Sentencia 2003-03496 de marzo 27 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION CUARTA

Radicación número: 760012331000200303496-01

Número interno 18221

Consejero Ponente:

Dr. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas

Demandante: Reisbrands Ltda. SIA

Demandado: UAE Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN

Asunto: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho

Fallo

Bogotá, D.C., veintisiete de marzo de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «3. Consideraciones de la Sala

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la UAE DIAN contra la sentencia del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que declaró la nulidad de los actos administrativos que corrigieron ciertas declaraciones de importación presentadas por la demandante durante los meses de enero a mayo de 2001.

3.1. Asunto preliminar.

Previo a resolver, se advierte que en la sentencia apelada se decidió la nulidad de los actos administrativos porque el a quo halló probadas dos causales de nulidad: (i) la de falta de competencia temporal de la DIAN por la presunta configuración del silencio administrativo positivo, y (ii) la falta de motivación de los actos demandados por la presunta falta de explicación de las razones que tuvo la DIAN para modificar la subpartida arancelaria por la que los importadores venían declarando cierto tipo de mercancías.

En el recurso de apelación, la DIAN no propuso razones de oposición respecto de la configuración de la causal de nulidad por falta de competencia temporal por presunta ocurrencia del silencio administrativo positivo. Como se vio, el apoderado de la DIAN expuso unas breves razones de explicación, más que de disentimiento frente a la clasificación arancelaria de la mercancía que importó la parte actora, y cuyas declaraciones de importación fueron objeto de liquidación oficial.

El artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, que regula la competencia del juez de segunda instancia, dispone que la apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante, y que, por lo tanto, el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquella.

Con fundamento en el artículo 357 ibídem, la Sala no podría enmendar la providencia apelada en la parte que no fue objeto del recurso de apelación por parte de la DIAN.

Sin embargo, la Sala considera que debe revisar toda la providencia apelada por las siguientes razones:

De conformidad con el inciso segundo del artículo 306 del Código de Procedimiento Civil, el juez puede abstenerse de examinar las restantes pretensiones de la demanda cuando encuentra probada al menos una excepción que conduzca a rechazar todas las pretensiones de la demanda. Esta misma premisa se aplica en los procesos contenciosos administrativos, cuando el juez encuentra probada una causal de nulidad de los actos administrativos demandados.

En el caso concreto, el tribunal halló configurada la causal de nulidad por falta de competencia temporal por ocurrencia del silencio administrativo positivo, decisión que no apeló la DIAN.

Como la DIAN no apeló esa decisión, la Sala, se reitera, no tendría por qué revisar la sentencia del a quo. Sin embargo, si prospera el recurso de apelación de la DIAN respecto del tema que sí fue objetado, la Sala tendría que, necesariamente, revisar si se configuró la causal de nulidad por falta de competencia temporal.

Por el contrario, si la Sala decide que no se configuró la causal de nulidad por falta de competencia temporal, igual le tocaría decidir si se configuraron las demás causales de nulidad que invocó la parte actora en la demanda.

En consecuencia, procede la Sala a analizar, en primera instancia, la causal de nulidad por falta de competencia temporal.

3.2. De las causales de nulidad.

3.2.1. De la causal de nulidad por falta de competencia temporal.

a. Hechos relevantes para decidir la litis.

Para resolver la causal de nulidad por falta de competencia temporal es menester destacar los siguientes hechos relevantes:

En el expediente se encuentra probado que la sociedad Reisbrands Ltda. SIA presentó, en nombre y representación de la sociedad Datecsa S.A., las declaraciones de importación que se relacionan a continuación, junto con las facturas, declaraciones andinas de valor y otros documentos soporte (fls. 28 a 144 anexos):

Número Declaración de importaciónFecha
0512301054763-3Mayo 25 de 2001
0605944074803-5Abril 19 de 2001
0706425070608-7Abril 26 de 2001
0706425070633-1Mayo 2 de 2001
0706425070875-7Mayo 14 de 2001
0706425069423-1Febrero 5 de 2001
0706425069611-8Febrero 19 de 2001
0706425069613-2Febrero 19 de 2001
0706425069614-1Febrero 19 de 2001
0706425069615-7Febrero 19 de 2001
0706425091047-4Febrero 28 de 2001
0605944074507-1Marzo 15 de 2001
0605944074799-3Abril 19 de 2001
0706425069504-8Febrero 8 de 2001
0512308053965-5Marzo 5 de 2001
0512310057256-7Marzo 29 de 2001
0706425071081-0Mayo 18 de 2001
0512301054795-9Mayo 29 de 2001
0512301054797-3Mayo 29 de 2001
0512301054798-0Mayo 29 de 2001
0706425069503-0Febrero 8 de 2001
0706425069312-0Enero 17 de 2001
0706425069646-5Febrero 23 de 2001

Mediante el Auto 50150 del 11 de septiembre de 2001, la Jefe de la División de Fiscalización Aduanera de la Administración Local de Impuestos de Cali abrió el expediente CV 02 02 20150 de la Sociedad Reisbrands Ltda. SIA. (Fl. 1 anexos).

El día 19 de noviembre de 2001, la Jefe de la División de Programas de Fiscalización Aduanera profirió el requerimiento ordinario de información 63-00-051-001078 (fls. 3 a 5 anexos), en el que requirió a la sociedad Datecsa S.A. lo siguiente:

“1. Corregir las declaraciones de importación que se relacionan a continuación, mediante la cual la empresa importó equipos proyectores de imágenes fijas y de video, las cuales pueden provenir de un televisor, un computador, un VHS, un DVD, videojuego o una antena, que clasificó bajo la subpartida 90.07.20.90.00, y que a juicio de este despacho deben ser clasificadas bajo la subpartida arancelaria 85.28.30.00.00, ya que toda clasificación arancelaria debe efectuarse de acuerdo con el sistema armonizado colombiano y en este caso teniendo en cuenta las reglas generales interpretativas 1 y 6 del mencionado texto arancelario.

(...).

2. Si usted, con ocasión del presente requerimiento ordinario acepta corregir de manera voluntaria la(s) declaración(es) señalada en este documento, deberá liquidar además de los tributos aduaneros correspondientes a la subpartida mencionada que se generen, la sanción por corrección de que trata el artículo 482 literal 2.2 del Decreto 2685 de 1999, modificado por el Decreto 1232 de 2001 en su artículo 38, equivalente al 10% del valor de los tributos dejados de cancelar, sin perjuicio de los intereses moratorios que se deriven de tal corrección.

3. Remitir a este despacho fotocopia clara y legible de las declaraciones de importación: inicial y de corrección que se presente donde conste que se ha subsanado el error, liquidando y pagando los tributos, sanciones, y fotocopia del recibo oficial de pago en bancos donde se relacione el pago de los intereses moratorios que generen.

(...)”.

El día 7 de diciembre de 2001, Datecsa S.A. respondió el requerimiento ordinario de información (fls. 7 a 144 anexos).

El día 15 de octubre de 2002, la DIAN profirió el Requerimiento Especial Aduanero 1694, en el que propuso la liquidación oficial de corrección en relación con las declaraciones de importación presentadas por la sociedad Datecsa S.A., por el período comprendido entre enero y mayo del 2001. El requerimiento especial fue notificado a la sociedad Reisbrands Ltda. SIA el 16 de octubre de 2002 (fls. 158 y 160 a 185 anexos).

El 1º de noviembre de 2002, la sociedad Reisbrands Ltda. SIA respondió el requerimiento especial aduanero (fls. 186 a 192).

El 21 de noviembre de 2002, mediante auto 1867, la DIAN corrigió el requerimiento especial aduanero 1694 del 15 de octubre de 2002. Los aspectos corregidos consistieron en formular requerimiento especial aduanero a la sociedad Reisbrands Ltda. SIA, y en modificar los valores liquidados por impuesto a pagar y sanciones (fls. 229 a 271).

El 4 de diciembre de 2002, la sociedad Reisbrands Ltda. SIA respondió el auto 1867 del 21 de noviembre 2002.

Mediante la Resolución 32 del 20 de enero de 2003, la DIAN formuló liquidación oficial de corrección a las declaraciones de importación relacionadas anteriormente, presentadas por el importador Datecsa S.A., por medio de Reisbrands Ltda. SIA. Este acto administrativo se notificó personalmente a Datecsa S.A. el 29 de enero de 2003 y por conducta concluyente a Reisbrands Ltda. SIA el 14 de febrero de 2003 (fls. 305 a 639 anexos 2).

El 14 de febrero de 2003, las sociedades Reisbrands Ltda. SIA, quien manifestó que se daba por notificada por conducta concluyente de la liquidación oficial, y Datecsa S.A. interpusieron recurso de reconsideración contra la Resolución 32 mencionada (fls. 609 a 639 y 655 a 681 anexos 2)

El 14 de mayo de 2003, la División Jurídica Aduanera de la Administración Local de Aduanas de Cali, mediante la Resolución 339 del 14 de mayo de 2003, resolvió desfavorablemente el recurso de reconsideración interpuesto por Datecsa y Reisbrands Ltda. SIA. Este acto administrativo se notificó por correo certificado el día 26 de mayo de 2003 (fls. 686 a 707 anexos 2).

Mediante la Resolución 1107 del 19 de noviembre de 2003, la Administración Especial de Aduanas de Buenaventura revocó parcialmente la Resolución 339 de 2003 en el sentido de desvincular a Datecsa S.A. (fls 792 a 801 anexos 2).

b. De la configuración del silencio administrativo positivo

Mediante sentencia del 29 de octubre de 2009(1), esta Sala precisó, respecto de la configuración del silencio administrativo positivo en materia aduanera lo siguiente:

“De la configuración del silencio administrativo positivo

Para efectos de ilustrar la decisión que adoptará la Sala, conviene destacar las normas sobre silencio administrativo positivo, vigentes para la fecha de ocurrencia de los hechos, así:

El artículo 519 del Decreto 2685 de 1999, modificado por el Decreto 1198 de 2000, era del siguiente tenor:

“ART. 519.—Los términos para decidir de fondo previstos en el presente capítulo, son perentorios y su incumplimiento dará lugar al silencio administrativo positivo. Cuando el procedimiento se haya adelantado para imponer una sanción, se entenderá fallado a favor del administrado. Cuando el procedimiento se haya adelantado para formular una liquidación oficial, dará lugar a la firmeza de la declaración. En los casos de mercancía aprehendida para definición de situación jurídica, dará lugar a la entrega de la misma al interesado, previa presentación y aceptación de la declaración de legalización, cancelando los tributos aduaneros a que hubiere lugar y sin el pago de sanción alguna por concepto de rescate.

No procederá la entrega de la mercancía respecto de la cual no sea procedente la legalización de que trata el artículo 228 del presente decreto, ni de aquellas mercancías sobre las cuales existan restricciones legales o administrativas para su importación.

Cuando no sea posible legalizar la mercancía, el procedimiento previsto en el presente título continuará hasta la definición de la situación jurídica de la mercancía.

Igualmente, transcurrido el plazo para resolver el recurso de reconsideración, sin que se haya notificado decisión expresa, se entenderá fallado a favor del recurrente, en cuyo caso la autoridad competente de oficio o a petición de parte así lo declarará.

Habrá lugar a la aplicación del silencio administrativo positivo cuando desde la iniciación del respectivo proceso, hayan transcurrido más de doce (12) meses sin haber desarrollado el proceso y proferido la decisión de fondo.

Lo previsto en este artículo se aplicará sin perjuicio de las investigaciones y sanciones disciplinarias a que haya lugar.

No procederá la entrega de la mercancía respecto de la cual no sea procedente la legalización de que trata el artículo 228 del presente decreto, ni de aquellas mercancías sobre las cuales existan restricciones legales o administrativas para su importación.

Cuando no sea posible legalizar la mercancía, el procedimiento previsto en el presente título continuará hasta la definición de la situación jurídica de la mercancía.

Igualmente, transcurrido el plazo para resolver el recurso de reconsideración, sin que se haya notificado decisión expresa, se entenderá fallado a favor del recurrente, en cuyo caso la autoridad competente de oficio o a petición de parte así lo declarará.

Lo previsto en este artículo se aplicará sin perjuicio de las investigaciones y sanciones disciplinarias a que haya lugar”.

De la norma en cita se advierte que el silencio administrativo positivo se configura en dos casos: (negrilla fuera de texto)

El primero, cuando se incumplía el término para resolver el recurso de reconsideración, esto es cuando el acto definitivo se profería después de los tres meses siguientes a la presentación del recurso (art. 519, inc. 4º)(2).

El segundo, cuando desde la iniciación de la actuación administrativa transcurrían 12 meses sin que se hubiera proferido decisión de fondo (art. 519, inc. 5º).

Son esos los casos en que el legislador consagraba expresamente el silencio administrativo positivo(3). No así ocurre con los artículo 511 y 512 ibídem, que, en general, determinaban términos para el desarrollo del procedimiento, pero cuyo incumplimiento no configuraba el silencio administrativo positivo.

El primero de los citados artículos era del siguiente tenor:

“ART. 511.—Dentro de los diez (10) días siguientes a la recepción de la respuesta al requerimiento especial aduanero, se decretará mediante auto motivado la práctica de las pruebas solicitadas que sean conducentes, eficaces, pertinentes y necesarias para el esclarecimiento de los hechos materia de investigación, se denegarán las que no lo fueren y se ordenará de oficio la práctica de las que se considere pertinentes.

El auto que decrete las pruebas se deberá notificar por estado, conforme a lo establecido en el artículo 566 del presente decreto. Contra el mismo procede el recurso de reposición el cual deberá interponerse dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación y resolverse dentro de los tres (3) días siguientes a su interposición.

El término para la práctica de las pruebas será de treinta (30) días si es en el país, y de cincuenta (50) días si es en el exterior y correrá a partir de la ejecutoria del acto que las decretó.”

A su turno, el artículo 512 a la letra decía:

“ART. 512.—Recibida la respuesta al requerimiento especial aduanero y practicadas las pruebas, o vencido el término de traslado, sin que se hubiere recibido respuesta al requerimiento, o sin que se hubiere solicitado pruebas, o se hubieren denegado las solicitadas; la autoridad aduanera dispondrá de treinta (30) días para expedir el acto administrativo que decida de fondo sobre la imposición de la sanción, el decomiso de la mercancía, la formulación de la liquidación oficial o, el archivo del expediente y la devolución de la mercancía aprehendida, si a ello hubiere lugar.

La notificación del acto que decide de fondo se deberá practicar de conformidad con los artículos 564 y 567 del presente decreto”.

Aun cuando el citado artículo 512 consagraba que una vez “practicadas las pruebas”, o vencido el término de traslado, sin que se hubiere recibido respuesta al requerimiento especial, o sin que se hubiere solicitado pruebas, o se hubieren denegado las pedidas, la Administración tenía 30 días para expedir el acto administrativo que “decida de fondo sobre la imposición de la sanción, el decomiso de la mercancía, la formulación de la liquidación oficial, o el archivo del expediente y la devolución de la mercancía aprehendida”, lo cierto es que ni el incumplimiento del término para decretar las pruebas ni el previsto para proferir la decisión después del periodo probatorio, daban lugar al silencio administrativo positivo.

En efecto, en cuanto a los términos para decidir de fondo se precisa que como el artículo 512 fijaba un término de 30 días para proferir la decisión y el 519 preveía que la actuación administrativa no podía exceder de 12 meses, contados desde la notificación del requerimiento especial, so pena de la “aplicación del silencio administrativo positivo”, el término de los 12 meses para efectos del silencio administrativo positivo no incluía los términos para decidir el recurso de reconsideración, toda vez que el intérprete debía privilegiar, por una parte, la norma que mantenía la competencia de la Administración para proferir la decisión de fondo y no aquella que reducía la oportunidad para proferirla y, por otro lado, debía tener en cuenta las normas que regularon de manera expresa el silencio administrativo positivo (art. 519, incs. 4º y 5º). Esa era realmente la forma en que debían interpretarse las normas sobre el procedimiento aduanero.

La Sala precisa que la consagración del silencio administrativo positivo se entiende cuando el legislador expresamente así lo instituye de forma que no debe quedar ninguna duda en el sentido de que la consecuencia del vencimiento del plazo sea la perdida de la competencia de la administración y el nacimiento de un acto ficto o presunto a favor del administrado. Ahora bien, en general, los términos procesales que tiene el Estado para proferir las decisiones correspondientes son términos de tipo perentorio pero no necesariamente preclusivos. Es decir que, así esté vencido un plazo, la decisión correspondiente resulta válida y eficaz, salvo que el legislador expresamente haya consagrado otra disposición como cuando estipula la preclusión del término en el sentido de indicar que la administración pierde competencia para decidir y que, en su lugar, surja el acto ficto o presunto favorable al administrado. El vencimiento de los plazos meramente perentorios puede implicar la responsabilidad personal del agente que se ha demorado en tomar la decisión pero no afecta la validez de la decisión misma. Ese tipo de plazos son los más comunes en el derecho procesal, como por ejemplo, el plazo para dictar la sentencia que instituye tanto el Código Contencioso Administrativo como el Código de Procedimiento Civil. Así esté vencido el plazo, la sentencia es válida y eficaz, sin perjuicio de que pueda existir en un momento dado responsabilidad personal del funcionario judicial si el vencimiento del plazo ocurrió injustificadamente.

En general, las normas de competencia temporal, esto es, por razón del tiempo, que es el tema que subyace en un plazo legal para producir una decisión, deben interpretarse a favor de la competencia misma. Así, sólo cuando está expresamente previsto otro efecto, el vencimiento del plazo no comporta siempre y necesariamente un caso de silencio administrativo positivo.

De la interpretación sistemática de los artículos 511, 512 y 519, según los textos vigentes para la época de los hechos, se concluye que, se reitera, los dos eventos de silencio administrativo positivo, que significa la presencia de un acto presunto y la consecuente pérdida de competencia de la administración para resolver la cuestión, son el relacionado con el plazo para resolver el recurso de reconsideración y el plazo general de 12 meses que tenía la administración para proferir la decisión de fondo a partir del inicio de la actuación administrativa”.

Conforme con la sentencia citada, la ley puede regular términos preclusivos y términos perentorios. Los términos perentorios son obligatorios, pero su incumplimiento no invalida la decisión. Cosa distinta ocurre con los términos preclusivos, en la medida en que son obligatorios pero, además, su incumplimiento conlleva las consecuencias que el legislador ha previsto, esto es, la falta de competencia para decidir, y que, en su lugar, surja el acto ficto o presunto favorable al administrado.

En el caso concreto, la demandante alegó que la DIAN pretermitió dos plazos, a su juicio, preclusivos, y que, por lo tanto, se configuró el silencio administrativo positivo. El primero, es el referido al plazo de 30 días previsto en el artículo 512 del Decreto 2685 de 1999 para decidir de fondo la situación jurídica del demandante respecto de las declaraciones de importación presentadas, esto es, para formular la liquidación oficial de corrección. Y, el segundo, el plazo de 12 meses, previsto en el artículo 519 ibídem, para, igualmente, decidir de fondo.

Para la demandante, los plazos referidos se deben contar a partir del 19 de noviembre de 2001, fecha de expedición del requerimiento ordinario de información 63-00-051-001078, pues este requerimiento, a su juicio, no dista, en el contenido, del requerimiento especial aduanero 1694 del 15 de octubre de 2002, que se notificó el 16 de octubre del mismo año.

El tribunal le halló la razón a la parte actora en cuanto a que, a su juicio, era cierto que el contenido del requerimiento ordinario de información no dista en el contenido del requerimiento especial aduanero.

La Sala no comparte esa interpretación porque el requerimiento ordinario bien puede referirse a los hechos que fundamentan un requerimiento especial aduanero, pero no por eso, es equiparable al requerimiento especial aduanero.

La diferencia entre esos dos actos de trámite radica en que el requerimiento ordinario lo expide la DIAN con el propósito de requerir información para efectos de tener mayores elementos de juicio para, ahí sí, iniciar la actuación administrativa “de oficio”, o con el propósito de persuadir al usuario aduanero para que corrija las declaraciones de importación.

El requerimiento especial aduanero, en cambio, se expide con el propósito legal(4) de iniciar la actuación administrativa aduanera con miras a que se imponga una sanción, se defina la situación jurídica de las mercancías aprehendidas, o se formule liquidación oficial de corrección o de revisión de valor.

De ahí que, el requerimiento persuasivo que, para efectos de la actuación administrativa que ahora se analiza, expidió la DIAN, cuyo contenido se transcribió páginas atrás(5), es claramente diferenciable del requerimiento especial aduanero, por la finalidad misma por la que se expidió cada acto .

De otra parte, es menester reiterar(6) que, de conformidad con el artículo 519 del Decreto 2685 de 1999(7), el silencio positivo sólo se configuraba, en materia aduanera, en dos casos: cuando al término del plazo de los 12 meses previstos para desarrollar el proceso y decidir de fondo, no se profería la liquidación oficial, y cuando al vencimiento del plazo de 3 meses previsto para decidir el recurso de reconsideración, este no se decidía.

En el caso concreto se tiene que el requerimiento especial aduanero 1694 del 15 de octubre de 2002 fue notificado a la sociedad Reisbrand Ltda. SIA el 16 de octubre de 2002 (fls. 158 y 160 a 185 anexos). El plazo de los 12 meses previstos para que se configurara el silencio administrativo positivo vencía el 16 de octubre de 2003. La liquidación oficial se notificó por conducta concluyente a Reisbrands Ltda. SIA el 14 de febrero de 2003 (fls. 305 a 639 anexos 2), es decir, oportunamente. Por tanto, no se configuró el silencio administrativo positivo.

3.2.2. De la causal de nulidad por falta de motivación.

Sobre esta causal de nulidad, que halló probada el a quo, la Sala considera que la sentencia apelada incurrió en incongruencia interna, puesto que esa causal de nulidad nunca fue propuesta por la parte actora. La demandante, como se vio, pidió que se anularan los actos por violación del principio de irretroactividad de los actos administrativos. En consecuencia, la Sala procede a analizar esa causal de nulidad. En todo caso, como se verá más adelante, la causal de falta de motivación también resultaba improcedente porque los actos demandados sí fueron motivados.

3.2.3. De la causal de nulidad por violación del principio de irretroactividad de los actos administrativos, concretamente, por aplicación retroactiva de las Resoluciones 10875 y 11069 de 2001

Según la sociedad demandante, la DIAN aplicó retroactivamente las Resoluciones 10875 y 11069 de 2001 al momento de proferir los actos administrativos demandados, para efectos de modificar la subpartida arancelaria de los bienes importados (equipos proyectores de imágenes fijas y de video, las cuales pueden provenir de un televisor, computador, VHS, DVD, videojuego o antena, que permitan proyectar sobre una pantalla la imagen recibida), registrada en las declaraciones de importación objeto de discusión.

Al respecto, se reitera que el acto de clasificación arancelaria de un bien, independientemente de que haya sido promovido por un particular o dictado de oficio por la DIAN, es un acto de carácter general, cuyos efectos son a futuro y de manera inmediata(8).

En el caso sub examine se advierte que en los considerandos de la liquidación oficial 32 de 2003, la DIAN expuso que esa institución podía ejercer control preventivo y previo, simultáneo y posterior a las operaciones de comercio exterior, simultáneo a las operaciones de comercio exterior y posterior a las operaciones de comercio exterior.

Explicó que el control posterior, que se fundamenta en los artículos 469 y 470 del Decreto 2685 de 1999, puede ejercerse en virtud de programas de fiscalización de cubrimiento nacional, con el propósito de identificar posibles infractores de las obligaciones aduaneras y determinar si las declaraciones de importación fueron debidamente diligenciadas.

Que, para el caso concreto, mediante Instrucción Administrativa 12, la DIAN instruyó a los empleados sobre el programa de fiscalización de “Control a operaciones con diferencias en la clasificación arancelaria – Video Proyectores CV”, programa de control posterior que se inició para verificar y controlar la correcta clasificación arancelaria de los equipos proyectores de imágenes fijas de acuerdo con las reglas interpretativas, notas explicativas del Arancel de Aduanas y con los pronunciamientos técnicos proferidos por la DIAN.

Que, ese programa de fiscalización se fundamentó en el estudio que hizo la subdirección técnica de la DIAN, a instancia de las peticiones formuladas por particulares, y en consideración a lo conceptuado en esas peticiones, lo que quedó plasmado en las resoluciones 3230, 10875 y 11069 de 2001, que, con fundamento en las reglas generales de interpretación del arancel 1 y 6, concluyeron que los equipos video proyectores clasifican en la subpartida arancelaria 85.28.30.00.00.

La liquidación oficial 32 de 2003 también indicó que, mediante el Concepto 61 de 2002, la oficina jurídica de la DIAN precisó que las actuaciones administrativas que formulen liquidaciones oficiales de corrección de la subpartida arancelaria siempre se fundamentan en el Arancel de Aduanas, independientemente de que la Subdirección Técnica haya proferido resolución de clasificación arancelaria, actos estos que, en todo caso, también se fundamentan en el arancel de aduanas.

De manera que, en la liquidación oficial 32 de 2003, se concluyó que la litis no debía centrarse en la aplicación de las resoluciones de clasificación arancelaria que expidió la subdirección técnica en el tiempo, puesto que esas resoluciones se tomaron como referente de análisis, pero no como el fundamento normativo para modificar la clasificación arancelaria, pues ese fundamento normativo siempre será el arancel de aduanas.

Ponderadas las consideraciones que tuvo en cuenta la DIAN para proferir los actos administrativos acusados, la Sala concluye que, en efecto, las resoluciones 10875 del 10 de diciembre de 2001, 11069 del 14 de diciembre de 2001 y 1288 del 15 de febrero de 2002 no constituyen el fundamento normativo de la clasificación arancelaria de la mercancía importada por la sociedad actora en la subpartida 85.28.30.00.00 del arancel de aduanas. El fundamento normativo de esa clasificación fue el arancel de aduanas y, en concreto, las reglas generales interpretativas 1 y 6 del arancel de aduanas.

3.2.4 De la violación del derecho al debido proceso por indebida vinculación de Reisbrands Ltda. SIA al proceso administrativo aduanero de formulación de liquidación oficial de corrección.

La sociedad actora alegó la violación del derecho al debido proceso, por el hecho de que la DIAN hubiera notificado los requerimientos ordinarios del 19 de noviembre de 2001 y del 23 de septiembre de 2002 al importador Datecsa S.A.; el Requerimiento Especial Aduanero 1694 de 2002 ordenó la notificación a Reisbrands Ltda. SIA y, en la corrección del requerimiento especial aduanero del 21 de noviembre de 2002, haya vinculado a Reisbrands Ltda. SIA. con fundamento en el artículo 310 del Código de Procedimiento Civil.

Para la demandante, no era pertinente invocar el artículo 310 del Código de Procedimiento Civil para vincular a Reisbrands Ltda. SIA al proceso administrativo, a pretexto de corregir un error aritmético.

Sobre el particular, la Sala reitera(9) que el debido proceso es una garantía instituida en favor de las partes y de los terceros interesados en una actuación administrativa o judicial. Es también una garantía a favor del Estado mismo, en cuanto tiene el derecho y la obligación de dictar las providencias conforme con los contenidos del debido proceso para preservar la legitimidad de las autoridades. En efecto, el debido proceso comprende fundamentalmente tres grandes elementos. Uno tiene que ver con el derecho a ser juzgado según las formas de cada juicio, esto es, según las normas procesales dictadas para impulsar la actuación judicial o administrativa. El otro elemento tiene que ver con el derecho a ser juzgado por lo que se conoce como el juez natural, esto es, por el juez o tribunal competente y, finalmente, aparece el importante elemento del derecho de defensa.

En el presente caso, la Sala no evidencia la alegada violación del derecho al debido proceso con la actuación adelantada por la DIAN, pues las sociedades de intermediación aduanera, como es el caso de la demandante, eran responsables, administrativamente, por la exactitud y veracidad de la información contenida en los documentos presentados ante la DIAN, por los tratamientos preferenciales y por la correcta clasificación arancelaria de las mercancías, y respondían directamente por los gravámenes, tasas, sobretasas, multas o sanciones pecuniarias que se derivaran de las actuaciones que realizaran como declarantes autorizados, de acuerdo con el artículo 22 del Decreto 2685 de 1999(10), conforme con el texto vigente a la fecha de ocurrencia de los hechos.

En esa medida, en el caso del requerimiento especial aduanero 1694 del 15 de octubre de 2002, con el que se inició el proceso administrativo aduanero de formulación de liquidación de corrección, si bien es cierto fue formulado al importador Datecsa S.A., también lo es que le fue notificado a la sociedad Reisbrands Ltda. SIA. el día 16 de octubre de 2002(11), por ser la responsable, administrativamente, de la correcta clasificación arancelaria de la mercancía objeto de discusión.

En la liquidación oficial de corrección del 20 de enero de 2003, la DIAN, de igual forma, ordenó notificar ese acto a Reisbrands Ltda. SIA. Y aunque ese procedimiento no se cumplió como lo ordenó esa liquidación oficial, el representante legal de Reisbrands Ltda. SIA manifestó que se notificaba por conducta concluyente en el escrito contentivo del recurso de reconsideración interpuesto por Reisbrands Ltda(12).

Finalmente, el artículo 310 del Código de Procedimiento Civil, que la DIAN aplicó en la actuación administrativa, permite corregir errores aritméticos, así como también, errores derivados de la omisión, cambio o alteración de palabras, que estén contenidas en la parte resolutiva de la providencia.

En el caso sub examine, el acto de trámite que se profirió para corregir el requerimiento especial aduanero no tuvo como fin vincular a Reisbrands Ltda. SIA, porque esta empresa quedó vinculada formalmente al proceso administrativo aduanero no solo porque era responsable de la clasificación arancelaria en calidad de intermediario aduanero, pues en tal calidad se mencionó a la empresa en el requerimiento especial aduanero, sino porque se la vinculó a la actuación administrativa mediante la notificación del requerimiento especial aduanero, el día 16 de octubre de 2002, ordenada por ese requerimiento especial. En consecuencia, no prospera el cargo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO. REVÓCASE la sentencia del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca del 6 de agosto de 2009, proferida en el contencioso de nulidad y restablecimiento del derecho iniciado por las Reisbrands Ltda. SIA contra la UAE DIAN.

En consecuencia, NIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha».

(1) Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia del 29 de octubre de 2009. Expediente 16482. Demandante World Customs & Cía. Ltda. SIA. Consejero Ponente: doctor Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.

(2) ART. 515.—Recurso de reconsideración, modificado por el artículo 50 del Decreto 1232 de 2001. Contra el acto administrativo que decida de fondo procede el Recurso de Reconsideración, el cual deberá interponerse dentro de los quince (15) días siguientes a su notificación. El término para resolver el Recurso de Reconsideración será de tres (3) meses contados a partir de la fecha de su interposición.

PAR.—El término para resolver el recurso de reconsideración se suspenderá por el término que dure el período probatorio cuando a ello hubiere lugar.

(3) Conviene recordar que por disposición del artículo 41 del Código Contencioso Administrativo, el silencio positivo se configura en los casos expresamente señalados en la ley, lo que excluye las interpretaciones extensivas o analógicas.

(4) Actualmente modificado por el artículo 16 del Decreto 4431 de 2004 y el artículo 7º del Decreto 2883 de 2008.

(5) Página 14.

(6) Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia del 29 de octubre de 2009. Expediente 16482. Demandante World Customs & Cía. Ltda. SIA. Consejero Ponente Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.

(7) Sin la modificación introducida por el artículo 22 del Decreto 4431 de 2004

(8) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. Bogotá D.C., 23 de junio de 2011. Radicación: 11001-03-27-000-2006-00032- 00. Número interno: 16090. Demandantes: Diana Caballero Agudelo Y Gloria I. Arango Gómez. Demandado: UAE, DIAN.

(9) Sentencia del 5 de julio de 2012, expediente 250002325000201201138-01, Consejero Ponente Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.

(10) ART. 22.—Responsabilidad de las sociedades de intermediación aduanera.

Las sociedades de intermediación aduanera que actúen ante las autoridades aduaneras, serán responsables administrativamente por la exactitud y veracidad de la información contenida en los documentos que suscriban sus representantes acreditados ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, así como por la declaración de tratamientos preferenciales, exenciones o franquicias y de la correcta clasificación arancelaria de las mercancías.

Las sociedades de intermediación aduanera responderán directamente por los gravámenes, tasas, sobretasas, multas o sanciones pecuniarias que se deriven de las actuaciones que realicen como declarantes autorizados.

Las sociedades de intermediación aduanera responderán en las controversias de valor, únicamente cuando declaren precios inferiores a los precios mínimos oficiales, o cuando declaren precios diferentes a los consignados en la factura aportada por el importador con los ajustes a que haya lugar.

(11) Folio 158 anexos.

(12) Folio 639 anexos 2.