Sentencia 2003-02990 de noviembre 30 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente:

Danilo Rojas Betancourth

Bogotá, D.C., 30 de noviembre de dos mil diecisiete (2017).

Exp.: 42975

Rad.: 050012331000200302990 01

Actor: J. S. M. G. y otros

Demandados: Nación – Ministerio de Justicia – Fiscalía General de la Nación

Naturaleza: Reparación directa

(Legis considera conveniente que los datos de las partes y testigos, sean suprimidos por las iniciales de nombres y apellidos y en los números de cédulas reemplazados por XXX, con el propósito de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política)

EXTRACTOS: «CONSIDERACIONES

I. Competencia.

7. La Sala observa que es competente para resolver el asunto sub judice, iniciado en ejercicio de la acción de reparación directa, en atención de la naturaleza del asunto. La Ley 270 de 1996 desarrolló la responsabilidad del Estado en los eventos de error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad, para lo cual fijó la competencia para conocer de tales asuntos en primera instancia en cabeza de los tribunales administrativos y, en segunda instancia, en el Consejo de Estado, sin que sea relevante consideración alguna relacionada con la cuantía(1).

7.1. Adicionalmente, se advierte que el asunto puede ser decidido con prelación de fallo, por tratarse de una privación injusta de la libertad que entró al despacho para ser resuelta en el año 2012, de conformidad con lo decidido por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado el 25 de abril de 2013(2).

II. Validez de los medios de prueba.

8. En atención a las conclusiones que fueron consignadas por el a quo en la sentencia de primera instancia, la Sala pone de presente que si bien a la presente actuación fueron allegadas copias simples de varios documentos, las mismas podrán ser valoradas de acuerdo con el criterio establecido por la Sala Plena de Sección Tercera(3) que informa que cuando las reproducciones informales de documentos han obrado en el plenario a lo largo del proceso y han sido susceptibles de contradicción por las partes sin que éstas las tacharan de falsas, pueden ser valorados y son idóneos para determinar la convicción del juez frente a los hechos materia de litigio, pues de lo contrario se desconocerían el principio constitucional de prevalencia de lo sustancial sobre lo formal y el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, lo que a su vez iría en contra de las nuevas tendencias del derecho procesal(4).

8.1. En consecuencia, contrario a lo expuesto por el tribunal, en el caso bajo examen hay lugar a valorar la totalidad de los documentos allegados en el curso de la primera instancia.

III. Hechos probados

9. De conformidad con las pruebas incorporadas al expediente, que pueden ser valoradas, están debidamente acreditados los siguientes hechos relevantes:

9.1. La Fiscalía General de la Nación el 19 de septiembre de 2001, profirió medida de aseguramiento consistente en detención preventiva, sin beneficio de excarcelación en contra del señor J. S. M. G., entre otros, como presuntos autores responsables de los delitos de hurto calificado y agravado, secuestro simple y porte ilegal de armas de fuego y, en consecuencia, libró las órdenes de detención con destino al centro carcelario. Dentro de esta providencia el ente investigador da cuenta que la captura del señor M. G. se produjo el día 11 de septiembre de 2001 por parte de agentes de policía en el marco de un operativo desplegado por el hurto de un automotor repartidor de gas (copia simple de la providencia mediante la cual se impuso medida de aseguramiento, fls. 12-23, cdno. 1).

9.2. El 2 de enero de 2002, la Fiscalía 29 Delegada, de la Unidad Segunda Seccional de Delitos contra la Fe Pública profirió resolución de acusación en contra del señor M. G. entre otros, como presuntos autores responsables de las conductas punibles de hurto calificado y agravado, secuestro simple y porte ilegal de armas, decisión en la que además ordenó que los acusados continuaran privados de la libertad (copia simple de la resolución de acusación del 2 de enero de 2002, fls. 24-38, cdno. 1).

9.3. Mediante providencia del 2 de diciembre de 2002, el Juzgado Decimotercero Penal del Circuito condenó a J. S. M. G., entre otros, como autores responsables de las conductas punibles de secuestro simple y hurto calificado y agravado al paso que lo absolvió del ilícito de porte ilegal de armas. En el numeral sexto de la parte resolutiva de la sentencia, el operador judicial negó la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión, sin embargo reconoció como parte cumplida de la pena el tiempo que los procesados habían permanecido en detención preventiva, esto es, desde el 11 de septiembre de 2001 (copia simple de la sentencia proferida el 2 de diciembre de 2002, fls. 42-57, cdno. 1).

9.4. El 5 de febrero de 2003(5), El Tribunal Superior de Medellín, Sala de Decisión Penal, al desatar el recurso de apelación interpuesto por los condenados en contra de la sentencia de primera instancia, revocó la decisión y, en consecuencia, absolvió al señor M. G. por los delitos de secuestro simple y hurto calificado y agravado y ordenó su libertad inmediata. Para el efecto consideró:

En efecto, tanto la resolución acusatoria como en la sentencia recurrida, la prueba basilar de la acusación se apoyó siempre en las supuestas dilaciones hechas por el justiciable M. M. C. A., quien desde el momento mismo de su aprehensión, le indicó a los agentes de la policía, según estos, su conocimiento sobre los autores del ilícito patrimonial y de la retención de los trabajadores de Doragas. Sin embargo resultó infructuosa la búsqueda realizada por los agentes, pese a las indicaciones suministradas por este acriminado, pues lógicamente debió producirse la aprehensión de los plagiarios y el rescate de los secuestrados, si efectivamente hubiese sido cierta la información y la ruta emprendida, señal inequívoca entonces de la mendacidad del presunto colaborador. 

Para desorientar a los investigadores y obtener la impunidad de quienes mantenían retenidos a los trabajadores de la empresa distribuidora de gas optó determinar como contratante para efectuar el traslado del vehículo y la mercancía al hoy implicado J. S. M. G., aduciendo la calidad suya —la de C. A., se itera— de contratista, al explicar que fue aquel quien le encomendó la tarea, contrariamente a lo dicho y explicado por su compañero. Precisamente, esta instancia judicial advierte que el convenio debió realizarse entre el conductor y el líder del apoderamiento de los bienes y el secuestro, no entre este y C. A. Atendida la información suministrada por el conductor la persona con quien contrató es muy distinta al acusado M. G. 

(...) L. V. fue claro en adverar que quien lo contrató, a él exclusivamente para llevar el camión hasta un determinado sitio, ofreciéndole a cambio una liga, fue un señor de nombre J., quien se movilizaba en un automóvil blanco, Mazda y que M. M. lo acompañó porque en esos momentos no estaba haciendo nada. Esta versión fue confirmada por el propio C. A., quien además calificó de falaces las supuestas acusaciones hechas por él en contra de los otros dos retenidos, J. S. M. G. y C. A. C. B. Es más, fue enfático al afirmar que cuando su amigo J. H. lo invitó a acompañarlo no sabía nada de lo sucedido. 

(...) 

La resaltada circunstancia, anotada en la sentencia impugnada, de que C. A. hubiese aceptado los hechos y su participación en la sentencia anticipada no es argumento en contra de los encausados sometidos ahora a juzgamiento, porque además de haber sido sorprendidos en flagrancia, constitutiva en el caso en concreto de una coautoría, consideradas las condiciones de la aprehensión (cuando hacía muy poco habían perpetrado los hechos delictivos y vistiendo incluso una de las prendas distintivas de los trabajadores de Doragas) no admite discusión que su objetivo era el de obtener la rebaja consagrada en el artículo 40 del Código de Procedimiento Penal. En nada los favorecía el hecho de continuar negando su participación. Y menos puede argüirse, como se hace en la sentencia, que por la aceptación son creíbles las explicaciones suministradas a la policía. Lo único claro fue que mintió en la primera o en la segunda oportunidad, y esto infunde desconfianza a la judicatura en esta instancia judicial. 

(...) 

Como lo sostuvieron los encartados en el escrito de sustentación del recurso de alzada la prueba allegada, constituida exclusivamente por el informe de captura y su ratificación, referida a unas supuestas dilaciones de uno de los capturados en posesión del vehículo, no convalidadas por otros elementos de juicio y desvirtuadas por el justiciable C. A. C. A., no conducen a la plena certeza, sino a una duda razonable, sobre la responsabilidad de los justiciables J. S. M. G. y C. A. C. B. De las piezas procesales analizadas solo emerge un indicio de naturaleza moral, para cada uno de los procesados (el antecedente de Cano Bonilla por otro atentado contra el patrimonio económico y el de porte ilegal de armas de fuego registrado por M. G.) que obligan una decisión absolutoria con fundamento en el principio de indubio pro reo, consagrado en el artículo 7º del Código de Procedimiento Penal.

9.5. El señor J. S. M. G. es cónyuge de la señora D. V. C. y padre de Y. A., J. P., D. A. L. E. M. V. (original de los registros civiles de matrimonio y nacimiento, fls. 3-7, cdno. 1).

V. Problema jurídico.

10. La Sala debe establecer si hay responsabilidad patrimonial del Estado por la privación de la libertad a la que fue sometido el señor J. S. M. G., teniendo en cuenta que el Tribunal Superior de Medellín, Sala de Decisión Penal, lo absolvió en aplicación del principio de indubio pro reo.

VI. Análisis de la Sala.

11. De conformidad con los elementos de prueba aportados al expediente se tiene probado el daño invocado por la parte actora, es decir, está debidamente acreditado que el señor J. S. M. G. estuvo privado de la libertad desde el 11 de septiembre de 2001 hasta el 7 de febrero de 2003, es decir por espacio de 17,13(6) meses acusado de los delitos de secuestro simple y hurto calificado y agravado.

11.1. Así mismo, está probado, en virtud de las relaciones afectivas y de consanguinidad existentes entre J. S. M. G. y los señores D. V. C., Y. A., J. P., D. A. y L. E. M. V. que todos ellos sufrieron un daño moral por la detención de su cónyuge y padre, conforme a las reglas de la experiencia.

12. En cuanto al régimen de responsabilidad aplicable en estos casos, se debe precisar que el fundamento legal de la responsabilidad a cargo del Estado por daños causados con ocasión de la privación injusta de la libertad estaba constituido por el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, que disponía:

Indemnización por privación injusta de la libertad. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios. Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiese sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave. 

12.1. En interpretación de dicho artículo, el criterio de esta corporación en relación con la responsabilidad que le asiste al Estado por los casos de injusta privación de la libertad, es el siguiente:

En este orden de ideas, se señala que de manera unánime, la Sala ha adoptado el criterio conforme al cual quien hubiera sido sometido a medida de aseguramiento de detención preventiva, pero finalmente hubiera sido exonerado de responsabilidad mediante sentencia absolutoria definitiva o su equivalente(7), con fundamento en que el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no era constitutiva de hecho punible, tiene derecho a la indemnización de los perjuicios que dicha medida le hubiera causado, sin necesidad de acreditar que la misma fue ilegal, errada, o arbitraria, dado que en dicha norma el legislador calificó a priori la detención preventiva como injusta.  

En otros términos, cuando en la decisión penal definitiva favorable al sindicado, el juez concluye que las pruebas que obran en el expediente le dan certeza de que el hecho no existió, o de que de haber existido, no era constitutivo de hecho punible, o de que el sindicado no fue el autor del mismo, la medida de aseguramiento de detención preventiva que en razón de ese proceso se le hubiera impuesto deviene injusta y por lo tanto, habrá lugar a declarar la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños que la misma le hubiera causado, tanto al sindicado, como a todas las demás personas que demuestren haber sido afectadas con ese hecho, sin que para llegar a esa conclusión, en los precisos términos del último aparte de la norma citada, se requiera realizar ninguna otra indagación sobre la legalidad de la medida de aseguramiento que le fue impuesta a aquél(8). 

12.2. No obstante lo anterior, es preciso advertir que para el momento en el que se dispuso la libertad del señor J. S. M. G., ya había entrado en vigencia la Ley 270 de 1996, cuyo artículo 68 establece que “quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar del Estado la reparación de perjuicios”.

12.3. Para la Sala, esta circunstancia no impide abordar la responsabilidad de la demandada con fundamento en el criterio expuesto. En efecto, esta corporación ha considerado que si bien el artículo 68 de la Ley 270 de 1996 se refiere a la responsabilidad patrimonial del Estado en los eventos en los cuales la actuación de cualquiera de sus ramas u órganos haya sido “abiertamente arbitraria”, dicha disposición no excluye la aplicación directa del artículo 90 de la Constitución para derivar el derecho a la reparación cuando los daños provienen de una actuación legítima del Estado adelantada en ejercicio de la actividad judicial, pero que causa daños antijurídicos a las personas, en tanto éstos no tengan el deber jurídico de soportarlos.

12.4. En conclusión, de acuerdo con estos lineamientos, el caso bajo estudio implica una responsabilidad de carácter objetivo en la que no es necesario probar que la autoridad judicial incurrió en algún tipo de falla; al damnificado le basta con acreditar que contra él se impuso una medida privativa de su libertad en el trámite de un proceso judicial, que culminó con una decisión favorable a su inocencia y que le causó un daño con ocasión de la detención. Con esa demostración, surge a cargo del Estado la obligación de indemnizar los daños sufridos.

13. En el caso concreto, la Sala observa que el señor J. S. M. G. fue absuelto por el Tribunal Superior de Medellín supuestamente en aplicación del principio constitucional de indubio pro reo de manera que no es posible dar aplicación al régimen de responsabilidad que estableció el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991. Al respecto, la Sala advierte que, en efecto, el tribunal de segunda instancia refiere la falta de certeza como el principal obstáculo para dictar una sentencia de condena, en aplicación del artículo 7º de la Ley 600 de 2000, y la existencia de dudas que deben ser absueltas a favor del procesado, de acuerdo con el artículo 39 del mismo estatuto procesal.

13.1. No obstante, como lo ha aclarado la Subsección en otros asuntos similares, la simple invocación por parte del juez penal de “dudas” sobre la responsabilidad penal del inculpado, no es suficiente para concluir que se está en la presencia de una duda razonable. Sobre este punto, la Sala ha señalado que existe una diferencia sustancial entre la duda nominal, que se invoca solo como un estado psicológico del juez y que no constituye un criterio de adjudicación de responsabilidad, y la duda razonable, que surge luego de contrastarse medios de prueba de igual peso probatorio que, valorados en conjunto, impiden arribar a la certeza sobre la responsabilidad penal del acusado, de manera que la balanza debe inclinarse a su favor:

La principal razón de la defensa, acogida, además, por el a quo, radica en que el señor Poveda no fue absuelto por haberse demostrado su inocencia sino en aplicación del principio in dubio pro reo, supuesto que, en su criterio, no está incluido dentro de los casos consagrados en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal vigente para entonces. 

Al respecto, hay que decir que, si bien es dable sostener diversas posturas sobre la naturaleza de la responsabilidad estatal, en el caso de las absoluciones proferidas en virtud del principio in dubio pro reo, esta polémica no se refiere a todos los casos en los que el juez o el fiscal invocan la duda en sus decisiones, sino únicamente a aquellos en los que efectivamente cabía la duda, al punto que no procede sino absolver al acusado.

Para entender lo anterior, hay que tener en cuenta que la duda, en cuanto estado subjetivo de la conciencia, no puede ser criterio de determinación de la responsabilidad penal o estatal. Es que en su subjetividad el juez puede llegar a dudar por cualquier motivo, sólido o débil. La mera acusación o la actitud personal del sindicado pueden ser suficientes para generar duda en un juzgador, mientras que en otros casos, quien decide exigirá que una y otras sean reforzadas. Por lo tanto, si la existencia de la duda fuera criterio suficiente de la responsabilidad penal, civil o estatal, los sujetos sometidos a juicio quedarían enteramente a merced de la subjetividad o el grado de suspicacia del juez, esto es, a un factor absolutamente subjetivo y arbitrario. 

Siendo así, cabe precisar que la duda per se no es criterio de responsabilidad, pero que sí lo son los datos objetivos en los que la misma se sustenta. Esto porque de su grado de respaldo en datos externos depende que alcance el calificativo de razonable. En el caso de la responsabilidad penal, como se sabe, el umbral de la decisión lo marca el abandono o la presencia de la duda razonable, es decir, tratándose de casos en los que se discute la punibilidad de un acto, es menester que la culpabilidad esté comprobada de tal modo que una afirmación en contrario resulte descabellada. Se necesita, pues, que la explicación más probable del acto sea la de la comisión del delito y las razones exculpatorias sean significativamente improbables.

Así las cosas, se entiende que hay casos en los que existiendo pruebas sólidas sobre el hecho delictivo y la participación del reo, las mismas se contrastan con otras de igual peso que, en conjunto, impiden afirmar que la hipótesis sobre la comisión del hecho se sitúa más allá de toda duda razonable. En estos casos, la contundencia de las pruebas en uno y otro sentido simplemente impiden arribar a un juicio certero sobre lo ocurrido y en consecuencia, la duda razonable inclina la balanza a favor del acusado. 

En otros casos, la duda del juez se asienta sobre fundamentos menos sólidos, uno de los cuales puede radicar en el hecho de que la acusación no haya sido desvirtuada por completo por la defensa, a pesar de que no existan pruebas consistentes sobre el hecho criminal. En este caso, la duda subjetiva del juez no se puede considerar razonable y, por lo tanto, está excluida de los supuestos de aplicación real del principio in dubio pro reo por la simplísima razón de que no pasa de ser un estado psicológico, no fundamentado y, en consecuencia, sin sustento. Sostener lo contrario implicaría aceptar que el acusado tiene el deber de desvirtuar una presunción de culpabilidad en su contra, lo cual contradice el pilar de su inocencia que sostiene la legitimidad del Estado en materia criminal. 

Ahora bien, la Sala aprovecha la ocasión para llamar la atención sobre la irregularidad que comporta la invocación meramente nominal del principio in dubio pro reo. En efecto, aunque en la práctica la sentencia absolutoria por la demostración de la inocencia o por la ausencia o debilidad probatoria puedan tener la misma virtud absolutoria que la sentencia auténticamente proferida en virtud del principio in dubio pro reo, no ocurre lo mismo respecto del impacto que el fallo pueda tener en el buen nombre del absuelto y en el éxito de la posible acción de reparación.

Sobre lo primero, hay que notar que los derechos fundamentales al buen nombre y a la verdad exigen que el juez no declare la existencia de duda razonable (que es a la que realmente se refiere el principio in dubio pro reo), cuando lo que realmente ocurre es que se ha demostrado la inocencia o la hipótesis sobre la culpabilidad se sustenta en pruebas endebles o simplemente carece de ellas. Así el estigma social causado por la acusación de alguna manera persiste, perpetuando una situación de duda o sospecha continua que es lesiva de los derechos fundamentales.

13.2. En el presente caso, la Sala comprueba que, a pesar de que el juez penal recalcó la existencia de dudas sobre la responsabilidad del señor M. G. en los delitos de los que fue acusado, tal afirmación resulta simplemente una invocación nominal del principio in dubio pro reo, mas no una constatación efectiva y material de la presencia de una duda razonable sobre la participación del procesado en los punibles. Las razones que llevaron al juez de segunda instancia a absolver al señor J. S. M. G., se reitera, se contraen a la inexistencia de medios de pruebas suficientes para corroborar que él fue efectivamente el autor material de los delitos endilgados. Así lo reconoce al considerar que “De las piezas procesales analizadas solo emerge un indicio de naturaleza moral, para cada uno de los procesados (el antecedente de Cano Bonilla por otro atentado contra el patrimonio económico y el de porte ilegal de armas de fuego registrado por M. G.) que obligan una decisión absolutoria con fundamento en el principio de indubio pro reo, consagrado en el artículo 7º del Código de Procedimiento Penal”.

13.4. Por lo anterior, al haber comprobado que la absolución del señor J. S. M. G. tuvo sustento en la falta de pruebas sobre su responsabilidad en los delitos, la Sala debe reconocer que este no cometió los delitos por los que fue acusado y, en esa medida, su caso se subsume en uno de los supuestos del artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, que lo habilita para reclamar una indemnización del Estado por la privación de la libertad que debió soportar durante el tiempo en que fue investigado y procesado.

14. La Sala estima prudente considerar que, la conducta del procesado de ninguna manera contribuyó a la causación de su propio daño, en la medida en que cada uno de los indicios que fundamentaron la imposición de la medida restrictiva a lo largo del proceso penal fueron desvirtuados al punto que la causa culminó tras la constatación de que el procesado no había cometido la conducta punible, pues se acreditó que los hechos que dieron origen a la investigación, esto es la sindicación realizada por uno de los partícipes en el secuestro y posterior hurto —ver párrafo 9.4—, así como el informe de policía presentado, que se redactó con base en las declaraciones de los autores de los ilícitos que comprometieron la responsabilidad del aquí demandante, carecen de la virtualidad para configurar una causa extraña que pudiere romper la imputación fáctica del daño antijurídico padecido.

15. La responsabilidad patrimonial por el daño causado a los demandantes es imputable en proporciones de 80% del valor total de la condena que corresponda en contra de la Fiscalía General de la Nación y el 20% restante en contra de la Rama Judicial, pues fue en virtud de las actuaciones de la primera de las nombradas que al señor M. G. se le impuso la medida de aseguramiento, al paso que la Rama Judicial la prolongó por un término mayor a un año. No obstante, la participación en la causación del daño adjudicado a la Rama Judicial es ostensiblemente menor, pues no existe prueba en el expediente de la formulación de una solicitud elevada por el procesado en aras de que se le revocara tal restricción, la cual en los términos del artículo 392 de la Ley 600 de 2000, habilitaba al juez de la causa a realizar un control de la misma, norma que excluye la actuación oficiosa del operador judicial. Sin perjuicio de lo anterior, debe precisarse que en atención a que las obligaciones derivadas de la responsabilidad civil extracontractual son solidarias, la parte demandante puede cobrar la totalidad de lo debido a cualquiera de las referidas entidades, sin perjuicio de que con posterioridad la que debió pagar repita contra la otra por el monto que le corresponde.

VI. Liquidación de perjuicios.

15. Los demandantes solicitaron como indemnización por concepto de perjuicios inmateriales en la modalidad de perjuicios morales la suma de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de la presente sentencia para cada una de ellos, en atención a la gravedad del daño, esto es al tiempo de privación de la libertad por espacio de 17.13 meses.

15.1.. Al respecto, observa la Sala que en relación con el demandante J. S. M. G. es clara la existencia del perjuicio moral, que se derivó, tal y como lo ha deducido la jurisprudencia en casos similares, “(...) por haber sido la persona que estuvo injustamente privada de la libertad, con todas las incomodidades y sufrimientos que la restricción al mencionado derecho fundamental conlleva, sin que sea necesario aportar pruebas adicionales para acreditarlo, pues así lo enseñan las reglas de la experiencia (...)(9).

15.2. En relación con la cuantificación del perjuicio, para preservar el derecho de igualdad entre quienes acuden a la jurisdicción de lo contencioso administrativo con pretensiones similares, recientemente, mediante sentencia de 28 de agosto de 2014, la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado estableció algunos criterios o baremos que deben ser tenidos en cuenta por el juzgador al momento de decidir el monto a indemnizar en razón de los perjuicios morales causados con ocasión de la privación injusta de la libertad, sin perjuicio de que puedan ser modificados cuando las circunstancias particulares del caso así lo exijan. Se dijo:

Ahora bien, en los casos de privación injusta de la libertad se reiteran los criterios contenidos en la sentencia de 28 de agosto de 2013, proferida por la Sala Plena de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativa —radicación Nº 25.022— y se complementan los términos de acuerdo con la evolución jurisprudencial de la Sección Tercera en los términos del cuadro que se incorpora a continuación: 

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ver tabla
 NIVEL 1NIVEL 2NIVEL 3NIVEL 4NIVEL 5
Reglas para liquidar el perjuicio moral derivado de la privación injusta de la libertadVíctima directa, cónyuge o compañero (a) permanente y parientes en el 1º de consanguinidadParientes en el 2º de consanguinidadPariente s en el 3º de consanguinidadParientes en el 4º de consanguinidad y afines hasta el 2ºTerceros damnificados
Término de privación injusta en meses 50% del porcentaje de la víctima directa35% del porcentaje de la víctima directa25% del Porcentaje de la víctima directa15% del Porcentaje de la víctima directa
 SMLMVSMLMVSMLMVSM MVSMLMV
Superior a 18 meses1005035L 2515
Superior a 12 e inferior a 18904531,522,513,5
Superior a 9 e inferior a 128040282012
Superior a 6 e inferior a 9703524,517,510,5
Superior a 3 e inferior a 6502517,512,57,5
Superior a 1 e inferior a 33517,512,258,755,25
Igual e inferior a 1157,55,253,752,25

Así pues, la Sala unifica su jurisprudencia en el sentido de establecer los parámetros para cuantificar la indemnización por perjuicios morales derivados de la privación injusta de la libertad de un ciudadano, teniendo en cuenta para el efecto el período de privación de tal derecho fundamental y el nivel de afectación, esto es de cercanía afectiva entre la víctima directa del daño y aquellos que acuden a la justicia en calidad de perjudicados o víctimas indirectas, según el gráfico antes descrito(10).  

15.3. Comoquiera que está probado que el señor M. G. fue privado de su libertad, el 11 de septiembre de 2001 y puesto en libertad el 7 de febrero de 2003, esto es, por espacio de 17.13 meses, es decir por menos de dieciocho meses, la Sala considera que sería procedente indemnizar los perjuicios morales que sufrió por la suma de 90 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

15.4. De igual forma, es procedente indemnizar a los demandantes D. V. C. y Y. A., J. P., D. A. y L. E. M. V., en la medida que acreditaron ser la cónyuge e hijos del afectado directo —ver párrafo 9.5—, circunstancia por la cual, según las reglas de la experiencia, se presume que sufrieron unos perjuicios morales de igual entidad que los de aquél(11). Así a favor de los referidos accionantes se otorgará una indemnización por esta tipología de perjuicio en cuantía de 90 salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de ellos.

16. Por otra parte, el privado de la libertad solicitó que se le indemnizaran los perjuicios materiales sufridos, en la modalidad de lucro cesante, consistente en la imposibilidad de explotar el establecimiento comercial de su propiedad, el que según su dicho le generaba un ingreso mensual de $ 500.000 para la fecha de la privación de su libertad. La Sala encuentra que lo afirmado por el actor no se sustenta en ningún medio de prueba del cual se derive ni la existencia de la referida unidad comercial así como tampoco los presuntos ingresos devengados por el actor por la labor desempeñada. No obstante, ante la ausencia de un medio de prueba que acredite el monto de lo percibido por una persona en edad productiva, se acude al criterio jurisprudencial vigente según el cual, se presume que ésta devengaba por lo menos un salario mínimo, que en su valor actual corresponde a $ 737.717.

16.1. Así las cosas, se reconocerá a título de indemnización por concepto de perjuicios materiales en su modalidad de lucro cesante, a favor del señor J. S. M. G. el valor correspondiente al periodo que estuvo privado de su libertad, esto es, 17.13 meses. Para el efecto, se tomará como ingreso base el salario mínimo actualmente vigente ($ 737.717), comoquiera que esta cifra es superior a la que resulta de actualizar el valor del salario mínimo vigente al momento de los hechos. Este valor será incrementado en un 25% por concepto de prestaciones sociales ($ 922.146), en aplicación del artículo 16 de la Ley 446 de 1998, y de los principios de reparación integral y equidad contenidos en dicha norma(12).

16.2. Ahora bien, se considera procedente extender dicho período de tiempo por el término en que el señor M. G. debió quedar cesante una vez recuperó su libertad definitiva, el cual corresponderá a un período adicional de 35 semanas (8,75 meses), que corresponden al tiempo que, en promedio, puede tardar una persona en edad económicamente activa para encontrar un nuevo puesto de trabajo en Colombia, como lo ha considerado la Sala en oportunidades anteriores, con fundamento en la información ofrecida por el Observatorio Laboral y Ocupacional Colombiano, a cargo del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)(13), por lo que el período total a indemnizar será de 25,88 meses.

S= Ra (1 + i)n - 1

i

Donde:

S = Es la indemnización a obtener.

Ra = Es la renta o ingreso mensual, es decir $ 736 875.

I = Interés puro o técnico: 0.004867.

n = Número de meses que comprende el período indemnizable: 25.88 meses.

S = $ 922 146 1 + 0.004867)25.88 - 1

0.004867

S = $ 25 367 635

VI. Costas.

18. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente, y como en este caso ninguna de aquellas actuó de esa forma, no se condenará en este sentido.

19. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, se

FALLA:

REVOCAR la sentencia del 23 de septiembre de 2011 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Subsección de Reparación Directa, Sala de Descongestión mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en esta providencia.

1. DECLARAR administrativamente responsable a la Nación-Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación por la privación injusta de la libertad de la que fue objeto el señor J. S. M. G., conforme a las consideraciones expuestas en esta sentencia.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, CONDENAR a la Nación-Rama Judicial y a la Fiscalía General de la Nación a reconocer y pagar por concepto de perjuicios morales a favor de cada una de los señores J. S. M. G., D. V. C., Y. A. M. V., J. P. M. V., D. A. M. V. y L. E. M. V. la suma de noventa (90) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

3. CONDENAR a la Nación-Rama Judicial y a la Fiscalía General de la Nación, por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, a favor del señor J. S. M. G. la suma de veinticinco millones trescientos sesenta y siete mil seiscientos treinta y cinco pesos Mcte. ($ 25.367.635).

4. La responsabilidad patrimonial por el daño causado a los demandantes es imputable en proporciones de 80% en contra de la Fiscalía General de la Nación y el 20% restante en contra de la Rama Judicial. Sin perjuicio de lo anterior, debe precisarse que la parte demandante puede cobrar la totalidad de lo debido a cualquiera de las referidas entidades, sin perjuicio de que con posterioridad la que debió pagar repita contra la otra por el monto que le corresponde.

5. NEGAR las demás súplicas de la demanda.

6. SIN CONDENA en costas.

7. Todas las sumas aquí determinadas devengarán intereses comerciales moratorios a partir de la ejecutoria de la sentencia.

8. CUMPLIR la sentencia en los términos de los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

9. Por secretaría EXPEDIR copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil, que se entregarán a quien ha venido actuando como su apoderado judicial.

10. En firme este fallo, DEVOLVER el expediente al tribunal de origen para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Ramiro Pazos Guerrero, Presidente—Stella Conto Díaz del Castillo—Danilo Rojas Betancourth».

1 Para tal efecto puede consultarse el auto proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 9 de septiembre de 2008, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, Exp. 11001-03-26-000-2008-00009-00, actor: Luz Elena Muñoz y otros.

2 Allí se decidió que este tipo de casos, entre otros, se fallarían sin sujeción al turno, pero respetando la fecha de ingreso.

3 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de agosto de 2013, actor: Rubén Darío Silva Álzate, Exp: 25022, C.P. Enrique Gil Botero.

4 Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia del 28 de agosto de 2013, Exp. 25022, C.P. Enrique Gil Botero.

5 En respuesta a la prueba de oficio decretada por esta Sala mediante auto del 17 de noviembre de 2016, la Secretaría de la Sala Penal del Tribunal del Distrito Judicial de Medellín, certificó: “La sentencia ad quem fue notificada por edicto, el cual fue desfijado el 17 de febrero de ese mismo año. Luego de lo anterior, esta Secretaría dejó constancia en el sistema de gestión judicial en el sentido que el expediente fue devuelto el 11 de marzo de 2003 al juzgado de origen, esto es, al Juzgado 13 Penal del Circuito de Medellín, razón por la cual se puede inferir razonadamente que la sentencia absolutoria dictada por esta Colegiatura cobró ejecutoria, puesto que no existe anotación alguna que indique que la actuación fue objeto del recurso extraordinario de casación ante la Honorable Corte Suprema de Justicia”.

6 Pese a que en respuesta a la prueba de oficio ordenada por esta Sala el 17 de noviembre de 2016, la coordinadora de grupo de asuntos penitenciarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –Inpec, informó que revisado el aplicativo no se encontró registro alguno correspondiente al señor M. G. (fl. 339, cdno. ppal.), la Sala arriba a esta conclusión con base en la providencia mediante la cual la Fiscalía General de la Nación definió la situación jurídica del procesado —ver párrafo 9.1— al igual que lo consignado en la sentencia absolutoria de segunda instancia que ordenó su libertad inmediata, —ver párrafo 9.4—.

7 [18] “A juicio de la Sala, el derecho a la indemnización por detención preventiva debe ser el mismo cuando el proceso termine no sólo por sentencia absolutoria, sino anticipadamente por preclusión de la investigación (art. 443) o auto de cesación de procedimiento (art. 36), por cuanto éstas son decisiones equivalentes a aquélla para estos efectos. Ver, por ejemplo, sentencia de 14 de marzo y 4 de mayo de 2002, Exp. 12.076 y 13.038, respectivamente, y de 2 de mayo de 2002, Exp. 13.449”.

8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 6 de abril de 2011, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

9 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 9 de junio de 2010, Exp. 18370, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

10 Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia de 28 de agosto de 2014, Exp. 2002-02548 (36149), C.P. (E) Hernán Andrade Rincón.

11 “De otro lado, según lo ha reiterado la jurisprudencia del Consejo de Estado, en casos de privación injusta de la libertad hay lugar a inferir que esa situación genera dolor moral, angustia y aflicción a las personas que por esas circunstancias hubieren visto afectada o limitada su libertad [Entre otras, sentencia del 14 de marzo de 2002, Exp. 12076, M.P. Germán Rodríguez Villamizar]; en esa línea de pensamiento, se ha considerado que ese dolor moral también se genera en sus seres queridos más cercanos, tal como la Sala lo ha reconocido en diferentes oportunidades [Sentencia del 20 de febrero de 2008, Exp. 15980, M.P. Ramiro Saavedra Becerra.], al tiempo, el dolor de los padres es, cuando menos, tan grande como el del hijo que fue privado injustamente de su libertad, cuestión que cabe predicar por igual en relación con el cónyuge, compañera o compañero permanente o los hijos de quien debió soportar directamente la afectación injusta de su derecho fundamental a la libertad [Cf. Sentencia del 11 de julio de 2012, Exp. 23688, M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera, reiterada en sentencia del 30 de enero de 2013, Exp. 23998 y del 13 de febrero de 2013, Exp. 24296, M.P. Mauricio Fajardo Gómez, proferidas por la Subsección A de esta Sección, y en sentencia del 24 de julio de 2013, Exp. 27289, M.P. Enrique Gil Botero]”. Ibídem.

12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 5 de julio de 2006, Exp. 14686, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

13 Uribe G., José Ignacio y Gómez R., Lina Maritza, Canales de búsqueda de empleo en el mercado laboral colombiano 2003, en Serie Documentos Laborales y Ocupacionales, Nº 3, Observatorio Laboral y Ocupacional Colombiano, SENA-Dirección General de Empleo y Trabajo, Bogotá, junio de 2005, p. 22. Fuente citada por la Sala en sentencia de 4 de diciembre de 2006, Exp. 13168, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.