocidos por encontrarse en una situación económica bastante precaria. Según algunos de sus vecinos, quienes manifestaron conocerlo desde hacía 8 a 15 o 20 años, no se tenía conocimiento de que tuviere relación alguna con el tráfico de estupefacientes (declaraciones contestes de los señores L. D. M. L., J. G. M. E. y Á. D. M. O., todos residentes de la ver da Las Lomitas en el municipio de Anorí, fls. 183-185, cdno. 2).

9.11. Mientras duró la segunda detención del señor R. C., su señora e hijos tuvieron múltiples dificultades para visitarlo toda vez que para ese momento, vivían en la ciudad de Medellín y no tenían recurso para sufragar los gastos del desplazamiento. Las ocasiones en que pudieron llegar hasta Anorí fue gracias a la ayuda de varios benefactores que asumían los costos de transporte y se ofrecían a hospedar a miembros de la familia (declaraciones coincidentes rendidas ante juez comisionado por los señores M. H. M. I. —guardián de la cárcel de Anorí—, M. N. M. M. —residente de Anorí— y A. M. A. R. —sobrina del señor R. C.—, fls. 156-164, cdno. 2).

IV. Problema jurídico.

10. Corresponde a la Sala determinar si, como lo estima la parte actora, debe declararse la responsabilidad de la Nación-Fiscalía General de la Nación por la privación de la libertad a la que fue sometido el señor J. B. R. C. o si, como lo consideró el a quo, deben denegarse las pretensiones indemnizatorias en tanto se encuentran demostradas las causales de exoneración de responsabilidad del hecho de la víctima y del hecho de un tercero.

V. Análisis de la Sala.

11. En el caso sub examine está acreditado el daño invocado en la demanda, esto es, la privación de la libertad a la que fue sometido el señor J. B. R. C. entre el 8 y el 12 de septiembre de 2001 —supra párr. 9.1 y 9.2— y entre el 25 de noviembre de 2002 y el 28 de mayo de 2003 —supra párr. 9.7 y 9.8—, así como su antijuridicidad. Lo anterior por cuanto el proceso penal culminó con una sentencia absolutoria en la que, en últimas, se estableció que la conducta desplegada por el señor R. C. no constituía un hecho punible por faltar el elemento volitivo requerido para que se configurara el ilícito penal —supra párr. 9.7—; circunstancia que, de acuerdo con la jurisprudencia reiterada y constante de la Corporación, hace que la privación de la libertad sea injusta, al margen de que, en un principio, haya sido ordenada de acuerdo con los términos prescritos por el ordenamiento jurídico.

11.1. En efecto, esta corporación ha sostenido que, en los eventos consagrados por el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991(15), la privación de la libertad a la que hubiere sido sometida la persona sindicada resulta injusta, esto es, constituye un daño antijurídico y, por ende, compromete la responsabilidad del Estado:

En este orden de ideas, se señala que de manera unánime, la Sala ha adoptado el criterio conforme al cual quien hubiera sido sometido a medí a de aseguramiento de detención preventiva, pero finalmente hubiera sido exonerado de responsabilidad mediante sentencia absolutoria definitiva o su equivalente(16), con fundamento en que el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no era constitutiva de hecho punible, tiene derecho a la indemnización de los perjuicios que dicha medida le hubiera causad , sin necesidad de acreditar que la misma fue ilegal, errada, o arbitraria, dado que en dicha norma el legislador calificó a priori la detención preventiva como injusta. 

En otros términos, cuando en la decisión penal definitiva favorable al sindicado, el juez concluye que las pruebas que obran en el expediente l dan certeza de que el hecho no existió, o de que de haber existido, n era constitutivo de hecho punible, o de que el sindicado no fue el autor del mismo, la medida de aseguramiento de detención preventiva que en razón :d ese proceso se le hubiera impuesto deviene injusta y por lo tanto, habrá lugar a declarar la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños que la misma le hubiera causado, tanto al sindicado, cómo a todas las demás persona que demuestren haber sido afectadas con ese hecho, sin que para llegar a esa conclusión, en los precisos términos del último aparte de la norma citad , se requiera realizar ninguna otra indagación sobre la legalidad de la medid de aseguramiento que le fue impuesta a aquél(17).

11.2. Conclusión que se ha hecho valer a pesar de las consideraciones expuestas por la Corte Constitucional(18) al declarar la exequibilidad condicionada del artículo 68 de la Ley 270 de 1996(19), ello bajo el entendido de que esta disposición no excluye la aplicación directa del artículo 90 de la Constitución para derivar el derecho a la reparación cuando los daños provienen de una actuación legítima del Estado, adelantada en ejercicio de la actividad judicial, pero que causa daños antijurídicos a las personas, en tanto éstos no tengan el deber jurídico de soportarlos. Así pues, pese a la derogatoria del Decreto 2700 de 1991(20), se ha venido aplicado el mismo criterio, pero no como una aplicación ultractiva de ese cuerpo normativo, sino de los supuestos en él consagrados que, se entiende, derivan directamente del artículo 90 de la Constitución Política(21). Al respecto se ha dicho:

Es importante precisar que las hipótesis establecidas en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal de 1991 (D.L. 2700), al margen de la derogatoria de la disposición, han continuado rigiéndose por una perspectiva objetiva de responsabilidad. En consecuencia, el régimen aplicable para definir si la privación de la libertad fue injusta en estos tres supuestos es el objetivo, inclusive con posterioridad a la Ley 270 de 1996, en los términos precisados por la jurisprudencia de la corporación(22). 

En consecuencia, la Subsección no avala una aplicación ultractiva del citado precepto legal (art. 414) que se encuentra derogado, sino de los supuestos que se regulaban de manera específica en el mismo. No quiere ello significar, entonces, que se estén modificando los efectos en el tiempo de una norma que se encuentra claramente abrogada. Sin embargo, en materia de responsabilidad patrimonial del Estado, por ser una institución donde rige el principio iura novit curia, es posible que el juez adopte o acoja supuestos de responsabilidad objetiva o subjetiva, lo cual dependerá del fundamento en que se soporte la misma. 

Es decir, cuando se absuelve al procesado porque el hecho no existió, no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, el régimen de responsabilidad es el objetivo y, por consiguiente, no será determinante a la hora de establecer la responsabilidad de la entidad demandada si actuó o no de manera diligente o cuidadosa. 

Lo anterior, lejos de suponer una aplicación ultractiva del derogado artículo 414 del Decreto-Ley 2700 de 1991, implica el reconocimiento de que en esos supuestos resulta injustificado imponer al administrado la carga de acreditar que la administración pública incurrió en una falla del servicio. Por el contrario, la fuerza y contundencia de los motivos que generan la absolución en este tipo de circunstancias (el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o el hecho no constituía conducta punible), refuerza la idea de que bajo esas premisas impera un esquema objetivo de responsabilidad en el que la autoridad judicial que impuso la medida de aseguramiento no puede exonerarse del deber de reparar con la acreditación de que su comportamiento fue diligente o cuidadoso(23). 

11.3. Ahora bien, también se ha señalado que, de encontrarse acreditado que la privación de la libertad provino de una falla del servicio, debe privilegiarse el análisis de esta última, toda vez que, de este modo, se cumple de una forma más efectiva la función de prevenir el daño antijurídico y se habilita al Estado para que, por vía de la acción de repetición, reclame el monto de la indemnización al funcionario que con su conducta dolosa o gravemente culposa produjo el hecho antijurídico(24).

11.3.1. En esta perspectiva y teniendo en cuenta que, a lo largo del proceso, la parte actora ha insistido en el hecho de que la Fiscalía General de la Nación se equivocó al privar de la libertad al señor J. B. R. C. por cuenta de la investigación referida en los hechos probados de esta providencia, la Sala pone de presente que, de acuerdo con lo prescrito en los artículos 333(25), 340(26) y 345(27) del Código de Procedimiento Penal vigente para la época de los hechos —Ley 600 de 2000(28)—, en el caso bajo análisis no sólo había razones para capturar al señor R. C., sino también para iniciar en su contra una investigación penal y vincularlo a la misma mediante diligencia de indagatoria —lo cual habilitaba al ente investigador a mantener al capturado retenido por un periodo de hasta tres días contados desde que el mismo fue puesto a su disposición—, en tanto es innegable que fue encontrado desarrollando una conducta que el ordenamiento penal prescribía como típica del delito de “tráfico, fabricación o porte de estupefacientes”(29), a saber, el porte de una sustancia ilícita en una cantidad superior a la permitida por ley —supra párr. 9.1 y 9.2—; de modo que la privación de la libertad a la que aquél fue sometido entre el 9 y el 12 de septiembre de 2001 no es imputable a falla del servicio alguna.

11.3.2. Empero, como lo reconoció la misma Fiscalía General de la Nación en la audiencia de juzgamiento del señor R. C., para la Sala también es evidente que dicha entidad faltó al deber de “investigar tanto lo favorable como lo desfavorable a los intereses del imputado”, consagrado en el artículo 20 de la Ley 600 de 2000 pues no asumió una actitud diligente para corroborar la versión de los hechos presentada por este último.

11.3.2.1. En efecto, pese a que, tanto en el momento de su captura, como al rendir indagatoria, el señor R. C. insistió en que el paquete que llevaba le había sido entregado por el señor Pablo Quiñónez quien, de esta manera, lo habría utilizado para el transporte de la sustancia prohibida, lo único que hizo el ente investigador para verificar la realidad de esta versión fue ordenar que se recogieran los testimonios de la compañera permanente y dos de los hijos del sindicado (fls. 43-44, cdno. 2) y, diez días después de la captura del señor R. C., esto es, el 18 de septiembre de 2001, que se llevara a cabo una diligencia de allanamiento y registro de la residencia en la cual se supone debían ser entregados los alcaloides, diligencia que, dado el tiempo transcurrido entre el momento en que se supo de dicha captura y su realización —19 de septiembre de 2001—, no tenía la virtualidad de aportar elementos para la investigación(30) —supra párr. 9.3—.

11.3.2.2. En ese sentido la Sala extraña, como también lo hizo el representante de la Fiscalía que intervino en la audiencia de juzgamiento del señor R. C., que el ente investigador no hubiere adelantado ninguna actuación tendiente a lograr que el señor P. Q. compareciera al proceso con el fin de contrastar la versión rendida por aquél máxime cuando el material probatorio recaudado le daba visos de credibilidad a esta última(31).

11.3.2.3. Sin embargo, esta falla del servicio no puede considerarse causa eficiente de la privación de la libertad a la que aquél fue sometido entre el 25 de noviembre de 2002 y el 28 de mayo de 2003 —supra párr. 9.7 y 9.8— dado que no es posible concluir que una labor investigativa más intensa por parte de la Fiscalía General de la Nación habría permitido desvirtuar los indicios que sirvieron para que se profiera en su contra medida de aseguramiento de detención preventiva —supra párr. 9.4— y resolución de acusación —supra párr. 9.6—.

11.3.3. Finalmente, no puede considerarse errado el que al señor R. C. no se le hubiere concedido el beneficio de libertad condicional, toda vez que no se encontraba en ninguna de las hipótesis en las que, de acuerdo con el artículo 365 de la Ley 600 de 2000(32), había lugar a otorgárselo. En ese sentido es de señalar que, según lo dispone el artículo 63 de la Ley 599 de 2000, la suspensión condicional de la ejecución de la pena —figura a cuyas condiciones de aplicación se supedita la concesión de la libertad provisional— sólo procede cuando la de prisión impuesta no sea superior a los 3 años y, en el caso bajo análisis, la pena que habría podido imponérsele al señor R. C. era mínimo de 6 años.

12. No obstante, comoquiera que, como ya se explicó, la injusticia y, por ende, antijuridicidad, de una privación de la libertad no proviene de que la misma sea resultado de una falla del servicio sino únicamente de que se haya impuesto en el marco de un proceso penal que, a la larga, culminó con una decisión absolutoria, hipótesis que, como se expuso, se configura en este caso, correspondería entonces declarar la responsabilidad administrativa y patrimonial de la demandada por la privación de la libertad a la que fue sometido el señor J. B. R. C., sin embargo, previamente, es preciso determinar si, como lo señaló la demandada durante el proceso y lo consideró el a quo, se configuraron las causales de exoneración de responsabilidad de la culpa exclusiva de la víctima y el hecho de un tercero.

12.1. Es de recordar que, como ha sostenido la corporación(33), las denominadas causales eximentes de responsabilidad —fuerza mayor y hecho exclusivo y determinante de un tercero o de la víctima— hacen imposible imputar, desde el punto de vista jurídico, la responsabilidad por los daños cuya causación da lugar a la iniciación del litigio, a la persona o entidad que obra como demandada dentro del mismo. En relación con todas ellas, tres son los elementos cuya concurrencia tradicionalmente se ha señalado como necesaria para que sea procedente admitir su configuración: i) su irresistibilidad; ii) su imprevisibilidad y iii) su exterioridad respecto del demandado(34). Ahora bien, en materia de privación injusta de la libertad, se ha entendido que la regla general de las causales de eximentes de responsabilidad cuenta con una subregla de carácter especial según la cual el hecho de la víctima que exonera de responsabilidad es aquel que puede ser calificado de dolo o culpa grave.

12.2. En efecto, a partir de lo dispuesto en la parte final del citado artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, según el cual en los supuestos en él señal dos la víctima tenía derecho a ser indemnizada por la privación injusta de la libertad a la cual fue sometida, “siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave”, esta corporación ha estimado que cuando se demuestra que la privación de la libertad padecida se produjo por cuenta de su conducta dolosa o culposa, esto es, con incumplimiento de los deberes de comportamiento que le eran exigibles, el Estado se exonera de la responsabilidad por los perjuicios que aquella hubiere podido causar. Subregla que, pese a la derogatoria del Decreto 2700 de 1991, se ha mantenido en virtud de lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley 270 de 1996 a cuyo tenor: “(...) El daño se entenderá como culpa exclusiva de la víctima cuando ésta haya actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos de ley. En estos eventos se exonerará de responsabilidad al Estado (...)”.

12.3. Así pues, se ha establecido que la conducta del individuo, su proceder, es susceptible de valoración para llegar a determinar si efectivamente es viable la responsabilidad de la administración en la privación injusta de la libertad; lo cual resulta compatible con lo consagrado en el artículo 14.6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos:

Cuando una sentencia condenatoria firme haya sido ulteriormente revocada, o el condenado haya sido indultado por haberse producido o descubierto un hecho plenamente probatorio de la comisión de un error judicial, la persona que haya sufrido una pena como resultado de tal sentencia deberá ser indemnizada, conforme a la ley, a menos que se demuestre que le es imputable en todo o en parte el no haberse revelado oportunamente el hecho desconocido. 

12.4. Ahora bien, es indispensable aclarar que, como lo ha recordado esta subsección(35), en las acciones de responsabilidad patrimonial, el dolo o culpa grave se definen a partir de los criterios establecidos en el artículo 63 del Código Civil(36); razón por la que se ha reiterado(37):

...culpa se ha dicho que es la reprochable conducta de un agente que generó un daño antijurídico (injusto) no querido por él pero producido por la omisión voluntaria del deber objetivo de cuidado que le era exigible de acuerdo a sus condiciones personales y las circunstancias en que actuó; o sea, la conducta es culposa cuando el resultado dañino es producto de la infracción al deber objetivo de cuidado y el agente debió haberlo previsto por ser previsible, o habiéndolo previsto, confió en poder evitarlo. También por culpa se ha entendido el error de conducta en que no habría incurrido una persona en las mismas circunstancias en que obró aquella cuyo comportamiento es analizado y en consideración al deber de diligencia y cuidado que le era exigible. 

Tradicionalmente se ha calificado como culpa la actuación no intencional de un sujeto en forma negligente, imprudente o imperita, a la de quien de manera descuidada y sin la cautela requerida deja de cumplir u omite el deber funcional o conducta que le es exigible; y por su gravedad o intensidad, siguiendo la tradición romanista, se ha distinguido entre la culpa grave o lata, la culpa leve y la culpa levísima, clasificación tripartita con consecuencias en el ámbito de la responsabilidad contractual o extracontractual, conforme a lo que expresamente a este respecto señale el ordenamiento jurídico. De la norma que antecede [art. 63 del C.C.] se entiende que culpa leve consiste en la omisión de la diligencia del hombre normal (diligens paterfamilias) o sea la omisión de la diligencia ordinaria en los asuntos propios; la levísima u omisión de diligencia que el hombre juicioso, experto y previsivo emplea en sus asuntos relevantes y de importancia; y la culpa lata u omisión de la diligencia mínima exigible aún al hombre descuidado y que consiste en no poner el cuidado en los negocios ajenos que este tipo de personas ponen en los suyos, y que en el régimen civil se asimila al dolo(38). 

12.5. Lo anterior significa que, al margen de la manera como el jue penal haya valorado o calificado la conducta desplegada por la persona privada de la libertad, el de la responsabilidad bien puede concluir que, a la luz de las definiciones antes enunciadas, se trató de una conducta dolosa o culposa que, de ser causa determinante de la captura o de la imposición de la medida de aseguramiento, exoneraría al Estado de responsabilidad por los daños que la detención haya podido ocasionar. Y es que, como se ha sostenido en múltiples oportunidades, las decisiones adoptadas en materia peal no condicionan al juez de lo contencioso administrativo, toda vez que ambos procesos atienden finalidades disímiles y se rigen por normas, principios y objetivos diferentes(39):

Independientemente de que la justicia penal militar en sentencia proferida el 18 de marzo de 1994, absolviera a los procesados y en sentencia de 25 de julio de 1994, el Tribunal Superior Militar mantuviera la decisión, por falta de pruebas, ello no condiciona esta decisión, en tanto la valoración probatoria en materia penal difiere sustancialmente de la realizada por el juez de lo contencioso administrativo en un asunto de responsabilidad estatal, de tal manera que mientras la prueba indiciaria puede resultar insuficiente para endilgar una responsabilidad penal y personal, dadas las exigencias de la misma, puede no serlo, en un juicio establecido para determinar la responsabilidad estatal por el daño antijurídico, causado por la acción y omisión de los agentes estatales. 

12.6. Así, por ejemplo, en los casos en los que se juzga la responsabilidad penal de un funcionario público y, posteriormente, la de carácter administrativo y patrimonial que se le endilga a la entidad pública por los hechos de aquel,' de vieja data se ha sostenido que:

Una es la responsabilidad que le, puede tocar (sic) al funcionario oficial, como infractor de una norma penal y otra muy diferente la responsabilidad estatal que se puede inferir de esta conducta, cuando ella pueda así mismo configurar una falla del servicio. Son dos conductas subsumidas en normas diferentes, hasta el punto que puede darse la responsabilidad administrativa sin que el funcionario sea condenado penalmente. Basta recordar que una es la culpa penal y otra la civil o administrativa(40).

12.7. En este mismo sentido es importante anotar que las consideraciones relativas a si el hecho de la víctima, esto es, la actuación dolosa o gravemente culposa de la persona privada injustamente de su libertad, fue determinante para la producción de este daño, es decir, si fue o no su causa eficiente, se circunscriben al análisis de imputabilidad de este último, indispensable en cualquier juicio de responsabilidad, pero de ningún modo implican un juicio sobre lo bien o mal fundado de la actuación de la autoridad que haya dispuesto la captura o la imposición de la medida de aseguramiento de detención preventiva. En efecto, al margen de que la actuación de la víctima fuera o no de aquéllas que dan lugar a la captura; o constituyera o no un indicio de responsabilidad que, de acuerdo con la normativa penal, habilitara a proferir medida de aseguramiento —análisis propios del régimen de responsabilidad subjetivo, esto es, el fundado en la falla del servicio—, lo que interesa para el estudio de la causal eximente de responsabilidad del hecho de la víctima es que su conducta, dolosa o gravemente culposa desde la perspectiva civil, haya sido la causa eficiente del daño, es decir, la razón sin la que aquél no se habría producido, estudio que puede ser adelantado sin que ello signifique que, al mismo tiempo, se esté valorando si la autoridad penal correspondiente actuó correctamente o no a la hora de tener en cuenta dicha conducta para efectos de ordenar la privación de la libertad(41). Así pues, al analizar el carácter determinante y exclusivo del hecho de la víctima como causal eximente de responsabilidad en materia de privación injusta de la libertad, el juez de lo contencioso administrativo se limita a verificar que la que ahora, y desde la perspectiva civil, se califica como conducta dolosa o gravemente culposa de la persona privada de la libertad, fue la que llevó a la autoridad correspondiente a imponer dicha privación, absteniéndose de valorar si, desde el punto de vista penal, esa conducta daba o no lugar a la detención.

12.8. A la luz de estos lineamientos la Sala encuentra que, en el caso bajo análisis, no se configura la causal de exoneración de responsabilidad del hecho de la víctima en tanto no está acreditado que la privación de la libertad a la que fue sometido el señor R. C. haya sido resultado directo de un actuar doloso o gravemente culposo de su parte. Lo anterior por cuanto si bien es cierto que el demandante fue detenido y vinculado a una investigación penal por transportar un paquete en el que se encontraba una sustancia ilícita, los medios de convicción obrantes en el proceso no permiten concluir que, al desplegar dicha conducta, aquél tuviere la intención positiva de inferir una injuria (12.8.1), o que estuviere incumpliendo gravemente el deber de comportamiento que le era exigible en las circunstancias en las cuales se encontraba (12.8.2).

12.8.1. En efecto, según se desprende de las pruebas recogidas en el plenario, al actuar como lo hizo, el señor R. C. no entendía comprometerse en el desarrollo de una actividad ilícita sino que, en su leal saber y entender, se limitaba a prestar un servicio de transporte de mercancía que le valía una recompensa económica, indispensable para satisfacer las necesidades básicas de su familia. Esta conclusión se apoya en las siguientes premisas:

12.8.1.1. No de otra manera podría entenderse el que, de acuerdo con el relato del subteniente Buitrago Hoyos, el señor R. C. no haya evadido el retén en el que fue capturado, sino que, antes bien, se haya mostrado presto a revelar todos los pormenores de la situación, sin caer en cuenta de que la información revelada le era altamente perjudicial en tanto podía ser entendida como un reconocimiento de su participación en un ilícito penal —supra párr. 9.3, pie de página Nº 10—.

12.8.1.2. Al margen de que el señor R. C. conociera con exactitud el nombre y naturaleza de la sustancia que transportaba(42); lo cierto es que, como se infiere de la lectura conjunta de las declaraciones de los oficiales B. H. y G. V., sí ignoraba que se tratara de una sustancia de aquéllas que el ordenamiento jurídico le prohibía transportar. En efecto, la candidez con la que, según el relato del subteniente B., el señor R. C. habría revelado los detalles de su participación en los hechos, sólo puede ser producto del desconocimiento de estar incurriendo en una conducta ilícita; circunstancia que se corrobora por el hecho de que, como lo indicó el oficial J. E. G. V., quien se entrevistó con el señor R. C. momentos después de haber sido capturado, este último insistió rotundamente en el hecho de que “no sabía lo que transportaba”(43), afirmación que, por el contexto en que el capturado la produjo, bien quería decir que no sabía que lo que transportaba era ilícito.

12.8.1.3. Dado el contexto sociocultural del señor R. C., es verosímil concluir que éste desconocía la ilicitud de un comportamiento que, desde su perspectiva, sólo implicaba la realización de una actividad completamente anodina —el transporte de un paquete envuelto— y que, en cambio, le representaba si no una remuneración(44), al menos sí, la promesa de una recompensa económica que, en su situación, era más que apreciable. En efecto, como lo indicaron los vecinos del señor R. C. y se desprende, entre otros, de los generales de ley recogidos en su diligencia de indagatoria, así como de las solicitudes de antecedentes judiciales, él era una persona analfabeta, de muy bajos recursos económicos, beneficiario recurrente de ayudas por parte del municipio y de los vecinos del sector, con conocimientos limitados a la actividad rural, sin relación conocida con actividades delincuenciales y, menos aún, con la producción y el tráfico de estupefacientes —supra párr. 9.10—, por lo que no es descabellado pensar que ignorara el efecto nocivo de una sustancia como la que se le encargó llevar al casco urbano del municipio —y que, dicho sea de paso, no tenían un aspecto particularmente extraño(45)—, así como la prohibición legal de portarla y transportarla.

12.8.2. No podría considerarse como una vulneración grave al deber de conducta que le era exigible en sus circunstancias, el que el señor R. C. hubiere aceptado transportar, sin revisar, el paquete que contenía el alucinógeno. Lo anterior por cuanto: i) el transporte de paquetes no es una actividad ilícita y tampoco puede considerarse como inusual en el contexto de las relaciones vecinales como las que existían entre el señor R. C. y su mandante; ii) aquél conocía perfectamente la identidad de este último, así como que el lugar en el que debía entregar la encomienda era conocido por ser la vivienda a la que dicha persona llegaba cuando iba al casco urbano de Anorí(46), por lo que tenía razones para confiar en que era su mandante quien respondería por el contenido del paquete; iii) la realización de dicha actividad le generaba una recompensa económica que si bien era superior a la que normalmente habría valido la prestación de dichos servicios, no era extraña en la medida en que los pobladores de la región, a sabiendas de lo limitado de sus medios de subsistencia, le socorrían de diferentes maneras —supra párr. 9.10—; iv) se trataba de un paquete que, por su apariencia y dimensión, no podía considerarse sospechoso per se pues: a) estaba envuelto en materiales naturalmente usados en zonas rurales, b) no tenía una forma que tuviera por qué llamar la atención del señor R. C. —la apariencia era de tortas— y c) no tenía por qué tener una forma y peso específicos pues son infinidad la forma y naturaleza de elementos que pueden enviarse hacia la zona urbana de un municipio; v) no es usual que, en circunstancias como la del sub examine, esto es, cuando se trata de transportar el paquete de una persona conocida, el mismo se someta a una inspección previa; y vi) no puede reprochársele al señor R. C. el que haya decidido llevar a cabo la encomienda a tempranas horas de la madrugada pues, aunque es cierto que, en principio, se trata de un comportamiento que puede indicar la intención de eludir la acción de las autoridades, dado el panorama brindado por los diferentes medios de convicción recaudados en el proceso penal, no parece ser el caso en el sub examine dado que el capturado llegó tranquilamente hasta el retén militar; además, no puede perderse de vista que, en contextos rurales, no es extraño el que los campesinos opten por realizar sus actividades desde los primeros albores del día, máxime cuando, como lo indicó de manera consistente el señor R. C., tenía la pretensión de abordar el primer bus de regreso para poder adelantar sus actividades cotidianas.

12.8.3. Finalmente, tampoco puede considerarse como un comportamiento constitutivo de culpa grave susceptible de exonerar de responsabilidad a la entidad demandada el que, en su injurada, el señor R. C. no haya sido consistente en relación con el número de veces que había realizado encomiendas de este tipo para el señor P. Q.(47) pues, por una parte, esa falta de consistencia sólo se revela en una frase que aparece como incidental en relación con el resto de la versión rendida y, por la otra, es apenas comprensible en un contexto en el que el interrogado sabe que está en juego su libertad, lo que puede hacer que sus nervios le jueguen malas pasadas, máxime para una persona que, como el señor R. C., no estaba familiarizado con este tipo de diligencias.

12.8.4. Así las cosas, la Sala concluye que, en la medida en que el comportamiento desplegado por el señor R. C. no puede considerarse como constitutivo de dolo o culpa grave, no se configura la causal de exoneración de responsabilidad del hecho exclusivo de la víctima.

12.9. Ahora, en lo que tiene que ver con la causal de exoneración de responsabilidad del hecho de un tercero, la Sala tampoco la encuentra configurada pues, al margen de que el señor R. C. haya podido ser instrumentalizado para el transporte de sustancias sicoactivas, lo que determinó que fuera privado de su libertad no fue, en realidad, dicha instrumentalización, sino las determinaciones adoptadas por la Fiscalía General de la Nación, en particular, aquélla en la que, a partir de la valoración probatoria de los medios de convicción recaudados, concluyó que sí había indicios de su responsabilidad penal y que, por ende, había lugar a dictar en su contra medida de aseguramiento de detención preventiva y, posteriormente, resolución de acusación.

12.9.1. Sobre este punto no puede perderse de vista que, al margen de la participación de terceros en hechos investigados penalmente, las autoridades judiciales están obligadas a evaluar la situación de cada uno de los implicados a la luz de los medios de convicción que militan en su contra, de modo que aquéllas no pueden exonerarse de la responsabilidad que les cabría por la privación injusta de la libertad a la que habrían sometido a uno de ellos porque los hechos delictivos fueron, en realidad, desarrollados o determinados por terceros, pues este es un aspecto que debe tenerse en cuenta a la hora de adoptar las determinaciones concernientes a la libertad del incriminado. En estos términos el único hecho de un tercero que es susceptible de exonerar de responsabilidad a las autoridades judiciales que hubieren impuesto una medida privativa de la libertad es aquél que, de manera imprevisible e irresistible, le hubiere cercenado a dicha autoridad la posibilidad de adoptar una decisión diferente a la que adoptó, teniendo claro que, por ejemplo, aun la falsificación dé una prueba no tiene la virtualidad de falsear el juicio de la autoridad judicial, en tanto que, en principio y salvo eventos extraordinarios, esta última debe estar en capacidad de prever y resistir las maniobras que puedan adelantarse para manipular el sentido de las decisiones judiciales.

12.10. Por todo lo anterior la Sala revocará la sentencia de primera instancia y en su lugar, declarará la responsabilidad administrativa y patrimonial de la Nación – Fiscalía General de la Nación, por la privación injusta de la libertad padecida por el señor J. B. R. por cuenta de la investigación penal adelantada en su contra por el supuesto tráfico de estupefacientes en el que habría incurrido el 8 de septiembre de 2001.

VI. Liquidación de perjuicios.

VI.1. Perjuicios inmateriales.

13. Los demandantes solicitaron ser indemnizados por concepto de perjuicios morales y, de acuerdo con jurisprudencia constante de la corporación, por aplicación de las máximas de la experiencia, puede inferirse que este tipo de perjuicios son sufridos tanto por los directamente a afectados como por su familia(48). En ese sentido y acreditados como están los lazos que unen al señor J. B. R. C. a los demás demandantes en este proceso —supra párr. 9.9—, hay lugar a reconocerlos, respecto de todos ellos.

13.1. En lo que tiene que ver con la tasación de estos perjuicios, la Sala encuentra que, de conformidad con los criterios que, para garantizar el derecho de igualdad entre quienes acuden a la jurisdicción de lo contencioso administrativo con pretensiones similares, estableció la Sala Plena de la Sección Tercera de esta corporación mediante sentencia de 28 de agosto de 2014(49) y teniendo en cuenta que la privación injusta de la libertad a la que fue sometido el señor R. C. duró seis meses y siete días —supra párr. 9.1, 9.2, 9.7 y 9.8—, hay lugar a reconocer un valor de setenta (70) mínimos legales mensuales vigentes a favor de cada uno de los demandantes: J. B. R. C., M. G. Z. B., L. C. y M. J. R. R. y L. F., J. D., D. J., F. A., J. A., N., D., y J. C. R. Z.

VI.2. Perjuicios materiales.

14. Los demandantes solicitaron ser indemnizados por los perjuicios materiales derivados del lucro cesante dejado de percibir por el señor J. B. R. C. mientras estuvo privado de la libertad y por los gastos en los que sus familiares debieron incurrir para poder visitarlo en la cárcel. Sobre este último punto la Sala advierte que, en la medida en que está demostrado que dichos gastos fueron sufragados por personas distintas a los demandantes —supra párr. 9.11—, estos últimos carecen de legitimación en la causa por activa para reclamarlos y, en consecuencia, se denegarán las pretensiones formuladas sobre el particular.

14.1. Cosa distinta ocurre en relación con el lucro cesante pues, aunque el señor J. B. R. C. no tenía un empleo formal, está acreditado en el expediente que realizaba diferentes actividades con el fin de devengar un sustento para él y para su familia —supra párr. 9.10—, fuente de ingresos que desapareció durante el tiempo en que aquél fue privado de su libertad y que, en consecuencia, hay lugar a indemnizar. Ahora bien, para efectos de determinar el monto de dicha indemnización y teniendo en cuenta que, a falta de prueba sobre lo devengado por el señor R. C., se infiere que se trataba de, al menos, el salario mínimo, la Sala debería tomar, en principio, el valor del salario mínimo legal mensual vigente al momento de la detención por cuenta del mencionado proceso penal —octubre de 1996—, esto es, $ 142.125(50). Sin embargo, comoquiera que, según los cálculos realizados con la fórmula jurisprudencial para la actualización(51), el resultado de la misma es inferior a aquél que resulta de hacer el cómputo a partir del salario mínimo legal mensual vigente al momento de proferir el presente fallo, la indemnización se calculará a partir de este último, es decir, ($ 781.242)(52). A este valor se adicionará una suma equivalente al 25% por concepto de prestaciones sociales, esto es, ($ 195.310.5). El salario base de liquidación será entonces ($ 976.552,5).

14.2. En relación con el tiempo durante el cual debe reconocerse el lucro cesante, la Sala, de conformidad con su jurisprudencia, agregará a los seis meses y siete días (6.23 meses) de la detención efectiva de que fue objeto el señor R. C., un período adicional de 35 semanas (8,75 meses), que corresponden al tiempo que, en promedio, puede tardar una persona en edad económicamente activa para encontrar un nuevo puesto de trabajo en Colombia, con fundamento en la información ofrecida por el Observatorio Laboral y Ocupacional Colombiano, a cargo del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)(53). Así pues, el total del período a indemnizar es de 14,98 meses.

14.3. Para la liquidación del lucro cesante se aplicará la fórmula actuarial adoptada por la corporación:

S= Ra (1 + i)n-1

i

Donde:

S: Es la indemnización consolidada a obtener.

Ra: Es la renta o ingreso mensual actualizado: $ 976.552,5.

I: Es el interés puro o técnico mensual equivalente a 0.004867.

n: Es el número de meses que comprende el período indemnizable: 14,98 meses.

Liquidación:

S = $ 976.552,5 x (1 + 0.004867)14.78-1

0.004867

S = $ 15.137.066

14.4. En estos términos, la Sala reconocerá al señor J. B. R. C. el valor de quince millones ciento treinta y siete mil sesenta y seis pesos ($ 15.137.066), por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante.

VII. COSTAS

15. No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se evidencia en el caso concreto actuación temeraria de ninguna de las partes, condición exigida por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que se proceda de esta forma.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVOCAR la sentencia de 16 de mayo de 2012 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia y, en su lugar, se decide:

PRIMERO: DECLÁRASE administrativa y patrimonialmente responsable a la NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, por los perjuicios que sufrieron los demandantes como consecuencia de la privación injusta de la libertad padecida por el señor J. B. R. C. por cuenta de la investigación penal adelantada en su contra por el supuesto tráfico de estupefacientes en el que habría incurrido el 8 de septiembre de 2001.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, CONDÉNASE a la NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN a pagar por concepto d perjuicios morales el equivalente a setenta (70) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de esta sentencia a favor de cada uno de los demandantes: J. B. R. C., M. G. Z. B., L. C. y M. J. R. R. y L. F., J. de D., D. J., F. A., J. A., N., D., W. y J. C. R. Z.

TERCERO: CONDÉNASE a la NACIÓN – FISCALÍA GENERA DE LA NACIÓN a pagar por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, la suma de quince millones ciento treinta y siete mil sesenta y seis pesos ($ 15.137.066), a favor del señor J. B. R. C.

CUARTO: DENEGAR las demás pretensiones de la demanda.

QUINTO: Sin condena en costas.

SEXTO: La Nación – Fiscalía General de la Nación dará cumplimiento a lo dispuesto en este fallo, en los términos indicados en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

SÉPTIMO: Para el cumplimiento de esta sentencia expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

En firme esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen para lo de su competencia.

Cópiese notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Stella Conto Díaz del Castillo, Presidenta de la Subsección—Ramiro Pazos Guerrero—Danilo Rojas Betancourth».

2 Para tal efecto puede consultarse el auto de 9 de septiembre proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, Exp. 11001, 03-26-000-2008-00009-00, actor: Luz Elena Muñoz y otros.

3 Subsección B, sentencia de 26 de noviembre de 2015, Exp. 36170, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

4 Único medio de convicción especialmente consagrado por el ordenamiento jurídico para que las versiones de las partes puedan ser tenidas en cuenta como pruebas.

5 De acuerdo con el informe del Instituto de Medicina Legal realizado con posterioridad, ambas eran cocaína (fls. 70-72, cdno. 2).

6 La orden fue proferida desde el auto de apertura de la instrucción, esto es, el 9 de septiembre, sin embargo, el exhorto sólo se libró dos días después (fls. 14-45, cdno. 2).

7 Es de anotar que el artículo 84 de la Ley 600 de 2000 habilitaba al fiscal a cargo de la investigación a comisionar a las autoridades que ejercían funciones de policía judicial —y las inspecciones de policía lo hacían—, para que practicaran cualquier prueba: “Los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación no podrán comisionar a las corporaciones judiciales, pero podrán hacerlo para la práctica de cualquier prueba o diligencia a otros funcionarios judiciales o con funciones de policía judicial, conforme a lo dispuesto en el presente código”.

8 El subteniente B., quien fue la persona que estaba al mando del pelotón que realizó el retén en el cual se capturó al señor B. R. señaló: “Salí a efectuar una patrulla de registro con el fin de establecer un retén cumpliendo la orden de efectuar control militar del área, siendo las cinco de la mañana del día 8 de septiembre del presente año, se desplazaba un campesino a pie el cual se detuvo y se le efectuó una requisa preguntándole de dónde venía y para dónde iba, en la requisa se le fue encontrada una sustancia alucinógena, se le preguntó que qué era eso y él afirmó que era base de coca, seguidamente informé por radio al comandante de la compañía, para poner en él la disposición de esa sustancia y de ese señor. Preguntado: Díganos bajo juramento cuál fue la reacción del señor J. R., al momento de la captura. Respondió: afirmó que no tenía la culpa, que sólo lo hacía por dinero, ya que tiene una familia bastante extensa, que consta de una mujer y nueve hijos. Preguntado: Díganos bajo juramento qué explicación dio acerca de la procedencia y destino de la sustancia que portaba. Respondió: Él respondió que a él se la había traído el señor apodado “M.” en el día anterior en las horas de la noche y él lo único que tenía que hacer era traerla hasta la casa del señor P. Q. y afirmó que ese era el dueño de la mercancía. Preguntado: se dice en el informe que al parecer no era la primera vez que el señor J. B. realizaba esa clase de entregas. Amplié esta respuesta (...) el aprehendido como respuesta dijo que con esta era la tercera vez que lo hacía, la última entrega que hizo la había realizado 20 días atrás, el dinero que percibía por realizar dicha entrega oscilaba entre $ 50.000 y $ 80.000, ya que él no ponía precio sino lo que le daban, dicha sustancia siempre llegaba hasta sus predios en la vereda Las Lomitas y la entrega siempre se efectuaba en la residencia del señor P. Q., en el barrio Los Ángeles, no dijo quién la embalaba, se la entregaba el mismo señor P. Q.” (fls. 63-64, cdno. 2).

9 El oficial G., quien fue la persona que suscribió el informe pero que no participó directamente en el retén, indicó: “El señor, en el momento en que habló conmigo y se le preguntó que de quién era la sustancia, él dijo que sólo se la habían dejado en la casa que queda en el sector de Las Lomitas, había sido entregada por el señor P. Q. y alias “M.”, hijo del antes mencionado. Preguntado: se dice en el informe que al parecer no era la primera vez que el señor J. B. realizaba esa clase de entregas. Amplié esta respuesta (...) se le preguntó si era la primera vez y dijo que no, que ya en varias oportunidades lo había hecho, que siempre a la misma persona, que siempre llegaban a su casa en las horas de la mañana y le entregaban el paquete para que lo trajera hasta la cabecera municipal al barrio Los Ángeles, al parecer, no se tiene establecido de que la casa sea del antes mencionado, quien era el que le llevaba las sustancias, el señor dijo que él sólo recibía lo que le quisieran dar, que a veces le daban $ 50.000 y $ 80.000, que sólo hacía por necesidad, pero que él no sabía qué era lo que transportaba” (fls. 66-67, cdno. 2).

10 Medios de prueba que, como era de esperarse, no aportaron ningún elemento a la instrucción pues, al ser informados del derecho constitucional que les asistía de no declarar en contra de su cónyuge y padre, los testigos prefirieron abstenerse de rendir declaración alguna.

11 Vale la pena a notar que la diligencia fue atendida por dos jóvenes que manifestaron ser hijas del señor P. Q. y aunque insistieron que la casa no era de él sino de una familiar llamada S. L., también indicaron que era allí donde el señor Q. llegaba “cada vez que sale de la finca denominada L. M., ubicada en la vereda El Carmín de este municipio”.

12 Es de anotar que fue con posterioridad, en sede de juicio, que se recaudaron múltiples testimonios favorables al sindicado (fls. 183-190, cdno. 2).

13 Vale la pena resaltar que, en dicha audiencia, el representante de la Fiscalía General de la Nación señaló que su antecesor habría vulnerado el principio de la investigación integral toda vez que, pese a que el sindicado insistió en que fue utilizado por el señor P. Q., y que este era “ampliamente conocido en Anorí y tanto lo es que se practicó una diligencia de allanamiento a su residencia, sin embargo, la Fiscalía no orientó la investigación a identificarlo ni ordenó su vinculación al proceso” (fls. 203-204, cdno. 2).

14 Así lo declararon las señoras M. A. R., hermana del señor J. B. (fl. 160, cdno. 1) y A. M. A. R., sobrina (fl. 165, cdno. 1); así se desprende también de la información obrante en el proceso penal en la que, de manera constante, se hace referencia a la señora M. G. Z como compañera permanente del procesado.

15 Esta norma establecía: “Quien haya sido privado injustamente de la liberta podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios. Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizad por la detención preventiva que le hubiese sido impuesta siempre que no haya causado I misma por dolo o culpa grave”.

16 [18] “A juicio de la Sala, el derecho a la indemnización por detención preventiva be ser el mismo cuando el proceso termine no sólo por sentencia absolutoria, sino anticipadamente por preclusión de la investigación (art. 443) o auto de cesación de procedimiento (art. 36), por cuanto éstas son decisiones equivalentes a aquélla para estos efectos. Ver, por ejemplo, sentencia de 14 de marzo y 4 de mayo de 2002, Exp. 1 .076 y 13.038, respectivamente, y de 2 de mayo de 2002, Exp. 13.449”.

17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 6 de abril de 2011, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

18 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-037 de 1996, Exp. P.E.-008, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa en donde se indicó: “Este artículo, en principio, no merece objeción alguna, pues su fundamento constitucional se encuentra en los artículos 6º, 28, 29 y 90 de la Carta. Con todo, conviene aclarar que el término “injustamente” se refiere a una acusación abiertamente desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales, de forma tal que se torne evidente que la privación de la libertad no ha sido ni apropiada, ni razonada ni conforme a derecho, sino abiertamente arbitraria. Si ello fuese así, entonces se estaría permitiendo que en todos los casos en que una persona fuese privada de su libertad y considerase en forma subjetiva, aún de mala fe, que su detención es injusta, procedería en forma automática la reparación de los perjuicios, con gravé lesión para el patrimonio del Estado, que es el común de todos los asociados. Por el contrario, la aplicabilidad de la norma que se examina y la consecuente declaración de la responsabilidad estatal a propósito de la administración de justicia, debe contemplarse dentro de los parámetros fijados y teniendo siempre en consideración el análisis razonable y proporcionado de las circunstancias en que se ha producido la detención. (...) Bajo estas condiciones, el artículo se declarará exequible”.

19 A cuyo tenor: “quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar del Estado la reparación de perjuicios”.

20 Se recuerda que el artículo 535 de la Ley 600 de 2000 lo derogó expresamente.

21 En sentencia de 9 de junio de 2010, Exp. 19.312, se dijo: “...la Sala no avala una aplicación ultractiva del citado precepto legal (art. 414) que se encuentra derogado, sino de los supuestos que se regulaban de manera específica en el mismo. Es decir, cuando se absuelve al sindicado o al procesado porque el hecho no existió, el investigado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible el régimen de responsabilidad es el objetivo y, por consiguiente, no será determinante a la hora de establecer la responsabilidad de la entidad demandada si actuó o no de manera diligente o cuidadosa”.

22 [3] “Sobre el particular, consultar la sentencia del 4 de diciembre de 2006, Exp. 13.168, M.P. Mauricio Fajardo Gómez”.

23 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “C”, sentencia del 19 de octubre 2011, Exp. 1994-02193 (19151), C.P. Enrique Gil Botero.

24 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 11 de noviembre de 2009, Exp. 199402073 (17927), C.P. (E) Mauricio Fajardo Gómez. En el mismo sentido ver de la subsección B, sentencia de 31 de julio de 2014, Exp. 27900, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

25 “El funcionario judicial recibirá indagatoria a quien en virtud de antecedentes y circunstancias consignadas en la actuación o por haber sido sorprendido en flagrante conducta punible, considere que puede ser autor o partícipe de la infracción penal”.

26 “La indagatoria deberá recibirse en la mayor brevedad posible o a más tardar dentro de los tres (3) días siguientes a aquel en que el capturado haya sido puesto a disposición del Fiscal General de la Nación o su delegado”.

27 “Se entiende que hay flagrancia cuando: // 1. La persona es sorprendida y aprehendida al momento de cometer una conducta punible”.

28 La cual entró a regir el 24 de julio de 2001.

29 El artículo 376 de la Ley 599 de 2000 preveía: “El que sin permiso ¿le autoridad competente, salvo lo dispuesto sobre dosis para uso personal, introduzca al país, así sea en tránsito o saque de él, transporte, lleve consigo, almacene, conserve, elabore, venda, ofrezca, adquiera, financie o suministre a cualquier título droga que produzca dependencia, incurrirá en prisión de ocho (8) a veinte (20) años y multa de (1.000) a cincuenta (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. // Si la cantidad de droga no :é cede de mil (1.000) gramos de marihuana, doscientos (200) gramos de hachís, cien (100) gramos de cocaína o de sustancia estupefaciente a base de cocaína o veinte (20) gramos de derivados de la amapola, doscientos (200) gramos de metacualona o droga sintética, la pena será de cuatro (4) a seis (6) años de prisión y multa de dos (2) a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes. // Si la cantidad de droga excede los límites máximos previstos en el inciso anterior sin pasar de diez mil (10.000) gramos de marihuana, tres mil (3.000) gramos de hachís, dos mil (2.000) gramos, de cocaína o de sustancia estupefaciente a base de cocaína o sesenta (60) gramos de derivados de la amapola, cuatro mil (4.000) gramos de metacualona o droga sintética, la pena será de seis (6) a ocho (8) años de prisión y multa de cien (100) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.

30 Es obvio que, ante el conocimiento de la captura de una persona que puede dar datos sobre el lugar en el que se realizan actividades delictivas, las personas que están actuando al margen de la ley y que, por supuesto, pretenden evadir la acción de la justicia, hagan todo lo necesario para borrar la evidencia existente en el lugar, en previsión de la realización de una diligencia de allanamiento y registro.

31 En efecto, lo consignado en el acta de la diligencia de allanamiento y registro indica que, como lo señaló el señor R. C., el señor Q. sí residía en el área rural del municipio, y, cuando iba al casco urbano, llegaba a la casa de habitación a la que, según su versión, aquél iba a entregar el paquete encomendado —supra párr. 9.3—.

32 “Además de lo establecido en otras disposiciones, el sindicado tendrá derecho a la libertad provisional garantizada mediante caución prendaria en los siguientes casos: // 1. Cuando en cualquier estado del proceso estén demostrados todos los requisitos para suspender condicionalmente la ejecución de la pena. // 2. Cuando en cualquier estado del proceso hubiere sufrido el sindicado en detención preventiva un tiempo igual al que mereciere como pena privativa de la libertad por la conducta punible que se .le imputa, habida consideración de la calificación que debería dársele. // Se considerará que ha cumplido la pena, el que lleve en detención preventiva el tiempo necesario para obtener libertad condicional, siempre que se reúnan los demás requisitos para otorgarla. //La rebaja de la pena por trabajo o estudio se tendrá en cuenta para el cómputo de la sanción. // La libertad provisional a que se refiere este numeral será concedida por la autoridad que esté conociendo de la actuación procesal al momento de presentarse la causal aquí prevista. // 3. Cuando se dicte en primera instancia, preclusión de la investigación, cesación de procedimiento o sentencia absolutoria. // 4. Cuando vencido el término de ciento veinte (120) días de privación efectiva de la libertad, no se hubiere calificado el mérito de la instrucción. // Este término se ampliará a ciento ochenta (180) días, cuando sean tres (3) o más los sindicados contra quienes estuviere vigente detención preventiva. Proferida la resolución de acusación, se revocará la libertad provisional, salvo que .proceda causal diferente. // No habrá lugar a libertad provisional, cuando el mérito de la instrucción no se hubiere podido calificar por causas atribuibles al sindicado o a su defensor. // 5. Cuando hayan transcurrido más de seis (6) meses contados a partir de la ejecutoria de la resolución de acusación, sin que se hubiere celebrado la correspondiente audiencia pública salvo que se hubieren decretado pruebas en el exterior o se esté a la espera de su traslado, caso en el cual, el término se entiende ampliado hasta en seis (6) meses. // No habrá lugar a la libertad provisional cuando la audiencia se hubiere iniciado, y ésta se encuentre suspendida por causa justa o razonable o cuando habiéndose fijado fecha para la celebración de la misma, no se hubiere podido realizar por causa atribuible al sindicado o a su defensor. // 6. . Cuando la infracción se hubiere realizado con exceso en cualquiera de las causales eximentes de responsabilidad. // 7. En los delitos contra el patrimonio económico, cuando el sindicado, antes de dictarse sentencia, restituya el objeto material del delito, o su valor e indemnice integralmente los perjuicios ocasionados al ofendido o perjudicado. // 8. En los procesos que se adelanten por el delito de peculado, siempre que la cesación del mal uso, la reparación del daño o el reintegro de lo apropiado, perdido o extraviado, o su valor, y la indemnización de los perjuicios causados, se haga antes de que se dicte sentencia de primera instancia. // Cuando la libertad provisional prevista en los numerales cuarto (4°) y quinto (5°) de este artículo se niegue por causas atribuibles al defensor, el funcionario judicial compulsará copias para que se investigue disciplinariamente al abogado que incurra en maniobras dilatorias”.

33 Se retoman en este punto las consideraciones vertidas en la sentencia de la subsección B de 30 de abril de 2014, Exp. 27414, con ponencia de quien proyecta este fallo.

34 Sección Tercera, subsección A, sentencia de 24 de marzo de 2011, Exp. 19067, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

35 Op. cit., sentencia de 30 de abril de 2014, Exp. 27414.

36 ART. 63.—Clases de culpa y dolo. La ley distingue tres especies de culpa o descuido. // Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aún las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materia civil equivale al dolo. //Culpa leve, descuido leve, descuido ligero, es la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. Culpa o descuido, sin otra calificación, significa culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se opone al a diligencia o cuidado ordinario o mediano. // El que debe administrar un negocio Como un buen padre de familia, es responsable de esta especie de culpa. // Culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. Esta especie de culpas se opone a la suma diligencia o cuidado.// El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro.

37 Subsección B, sentencia de 18 de febrero de 2010, Exp. 17933, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

38 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera subsección B, sentencia de 18 de febrero de 2010, Rad. 52001-23-31-000-1997-08394-01(1793), C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

39 Subsección B, sentencia de 26 de octubre de 2011, Exp. 18850, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo.

40 Sección Tercera, sentencia de 1° de noviembre de 1985, Exp. 4571. En el mismo sentido: Sección Tercera, sentencia de 13 de agosto de 2008, Exp. 16533, C.P. Ruth Stella Correa, en donde se sostuvo: “La Sala reitera el criterio jurisprudencia! conforme al cual la sentencia penal que se profiera en el proceso penal que se adelante contra el servidor estatal, sea ésta condenatoria o absolutoria, no tiene efectos de cosa juzgada en la acción de reparación que se adelante contra el Estado por esos mismos hechos, porque, conforme se ha sostenido en las providencias en las que se ha acogido dicho criterio: (i) las partes, el objeto y la causa en ambos procesos son diferentes: a través del ejercicio de la acción penal, el Estado pretende la protección de la sociedad, con la represión del delito y para ello investiga quién es el autor del mismo y cuál su responsabilidad; a través del ejercicio de la acción de reparación, la víctima del daño antijurídico pretende la indemnización de los perjuicios que le ha causado el Estado con una acción que le sea imputable; (ii) los principios y normas que rigen ambos procesos son, en consecuencia, diferentes, lo cual incide, entre otros eventos en los efectos de las cargas probatorias, así: en el proceso penal la carga de la prueba de la responsabilidad del sindicado la tiene el Estado, quien deberá desvirtuar la presunción de responsabilidad que por mandato constitucional ampara a todas las personas; en tanto que en la acción de reparación directa, quien finalmente soporta los efectos adversos de la carencia de prueba de los elementos de la responsabilidad estatal es el demandante, y (iii) el fundamento de la responsabilidad del Estado no es la culpa personal del agente, sino el daño antijurídico imputable a la entidad; de tal manera que aunque se absuelva al servidor por considerar que, no obró de manera dolosa o culposa, en los delitos que admiten dicha modalidad, el Estado puede ser condenado a indemnizar el daño causado, bajo cualquiera de los regímenes de responsabilidad y, en cambio, el agente puede ser condenado penalmente, pero el hecho que dio lugar a esa condena no haber tenido nexo con el servicio”.

41 Y es que no puede perderse de vista que, como se recordó en los párrafos precedentes, dado que los procesos penales y de responsabilidad administrativa atienden finalidades disímiles y se rigen por normas, principios y objetivos diferentes, puede ocurrir que la misma conducta que, en materia penal, dio lugar a proferir medida de aseguramiento en contra del sindicado pero, a la larga, no cumplió con los requerimientos necesarios para fundar una condena —lo que en esa materia conlleva necesariamente a una sentencia absolutoria—, desde la perspectiva civil constituya dolo o culpa grave y rompa el nexo de causalidad que puede establecerse entre el daño cuya indemnización se reclama —la privación de la libertad— y la actuación de la Fiscalía General de la Nación, esto es, que configure la causal eximente de responsabilidad del hecho exclusivo y determinante de la víctima.

42 Al respecto es de señalar que resulta poco convincente que, al haber sido interrogado por la sustancia que transportaba, el señor R. C., de quien se sabe carecía completamente de instrucción, así como de los medios económicos para ser propietario de sustancias alucinógenas de la naturaleza de las incautadas, supiera a ciencia cierta que lo que llevaba era “base de coca”, denominación técnica que, por lo general, sólo utilizan las autoridades y que, curiosamente, fue el mismo empleado en el informe de la captura y la incautación —supra párr. 9.1—.

43 Vale la pena señalar que, pese a no haber estado presente en el momento de la captura del señor R. C., al referirse a lo manifestado por este último cuando tuvo la ocasión de entrevistarse con él, el oficial G. V. reseñó, grosso modo, los mismos dichos de que dio cuenta el subteniente B. H., pero enfatizando en que el señor R. C. habría insistido en que él llevaba los paquetes por necesidad pero que, en realidad, “no sabía lo que transportaba”.

44 Las declaraciones de los militares son contestes respecto al hecho de que el señor R. C. habría afirmado que recibía entre $ 50.000 y $ 80.000 por el transporte de ese tipo de paquetes pero que él no exigía precio alguno sino que se conformaba con lo que le quisieran dar.

45 Se recuerda que, de acuerdo con el informe de la incautación y la captura, se encontraron “sustancias alucinógenas en forma de pequeñas tortas una de color negro y las otras de color crema, la primera, al parecer se trata de base de coca para procesar y las siguientes al parecer la coca procesada o bazuca”.

46 Información que se confirmó con lo constatado en la diligencia de allanamiento practicada dentro del proceso penal y que el capturado libró inmediatamente a las autoridades, brindándole pistas valiosas para investigar el ilícito en profundidad.

47 En efecto, en un primer momento el sindicado señaló: “entonces lo que pasó ese día fue que el señor P. Q. estaba a acostumbrado a dejarme revueltico, entonces sacaba plátano o yuca y me dejaba resto para que se lo llevara a la casa de P. o se lo mandara con el ayudante y ese día llegó con el costalito en una moto, entonces me dijo que le hiciera, el favor y le trajera ese costalito a la casa de él que él me tiraba para el almuerzo, entonces yo cogí y lo guardé y no se me dio por curiosear a ver qué contenía ese costal, entonces al otro día me madrugué con él a las cinco de la mañana con el tiempo de lograr el carro de seis en el pueblo para yo echar una caja de gaseosas para mí, al ver que iba vacío y a pie y que el costalito era livianito yo me lo alcé inocentemente sin saber qué contenía el costal” y, más adelante: “Preguntado: Manifiéstele al despacho cuánto hace que usted le transportaba el supuesto revuelto al señor Q.? Contestó: El viejito yo no le transportaba revuelto diario, era la primera vez que le transportaba a él cosas” (fl. 36, cdno. 2).

48 Sentencia de 12 de mayo de 2011, Exp. 18902, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

49 Exp. 36149, C.P. Hernán Andrade Rincón.

50 Decreto 3120 de 1995.

51 Vp = Vh índice final
índice inicial Donde: Vp: Valor presente de la renta. Vh: capital histórico o suma que se actualiza. Índice final certificado por el DANE a la fecha de esta sentencia. Índice inicial: el de la fecha de la detención efectiva por cuenta del proceso penal que dio lugar a la acción de reparación directa.

52 Fijado por el Decreto 2738 de 28 de diciembre de 2012.

53 URIBE G., José Ignacio y GÓMEZ R., Lina Maritza. «Canales de búsqueda de empleo en el mercado laboral colombiano 2003», en Serie Documentos Laborales y Ocupacionales, N° 3, Observatorio Laboral y Ocupacional Colombiano, SENA-Dirección General de Empleo y Trabajo, Bogotá, junio de 2005, pág. 22. Fuente citada por la Sala en sentencia de 4 de diciembre de 2006, Exp. 13.168.