Sentencia 2003-03502 de marzo 5 de 2009 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Rad.: 76001-23-31-000-2003-03502-01

Ref.: Apelación sentencia

Consejera Ponente:

Dra. Martha Sofía Sanz Tobón

Actor: Eduardo Borrero Rengifo

Demandado: Municipio de Cali

Bogotá, D.C., cinco de marzo de dos mil nueve.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones de la Sala

Se trata de establecer la legalidad de las resoluciones S.V.S 12 del 31 de enero y S.V.S 92 del 11 de abril de 2003, expedidas por la Secretaría de Vivienda Social del municipio de Santiago de Cali, por medio de las cuales se modificó parcialmente la Resolución S.V.S 54 del 23 de octubre de 2001, que dispuso el cumplimiento de un laudo arbitral.

Sea lo primero precisar que los actos acusados son actos de ejecución de un laudo arbitral, razón por la cual, en principio, no serían demandables ante la jurisdicción contencioso administrativa en acción de nulidad y restablecimiento del derecho; sin embargo, como se dice en la demanda que dichos actos desconocen la decisión de carácter judicial adoptada en el laudo arbitral en cuestión, procede la Sala a conocer de los mismos, teniendo en cuenta que ha sido reiterada la jurisprudencia de esta corporación, en el sentido de que los actos que dan cumplimiento a una decisión judicial son actos de ejecución y únicamente tendrán control jurisdiccional si suprimen o cambian lo ordenado por la providencia judicial, por cuanto ello implica nueva decisión y no mera ejecución (2) .

De igual manera, la Sala observa que los actos cuya declaración de nulidad se demandan son de su conocimiento, en razón de la competencia residual que le asiste, pues se advierte que si bien dan cumplimiento a lo decidido en un laudo arbitral proferido en un conflicto originado en un contrato estatal, por no ser actos que integran el laudo arbitral no son objeto del recurso de anulación, que es del conocimiento de la Sección Tercera de esta corporación.

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca encontró probado el cargo de violación del artículo 73 del Código Contencioso Administrativo y procedió a declarar la nulidad de los actos administrativos acusados.

El municipio recurrente pretende que se revoque dicho fallo, en atención a que en el mismo no se tuvo en cuenta su defensa ni se decidieron las excepciones que propuso.

La Sala verifica que, en efecto, en la sentencia de primera instancia no hubo pronunciamiento frente a las excepciones propuestas por el municipio de Santiago de Cali, razón por la cual procede a resolverlas.

El demandado propuso las excepciones de cobro de lo no debido y prejudicialidad, porque a su juicio ya le pagó al demandante la condena ordenada en el laudo arbitral del 28 de septiembre de 1999. Como prueba de ello, aduce documentos y títulos valores provenientes de la tesorería municipal; además, señala que la impugnación de dicho pago es objeto de un proceso penal promovido por la parte actora, el cual debe ser resuelto por el juez competente, previo al estudio de legalidad de los actos acusados en esta oportunidad.

Al respecto, la Sala estima útil precisar que el pago efectivo de la orden arbitral materializada en la Resolución 54 de 2001, que a juicio del actor fue modificada sin su consentimiento, no corresponde al objeto de la presente acción de nulidad y restablecimiento del derecho, sino que obedece a la ejecución de dicho acto administrativo. Es decir, que las pretensiones de la demanda no se dirigen a obtener el pago mencionado y, por tanto, la excepción de “cobro” de lo no debido no tiene vocación de prosperidad en los términos planteados.

No obstante, en atención a que uno de los cargos de nulidad señalados en la demanda es el de falsa motivación, pues según el actor no se le ha pagado suma alguna, contrario a lo que se afirma en la Resolución 12 de 2003, la Sala advierte que lo que el demandado aduce como excepción de cobro de lo no debido es un argumente de defensa frente a dicho cargo, el cual será analizado más adelante.

Tampoco prospera la excepción de prejudicialidad, porque el examen de legalidad de los actos acusados no depende del juicio penal tendiente a verificar las presuntas conductas punibles cometidas durante la ejecución del acto administrativo modificado por medio de aquellos.

Precisado lo anterior, la Sala procede a hacer un recuento de los hechos a efectos de resolver el asunto.

El laudo arbitral:

Mediante el laudo arbitral del 28 de septiembre de 1999 se condenó al municipio de Santiago de Cali a pagar al actor, indexada, la suma de $ 44’625.000.00 por concepto de la elaboración de 1.020 minutas de escritura pública, $ 2’837.549 por costas judiciales, $ 2’247.606 de agencias en derecho y $ 168.570.00 correspondientes a un saldo de lo pagado por el actor por concepto de los gastos del tribunal de arbitramento y que aún le adeudaba el citado municipio, para un total de $ 49’878’725.00.

La Resolución 54 del 23 de octubre de 2001:

Para efectos de dar cumplimiento al mencionado laudo arbitral, la administración expidió la Resolución 54 del 23 de octubre del 2001, en la cual ordenó pagar al actor las sumas señaladas en la providencia judicial, esto es, $ 44’625.000 (elaboración de minutas) $ 2’837.549 (costas judiciales), $ 2’247.606 (agencias en derecho) y $ 168.570.00 (saldo insoluto); además, ordenó el pago de $ 19’392.848.00 por concepto de los intereses moratorios, con corte a 30 de septiembre del 2001, para un total de $ 69’271.573.00. En esta resolución no se ordenó pagar $ 52’564.512.00, sólo se refirió a la disponibilidad presupuestal por dicho valor.

La Resolución S.V.S. 12 del 31 de enero de 2003:

Mediante la Resolución S.V.S. 12 del 31 de enero del 2003, el municipio de Santiago de Cali modificó parcialmente la Resolución 54 del 23 de octubre del 2001 y dispuso el pago, a favor del demandante, de las siguientes sumas: $ 44’625.000.00, por concepto de la elaboración de minutas; $ 168.570.00 como saldo insoluto de las costas judiciales, dado que el actor reconoce que por tal concepto el demandado le había pagado la suma de $ 2’668.979.00 y $ 2’247.606.00 por concepto de agencias en derecho, lo que sumado arroja la suma de $ 47’041.176.00; de igual manera, en la citada resolución se puso de presente que al interpretar equivocadamente la orden de pago, la Resolución 54 fue expedida por un valor de $ 52’564.512.00 y que al demandante se le giró un cheque por valor de $ 45’468.304.00, que resultó de restar a dicha suma de $ 52’564.512.00 los descuentos de ley ($ 5’256.451 y $ 1’839.757 por concepto de retención en la fuente y estampilla de Prounivalle (3) , respectivamente) cuando en realidad lo adeudado son $ 47’041.176.00, lo cual se traduce en que al actor se le pagaron $ 5’523.336.00, que surgen de restar a $ 52’564.512.00 la suma de $ 47’041.176.00, razón por la cual de la suma de $ 18’967.001.00 por concepto de intereses, ordenó descontar la suma de $ 5’523.336.00, es decir, que, en últimas, por tal concepto reconoció la suma de $ 13’443.665.00, para un total de $ 60’484.841.00.

La Resolución S.V.S. 92 del 11 de abril de 2003:

Inconforme con la anterior decisión el actor interpuso recurso de reposición, el cual fue resuelto mediante la Resolución S.V.S. 92 del 11 de abril del 2003, la cual reconoció al actor las mismas sumas ordenadas en el laudo arbitral y en la Resolución 54, es decir, $ 44’625.000.00 (elaboración de minutas) $ 2’837.549 (costas judiciales), $ 2’247.606 (agencias en derecho) $ 168.570.00 (saldo insoluto) y $ 19’392.848.00 (intereses moratorios) para un total de $ 69’271.573.00. De igual manera, ordenó que de dicha suma se descontaran $ 52’564.512.00 que dice haber pagado ya al actor y que se le pagara el saldo de $ 16’707.061.00.

Analizados los anteriores actos, la Sala encuentra que mediante la Resolución S.V.S. 12 del 31 de enero del 2003 se corrigió el error aritmético en que incurrió la Resolución 54 del 23 de octubre del 2001, en cuanto en ésta no se descontó la suma de $ 2’668.979.00 que por costas judiciales el demandante reconoce haber recibido del ente demandado y, por tanto, por tal concepto ordenó el pago del saldo insoluto, a saber, $ 168.570.00; asimismo, liquidó los intereses moratorios sobre la suma de $ 47’041.176.00, que resulta de restar al capital reconocido equivocadamente en la Resolución 54, esto es, $ 49’878.725.00 la suma de $ 2’668.979.00 ya pagada al actor, intereses que arrojaron un valor de $ 18’967.001.00, de los cuales ordenó descontar la suma de $ 5’523.336.00, para corregir también el error aritmético en que se incurrió al elaborar la orden de pago por $ 52’564.512.00 y no por $ 47’041.176.00.

Como quiera que en la Resolución S.V.S. 12 del 31 de enero del 2003 se corrigió un error aritmético, queda sin sustento alguno el cargo referente a la violación del artículo 73 del Código Contencioso Administrativo, respecto de no medió el consentimiento escrito y expreso del señor Eduardo Borrero Rengifo, pues es la misma norma en su inciso final la que autoriza que los actos administrativos se modifiquen parcialmente en cuanto sea necesario para corregir simples errores aritméticos, como sucedió en este caso.

Al encontrarse ajustada a derecho la Resolución S.V.S. 12 del 31 de enero del 2003 corresponde a la Sala anular la Resolución S.V.S. 92 del 11 de abril del 2003, pues en ella el demandado incurrió nuevamente en el error aritmético de la Resolución 54, pese a que dicho error ya había sido corregido mediante la Resolución S.V.S. 12 ya citada, en el sentido de no descontar, como se dijo anteriormente, las costas.

Por último, debe la Sala precisar que si bien es cierto que el actor aduce que no ha recibido suma alguna por concepto de lo adeudado como consecuencia del laudo arbitral, también lo es que lo que en el expediente consta es, como ya se dijo, que recibió la suma de $ 45’468.304.00, razón por la cual la circunstancia de no haber recibido el pago deberá ser establecida en el proceso penal que aquél adelanta, caso en el cual deberá ejercer las acciones legales pertinentes para obtener dicho pago.

Lo expuesto conduce a la Sala a revocar la decisión de primera instancia para, en su lugar, anular la Resolución S.V.S. 92 del 11 de abril de 2003 y denegar las demás pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.

FALLA:

REVÓCASE la sentencia del 6 de mayo de 2005, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y, en su lugar:

1. DECLÁRASE la nulidad de la Resolución S.V.S. 92 del 11 de abril del 2003.

2. DENIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda.

Notifíquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha».

(2) Sentencia del 10 de octubre del 2002, Exp. 4091-01(3364-02), actora, María Elena Benavides Ciceros, Consejero Ponente, Jesús Maria Lemos Bustamante.

(3) Folio 103 del cuaderno principal.

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