Sentencia 2003-03441/175-12 de mayo 27 de 2015

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN “B”

Ref.: Expediente 050012331000200303441 01

Numero Interno 0175-12

Consejero Ponente:

Dr. Gerardo Arenas Monsalve

Autoridades nacionales

Actor: Alba Rosa Aguirre Gil

Bogotá, D. C., veintisiete de mayo de dos mil quince.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

1. Problema jurídico.

La Sala debe resolver si los actos que fueron declarados nulos por el Tribunal Administrativo de Antioquia, por medio de los cuales se declaró insubsistente por calificación insatisfactoria, se excluyó de carrera judicial y canceló la inscripción en el escalafón, de Alba Rosa Aguirre Gil como oficial mayor grado 10 del Juzgado 02 Promiscuo Municipal de Sabaneta, se encuentran afectados por las causales de nulidad de falsa motivación y desviación de poder.

Para el estudio de los cargos la Sala precisará el marco legal de la carrera judicial y particularmente el tema de la calificación de servicios, para luego analizar los cargos a la luz de las normas señaladas y del acervo probatorio allegado.

1.1. Los actos demandados.

— Resolución 15 de 18 de junio de 2002(8), expedida por el Juez 2º Promiscuo Municipal de Sabaneta, Antioquia, por medio de la cual calificó insatisfactoriamente los servicios prestados por la actora en el cargo de oficial mayor, grado 10 en propiedad, para el período comprendido entre el 1º de febrero de 2002 y el 18 de junio del mismo año, evaluación que realizó por necesidades del servicio (fls. 2-5).

“Calificación o evaluación de servicios

Corporaciones y despachos judiciales

Empleados con funciones de sustanciación.

Factor calidad7.00
Factor eficiencia y rendimiento12.00
Factor organización trabajo7.00
Factor publicaciones00.00
Calificación integral:30 Insatisfactoria

Motivación de la evaluación

La empleada calificada pese haber pasado el concurso de méritos para estar en la carrera judicial y de haber laborado en provisionalidad en diferentes juzgados municipales de algunos municipios de Antioquia, no cuenta con la preparación ni con los conocimientos jurídicos necesarios para desempeñar el cargo de oficial mayor grado diez, ya que en este debe especialmente estar capacitada para evaluar procesos, impulsarlos mediante autos de sustanciación y proyectar providencias interlocutorias, tarea que requiere conocimientos básicos jurídicos, capacidad de redacción y de escritura, de lo cual carece.

Como escribiente que es en el grado de oficial mayor, solo puede elaborar oficios, autos de sustanciación predeterminados en plantillas, lo que efectúa con graves problemas de redacción y de mecanografía (…), pues su desconocimiento de la básico del ordenamiento jurídico la lleva a no incluir el fundamento jurídico en cada actuación que se le encomienda (…).

Como mecanógrafa, incurre frecuentemente en errores (…) lo cual va en detrimento de la calidad de su trabajo y del servicio del juzgado.

En cuanto a la disposición para realizar su trabajo o contribuir al mejoramiento del servicio del juzgado es inexistente, (…) cuando se supone que por su grado, debe estar permanentemente estudiando los diferentes procesos para su impulso y “adelanto” (sic) por parte del despacho en los eventos en que sea obligación del despacho impulsarlos.

Se denota por su labor en el juzgado una fuerte despreocupación por el conocimiento jurídico y por ello no puede proyectar providencias de fondo, incluso de aquellas que ya existen en plantilla y modelos predeterminados y no se preocupa por mejorar los pocos conocimientos que tiene es estas materias.

De lo anterior existen suficientes pruebas como es una carpeta con 94 folios que corresponden a las continuas correcciones que hay que hacerle a su trabajo e igualmente existen cinco (5) memorandos (…) que se han producido por la falta de respuesta a los llamados verbales que se le han hecho (…).

En síntesis se tiene que la empleada no merece una calificación mayor y que no está capacitada para desempeñar el grado de oficial mayor grado diez, el cual viene desempeñando desde el 1º de febrero del año 2002”.

— Resolución sin número de 8 de julio de 2002, proferida por el mismo funcionario, por medio de la cual resolvió el recurso de reposición(9), no reponiendo el acto administrativo impugnado y negando el recurso de apelación argumentando que era el mismo nominador de la actora, lo que hacía improcedente el recurso contra estas decisiones.

— Resolución de 23 de 16 de junio de 2002(10), “por medio del cual se procede a calificar por necesidad del servicio a una empleada”, proferido por el mismo Juez 2º Promiscuo Municipal, en uso de las facultades legales y en especial las conferidas por los artículos 169 a 171 y 173 de la Ley 270 de 1996, en la que señaló (fl. 16):

CONSIDERANDO

(…)

2. Que la señora Alba Rosa Aguirre Gil identificada (…), tomó posesión del cargo de oficial mayor grado diez en propiedad el día primero (1º) de febrero del año dos mil dos (2002), calidad que la hace objeto de calificación conforme a lo dispuesto en los artículos 169, 170 y 171 de la Ley 270 de 1996.

3. Que el desempeño de señora Alba Rosa Aguirre Gil durante el período comprendido entre su posesión en el cargo y la fecha actual, no ha sido acorde a las necesidades del juzgado, a su carga laboral y ha resultado perjudicial para el normal desempeño del juzgado en virtud de su falta de conocimientos e incompetencia para desempeñar las labores propias del cargo.

4. Que por necesidad del servicio, se ordenó proceder a su calificación en aras de cumplir con la función pública y mejorar el servicio dentro del juzgado, garantizando con ello el servicio permanente de la administración de Justicia.

5. Que la señora Alba Rosa Aguirre Gil durante el período comprendido entre su posesión en el cargo y la fecha actual, no ha respondido acorde a las necesidades del juzgado, a su carga laboral, lo que se ha traducido en perjuicio para el normal desempeño del juzgado en virtud de su falta de conocimientos e incompetencia para desempeñar las labores propias del cargo, lo que llevó a obtener una calificación insatisfactoria en el proceso de calificación a la cual fue sometida por necesidad del servicio.

6. Que la señora Alba Rosa Aguirre Gil fue debidamente notificada de la calificación insatisfactoria y contra ella interpuso agotamiento la (sic) vía gubernativa, los recursos de reposición como principal y en subsidio el de apelación.

7. Que en la fecha Julio 8 del año 2002 se le notificó personalmente a la señora Alba Rosa Aguirre Gil la providencia mediante la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto por ella contra el acto de calificación insatisfactoria, no reponiendo y a la vez se negó el recurso de apelación por ser improcedente éste, con lo cual se entiende agotada la vía gubernativa y en firme el acto de calificación.

8. Que los efectos de la calificación insatisfactoria en este caso son los señalados en los artículos 172 y 173 de la Ley 270 de 1996.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la insubsistencia de la empleada Alba Rosa Aguirre Gil actual oficial mayor frado diez en propiedad de este juzgado por haber sido calificada insatisfactoriamente y ordenar su retiro de la carrera judicial con fundamento en los artículos 172 y 173 de la Ley 270 de 1996 y en lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución.

SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior declaración se ordenará hacer las comunicaciones del caso a efectos de que se produzca el retiro de la señora Alba Rosa Aguirre Gil de la carrera judicial.

(…)”.

— Resolución sin número de 1º de agosto de 2002(11) (fls. 22-25), proferida por el mismo funcionario, por medio de la cual resolvió el recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la anterior resolución de 23 que declaró insubsistente a Alba Rosa Aguirre Gil, no reponiendo la misma por considerar que existía una causal objetiva para su declaratoria de insubsistencia, consistente en la calificación insatisfactoria; negó el recurso de apelación por improcedente y ordenó darle inmediato cumplimiento.

Como argumentos para la decisión anterior indicó, entre otras, que existían razones jurídicas para mantener la Resolución 23 atacada, ya que no era procedente la impugnación y que el único recurso que le cabía, esto es, el de reposición, ya estaba resuelto; que el denuncio penal y la tutela interpuesta por la actora en contra del Juez tampoco incidían en la expedición de la citada resolución ya que habían sido puestas después de su expedición y notificación; que ni el recurso de apelación ni el de queja le cabían a estos actos, de manera que no había impedimento para ejecutar las decisiones; y que las pruebas solicitadas eran irrelevantes, impertinentes e inconducentes, toda vez que a la fecha la actora todavía no había sido excluida de la carrera judicial.

— Resolución sin número de 12 de agosto de 2002 (fls. 30-33) expedida por el Juez 2º Promiscuo Municipal, por medio del cual decidió no reponer el acto de 1º de agosto anterior, por considerar que era un acto definitivo al que no le cabía el recurso de reposición nuevamente interpuesto por la demandante.

— Resolución 161 de 25 de febrero de 2003(12) emanada del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, Sala Administrativa, por medio de la cual se excluyó a la señora Alba Rosa Aguirre Gil del registro nacional de escalafón judicial por calificación insatisfactoria (fl. 47).

— Resolución 003 de 8 de abril de 2003 proferida por la misma Sala, negando La revocatoria de la Resolución 161 anterior y concediendo el recurso de apelación (fl. 55).

— Resolución 090 de 14 de mayo de 2003(13) proferida por la Sala Administrativa de la Unidad de Administración de la Carrera Judicial, que resolvió el recurso de apelación confirmando la Resolución 161 de 2003, que excluyó a la actora de la carrera judicial (fls. 57-63). A folio 64 se anexó un escrito en el que la demandante solicitó al Consejo Superior de la Judicatura, aclaración de esta resolución en cuanto señaló que “la calificación de servicios de la señora Alba Rosa Aguirre Gil se encuentra en firme toda vez que contra ella no se interpuso oportunamente el recurso procedente, esto es, el de reposición” por ser una aseveración falsa.

— Resolución 033 de 30 de mayo de 2003(14) por medio de la cual el Juez del Juzgado 2º Promiscuo Municipal de Sabaneta, Antioquia, “Decreta el retiro definitivo del servicio de la señora Alba Rosa Aguirre Gil (…) a partir del 30 de mayo de 2003 (fl. 66).

1.2. Lo probado en el proceso.

Además de las pruebas que se esquematizan en los cuadros que se insertan más adelante, se encuentran las siguientes:

A folio 230 se anexó copias del acta de nombramiento de 10 de septiembre de 2004 y posesión de 1º de octubre del mismo año de la demandante en el Juzgado Promiscuo de Familia de Apartadó, en el cargo de sustanciadora en propiedad.

Igualmente se anexó un oficio enviado por los nuevos funcionarios del Juzgado 2º Promiscuo Municipal de Sabaneta al Tribunal Superior de Medellín, el 21 de octubre de 2002, en el que manifestaron tener una buena relación con el juez, quien consideran que es una persona justa y organizada y con el cual no tienen los inconvenientes que su compañera Alba Rosa denunció. Solicitaron una pronta solución a los problemas existentes, pues esas malas relaciones han ocasionado perjuicio en la labor de todos los empleados (fl. 70, cdno. 5).

A folio 254 del cuaderno principal, se expidió una constancia de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria en la que se relacionaron las quejas presentadas contra el citado juez y el trámite dado a las mismas, indicando que fueron archivadas por no encontrar mérito para abrir investigación disciplinaria.

De folios 106 a 113 del cuaderno 4, obran comunicados de julio de 2002 entre Asonal y el Consejo Seccional de la Judicatura, sobre las averiguaciones adelantadas respecto a las quejas presentadas por los servidores del Juzgado 2º Promiscuo Municipal de Sabaneta, en contra del titular, en la que informan las actuaciones, sin decisiones definitivas.

De folios 75 a 80 se anexaron testimonios de Eifer Augusto Zuluaga Pineda, Iván de Jesús Arango Ocampo, Ramón Echeverry, Ángel Augusto Alvarez Vanegas, compañeros de trabajo de la demandante, quienes manifestaron que conocieron desempeñando sus labores en diferentes juzgados, desde el año 1990, calificándola como una persona eficiente, conocedora y cumplidora del deber.

2. Marco Legal de la carrera judicial y la evaluación de servicios.

El Constituyente de 1991 en el artículo 256, le asignó la administración de la carrera judicial al Consejo Superior de la Judicatura, por lo que el legislador, mediante la Ley 270 de 1996, Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, reguló la carrera judicial de la siguiente manera:

“ART. 157.—Administración de la carrera judicial. La administración de la carrera judicial se orientará a atraer y retener los servidores más idóneos, a procurarles una justa remuneración, programas adecuados de bienestar y salud ocupacional, capacitación continua que incluya la preparación de funcionarios y empleados en técnicas de gestión y control necesarias para asegurar la calidad del servicio, exigiéndoles, al mismo tiempo, en forma permanente conducta intachable y un nivel satisfactorio de rendimiento”.

“ART. 160.—Requisitos especiales para ocupar cargos en la carrera judicial. Para el ejercicio de cargos de carrera en la rama judicial se requiere, además de los requisitos exigidos en disposiciones generales, haber superado satisfactoriamente el proceso de selección y aprobado las evaluaciones previstas por la ley y realizadas de conformidad con los reglamentos que para tal efecto expida la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

El acceso por primera vez a cualquier cargo de carrera requerirá de la previa aprobación del curso de formación judicial en los términos que señala la presente ley”.

“ART. 169.—Evaluación de servicios. La evaluación de servicios tiene como objetivo verificar que los servidores de la rama judicial mantengan en el desempeño de sus funciones los niveles de idoneidad, calidad y eficiencia que justifican la permanencia en el cargo.

Las corporaciones y los despachos judiciales, prestarán el apoyo que se requiera para estos efectos y suministrarán toda la información que posean sobre el desempeño de los funcionarios que deban ser evaluados”.

“ART. 171.—Evaluación de empleados. Los empleados de carrera serán evaluados por sus superiores jerárquicos anualmente, sin perjuicio de que, a juicio de aquéllos, por necesidades del servicio se anticipe la misma.

La calificación insatisfactoria de servicios dará lugar al retiro del empleado. Contra esta decisión proceden los recursos de la vía gubernativa”.

“ART. 173.—Causales de retiro de la carrera judicial. La exclusión de la carrera judicial de los funcionarios y empleados se produce por las causales genéricas de retiro del servicio y la evaluación de servicios no satisfactoria”.

Por su parte, el Consejo Superior de la Judicatura, en ejercicio de las atribuciones conferidas por los artículos 256, numerales 1º y 4º, de la Constitución, y 170 de la Ley 270 de 1996, expidió el Acuerdo 198 de 3 de septiembre de 1996(2), que reglamentó la calificación o evaluación de servicios de los funcionarios y empleados del sistema de carrera de la Rama Judicial en los siguientes términos:

“ARTÍCULO PRIMERO. La calificación o evaluación de servicios tiene como objetivo velar porque los servidores de carrera de la rama judicial mantengan en el desempeño de sus funciones los niveles de idoneidad, calidad y eficiencia que justifiquen su permanencia en el cargo.

(...)”.

ARTÍCULO NOVENO. La calificación o evaluación de los magistrados de tribunales superiores y administrativos se llevará a cabo cada dos años.

Los jueces y los empleados serán calificados o evaluados anualmente, sin perjuicio de que en el caso de éstos últimos, sea anticipada por necesidades del servicio, a juicio del respectivo superior jerárquico.

PAR.—El período de calificación o evaluación se iniciará el primero de enero y la consolidación de los correspondientes factores se hará en los meses de abril y mayo del año siguiente al vencimiento de éste.

“ARTÍCULO ONCE. La calificación o evaluación de servicios deberá ser motivada y resultante de un control permanente del desempeño del funcionario o empleado y comprenderá los factores de calidad, eficiencia o rendimiento, organización del trabajo y publicaciones, así:

— Calidad: se evaluará de 1 a 40 puntos.

— Eficiencia o rendimiento: se evaluará de 1 a 40 puntos.

— Organización del trabajo: se evaluará de 1 a 15 puntos.

— Publicaciones: se evaluará de 1 a 5 puntos.

La evaluación de los factores y el resultado total de la calificación o evaluación de servicios se dará siempre en números enteros”.

“ARTÍCULO DOCE. La calificación o evaluación comprenderá todos los aspectos dentro de la siguiente escala:

— De 90 hasta 100: Excelente

— De 60 hasta 89: Buena

— De 1 hasta 59: Insatisfactoria

Se tendrán, para todos los efectos, como insatisfactorias las evaluaciones de servicios en que se obtenga un puntaje total inferior a 60 puntos, o cuando el resultado del factor calidad o del factor rendimiento sea inferior a 20 puntos”.

ARTÍCULO TREINTA Y CUATRO. La calificación o evaluación de servicios de los empleados se hará de conformidad con los indicadores de desempeño que determine la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

ARTÍCULO TREINTA Y CINCO. La calificación o evaluación de servicios se realizará mediante el diligenciamiento del formulario diseñado para tal fin por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y que será suministrado directamente o a través de la Sala Administrativa de los Consejos Seccionales de la Judicatura.

De las normas transcritas se puede colegir de manera general que el sistema de carrera judicial propende la realización del principio de estabilidad en el empleo previsto en el artículo 53 de la Constitución, al buscar la escogencia de los mejores funcionarios basado en el mérito, para obtener una justicia eficaz, oportuna y competente. Bajo ese entendido, la selección por concurso público en igualdad de oportunidades y enmarcado en criterios de imparcialidad y objetividad, sin consideraciones subjetivas, es el mecanismo idóneo, lo mismo que la calificación periódica, que permite evaluar el servicio prestado por el funcionario para mantener los niveles de eficiencia y continuidad en el cargo.

Ahora bien, el acto de calificación debe ser motivado de acuerdo a los criterios señalados en la norma: calidad, eficiencia o rendimiento, organización del trabajo y publicaciones, sustento que además de cumplir con el debido proceso y permitir la defensa y contradicción del calificado, facilita una reingeniería entre el superior y el empleado, para superar las deficiencias encontradas y alcanzar los estándares de excelencia que la justicia requiere, o, definitivamente, cambiarlo dado que no cumplió con los esquemas exigidos.

La calificación debe realizarse anualmente por el superior funcional, pero puede anticiparse por necesidades del servicio. Si la evaluación no es satisfactoria, hay lugar al retiro del empleado y a la exclusión de la carrera judicial.

Conforme al marco jurídico expuesto y al acervo probatorio allegado, la Sala analizará los cargos de falsa motivación y desviación de poder, que se concretan de acuerdo a lo expuesto en la demanda.

3. Falsa motivación.

La motivación de un acto responde a las razones de hecho o de derecho que determinan su expedición. En tratándose de la calificación de servicios como ya se dijo, deben tenerse en cuenta los criterios legales y reglamentarios que están expresamente previstos para tal fin, como son el de calidad, eficiencia, organización del trabajo y publicaciones. El resultado de tal ejercicio lleva a una declaración que puede ser positiva o negativa, entendiendo la primera, como aquella que supera el umbral para mantener el empleo, y la segunda, la calificación por debajo de los estándares mínimos, que da lugar a la insubsistencia.

El Juez 2º Promiscuo de Sabaneta en su calidad de superior funcional calificó a Alba Rosa Aguirre por su desempeño en el cargo de oficial mayor grado 10 de ese despacho, el 18 de junio de 2002, por el periodo comprendido entre el 1º de febrero al 18 de junio del referido año, con un puntaje insatisfactorio de 30 puntos, utilizando el formato existente para tal efecto, el cual complementó con anexo motivado, en donde amplió las razones que lo llevaron a calificar con ese puntaje a la actora. Los factores fueron evaluados así:

Factor calidad (1-40 puntos)
Juicio jurídicoGeneralmente presenta errores en el estudio, análisis, precisión y concreción de los hechos materia de los debates, las pruebas y la aplicación de las normas sustantivas y de procedimiento para la elaboración de los proyectos de providencia.
De 5 a 0

5
Análisis normativoRara vez presenta los estudios legales, jurisprudenciales y doctrinales relacionados con los asuntos a cargo del despacho.
De 1 a 0

1
Manejo gramatical, redacción y ortografíaGeneralmente presenta errores de redacción y ortografía en oficios, telegramas, proyectos de providencia, informes y demás escritos encomendados por el superior.
De 1 a 0

1
 Total calidad7

Factor eficiencia o rendimiento (1-40 puntos)
Volumen de trabajoOcasionalmente cumple con el volumen de trabajo asignado por el superior, manteniendo nivel de productividad apenas aceptable.
De 10 a 6
6
Control de términosOcasionalmente cumple los términos de los actos procesales relacionados con el ejercicio de sus funciones.
De 10 a 6
6
 Total12

Factor organización del trabajo (1-15 puntos)
Administración de recursosCon alguna frecuencia presenta problemas en la utilización, cuidado y mantenimiento de los elementos de trabajo y recursos informáticos, informando ocasionalmente al superior sobres las necesidades de dotación. Participa esporádicamente en los programas de sistematización de la rama judicial.
De 3 a 2
3
Procedimientos de trabajoRara vez aplica los procedimientos de trabajo establecidos y nunca presenta iniciativas para su mejoramiento.
De 1 a 0
1
Manejo de expedientesOcasionalmente participa en la organización y buena presentación de los expedientes.
De 3 a 2
3
 Total7

Factor publicaciones (1-5 puntos)
 Libros publicados, estudios y ensayos de carácter científico o pedagógicos publicados, artículos publicados.0
 Total0

Calificación integralCalidad + eficiencia o rendimiento +organización del trabajo + publicacionesInsatisfactoria 30

Las pruebas que acompañaron la calificación se encuentran en el cuaderno 7 y se sintetizan en el siguiente cuadro:

FoliosActoAclaraciones del juez
11-23Sentencia, hurto calificado.
30 de julio de 2002
Se le llama la atención por copiarse de otro proceso penal, en forma descontextualizada además de mal redactado, de dar por cierta la resolución de acusación ante la falta de conocimiento y como la vía más fácil para proyectar.
25Constancia secretarial de rechazo de demanda.
20 de junio de 2002
Se le cuestiona no hacer alusión al auto de admisión de la demanda.
26-29
38-41
Sentencia restitución de inmueble.
20 de junio de 2002
Se le indica no tener claridad del caso y por ello no llevar un orden. No hablar de la existencia del contrato y su incumplimiento, no citar las normas del Código Civil como partes fundamentales del caso.
30-32Sentencia proceso ejecutivo. 18 de junio de 2002Se le corrigió mala redacción, no citar bien a los demandantes y hablar en plural cuando era una sola la obligación.
33-35Sentencia proceso ejecutivo. 18 de junio de 2002El número de radicado no es, se le indica que las referencias jurisprudenciales deben tener la Corte que la profiera y se le corrige la condena en costas, la cual no procede aunque ella la conceda.
36Constancia secretarial.
18 de junio de 2002
Se le indica que sí hay una medida cautelar dentro del proceso que se debe levantar y se le agrega que hay que ordenar archivar el proceso.
42Auto. 14 de junio de 2002 Se denota mal redacción y se le indica hacer nota secretarial de cuando se pasó a despacho la sustitución de poder.
43-44Auto. 13 de junio de 2002Errores ortográficos
45-47Constancias secretariales Rechaza demanda.
12 de junio de 2002
Se le indica que no se puede dejar de motivar el auto y que la sola enunciación de la norma no es suficiente.
46Auto rechaza demanda.
12 junio de 2002
Se le indica que no rechazó la demanda antes de remitirla al competente.
50Auto que decreta embargo
5 de junio de 2002
Se le indica no entender la norma y decretar más de lo permitido por ella.
51-53, 91, 101, 105, 106, 107, 110, 111, 112, 122, 124, 143Autos que decretan embargos y admite demanda
5, 22 de abril; 7, 9, 21 mayo y 4 de junio 2002
Se le hace claridad que debe leer la norma a aplicar o que no escribió el fundamento legal
54-59, 61, 79, 89, 96, 99, 100, 102, 109, 115, 118, 120, 125, 126-129, 134-141, 144, 145Autos
21 de 5, 8, 15, 17, 18, 19, 26 de abril; 2, 6, 7, 9, 14, 21, 30 de mayo
Complementa los autos
60Constancia secretarial
30 de mayo
Se le aclara que por ser de mínima cuantía se le aplican normas diferentes a las citadas
62-67, 71, 72, 78, 80, 88, 93, 94, 95, 97, 116, 117, 114, 123, 142Autos
8, 22, 26 de abril; 2, 6, 10, 14, 15, 21, 23, 28 y 30 de mayo
Errores ortográficos
68Mandamiento de pago
29 de mayo
Errores en el nombre del demandado, en la redacción y no fijó cual era la tasa de mora
74, 75, 92Autos. 21 y 23 mayoAclaraciones de pie de página
76, 77Auto demandan ejecutiva.
23 mayo
Se le explica nuevamente que las pretensiones son por cada cuota adeudada y no tres como lo indicó.
Cuando corrige el auto, lo vuelve a hacer mal.
81Auto de partición. 21 mayoNo habla sobre el poder insuficiente del abogado
98Constancia secretarial.
10 mayo
Corrige uno anterior sin que fuera el juez el que ordena cumplirse sino el secretario.
103, 104Auto de copias
9 mayo
El auto no corresponde a lo solicitado en memorial
113, 114Auto decreta embargo
6 de mayo
No delimitó hasta cuanto era el embargo
119Auto de competencia
2 de mayo
Se le llama la atención no poner cuidado a las explicaciones de como proyectar
122Auto
18 abril de 2002
Mala redacción, errores ortográficos
   

Del material probatorio se pueden concluir los siguientes aspectos:

1. El acto de calificación fue realizado por el superior funcional de Alba Rosa Aguirre Gil, esto es, el Juez 2º de Sabaneta —Antioquia—, como corresponde a la competencia, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo 198/96.

2. La calificación fue motivada conforme a los criterios legales y reglamentarios, previstos en el artículo 170 de la Ley 270 de 1996 y 11 del Acuerdo 198 de 1996, esto es, calidad, eficiencia, organización del trabajo y publicaciones. Además, el Juez 2º Promiscuo de Sabaneta hizo un anexo de motivación en donde expresó que a pesar de haber superado el concurso de carrera judicial, Alba Rosa Aguirre, era una funcionaria que solo podía elaborar oficios y autos de plantilla aunque con problemas de redacción y mecanografía, con desconocimiento de lo básico en el ordenamiento jurídico; sin disposición para realizar el trabajo o contribuir al mejoramiento del servicio, sin iniciativa y con una fuerte despreocupación. Anexó como prueba 94 folios de correcciones y 5 memorandos como producto de las llamadas de atención verbales, detalladas estos últimos, en los oficios de 14, 17, 20 de mayo y 17 de junio de 2002, en los que el juez solicitó a la actora la entrega de 3 proyectos encomendados desde el 9 de mayo. El 20 de mayo, envió en la tarde un nuevo memorando en el que le indicó que del único proyecto entregado en seis folios, hay un desconocimiento jurídico que considera inaceptable para el cargo que tiene (fl. 68), por lo que le solicitó mejorar su desempeño (fls. 63-71, cdno. 4). Estos memorandos fueron contestados por la actora manifestándole que debido al cúmulo de trabajo le había sido imposible hacer los proyectos, pero que los estaba estudiando. Nuevamente le contestó el 20 de mayo, diciéndole que debido a la tensión y nerviosismo, era que no tenía buen rendimiento(15).

3. El citado juez, mediante Resolución 15 de 18 de junio de 2002, motivó la decisión de calificar por necesidad del servicio a Alba Rosa Aguirre, Oficial Mayor Grado Diez en propiedad.

4. El periodo calificable estuvo entre el 1º de febrero a 18 de junio de 2002, aunque las pruebas allegadas a la calificación(16), muestran su inicio a partir del 18 de abril al 18 de junio de 2002, y no hay pruebas que sustenten el rendimiento en los meses de febrero, marzo y mitad de abril. Esta ausencia se explica en parte, porque el juez estuvo en licencia hasta el 10 de marzo de 2002(17), fecha en que regresó al juzgado citado, lo que genera un hecho indicador de que el periodo realmente calificado se concentró entre el 10 de marzo y el 18 de junio.

De acuerdo a los aspectos concluidos, se puede señalar que la Resolución 23 de 16 de julio(18) de 2002, que declaró insubsistente a Alba Rosa Aguirre Gil, desde el punto de vista formal, se tramitó conforme al procedimiento por el superior funcional, quien ordenó la calificación por necesidad del servicio; utilizó el formato de acuerdo a los criterios legales y reglamentarios, vale decir, calidad, eficiencia, organización del trabajo y publicaciones y le concedió el recurso de reposición establecido en la ley para tal fin; en conclusión, en cuanto a la competencia y al procedimiento se obró por parte del Juez 2º Promiscuo Municipal de Sabaneta, de acuerdo a la ley y al reglamento.

De otro lado, la Sala debe señalar que la decisión está debidamente motivada en la calificación y esta a su vez, se encuentra soportada en las pruebas allegadas y recaudadas por el Juez 2º Promiscuo de Sabaneta, durante 3 meses reales del periodo calificable, por su licencia en el cargo, que como se dijo antecedentemente venció el 10 de marzo de 2002, día en que volvió a laborar. Conforme a lo anterior, al no encontrar falsa, ni falta de motivación en la Resolución 23 de julio 16 de 2002, que declaró la insubsistencia de Alba Rosa Aguirre Gil por calificación no satisfactoria y ordenó su exclusión de la carrera judicial, se negará el cargo propuesto.

Desviación de poder

En este cargo la Sala analizará, si a pesar de que hubo motivación y está soportada en las pruebas como se dijo en el capítulo precedente, la declaratoria de insubsistencia responde a lo allí señalado o por el contrario, hay motivos extraños al servicio como lo menciona la demandante y aceptó el a quo.

La causal de desviación de poder a diferencia de lo que expresó la demandada, no solo se aplica a los actos discrecionales aunque mayormente si lo es, porque no requieren motivación y ofrecen un amplio margen de maniobra, sino que también es procedente en los actos reglados, que dada su propia estructura y motivación, ocultan aún más hábilmente el verdadero fin, por esta razón, la prueba indiciaria es de vital importancia, habida cuenta que puede llevar al juez a inferir los verdaderos móviles del acto.

En el caso bajo estudio, la demandante y el Tribunal de Antioquia consideraron que la verídica razón de la insubsistencia fue el enrarecido clima laboral del despacho, la retaliación y el errado manejo sobre los aspectos administrativos y de recursos humanos del Juez 2º Promiscuo Laboral de Sabaneta, que lo llevó a calificar de manera injusta y nada objetiva, a Alba Rosa Aguirre Gil.

Para probar esta afirmación se allegaron las pruebas promovidas por la señora Alba Rosa Aguirre contra el Juez 2º Promiscuo Municipal de Sabaneta, que la Sala sintetiza de la siguiente manera:

Denuncia disciplinaria ante el Consejo Seccional de la Judicatura, Sala disciplinaria, el 24 de mayo de 2002, recibida el 21 de junio de 2002, por los constantes abusos de autoridad.
Folios 13-19 cuaderno 5 y certificación del Consejo Seccional de la Judicatura (fl. 254)
Indicó llevar 11 años al servicio de la rama, casi todo el tiempo como oficial mayor, haberse posesionado en el Juzgado 2º Promiscuo el 1 de febrero de 2002 ante un Juez encargado quien estuvo hasta el 10 de marzo cuando llegó el titular del mismo.
— indicó que inicialmente las relaciones fueron normales pero se fueron tornando difíciles pues todo lo corregía, nada le servía y los amenazaba a los tres compañeros —Adis e Ivan— de calificarlos por necesidades del servicio.
— consideró que las presiones fueron tan fuertes que ya no podían hacer bien su trabajo además de tener que redactar con palabras del Juez no con las propias lo cual le dificultaba aún más su labor.
— la presionaba continuamente leyéndole artículos de la ley estatutaria y demás leyes sobre lo que él podría hacer en contra de ella y las consecuencias.
— que las mujeres que trabajaron en el despacho —María Rosalba David Arenas, Diana Patricia Morales Sánchez y Adis del Carmen Torres— renunciaron antes que el juez llegara de la licencia (las dos primeras).
— manifestó que el juez le había iniciado un proceso disciplinario a Adis, por abandono del puesto y que por ello la citó a declarar; que se sintió presionada todo el tiempo por él y de eso dejó constancia en la citada declaración lo cual le disgustó profundamente porque así lo ha hecho notar.
Ampliación de la denuncia presentada el 2 de julio ante la misma Sala.
Folios 20-22, cuaderno 5
— Se refirió a las presiones que estaba recibiendo como que le prohibió atender público, no podía recibir llamadas, no podía tocar los procesos sino hasta que él mismo se los asignara.
— que todo ocurrió a partir de ser notificado de la tutela instaurada por ella por violación del debido proceso.
— señaló que su compañera Adis tuvo serios problemas de salud y por ello había renunciado y su compañero Iván de Jesús estaba incapacitado en la clínica como consecuencia de las presiones del juez. Que ella también estaba en tratamiento por crisis nerviosa.
—informó que los compañeros Diana Patricia y Adis del Carmen también denunciaron penal y disciplinariamente al juez.
— solicitó tener como pruebas todas las quejas hechas contra el juez.
Denuncia penal por prevaricato de 16 de julio de 2002, argumentando:
Folios 197-200
— abuso de autoridad
— calificarla insatisfactoriamente no llevando ni 5 meses en el cargo.
— no respetar el recurso de queja presentado ante el tribunal superior y sí notificarla de la resolución que la declaró insubsistente
— estar impedido para calificarla ya que el mismo juez previamente (mayo o abril) la había denunciado por falsedad o alteración de documento (indicó no haberse resuelto aún).
— las fechas de la resoluciones no concuerdan pues la que la califica es posterior a la que la declara insubsistente.
— cuando la fue a notificar de la declaratoria de insubsistencia ordenó a su secretaria ad hoc que firmara por ella ante su manifestación que quería consultar antes, y solo hasta el otro día le entregó los anexos previa exigencia de una solicitud por escrito.
— manifestó haber interpuso acción de tutela contra el juez, por violación del debido proceso ya que pensó que no le iba a entregar los documentos a tiempo para defenderse.
— concluyó su denuncia indicando que la relación se deterioró después de una declaración rendida por ella, como el 29 o 30 (sic) contra Adis, una compañera, en la que además de sentirse presionada por el juez para responder, le decía que lo que le estaba preguntando estaba gravado en un cassette que le mostraba todo el tiempo, de una conversación telefónica de ella; también la amenazó con calificarla y a partir de allí fue que le mandó memorandos todo el tiempo.
Denuncio penal por prevaricato de 2 de agosto de 2002, argumentando:
Folios 25-33
Por negarle el recurso de apelación contra la resolución 23 de 2002 que ordena su retiro de la carrera judicial.
— alegó no permitírsele el ingreso al edificio donde laboraba, por órdenes del juez, que porque ya no era empleada del juzgado.
— consideró que quien la excluía de carrera era el Consejo Superior y no el juez cuando la notificó de la resolución 23 citada.
— que no esperó a que quedara ejecutoriada dicha resolución sino que desde ese día no la dejó entrar más.
— alega que el Tribunal Superior de Medellín es el superior jerárquico del juez y por ello sí se debieron conceder los recursos negados.
— manifestó que ninguno de sus anteriores jefes la había amenazado o chantajeado como lo hacía el juez.
— consideró que el juez tenía problemas para trabajar con las mujeres y que él mismo lo había expresado.
Queja presentada el 15 de agosto ante la misma Sala, recibida el 27 de septiembre de 2002.
Folios 88-90, cuaderno 4
Debido a que desde el 1º de agosto de 2002 el Juez no la ha dejado ingresar al despacho a laborar, “porque yo ya estoy despedida, que yo no soy empleada del juzgado”.
— solicita se le traslade de despacho.
Nueva queja presentada el 18 de octubre de 2002 ante la Sala Administrativa. Folios 162-163, cuaderno 4.Informa que por su reintegro el día 20 de septiembre, el juez le ordenó proyectar una sentencia penal la cual le fue devuelta para que la volviera a proyectar. Una vez entregada, no volvió a recibir más trabajo y no ha podido ejercer sus funciones.
— indicó que tampoco el juez ordenó se le pagaran sus ingresos dejados de percibir desde el 2 de agosto, a pesar de presentarse a laborar todos esos días y que de eso anexaba constancias expedidas por el personera (fls. 116-151, cdno. 4).
Ampliación del denuncio penal de 2 de agosto de 2002, argumentando:
Folios 34-36
Informó que ese día a las dos de la tarde cuando llegó a trabajar el juez le dijo que ya no trabajaba allí.
— indicó no haber sido notificada por el Consejo Superior de su retiro de la rama y por lo tanto no saber qué hacer.
Denuncia disciplinaria ante el Consejo Seccional de la Judicatura, por Diana Patricia Morales Sánchez.
Folios 37-43 cuaderno 4
Manifestó llevar más de 14 años al servicio de la rama judicial, haber ingresado al Juzgado 2º el 26 de mayo de 1998 como oficial mayor.
— indicó tener toda la carga del área civil por orden del juez lo que necesariamente llevó al represamiento del trabajo.
— manifestó que los problemas con el juez se dieron por malas interpretaciones dadas por él a las sugerencias de la funcionaria o por las diferencias de opinión en cuanto a trabajo y lo que detonó el trato hostil fue no haber participado en un regalo de matrimonio dado por el despacho.
— indicó que era una persona rara, con tratos diferentes y comentarios que no encajaban todo el tiempo.
  
  

Las pruebas relacionadas evidencian una serie de actuaciones generadas por la actora, pero como consecuencia de la calificación insatisfactoria, de los recursos administrativos interpuestos y de la declaratoria de insubsistencia, es decir, todos estos actos son posteriores a la decisión del juez, de manera que no pueden ser los motivos ocultos en su decisión, por el aspecto de la temporalidad.

Sin embargo, previo a ello que fue lo reconocido por el a quo, existió un clima laboral insostenible generado entre otros aspectos, por una declaración que ella rindió ante el mismo juez calificador, relacionada con otra funcionaria llamada Adis del Carmen Torres Ramírez, porque dice que a partir de ese momento el funcionario empezó a enviarle memorandos y a acosarla. Veamos entonces la declaración y las otras pruebas que según la actora demuestran las razones desviadas del juez.

La declaración de Alba Rosa Aguirre, fue rendida el 2 de mayo de 2002, dentro de la investigación disciplinaria que el Juez 2º Promiscuo Municipal de Sabaneta, le inició a Adis del Carmen Torres Rodríguez —art. 144 de la Ley 200 de 1995—, por haber salido en horas laborales el 29 de abril de 2002, a realizar una diligencia bancaria, sin el debido permiso y cuando se encontraban cambiándose de oficina.

En esa declaración, el juez en comento pretendió demostrar que Adis Torres Rodríguez, funcionaria para ese momento de su despacho, había aprovechado que tenía que hacerle aseo a las nuevas oficinas del juzgado para dirigirse al banco ganadero, cuando no había obtenido el permiso para ello y, de otro lado, que Alba Rosa Aguirre la había encubierto para tal fin.

Luego de hacer referencia a lo sucedido el día objeto de investigación, en la pregunta final de si tenía algo más que agregar, la demandante respondió: “si señor juez, con el respeto que usted se merece, tengo que manifestarle que me he sentido un poco como presionada en esta diligencia porque ante ciertas preguntas que usted me hacía cuando yo vacilaba en respondérsela usted me enseñaba un casete en donde estaba lo que usted quería que yo le respondiera. PREGUNTADO. Se le ha dicho por parte de este funcionario que todo está grabándose y se le ha enseñado tanto la grabadora como los casetes. CONTESTÓ. Es cierto sí que me ha enseñado la grabadora en donde está grabando mi declaración y también un casete que tiene al lado el cual usted me enseñaba y me daba a entender de que en ese están grabadas las comunicaciones telefónicas”(19).

Dentro de la misma investigación disciplinaria, el juez le recibió declaración al secretario Iván de Jesús Arango Ocampo, sobre los mismos hechos(20). Cuando lo inquirió sobre el tema de la diligencia personal realizada por Adis del Carmen Torres, respondió: “… Eso fue lo que usted me comentó fue dentro del horario de trabajo. PREGUNTADO. ¿Ha tenido usted algún tipo de información al respecto por parte de otra persona o de comentarios que se haya hecho dentro del juzgado? CONSTESTO. Por la tarde usted llamó la atención sobre ese suceso, en reunión con el personal, manifestó lo que había sucedido, he llamado la atención a Alba por encubrir al Adis en ese hecho y a mí me dijo que lo que había hecho estaba muy bien que siguiera así, que me apoyaría en todo lo que fuera. PREGUNTADO. ¿Concretamente porque se le agradeció a usted por parte de este funcionario? CONTESTÓ. Porque le hice el comentario en relación con el permiso que necesitaba Adis y que yo no quería meterme en problemas y que los resolviera ella”.

En razón a que Adis del Carmen Torres lo había denunciado disciplinariamente y penalmente por el delito de calumnia, se declaró impedido para continuar la investigación. El impedimento fue aceptado por el Tribunal Superior de Medellín, Sala de Gobierno y mediante Resolución 074 de 24 de abril de 2002, designó al Juez Civil de Circuito de Envigado, quien continuó con las diligencias profiriendo un auto de indagación preliminar de acuerdo al artículo 150 de la Ley 734 de 2002.

Este funcionario volvió a recibirle declaración a Alba Rosa Aguirre, quien relató de manera desprevenida lo sucedido el 29 de abril, cuando por orden del Juez 2º Promiscuo de Sabaneta, fueron ella y Adis del Carmen Torres a limpiar el local del despacho que habían desocupado. Afirmó que salieron hacia las 2.10 de la tarde y que en el camino, Adis le dijo que iba a entrar un momento al banco Ganadero y de paso compraba el jabón; que cuando ella estaba sola en el local, llegó el juez Williams Seguro y le preguntó por Adis, a lo que ella respondió que estaba comprando el jabón, por lo cual la trató de mentirosa y le dijo que ella estaba haciendo una vuelta personal en el banco. Aseguró que en ese momento llegó Adis con el jabón y de sus expresiones y de la reunión que les hizo ese mismo día a las 5.30 de la tarde, concluyeron que él lo que pretendía era “coger con las manos en la masa a Adis” porque él sabía que tenía una vuelta personal pendiente en el banco y que ese día las envió luego de dejar al secretario en audiencia y se fue a seguirlas. Alba Rosa aseguró que todo se debía a la persecución de que era objeto Adis del Carmen Torres por parte del juez.

El investigador recaudó el testimonio de Diana Patricia Morales(21), empleada del Juzgado 1º Promiscuo de Sabaneta, quien había trabajado días antes con el Juez 2º de Sabaneta, quien contó, que en principio las relaciones entre el juez y Adis eran muy buenas, pero que debido a detalles se ofendió gravemente, como por ejemplo, el tema de un vaso quebrado que aseguró que no era el de él sino de Adis y se enojó tanto que quebró los otros que tenía en la mesa. Afirmó que no solo Adis tuvo problemas con él, sino que ella también, porque la acusó junto con Adis, de ser las responsables de los daños sufridos en su carro. Que otra de las funcionarias de ese juzgado llamada: Rosalba David Arenas, que fue la secretaria tuvo que irse, lo mismo que Iván de Jesús Arango, quien la reemplazó en la secretaría, fue recluido en una clínica de reposo, por los problemas con él, por lo que el Consejo Seccional de la Judicatura lo trasladó para el municipio de San Vicente, y para esa época asevera ya tenía inconvenientes con Alba Rosa Aguirre.

En la indagación preliminar se le recibió versión libre sobre los hechos a Adis del Carmen Torres Rodríguez. Relató en la diligencia que el Juez 2º Promiscuo de Sabaneta, le inició una investigación disciplinaria por un presunto abandono de cargo. Mencionó que el hecho generador fue una llamada del Banco Ganadero de Sabaneta para que fuera a reclamar una tarjeta débito, y como ese día se estaban trasladando de oficina, le pidió permiso al secretario para ir, pero él le dijo que lo dejara por la tarde porque le tocaba hacer aseo en el local que habían dejado. Como tenía que comprar jabón y era cerca al banco y el horario era de lunes a viernes en horas de trabajo, entró al banco sin demorarse, compró el jabón y cuando iba llegando a la antigua oficina, escuchó un grito desde media cuadra recriminándola por estar en la calle, textualmente le dijo “es que usted misma se hace echar, yo ya le tenía preparado esto a usted, yo ya sabía lo que tenía que hacer usted, por eso la mandé para allá”. Cuando subieron al juzgado le preguntó a Alba Rosa que donde estaba Adis y ella le respondió que comprando FAB, lo que hizo que la tratara mal.

Expresó que por esa situación de stress estuvo en tratamiento con el neurólogo(22), toda vez que la situación era difícil, no la dejaba hablar por teléfono, ni con los abogados, nada de lo que hacía le servía, no le daba permiso, solo se podía parar al baño, sumado a que los medicamentos que le dieron para controlar los nervios, la ponían temblorosa, no comía, no dormía, hasta que se fue del juzgado. Aseveró que después de ella, empezó a acosar a Alba Rosa Aguirre Gil y al secretario Iván Argando Ocampo, quien estuvo en una clínica de reposo un mes pero al volver recayó y tuvieron que reubicarlo en otro juzgado y otra localidad.

El investigador le tomó declaración a Jhon Jaime Tabares Estrada, quien fue el juez que hizo una licencia en el juzgado 2º promiscuo de Sabaneta. A pesar de que su declaración está incompleta(23), refiere que nunca tuvo problemas con ninguna de las personas que trabajaban en él. Que por el contrario eran muy juiciosos y disciplinados. Ya por fuera de ese juzgado se enteró que todos tuvieron que salir por problemas con el juez.

De otro lado, le fue recibido testimonio por comisión a Iván de Jesús Arango —quien fue el secretario que tuvo que salir— copia que también se encuentra incompleta, pero corroboró dentro de lo allegado, que el juez sospechó de Adis y de otra compañera de un daño que le hicieron a su vehículo y a partir de allí, inició una persecución en su contra.

Mediante Auto interlocutorio Nº 097 de 22 de octubre de 2002(24), el Juez Segundo Civil del Circuito de Envigado, ordenó el archivo de las diligencias preliminares porque concluyó que no hubo abandono del cargo y que la funcionaria investigada solo suspendió sus labores por un lapso muy corto. Tal decisión se notificó a Adis del Carmen Torres, el 23 de octubre del citado año(25).

Por otra parte, se anexó al acervo probatorio un informe presentado por el área de salud ocupacional de Suratep al Tribunal Superior de Medellín, de julio de 2002, con ocasión de la solicitud realizada por la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura, debido a la crisis presentada en el Juzgado 2º Promiscuo de Sabaneta, en donde el psicólogo designado para tal fin recoge varias entrevistas de los empleados del despacho realizadas entre noviembre de 2001 y julio de 2002, con los siguientes resultados (fls 106-111, cdno. 4):

ObjetivosFalta claridad en los miembros del grupo sobre los objetivos que debe alcanzar
ContribuciónLa gente carece de libertad para expresar sus sentimientos e ideas, ya que siente temor a ser evaluada o juzgada.
Falta estímulo por parte del líder para la generación y expresión de ideas, de tal forma que puedan ser examinadas y discutidas con una actitud de apertura
ComunicacionesEl nivel de intercambio de ideas es bajo.
Algunos miembros ignoran los asuntos que les atañen.
El líder se comunica verbal, no verbal y por escrito sin empatía y carece de capacidad para percibir las necesidades de sus empleados.
Clima Se encuentra totalmente deteriorado, el Juzgado que funcionó durante tres años aproximadamente hoy no tiene sino a uno de sus empleados.
En las reuniones prevalece un ambiente de tensión y hay enfrentamientos personales.
ConducciónFalta definición clara de roles.
Deficiente claridad en las normas y procedimientos a seguir.
Ausencia de un liderazgo adecuado dentro del grupo lo cual dificulta el trabajo en equipo.
Toma de decisionesNo se involucra a los miembros del grupo en la solución de problemas por parte del líder.
AutoevaluaciónNo se analiza en forma abierta el cumplimiento de las responsabilidades.
Falta un seguimiento sistemático al cumplimiento de las tareas o metas del equipo.
La crítica es frecuente y causa malestar porque tiene un carácter negativo.
 Análisis de resultados
 — el grupo se encuentra tenso y se siente presionado frecuentemente por la actitud del líder. El 80% del personal ha salido.
— El líder se limita a evaluar la tarea que debe realizar el personal, descuidando el proceso y desarrollo del equipo de trabajo aumentando así los niveles de error y reprocesos.
— el grupo está poco capacitado en algunos cargos lo que lleva a frecuentes errores y en otros casos se dan por falta de claridad del líder.
— el líder hace su tarea pasando por alto las necesidades del grupo.
— después de las situaciones de amenazas presentadas, las relaciones entre el líder y el grupo se caracterizan por la agresión y hostilidad.
 Recomendaciones
 — traslado total del personal del juzgado, algunos ya presentan síntomas de depresión.
— realizar un planteamiento claro al proceso de liderazgo que se ejerce actualmente, buscando un cambio de actitud que permita no solo mejorar las tareas sino también el desarrollo de las personas al interior.
— evaluar los empleados anteriores y a los actuales en aspectos relacionados con el tipo de liderazgo que establece el líder.
— hacer seguimiento permanente a las nuevas personas que ingresen al juzgado.

En los cuadernos probatorios encuentra la Sala un escrito de Diana Patricia Morales Sánchez (quien también fue funcionaria del Juzgado 2º Promiscuo de Sabaneta con el Juez William Segura) presentada ante el Consejo Seccional de la Judicatura el 23 de octubre de 2001, en donde hace una descripción del difícil clima laboral del juzgado con relación al juez, con el objeto de que se encontraran soluciones al mismo(26).

No hay duda para la Sala de acuerdo a todas las pruebas que se han referido, que las relaciones entre los empleados del Juzgado 2º Promiscuo Municipal de Sabaneta y el juez, eran dañosas, insanas, lo que generaba malestar, nerviosismo, inseguridad y tensión en los empleados, generando entonces errores, ineficacia, incumplimiento, como concluyó el psicólogo de Suratep, en el informe párrafos atrás descrito, logrando esta situación que el 80% de los empleados de ese despacho se trasladara a otros juzgados o ciudades, buscando no solo un mejor clima laboral, sino una mejoría personal física y mental.

Ese revolucionado ambiente y la tensión que se vivía en el momento en que fue calificada Alba Rosa Aguirre Gil, que era el irradiado por la insostenible situación personal y laboral entre Adis del Carmen Torres y el Juez Segura, provocó la medida extrema de la insubsistencia de la oficial mayor, en la que el funcionario utilizó los mecanismos legales que tenía a su disposición, toda vez que al considerarla aliada de Torres la sintió en su contra. No duda la Sala que en circunstancias diferentes y en un ambiente armonioso, el titular del despacho le hubiera dado un manejo diverso y más proporcional a unos hechos o labores producidos en un lapso corto de calificación, como se observa de las correcciones que abarcaron un poco más de tres meses, sin que por ello la Sala ignore que habían errores en su trabajo, algunos sustanciales y otros no, pero que con un buen liderazgo y reorganización se hubieran solventado, sumado lo anterior a la versión de varios de sus compañeros, quienes afirmaron bajo la gravedad del juramento, así como el juez que reemplazó al titular en una licencia, que Alba Rosa Aguirre Gil, era cumplidora de su deber y que conocía los asuntos civiles sometidos a su consideración, por su experiencia en ese ramo y al hecho de que meses después superó otro concurso de la carrera judicial y por el cual ingresó nuevamente a la misma.

Bajo ese entendido y probado como está que la calificación de Alba Rosa Aguirre se produjo en circunstancias laborales desbordadas del contexto normal de un despacho que influyeron en una decisión no objetiva por parte del Juez 2º Promiscuo de Sabaneta, la Sala confirmará la decisión del Tribunal de Antioquia, Sala Segunda de Decisión, que anuló los actos de insubsistencia y de exclusión de la carrera judicial, entre otras decisiones que no tuvieron discusión en esta alzada y que por tal razón no se abordarán en esta oportunidad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

CONFÍRMESE la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de Decisión, de 9 de agosto de 2011, mediante la cual se declaró inhibida para conocer de las resoluciones 015 de 18 de junio y sin número de 8 de julio de 2002 y, declaró la nulidad de las resoluciones 23 de 16 de junio; sin número de 1 y 12 de agosto de 2002; 161 de 25 de febrero, 003 de 8 de abril, 090 de 14 de mayo y 033 de 30 de mayo de 2003, por las cuales se declaró insubsistente a la demandante, no repuso los actos, la excluyó de la carrera administrativa, confirmó la resolución de exclusión de la carrera, y decretó el retiro de la señora Alba Rosa Aguirre Gil de la rama judicial, Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, y condenó al pago de salarios y prestaciones dejados de percibir por Alba Rosa Aguirre Gil, desde el retiro del servicio hasta la ejecutoria de la sentencia, sin que se descontara ningún valor por el desempeño de otro cargo durante el tiempo en que estuvo separada del servicio y negó las demás pretensiones.

Cópiese, notifíquese y cúmplase. Una vez ejecutoriada, devuélvase al tribunal de origen.

Discutida y aprobada en sesión de la fecha».

(8) Notificado el 19 de junio de 2002.

(9) Interpuesto el 24 de junio por la actora.

(10) Notificada el 16 de julio de 2002 (fl. 18).

(11) Notificada el 1º de agosto de 2002 (fl. 26).

(12) Notificada personalmente el 14 de marzo de 2003 (fl. 105, cdno. 3).

(13) Notificada personalmente el 26 de mayo de 2003 (fl. 106, cdno. 3).

(14) Notificada personalmente el 30 de 2003 (fl. 116, cdno. 3).

(2) Vigente para el momento en que se declaró insubsistente el nombramiento de la accionante.

(15) (fl. 70, cdno. 4). De folios 152 a 154 del cuaderno 4, se anexo un memorando y una respuesta en el mismo sentido.

(16) Aunque se encuentran 3 providencias que sobrepasan el término valorado.

(17) Folios 13-19 del cuaderno 5.

(18) En la resolución se hacer referencia a junio, pero se trata de un error de mecanografía porque con letra mano alzada Alba Aguirre escribió julio 16 de 2002 y la notificación es de la misma fecha.

(19) Folios 263-266 del cuaderno principal.

(20) Folio 261 del cuaderno principal.

(21) Folios 295-297 del cuaderno principal, recibida el 16 de agosto de 2002.

(22) Acompañó certificación del neurólogo sobre el tratamiento adelantado por stress.

(23) Folios 315-318 del cuaderno principal.

(24) Folios 68-74 del cuaderno principal.

(25) Folio 327 del cuaderno principal.

(26) Folios 89-95 del cuaderno principal.