Sentencia 2003-02995 de noviembre 29 de 2010 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Rad.: 76001 2331 000 2003 02995 01

Consejero Ponente:

Dr. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta

Actor: Empresa de Telecomunicaciones de Palmira, Telepalmira S.A. ESP

Bogotá, D.C., veintinueve de noviembre de dos mil diez.

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, parte demandada en el proceso, contra la sentencia proferida el 7 de noviembre de 2008 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante la cual se accede a las pretensiones de la demanda de acción de nulidad y restablecimiento del derecho presentada por la Empresa de Telecomunicaciones de Palmira, Telepalmira S.A. ESP.

I. Antecedentes

1. La demanda.

La Empresa de Telecomunicaciones de Palmira, Telepalmira S.A. ESP presentó demanda ante el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho que consagra el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, con el objeto de que accediera a las siguientes

1.1. Pretensiones.

Primera. Declarar la nulidad de los siguientes actos:

— Resolución 05-064 A-2002-670-304 del 5 de agosto de 2002, por la cual se declara el incumplimiento de la obligación afianzada con la póliza de seguro de cumplimiento de disposiciones legales número CDL 01-027-0260464 de la Compañía Aseguradora de Fianza S.A. Confianza, proferida por la división de liquidación aduanera de la administración local de aduanas de Cali.

— Resolución 05-064 A- 2002-0657-000027 del 10 de octubre de 2002, por medio de la cual se corrige parcialmente la Resolución 05-064 A - 2002 - 670-304 de 2002, expedida por la división de liquidación aduanera de la administración local de aduanas de Cali.

— Resolución 05-064 A 2002-0656-000023 del 18 de octubre de 2002, por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición que interpuso contra la primera resolución, confirmándola en todas sus partes.

— Resolución 279 del 25 de noviembre de 2002, por la cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto por la Compañía Aseguradora de Fianza S.A. Confianza, contra la primera resolución, confirmándola en todas sus partes.

— Resolución 572 1769 0009 del 23 de marzo de 2003, mediante la cual se ordenó de oficio la corrección de la Resolución 05-72-0274 del 20 de noviembre de 2002, que declaró agotada la vía gubernativa, proferida por la jefe división jurídica aduanera.

Segunda. Si para el tiempo en que se vaya a proferir el fallo de fondo, ha pagado o se ha hecho efectiva la póliza de seguro de cumplimiento, condenar a la entidad demandada a pagarle la suma de $ 413.053.577, por concepto de daño emergente, más el valor correspondiente a la pérdida del poder adquisitivo del monto pagado, así como el lucro cesante que se genere, equivalente a los intereses comerciales que se lleguen a causar, y demás perjuicios morales y materiales que resulten de dicha sanción. Igualmente, que se condene en costas a la parte demandada.

1.2. Los hechos.

Como tales se hace un recuento de la actuación administrativa que dio lugar a los actos demandados, la cual tuvo como antecedente inmediato la declaración de importación para ingresar mercancía extranjera a territorio aduanero colombiano, bajo el régimen de importación temporal de largo plazo (leasing); declaración Nº 02567010511535 de 14 de febrero de 1996.

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del régimen de importación, se constituyó a favor de la DIAN la póliza de seguro de cumplimiento Nº CDL 01-027-0260464 del 6 de febrero de 1996, por un valor de $ 4.413.053.077(sic), expedida por la Compañía Aseguradora de Finanzas S.A. Confianza.

Para la época de la autorización del régimen de importación temporal se encontraba vigente el parágrafo del artículo 224 del Decreto 2666 de 1984, según el cual, para este régimen aduanero, con el pago de la totalidad de las cuotas correspondientes a los derechos de importación, la declaración de importación temporal se convertía en comprobante del despacho de consumo con la sola certificación de la aduana donde se realizaron los pagos.

Una vez se pagó la totalidad de las cuotas de tributos aduaneros correspondientes a la importación temporal en arrendamiento, dentro del plazo de los cinco (5) años, Telepalmira fue requerida por la división de servicio al comercio exterior, mediante Oficio 8205068-0471 del 9 de abril de 2002.

En respuesta al oficio, la sociedad de intermediación aduanera Alpopular, Almacén General de Depósitos manifestó por escrito que con el pago de la totalidad de las cuotas de los tributos aduaneros la declaración de importación temporal se había convertido en declaración de despacho para consumo, según lo establecía el artículo 224 del Decreto 2666 de 1984.

La administración local de aduanas de Cali consideró que no se encontró documento alguno que acreditara la terminación del régimen de importación temporal de mercancías de arrendamiento, motivo por el cual expidió la Resolución 05-064 A 2002-670-304 del 5 de agosto de 2002, en la que declaró el incumplimiento de las obligaciones aduaneras y ordenó hacer efectiva la póliza de seguro de cumplimiento. La resolución fue corregida parcialmente, por un error aritmético, mediante Resolución 05-064 A 2002- 0657-000027 del 10 de octubre de 2002.

Contra la resolución anteriormente indicada se interpusieron los recursos de reposición y apelación, con el fin de agotar la vía gubernativa.

1.3. Normas violadas y concepto de la violación.

Indica como infringidos los artículos 222 a 224 del Decreto 2666 de 1984, 111 del Decreto 1909 de 1992; 1º, 143, 147, 153, 156, 476, 482, y 569 y concordantes con el Decreto 2685 de 1999; y 29, 84 y concordantes de la Constitución Política, por razones que se sintetizan así:

En los artículos 222 a 224 del Decreto 2666 de 1984 se precisa que la autorización de importación temporal de mercancías en arrendamiento consolidaba a favor del titular del régimen todos los derechos y obligaciones previstas en ese momento por las disposiciones legales allí vigentes; en consecuencia, las disposiciones legales posteriores no afectan a los regímenes aduaneros ya autorizados, pues con ellos se desconocerían situaciones jurídicas consolidadas.

En ese sentido, con la autorización de la declaración de importación a favor de Telepalmira se consolidaron derechos y obligaciones, por lo que al aplicar una disposición con posterioridad a la autorización del régimen aduanero, como lo pretende la administración de aduanas de cali, con los actos demandados, implica darle un carácter retroactivo a la nueva ley en detrimento de una situación jurídica consolidada bajo una ley anterior.

Si la nueva ley impone una carga adicional, no contemplada en la ley vigente a la fecha de la autorización del régimen de importación de las mercancías, momento en cual se consolidaron los derechos y obligaciones del régimen, no puede aplicarse retroactivamente.

Así las cosas, los actos impugnados se fundamentaron en una normativa que no era aplicable al caso objeto del análisis, pues se apoyaron en el Decreto 2685 de 1999, en consecuencia, las resoluciones impugnadas son violatorias del ordenamiento jurídico, por lo cual están viciadas de nulidad.

2. Contestación de la demanda.

La entidad accionada se opuso a las pretensiones de la demanda y, después de contestar los hechos en que esta se fundamenta, hizo una exposición de las normas aplicables al asunto y precisó que la importación se realizó en vigencia de los decretos 2666 de 1984 y 1909 de 1992, pero cuando el contrato finalizó estaba vigente el Decreto 2685 de 1999, derogando expresamente el artículo 224 del Decreto 2666 de 1984, de tal manera que la figura de la importación temporal de largo plazo dejó de existir.

Si bien es cierto la modalidad de importación se dio bajo el régimen del Decreto 2666 de 1984, también lo es que las etapas y aspectos que sucedieran en el desarrollo del contrato sin definir se regían por el Decreto 2685 de 1999, de allí que el proceso se adelantó conforme a este último decreto, lo que motivó la declaración de incumplimiento al analizar las causales de terminación señaladas en el mismo.

Concluye diciendo que la actuación enjuiciada se ajustó a derecho y en ella se aplican las normas aduaneras pertinentes y se cumplió el procedimiento debido.

II. La sentencia recurrida

El tribunal reseñó la situación procesal, hizo un repaso de la transición normativa concerniente al régimen de importación temporal a largo plazo (leasing) y una comparación de los textos pertinentes, y advierte que debe observarse no sólo la fecha en vigencia de la norma tributaria, sino la de ocurrencia de los hechos objeto de sanción, con el fin de no agravar la carga que recae sobre el contribuyente.

Recuerda que la administración aduce que la demandante incumplió con su deber de presentar la prueba de finalización del régimen de importación temporal dentro del plazo legal, en aplicación del Decreto 2685 de 1999, vigente desde el 1º de julio de 2000; que una vez se requirió su comunicación a través de Oficio 0471 del 9 de abril de 2002, la sociedad de intermediación aduanera, al dar respuesta, señaló que de conformidad con el artículo 224 del Decreto 2666 de 1984 este régimen se encontraba debidamente finalizado.

Al respecto considera que el fundamento aducido por la sociedad intermediaria es erróneo, toda vez que el referido artículo fue modificado por el Decreto 1740 de 1991, es decir, que en las importaciones temporales de largo plazo, el hecho generador lo constituye la aceptación de la declaración que solicita el régimen y el pago correspondiente a los periodos de uso de la mercancía, de modo que la última cuota signifique el pago de lo adeudado y la libre disposición de la mercancía.

Las declaraciones de importación se presentaron el 14 de febrero de 1996 y quedaron en firme el 14 de febrero de 1999, es decir, una vez transcurrido los tres años a que se hace mención y contados desde su presentación. En ese sentido, frente a la importación de mercancías, la situación jurídica se consolida cuando adquiere firmeza la declaración de importación. Es por ello, que la norma aplicable a la importación temporal realizada por Telepalmira S.A., es el Decreto 1740 de 1991, vigente para cuando se consolidó la declaración de importación, lo que imposibilita la aplicación retroactiva de la norma aducida por la autoridad aduanera.

En lo que respecta a las sanciones tributarias, las normas aplicables son las vigentes en la fecha en que se configuren los hechos sancionables, por lo cual no es dable hacer efectivas en este caso las garantías presentadas por el contribuyente al momento de declarar las importaciones temporales, puesto que estas declaraciones se convirtieron en comprobante de despacho de consumo al cancelarse la totalidad de las cuotas correspondientes a los derechos de importación e impuestos.

Así las cosas, el artículo 569 del Decreto 2685 de 1999 no era aplicable a la actora, pues esta no pretendió modificar su declaración de importación sino hacer efectivo el derecho que contemplaba el parágrafo del artículo 224 del Decreto 2666 de 1984, con la modificación introducida por el artículo 1º del Decreto 1740 de 1991, esto es, que la DIAN certificara el pago de la totalidad de los tributos correspondientes al equipo importado temporalmente para convertir su declaración en comprobante de despacho de consumo.

Finalmente concluye que, Telepalmira S.A., cumplió con la obligación de cancelar los valores adeudados por medio de los comprobantes 9818550, 9818551, 9818655, 0002129, 9818765, 9818769, A2879131, A2879318, 140126, 140127, 140128, 140129, 0002331, A2879493 y A2879573, situación que no fue refutada por la DIAN, comprobándose así la consumación del deber aduanero adquirido con ocasión de un contrato de leasing cuya duración se fijó hasta el 26 de febrero de 2005.

De conformidad con lo anterior accede a las pretensiones de la demanda.

III. El recurso de apelación

La sentencia fue apelada por la entidad demandada, en cuya sustentación sostiene que del acervo probatorio que obra en el expediente no se permite establecer la presentación y aceptación de la declaración de legalización a la autoridad aduanera para su correspondiente autorización que permita el levante de la mercancía, ni existe prueba de la aceptación por la administración del abandono voluntario de la mercancía o de destrucción de la misma, razones que desvirtúan la posible violación al debido proceso.

Destaca que si bien es cierto la declaración se presentó en vigencia del Decreto 1909 de 1992, también lo es que su finalización se dio bajo la vigencia del Decreto 2685 de 1999, razón suficiente para que la culminación del régimen debió atemperarse a lo dispuesto por la legislación vigente al momento de la terminación.

Por lo anterior solicita que se revoque la sentencia y se nieguen las pretensiones de la demanda.

IV. Alegatos de conclusión

1. La demandante reiteró los mismos argumentos que expuso en la demanda.

2. Por su parte, la demandada afirma que el régimen de importación temporal de largo plazo de mercancías en arrendamientos para reexportación en el mismo estado, se inició bajo la vigencia del Decreto 1909 de 1992 y su finalización acaeció en vigor del Decreto 2685 de 1999, razón por la cual la terminación de la modalidad de largo plazo de leasing consagrada en el artículo 224 no opera por cuanto, una vez vencido el plazo fijado para la terminación de la importación y sin que la autoridad aduanera tenga noticia, era menester declarar el incumplimiento de la obligación aduanera y en consecuencia hacer efectiva la garantía que lo amparaba.

Finaliza reiterando la solicitud de que se revoque la sentencia y se nieguen las pretensiones de la demanda.

V. El concepto del agente del Ministerio Público

En el presente asunto, el agente del Ministerio Público no rindió concepto.

Consideraciones

1. Vistas la sentencia y la sustentación del recurso, la cuestión central que se plantea en la alzada es la de establecer si al caso en estudio se aplica el artículo 224, parágrafo, del Decreto 2666 de 1984, con la modificación introducida por el artículo 1º del Decreto 1740 de 1991, en concordancia con el artículo 219 ibídem, como lo ha sostenido la actora y lo ha aceptado el a quo, o el artículo 156 del Decreto 2685 de 1999, como lo sostiene la apelante en tanto la considera una norma procesal.

2. Los citados artículos disponen:

“ART. 219.—Terminación del régimen:

1. El régimen de la importación temporal terminará normalmente por la reexportación de la mercancía en las condiciones previstas en la autorización. La aduana que inicia el trámite de importación temporal, deberá cancelar el documento de despacho correspondiente, cuando la mercancía sea reexportada por la misma o cuando reciba la constancia del hecho, de parte de la otra aduana que controló la salida física de las mercancías.

2. También se terminará el régimen en los siguientes casos:

a) Por la declaración de la mercancía a despacho a consumo:

1. Cuando previo cumplimiento de todas las formalidades y requisitos legales el interesado así lo solicite.

2. Cuando vencido el plazo reglamentario concedido sin que la mercancía haya sido solicitada a despacho para consumo, el administrador ordenará la efectividad de la garantía constituida como sanción por la finalización del régimen y la presentación de la respectiva declaración de oficio que exija el pago de los restantes derechos de importación, del impuesto sobre las ventas y demás gravámenes, según el caso. La aduana incautará las mercancías si no se hubiesen pagado los derechos totales adeudados dentro del plazo y declarará el abandono de las mismas;

b) Cuando el administrador de la aduana estime necesario poner fin a la franquicia por incumplimiento de los requisitos legales, en cuyo caso igualmente se ordenará la declaración de oficio para su despacho a consumo;

c) Por abandono de la mercancía, que puede ser voluntario, cuando es solicitado por el propio consignatario mientras la mercancía está a su disposición: o legal, cuando habiendo vencido el plazo para su reexportación aún no ha salido del país o no ha sido puesta a disposición de la aduana y esta así lo declare, cualquiera sea el lugar de su almacenamiento;

d) Cuando la mercancía se destruya por el uso natural o por fuerza mayor o caso fortuito, justificados ante la aduana.

ART. 224.—Sustitución de mercancías de leasing. Cuando se decida la reexportación de una mercancía de “leasing” para reemplazarla por otra, la mercancía de reemplazo será objeto de una nueva declaración, aforo y cálculo de los derechos de importación, impuestos a las ventas y otros que aplique la aduana; las cuotas ya canceladas se restarán del nuevo monto total calculado y el saldo será dividido en las nuevas cuotas señaladas en las nuevas condiciones del contrato de arrendamiento registrado por la oficina de cambios.

El plazo máximo para las nuevas cuotas será el mismo aprobado para la declaración inicial.

PAR.—Cuando una importación temporal correspondiente a un arrendamiento con o sin opción de compra paga la totalidad de las cuotas correspondientes a los derechos de importación, otros impuestos y recargos que aplica la aduana, la declaración correspondiente se convierte en comprobante del despacho a consumo con la sola certificación de la aduana donde se realizaron los pagos.

“ART. 156.—(D. 2685/99) La importación temporal se termina con:

a) La reexportación de la mercancía;

b) La importación ordinaria;

c) La aprehensión y decomiso de la mercancía, cuando vencido el término señalado en la declaración de importación esta no se haya reexportado, o cuando no se cancelen los tributos aduaneros en la oportunidad establecida en el artículo 146 del presente decreto, o por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones inherentes a la importación temporal;

d) La legalización de la mercancía, cuando se presente uno cualquiera de los eventos de los previstos en el literal anterior;

e) El abandono voluntario de la mercancía o

f) La destrucción de la mercancía por fuerza mayor o caso fortuito demostrados ante la autoridad aduanera”.

3. Los hechos están referidos al régimen de importación temporal de largo plazo (leasing) que le fue autorizado a la actora mediante la declaración Nº 02567010511535 de 14 de febrero de 1996, fecha para la cual es evidente que no se había siquiera expedido el Decreto 2685 de 1999.

Sin embargo, la cuestión surge por la circunstancia de que el incumplimiento de la finalización de ese régimen que predica la DIAN se habría dado ya dentro de la vigencia del citado Decreto 2685.

4. Ello lo que comporta es un problema de tránsito de legislación sobre la materia correspondiente al caso examinado, la importación temporal de largo plazo (leasing), puesto que se inició bajo una normatividad y en su desarrollo se profirió una nueva regulación, que sustituyó o derogó la anterior.

Es sabido que en la transición jurídica se hace la distinción entre disposiciones adjetivas o procesales y disposiciones sustanciales, en razón de que el ordenamiento jurídico les da a las primeras fuerza de aplicación inmediata, excepto los términos que hubieren empezado a correr o las diligencias que se hubieren iniciado, mientras que a las segundas les otorga aplicabilidad o efectos hacia el futuro, es decir, sólo a los asuntos o hechos que surjan o sucedan bajo su vigencia.

Se trata entonces del dilema de la aplicación de la norma en el tiempo, que en relación con las normas procesales se tiene establecido que su aplicación inmediata significa que entran a regir incluso para los asuntos que se hubieren iniciado con anterioridad y, por lo tanto, bajo normas procesales distintas; lo que ha dado pie para que algunos consideren que tienen efectos retroactivos, lo cual no puede entenderse sino como efectos sobre procesos que vienen de atrás y se encuentren en curso.

Mientras que respecto de las normas sustantivas, es decir, las que regulan la materia de que trata cualquier proceso o diligenciamiento, se encuentran sujetas al principio de irretroactividad, cuyo alcance no es otro que el de la prohibición de aplicarlas a hechos o situaciones ocurridas antes de su entrada en vigencia, con las salvedades que surgen del principio de favorabilidad (V. gr. en materia penal, laboral y administrativa).

Conviene acotar que el principio de irretroactividad de la norma sustantiva es a su vez una concreción específica del principio de la seguridad jurídica que cobija los derechos y obligaciones de las personas o, lo que es igual, de las relaciones jurídicas que se dan entre los sujetos de derecho.

La anterior distinción está consagrada en los artículos 39 y 40 de la Ley 153 de 1887 y de las que consagren el principio de favorabilidad de la ley penal o cualquier otra.

En efecto, el artículo 39 establece que “Los actos o contratos válidamente celebrados bajo el imperio de una ley podrán probarse bajo el imperio de otra, por los medios que aquellas establecía para su justificación; pero la forma en que debe rendirse la prueba estará subordinada a la ley vigente al tiempo en que se rindiere”, lo cual significa que el fondo o lo sustancial de cualquier controversia sobre tales actos o contratos se siguen rigiendo por la ley bajo cuyo imperio se realizaron, mientras que la forma de resolver dichas controversias se regulan por la nueva norma que esté vigente al momento en que surjan o se estén debatiendo.

Por otra parte, el artículo 40 prevé que “las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deban a empezar a regir”, de modo que al hacer mención solamente de las referidas leyes, está excluyendo las que regulan la materia de que tratan los juicios, con lo cual está haciendo distinción entre la regulación procesal (de la ritualidad de los juicios) y la sustantiva o material, pudiéndose entender que allí está contenida también la norma relativa a este último aspecto de los procesos, luego otra lectura posible de dicho artículo es la de que las leyes concernientes a la materia de los juicios prevalecen sobre las posteriores. Es esta, pues, una disposición implícita en el artículo 40 en comento.

Las normas que establecen el principio de favorabilidad en materia penal, en cuanto establecen la aplicación preferente de la norma sustantiva posterior cuando es favorable al reo, al constituir una excepción, están significando que la regla general es lo contrario.

5. Así las cosas, el problema se reduce a establecer si las normas cuya aplicación se discute son sustantivas, como lo aduce al a quo, o procesales, como lo sostiene la entidad demandada.

6. Al punto, se sabe que las normas sustantivas son las que establecen supuestos que dan origen a derechos u obligaciones, o cuya aplicación crea o extinguen unos u otras, de suerte que tienen incidencia directa en las relaciones jurídicas de las personas.

“La norma sustantiva es la que define o demarca derechos subjetivos y sus alcances y que puede hallarse, indistintamente, como las normas adjetivas, en cualesquiera códigos o estatutos o recopilaciones de disposiciones legales. Y, en contraste, ha de entenderse por norma adjetiva aquella que señala los ritos, las formas, las maneras de actuar en determinados asuntos o circunstancias”, ha precisado esta corporación, en uno de sus muchos pronunciamientos(1) sobre el punto.

7. Vistos los enunciados de las comentadas normas, se observa de manera fácil que cada una de sus previsiones o disposiciones demarcan los derechos y, correlativamente, las obligaciones de la actora, surgidos del régimen de importación temporal a largo plazo que se le concedió en la forma atrás anotada, puesto que todas ellas no hacen sino señalar supuestos relativos a esos derechos y obligaciones, ya para la consolidación de los primeros o para la extinción de las segundas.

En nada se ocupan de los aspectos procedimentales o adjetivos atinentes a la verificación o constatación de la ocurrencia de esos supuestos y de sus consecuencias jurídicas, por ende, a la efectividad de estas últimas.

8. Por lo tanto, la Sala encuentra acertada la apreciación del a quo, en el sentido de que las normas en comento son de carácter sustantivo, luego están sujetas al principio de irretroactividad, de allí que como la situación jurídica de la actora bajo examen surgió antes de la expedición del Decreto 2685 de 1999, no es posible aplicarle su artículo 156 en tanto es una disposición de carácter sustantivo, y como en este fue que la entidad demandada sustentó la decisión acusada, es decir, la de declarar incumplida la obligación a cargo de la actora de terminar el régimen de importación temporal aludido, es obvio que tal decisión está jurídicamente infundada.

9. Lo anterior encuentra respaldo normativo específico en el artículo 569 del mismo Decreto 2685 de 1999, que a la letra dice:

“ART. 569.—Transitorio. Regímenes aduaneros.

Las declaraciones presentadas con anterioridad al 1º de julio del año 2000, se tramitarán de conformidad con las disposiciones vigentes hasta antes de dicha fecha, salvo lo relacionado con la modificación de la declaración, a la cual se le aplicarán las disposiciones contempladas en el presente decreto”.

La declaración del sub lite está dentro de la hipótesis general de esa disposición, puesto que no corresponde en forma alguna a una declaración de modificación.

10. De otra parte, la normatividad vigente a la fecha de esa declaración era el Decreto 2666 de 1984, como incluso lo acepta la entidad demandada; cuyos artículos 219 y 224 son los que regulan específicamente el asunto, luego la sentencia resulta acertada también en este aspecto, al valorar jurídicamente el caso bajo los mismos, de allí que la sentencia apelada deba ser confirmada por estar acorde con la solución que jurídicamente corresponde a la cuestión que se ha traído a la presente instancia.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMASE la sentencia del 7 de noviembre de 2008, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle de Cauca, mediante la cual declaró la nulidad de los actos demandados por Telepalmira S.A. ESP en acción de nulidad y restablecimiento del derecho en este proceso, proferidos por la administración de aduanas de Cali.

2. RECONÓCESE a la abogada María Cristina Arias Hernández, identificada con la C.C. 52.147.147 y T.P. 155.227, como apoderada judicial de la UAE - Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, en los términos y para los fines del poder conferido que obra a folio 14 de este cuaderno.

4.(sic) Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese, publíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión de 29 de noviembre de 2010.

Magistrados: Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, presidente—María Elizabeth García González—María Claudia Rojas Lasso, ausente con excusa—Marco Antonio Velilla Moreno.

(1) Sentencia de 8 de octubre de 2002, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, expediente S-739, C.P. Olga Inés Navarrete Barrero.