Sentencia 2003-03468/20594 de mayo 4 de 2015

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION CUARTA

Rad.: 05001-23-31-000-2003-03468-01 [20594]

Actor: La Palma y Cía. S. en C.

Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN

Consejera Ponente:

Dra. Martha Teresa Briceño de Valencia

Bogotá D.C., cuatro de mayo de dos mil quince.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

Corresponde a la Sala decidir sobre la legalidad de los actos mediante los cuales la administración modificó la liquidación privada del impuesto de renta del año gravable 1998, presentada por La Palma y Cía S. en C.

En concreto se trata de decidir si es procedente el rechazo de la deducción por amortización de inversiones solicitada por la actora, por la suma de $ 136.801.000.

En el recurso de apelación, la demandada afirma que la amortización solicitada por el año gravable 1998 corresponde a los valores no solicitados como deducción en vigencias anteriores por amortización de inversiones, las cuales se acumularon en el citado período gravable, procedimiento que va en contravía de las normas tributarias, que disponen que debe hacerse en cinco años, no siendo procedente la acumulación en un tiempo inferior, pues la norma solo permite hacerlo cuando se demuestre que por la naturaleza o duración del negocio, debe hacerse en un plazo menor.

El a quo señaló que si bien es cierto que el artículo 143 del estatuto tributario establece un plazo de 5 años para efectuar las amortizaciones por inversiones, no prohíbe el cálculo acumulativo que realizó la contribuyente y, en esas condiciones, encontró ajustada a derecho la deducción solicitada por la sociedad.

Deducción por inversiones en el impuesto sobre la renta.

La deducción por amortización de inversiones en el impuesto sobre la renta está regulada en los artículos 142 y 143 del estatuto tributario, y está referida al reconocimiento en la declaración de renta de la alícuota correspondiente al desgaste, agotamiento o menor valor que con el uso o el transcurrir del tiempo sufren los activos diferentes a los fijos, y que en la técnica contable se conocen como activos diferidos(16). Cabe aclarar que lo dispuesto en tales disposiciones corresponde a lo señalado en el artículo 58 del Decreto Ley 2053 de 1974, norma vigente al momento de hacer la compilación de las normas con fuerza de ley en el año 1989, cuando fue expedido el estatuto tributario.

Para efectos tributarios, el inciso 2º del artículo 142 del estatuto tributario, define las inversiones amortizables como “los desembolsos efectuados o causados para los fines del negocio o actividad susceptibles de demérito y que de acuerdo con la técnica contable, deban registrarse como activos, para su amortización en más de un año o período gravable, o tratarse como diferidos, ya fueren gastos preliminares de instalación u organización o de desarrollo; o costos de adquisición o explotación de minas y de exploración y explotación de yacimientos petrolíferos o de gas y otros productos naturales. También es amortizable el costo de los intangibles susceptibles de demérito”.

Una de esas condiciones para que sean deducibles las inversiones, es que se realicen en un período no inferior a 5 años, salvo que se demuestre que por la naturaleza o duración del negocio, la amortización deba hacerse en un plazo inferior según el artículo 143 del estatuto tributario.

El término para la amortización de las inversiones de que trata el artículo 142 del estatuto tributario está previsto en el artículo 143 ibídem, pues esta última norma señala expresamente “Las inversiones a que se refiere el artículo precedente…”, de lo cual se deduce que el plazo de amortización solo se aplica para las erogaciones del artículo 142 del estatuto tributario, como son los diferidos y los intangibles.

Además de las inversiones amortizables reguladas en los artículos 142 y 143 del estatuto tributario, la normativa fiscal consagró en el artículo 158 una deducción por amortización en el sector agropecuario, así:

“ART. 158.—Deducción por amortización en el sector agropecuario. Serán considerados como gastos deducibles del impuesto sobre la renta, en sus coeficientes de amortización, las inversiones en construcción y reparación de viviendas en el campo en beneficio de los trabajadores; igualmente, los desmontes, obras de riego y de desecación; la titulación de baldíos; construcción de acueductos, cercas, bañaderas y demás inversiones en la fundación, ampliación y mejoramiento de fincas rurales.

El Gobierno fijará las inversiones a que se refiere este artículo y reglamentará la forma de ejecutar estas deducciones (negrillas fuera de texto).

Del texto transcrito se advierte que para la amortización de gastos relacionados con la construcción y reparación de viviendas para trabajadores del campo así como para las demás inversiones realizadas en la fundación, ampliación y mejoramiento de fincas rurales, el artículo 158 del estatuto tributario señala que son deducibles en sus “coeficientes de amortización” y delegó en el Gobierno Nacional la posibilidad de reglamentar las inversiones y la forma de ejecutarlas.

Debe precisarse que el artículo 158 del estatuto tributario corresponde al artículo 43 de la Ley 26 de 1959, compilado al ser expedido el estatuto tributario mediante el Decreto Ley 624 de 1989, norma que fue reglamentada en el artículo 109 del Decreto Reglamentario 1562 de 1973, cuyo inciso 1º dispone lo siguiente:

“ART. 109.—En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 26 de 1959, serán también deducibles de la renta bruta, en cinco años por partes iguales, los siguientes gastos: inversiones en construcción y reparación de viviendas en el campo para trabajadores; titulación de baldíos; construcción de acueductos, cercas, bañaderas y demás inversiones en la fundación, ampliación y mejoramiento de fincas rurales (negrillas fuera de texto).

Conforme con la norma reglamentaria transcrita, en el caso de la deducción por inversiones en actividades agropecuarias a las que se refiere el artículo 158 del estatuto tributario, el término de amortización es de cinco años y la cuota anual es del mismo valor, de manera que en este tipo de inversiones, no existe la posibilidad de amortizar el valor en un plazo inferior, como si lo permite el artículo 143 del mismo estatuto para las inversiones allí previstas, pero se insiste, siempre que en éste último caso, el contribuyente demuestre las razones que tuvo para apartarse del término de los cinco años.

Caso concreto.

La administración sustenta la glosa en que revisados los cargos diferidos contabilizados por la actora, encontró que entre los años 1993 y 1998 se hicieron inversiones y amortizaciones, pero fiscalmente en las declaraciones tributarias dejó de solicitar amortizaciones o se hicieron en cuantías inferiores, por lo que en la declaración de renta del año gravable 1998 liquidó lo que no había solicitado en vigencias anteriores, lo que a la luz del artículo 158 del estatuto tributario no resulta procedente porque las inversiones deben amortizarse en cinco años y en partes iguales, lo que deja por fuera el arrastre o la acumulación de amortizaciones.

Vistos los antecedentes administrativos, se advierte que la demandante, desde la respuesta a un requerimiento ordinario de información(17), ha manifestado que su objeto social es la producción de banano en la zona bananera del Magdalena, afirmación que la Sala encuentra respaldada con el certificado de existencia y representación legal, pues el objeto social de la demandante consiste en “la explotación de bienes raíces rurales propios o de terceros, con actividades agroindustriales, ganaderas o pecuarias en general con las industrias agrícolas y pecuarias”(18).

Además, obra en el proceso el contrato de arrendamiento en virtud del cual, la contribuyente, en calidad de arrendataria, recibió en arriendo la finca La Palma, ubicada en el municipio de Ciénaga (Magdalena) y en la cláusula quinta se estipuló que: “La sociedad arrendataria se obliga a dar el sostenimiento adecuado de las herramientas, campamentos, maquinaria, viviendas, muebles y enseres en general, y cuyo inventario se anexa al contrato”(19).

De acuerdo con las pruebas aportadas por la demandante, para el desarrollo de su actividad económica efectuó inversiones en el mencionado predio, consistentes en electrificación, plantaciones, campamentos, cables vías, drenajes, riego y pozos y otras inversiones(20).

En esas condiciones, se observa que analizadas en conjunto las anteriores pruebas, se puede concluir, como lo hizo la administración, que la deducción por amortización de la demandante encuadra en lo dispuesto en el artículo 158 del estatuto tributario, norma especial aplicable al sector agropecuario que, como se explicó, fue reglamentada en el artículo 109 del Decreto 1562 de 1973 que dispuso expresamente que el término para la amortización de las inversiones en actividades agropecuarias se debe hacer “en cinco años por partes iguales”.

No obstante lo anterior y en punto a la discusión que se contrae en el sub examine al plazo en que puede solicitarse la deducción, la demandante afirma que aplicó la deducción general del artículo 142 del estatuto tributario y que el plazo previsto en el artículo 143 ibídem para solicitarla puede ser inferior a 5 años. Sin embargo, este argumento no ha sido consistente, si se tiene en cuenta que en la respuesta a un requerimiento ordinario expresamente afirmó que “la amortización de los llamados cargos diferidos se hizo con base en el número de cajas de banano producidas y exportadas (…). De acuerdo a lo establecido en el artículo 158 del estatuto tributario, los diferidos comentados corresponden a inversiones en el sector agropecuario”(21).

Si aún en gracia de discusión se aceptara que podía solicitar la deducción prevista en el artículo 142 del estatuto tributario, esta tampoco puede realizarse en un plazo inferior a 5 años, salvo que, como lo dispone el artículo 143 del mismo estatuto, “por la naturaleza o duración del negocio, la amortización deba hacerse en un plazo inferior”.

En lo que tiene que ver con la naturaleza o duración del negocio, la Sala ha precisado(22) que debe entenderse en relación con la actividad específica desarrollada en virtud de la inversión, como serían los gastos preliminares de instalación y no respecto del desarrollo normal del objeto social de la empresa, y que “sobre la base de la regla general del plazo no menor a cinco (5) años, pero otorgando el derecho al contribuyente de comprobar la naturaleza o duración de la actividad específica desarrollada en virtud de la inversión y, por ende, la procedencia de un plazo inferior a cinco (5) años para realizarla. En este orden de ideas, es claro que son las normas tributarias las que definen la forma, término y procedimiento para efectuar la amortización”(23).

Como se advierte, correspondía a la demandante demostrar que la amortización procedía en un tiempo inferior a los 5 años. Sin embargo, revisado el expediente no se encuentra sustento probatorio alguno, salvo la afirmación de que la diferente clase de activos exigían aplicar alícuotas diferentes. Además, no puede desconocerse que la actora reconoció en sede administrativa que “por el año de 1998 y en virtud de reflejar su verdadera realidad económica, amortiza en ese año valores que en los años anteriores dejó de amortizar por este concepto, (…)”(24).

Lo afirmado por la demandante ante la administración se corrobora con el cuadro aportado con la respuesta al emplazamiento para corregir en el que se reflejan las inversiones y amortizaciones entre los años 1994 a 1998 para sustentar el valor de $ 301.349.000 solicitado como deducción en la declaración de renta del año gravable 1998 y objeto de rechazo en los actos acusados. Este cuadro, que fue una de las pruebas fundamentales que la DIAN consideró al expedir la liquidación de revisión, muestra el saldo anterior, los cargos, la amortización y el saldo por amortizar(25), así:

AñoConceptoSaldo anteriorCargosAmortizaciónSaldo
por amortizar
1998Electrificación1.8810930951
 Plantaciones75.538037.37738.161
 Campamentos18008991
 Empacadora021.875021.875
 Cables vías35025.10817325.285
 Drenajes113.28754.42856.065111.660
 Riego73.96618.24336.59955.610
 Pozos55.545027.48328.062
 Otras inversiones85.321042.23343.088
 Ajuste inversiones202.757114.831100.410217.178
 Total año608.825234.485301.349430.301

Del cuadro anterior se advierte que los valores amortizados y solicitados como deducción en el respectivo año gravable representan aproximadamente la mitad del saldo anterior y si se analiza el resto del cuadro antes aludido, esto es, lo correspondiente a los cuatro años anteriores al investigado, (1997, 1996, 1995 y 1994), la actora, por los mismos conceptos de inversiones, amortizó en una mínima parte los saldos existentes, hecho que coincide con lo anunciado por el contribuyente desde su discusión en sede administrativa y ahora en la judicial.

En efecto, en la resolución del recurso de reconsideración, la administración precisó que al revisar la información contable de la actora y las declaraciones tributarias, se determinó que las inversiones, la amortización contable y la amortización declarada, se registraron así:

Año gravableInversiónAmort. contableAmort. declarada
199458.850.64211.770.0000
1995221.611.46744.322.29730.146.000
199692.146.00018.429.2000
1997184.532.95136.906.59028.527.000
1998217.030.363378.454.547301.349.000

Como se advierte, a pesar de que la demandante contabilizó en años anteriores la amortización de las inversiones, no las solicitó en las declaraciones de renta o si lo hizo fue en cuantías menores, hecho que la demandante ha reconocido ante la administración.

Así pues, de acuerdo con los cálculos realizados por la DIAN, que no fueron desvirtuados por la demandante, la suma que correspondía solicitar en el año gravable 1998, era la de $ 164.548.000, teniendo en cuenta que el valor de las inversiones realizadas entre los años gravables 1993 a 1998, fue de $ 822.740.833, según cuadro discriminado que hizo parte de los fundamentos de la resolución que decidió el recurso de reconsideración(26).

Lo anterior, hace procedente también la sanción por inexactitud, porque la demandante se abstuvo de solicitar como deducción en años anteriores a 1998, las alícuotas de amortización de cada uno de esos años y solo vino a hacerlo en un monto representativo en el año gravable investigado, cuando la norma aplicable según la actividad de la empresa era el artículo 158 del estatuto tributario, que en forma clara establece las condiciones para la amortización de inversiones en la actividades agropecuarias.

A juicio de la Sala, en el sub lite no se presenta una diferencia de criterios en cuanto a la norma aplicable, que haga posible levantar la sanción por inexactitud, ya que tal como lo advirtió la administración tributaria a la demandante, no era posible que se abstuviera de solicitar en la declaración de renta de los años anteriores a 1998, la deducción por inversiones amortizables, para hacerlo en el año gravable 1998, situación que tampoco es procedente para los contribuyentes cobijados por las normas generales de las inversiones, como lo son los artículos 142 y 143 del estatuto tributario.

El proceder de la actora al llevar como deducción un mayor valor del que correspondía, es violatorio de las normas en que debía fundarse para diligenciar el formulario de la declaración de renta por el año gravable 1998, de manera que al pretender solicitar un mayor valor por “deducción de inversiones amortizables” originó un menor impuesto a cargo, conducta sancionable con inexactitud conforme al artículo 647 del mismo estatuto.

Las anteriores razones son suficientes para revocar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia que anuló los actos demandados.

No obstante lo anterior, le corresponde a la Sala analizar los argumentos que en primera instancia no prosperaron en favor de la parte demandante, esto es, los relacionados con la extemporaneidad del requerimiento especial y la configuración del silencio administrativo positivo, porque al proferirse decisión de mérito favorable a sus pretensiones, no podía interponer el recurso de apelación(27), toda vez que la sentencia le fue favorable, lo que excluye su interés legítimo para recurrir. En un asunto similar, la Sala se pronunció así:

“7.17. En casos como este, el superior tiene el deber de estudiar los otros argumentos o razones expuestos en la demanda, para garantizar así el principio de congruencia y de igualdad de las partes o simetría procesal, que se informan, ambos, en el derecho a la tutela judicial efectiva —que le impone el estudio y decisión de todo lo reclamado por el actor—, en el derecho de contradicción —que le asegura al demandado que únicamente está llamado a resistirse a lo que le fue formulado de manera expresa— y el derecho a la igualdad —que supone relativa paridad de las partes, sin que pueda encontrarse ninguna de ellas en situación de inferioridad jurídica—.

7.18. Recuérdese que los “límites” del juez, en sede de apelación, solo están demarcados por uno subjetivo —solo afecta a las partes que apelan— y por otro objetivo determinado a) por el objeto de la apelación derivado de la correspondencia entre lo que le fue desfavorable y lo que pretende sea reformado o revocado y b) por la prohibición de la reforma peyorativa (reforma en peor), que prohíbe que la sentencia le sea más gravosa, en los términos de la parte resolutiva de la decisión, llámese auto o sentencia, que es, por decirlo de alguna manera, la causa del daño o agravio que se predica de la providencia de primera instancia.

7.19. Por esas razones no solo es válido, sino que es imperativo el estudio de los otros argumentos o razones, sin que se infrinjan esos principios y límites, si eventualmente la sentencia es confirmatoria, porque ello no desmejora el status del recurrente.

7.20. En síntesis, esta interpretación no viola el principio de la reformatio in pejus, esto es, la prohibición de reformar en peor la providencia cuando se trate de apelante único, porque la parte resolutiva es la misma, y es ésta la que determina la favorabilidad o no de la decisión objeto de revisión, mediante el recurso de apelación”(28).

En esas condiciones, procede la Sala a analizar los demás cargos de la demanda.

Extemporaneidad en la notificación del requerimiento especial.

La demandante sostiene que el requerimiento especial fue notificado por fuera del término previsto en el artículo 705 del estatuto tributario, esto es, cuando habían transcurrido los dos años siguientes a la fecha del vencimiento para declarar.

La Sala advierte que el plazo para notificar el requerimiento especial se suspende, entre otros eventos previstos en el artículo 706 del estatuto tributario, durante el mes siguiente a la notificación del emplazamiento para corregir.

En el sub examine, la demandante tenía como plazo máximo para presentar la declaración de renta del año gravable 1998, el 9 de abril de 1999(29), de acuerdo con el último número del NIT, por lo tanto, la DIAN podía notificar el requerimiento especial hasta el 9 de abril del 2001.

Sin embargo, teniendo en cuenta que la administración notificó el emplazamiento para corregir el 4 de abril de 2001(30), el plazo para notificar el requerimiento especial se extendió por un mes más, esto es, hasta el 9 de mayo de 2001. Revisado el requerimiento especial aportado con la demanda, se advierte que tiene anotada como fecha de recibido el 8 de mayo de 2001(31) y que fue confirmada en la respuesta al requerimiento especial presentada por el contribuyente(32).

En esas condiciones, como lo concluyó el a quo, el requerimiento especial fue notificado oportunamente.

Extemporaneidad de la resolución que decidió el recurso de reconsideración - silencio administrativo positivo.

La actora alegó que la resolución que decidió el recurso de reconsideración fue extemporánea, toda vez que la práctica de la inspección tributaria dentro del término que tiene la administración para proferir la decisión, en este caso, está afectada de nulidad, lo cual hace que no se haya suspendido el término por tres meses adicionales para fallar el recurso interpuesto.

De los antecedentes administrativos se advierte lo siguiente:

• Mediante Auto de inspección tributaria 001 del 10 de febrero de 2003, notificado por correo el 13 de febrero siguiente, se ordenó la práctica de esta inspección al funcionario José Alberto Cardona(33).

• La jefe del grupo vía gubernativa, en oficio del 17 de febrero de 2003, informó a la jefe de la división de fiscalización tributaria, que en desarrollo de la inspección tributaria se solicita “la práctica de la Inspección Contable al Contribuyente: La Palma y Cía. (…), con el fin de inspeccionar la contabilidad por impuesto de renta y complementarios por la vigencia fiscal 1998, (…)”(34).

• Por Auto del 21 de febrero de 2003, la división de fiscalización ordenó la inspección contable, para lo cual comisionó a dos funcionarias contadoras(35).

• El 10 de marzo de 2003, se levantó acta de inspección contable suscrita por las funcionarias comisionadas y el revisor fiscal y la contadora de la demandante(36).

• El 19 de mayo de 2003, se levantó acta de la inspección tributaria suscrita por el funcionario José Alberto Cardona, que tiene un acápite especial referido a la inspección contable(37).

• Revisada la notificación de la resolución que decidió el recurso de reconsideración, se advierte que se hizo entrega no solo del acto administrativo demandado sino del acta de inspección tributaria, toda vez que el sello de notificación personal practicada a la demandante aparece en la última hoja de la mencionada acta(38).

Los argumentos de la demandante para sostener que no puede tenerse en cuenta la inspección tributaria practicada por la demandada antes de decidir el recurso de reconsideración, se contraen a lo siguiente:

— La administración ordenó la práctica de una inspección tributaria, pero al momento de realizarse la inspección se llevó a cabo una inspección contable, medio de prueba diferente al ordenado y que sí suspende el término para resolver el recurso de reconsideración.

— En la visita realizada a la empresa para realizar la inspección contable, intervinieron las funcionarias comisionadas para realizar esta prueba, pero no el abogado que debía practicar la inspección tributaria.

— La inspección contable se convirtió en inspección tributaria por el simple hecho de que el funcionario encargado haya elaborado un acta de inspección tributaria.

— La DIAN no dio aplicación al artículo 783 del estatuto tributario, que dispone el traslado, por el término de un mes, del acta de la inspección tributaria.

Al respecto se observa que, como lo dispone el artículo 779 del estatuto tributario, la inspección tributaria es “un medio de prueba en virtud del cual se realiza la constatación directa de los hechos que interesan a un proceso adelantado por la administración Tributaria, para verificar su existencia, características y demás circunstancias de tiempo, modo y lugar, en la cual pueden decretarse todos los medios de prueba autorizados por la legislación tributaria y otros ordenamientos legales, previa la observancia de las ritualidades que les sean propias” (negrillas fuera de texto).

Pues bien, con base en la norma transcrita se observa que precisamente la inspección contable es uno de los medios de prueba autorizados por la ley tributaria, previsto en el artículo 782 del estatuto tributario, razón por la cual, esta Sección ha señalado que “la ley permite que dentro de la inspección tributaria se decreten todos los medios de prueba autorizados por la ley, inclusive la inspección contable, previa observancia de las ritualidades que les sean propias(39).

En esas condiciones, la práctica de la inspección contable dentro de la inspección tributaria decretada por la administración se ajusta a lo dispuesto en el artículo 779 del estatuto tributario y, por ende, su decreto tiene el efecto de suspender el término para proferir la resolución que decidió el recurso de reconsideración, como lo dispone el artículo 733 ibídem.

Ahora bien, no existe fundamento legal para sostener que en la práctica de la inspección contable debía intervenir el funcionario comisionado para adelantar la inspección tributaria. Debe precisarse que la inspección tributaria es un medio probatorio amplio dentro del cual, como se explicó, es procedente la práctica de la inspección contable que, por su especialidad, si exige que sea adelantada por contadores, como lo prevé el artículo 271 de la Ley 223 de 1995(40).

En relación con las inspecciones tributaria y contable, como se precisó, frente a cada una obra en el expediente el acta respectiva y dentro del acta de la inspección tributaria se transcribió la de la inspección contable, sin que por este hecho pueda concluirse que la inspección contable se haya convertido en inspección tributaria(41).

En cuanto al traslado del acta de la inspección tributaria(42), se advierte que el artículo 779, in fine, del estatuto tributario prevé que “Cuando de la práctica de la inspección tributaria se derive una actuación administrativa, el acta respectiva constituirá parte de la misma”, presupuesto que fue cumplido por la demandada pues, como se indicó, con la notificación personal del recurso de reconsideración se hizo entrega del acta de la inspección tributaria.

Lo previsto en el artículo 783 del estatuto tributario, invocado por la demandante, prevé el traslado de la inspección tributaria cuando no proceda el requerimiento o el traslado de cargos, supuesto fáctico que no corresponde al asunto objeto de examen.

Por todo lo anterior, la Sala revocará la sentencia apelada en cuanto anuló los actos demandados y declaró la firmeza de la declaración privada presentada por la actora por el año gravable 1998, en su lugar, denegará las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo contencioso administrativo, sección cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.

FALLA:

1. REVÓCANSE los numerales primero y segundo de la Sentencia del 25 de junio de 2012 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia. En su lugar,

NIÉGANSE las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2. CONFÍRMASE el numeral tercero de la sentencia apelada.

Se reconoce personería a Pablo Nelson Rodríguez Silva, para representar a la parte demandada en los términos del poder conferido.

Cópiese, notifíquese, devuélvase el expediente al Tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha».

(16) Según el artículo 67 del Decreto 2649 de 1993 (Reglamento general de la contabilidad) “deben reconocerse como activos diferidos los recursos, distintos de los regulados en los artículos anteriores que correspondan a: 1. Gastos anticipados, tales como intereses, seguros, arrendamientos y otros incurridos para recibir en el futuro servicios. 2. Cargos diferidos, que representan bienes o servicios recibidos de los cuales se espera obtener beneficios económicos en otros períodos. Se deben registrar como cargos diferidos los costos incurridos durante las etapas de organización, construcción, instalación, montaje y puesta en marcha...
(…) El valor histórico de estos activos, reexpresado cuando sea pertinente por virtud de la inflación, se debe amortizar en forma sistemática durante el lapso estimado de su recuperación…”.

(17) Fl. 97 c.a.

(18) Fl. 230 c.a.

(19) Fls. 283 a 285 c.a.

(20) Fl. 95 c.a.

(21) Fl. 48 c.a.

(22) Tesis expuesta en la Sentencia del 7 de diciembre de 2006, radicado 14434, C.P. Juan Ángel Palacio Hincapié. En esta sentencia se declaró la nulidad parcial del Concepto 06879 de 31 de agosto de 1998 en virtud del cual la DIAN, con fundamento en los artículos 142 y 143 inciso primero del estatuto tributario sentó como tesis jurídica que: “no se pueden solicitar amortizaciones en plazos inferiores a cinco años”. Reiterada en las sentencias del 19 de agosto de 2010, radicado 16750, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas y del 28 de julio de 2011, radicado 17161, C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez.

(23) Sentencia del 5 de junio de 2014, exp. 18897, M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

(24) Fl. 48 c.a.

(25) Fls. 107 y 108 c.a. y 59 y 60 c.p.

(26) Fl. 100 c.a.

(27) CPC, art. 350.

(28) Sentencia del 12 de diciembre de 2014, exp. 19121, M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

(29) Decreto 2652 de 1998, artículo 10. Último número del NIT - 7.

(30) Fl. 101 c.a.

(31) Fl. 31 c.p.

(32) Fl. 50 c.p.

(33) Fls. 248 a 249 c.a.

(34) Fl. 250 c.a.

(35) Fl. 251 c.a.

(36) Fls. 296 a 299 c.a.

(37) Fls. 344 a 350 c.a.

(38) Fl. 343 c.a.

(39) Sentencia del 31 de mayo de 2012, exp. 18135, M.P. William Giraldo Giraldo en la que se reiteraron las sentencias de 31 de enero de 1997, exp. 8060, M.P. Delio Gómez Leyva, 24 de marzo de 2000, exp. 9772, M.P. Daniel Manrique Guzmán y 7 de diciembre de 2000, exp. 11080, M.P. Juan Ángel Palacio, entre otras.

(40) L. 223/95, art. 271. Las inspecciones contables de que trata el artículo 138 deberán ser realizadas bajo la responsabilidad de un contador público. Es nula la diligencia sin el lleno de este requisito.

(41) Esta corporación ha indicado que: “En efecto, en el asunto que se examina, advierte la Sala que contrario a lo aducido por la recurrente, tal proceder resulta viable, en aplicación del principio de economía que debe regir las actuaciones administrativas en general, además si bien los artículos 779 y 782 del estatuto tributario que consagran la inspección tributaria y contable establecen que se levantará un acta de dichas diligencias, no existe fundamento legal alguno que permita afirmar que no pueda hacerse una sola por las dos inspecciones. Además debe tenerse en cuenta que la finalidad del levantamiento de las actas de inspección es la dejar constancia tanto para la administración como para el contribuyente de los hechos y pruebas obtenidos en la diligencia con el fin de preservar el derecho de defensa y el debido proceso que debe asistir a las actuaciones de la administración, fin que en nada se afecta con la realización de un acta conjunta por la inspección tributaria y contable” (negrillas fuera de texto). Sentencia del 16 de julio de 2005, exp. 13975, M.P. Juan Ángel Palacio Hincapié.

(42) El a quo analizó el traslado del acta de la inspección contable, cuando lo alegado por la actora se refirió al acta de la inspección tributaria y por esa razón invocó el artículo 783 E.T.