Sentencia 2003-03462/37227 de noviembre 27 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Rad.: 760012331000200303462 01

(37.227)

Actor: Juan de la Rosa Marín y otros

Demandado: La Nación - Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - Inpec

Asunto: Recurso extraordinario de revisión

Consejero Ponente:

Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa

Bogotá, D.C., veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete.

Conoce la Sala del recurso extraordinario de revisión interpuesto por Juan de la Rosa Marín y otros, en su calidad de demandantes, contra la sentencia del 4 de diciembre de 2007, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, donde fue demandada la Nación – Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), en ejercicio de la acción de Reparación Directa.

Antecedentes

1. La Demanda.

El 11 de septiembre de 20031, el señor Juan de la Rosa Marín y otros, por intermedio de apoderado presentaron acción de Reparación Directa contra la Nación – Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, por la muerte del señor Gener Valencia Sepúlveda el 15 de septiembre de 2001 quien estaba recluido en la Cárcel del Distrito Judicial de Cali (Cárcel Villahermosa).

Las pretensiones de la demanda, consistieron en solicitar que se conceda por concepto de perjuicios morales 500 SMLMV y por concepto de perjuicios materiales, lo que resultara probado en el expediente.

2. Sentencia del Tribunal Administrativo.

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca mediante fallo del 4 de diciembre de 20072, declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa por activa y negó las pretensiones de la demanda, para sustentar su decisión expuso los siguientes argumentos:

En primer lugar, señaló el Tribunal de instancia que de conformidad con lo establecido en el Decreto 1260 de 1970, la prueba idónea para demostrar el nacimiento y por consiguiente, el parentesco con una persona, es el registro civil de nacimiento. Seguidamente, se refirió a la noción de legitimación en la causa.

De conformidad con lo anterior, concluyó que debido a que los actores no aportaron con la demanda ni en el transcurso del proceso, el registro civil de nacimiento del señor Gener Valencia, había lugar a declarar probada la excepción de falta de legitimación en la causa por activa planteada por la entidad demandada, ya que no se acreditó su parentesco con los demandantes.

3. Recurso de Apelación.

No se interpuso recurso de apelación.

4. Recurso Extraordinario de Revisión.

En el escrito contentivo del recurso de fecha 29 de julio 20093, se invocó como causal de revisión la prevista en el numeral 2 del artículo 188 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 57 de la Ley 446 de 1998, “Haberse recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente, y que el recurrente no pudo aportar al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria”, causal que el recurrente fundamenta de la siguiente manera:

“(…) De acuerdo con lo anterior, el registro civil de nacimiento que no se aportó en la demanda es prueba decisiva para decidir de fondo sobre el verdadero sentido de la Litis, que es la muerte del joven Gener Valencia Sepulveda. Pero ante el desconocimiento de los procedimientos judiciales por parte de las personas que no transitan por el campo jurídico, es imprevisible e irresistible para ellos (fuerza mayor y caso fortuito) conocer que algunos actos ocasionen consecuencias jurídicas tan relevantes. (…).

Téngase en cuenta que, la ignorancia de la ley, si es excusa; hasta el más versado de los juristas desconoce normas vigentes de nuestro ordenamiento jurídico, no logra conocer todas las áreas del Derecho. Si esto ocurre con un jurista, no podremos exigir a un campesino o a un ciudadano Colombiano con poco o nada de academia o grado de escolaridad que conozca la ley, tal como ocurre en el caso objeto de estudio. Mis poderdantes no estaban en condiciones para saber que la omisión en la presentación del registro civil de nacimiento de su hijo y hermano produciría tales efectos jurídicos.

(…) Por lo tanto, es necesario por medio del recurso extraordinario de revisión aportar la prueba recobrada que es fundamental (registro civil de nacimiento) para modificar una sentencia de única instancia, demostrar la capacidad para ser parte y la legitimidad de la causa por activa dentro del proceso de reparación directa; y una vez demostrada lo anterior, que el Honorable Consejo de Estado decida con arreglo a la justicia la muerte del joven Gener Valencia Sepulveda (q.e.p.d.)

(…) Aunque la apoderada judicial no aportó el Registro Civil de Nacimiento del joven Gener Valencia Sepulveda, durante el proceso el ente jurisdiccional no se pronuncio (sic) sobre la omisión de dicho documento, solamente profirió concepto en la sentencia. El Honorable Tribunal Administrativo del Valle del Cauca nunca solicito (sic) el Registro Civil de Nacimiento a la apoderada judicial ni a los demandantes. El error judicial del Honorable Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por admitir una demanda sin cumplir con los requisitos legales, ocasiono (sic) un detrimento económico y temporal para la familia del joven Gener Valencia Sepulveda (q.e.p.d.).

(…) Es decir, que si el Honorable Tribunal del Valle del Cauca hubiera revisado la demanda en la forma correcta, la demanda tenía que ser inadmitida y el proceso se hubiera enderezado. Por otro lado, la titularidad de parte dentro del proceso es determinante para seguir el trámite de una demanda judicial y es una función primordial del ente jurisdiccional para la admisión de la demanda.

(…) existen criterios básicos para establecer la legitimidad activa en el proceso judicial; si no se presentó el registro civil de nacimiento, existieron dentro del proceso otros elementos importantes que determinaban la calidad dentro del proceso de reparación directa”.

Adicionalmente, el recurrente usó como argumento de su petición el salvamento de voto hecho en el 15 de agosto de 2007 en el Expediente 30.514, relacionado con la no necesidad de agotamiento de los recursos ordinarios para interponer el recurso extraordinario de revisión.

Esta corporación mediante auto del 15 de enero de 2010 admitió el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la parte demandante4.

5. Contestación al Recurso Extraordinario de Revisión.

La parte demandada contestó el recurso por medio de documento arrimado el 26 de abril de 20105, en donde solicitó no conceder el pedimento interpuesto por la parte demandante y propuso como excepciones la improcedencia del recurso extraordinario de revisión, la inexistencia de la causal segunda del artículo 188 del Código Contencioso Administrativo y la de inexistencia de la responsabilidad administrativa del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC.

Mediante proveído del 1º de junio de 2010, esta corporación señaló que se consideraban como pruebas los documentos aportados por la parte demandante6.

Consideraciones.

Corresponde a la Sala decidir el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la Juan de la Rosa Valencia y otros, en su calidad de parte actora contra la sentencia del 4 de diciembre de 2007, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, donde fue demandado el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, en ejercicio de la acción de reparación directa.

Con el objeto de presentar un análisis ordenado y coherente, la Sala abordará el asunto sometido a su consideración en el siguiente orden: 1. De la competencia. 2. Del recurso extraordinario de revisión; 3. Del caso concreto -De la causal de revisión invocada.

1. De la competencia.

Es competente la Subsección C, para conocer del recurso de revisión interpuesto por la parte demandada, en virtud a lo señalado en el artículo 186 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 57 de la Ley 446 de 1998 que reza:

“De los recursos contra las sentencias dictadas por las Secciones o Subsecciones del Consejo de Estado conocerá la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo con exclusión de los Consejeros de la Sección que profirió la decisión, sin perjuicio de que estos puedan ser llamados a explicarlas”.

Analizado el asunto sometido a consideración a la luz de la disposición normativa en cita, se observa que la sentencia objeto de recurso de revisión fue proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca dentro de la acción de reparación directa, que buscaba la declaratoria de responsabilidad del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, por la muerte del recluso Gener Valencia Sepúlveda.

2. Sobre el Recurso Extraordinario de Revisión.

De conformidad con lo establecido en el preámbulo y en los artículos 1º y 2º de la Constitución Política, Colombia es un Estado Social de Derecho, instituido con el objeto de garantizar y proteger, entre otros valores e ideales supremos, la paz, la convivencia, la vigencia de un orden justo, la efectividad de los derechos y la prevalencia del interés general.

Estos principios, dotados de igual fuerza normativa, sin embargo, pueden entrar en colisión, de tal forma que la realización de alguno de ellos implique el sacrificio, en menor o mayor grado, de otro. Tal es el caso, v. gr. de la seguridad jurídica, la cual se encuentra fundada en razones de interés general, convivencia y paz social, pero cuya eficacia plena, en ocasiones, puede implicar la vulneración de la vigencia de un orden justo.

Como respuesta a este tipo de conflictos en nuestro ordenamiento jurídico existe la posibilidad de reabrir la discusión sobre un proceso respecto del cual existe sentencia ejecutoriada, bajo el uso del conocido Recurso Extraordinario de Revisión, que constituye una limitante a la cosa juzgada, en tanto, permite volver sobre asuntos respecto de los cuales ya se ha extinguido la jurisdicción del Estado mediante la expedición de un pronunciamiento judicial intangible, que escapa al control de los recursos ordinarios y que por lo mismo, resulta perentorio y obligado para todos. La cosa juzgada es entonces, uno de los principios esenciales, no sólo del proceso, sino de todo el Derecho, pues en virtud de ella se impide que un debate judicial se prolongue de tal modo que por su indeterminación llegue hasta negar la seguridad que el Derecho debe proveer, poniendo fin a la incertidumbre que sobre los derechos se cierne cuando ellos han sido conculcados o puestos en peligro.

Por tanto, se ha decantado que por la importancia de la cosa juzgada, ella no se puede desconocer de cualquier modo, sino acudiendo a las herramientas específicamente concebidas por el legislador, y desarrolladas por la jurisprudencia, más precisamente el recurso de revisión concebido con ese deliberado propósito.

Así las cosas, la naturaleza extraordinaria del recurso de revisión se muestra en que tal medio de impugnación busca aniquilar la cosa juzgada material que acompaña a una sentencia, si es que el fallo resulta ser a la postre fruto de la violación del derecho de defensa, o si los medios probatorios que el Tribunal tuvo a la vista vienen luego descalificados por la justicia penal o se dan circunstancias semejantes, que de haber sido conocidos en su momento hubieran variado radicalmente el sentido de la decisión.

Se trata de brindar mediante el recurso de revisión una solución para atender aquellas situaciones críticas en las que a pesar de la presunción de legalidad que blinda las sentencias amparadas por la cosa juzgada, ellas no pueden subsistir por ser fruto de un grave desconocimiento de los principios fundamentales del proceso, pues la defensa a ultranza de la cosa juzgada sin mirar la manera irregular como a ella se llegó, causaría más perturbación que seguridad jurídica.

No obstante, es indispensable delimitar el ámbito del recurso extraordinario de revisión, pues tal medio de impugnación no ha de tomarse como una simple instancia, en la que se pueda intentar una nueva valoración de la prueba o provocar una interpretación adicional de las normas aplicables al caso. Por el contrario, los errores de apreciación probatoria en que haya podido incurrir el Tribunal, son extraños al recurso extraordinario de revisión, pues éste, no es una instancia adicional en la que pueda replantearse el litigio.

Estas restricciones propias del recurso extraordinario de revisión, aplicables también en materia civil y penal, apuntan a evitar que el perdedor pueda a su antojo reanudar el debate concluido, so pretexto, de volver la mirada a la prueba para pretender que se haga un nuevo y supuesto mejor juicio respecto de ella, o para reclamar una más aguda interpretación de la ley.

Por tal razón, la aplicabilidad de tal instrumento está sujeta a la estricta, rigurosa y ajustada configuración de las causales que expresamente ha consagrado el legislador como fundamento del mismo, con lo cual se busca, precisamente, evitar que se convierta en una tercera instancia, utilizada para remediar supuestas equivocaciones en que hubiera podido incurrir el Tribunal por obra suya o de una de las partes.

3. Del caso concreto – causal de revisión invocada

La causal del recurso extraordinario de revisión que se invoca en el sub judice es la prevista en el numeral 2ª del artículo 188 del Código Contencioso Administrativo, que preceptúa:

“Haberse recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente, y que el recurrente no pudo aportar al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria”.

Como lo ha sostenido esta Sala en reiteradas decisiones, de la simple lectura de la norma pretranscrita, se advierte que para que proceda la revisión bajo esta causal es necesario que:

I. Se recobren pruebas decisivas después de dictada la sentencia;

II. Con ellas se hubiera podido proferir una decisión diferente;

III. El recurrente no las hubiera podido aportar al proceso, por fuerza mayor, caso fortuito o por obra de la parte contraria.

Se hace énfasis, entonces, en la exigencia de documentos recobrados y decisivos, sobre lo cual, ha sido reiterada la jurisprudencia de la Sala, en sostener que es viable hablar de prueba recobrada, cuando ésta inicialmente se encuentra extraviada o refundida y luego se recupera y, por ello, el demandante no estuvo en condiciones de aportarla al proceso. El verbo “recobrar” implica que se hubiere perdido algo que más tarde se recupera.

Así las cosas, es indispensable para invocarse esta causal y para la prosperidad del recurso, entre otros requisitos, que el recurrente hubiere estado durante todo el proceso en imposibilidad de aportar la prueba respectiva por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.

Sobre este punto, es presupuesto esencial para que se configure la causal aquí invocada, que el documento se halle después de que se dicte la sentencia, que éste sea decisivo, es decir que tenga el valor suficiente para transformar el sentido del fallo, y que no haya sido aportado al proceso por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.

De manera que, se exige al recurrente que le haya sido imposible aportar al proceso el documento recuperado o recobrado y se requiere que no haya habido culpa, negligencia o error de conducta alguna de su parte.

En ese orden de ideas, procedemos a analizar el caso en concreto, de acuerdo con lo antes dicho:

I. Que después de dictada la sentencia se recobren pruebas decisivas.

El recurrente pretende que se tenga como prueba recobrada el registro civil de nacimiento y de defunción del señor Gener Valencia Sepúlveda; sin embargo, observa la Sala, que la prueba documental carece de tal carácter, por cuanto la argumentación utilizada por la parte demandante para no haber aportado los documentos antes citados en las etapas procesales correspondientes, se centra en el desconocimiento de sus poderdantes en temas probatorios y que por este hecho la demanda debió ser inadmitida por parte del Tribunal para ser subsanada, motivación que no se circunscribe en el supuesto legal señalado para la procedencia de este recurso, que conlleva que los documentos allegados se hubieran perdido o extraviado y posteriormente fueran recuperados.

Por lo tanto, como los documentos anteriores no tienen el carácter de recobrados, ya que estos debieron ser aportados en el transcurso de la reparación directa, no hay lugar a que la Sala los acepte como tal, por cuanto un proceder diferente conllevaría a la pérdida de la esencia del recurso extraordinario de revisión, convirtiéndolo en una tercera instancia, razón que a todas luces resulta contrario a la finalidad del mismo y desborda los límites establecidos en la ley.

En conclusión, si bien los documentos allegados son anteriores y preexistentes a la decisión recurrida, no puede decirse que se encontraban extraviados, ocultos o refundidos y que fueron posteriormente recuperados por los recurrentes, en atención a que se trata de documentos que siempre estuvieron a disposición de los accionantes y de su apoderado.

Cosa distinta, es que la negligencia del apoderado judicial que representó en su momento los intereses de los accionantes haya originado la negativa de las pretensiones, por la no demostración del daño acaecido, esto es, la muerte de su familiar y la legitimación en la causa por activa de los accionantes.

Por lo tanto, resulta contrario a la lealtad procesal el que en instancia del recurso extraordinario de revisión, se pretenda hacer ver o creer a la Sala de Subsección que los registros civiles son documentos recobrados, en razón a que la sana lógica indica que en cualquier momento pudieron obtenerse, simplemente acudiendo a la Registraduría Nacional del Estado Civil, entidad encargada de llevar lo atinente al registro civil de las personas.

Así las cosas, es evidente que la prueba aportada como “nueva” resultaba de fácil consecución para la parte demandante, quien debió aportarla o pedirla oportunamente, pues de no ser así, se estaría avalando el que se sorprendería a la parte contraria con documentos guardados deliberadamente o hallados a última hora, y cuya aparición causaría la ruptura de las sentencias ejecutoriadas y la inseguridad jurídica. Es por esto, que el legislador puso como condición del recurso extraordinario de revisión, acreditar que el demandante en revisión estuvo imposibilitado para aportar los documentos “por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria”, y no por el simple olvido, incuria o abandono de la parte, al no estar este requisito demostrado, no puede tenerse como tal.

II. Que con ellas se hubiera podido proferir una decisión diferente.

Frente a este requisito, y al no estar acreditado el presupuesto anterior, es decir, la calidad de documento recuperado de la prueba que se pretende hacer valer, resulta imposible que se reúna, porque a juicio de esta Sala la característica esencial de esos documentos, no es tan solo, la de tener alguna relación con la controversia o que revelen una nueva perspectiva del debate, sino que ellos una vez descubiertos o recobrados, hagan que la decisión preexistente resulte insostenible, de modo que, no se trata de la aparición de un documento cualquiera sino de uno determinante para la suerte del litigio.

No obstante, habrá que señalar que los registros civiles aportados, por sí mismos, no tienen el valor probatorio para mutar la suerte del litigio, ya que con su consecución no se garantizaba la prosperidad de las pretensiones, sino simplemente que se analizara de fondo el asunto sometido a consideración del Tribunal Administrativo, el cual debía valorar la totalidad del material probatorio arrimado a la acción de reparación directa y así establecer el grado de responsabilidad de la entidad accionada en la muerte del señor Gener Valencia Sepúlveda.

Por lo tanto, como ya se dijo no se encuentra probado que los mismos fueran determinantes para cambiar la decisión tomada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

III. Que el recurrente no las hubiera podido aportar al proceso, por fuerza mayor, caso fortuito o por obra de la parte contraria.

En las condiciones que se han anotado, se advierte que el aporte de los mencionados documentos al trámite del proceso tampoco obedece a alguna de las circunstancias que consagra la causal como fuerza mayor, caso fortuito o por obra de la parte contraria. Aun cuando en la sustentación del recurso, el apoderado manifestó que el desconocimiento de la ley si es excusa para que los accionantes no allegaran los documentos, por ser personas desconocedoras del derecho.

De acuerdo con lo anterior, la Sala precisa que si bien es cierto para los poderdantes pudiera ser desconocido la forma de probar el daño alegado, no es aceptable desde ningún punto de vista que el apoderado judicial lo desconozca, y por lo tanto, en el presente asunto no se probó la configuración de la causal de fuerza mayor (hecho externo, imprevisible e irresistible) o caso fortuito, ni mucho menos maniobra de la parte contraria.

Así las cosas, no pueden ser de recibo los argumentos esgrimidos en el escrito del recurso por parte del apoderado de los accionantes, en el sentido que el desconocimiento de los procedimientos judiciales por parte de las personas que no son versadas en derecho es una situación de carácter imprevisible e irresistible, debido a que es precisamente por esta circunstancia que la Ley prevé que se acuda ante la jurisdicción a través de apoderado judicial que debe ser un abogado titulado, ya que es esta la persona que velará por los intereses de sus prohijados, siendo completamente improcedente sostener que la parte resultó vencida dentro de un proceso, por el desconocimiento de las víctimas del hecho de la ley, por cuanto es deber del abogado que los representa saber cuáles son las formalidades jurídicas que se requieren para la prosperidad de sus pretensiones.

Es decir que, la causal alegada por el recurrente no es de recibo por parte de esta Subsección, debido a que no cumple con las exigencias técnicas para la procedencia del recurso, como lo es la demostración del caso fortuito, la fuerza mayor o por obra de la parte contraria.

En conclusión, los instrumentos aportados para invocar la causal 2ª del Recurso Extraordinario de Revisión, no ostentan el carácter de recobrados y en consecuencia, por esta causal no procede reabrir el proceso y analizar los fundamentos legales, tenidos en cuenta por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca para proferir el fallo de instancia, en estas condiciones por no reunir las pruebas traídas al recurso, los requisitos señalados en el numeral 2º del artículo 188 del Código Contencioso Administrativo, se declarará la no prosperidad del recurso extraordinario interpuesto.

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

NO PROSPERA el Recurso Extraordinario de Revisión propuesto por la parte demandada contra la sentencia de fecha 4 de diciembre de 2007 proferida el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y por la cual se decretó la falta de legitimación en la causa por activa y se negaron las pretensiones de la demanda.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE y una vez ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.

Magistrados: Jaime Orlando Santofimio Gamboa.—Guillermo Sánchez Luque.—Jaime Enrique Rodríguez Navas.

1 Fls.98 a 109 Cdno.1

2 Fls.201 a 208 Cdno.1.

3 Fls.4 a 19 Cdno. ppal.

4 Fls.26 y 27 Cdno. ppal.

5 Fls.38 a 47 Cdno. ppal.

6 Fls.55 y 56 Cdno. ppal.