Sentencia 2003-03078 de abril 17 de 2013

 

Sentencia 2003-03078 de abril 17 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

Expediente: 080012331000200303078-01

Referencia: 1710-2012

Consejero Ponente:

Dr. Alfonso Vargas Rincón

Actor: Universidad del Atlántico

Demandado: Luis Carlos Hernández Esquiaqui

Bogotá, D.C., diecisiete de abril de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Para resolver, se

Considera

Pretende la Universidad del Atlántico a través de apoderado, la nulidad de la Resolución 2941 de 29 de diciembre de 1993, expedida por el señor rector del ente universitario y el gerente de la caja de previsión, mediante la cual reconoció y ordenó pagar una pensión de jubilación al demandado, en cuantía de $ 981.680.85 a partir de la fecha efectiva de retiro, por renuncia legalmente aceptada (ene. 1º/94).

Las razones sobre las cuales se edifica la demanda consisten en que la pensión no debió reconocerse con fundamento en el artículo 9º, literal b) de la convención colectiva, porque el demandado es un empleado público, a quien lo cobija la normativa general vigente para la época, es decir, la Ley 33 de 1985.

De acuerdo con lo expuesto en el acto acusado, al demandado le fue reconocida la pensión de jubilación por haber laborado 18 años, 3 meses y 18 días al servicio de la Universidad del Atlántico, contados desde el 19 de mayo de 1975 hasta el 31 de diciembre de 1993. Lapso que le sirvió para obtener el reconocimiento de la pensión de jubilación al tenor de lo establecido en el artículo 9º, literal c) de la convención colectiva de trabajo de 1976.

La anterior disposición previó lo siguiente:

“ART. 9º—La universidad pagará a los profesores y trabajadores la pensión de jubilación según las siguientes reglas:

(...).

b) Con (15) o más años de servicio y menos de veinte (20) a cualquier edad sí es retirado sin justa causa o renuncie voluntariamente”.

c) Con veinte años de servicio o más, cualquiera que sea la causa de la terminación del contrato y a cualquier edad.

En consecuencia, el problema jurídico gira en torno a determinar si, como lo pretende la entidad demandante, las normas a la luz de las cuales se le reconoció el derecho están amparadas por el artículo 146 de la Ley 100 de 1993 y por tal razón hay lugar a mantener el acto acusado, o si por el contrario, el derecho pensional del señor Luis Carlos Hernández Esquiaqui, se rige por las normas generales anteriores a la Ley 100 de 1993 que regulaban el régimen prestacional de los empleados públicos, por encontrarse cobijado por el régimen de transición.

En orden a resolver el problema jurídico, se hacen necesarias las siguientes precisiones:

Esta corporación en relación con el asunto objeto de estudio, ha reiterado que las entidades territoriales o las universidades públicas no están facultades para expedir actos de reconocimiento pensional con fundamento en acuerdos internos o extralegales, dado que la competencia para fijar el régimen prestacional de los empleados públicos territoriales, antes de la Constitución de 1991, estaba atribuida al legislador(1) y con la entrada en vigencia de la nueva Carta es una competencia compartida, entre el Congreso por mandato del artículo 150, numeral 19 literal e), quien debe expedir las leyes y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno Nacional para regular el régimen prestacional de los servidores públicos según el artículo 12 de la Ley 4ª de 1992.

Sin embargo, en el nivel territorial coexistían regímenes prestacionales extralegales contrarios a la Constitución y a la ley, y la Sala ha venido aplicando el contenido del artículo 146 de la Ley 100 de 1993, en virtud del cual se avalan las situaciones jurídicas definidas en disposiciones de las entidades territoriales, como una protección a los derechos adquiridos conforme a las disposiciones normativas preexistentes.

La norma citada textualmente, dispone:

ART. 146.—Situaciones jurídicas individuales definidas por disposiciones municipales o departamentales. Las situaciones jurídicas de carácter individual definidas con anterioridad a la presente ley, con base en disposiciones municipales o departamentales en materia de pensiones de jubilación extralegales en favor de empleados o servidores públicos o personas vinculadas laboralmente a las entidades territoriales o a sus organismos descentralizados, continuarán vigentes.

(...).

Lo dispuesto en la presente ley no afecta ni modifica la situación de las personas a que se refiere este artículo.

La anterior disposición fue declarada exequible por parte de la Corte Constitucional, con fundamento en lo siguiente:

El inciso primero de la norma en referencia se encuentra ajustado a los preceptos constitucionales y en especial a lo previsto en el artículo 58 de la Constitución Política, según el cual “se garantizan los derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores”.

En efecto, ha expresado la jurisprudencia de la corporación, que los derechos adquiridos comprenden aquellas situaciones individuales y subjetivas que se han consolidado y definido bajo la vigencia de la ley, y por ende ellos se encuentran garantizados, de tal forma que no pueden ser menoscabados por disposiciones futuras, basado en la seguridad jurídica que caracteriza dichas situaciones.

Desde luego que lo que es materia de protección constitucional, son las situaciones jurídicas definidas, y no aquellas que tan solo configuran meras expectativas.

(...).

Así pues, como lo determina expresamente el inciso primero del artículo 146 de la Ley 100, las situaciones jurídicas de carácter individual definidas con anterioridad a la presente ley, en materia de pensiones de jubilación extralegales, continuarán vigentes, con lo cual se desarrolla el mandato constitucional que ampara los derechos adquiridos, ya que las situaciones que se consolidaron bajo el amparo de la legislación preexistente no son susceptibles de ser alteradas o modificadas por la nueva ley.

De esta manera, teniendo en cuenta la intangibilidad de los derechos adquiridos de los pensionados por jubilación del orden territorial antes de la expedición de la Ley 100 de 1993, las situaciones jurídicas individuales definidas con anterioridad, por disposiciones municipales y departamentales, deben continuar vigentes.

Por lo tanto, se declarará la exequibilidad del inciso primero del artículo acusado, así como del inciso segundo, en la parte que reconoce el derecho a pensionarse con arreglo a las disposiciones municipales o departamentales en materia de pensiones de jubilación extralegales, para quienes con anterioridad a la vigencia de este artículo hayan cumplido los requisitos exigidos en dichas normas. Ello con fundamento en la garantía de los derechos adquiridos, reconocida por el artículo 58 superior, por tratarse de situaciones adquiridas bajo la vigencia de una ley anterior al nuevo régimen de seguridad social (L. 100/93)(2).

Ahora bien, el artículo 146 había extendido el beneficio a aquellas situaciones definidas dentro de los dos años siguientes a la entrada en vigencia, sin embargo, la Corte Constitucional en Sentencia C-410 de 28 de agosto de 1997 declaró inexequible dicho aparte.

A pesar de lo anterior, la Sección Segunda - Subsección B de esta corporación en sentencia de 7 de octubre de 2010, manifestó lo siguiente:

“A pesar de la claridad de dicha afirmación, la operancia de la protección inicial por dos años regulada por la ley genera un conflicto frente a los efectos de la Sentencia C-410 de 1997, así:

Los efectos de las sentencias de la Corte Constitucional por las cuales se decide la declaratoria de inexequibilidad de una norma, por regla general, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 de la ley estatutaria de la administración de justicia, tienen efectos hacia futuro; salvo que la misma Corte expresamente manifieste los alcances que le dé a la misma.

En el presente asunto la Corte Constitucional reconoció para efectos de fijar su competencia que al momento del fallo los dos años ya habían transcurrido, pero que podían existir situaciones aún no definidas que se verían afectadas por el pronunciamiento, razón por la cual el mismo era necesario. Al respecto, argumentó:

“Es pertinente precisar ante todo, que aunque el término de dos años fijado en el artículo 146 de la Ley 100 de 1993, a partir de la vigencia de esta para que los servidores públicos del orden departamental y municipal tengan derecho a pensionarse ya se cumplió —pues ella entró a regir el 23 de diciembre de 1993 —, es evidente que dicho precepto aún sigue produciendo efectos jurídicos en relación con quienes se encontraban en dicha situación y se encuentran aún en proceso de definición, lo que hace indispensable realizar el examen de constitucionalidad con respecto a la norma demandada”.

En la Sentencia C-410 de 1997 la Corte no moduló los efectos de la declaratoria de inconstitucionalidad del aparte en estudio, razón por la cual, ha de entenderse que ellos son ex nunc. Lo anterior implica que deben avalarse las situaciones que durante la vigencia del texto inicial del artículo 146 de la Ley 100 de 1993 se adquirieron.

Por lo expuesto, resulta válido afirmar que no solo las situaciones que se consolidaron o adquirieron con anterioridad al 30 de junio de 1995 con fundamento en normas municipales o departamentales, se reitera, a pesar de su ilegalidad, quedan amparadas por lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley 100 de 1993; sino también aquellas que se adquirieron antes del 30 de junio de 1997, pues, se reitera, estas últimas no se vieron afectadas por la declaratoria de inexequibilidad efectuada con la Sentencia C-410 de 28 de agosto de 1997, dados los efectos de la misma” (se resalta).

En las anteriores condiciones, el artículo 146 de la Ley 100 de 1993, dejó a salvo las pensiones reconocidas con anterioridad a su vigencia con fundamento en disposiciones territoriales extralegales.

Además, todas aquellas situaciones jurídicas individuales que fueron definidas con fundamento en disposiciones extralegales bien fueran departamentales, a favor de los empleados de entidades territoriales y de sus organismos descentralizados antes del 30 de junio de 1997, continuarían vigentes.

A las situaciones jurídicas individuales definidas al amparo de tales disposiciones, son a las que apuntó el artículo 146 de la Ley 100 de 1993, estableciendo que “continuarían vigentes” y que la Corte Constitucional en la sentencia antes citada declaró exequible, por encontrarlo ajustado a los preceptos constitucionales, en especial a lo previsto en el artículo 58, como una clara expresión de garantía de los denominados “derechos adquiridos”.

Establecido lo anterior, se tiene lo siguiente:

Al confrontar la resolución demandada con el artículo 146 de la Ley 100 de 1993, la Sala considera que no existe la causal de ilegalidad invocada por la demandante, pues como se vio, dicha norma protegió temporalmente los efectos de las normas territoriales y las proferidas por los entes descentralizados del mismo orden en materia pensional. Por lo tanto, los actos administrativos que reconocieron derechos pensionales con fundamento en convenciones colectivas de la Universidad, fueron legalizados por esta disposición en los términos anteriormente expuestos.

Por consiguiente, es claro que al haberse consolidado el derecho pensional con anterioridad al 30 de junio de 1997, y haber obtenido su reconocimiento pensional el 23 de diciembre de 1993, cuando ya había superado las condiciones señaladas en el literal b) del artículo 9º de la convención colectiva de trabajo de 1976, es decir más de 15 años de servicios y cualquier edad, por cuanto completó más de 18 años de servicios, es decir tiene un derecho adquirido que debe ser respetado.

En conclusión, le asiste razón al tribunal en su decisión teniendo en cuenta, como ya se expuso, que el artículo 146 de la Ley 100 de 1993, dejó a salvo las pensiones reconocidas con anterioridad a su vigencia con fundamento en disposiciones territoriales extralegales.

La universidad demandante, insiste en afirmar que al beneficiario de la pensión aquí atacada, no lo cobijaba la convención que sirvió de fundamento para el reconocimiento de la pensión, por ser empleado público, pues si bien estos últimos no pueden beneficiarse de las prerrogativas que contienen las convenciones colectivas, no puede dejarse de lado el artículo 146 de la Ley 100 de 1993 y hasta el mismo razonamiento expuesto por la Corte Constitucional en la Sentencia C-410 de 1997 que le sirvió de fundamento para declarar la exequibilidad del citado precepto.

Con relación al resto de argumentos que esgrime en la apelación que tiene que ver específicamente con que no se allegó la convención colectiva en copia auténtica, como tampoco el acta de depósito de la misma, ni las calidades del sindicato, por ser cargos nuevos, no puede ser objeto de estudio, por cuanto considerarlos vulneraría el derecho de defensa de la contraparte.

Por las razones aquí expuestas, la Sala confirmará la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante la cual negó las súplicas de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE por las razones aquí expuestas, la sentencia de 3 de mayo de 2012 proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, dentro del proceso promovido por la Universidad del Atlántico, contra el señor Luis Carlos Hernández Esquiaqui.

Cópiese, notifíquese y ejecutoriada esta providencia devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase».

(1) Constitución Política de 1886 artículo 76 Nº 9ª. Determinar la estructura de la administración nacional mediante la creación de ministerios, departamentos administrativos y establecimientos públicos, y fijar las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos, así como el régimen de sus prestaciones sociales” (resaltado fuera de texto).

(2) Corte Constitucional. Sentencia C-410 de 1997, M.P. Hernando Herrera Vergara.