Sentencia 2003-03848 de julio 10 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad.: 050012331000200303848-01

Consejero Ponente:

Dr. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas

Nº Interno: 19063

Asunto: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: Jean Kaissar Feghali

Demandado: UAE DIAN

Bogotá, D.C., diez de julio de dos mil catorce

EXTRACTOS: «3. Consideraciones de la Sala

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la UAE DIAN contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Antioquia, del 14 de septiembre de 2009, que, entre otros, anuló los actos administrativos que resolvieron las excepciones formuladas por la demandante contra el mandamiento de pago 74 del 18 de febrero de 2003.

En los términos del recurso, la Sala decidirá si se configuró la causal de nulidad por expedición irregular de la Resolución 20 del 16 de abril de 2003, y su confirmatoria, la Resolución 9 del 18 de junio de 2003.

Expedición irregular como causal de nulidad de los actos administrativos

Según la jurisprudencia de la Sala, la expedición irregular o el vicio de forma del acto administrativo se configura cuando la decisión de la administración viola las normas de orden adjetivo que establecen el procedimiento para su formación o la manera como éste debe presentarse. Sin embargo, cuando el acto es expedido con vicios en el trámite, debe verificarse si éstos tienen la vocación de incidir en el sentido de la decisión, de tal manera que si la irregularidad en el proceso logra afectarla por ser sustancial o trascendente, el acto administrativo será anulable, en el caso contrario, es decir, cuando el defecto es intrascendente, no hay lugar a su anulación(6).

De acuerdo con lo anterior, la Sala establecerá si, en el presente caso, los actos administrativos demandados se expidieron con sujeción a las formalidades de rigor.

El Título VIII del Estatuto Tributario contiene la normativa que regula el procedimiento administrativo de cobro coactivo de las deudas fiscales por concepto de impuestos, anticipos, retenciones, intereses y sanciones de competencia de la UAE DIAN.

Así, el proceso administrativo de cobro coactivo inicia con la expedición del mandamiento de pago para hacer efectivos los títulos ejecutivos.

De acuerdo con el artículo 828 del Estatuto Tributario, son títulos ejecutivos las declaraciones privadas del impuesto y sus correcciones; las liquidaciones oficiales ejecutoriadas; los demás actos administrativos ejecutoriados en los que se fijen sumas líquidas de dinero a favor del fisco nacional; las garantías y cauciones prestadas a favor de la Nación para garantizar el pago de obligaciones tributarias y, las sentencias y demás decisiones jurisdiccionales ejecutoriadas, que decidan sobre las demandas presentadas en relación con los impuestos, anticipos, retenciones, sanciones e intereses administrados por la UAE DIAN.

Una vez proferido y notificado el mandamiento de pago al deudor, éste cuenta con un término de 15 días para pagar el monto de la deuda, junto con los respectivos intereses, o podrá proponer, mediante escrito, las excepciones de pago efectivo; la existencia de acuerdo de pago; la falta de ejecutoria del título; la pérdida de ejecutoria del título; la interposición de demanda de nulidad y restablecimiento del derecho o del proceso de recisión de impuestos; la prescripción de la acción de cobro y, la falta de título ejecutivo o incompetencia del funcionario que lo profirió(7).

Vencido el término de los 15 días citado, si el deudor propuso excepciones contra el mandamiento de pago, el funcionario competente deberá decidir, dentro del mes siguiente a la presentación del escrito de excepciones sobre éstas. Si las encuentra probadas, el funcionario así lo declarará y ordenará la terminación del procedimiento, cuando fuere del caso, y el levantamiento de las medidas preventivas que se hubieren decretado.

Por el contrario, si no las encuentra probadas, el funcionario proferirá una resolución que rechace las excepciones, ordenará seguir adelante con la ejecución y el remate de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución el deudor podrá interponer el recurso de reposición respectivo.

Hasta aquí se concluye, de manera concreta, que el procedimiento administrativo de cobro coactivo comprende las siguientes etapas:

1. Expedición del Mandamiento de pago.

2. Excepciones contra el mandamiento de pago.

3. Resolución que acepta o rechaza las excepciones propuestas.

4. Recurso de reposición contra el acto administrativo que rechaza las excepciones.

Ahora bien, la Sala reitera que el mandamiento de pago es un acto de trámite con el que formalmente se inicia el proceso administrativo de cobro coactivo(8), y que, como tal, además de reunir los requisitos generales y esenciales de todo acto de la administración, debe señalar de manera clara y suficiente el concepto, período y el valor de los impuestos o sanciones que debe pagar el deudor, contenidos en el título ejecutivo objeto de cobro.

Caso concreto

El demandante alegó que es procedente la excepción de “nulidad del mandamiento de pago por expedición irregular”, a partir del error en que incurrió la administración en la parte considerativa del mandamiento de pago 74 de 2003, pues mientras que allí precisó que la parte actora adeudaba la suma de $ 122.677.000, por concepto del impuesto sobre la renta del año 1996, obligación contenida en los títulos ejecutivos 360, 202, 058 y 946, en la parte resolutiva libró orden de pago por la suma de $ 291.276.000.

Al respecto, cabe precisar que la excepción propuesta por la parte actora no prospera, puesto que no es una de las excepciones que, taxativamente, el artículo 831 del Estatuto Tributario señala que procedente contra el mandamiento de pago, a saber: i) El pago efectivo; ii) La existencia de acuerdo de pago; iii) La de falta de ejecutoria del título; iv) La pérdida de ejecutoria del título por revocación o suspensión provisional del acto administrativo, hecha por autoridad competente; v) La interposición de demandas de restablecimiento del derecho o de proceso de revisión de impuestos ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo; vi) La prescripción de la acción de cobro y, vii) La falta de título ejecutivo o incompetencia del funcionario que lo profirió.

Sin embargo, la Sala considera que las razones aducidas por el demandante aluden más a la posible configuración de la excepción de falta de título ejecutivo, por el hecho de que en la parte resolutiva del mandamiento de pago se le estuviera cobrando una obligación que no correspondía a la descrita en la parte considerativa de la misma.

Revisados los antecedentes de la actuación administrativa, se advierte que la UAE DIAN libró el mandamiento de pago 74 del 18 de febrero de 2003, y que en la parte considerativa de dicho acto se precisó que la parte actora adeudaba la suma de $ 122.677.000, por concepto del impuesto sobre la renta del año 1996, obligación contenida en los títulos ejecutivos 360, 202, 58 y 946.

Luego, en la parte resolutiva del mandamiento de pago, la DIAN libró orden de pago por la suma de $ 291.276.000, por las obligaciones contenidas en los títulos identificados en la parte considerativa del mandamiento de pago.

Hasta aquí la Sala advierte que la DIAN incurrió en un error al citar la cifra que era objeto de cobro, pues mientras que en la parte considerativa dijo que la obligación contenida en los títulos ejecutivos ascendió a $ 122.677.000, en la resolutiva se libró orden de pago y se ordenó seguir adelante la ejecución por la suma de $ 291.276.000.

Lo anterior denota, como lo alegó la DIAN, un error aritmético originado en el cambio del valor que era objeto de cobro.

A pesar de esta imprecisión, lo cierto es que del contenido del mandamiento de pago podía establecerse con claridad que el valor de la obligación correspondía al fijado en la parte considerativa, lo cual no fue desvirtuado por la demandante. Tan es así, que con ocasión de las excepciones que propuso contra el mandamiento de pago, la DIAN corrigió el error en la Resolución 20 del 16 de abril de 2003, y en el numeral segundo modificó el artículo primero del mandamiento de pago 74 de 2003, en el sentido de librar orden de pago por la cifra correcta, esto es, por $ 122.677.000.

En consecuencia, si bien es cierto que la DIAN incurrió en un error al dictar el mandamiento de pago, también lo es que ese error no es de tal magnitud que afecte la validez de las resoluciones demandadas, al punto de configurar la excepción de falta de título ejecutivo.

En lo que respecta a la alegada violación de derecho de defensa, la Sala considera que no está probada, puesto que la demandante tuvo la oportunidad de proponer las excepciones contra el mandamiento de pago, así como el recurso de reposición contra el acto administrativo que las resolvió.

Finalmente, y muy contrario a lo que alegó la demandante, la DIAN sí podía corregir el error que cometió en el mandamiento de pago al amparo del artículo 866 del Estatuto Tributario, según el cual la administración podrá corregir, “en cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, los errores aritméticos o de transcripción, cometidos en las providencias, liquidaciones oficiales y demás actos administrativos, mientras no se haya ejercitado la acción contencioso administrativa”.

De tal suerte que no es válido aducir, como lo hizo la parte actora, que la Administración no podía corregir el error aritmético en la resolución que resolvió las excepciones, pues el artículo 866 ibídem no fija condición alguna para el efecto, salvo que se haga antes de que se haya iniciado la acción contencioso administrativa.

En atención de lo anterior, la Sala considera que las resoluciones y 20 del 16 de abril de 2003 y 9 del 18 de junio de 2003 no están viciadas de nulidad, lo que da lugar a la prosperidad del recurso de apelación interpuesto por la DIAN y a revocar la sentencia del tribunal que anuló dichos actos administrativos.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMANSE los numerales primero y sexto de la sentencia apelada.

2. REVÓCANSE los numerales segundo, tercero y quinto de la sentencia apelada. En su lugar, NIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

(Sic) 2. RECONÓCESE personería al abogado José Alberto Cardona Restrepo, como apoderado de la UAE DIAN, en los términos del poder que le fue otorgado.

Cópiese, notifíquese, comuníquese. Devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha».

6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección quinta, Consejero ponente: Mauricio Torres Cuervo. Bogotá D.C., 27 de enero de 2011. Nº de radicación: 11001-03-28-000-2010-00007-00, Actor: Jaime Ramírez Plazas. Demandado: Rector de la Universidad Surcolombiana.

7 Artículos 830 y 831 del Estatuto Tributario.

8 Autos del 19 de julio de 2002, exp.12733, Consejero ponente Juan Ángel Palacio Hincapié; 27 de enero de 2005, exp. 14949, Consejera ponente Ligia López Díaz; 17 de febrero de 2005, exp. 15040; y sentencias del 18 y 24 de octubre de 2007, exps. 15484 y 16220, Consejero ponente Héctor J. Romero Díaz.