Sentencia 2003-03916 de febrero 26 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Rad.: 050012331000200303916 01 (42.651)

Consejero Ponente:

Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa

Actor: Jhon Jairo Ocampo Velásquez y otros

Demandado: Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional / Departamento Administrativo de Seguridad - DAS

Asunto: Acción de reparación directa (sentencia)

Bogotá, D.C., veintiséis de febrero de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Competencia.

En atención a lo previsto en los artículos 120 del Código Contencioso Administrativo y 1º del Acuerdo 55 de 2003, la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de 10 de agosto de 2011 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia(23).

Adicionalmente, comoquiera que la sentencia de primera instancia y el recurso de apelación tuvieron lugar luego de la entrada en vigencia de la Ley 957 de 2005, la norma aplicable, a efectos de determinar la segunda instancia, es la Ley 446 de 1998, la cual señaló que el Consejo de Estado conocería en segunda instancia de las apelaciones a las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos(24), esto es, de los de reparación directa cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales(25). En el caso de autos, la pretensión mayor asciende a la suma de $ 450.000.000.oo, por concepto de lucro cesante, cuantía que excede los 500 smlmv, legalmente establecidos.

2. Prueba mediante copia simple.

Es necesario señalar lo concerniente a los documentos aportados en copia simple al proceso, frente a lo cual el precedente jurisprudencial ha precisado, que por expresa remisión que el artículo 168 del Código Contencioso Administrativo hace al régimen probatorio previsto en el Código de Procedimiento Civil, los documentos que se aporten a un proceso judicial, podrán allegarse en original o en copia, la cual puede estar constituida por trascripción o por reproducción mecánica, como lo señala el artículo 253 del Código de Procedimiento Civil.

Ahora bien, si se trata de copias, debe observarse lo dispuesto en el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, esto es:

“ART. 254.—[Modificado por el Decreto-Ley 2282 de 1989, artículo 1º. Numeral 117]. Valor probatorio de las copias. Las copias tendrán el mismo valor probatorio del original, en los siguientes casos:

1. Cuando hayan sido autorizadas por notario, director de oficina administrativa o de policía, o secretario de oficina judicial, previa orden del juez, donde se encuentre el original o una copia autenticada.

2. Cuando sean autenticadas por notario, previo cotejo con el original o la copia autenticada que se le presente.

3. Cuando sean compulsadas del original o de copia autenticada en el curso de inspección judicial, salvo que la ley disponga otra cosa”.

Resulta pertinente aclarar que la vigencia del artículo 11 de la Ley 446 de 1998 y la del artículo 25 del Decreto 2651 de 1991, según los cuales los documentos presentados en sede judicial se reputan auténticos, en nada modifican el contenido de los artículos 254 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, pues el primero de ellos se refiere solo a documentos privados y el segundo, como bien lo ha establecido la Corte Constitucional, alude a documentos originales y no a copias(26). Queda claro entonces, que los documentos mediante los cuales se pretende la demostración de los hechos alegados en la demanda, deben aportarse en original o copia auténtica, debido a que las copias simples no son medios de convicción que puedan tener la virtualidad de hacer constar o demostrar los hechos que con las mismas se pretendan hacer valer ante la jurisdicción, en cuanto su estado desprovisto de autenticación impide su valoración probatoria, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 254(27) antes citado(28).

Al respecto, ha señalado la jurisprudencia constitucional, que el precepto según el cual las copias, para que tengan el valor probatorio del original, tienen que ser autenticadas, es un principio elemental que siempre ha regido los ordenamientos procesales, considerando, que la certeza de los hechos que se tratan de demostrar con copias de documentos tiene relación directa con la autenticidad de tales copias.

“Tal certeza es el fundamento de la eficacia de la administración de justicia, y en últimas, constituye una garantía de la realización de los derechos reconocidos en la ley sustancial”(29).

Adviértase, entonces, que la honorable Corte Constitucional, en ejercicio de su función guardadora de la supremacía de la Constitución, mediante sentencia en cita, sostuvo que una cosa es la primacía del derecho sustancial, principio contenido en el artículo 228 de la Carta Magna, y otra, la prueba en el proceso de los hechos y actos jurídicos que conllevan el nacimiento, modificación o extinción de los derechos reconocidos en la ley sustancial, de manera que concibió la autenticidad de las copias, para reconocerle el mismo valor jurídico del original, el desarrollo de los derechos sustanciales, por cuanto cumple la finalidad de rodear de garantías de certeza la demostración de los hechos.

“En las actuaciones de la administración de justicia, es decir, de los jueces, “prevalecerá el derecho sustancial”. Lo cual significa esto, y solamente esto: que el proceso es un medio y que, por lo mismo, las normas procesales deben aplicarse con un fin, fin consistente en la realización de los derechos reconocidos en la ley sustancial. La exigencia del numeral 2º del artículo 254 es razonable, y no vulnera el artículo 83 de la Constitución, como tampoco el 228. En este caso, la autenticación de la copia para reconocerle “el mismo valor probatorio del original” es un precepto que rige para todas las partes en el proceso, y que no tiene otra finalidad que rodear de garantías de certeza la demostración de los hechos, fundamento del reconocimiento de los derechos. Ninguna de las dos normas acusadas quebranta el artículo 228 de la Constitución. Una cosa es la primacía del derecho sustancial, y otra, la prueba en el proceso de los hechos y actos jurídicos que causan el nacimiento, la modificación o la extinción de los derechos subjetivos, vale decir, de los derechos reconocidos por la ley sustancial. Pretender que el artículo 228 de la Constitución torna inexequibles las normas relativas a la prueba, o la exigencia misma de esta, es desconocer la finalidad de las pruebas y del proceso en sí(30)”.

Del mismo modo, aseveró el máximo tribunal de lo constitucional que la exigencia de pruebas dentro del proceso judicial no es incompatible con la presunción de buena fe contenida en el artículo 83 superior y en nada la contrarían, por el contrario, encontró que la exigencia de pruebas, presente en todos los ordenamientos jurídicos, son una forma para conseguir la seguridad en las relaciones jurídicas.

No obstante, es igualmente importante prever que la jurisprudencia ha establecido excepciones a las reglas probatorias anteriormente anotadas, las cuales se han circunscrito, principalmente, a las pruebas documentales trasladadas de procesos diferentes al contencioso, a aquellas que provienen de la entidad demandada y las que han obrado a lo largo del plenario o han sido coadyuvadas por la parte contra quien se aducen, por cuanto se presume el pleno conocimiento de la prueba en la parte contraria y la posibilidad de controvertirla o, incluso, de alegarla a su favor. Lo anterior, atendiendo el principio de lealtad procesal.

Al respecto se ha dicho:

“Más evidente aún resulta la carencia de necesidad de que se autentiquen las copias simples aportadas en contra de quien tiene a su disposición los originales o copias auténticas anteriores, o de que estas se cotejen en diligencia de inspección judicial, en aquellos eventos en los que quien tiene bajo su guarda esos originales o copias auténticas y en contra de quien se aducen las copias simples, en vez de tachar estas de falsedad, se remite a las mismas para fundamentar su defensa, con ese comportamiento procesal, ha de entenderse que la parte contra quien se aducen las copias ha verificado su autenticidad y las acepta como pruebas válidas del proceso(31).

Así, en reciente pronunciamiento la Sala de Subsección C, en aras de respetar el principio constitucional de buena fe y el deber de lealtad procesal(32), reconoció valor probatorio a una prueba documental allegada con el escrito introductorio en copia simple, que obró a lo largo del proceso, en un caso donde la Nación al contestar la demanda admitió tenerla como prueba y aceptó el hecho a que se refería dicho documento, donde, además, una vez surtidas las etapas de contradicción, dicha prueba no fue cuestionada en su veracidad por la entidad demandada(33).

Este pronunciamiento se fundamentó en el citado precedente:

“De conformidad con las manifestaciones de las partes, para la Sala dicho documento que obra en copia simple, tiene en esta oportunidad mérito para ser analizado y valorado, comoquiera que la parte demandada pidió tener esa copia como prueba y valorarla como tal; en otras palabras, la Nación no desconoció dicho documento ni lo tachó de falso, sino que conscientemente manifestó su intención de que el mismo fuese valorado dentro del proceso.

En consideración a lo anterior y a pesar de que no se cumplió con el requisito de autenticación de la copia previsto en el artículo 254 de la Ley Procesal Civil, la Sala considera en esta oportunidad, en aras de la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal y de la garantía del derecho de acceso a la justicia consagrado en los artículos 228 y 229 de la Constitución Política, que no pueden aplicarse las formas procesales con excesivo rigorismo y en forma restrictiva, con el fin de desconocer lo que las mismas partes no han hecho y ni siquiera han discutido durante el proceso, como lo es la autenticidad del documento aportado por la parte actora en copia simple, admitido como prueba por la Nación que, además, aceptó el hecho aducido con el mismo en la contestación de la demanda(34)”.

Al respecto, debe anotarse que el avance jurisprudencial presentado en este sentido obedeció, entre otras, a la expedición de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011 por la cual se promulgó el nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo que entró en vigencia el pasado 2 de julio de 2012 y en cuyo artículo 215 estableció una presunción legal con relación al valor probatorio de la copias, según la cual se presume que estas tienen el mismo valor del original siempre que no hayan sido tachadas de falsas.

Con relación a esta codificación, es oportuno señalar que su artículo 308 restringió su aplicación a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a su entrada en vigencia. No obstante, la Sala considera pertinente reiterar que en lo referente a la prueba del estado civil de las personas se seguirá aplicando, preferentemente, lo dispuesto por el Decreto-Ley 1260 de 1970 en cuanto se trata de una lex especialis(35).

En este sentido, el Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Tercera en reciente pronunciamiento ha recogido el criterio anterior en los siguientes términos(36):

“(...) No quiere significar en modo alguno, que la Sala desconozca la existencia de procesos en los cuales, para su admisión y trámite, es totalmente pertinente el original o la copia auténtica del documento respectivo público o privado. En efecto, existirán escenarios —como los procesos ejecutivos— en los cuales será indispensable que el demandante aporte el título ejecutivo con los requisitos establecidos en la ley (v. gr. el original de la factura comercial, el original o la copia auténtica del acta de liquidación bilateral, el título valor, etc.). Por consiguiente, el criterio jurisprudencial que se prohíja en esta providencia, está relacionado específicamente con los procesos ordinarios contencioso administrativos (objetivos o subjetivos) en los cuales las partes a lo largo de la actuación han aportado documentos en copia simple, sin que en ningún momento se haya llegado a su objeción en virtud de la tacha de falsedad (v. gr. contractuales, reparación directa, nulidad simple, nulidad y restablecimiento del derecho), salvo, se itera, que exista una disposición en contrario que haga exigible el requisito de las copias auténticas como por ejemplo el artículo 141 del Código Contencioso Administrativo, norma reproducida en el artículo 167 de la Ley 1437 de 2011 —nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo—.

(...)

Así las cosas, si se desea acreditar el parentesco, la prueba idónea será el respectivo registro civil de nacimiento o de matrimonio según lo determina el Decreto 1260 de 1970 (prueba ad solemnitatem), o la escritura pública de venta, cuando se busque la acreditación del título jurídico de transferencia del dominio de un bien inmueble (prueba ad sustanciam actus)(37)”.

En concordancia con lo expuesto párrafos atrás, la Sala valorará los medios probatorios que obran en copia simple, conforme a los rigores legales vigentes en la materia(38), ya que han obrado a lo largo del proceso sin que hayan sido objeto de tacha por parte de la entidad demandada, en quien es claro el conocimiento pleno de la prueba por cuanto en su mayoría emanaron de ella y tuvo oportunidad de contradecirlos o usarlos en su defensa.

3. Prueba trasladada.

En cuanto a las pruebas que la Sala valorará, se advierte que se allegó, a petición de la parte actora, copia auténtica de la totalidad de las diligencias adelantadas en los procesos penales y disciplinario adelantados con ocasión de los hechos que aquí se debaten, en los que se investigaron los hechos relacionados con el secuestro de Hernán de Jesús Ocampo Velásquez y la tortura de Luz Miriam Ocampo Velásquez.

Teniendo en cuenta esto, la Sala con relación a la eficacia probatoria de la prueba trasladada se sostiene en el precedente según el cual cabe valorarla a instancias del proceso contencioso administrativo, siempre que se cumpla lo exigido en el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil, esto es, que se les puede dotar de valor probatorio y apreciar sin formalidad adicional en la medida en que el proceso del que se trasladan se hubieren practicado a petición de la parte contra quien se aduce o, con su audiencia, por cuanto se protege el derecho de contradicción y publicidad de la prueba, el cual solo se dará en la medida en que las partes tengan conocimiento de ellas.

Ahora bien, en el presente caso la Sala considera que ambas partes tienen pleno conocimiento de las pruebas trasladadas, de manera que en relación con ellas se garantiza el derecho de contradicción y publicidad de la prueba.

En este sentido, el precedente de la Sala sostiene que las pruebas recaudadas podrán ser valoradas ya que se puede considerar contrario a la lealtad procesal “que una de las partes solicite que la prueba haga parte del acervo probatorio, bien sea por petición expresa o coadyuvancia pero que, en el evento de resultar desfavorable a sus intereses, invoque las formalidades legales para su inadmisión”(39).

Cuando se trata de prueba documental, específicamente, se podrá trasladar de un proceso a otro en original (evento en el que se requerirá el desglose del proceso de origen y que se cumpla lo exigido en el CPC, art. 185), o en copia auténtica (evento en el que se deberá cumplir lo consagrado en el CPC, arts. 253 y 254), requisitos que se verifican en el caso de autos.

Ahora bien, en lo que respecto a la prueba testimonial, ante la diversidad de criterios expuestos por la jurisprudencia de esta corporación(40), y para contribuir a la estabilidad de las expectativas de aplicación de la normatividad objeto de análisis, la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado estimó necesario emitir un pronunciamiento que recogiera y fijara los parámetros interpretativos que deben tenerse en cuenta para efectos de establecer la posibilidad de apreciar aquellos testimonios que, habiéndose rendido en un proceso ajeno al contencioso de reparación, no cumplieron con el requisito de haberse practicado con audiencia de la parte contra la cual se aducen en el proceso posterior y/o no fueron ratificados en este; o bien, respecto de los cuales no se prescindió de la ratificación, lo cual debía hacerse, según el citado artículo 229 del estatuto procesal civil, por acuerdo común entre las partes manifestado mediante escrito autenticado.

Bajo este propósito, la Sala de Sección Tercera, en providencia del 11 de septiembre de 2013, Radicado 20.601, M.P. Danilo Rojas Betancourth, fijó diferentes criterios para la valoración de las pruebas testimoniales trasladadas, entre los cuales contempló, para los casos en donde las partes guardan silencio frente a la validez y admisibilidad estos medios probatorios y cuando se trata de un proceso que se sigue en contra de una entidad del orden nacional, en el que se pretenden hacer valer los testimonios que, con el pleno cumplimiento de las formalidades del debido proceso, han sido recaudados en otro trámite por otra entidad del mismo orden, la siguiente regla:

“(...) la Sala unifica su jurisprudencia en el sentido de afirmar que la persona jurídica demandada —la Nación— es la misma que recaudó las pruebas en una sede procesal diferente, lo que implica que, por tratarse de testimonios recopilados con la audiencia de la parte contra la que se pretenden hacer valer en el proceso posterior, son plenamente admisibles y susceptibles de valoración, según la interpretación más estricta que pueda hacerse de las formalidades establecidas en el artículo 229 del Código de Procedimiento Civil, según las cuales la ratificación de las declaraciones juramentadas trasladadas solo es necesaria “...cuando se hayan rendido en otro [proceso], sin citación o intervención de la persona contra quien se aduzcan en el posterior...”.

12.2.19. La anterior regla cobra aún mayor fuerza si se tiene en cuenta que, en razón del deber de colaboración que les asiste a las diferentes entidades del Estado(41), a estas les es exigible que las actuaciones que adelanten sean conocidas por aquellas otras que puedan tener un interés directo o indirecto en su resultado, máxime si se trata de organismos estatales que pertenecen al mismo orden, de tal manera que las consecuencias de una eventual descoordinación en las actividades de los estamentos del Estado, no puede hacerse recaer sobre los administrados, quienes en muchas ocasiones encuentran serias dificultades para lograr repetir nuevamente dentro del proceso judicial contencioso administrativo, aquellas declaraciones juramentadas que ya reposan en los trámites administrativos que han sido adelantados por las entidades correspondientes.

De esta manera, la Sala valorará las pruebas practicadas dentro del proceso contencioso administrativo y aquellas trasladadas los procesos penales y disciplinarios, conforme a los fundamentos señalados, es decir, se valoraran todos los medios probatorios que fueron trasladados, tanto los documentales como los testimoniales.

No obstante, se deja constancia que los testimonios rendidos sin apremio de juramento no serán valorados por cuanto no reúnen este requisito legal. .

3. Medios probatorios - hechos probados.

— Oficio de fecha mayo 17 de 2005, por medio del cual la Presidencia de la República - Programa presidencial de DDHH y DIH, en respuesta al exhorto 1224, sobre las acciones de búsqueda del señor Hernán de Jesús Ocampo Velásquez, informó que:

“(...) el programa presidencial recibió comunicación de Procuraduría Delegada Disciplinaria para los Derechos Humanos sobre las investigaciones existentes respecto a la desaparición del señor Hernán de Jesús Ocampo; señalando que “De no existir procesos abiertos (...) se ordene iniciar las indagaciones preliminares con el objeto de esclarecer los mencionados hechos y sancionar a los responsables, si a ello hubiere lugar”

(...) el programa presidencial recibió comunicación de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH de la Fiscalía General de la Nación en la que informa que “en la Unidad de Apoyo de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH en Medellín adelanta la investigación radicada bajo la partida 1187, con ocasión de la desaparición forzada de Hernán de Jesús Ocampo Velásquez y la retención y torturas de Myriam Ocampo Velásquez”.

(...) este programa presidencial recibió comunicación del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses mediante la cual informa que se buscó en la “Base de datos de los cuerpos sometidos a autopsia médico-legal que ingresaron plenamente identificados o que ingresan NN y posteriormente la familia o la Registraduría Nacional los identificó. Resultado negativo”.

(...) este programa Presidencial recibió comunicación del Departamento Administrativo de Seguridad - DAS mediante la cual informa que “revisada la bases (sic) de datos de enero de 2001 a la fecha, no se encontró ninguna radicación relacionada con la desaparición del señor Hernán de Jesús Ocampo Velásquez”

(...) este programa presidencial recibió comunicación de la División Criminalística del Cuerpo Técnico de Investigación mediante la cual informa que “se efectuó la búsqueda alfabética en las bases de datos de personas desaparecidas que se manejan en esta dependencia, concluyendo que a la fecha el señor Hernán de Jesús Ocampo Velásquez no se encuentra registrado”.

Finalmente (...) en el marco del seguimiento que este despacho realiza sobre el caso, la Unidad de Apoyo a la Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH en Medellín informó que “la investigación se encuentra en la etapa de instrucción, habiéndose librado hasta el momento dos órdenes de captura, de las cuales una ya se hizo efectiva”(42).

Anexos al anterior documento se hallan los siguientes(43):

— Oficio de fecha 27 de marzo de 2003, mediante el cual el fiscal 3º UNDH y DIH informó:

(...) que efectivamente en este despacho se adelanta la investigación radicada bajo el número 1187, por el secuestro del señor Hernán de Jesús Ocampo Velásquez y torturas perpetradas en contra de su hermana Luz Miryam Ocampo Velásquez.

La investigación se encuentra en la etapa de instrucción, habiéndose librado hasta el momento dos ordenes (sic) de captura, de las cuales una ya se hizo efectiva”.

— Oficio de fecha 8 de agosto de 2002, por medio del cual la Coordinación Nacional de Identificación a Víctimas N.N. y Personas Desaparecidas, informó:

“(...) que se efectuó la búsqueda alfabética en las bases de datos de personas desaparecidas que se manejan en esta dependencia concluyendo que a la fecha el señor Hernán de Jesús Ocampo Velásquez no se encuentra registrado”

— Oficio de fecha 17 de septiembre de 2002, por medio del cual la Procuraduría Delegada Disciplinaria para la Defensa de los Derechos Humanos informó:

“que una vez revisada la base de datos de este despacho, se encontró que cursa investigación por la desaparición forzada del señor Hernán de Jesús Ocampo Velásquez, la cual se encuentra en la etapa de indagación preliminar con auto de fecha 6 de junio de 2002, Expediente 008-68603-02”.

— Oficio de fecha 24 de julio de 2002, mediante el cual el Departamento Administrativo de Seguridad —DAS— Subdirección de Operaciones Especiales - Coordinación de Policía Judicial - Área Administración de Justicia, informó:

“(...) que revisada nuestra base de datos de enero de 2001 a la fecha, no se encontró ninguna radicación relacionada con la desaparición del señor Hernán de Jesús Ocampo Velásquez”(44).

— Oficio de fecha 26 de mayo de 2005, mediante el cual el coordinador de derechos humanos de la Procuraduría General de la Nación, comunicó:

“(...) una vez consultado el sistema de información de esta Procuraduría Delegada se pudo establecer que por la desaparición del señor Hernán de Jesús Ocampo Velázquez (sic), se adelantó la investigación 008-68603/02, la cual fue remitida por competencia a la Oficina de Control Interno de la Policía Nacional del Valle de Aburrá (...)”(45)

— Oficio de fecha 18 de julio de 2005, mediante el cual el coordinador de derechos humanos de la Procuraduría General de la Nación, informó:

“(...) que una vez revisados los registro (sic) manuales y electrónicos de esta dependencia de derecho humanos de la Procuraduría Regional de Antioquia, se pudo constatar que no figura, denuncia alguna con ocasión de la desaparición del señor Hernán de Jesús Ocampo Velásquez (...)”(46).

— Oficio de fecha 7 de septiembre de 2005, por medio del cual la Policía Metropolitana del Valle de Aburra - Oficina de Negocios Judiciales de Antioquia, informó.

“(...) Pero no aparece registrado ningún antecedente de solicitud de protección del señor Hernán de Jesús Ocampo Velásquez, sino la solicitud de protección de toda su familia, para el presente año”(47).

— Oficio de fecha 24 de junio de 2005, por medio del cual la Policía Nacional Metropolitana del Valle de Aburrá - distrito V occidente informó “las medidas adoptadas en cumplimiento a la medida cautelar ordenada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor de la Familia Ocampo Velásquez”, así:

“1. Mediante oficio (...) se solicitó a la seccional de inteligencia la realización de un estudio de seguridad y nivel de riesgo para las personas (...) (demandantes) presentando un nivel medio bajo (...).

2. Se les hizo entrega de una cartilla de seguridad y autoprotección como medio para neutralizar posibles contingencias.

3. Los vehículos Trooper, modelo campero de placas MDK-307. El cual según verificación realizada en las pantallas de la oficina de tránsito municipal, pertenece al señor Jaime Fernando Acevedo Rojas identificado (...), en lo que respecta al vehículo Mazda de placas QAB-725, modelo 87 de servicio particular, según informaciones recopiladas por la Estación Belén, hace (sic) parte del esquema de seguridad.

4. En lo que tiene que ver con los hechos ocurridos el 141204 con relación a unos posibles inconvenientes con la familia Ocampo Velásquez, cuando estos se movilizaban en un vehículo del servicio público, no figura anotación alguna en los libros que se llevan en la estación Belén sobre el particular, para la fecha en mención se encontraba de servicio el señor capitán Rojas Chisco Edwin oficial de planta de la seccional Carlos Eugenio Restrepo del municipio de la Estrella Antioquia, en compañía de unos estudiantes de ese centro de formación policial, realizaron un procedimiento policial de rutina, registrando al personal que se desplazaba en el automotor, el oficial desconocía inicialmente quienes eran los ocupantes del vehículo, en desagravio la señora se molestó y empezó a vociferar en contra de los uniformados, pero una vez entendida la situación el impase se resolvió sin contratiempos.

5. En lo que respecta a la supuesta llamada de amenaza realizada a la familia Ocampo Velásquez, según el señor Nelson Eduardo López Solórzano, identificado (...) miembro del DAS (...) integrante del esquema de seguridad de esta familia, informa al comando de estación Belén, mediante escrito, del cual anexo copia que mientras cumplían horario de alimentación, la señora Matilde A. Velásquez recibió una llamada del teléfono de servicio publico (sic) (...) identificado en el centro de la ciudad, mediante el cual la intimidaron y amenzaron (sic), esta situación pasa cuando los funcionarios del DAS se encuentran en su hora de alimentación y estos al corroborar los hechos no determinan nada sobre el particular.

6. Es de resaltar que mediante varias ordenes (sic) de trabajo los comandantes de las Tres Secciones de vigilancia que conforman la estación Belén, se han impartido por escrito en varias oportunidades ordenes (sic) precisas como pasar revista periódicamente a la Familia Ocampo Velásquez, reportando al CAD las rondas policiales, de las cuales anexo copia.

(...)”(48)

— Oficio de fecha 26 de enero de 2005, mediante el cual la familia Ocampo Velásquez agradece al comandante de la estación de policía de Belén

“de todo corazón su buena labor para con nosotros.

Estamos muy satisfechos con la seguridad que usted y todo su personal nos han estado brindando.

Al igual queremos seguir contando con este apoyo, que de una u otra forma nos ha levantado el ánimo y nos ha hecho sentir muy seguros”.

— Órdenes de trabajo y oficios de la estación de policía de Belén, donde se disponen las acciones y medidas de seguridad que se adoptaran frente a la solicitud de protección de la familia Ocampo Velásquez, tales como:

“en sus debidos turnos de vigilancia, en forma permanente se asevirá (sic) realizar las acciones pertinentes implementación de medidas de seguridad mediante patrullajes y revistas a estas residencias, con el fin de prevenir cualquier acción delincuencial en contra de las personas que por algunas circunstancias están siendo amenazadas. La patrulla del sector realizará también esta actividad. Toda revista que se haga a las mismas debe ser reportada a la central. Cabe agregar estas medidas se le hará (sic) también a la familia Ocampo Velásquez quienes tienen una medida de protección y seguridad especial. Así mismo hacerles conocer los números de las líneas telefónicas de la estación 123 y demás, para que se comuniquen con la Policía en caso tal de necesitar de nuestra presencia”(49).

Declaraciones recaudadas por el Tribunal Administrativo de Antioquia el día 15 de noviembre de 2006(50):

— Orfa Zuluaga De Pineda, quien manifestó haber conocido a Hernán de Jesús Ocampo Velásquez desde hacía 15 años, quien laboraba como escolta “era comunicado con el DAS”, pero dijo no saber cuánto ganaba, aunque sabía que vivía con la mamá y veía por ella.

Frente al estado anímico de la familia por el desaparecimiento del señor Hernán de Jesús Ocampo Velásquez manifestó “muy preocupada, mucho estrés. La mamá estaba horrible y esta es la hora que ella todavía no se repone”; sobre lo cual manifestó, adicionalmente, que la víctima tenía buenas relaciones con todos sus hermanos y miembros de la familia, quienes se vieron muy afectados “por la ausencia y por las llamadas que empezaron de amenazas, si ponían denuncio los amenazaban”

— Carlos Antonio Álvarez Sánchez, quien manifestó haber conocido a Hernán de Jesús Ocampo Velásquez, quien laboraba como escolta “pero no se (sic) el nombre de la empresa no lo recuerdo”, así como tampoco sabía cuánto ganaba, aunque afirmó que la víctima vivía con la mamá y se encargaba de los gastos de ella.

Adicionalmente sostuvo que la desaparición de Hernán de Jesús le causó a la familia “gran conmoción ese día eso fue tremendo, la mamá estaba desesperada, la familia ha sido muy unida, se vio bastante tristeza (...) esta gente quedó muy triste, en general muy tristes, fue una gran [pérdida] para ellos y económicos (sic), tremendo, [porque] ese muchacho era el que [vivía] con la mamá (...) fue una gran [pérdida] para la familia y esto hizo hasta que ellos [estuvieran] más unidos [porque] ellos empezaron a recibir ciertas amenazas hasta el día que le hicieron la tortura a mi esposa, que ese día si fue, nos hizo a todos llenar de [más] temor [porque] no se sabía ni [qué] era lo que quería esa gente, si era acabar con la familia o [qué]”.

Por otro lado sostuvo el declarante que el día que la víctima desapareció “iba a recibir un dinero por la venta de una moto que él tenía, lo citaron al centro comercial Mediterráneo y de ahí se lo llevaron (...) la moto que él vendió se la vendió a un señor integrante del DAS y de los señores que creo que han cogido involucrados en el caso [han] sido miembros del DAS”.

— Amparo Montoya León, quien dijo haber conocido a Hernán de Jesús Ocampo Velásquez, que “trabajaba y le ayudaba a la mamá porque él era el único que le ayudaba a la mamá (...) [Él] la (sic) llevaba bien con todo el mundo, todo el mundo lo quería a él, yo siempre veía que trabajaba mucho para ayudarle a la mamá”.

Asimismo, la declarante corroboró que luego de la desaparición la hermana de la víctima “Miriam” fue torturada y que luego de los hechos la familia se vio “presa” porque del miedo no podían salir a ningún lado, no podían salir a trabajar ni tener vida social.

— Celene Astrid Henao Restrepo, quien dijo haber conocido a Hernán de Jesús Ocampo Velásquez, que “trabajaba como escolta pero no sé el lugar ni cuánto ganaba (...) él era el que veía por la mamá le colaboraba a sus hermanos, yo lo veía muy bien normal, no era una persona así como viciosa no”.

Asimismo sostuvo haberse dado cuenta de que la familia estaba siendo amenazada “pero no se [por] parte de [quién]”

Frente a los perjuicios sostuvo:

“la mamá tenía un tallercito de confecciones y lo tuvo que dejar debido a eso, ya nadie puede trabajar, incluso, a los cuatro meses fue que cogieron la hermana y la torturaron, después estuvieron preguntando por mi hermana (...) ellos tampoco pueden salir, pues salen pero con uno de los muchachos que están con ellos (...) ellos solos no se desplazan a ningún lado (...) a los niños les daba miedo salir solos no querían ir al [colegio], la desaparición fue hace 5 años, la tortura de Miriam a los cuatro meses delante del niño mayor que estaba con ella. Jhon manejaba un taxi, debido a eso tuvo que dejar su trabajo, [él] estaba asustado para salir a la calle, se quedaba encerrado, todo traumatizado, inclusive para los niños Astrid Eliana y Tatiana [porque] el papá se quedó sin trabajo, económicamente afectados todos, las niñas [sin] estudiar, y Diana y Miriam, ellas tenían como [les] dije antes [un] tallercito, hacían confecciones ropa interior, también lo dejaron (...) el hijo de Diana es Juan Camilo y los de Miriam Joan Sebastián y David Julián, ellos por lo que su papá, inclusive [le] colaboran a Matilde, le colaboran con lo que se gana el esposo de Diana y Miriam (...) y a los hijos de Miriam (...) porque a ellos les [tocó] ver todo cuando la estaban quemando, [todo eso] lo afectan (sic) [por] que era su tío y también le colaboraba a ellos (...) doña Matilde se mantiene muy enferma”.

Finalmente la testigo dijo no saber por qué se lo llevaron “nosotros antes sabíamos que Hernán iba a ir por una plata al Mediterráneo, con un señor del DAS, no me le sé el nombre, (...) ya al momento fue que llamó a mi hermano que se lo habían llevado unos tipos armados, no se supo ni por [qué]”.

— María Sorelly Henao Restrepo, quien dijo haber conocido a Hernán de Jesús Ocampo Velásquez porque trabajó con una tía de él. Al ser indagada por la actividad laboral de la víctima afirmó que “trabajaba, de escolta pero no sé en [dónde]”.

Frente a los hechos sostuvo:

“ese día salimos los dos de la casa, fuimos al DAS de Belén, [porque] un señor de ahí le iba a dar una plata, un señor Álvaro, le dijo que fuera al Mediterráneo que [más] tarde se la llevaba [a allá], fuimos al Mediterráneo, estando en el Mediterráneo empezó a llover, nosotros estábamos en la moto de él, él me había dicho para que fuéramos al pueblito paisa, entonces [llamó] al tío para que le llevara el carro [porque] estaba lloviendo, entonces para que llevaran la moto para la casa y nosotros nos íbamos en el carro para el pueblito paisa, estando ahí, esperando que le llevaran el carro, vimos dos sujetos que pasaron [por] el lado de nosotros, y él me dijo , aquí hay dos tipos todos sospechosos, entonces yo le dije, [dónde], [él] dijo llevan unas armas como en unos maletines, entonces yo le dije, vámonos para la casa,[él] me dijo que uno, que estaba espetando a Álvaro el del DAS, que seguramente era una gente de la Fiscalía que estaba [a allá], en el momento que pasaron los dos tipos se [asomó] el tío con el carro, él [paró] a recibirle el carro y entregarle la moto, y yo me quede sentada en la mesa, cuando al ratico la gente grita, todo el mundo era con los niños debajo de las mesas, yo toda asustada y como no [sabía] que él estaba en el parqueadero, que se lo estaban llevando, yo me [paré] a ver [qué] era lo que pasaba, y era que a [él] le estaban pegando con las armas, [para meterlo] al carro, y él no se dejaba, después de que [pasó] que lo metieron al carro, yo del susto me metí al baño, [porque] pensé que si me veían me hacían algo, a los dos o tres minutos salí del baño, y habían unos policías con la moto de [él], ya los carros no estaban, cogí un taxi y me fui para mi casa, cuando [llegue] a mi casa ellos ya sabían porque el tío les [avisó] (...) ese día yo no me di cuenta [qué] [pasó] con el tío Carlos, que él también lo habían subido al carro, pero no se [más] (...) a los cuatro meses torturaron a la hermana de él, le mandaban cartas de amenazas, ya ellos no podían salir”

Asimismo, la testigo sostuvo haber conocido ese día a la persona que trabajaba en el DAS “Álvaro” “ese día me di cuenta que trabaja en el DAS, ese día yo lo vi en las instalaciones del DAS y ahí [quedó] de llevarle la plata [al] Mediterráneo” y la razón por la cual se llegó a la conclusión de que quienes se habían llevado a Hernán eran miembros del DAS fue porque “hay mucha coincidencia que, después de haber ido al DAS por la plata y sabiendo que Hernán no sabía ni siquiera [dónde] quedaba el Mediterráneo, lo había mandado para [allá] [por] la plata, y que ese mismo día se lo hubieran llevado a él”.

Finalmente, frente a los perjuicios la testigo manifestó:

“horrible la mamá de él, los primeros días estuvo muy enferma, doña Matilde se estaba muriendo de la depresión, Jhon que trabajaba, manejaba un taxi lo tuvo que entregar, la mamá también tenían unas confecciones y tuvieron que entregar el trabajo también, y ya no volvieron a tener la misma libertad que tenían antes, (...) muy tristes [porque] toda la familia ha sido muy unida, yo llevo seis años de conocerla y siempre ha sido muy unida (...).

Esta testigo también declaró dentro de las diligencias adelantadas por el Gaula Regional de Medellín, el día 7 de noviembre de 2001, donde informó los mismos hechos aquí narrados(51).

Asimismo, el 5 de febrero de 2002, la testigo rindió declaración ante la Fiscalía 47 Especializada, donde ratificó lo dicho en declaraciones anteriores, aunque vale resaltar las especificaciones que en esta oportunidad hizo:

“Yo estaba cerquita por ahí a dos metros, la visibilidad era buena, se veía bien, no había ningún obstáculo. (...) cuando Álvaro se retira un poquito llegan los hombres y Álvaro los voltea a mirar pero se hizo el que no era con él”(52)

Con posterioridad, esto es, el 29 de noviembre de 2002, María Sorelly Henao Restrepo rindió un nuevo testimonio, en el que ratificó lo dicho en declaraciones anteriores(53).

Prueba trasladada: mediante oficio de 22 de marzo de 2007, la Fiscalía General de la Nación - Dirección Seccional de Fiscalías de Medellín - Fiscalía 32 Especializada remitió copias auténticas de las diligencias adelantadas por la conducta punible desaparición forzada de Hernán de Jesús Ocampo Velásquez.

Dentro de tales diligencias se encuentran:

— Copia de la denuncia presentada ante la Fiscalía como “mecanismo de búsqueda urgente” donde se narran los mismos hechos expuestos en la demanda de reparación directa. Sin embargo, observa la Sala que la denuncia penal es acérrima en afirmar que Hernán de Jesús Ocampo Velásquez.

“fue detenido y posteriormente desaparecido forzosamente por miembros del DAS el día 28 de octubre de 2001, en la ciudad de Medellín.

El 28 de octubre de 2001, el señor Álvaro Gutiérrez Brand miembro del DAS, citó al ciudadano colombiano Hernán de Jesús Ocampo Velásquez, al centro comercial Mediterráneo, a las 4:00 de la tarde, con el fin de cancelarle una cuota que le adeudaba por la compra de una moto”(54).

— Copia del informe de policía judicial, de fecha 25 de junio de 2002, donde en las “labores realizadas” se dejó dicho:

“(...) el subdirector del DAS (...) manifiesta que efectivamente en dicha Institución a su debido tiempo se siguió la respectiva investigación al funcionario Álvaro Gutiérrez Brand por las denuncias instauradas contra él”(55).

— Copia del auto mediante el cual la Unidad de Delitos contra la Libertad, Integridad y Formación Sexuales resuelve no asumir conocimiento y en su lugar remitirlas de nuevo a la Fiscalía Segunda Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializado(56).

— Copia de la solicitud de habeas corpus presentada por la señora Matilde Velásquez ante el Juez Penal del Circuito de Medellín, donde se narran los mismos hechos presentados en la acción de reparación directa y se afirma que Hernán de Jesús Ocampo Velásquez fue retenido por un miembro del DAS “Álvaro Gutiérrez Brand” y se desconoce el sitio en que se encuentra detenido(57).

La acción de habeas corpus aquí interpuesta fue resulta por el Juzgado 27 Penal del Circuito de Medellín el día 26 de mayo de 2003, mediante providencia en la cual se dijo:

“(...) se puede deducir que este asunto no se adapta a las circunstancias de la acción pública de Habeas Corpus, prescritas en los artículos 30 de la Constitución Nacional y 382 del Código de Procedimiento Penal como son: captura con violación de las garantías constitucionales y legales o prolongación ilegal de la privación de la libertad”(58)

Lo anterior por cuanto la actora (Matilde Velásquez) ya había promovido los mecanismos de búsqueda urgente prescrita en el artículo 13 de la Ley 589 de 2000 y 390 del Código Penal, ante la Fiscalía Especializada Unidad de Fiscalía Delegada ante los Jueces de Circuito Especializados Subunidad Secuestro y Extorción(59).

Contra esta decisión se interpuso recurso de apelación, en tanto la señora Matilde Velásquez afirmaba que sí hubo una captura que sirvió de mecanismo para desaparecer a su hijo y que tal captura fue ilegal, sin orden de autoridad judicial, que su hijo no fue colocado a disposición del juez natural y que su prolongación ha sido ilegal(60).

— Copia de la diligencia de Inspección Judicial al proceso Radicado 061 de la Dirección Seccional de Fiscalías de Medellín Unidad de Apoyo a la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario Fiscalía Tercera (...) adelantado por los delitos de tortura y amenazas personales en concurso con secuestro, de donde se resalta que Luz Miriam Ocampo Velásquez tuvo una incapacidad de 30 días por las lesiones consistentes en quemaduras eléctricas y reacción aguda al estrés(61).

— Sentencia de fecha 1º de septiembre de 2008, proferida por el Juzgado Quinto de Familia de Medellín, por medio de la cual se declara ausente al señor Hernando (sic) de Jesús Ocampo Velásquez y se designa como curadora de bienes “a su madre, Matilde Velásquez Restrepo”(62)

Documentos que obran dentro del proceso penal, adelantado por el delito de tortura a Luz Miriam Ocampo Velásquez, contra Jhon Fredy Marulanda Agudelo (ex miembro del CTI)

— Copia de la denuncia penal instaurada por Luz Miriam Ocampo Velásquez el día 18 de febrero de 2002, ante la Dirección Seccional de Fiscalía de Medellín, en los que narró las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que fue torturada, y con fundamento en lo cual se aperturó la correspondiente investigación penal. En dicha denuncia quedó probado que la tortura de que fue víctima Luz Miriam Ocampo Velásquez obedeció a la búsqueda de “un millón de dólares”, el mismo por el cual fue secuestrado su hermano Hernán de Jesús Ocampo Velásquez.

Al respecto Luz Miriam Ocampo declaró bajo la gravedad de juramento: “me dijeron [dónde] está la plata, le dije yo no sé de qué plata me está hablando, la plata del patrón, (...) les dije ustedes qué plata están buscando, me dijeron un millón de dólares”

Sobre los hechos que rodearon la desaparición de su hermano sostuvo:

“esto ocurrió el 28 de octubre del año pasado, de Hernán no se sabe nada, a mi mamá después del secuestro de mi hermano, la llamaron al lunes siguiente y le dijeron que ellos sabían que él era una persona muy seria, que esperaban negociar con él, que en dos o tres días estaba de regreso en la casa, a los 8 días lunes, volvieron a llamar exigiendo un millón de dólares con plazo hasta el 25 de noviembre, no volvieron a llamar, las llamadas que se han recibido, son de personas que están detenidas, todos con versiones diferentes, que está muerto, que lo tienen encerrado hasta que no entregue la plata, que lo tiraron a una caneca con ácido, que lo tiraron al río, hace mes y medio más o menos, recibí una llamada preguntando por la hermana de Hernán para darle una razón, que no lo buscáramos más vivo, que hace diitas (sic) estaba muerto, que lo buscáramos en cualquier anfiteatro. [Una] de las personas que llamó, que está detenida, es un hermano de ese señor Álvaro Gutiérrez, él es un miembro del DAS que fue el que entregó a mi hermano, el hermano se llama Carlos Gutiérrez y estaba detenido en Bellavista, creo que ya salió, no sé por qué estaba detenido, no sé dónde se puede localizar, Carlos Gutiérrez es amigo de mi hermano, se conocían de tiempo atrás, se conocían hace varios años, ellos se conocieron allá en Bellavista, mi hermano estuvo detenido por hurto, no sé qué autoridad, estuvo detenido 4 años, mi hermano en agosto del año pasado llevaba un año de haber salido, él salió con presentaciones, no sé en qué patio se encontraba. Preguntado. ¿Antes y luego de la cárcel a qué se dedicaba su hermano? Contestó. Él fletiaba (sic), es decir son personas que atracan a personas cuando salen del banco con dinero. Después de Bellavista, salió muy juicioso, estaba trabajando como escolta creo que en Vargas Henao, no sé el nombre exacto. (...) también otra de las personas detenidas que llamó es un muchacho Walter, le dicen media teta, está en el pabellón de máxima seguridad, yo lo conocí cuando visitaba a mi hermano, ellos se conocieron allá en [Bellavista]. Carlos Gutiérrez y este Walter son los que más llamaron. Preguntado. ¿Ellos cómo tuvieron conocimiento de lo sucedido a su hermano? Contestó. Por Álvaro Gutiérrez, él les contó y Carlos Gutiérrez le dijo y grito a mi hermano “que estaba caliente con los del DAS”, eso se lo dijo diitas (sic) antes de que cogieran a mi hermano, no sé dónde se lo dijo pero mi hermano si llego comentándonos eso y eso fue antes de que volvieran a coger a Carlos Gutiérrez, lo que pasa es que a él lo volvieron a detener, no sé por qué. Preguntado. ¿Qué relaciones tenía su hermano con la gente del DAS según su respuesta anterior? Contestó. Él tenía un negocito de una moto, mi hermano le había vendido una moto al miembro del DAS, a Álvaro, sobre que estaba caliente con los del DAS no le sé decir, así le gritó Carlos”.

Por otro lado, en el plenario obra la ampliación a la denuncia presentada por Luz Miriam Ocampo Velásquez, rendida el día 1º de marzo de 2002(63), donde manifestó:

“(...) el día de hoy antes de la 7 de la mañana, mi esposo que se llama (...) recogió un sobre debajo de la puerta, me lo entregó (...) leí lo que decía la hoja (...) que por el bien de la organización y por nosotros mismos que entregáramos la plata, que si queríamos volver a ver a mi hermano, que mi hermano no siguiera construyendo y que no se le gastara la plata, que no los obligaran a tomar otras medidas porque iban por otra gente de la familia o por mi mamá, que le reuniéramos la plata aunque no fuera toda en un sobre, que en el trascurso del día se estaban comunicando, que nos daban 12 horas para eso a partir del momento en que llegara el sobre, que yo no me hiciera la guapa porque me podía ir peor (...) Preguntado. ¿A qué dinero se están refiriendo en la carta? Contestó. Supuestamente, un millón de dólares que yo tengo guardado, que aunque saben que mi hermano no la tiene toda, yo tengo la parte de él guardada. Preguntado. Sírvase informar claramente este tópico del dinero. Contestó. Lo que pasa es esto, unos amigos comentaron que se habían robado la nómina de unos paramilitares, un grupo que le dicen Los Chamitos del Samaritano, como a mi hermano le dicen el Chamo, lo están confundiendo con ellos y lo están relacionando. De esos Chamitos, ya hay varios muertos, yo me entere de esto por comentarios de gente que ha ido a la casa. (...) dijeron que los Chamitos se habían llevado una plata grande, eso lo dijo Wilman, no le sé el apellido, Óscar le dicen La Chola y Miguel Uriel Caicedo, ellos en estos momentos están detenidos por secuestro y extorsión, los cogieron en Caldas junto con otros cinco. Quiero aclarar Miguel Uriel Caicedo tiene orden de captura, no está detenido, él es hermano de un paramilitar, creo que esta persona se hace llamar así, es decir, el paramilitar es Miguel Uriel Caicedo y el hermano se hacer llamar así, el verdadero Miguel Uriel, se mantiene en Puerto Boyacá y el que se hace llamar así, o sea el hermano, es un negro y se mantiene en el centro, a esta gente los cogieron el año pasado como en noviembre o algo así (...) Preguntado. Sírvase informar por qué la relación de usted o su familia con las personas que dice están capturadas por secuestro. Contestó. Porque cuando mi hermano Hernán estuvo en Bellavista, los conocimos allá, cuando salieron, ellos siguieron comunicándose con mi mamá, nosotros le colaborábamos mucho a ellos. (...)”

Es de anotar, que la denunciante atribuye la responsabilidad de la desaparición de su hermano a Álvaro Gutiérrez Brand, quien dice que negoció a su hermano, mencionando que esa era la vuelta por él comentada a Jhon Jairo cuando le dijo que “iban a coger a un man (sic) que le quitaban una plática grande”.

Asimismo, observa la Sala que en el plenario obra la comunicación allegada por los captores de Hernán de Jesús Ocampo, antes referida por Luz Miriam en la ampliación a su denuncia, cuyo tenor es el siguiente:

“Señora Matilde, esperando se encuentre bien de salud y que su pierna le haya sanado un poco.

Nuestro llamado es para lo siguiente:

En nombre de nuestra organización, le pedimos por seguridad suya, de su familia y de su hijo Hernán (el Chamo), no enterar a las autoridades de este comunicado y mucho menos al grupo Gaula.

Queremos la devolución de nuestro dinero, el cual tiene guardado su hija Miriam, y que en nuestra visita anterior no nos quiso entregar. No hagan las cosas más difíciles, sabemos que en su poder no está todo el dinero que nos robaron, pero sí conocemos cual fue la parte que le tocó al Chamo, él nos lo dijo, lo mismo sabemos de la parte del Cone (el cual no nos quisimos traer en la visita anterior), también sabemos de las ligas que le dieron a Miriam y a su otra hija Diana.

Dígale a su hijo El Cone que pare de construir, que no se nos gaste más la plata para que no nos obligue a tomar otras medidas.

A partir del momento en que llegue este comunicado, tiene doce (12) horas para que reúna lo que tiene usted, Miriam, El Cone y Diana, en un solo paquete.

Por su seguridad no hagan las cosas más difíciles, o de lo contrario nos toca deshacernos del Chamo y traernos a otro miembro de su familia o a usted misma.

A Miriam, dígale que por su seguridad y de su familia no se crea tan guapa, que si sigue así, le puede ir peor.

No les estamos pidiendo nada que sea de ustedes, es un dinero que sus hijos nos robaron, no sean tan pegados a lo que no les pertenece, si en verdad quiere volver a ver a su hijo y que no hayan pérdidas en los miembros de su familia, entreguen lo que nos pertenece.

Reúnan todo el dinero, ténganlo listo y esperen a que nos comuniquemos de nuevo.

Por su seguridad no hagan las cosas más difíciles”(64)

A esta comunicación la sección de criminalística del CTI le efectúo la correspondiente exploración dactiloscópica en cuya conclusión se dijo que “no se encontraron huellas o fragmentos de origen foloscopico (sic) aptos para estudio y eventual cotejo técnico dactiloscópico”(65).

— Declaración rendida por Carlos Arturo Velásquez Restrepo el 29 de octubre de 2001(66), quien con relación a los hechos manifestó:

“mi sobrino me [llamó] por teléfono a la casa de la hermana mía ósea de la mamá de él, le dijo que le llevara el [carro] y yo me trajera la moto porque iba a empezar a llover, cuando yo llegue al parqueadero del Mediterráneo [él] se encontraba hablando todavía con Álvaro quien le estaba cancelando un dinero que le adeudaba por la venta de una moto. Yo estaba cuadrando el vehículo en el parqueadero, cuando vi que mi sobrino se despidió de Álvaro y se dirigía hacia donde yo estaba, no alcanzando a llegar, cuando ahí mismo vi que le salieron aproximadamente de ocho a diez personas quienes se hicieron pasar por Fiscalía, inmediatamente llegaron fue a quietarle el revólver, y a darle cachazos y a obligarlo a montarse al carro donde yo estaba ósea el de él, entonces yo ahí mismo vi que lo estaban subiendo, yo me bajé del carro, para preguntar qué pasaba y mi sobrino me dijo que llamara a la casa, inmediatamente me dijo esto, los sujetos me obligaron a mí también a subir al carro y que lo manejara, me hicieron arrancar el carro a punto de gritos y regaños forzosamente, diciéndome que eran de la Fiscalía, cuando arranque con ellos por la parte de abajo del parqueadero del Mediterráneo, nos alcanzó otro carro, yo vi que era como un Renault Clío, color blanco, me obligaron a que me bajara del carro que yo llevaba ósea el de mi sobrino y me hicieron montar en ese carro, se devolvieron conmigo para el parqueadero del Mediterráneo y ahí llegó otro carro el cual no recuerdo que carro era, a ese carro me hicieron montar, cuando llegamos al sitio donde había quedado mi sobrino que era por ahí tres cuadras del parqueadero del Mediterráneo cerca de una urbanización, me hicieron desactivar la alarma del carro de mi sobrino porque esta estaba activada, ahí me hicieron montar a otro carro diferente a los que me habían montado, este era como otro Clío, color plateado, ya ahí arrancaron en el carro de mi sobrino hacía la autopista, yo iba en otro carro detrás, tomamos la autopista de norte a sur y por la entrada para la fábrica de Postobón, salían dos policías en una moto de la Policía, inmediatamente ellos los vieron se desviaron por la calle de la fábrica de Postobón para envolatar la Policía, volvieron y salieron a la autopista dando vueltas por la de los industriales, seguimos derecho a coger la avenida Las Vegas por el Rompoy de Peldar, cuando llegamos al estadio de Envigado vieron la presencia de la Policía que estaba ubicada en toda la avenida las Vegas, entonces se sorprendieron todos y dijeron los que iban en el carro que me llevaban a mí, aquí [qué] hacemos, como yo venía observando donde veía agentes de la Policía, e inmediatamente vi una moto con dos policías que estaban ubicados en toda la punta del giro de la avenida Las Vegas, les empecé a gritar que me iban a matar, entonces inmediatamente el que iba al lado mío me cogió del cuello y el que iba delante al lado del conductor empezó a gritar que yo estaba herido, yo seguí gritando, mentiras es que me van a matar, me van a matar, como adelante vi la presencia de un carro del Ejército más duro empecé a gritar, entonces el conductor que iba manejando el carro le dijo al que me tenía la mano en el cuello, que me matara de una vez, yo llevaba el puñal el cual me quitaron, ellos lo llevaban en la mano sin estuche ni nada, con la cacha de este puñal me dio en la boca, yo empecé a echar sangre y cuando él miró para atrás vio que la moto de la Policía nos siguió y dijo, ya nos [cayo] la ley, ya este viejo nos dañó la vuelta, inmediatamente abrí la portezuela del carro y me tiré salieron dos de los sujetos que iban conmigo corriendo hacia arriba y el Ejército les hizo disparo, el conductor del carro se iba a volar, yo le dije a un agente que no lo dejara volar, que ese era el conductor, que estaba [armado], que tenía una pistola, yo en el desespero salí a buscar un teléfono público para que pusieran el denuncio, llegue a un negocito que había por ahí a media cuadra donde nos llegó la policía, ahí entre, ahí me facilitaron el teléfono y llamé a la casa, a la media hora que ya había bajado el carro del Ejército y la policía, me llevaron a tomar un taxi para irme a la casa, estando en la casa nos fuimos para la estación de Laureles, ahí llegaron los del Gaula, con ellos fuimos donde yo había dejado guardada la chaqueta, ósea en la casa de donde yo llamé y me brindaron protección, ya ellos se encargaron de indagar a la señora del negocio y otra señora que tenía un negocio de perros, porque ahí a todo el frente fue donde paró el carro, de mi sobrino no he vuelto a saber nada hasta este momento. (...) mi sobrino me comentó que se iba a encontrar con ese señor Álvaro porque le iba a cancelar un dinero de la venta de una moto, que mi sobrino le vendió a él. (...) este señor Álvaro del DAS, se la pidió prestada, como le gustó la moto le dijo que se la vendiera, mi sobrino entonces se la fio, llegaron a un acuerdo que el sábado ósea anteayer le cancelaba la moto, como el sobrino mío no pudo ir, mandó a un hermano de él de nombre Jhon Jairo Ocampo, Jhon Jairo cumplió la cita y solo le dieron la mitad, no sé qué cuantía y le dijo que mañana ósea ayer domingo le daba la otra mitad, cuando yo me encontraba orillando el carro ese señor Álvaro lo llamó y le dijo que bajará al Mediterráneo para acabarle de cancelar”.

Finalmente el declarante advirtió que aunque los captores se identificaron como miembros de la Fiscalía, estos no portaban ninguna prenda de vestir o carné que así los identificaran.

Es de anotar que el señor Carlos Arturo Velásquez Restrepo, rindió nuevo testimonio el día 12 de noviembre de 2002, en la cual ratificó sus declaraciones y denunció el hostigamiento por parte de un señor llamado “Edwin”, amigo de su sobrina “Leydy Johanna”.

— Declaración rendida bajo la gravedad de juramento por Matilde Arnolia Velásquez Restrepo(67), el día 29 de octubre de 2001, quien frente a la ocurrencia de los hechos, manifestó:

“Lo que yo sé o mi conocimiento es que mi hijo le vendió una moto al señor Álvaro Gutiérrez la moto es de mi hija Luz Miriam Ocampo, se la vendió en 2 millones de pesos, ese señor trabaja en el DAS, le dijo la moto se la pago en un contado de un millón de pesos el 27 de octubre y el resto en contados mensuales de mi sueldo. El día viernes 26 de octubre Álvaro llamó a la casa, habló con mi hijo Hernán, le dijo, mañana sábado, [o sea] el 27 de octubre nos encontramos en el Mediterráneo para darle la plata, Hernán le contestó, yo estoy muy ocupado, voy a mandar al hermano mío, así fue. El domingo por la mañana llamó Álvaro nuevamente, habló con mi hijo Hernán y le dijo, como no le pude mandar el millón de pesos completo, a las 4 de la tarde nos encontramos en el mismo sitio para entregarle el resto. Así fue. Mi hijo Hernán se fue en la moto que tenía en su poder que es una dt-175, estaba lloviendo, me llamó a mi casa y me dijo, madre mándeme con Carlos, mi hermano, el carro, está lloviendo para que él se lleve la moto y yo irme en el carro a recoger a mi novia, hasta ahí no supe más, ya después la llamada fue de mi hermano cuando se logró escapar, ya la versión de él, de lo que vio y escuchó”.

Frente a la actividad laboral a que se dedicaba Hernán de Jesús Ocampo Velásquez, sostuvo que se desempeñaba como escolta de la empresa “Henao y Cía.”, donde llevaba ya 14 meses escoltando carros de mercancía.

Finalmente, sobre la relación de Hernán de Jesús Ocampo Velásquez con Álvaro Gutiérrez Brand, sostuvo que eran amigos y era el único que sabía que se iban a encontrar a esa hora y en ese lugar.

Es de anotar que la señora Matilde Arnolda Velásquez Restrepo, rindió, igualmente bajo la gravedad de juramento, una nueva declaración en fecha 30 de noviembre de 2002, donde ratificó el dicho en el testimonio antes citado(68).

Asimismo, encuentra la Sala que el 24 de marzo de 2004, Matilde Arnolda Velásquez Restrepo puso en conocimiento de la Fiscalía, bajo la gravedad de juramento, que el día 23 del mismo mes y año fue objeto de nuevas llamadas amenazando al esquema de seguridad y a su familia: “ustedes gonorreas (sic) están muy seguros con esos pirobos (sic) que tienen afuera, les vamos a dar a ellos y después terminamos con ustedes”(69). Es de anotar que esta información fue ratificada por los miembros del esquema de seguridad, entre ellos Nelson Eduardo López Solórzano(70), Héctor Raúl Chapetón Rodríguez(71), quienes refirieron los mismos hechos indicados por la señora Velásquez Restrepo, así como os constantes seguimientos de que son objetos en sus desplazamientos.

— Declaración del patrullero de la Policía Walter Osvaldo, rendida el día 4 de diciembre de 2001(72), quien manifestó que el 28 de octubre de 2001

“me encontraba de servicio con mi Sargento Sánchez, en un encuentro futbolístico entre los equipos de Nacional y Envigado, por esta actividad deportiva habían muchos compañeros apoyando el servicio y muchos espectadores, se encontraba también el Ejército, cuando por radio reportaron que por la calle 46 cerca al rompoy (sic) habían hecho unos disparos, con mi sargento procedimos a trasladarnos al sitio indicado por la central, cuando llegamos al sitio el Ejército tenía un señor como retenido y en el momento también había un Renault Clío de color gris, procedimos a identificarlos y uno de los ocupantes se bajó y se nos identificó como funcionario del DAS, al igual que el resto de los ocupantes del mencionado vehículo, luego le preguntamos a los del Ejército que ¿qué era lo que había pasado? Y ellos nos dijeron “que era el señor que tenían ahí retenido que había salido corriendo y que por eso habían hecho los disparos en vista de estas dos situaciones presentadas tanto con el DAS como con el Ejército procedimos con mi sargento a retirarnos del sitio pero antes informamos a la central lo que había pasado, de esta manera nos trasladamos a seguir con nuestro trabajo. (...) Preguntado. Usted observó la placa con la cual se identificó este individuo como del DAS. Contestó. Se la mostró a mi sargento, yo la alcance a ver desde lejos, y uno como ha estado en procedimiento con ellos las conoce. Preguntado. Manifieste al despacho si los otros individuos que permanecieron dentro del carro se identificaron. Contestó. Si de adentro nos mostraron el carné (...)”.

El patrullero de la Policía Walter Osvaldo rindió igualmente declaración el día 4 de diciembre de 2001, donde ratificó lo dicho en la declaración aquí transcrita, especialmente lo referente a la identificación de quienes se transportaban en el automóvil gris, como miembros del DAS(73).

— Informe de fecha 3 de enero de 2002(74), emitido por el Gaula 2 de Medellín, donde se informan los siguientes hechos:

“mediante información recibida por línea 123, esta unidad tuvo conocimiento que en la carrera 74 con calle 53 centro comercial Mediterráneo, siendo las 15:50 horas, se efectúo el secuestro de una persona que se movilizaba en un vehículo Renault rojo, de placas LNJ600, por parte de varios sujetos que portaban armamento de corto y largo alcance y quienes se movilizaban en varios vehículos, obligándolo a subir a un automóvil al parecer blanco, los cuales partieron con rumbo a Envigado, minutos más tarde en la calle 46 sur Nº 46-16 sector del Estadio del municipio de Envigado, uno de las personas que llevaban secuestrada Carlos Arturo Velásquez, al observar presencia de uniformados Ejército y policía optó por pedir auxilio y forcejear con las personas que lo llevaban en calidad de secuestrado y logró escapar refugiándose en una tienda ubicada en la carrera 46 sur Nº 46-16 (...). Donde realizó una llamada a su casa comunicándole a su familia el suceso, seguidamente en la parte de afuera se escucharon varios disparos por parte del Ejército, quienes se encontraban efectuando un puesto de control por cuanto en el estadio de este municipio había un encuentro de futbol entre el Envigado y Nacional, desconociendo en ese momento esta unidad del porqué de los disparos.

Una vez escuchados los disparos la central de policía alerta a una patrulla de la uniformada, para que verifique dicha información, llegando al lugar la patrulla conformada por el señor SS. Sánchez Varón Jesús Alberto con su tripulante PT. Orozco Villegas Walter, quienes observan personal del Ejército con una persona retenida, entre tanto proceden a identificar varios sujetos que se movilizaban en un vehículo automóvil de color gris, los cuales se identificaron como miembros del DAS mostrando cada uno sus respectivas placas, al ver que se trataba de miembros de esa institución los policiales se retiran del lugar, posteriormente la central reporta por radio al señor sargento Sánchez (...) que en ese sector se había escapado una persona que llevaban en calidad de secuestrado; reportando el Sargento que había llegado al lugar y había notado que el Ejército se encontraba en el lugar realizando un procedimiento, en el que habían efectuado varios disparos porque un sujeto había salido corriendo y posteriormente lo retuvieron, pero según personas que se encontraban en el lugar de los hechos manifestaron que el retenido se identificó como miembro del DAS, dejándolo ir”.

Asimismo, previas diligencias efectuadas en el lugar de los hechos y en interrogatorios a testigos y a la familia, el Gaula informó:

“varias personas observaron 3 vehículos, entre ellos dos camionetas color blanco y un automóvil de color gris, donde se movilizaban aproximadamente 7 personas [identificándose] como de la Fiscalía y el DAS, obligando a subir a uno de los vehículos a dos personas una de ellas en una de las camionetas y la otra en un vehículo automóvil color gris, dejando la motocicleta abandonada y [llevándose] también el vehículo color rojo con rumbo desconocido.

Estando en el lugar de los hechos fuimos enterados por la central que la madre de uno de los secuestrado había realizado una llamada telefónica la central, informando que habían secuestrado a su hijo Hernán de Jesús Ocampo y al señor Carlos Arturo Velásquez los cuales se encontraban cumpliendo una cita a una persona de nombre Álvaro Gutiérrez en el parqueadero del centro comercial Mediterráneo, con el objeto de recibir una suma de dinero, por la venta de una motocicleta que días antes el señor Hernán le había vendido al antes mencionado.

Se logró establecer que el señor Álvaro Gutiérrez Brand es miembro activo del DAS y se desempeña en la actualidad como escolta de Coorpades, quien ese día cumplió la cita con los mencionados en la parte interna del parqueadero del centro comercial Mediterráneo con el objeto de entregar la suma de 300.000 pesos que le debía al señor Hernán de Jesús Ocampo por la compra de una motocicleta; es de anotar que un día antes el señor Gutiérrez Brand había citado al antes mencionado al mismo sitio para entregar un millón de pesos que le debía de dicha motocicleta, pero el señor Ocampo no le cumplió la cita y mandó a su hermano Jhon Jairo Ocampo Velásquez (...) para que recibiera dicho dinero; esta persona nota en el momento de recibir el dinero personas sospechosas alrededor suyo preguntando al señor Gutiérrez Brand el porqué de varias personas sospechosas en ese lugar, respondiendo el señor Gutiérrez Brand que debía ser que estaban efectuando algún operativo en ese sitio, dirigiéndose hasta un cajero cercano donde retiró una suma de dinero, quedando de entregar la otra parte al día siguiente, es de aclarar que el señor Gutiérrez Brand al ver que el señor Hernán de Jesús Ocampo no cumple la cita se enfada y pregunta en forma insistente a su hermano por qué este no cumplió la cita.

El día de los hechos siendo aproximadamente las 18 horas, el señor Gutiérrez Brand realiza una llamada a la casa de los afectados, preguntando que si ya había aparecido Hernán, su hermano Jhon quien responde a la llamada le manifiesta, que Hernán lo habían secuestrado junto con su tío Carlos Arturo Velásquez, logrando escapar el segundo de los nombrados, Álvaro en forma sorpresiva responde “como así, que ese cucho se voló” aclarando además que no lo fueran a comprometer en esa situación porque él no tenía nada que ver, de igual forma no les podía colaborar en nada y en ese instante cuelga.

Horas más tarde el vehículo Renault 9 rojo (...) fue hallado abandonado en el sector del municipio de Envigado el cual fue dejado a disposición de la Fiscalía Especializada del Gaula de igual forma fue trasladada la motocicleta de placas (...) en las instalaciones de la estación de policía de Laureles la cual fue entregada a la madre del señor Hernán de Jesús Ocampo.

El día 29 de octubre se recibe denuncia en esta unidad, al señor Carlos Arturo Velásquez, quien narra los hechos sucedidos de su secuestro y sobrino Hernán de Jesús Ocampo. Este mismo día me traslade hasta la residencia de la familia del secuestrado, instalando los equipos técnicos para lograr con estos las grabaciones magnetofónicas de posibles llamadas realizadas por los captores (...).

Mediante oficio de fecha 02-11-01 se solicita al señor jefe de la Sipol de la Policía Metropolitana, datos biográficos y fotografía, del personal policial que estuvieron en el lugar de los hechos, enviando respuesta el día 6 de noviembre del año legado, relacionando a los señores sargento Jesús Alberto Sánchez Varón, patrullero Walter Orozco Villegas, subintendente Zuluaga Mejía Francisco y al agente Higuita Higuita Luis Alcides, es de aclarar que realmente los policías que llegaron al lugar de los hechos manifestado personalmente por ellos, fueron los señores S.S. Sánchez y el señor PT. Orozco.

El día lunes 5 de noviembre a eso de las 13:30 según lo informado por la familia se produjo una nueva comunicación del mismo número donde los plagiarios manifiestan que necesitan un millón de dólares colgando de inmediato, se aclara que no se logró confirmar la existencia de esta llamada.

El día 6 de noviembre se solicita mediante oficio sin número, al señor director seccional DAS Medellín, los datos biográficos y hoja de vida del señor DT. Álvaro Gutiérrez Brand recibiendo respuesta mediante oficio (...) Es de aclarar que el señor Álvaro Gutiérrez Brand se encuentra inscrito en el programa de reinserción del DAS, por sus antecedentes esta persona perteneció al Mircoar (Milicias Revolucionaria, Comandos Armados del EPL) actualmente se desempeña como escolta del señor Luis Fernando Quijano Moreno perteneciente a la Corporación para la Paz y Desarrollo Social.

(...)

Mediante Oficio 1266 se solicitó información a la empresa “Vargas y Henao Asociados” con el objeto de verificar si en dicha entidad laboraba el señor Hernán de Jesús Ocampo y en qué se desempeñaba, obteniendo respuesta el día 19 de noviembre, donde responden que este se desempeñaba como escolta de vehículos, transportadores de mercancía a diferentes ciudades.

Se logró establecer que el día de los hechos Hernán de Jesús Ocampo portaba un arma, tipo revolver llama, hurtado por sus captores.

(...)

El día 26 de noviembre se solicitó a la cárcel de Bellavista, reseña y antecedente del señor Hernán de Jesús Ocampo Velásquez, en razón a que la familia en días pasados me informó que el mencionado en varias oportunidades ha pagado condenas por 09 y 32 meses, por los delitos de hurto y tentativa de homicidio, (...).

Al respecto, resalta la Sala que según consta en la certificación de fecha 28 de noviembre de 2002, remitida por la Dirección General para la Reinserción del Ministerio del Interior, Álvaro Antonio Gutiérrez Brand “se encuentra incluido en las listas oficiales de los acuerdos de paz, suscritos con el Gobierno Nacional y el Partido Revolucionario de los Trabajadores”(75).

— Declaración rendida bajo la gravedad de juramento por Jhon Jairo Ocampo Velásquez, el día 7 de noviembre de 2001(76), ante el Gaula Regional Medellín, quien con relación a los hechos manifestó:

“yo sabía que mi hermano tenía un negocio con Álvaro Gutiérrez Brand, de una moto que mi hermano le había vendido (...) este señor Álvaro le iba a dar $ 1.000.000 el día 26 de octubre del año en curso y el resto lo cancelaría en cuotas de $ 200.000 mensuales (...) el día 271001, mi hermano Hernán me puso un mensaje al bíper, que si yo podía recoger ese $ 1.000.000 donde Álvaro que Hernán no podía ir a recibirlos (...) cuando yo llegué al Mediterráneo Álvaro estaba sobre la carrera 80 esperándome, al lado de él había un montero de color rojo con vidrios polarizados y una motocicleta de color rojo también, al lado de la moto habían dos policías, Álvaro les habló porque yo les vi la [movición] de los labios, los dos policías se voltearon y se agacharon como revisando la moto, Álvaro se me arrimó, no me dejó arrimar a mi hasta donde estaban ellos, se subió al carro, yo le pregunté ¿esa gente que hace ahí, eso está raro?, él me contestó no esa [gente] hace ratico están ahí como que están en operativo, bueno dentramos (sic) al parqueadero a sacar la plata del Cajero de Bancafé, afuera del cajero habían dos muchachos sentados con un maletín negro al lado, y del cajero salían otros dos con otro maletín, yo volví y le dije eh... esto está muy raro y él me dijo que todo estaba bien, los muchachos que habían (sic) sentados se pararon, porque del carro rojo que ya mencioné les hicieron seña de que se abrieran, yo seguí mirando al parqueadero y se veía mucha [movición] haciéndose señas unos con otros, todos tenían celulares, y me da la impresión de que en los maletines negros llevaban armas (...) él me dijo dígale a Hernán que yo esta semana tengo una vueltecita muy buena que yo le pago lo que le debo de contado si dios quiere, yo le pregunte ¿qué vueltecita? Y él me dijo vamos a coger a un señor para quitarle una plática eso es botadito es cuestión de dos o tres días, para que nos la dé (...) me dijo “Dígale a Hernán que yo lo llamo más tarde para encontrarnos mañana para darle el resto”, él me preguntó ¿viene usted o viene él? Yo le dije yo no vengo porque yo no trabajo los domingos, si saco el carro es para andar con la familia, él me dijo mucho mejor que venga él, yo a Álvaro lo noté muy nervioso, desde que se subió al carro cuando yo lo recogí, le pregunte que él para donde iba que si iba para la casa, y me dijo que si hacia el favor de arrimarlo a la Iguana un Conjunto Residencial, cuando pasamos otra vez por el Mediterráneo, los carros ya estaban saliendo, salió un carro de la Policía, los policías en la moto roja que había visto cuando llegue a la 80, salió una cherokee color crema, una camioneta blanca y todos miraron el taxi en el que nosotros íbamos, bueno cuando llegamos a la Iguana nos despedimos y él me dijo que ya mismo le iba a poner un mensaje al hermano mío (...) bueno ya el día domingo 281001 cuando pasó todo lo del secuestro (...) mi mamá (...) me contó todo, yo me fui para la casa (...) cuando llegué llamé a Álvaro y le pregunté ¿qué sabía del hermano mío? él me dijo que nada que se habían encontrado y que le había dado la plata ¿por qué?, yo le dije que era que lo habían cogido unos tipos ahí en el Mediterráneo y que la bulla fue mucha que cómo no se dio cuenta él, me dijo que no que él no sabía nada, bueno yo le dije que nos colaborara con algún amigo del DAS, para informar eso, él me dijo que no podía hacer nada, yo le dijo Álvaro usted si nos puede ayudar, usted es agente del DAS, él me dijo que no podía hacer nada”.

Es de anotar que Jhon Jairo Ocampo Velásquez, igualmente bajo la gravedad de juramento, rindió otra declaración el día 29 de noviembre de 2002, en la cual ratificó lo dicho en el testimonio citado(77).

Posteriormente, el día 21 de noviembre de 2003, Jhon Jairo Ocampo Velásquez, bajo la gravedad de juramento informó a la Fiscalía la existencia de nuevas amenazas y llamadas en contra de su familia e incluso del personal de protección suministrado por las autoridades(78).

— Declaración rendida bajo la gravedad de juramento por el sargento segundo de la Policía Jesús Alberto Sánchez Varón, el día 3 de diciembre de 2001(79), ante el Gaula Regional Medellín, quien con relación a los hechos informó que ese día se encontraba de servicio con el patrullero Orozco en el estadio de Envigado porque se estaba llevando a cabo el encuentro deportivo Nacional - Envigado:

“cuando escuché por radio que la central reportó que se habían escuchado unos disparos por la calle 46, a la altura de un rompoy (sic) que hay por esos lados, de inmediato nos trasladamos al sitio cuando pasábamos por la calle 46 donde hay unos resaltos notamos de que el Ejército tenía una persona retenida (...) también en ese momento pasaba por ahí un vehículo marca Clío, color gris, les hicimos el pare inmediatamente uno de los sujetos se bajó y se nos identificó con una placa del DAS, al igual que los que estaban adentro del vehículo, además nos manifestaron que eso era un operativo del DAS (...)”

Es de anotar que el sargento Sánchez Varón Jesús Alberto, rindió nueva declaración en fecha 26 de noviembre de 2002, donde ratificó lo dicho en el testimonio citado(80).

— Declaración rendida bajo la gravedad de juramento por Álvaro Gutiérrez Brand, el día 22 de noviembre de 2001(81), ante el Gaula Regional de Medellín, quien con relación a los hechos informó que el día en que ellos tuvieron ocurrencia él le entregó el dinero que le adeudaba a Hernán de Jesús Ocampo y se fue.

Frente a lo narrado por Jhon Jairo Ocampo Velásquez, el declarante negó la presencia de personal de la policía o de circunstancias extrañas el día en que ellos se entrevistaron, así como su situación de nerviosismo.

— Declaración rendida bajo la gravedad de juramento por Maria del Rocío Bustamante Taborda, el día 27 de noviembre de 2001(82), ante el Gaula Regional de Medellín, quien con relación a los hechos informó:

“Yo estaba trabajando ese día en la tienda (...) me encontraba dentro del mostrador cuando sentí una balacera, me asomé e inmediatamente vi que se vino un señor echando sangre por la boca, solicitando un teléfono y diciendo que lo iban a matar, que ya se le habían llevado al sobrino, el teléfono público de la tienda estaba dañado, entonces le presté el de adentro de la casa, entonces él llamó a la familia, yo le dije que era mejor que avisara a la Policía, él me dijo que la Policía o el DAS, eran los que lo habían secuestrado, entonces ya él hizo llamadas a la casa de él para que pusieran el denuncio, él se tomó unos aguardienticos en la cocina de mi casa y yo me asomaba a ver si podía salir, porque había mucha congestión. Hasta que no empezó el segundo tiempo del partido y yo vi que ya los tumultos se habían terminado, le dije que podía salir, entonces él cogió un taxi y ya se fue, pero yo antes le dije que se quitara la chaqueta para que no lo fueran a reconocer si de pronto lo estaban esperando (...) Preguntado. Sírvase manifestar al despacho ¿si él le dijo quiénes exactamente habían secuestrado a su sobrino, si le dijo el nombre de este y si le comentó cuántos eran? Contestó. Él me dijo que los que se lo habían llevado era alguien de la Policía o del DAS, que tenían que ver con la ley, con la autoridad. Me dijo que se lo habían llevado en dos carros pero no me dijo cuántos tipos ni me mencionó detalles de los carros”.

— Declaración rendida bajo la gravedad de juramento por subintendente de la Policía Francisco Javier Zuluaga Mejía, el día 13 de diciembre de 2001(83), ante el Gaula Regional Medellín, quien con relación a los hechos informó:

“ese día yo me encontraba de servicio (...) y me encontraba en el sector céntrico del municipio de Envigado en compañía del agente Higuita Higuita Luis, (...) como a eso de las 4 de la tarde aproximadamente escuchamos por el radio de comunicaciones el comunicado de la central (...) donde una patrulla había atendido un caso mal atendido, ya que no pusieron a disposición el sujeto que supuestamente tenía que ver con un secuestro o algo así, eso fue lo que yo escuche decir por el radio. Antes de esto nos había reportado la central (...) que se habían escuchado disparos en la calle 46 con carrera 46, Envigado, pero esa dirección no la dio la central, sino que nosotros fuimos a esa dirección y encontramos que por ahí se encontraba el Ejército, verificamos preguntándole a los soldados y estos nos manifestaron que era que le habían pedido la requisa a un sujeto, este no le quiso hacer caso a la requisa, entonces el soldado hizo un disparo al aire para intimidar al sujeto y que se dejara requisar, entonces nosotros observamos que el caso era del Ejército y por eso informamos a la central y nos retiramos de ese lugar y hasta allí fue atendido nuestro caso, ese fue el único caso que yo atendí junto con mi compañero por los lados del polideportivo, porque de allí ya me retiré para mi lugar que era el sector centro”.

— Declaración rendida bajo la gravedad de juramento por agente de la Policía Luis Alcides Higuita Higuita, el día 14 de diciembre de 2001(84), ante el Gaula Regional Medellín, quien con relación a los hechos informó:

“ese día me encontraba realizando tercer turno con el subintendente Zuluaga en el sector de zafiro 20-3 que corresponde al centro de Envigado, a eso de las 14:30 horas, más o menos, no recuerdo la hora exacta, la central me dio un caso en la calle 46 con 46 más concretamente en el rompoy (sic) del barrio primavera, que me dirigiera allí, ya que había un 911 Carlos que es disturbios del orden público con arma de fuego, en ese momento nos encontrábamos en el parque principal, nos dirigimos al lugar y allí en el rompoy (sic) nos encontramos con un camión del Ejército con soldados, yo le pregunté a uno de ellos que qué había pasado y él me manifestó que ese sujeto, le había gritado que parara para una requisa y como no hizo caso, le hicieron varios disparos al aire, yo les dije que si necesitaban nuestra ayuda y ellos dijeron que no, yo le reporte a la central el 5.24 que es terminación del caso, y le expliqué lo que me había dicho el soldado, procediendo luego a dirigirnos a nuestro sector. Como a la hora de eso, aproximadamente escuchamos por el radio la bulla sobre el secuestro donde nos preguntaron tanto la central como el comandante de la estación que si nosotros habíamos atendido un caso con esas características, le dije que no”.

— Denuncia presentada por Diana Patricia Ocampo Velásquez el día 22 de febrero de 2002(85), quien bajo la gravedad de juramento declaró los siguientes hechos:

“esta mañana (...) cuando faltaban 5 para la 1:00 pm sonó el teléfono y contestó el hermano mío y preguntaron que por favor a doña Matilde (...) y le dijeron a mi mamá que si quería volver a ver al hermano mío, que a ella se le había pedido una plata, que sino entregábamos la plata se llevaban a otro de la familia. (...) lo que pasa es que el hermano mío ha estado en Bellavista en varias oportunidades y a él allá le pusieron el apodo de el Chamo pero eso fue hace como 7 u 8 años que a él le dicen así. La última vez que estuvo en la cárcel, estuvo como unos 4 años. El primero era fletero, es decir como robarle a la gente, eso supongo yo, a él le gustaba como mucho robar, después de todo el tiempo que estuvo en la cárcel él cambió mucho porque era primera vez que él estaba tanto tiempo allá, inclusive nos prometió a nosotros que él iba a cambiar mucho por mi mamá porque ella sufría mucho por él y a él le dio muy duro todo el tiempo en que estuvo detenido y él salió y a los pocos meses de haber salido consiguió trabajo en una empresa de escoltas (...) resulta que nosotros nos dimos de cuenta por comentarios de la gente que los Chamitos del Samaritano se robaron una plata muy grande, que era como una nómina de los paramilitares, pero eso fue más o menos en agosto o septiembre del año pasado y todos los amigos del hermano mío le decían el Chamo y al otro hermano mío que los Chamitos estaban goleados porque se habían robado una plata muy grande y el hermano mío el Chamo nos dijo una vez en la casa donde mi mamá, él nos contó lo que estaba pasando con eso, que se habían robado una plata muy grande, los del Samaritano, los Chamitos, y que ahora era tan de malas él que lo confundían con uno de ellos. De esa gente de los Chamitos ya han matado como a ocho y yo digo que esa es una confusión entre chapas (...)”.

Finalmente se resalta que la aquí denunciante también atribuyó la ocurrencia de los hechos a Álvaro Gutiérrez Brand.

Al respecto, anota la Sala que en fecha 12 de noviembre de 2002, Diana Patricia Ocampo Velásquez declaró ante la misma Fiscalía, que ella y su familia han sido objeto de amenazas por parte de Álvaro Gutiérrez Brand y sus dos hermanos, Bernardo Gutiérrez y Carlos Gutiérrez,

“(...) porque están muy ofendidos porque tenemos a Álvaro involucrado en la desaparición de mi hermano, nos están amenazando de que quitemos el denuncio (...) ellos dicen que o quitamos la demanda o que no responden por la familia, que nos acordemos que Bernardo trabaja con Convivir, en la que queda en el centro, él toda la vida ha trabajado en eso (...)”.

Asimismo sostuvo la denunciante que se presentaban los mismos problemas con “Edwin”, amigo de su prima “Leydi Johanna” y amigo de quienes torturaron a su hermana Miriam, por cuanto reciben amenazas a través de él, diciéndoles que conocen todo el movimiento del proceso porque tienen infiltrados en el CTI, la Fiscalía y el DAS, frente a lo cual denuncia que efectivamente ellos tienen más conocimiento de las diligencias que adelanta la Fiscalía y de todo lo que sucede al interior del proceso que las mismas víctimas.

En fecha 24 de marzo de 2004, Diana Patricia Ocampo Velásquez, puso en conocimiento de la Fiscalía, bajo la gravedad de juramento, que el 21 de enero del mismo año, mientras se encontraba en el almacén Éxito en compañía de los escoltas asignados por la fuerza pública, fue rodeada por aproximadamente once sujetos, entre ellos 2 mujeres, armados, entre los cuales se encontraba Carlos Gutiérrez Brand, hermano de Álvaro Gutiérrez Brand. En esta situación los escoltas reaccionaron, la sacaron del lugar y una patrulla de la policía los apoyó, aunque los intimidadores lograron escapar(86)

Es de anotar, que esta declaración se encuentra ratificada por el dicho de los escoltas asignados al esquema de seguridad de la familia Ocampo Velásquez, entre ellos los señores Nelson Eduardo López Solórzano(87), Héctor Raúl Chapetón Rodríguez(88), quienes señalaron los mismos hechos informados por Diana Patricia Ocampo.

— Tarjeta de control del recluso Hernán de Jesús Ocampo Velásquez, donde consta que fue retenido por el delito de hurto calificado y agravado(89).

— Retratos hablados efectuados por Miriam Ocampo Velásquez(90).

— Declaración rendida el día 6 de junio de 2002 por Álvaro Gutiérrez Brand, quien en relación con los hechos negó su participación y las acusaciones hechas por la familia Ocampo Velásquez(91).

— Declaración rendida el día 11 de junio de 2002 por Durley del Socorro Álvarez Sánchez(92), quien manifestó ser cuñada de Luz Miriam Ocampo Velásquez y en su declaración ratificó todo el dicho de la señora Ocampo Velásquez sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos en que esta fue torturada por los sujetos que se identificaron como miembros del Gaula y que buscaban información sobre una plata que le pertenecía a quien le llamaban “el patrón” con el que mantenían comunicación telefónica durante los hechos.

— Declaración rendida el día 11 de junio de 2002 por María de los Dolores Sánchez de Álvarez(93), quien manifestó ser suegra de Luz Miriam Ocampo Velásquez y en su declaración ratificó todo el dicho de la señora Ocampo Velásquez sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos, en que esta fue torturada por los sujetos identificados como miembros del Gaula y de la Fiscalía y que buscaban información sobre una plata que le pertenecía a quien le llamaban “el patrón” con el que mantenían comunicación telefónica durante los hechos.

— Declaración rendida el día 11 de junio de 2002 por Luis Carlos Gutiérrez Brand(94), quien manifestó ser hermano de Álvaro Gutiérrez Brand y manifestó haber conocido al señor Hernán de Jesús Ocampo Velásquez en la cárcel Bellavista a quien él relacionó con su hermano Álvaro; frente a los hechos manifestó no saber nada, solo el rumor que llegó a la cárcel según el cual Hernán había participado en una vuelta muy grande y por eso lo desaparecieron e hizo referencia a “Miguel Caicedo” amigo de Hernán de Jesús, el cual se estaba pasando por muerto porque estaba encaletado con “una tula llena de billetes, que porque él disque hizo una vuelta muy grande, pero no me dijo ni a quién ni cuánto (...)”

— Declaración rendida bajo la gravedad de juramento el día 12 de junio de 2002 por Jhon Jairo Ocampo Velásquez(95), quien reiteró el dicho en declaraciones anteriores, ratificó lo narrado por Miriam Ocampo con relación a las circunstancias en que se dio la tortura por ella denunciada y de donde se resalta:

“él me preguntaba que si sabíamos que mi hermano se había robado una plata, (...) lo que dijo que al parecer mi hermano se había robado una plata, eso lo decía el que estaba conmigo afuera, que era mucha plata, que para ver quién tenía la plata, y yo decía que él estaba trabajando muy juicioso después de que pagó cárcel, él estaba trabajando como escolta y me dijo que era que parecía que él con otros amigos se habían robado una plata y que ya habían matado a varios amigos, yo le pregunté que a qué amigos y me dijo que a un tal Heider y un tal Mauricio, y otros que no conocíamos, y listo, yo le dije que la plata que dónde estaba y dijeron que eso era lo que estaban buscando. Preguntado. ¿Sabe quiénes eran Heider y Mauricio? Contestó. Compañeros de mi hermano, ellos trabajaban como escoltas en “Vargas y Henao”, yo a ellos los distinguí en la copa América que fueron a la casa a ver un partido”

Es de anotar que días después a la diligencia aquí citada, Jhon Jairo Ocampo Velásquez rindió nueva declaración, el día 2 de julio de 2002, donde manifestó hechos nuevos, sucedidos el viernes 29 de junio del mismo año, cuando notó una situación sospechosa en una prima (Leydy Johanna Arroyave), un amigo de esta y conocido de la familia, de nombre “Edwin” quien se encontraba en un sitio público, donde confidencialmente Jhon Jairo estaba con su esposa, con el sujeto que el día en que fue torturada Luz Miriam Ocampo los interrogó a él y a su mamá, se itera, en distracción mientras su hermana era torturada. En esta diligencia el señor Ocampo Velásquez reiteró la solicitud de protección para él y su familia(96).

En este mismo sentido, Luz Miriam Ocampo Velásquez, en fecha 16 de agosto de 2002, rindió declaración juramentada para informar la presencia de los sujetos mencionados por su hermano, esto es, “Edwin”, amigo de su prima Leydy Johanna, y el señor que el día de la tortura interrogó a su hermano y a su mamá mientras ella era torturada, y a quienes Jhon Jairo había visto juntos, según su declaración anterior. La queja aquí presentada consistió en la presencia constante de estos sujetos rodeando la residencia de su familia(97).

Al respecto, es de anotar que en fecha 22 de abril de 2004, Jhon Jairo Ocampo informó a la Fiscalía que el señor “Edwin” antes referido, obedecía al nombre completo de “Ewin (sic) Rodrigo Suárez Alzate quien fue muerto de manera violenta el día 27 de febrero del año en curso, (...) solo sé que fue en horas de la noche y por comentarios me dijeron que al parecer fue por una extorsión o un problema de droga (...)”(98).

Este hecho se encuentra probado con el informe de 11 de marzo de 2004, emitido por el CTI donde consta que Edwin Rodrigo Suárez Alzate falleció al ser interceptado mientras se transportaba en un taxi, por dos sujetos que “atravesaron la moto para evitar el paso y luego uno de ellos le comenzó a disparar a Edwin”(99).

Sobre el occiso el informe presentado el 27 de febrero de 2006 por la Fiscalía sostuvo:

“Edwin Rodrigo Suárez Alzate alias “Cachorro” “Pedro” “Diego”. (...) al parecer es quien lidera la banda, orquesta varios ilícitos, entre estos asalto a mano armada, tráfico de armas, fleteo, hurto de automotores, homicidio, es quien dota de armamento a los miembros del grupo, lo anterior de acuerdo a lo que se desprende de las grabaciones magnetofónicas de su abonado y con base en los informes suministrados por la sala técnica del CTI que obran en el proceso de la referencia tráfico de armas de fuego (...) porte ilegal de armas de fuego (...) homicidio (...) hurto calificado y agravado (...) receptación”(100)-(101).

Es de anotar que en informe presentado por la Fiscalía en fecha 18 de febrero de 2003, se hizo constar que Edwin Rodrigo Suárez Alzate, mantenía contacto vía telefónica con servidores del CTI de Santa Rosa, entre los que se cuentan el funcionario Jhon Fredy Marulanda y Johan Castro(102).

Asimismo en informe de fecha 30 de octubre de 2002 se había dejado constancia de los vínculos existentes entre Edwin Suárez y Jhon Fredy Marulanda, quien era la persona a nombre de la cual se tomaban en arrendamiento los apartamentos donde convivían “Edwin” y su esposa “Andrea”(103)

— Diligencia de reconocimiento fotográfico de fecha 3 de septiembre de 2002(104) donde la señora Luz Miriam Ocampo Velásquez, sobre el álbum fotográfico del personal del DAS - Seccional Antioquia, reconoció al señor Rafael de Jesús Martínez González como la persona que llegó haciéndose pasar por personal del Gaula, la hizo subir al segundo piso donde su suegra para ser torturada, mientras él estuvo con su mamá (Matilde Velásquez) y su hermano (Jhon Jairo Ocampo).

Del mismo material fotográfico el señor Jhon Jairo Ocampo Velásquez reconoció a Harol Augusto Lean Villaraga (dudas) y César Antonio Tamayo Ramos como las personas que lo cuidaron a él mientras su hermana era torturada para establecer dónde se hallaba la plata “del patrón”. Asimismo reconoció a Robinson Zarta Hernández como la persona que estaba afuera del cajero el día, antes de la desaparición de su hermano, cuando él fue a recibir el dinero de Álvaro Gutiérrez Brand.

De la misma manera Diana Patricia Ocampo Velásquez reconoció a Henry de Jesús Salas Herrera como la persona que cuidó a “doña Lola y a Durley”, esto es a la suegra y cuñada de Miriam Ocampo, el día que esta fue torturada.

Sin embargo, es de anotar que el auto del 31 de enero de 2003, la Fiscalía prevé que en la diligencia de reconocimiento se presentaron algunas inconsistencias y dudas que obligan a corroborar las imputaciones y ampliar la diligencia(105).

La diligencia anotada en el auto anterior se llevó a cabo el día 10 de febrero de 2003(106). La diligencia comenzó con la señora Luz Miriam Ocampo Velásquez, quien manifestó

“no, no reconozco a ninguno, de pronto uno sale señalando a alguien inocente y mejor no y más si está en peligro la nuestra integridad, yo sigo con la duda del que señale la pasada, pero me quedó claro que uno no puede señalar a nadie si no está seguro (...) una foto finalmente es una foto y físicamente es muy distinto”.

La diligencia continúa con Diana Patricia Ocampo Velásquez, quien reconoce a Fredy Arly Arias Guzmán y a Jenry (sic) de Jesús Salas Herrer, como quienes cuidaron a la suegra y la cuñada de Miriam el día que esta fue torturada.

A continuación, Jhon Jairo Ocampo Velásquez reconoció a Harold Augusto Mclean Villaraga, como aquel que los cuido a él y su mamá cuando Miriam estaba siendo torturada, aunque admite que duda porque lo nota diferente, más joven y con otro peluqueado, pero sostiene que si lo ve en persona lo reconoce inmediatamente.

También reconoce a Jenry (sic) de Jesús Salas Herrera, como la persona que estaba afuera del cajero con el maletín negro, el día que él fue a recoger el dinero a Álvaro Gutiérrez en el centro comercial Mediterráneo.

Por último, la señora Matilde Arnolda Velásquez manifestó no reconocer a ninguno.

De la misma manera, el día 13 de febrero de 2003, se llevó a cabo diligencia de reconocimiento fotográfico con el sargento Sánchez Varón Jesús Alberto y Walter Osvaldo Orozco Villegas, quienes manifiestan que no reconocen a nadie(107).

Por su parte, María Sorelly Henao Restrepo, con quien se practicó la misma diligencia el día 25 de febrero de 2003, también manifestó no reconocer a nadie(108).

— Oficio por medio del cual la fiscal segunda delegada de derechos humanos y DIH requiere al fiscal tercero de la unidad de apoyo, para que informe

“la razón por la que existe un faltante de folios en el expediente radicado bajo el número M081, que fuera recibido en estas dependencias el pasado día 10 de los corrientes, luego de que su despacho dispusiera la ruptura de la unidad procesal de la investigación adelantada por el Secuestro del ciudadano Hernán de Jesús Ocampo Velásquez y las torturas que padeciera la hermana de este, señora Luz Miriam Ocampo Velásquez, por hechos conexos(109).

La ausencia de folios corresponde a los distinguidos con los números 45-46-47-48-49-51-52-53-54-55-56-72-132-147-148-149, pertenecientes al cuaderno 1 de la referida actuación”.

Con relación a lo anterior vale anotar que la respuesta a la solicitud aquí citada informó que la falta de los folios obedeció a una omisión en el proceso de copiado(110), los cuales fueron integrados al plenario mediante diligencia posterior(111).

— Informe fotográfico 155, donde se encuentran algunos de los identificados por las víctimas(112)

— Informe presentado por la fiscal 3º de la Unidad de Apoyo a la Unidad Nacional de DH y DIH CTI(113), cuyo objetivo fue indagar en la empresa “Vargas y Henao” por los señores “Heider y Mauricio”. Al respecto se ubicó a la sociedad Vargas Henao, su certificado en cámara de comercio, se halló que esta se había trasladado, se estableció la nueva ubicación en la cual aparecía con una razón social diferente, esto es “Seguridad Pronta Ltda.” y se indagó al gerente de la empresa,

“quien manifestó que efectivamente conoció al señor Hernán de Jesús Ocampo Velásquez laboró allí como escolta esporádicamente con ellos, sobre problemas o dificultades no tiene conocimiento, además agrega que esta empresa Vargas y Henao dejó de funcionar a mitad del año 2001 y a la fecha no posee casi documentación de lo que era Vargas y Henao, ya que en estos momentos la empresa que manejan se llama Seguridad Pronta.

También se le indaga si conoce a los señores Heider y Mauricio al parecer escoltas de esa empresa, a esto responde que no recuerda sus nombres pero buscará en los archivos que tiene en su casa (...).

Dando respuesta a la segunda solicitud hace entrega de 34 hojas de vida (...) el día 16 de septiembre, en las cuales se busca sin encontrar a los sujetos solicitados.

Es importante resaltar que se logró encontrar la hoja de vida del señor Hernán de Jesús Ocampo Velásquez en la cual solo se puede observar que inicia su labor en dicha empresa el día 14 de agosto de 2000 y termina en diciembre del 2000, como documentación anexa se encuentra un porte de arma (...) de un revólver (...)”.

Se resalta al respecto que obra en el plenario certificación emitida por la firma Vargas y Henao Asociados, de fecha 19 de noviembre de 2001, donde manifiestan que el señor Hernán de Jesús Ocampo Velásquez “estuvo vinculado a nuestra empresa bajo la modalidad de contratos a términos parciales en el cargo de escolta acompañante de mercancías”(114).

Sin embargo dicha certificación no señaló el periodo dentro del cual laboró el señor Ocampo Velásquez en su empresa y, asimismo, debe tenerse en cuenta que esta fue expedida presuntamente cuando la empresa ya no existía, por cuanto su gerente señaló al investigador que ella había dejado de funcionar en el primer semestre de 2001, lo cual no se corresponde con el certificado de cámara de comercio, donde consta que “Vargas y Henao” estaba inscrito como establecimiento de comercio cuyos propietarios son los socios de “Seguridad Pronta” y su gerente.

— Informe rendido por la Coordinadora del CTI - Unidad Tercera de Apoyo, donde se informa que hechas las labores de inteligencia, se logró establecer el lugar de residencia de Edwin Rodrigo Suárez Alzate, quien se mudó dos días antes de la correspondiente visita del CTI. Sin embargo dejaron los investigadores la siguiente constancia:

“Realizadas algunas verificaciones con el celador de la zona, (...) se pudo establecer que los allí moradores, eran una pareja, quienes vivían solos, pero que eran frecuentados asiduamente por personas extrañas, quienes llegaban en distintos vehículos y portando armas de largo alcance, que en alguna oportunidad le informaron que ellos laboraban en el DAS. Indicó esta persona, que los moradores se habían mudado el día sábado 26 de octubre en horas de la tarde, y que no eran muchas las cosas que habían sacado del inmueble.

Así las cosas, se procedió a establecer hacía donde se habían movilizado o mudado los mismos, conociendo que por intermedio de la agencia de arrendamientos Soto Aguirre, habían alquilado un inmueble, para lo que se contactó al gerente de dicho establecimiento comercial, a quien se le solicitó discreción en la información relacionada con esta persona puesto que se tenía conocimiento, que al parecer una empleada de dicha agencia, de nombre Alba, tenía algún vínculo de amistad con Edwin y su esposa, recibiendo buena colaboración por parte de esta persona quien nos indicó que el inmueble arrendado corresponde a (...) tomado por Edwin Rodrigo Suárez Alzate y Jesús Arnulfo Alzate Ortiz (...) deudores solidarios están los señores Jhon Fredy Marulanda Agudelo (...) y Yojan Orlando Castro Orozco (...).

Estas dos últimas personas (...) al parecer son miembros de la Unidad Investigativa del CTI y dentro del contrato de arrendamiento se menciona, igualmente al señor Álvaro Alonso Puerta Morales (...) quien también labora en el CTI (...)”.

— Llama la atención de la Sala que obran en el expediente una multitud de oficios remitidos por el cuerpo de investigación al fiscal 3 de la Unidad de Derechos Humanos y DIH, requiriendo “con carácter urgentísimo el resultado de la búsqueda que arrojó en el sistema AFIS, el fragmento de huella almacenado en el caso (...)”, esto es, el correspondiente al vaso de cristal y el plato que fueron allegados como prueba por Miriam Ocampo para establecer la identidad de las personas que la torturaron(115).

Finalmente, se obtuvo respuesta por parte de la Subdirección de Investigaciones Especiales del DAS, informando que:

“los fragmentos de huella de origen lofoscópico relacionados en el material de estudio fueron incluidos en la base de datos del sistema automatizado de identificación de huella dactilares AFIS, como latente a efectuar búsqueda LT-TD, luego del control de calidad inclusión de minucias y demás experticios técnicos se obtuvo resultado negativo”.

— Mediante auto de fecha 4 de febrero de 2003 la Fiscalía, refiriéndose a la investigación adelantada con ocasión de los hechos denunciados por Miriam y Diana Ocampo Velásquez, dejó la siguiente constancia:

“En la misma se han ordenado una serie de interceptaciones telefónicas a abonados pertenecientes a un ciudadano de nombre Edwin, al parecer Suárez Soto, en virtud de las cuales se ha logrado la grabación magnetofónica de las comunicaciones que a través de este medio se han realizado y en las que es evidente la concertación de los interlocutores para la comisión de hechos punibles”.

Al respecto obra copia de las providencias por medio de las cuales se organizan los operativos correspondientes para frustrar las acciones delincuenciales del señor “Edwin, al parecer jefe de la banda”.

— Fueron allegados al plenario las copias de las hojas de vida, documentos de identidad y tarjetas dactiloscópicas de los miembros del DAS identificados por las víctimas en el reconocimiento fotográficos: Harold Augusto MC. Leal Villaraga, Cesar Antonio Tamayo Ramos, Rafael Jesús Martínez González, Jenry de Jesús Salas Herrera y Robinson Zarta Hernández(116).

— Comunicación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de fecha 21 de noviembre de 2001, por medio de la cual se dirige al Ministro de Relaciones Exteriores(117):

“[C]on el propósito de hacer referencia a una petición de medidas cautelares en favor del señor Hernán de Jesús Ocampo Velásquez y otros miembros de la familia Velásquez en Colombia.

La petición de medidas cautelares recibida en la Comisión el 19 de noviembre de 2001 señala (...) que el señor Hernán de Jesús Ocampo Velásquez habría sido capturado ilegalmente en un centro comercial, por miembros del Departamento Administrativo de Seguridad DAS en la ciudad de Medellín, departamento de Antioquia. La situación denunciada indica que el señor Ocampo estaría bajo custodia de esta entidad policial y que se estaría pidiendo a sus familiares un rescate de un millón de dólares.

Sin prejuzgar sobre la posible apertura de un trámite sobre medidas cautelares, me permito solicitar a vuestra excelencia tenga a bien enviar a este secretario, en un lapso de cinco días contados a partir de la recepción de esta comunicación, la información que considere oportuna sobre la situación a la que se refiere el peticionario”

En el mismo sentido, obra la comunicación de fecha 19 de febrero de 2002, por medio de la cual la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicita.

“la adopción de medidas cautelares para proteger la vida y la integridad personal de la familia del señor Hernán de Jesús Ocampo Velásquez, cuya desaparición fuera objeto de una solicitud de información de fecha 21 de noviembre de 2001.

En el día de la fecha la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió información que indica que el día 18 de febrero de 2002 la señora Miriam Ocampo Velásquez, hermana del señor Jesús Ocampo Velásquez, habría sido retenida y torturada por agentes del Estado, concretamente miembros del Gaula. Los agresores amenazaron a la familia Ocampo Velásquez incluyendo a sus miembros menores de edad. Los peticionarios han expresado preocupación por el hecho que estas personas parecían contar con información que presuntamente se encuentra bajo reserva del sumario.

En vista de estos hechos la comisión considera que corresponde otorgar medidas cautelares en los términos del artículo 25(1) de su reglamento para garantizar la vida, la integridad física de estas personas. En consecuencia la Comisión solicita al Gobierno de Colombia que:

1. Adopte de manera urgente las medidas necesarias para proteger la vida e integridad personal de los miembros de la familia del señor Hernán de Jesús Ocampo Velásquez de conformidad con las personas protegidas y atendiendo a la naturaleza de la agresión denunciada.

2. Esclarecer la participación de agentes del Estado en los hechos de violencia denunciados e investigar, juzgar y sancionar a los responsables”(118).

— Extracto de la hoja de vida de Álvaro Antonio Gutiérrez Brand, remitido por el Subdirector de Talento Humano del DAS el día 19 de noviembre de 2001, donde consta su vinculación a dicha entidad desde el 8 de abril de 1999, hasta la fecha, en el cargo de escolta en la seccional Antioquia, sin felicitaciones ni sanciones(119).

— Obra la transcripción de las comunicaciones del canal radial de la estación de Policía de Envigado del día 28 de octubre de 2001, de las 15:00 a las 17:00 horas, donde consta que la Policía tuvo conocimiento del secuestro de dos personas entre esas Hernán de Jesús Ocampo Velásquez y las sospechas de que los hechos y disparos efectuados en las inmediaciones del estadio de Envigado tuvieran alguna relación. Sin embargo, también se evidencia que luego de hacer presencia en el lugar en que se encontraba el Ejército y los sujetos retenidos, la patrulla comunicó que el Ejército se había encargado de la situación(120).

— Oficio por medio del cual el director seccional DAS Antioquia comunicó que en los archivos y libros de minuta no parece registrado operativo alguno practicado por unidades de esa sección el día 28 de octubre de 2001(121).

— Certificaciones remitidas por la Policía Metropolitana del Valle de Aburra, de fecha 25 de noviembre y 2 de diciembre de 2002, donde consta que a Hernán de Jesús Ocampo Velásquez le figura una orden de captura por los delitos de hurto calificado y agravado y porte ilegal de arma de fuego y a Álvaro Gutiérrez Brand no le figuran antecedentes ni ordenes de captura o no figuran datos(122).

Asimismo la Dirección Seccional de Fiscalías de Medellín, certificó que no se encuentran los registros de Álvaro Gutiérrez Brand(123).

Por su parte el DAS Seccional Antioquia certificó que no aparecen anotaciones o antecedentes a nombre de Hernán de Jesús Ocampo Velásquez(124).

— Mediante providencia de fecha 22 de marzo de 2003, la fiscal de la Unidad de Derechos Humanos y DIH, ordenó abrir la instancia de instrucción contra Jenri de Jesús Salas Rivera y Rafael de Jesús Martínez González(125). Es de anotar que para la fecha de los hechos Rafael de Jesús Martínez González no fungía como miembros del DAS, en tanto fue declarado insubsistente el 6 de octubre de 1998(126).

— Diligencia de reconocimiento en fila de personas efectuada el día 28 de marzo de 2003, en la que Luz Miriam Ocampo Velásquez manifestó no reconocer a nadie; Diana Patricia Ocampo Velásquez reconoció a Jenri de Jesús Salas Rivera como la persona que cuido a las personas en la cocina mientras torturaban a Miriam. Por su parte Jhon Jairo Ocampo Y Matilde Velásquez manifestaron no reconocer a nadie(127).

— Diligencia de reconocimiento fotográfico en el álbum de funcionarios del DAS, efectuada por Carlos Arturo Velásquez Restrepo, el día 31 de marzo de 2003, donde reconoció a Ferney Arley Arias Guzmán como el conductor del vehículo en que lo secuestraron y a Hernán Albeiro Zuluaga Vivares, como la persona que iba al lado del conductor(128).

Es de anotar que no obra en el expediente medios probatorios que informen el resultado concreto frente al reconocimiento que aquí se hizo.

— Del cotejo dactiloscópico efectuado con las pruebas recogidas de lugar en que fue torturada Luz Miriam Ocampo “No corresponde al señor Jenry de Jesús Salas H.”(129).

— Informe de fecha 19 de abril de 2004, por medio del cual el coordinador del CTI de la Unidad de Apoyo a la Unidad Nacional de Derechos Humanos, manifestó que en vista de que no se ha logrado ubicar a los militares que prestaron su servicio el día 28 de octubre de 2001 (fecha del secuestro) en las inmediaciones del estadio de Envigado, se volvió a analizar la declaración rendida por Jhon Jairo Ocampo Velásquez, donde se informaba que se había visto a “Edwin” el sujeto que lo cuidó a él y a su mamá (Matilde) el día que fue torturada su hermana (Miriam) quienes se desplazaban en un vehículo Sprint de placas MDK 885. Ante lo cual se dirigieron al tránsito departamental, solicitaron acceso al historial de dicho vehículo, hallando que para la fecha de los hechos tuvo como propietario a Jhon Fredy Marulanda Agudelo(130), exfuncionario del CTI y quien para la fecha (abr. 19/2004) se encuentra retenido por órdenes de la Unidad de Terrorismo de Bogotá(131), en la cárcel San Quitín del municipio de Bello (Antioquia)(132).

— El 22 de abril de 2004, se efectúo reconocimiento en fila de personas por parte de la señora Matilde Arnolda Velásquez Restrepo y Jhon Jairo Ocampo Velásquez Restrepo, quienes señalaron a Jhon Fredy Marulanda Agudelo como la persona que los cuidó (participó) durante los actos de tortura que se le propinaron a Luz Miriam Ocampo Velásquez(133).

— Resolución de mayo 4 de 2004, por medio de la cual la Fiscalía 44 de Medellín - Unidad de Derechos Humanos, profirió medida de aseguramiento contra Jhon Fredy Marulanda Agudelo, por cuanto consideró que las versiones rendidas por las víctima encuentran sustento probatorio, por lo que se hace evidente su participación en la tortura infringida a Luz Miriam Ocampo Velásquez y en el secuestro extorsivo agravado de Hernán de Jesús Ocampo Velásquez(134).

Es de anotar que mediante providencia del 26 de mayo de 2004, en atención al recurso interpuesto por el apoderado de Jhon Fredy Marulanda Agudelo(135), de quien se anota que se fugó de las instalaciones carcelarias, la Fiscalía revocó parcialmente la resolución señalada anteriormente y en consecuencia se abstuvo de imponer medida de aseguramiento al sindicado Jhon Fredy Marulanda Agudelo por el delito de secuestro extorsivo agravado(136), por cuanto consideró:

“(...) sea lo primero advertir que en cuanto al punible de secuestro imputado al sindicado, razón le asiste al señor defensor al sostener que la exigencia mínima legal de los dos indicios no se cumplen, al menos por ahora, máxime que no se pudo ahondar en ello, gracias a la vergonzosa fuga que protagonizó él mismo, por lo que habrá de revocarse la decisión en tal sentido y abstenerse el despacho de imponer medida de aseguramiento por ello.

Pero, en relación al punible de las torturas agravadas a él atribuidas, se mantiene incólume la posición del despacho, amén del material probatorio existente y recaudado en legal forma, el cual, a contrario sensu de lo que pregona el profesional del derecho, si se le atribuyó el respectivo valor probatorio que amerita”.

Decisión esta que fue confirmada en sede de apelación por la Unidad de Fiscales Delegados ante el Tribunal Superior de Medellín(137).

Asimismo, es de anotar que los resultados del cotejo dactiloscópico efectuado frente a las pruebas (vaso de cristal y plato corona) recaudadas en el lugar donde fue torturada Luz Miriam Ocampo Velásquez arrojó como resultado la correspondencia con la huella del dedo medio izquierdo de Jhon Fredy Marulanda Agudelo(138).

En este orden de ideas, la Fiscal 37 de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH de Medellín, resolvió:

“1. ACUSAR ante los señores jueces penales del circuito especializado de Medellín, al ciudadano Jhon Fredy Marulanda Agudelo, de las condiciones civiles y personales consignadas en la acusación, como coautor del delito de tortura agravada (...) por los lamentables hechos acaecidos en Medellín, el 18 de febrero de 2002 en donde resultó ofendida la señora Luz Miriam Ocampo Velásquez.

2. PRECLUIR la investigación a favor del antes mencionado por el delito de falsedad personal.

3. PRECLUIR la presente investigación en favor del ciudadano Jenry de Jesús Salas Herrera de las condiciones civiles y personales conocidas, por los delitos de tortura agravada y secuestro a él imputados dentro de la presente investigación (...) donde figuran como ofendidos Hernán de Jesús y Luz Miriam Ocampo Velásquez.

(...)”

— Copia del Auto de fecha 31 de mayo de 2002 por medio del cual el Departamento Administrativo de Seguridad - Seccional Antioquia resolvió archivar definitivamente la indagación preliminar 752/01, adelantada contra el señor Álvaro Gutiérrez Brand, agente escolta 205-05, por cuanto consideró “que el señor Álvaro Gutiérrez Brand, agente escolta es ajeno a la situación de plagio o desaparición forzada de que fuera objeto el señor Hernán de Jesús Ocampo Velásquez”(139)

Asimismo sostuvo:

“que en el expediente no aflora ninguna prueba que demuestre que el señor Álvaro Gutiérrez Brand haya tenido que ver directa o indirectamente en los hechos acaecidos el 28 de octubre de 2001, cuando fuera plagiado por varios individuos el señor Hernán de Jesús Ocampo Velásquez”

4. Presupuestos de la Responsabilidad del Estado.

En relación con la responsabilidad del Estado(140), la Carta Política de 1991 produjo su “constitucionalización”(141) erigiéndola como garantía de los derechos e intereses de los administrados(142) y de su patrimonio(143), sin distinguir su condición, situación e interés(144). Como bien se sostiene en la doctrina,

“La responsabilidad de la administración, en cambio, se articula como una garantía de los ciudadanos, pero no como una potestad(145); los daños cubiertos por la responsabilidad administrativa no son deliberadamente causados por la administración por exigencia del interés general, no aparecen como un medio necesario para la consecución del fin público”(146).

Según lo prescrito en el artículo 90 de la Constitución, cláusula general de la responsabilidad extracontractual del Estado(147), este concepto tiene como fundamento la determinación de un daño antijurídico causado a un administrado, y la imputación del mismo a la administración pública(148) tanto por la acción, como por la omisión, bien sea bajo los criterios de falla en el servicio, daño especial, riesgo excepcional u otro.

En los anteriores términos, la responsabilidad extracontractual del Estado se puede configurar una vez se demuestre el daño antijurídico y la imputación (desde el ámbito fáctico y jurídico). Conforme a lo cual se analizará el caso a resolver.

4.1 Daño antijurídico.

El daño antijurídico comprendido, desde la dogmática jurídica de la responsabilidad civil extracontractual(149) y del Estado impone considerar aquello que derivado de la actividad o de la inactividad de la administración pública no sea soportable i) bien porque es contrario a la Carta Política o a una norma legal, o ii) porque sea “irrazonable”(150), en clave de los derechos e intereses constitucionalmente reconocidos.

En cuanto al daño antijurídico, el precedente jurisprudencial constitucional señala que la:

“(...) antijuridicidad del perjuicio no depende de la licitud o ilicitud de la conducta desplegada por la Administración sino de la no soportabilidad del daño por parte de la víctima”(151).

Así pues, la jurisprudencia constitucional ha señalado:

“(...) que esta acepción del daño antijurídico como fundamento del deber de reparación estatal armoniza plenamente con los principios y valores propios del Estado social de derecho debido a que al Estado corresponde la salvaguarda de los derechos y libertades de los administrados frente a la propia administración”(152).

De igual manera, la jurisprudencia constitucional considera que el daño antijurídico se encuadra en los “principios consagrados en la Constitución, tales como la solidaridad (art. 1º) y la igualdad (art. 13), y en la garantía integral del patrimonio de los ciudadanos, prevista por los artículos 2º y 58 de la Constitución”(153).

Debe quedar claro que es un concepto constante en la jurisprudencia del Consejo Estado, que debe ser objeto de adecuación y actualización a la luz de los principios del Estado social de derecho, ya que como lo señala el precedente de la Sala un “Estado social de derecho y solidario y respetuoso de la dignidad de la persona humana, no puede causar daños antijurídicos y no indemnizarlos”(154).

Dicho daño tiene como características que sea cierto, presente o futuro, determinado o determinable(155), anormal(156) y que se trate de una situación jurídicamente protegida(157).

En el sub judice la demanda plantea el daño antijurídico con relación al “desaparecimiento de Hernán de Jesús Ocampo Velásquez, ocurrido el día 28 de octubre de 2001”, con relación a lo cual debe tenerse en cuenta que si bien los hechos refieren el secuestro extorsivo de la víctima lo cierto es que, de acuerdo con todo el material probatorio citado en el acápite correspondiente, se encuentra plenamente probado que los demandantes no volvieron a ver a su hijo y hermano motivo que amerita tener demostrado el daño antijurídico. También se hace evidente que de tal circunstancia se derivaron perjuicios en la parte actora a cuya indemnización habrá lugar siempre que se establezca la imputación fáctica y jurídica de dicho daño a la entidad demandada y se acrediten plenamente los perjuicios reclamados.

4.2. La imputación del daño antijurídico a la responsabilidad del Estado.

En cuanto a la imputación exige analizar dos esferas: a) el ámbito fáctico, y; b) la imputación jurídica(158), en la que se debe determinar la atribución conforme a un deber jurídico (que opera conforme a los distintos títulos de imputación consolidados en el precedente de la Sala: falla o falta en la prestación del servicio —simple, presunta y probada—; daño especial —desequilibrio de las cargas públicas, daño anormal—; riesgo excepcional). Adicionalmente, resulta relevante tener en cuenta los aspectos de la teoría de la imputación objetiva de la responsabilidad patrimonial del Estado. Precisamente, en la jurisprudencia constitucional se sostiene, que la “superioridad jerárquica de las normas constitucionales impide al legislador diseñar un sistema de responsabilidad subjetiva para el resarcimiento de los daños antijurídicos que son producto de tales relaciones sustanciales o materiales que se dan entre los entes públicos y los administrados. La responsabilidad objetiva en el terreno de esas relaciones sustanciales es un imperativo constitucional, no solo por la norma expresa que así lo define, sino también porque los principios y valores que fundamentan la construcción del Estado según la cláusula social así lo exigen”(159).

Sin duda, en la actualidad todo régimen de responsabilidad patrimonial del Estado exige la afirmación del principio de imputabilidad(160), según el cual, la indemnización del daño antijurídico cabe achacarla al Estado cuando haya el sustento fáctico y la atribución jurídica(161). Debe quedar claro, que el derecho no puede apartarse de las “estructuras reales si quiere tener alguna eficacia sobre las mismas”(162).

En cuanto a esto, cabe precisar que la tendencia de la responsabilidad del Estado en la actualidad está marcada por la imputación objetiva que “parte de los límites de lo previsible por una persona prudente a la hora de adoptar las decisiones”(163). Siendo esto así, la imputación objetiva implica la “atribución”, lo que denota en lenguaje filosófico-jurídico una prescripción, más que una descripción. Luego, la contribución que nos ofrece la imputación objetiva, cuando hay lugar a su aplicación, es la de rechazar la simple averiguación descriptiva, instrumental y empírica de “cuando un resultado lesivo es verdaderamente obra del autor de una determinada conducta”(164).

Sin duda, es un aporte que se representa en lo considerado por Larenz según el cual había necesidad de “excluir del concepto de acción sus efectos imprevisibles, por entender que estos no pueden considerarse obra del autor de la acción, sino obra del azar”(165). Con lo anterior, se logra superar, definitivamente, en el juicio de responsabilidad, la aplicación tanto de la teoría de la equivalencia de condiciones, como de la causalidad adecuada, ofreciéndose como un correctivo de la causalidad, donde será determinante la magnitud del riesgo y su carácter permisible o no(166). Es más, se sostiene doctrinalmente “que la responsabilidad objetiva puede llegar a tener, en algunos casos, mayor eficacia preventiva que la responsabilidad por culpa. ¿Por qué? Porque la responsabilidad objetiva, aunque no altere la diligencia adoptada en el ejercicio de la actividad (no afecte a la calidad de la actividad), sí incide en el nivel de la actividad (incide en la cantidad de actividad) del sujeto productor de daños, estimulando un menor volumen de actividad (el nivel óptimo) y, con ello, la causación de un número menor de daños”(167).

Dicha tendencia es la que marcó la jurisprudencia constitucional, pero ampliando la consideración de la imputación (desde la perspectiva de la imputación objetiva) a la posición de garante donde la exigencia del principio de proporcionalidad(168) es necesario para considerar si cabía la adopción de medidas razonables para prevenir la producción del daño antijurídico, y así se motivara el juicio de imputación. Dicho juicio, en este marco, obedece sin lugar a dudas a un ejercicio de la ponderación(169) que el juez está llamado a aplicar, de tal manera que se aplique como máxima que: “Cuanto mayor sea el grado de la no satisfacción o del detrimento de un principio, mayor debe ser la importancia de satisfacción del otro”(170).

En ese sentido, la jurisprudencia constitucional indica que “el núcleo de la imputación no gira en torno a la pregunta acerca de si el hecho era evitable o cognoscible. Primero hay que determinar si el sujeto era competente para desplegar los deberes de seguridad en el tráfico o de protección(171) frente a determinados bienes jurídicos con respecto a ciertos riesgos, para luego contestar si el suceso era evitable y cognoscible(172). Ejemplo: un desprevenido transeúnte encuentra súbitamente en la calle un herido en grave peligro (situación de peligro generante del deber) y no le presta ayuda (no realización de la acción esperada); posteriormente fallece por falta de una oportuna intervención médica que el peatón tenía posibilidad de facilitarle trasladándolo a un hospital cercano (capacidad individual de acción). La muerte no le es imputable a pesar de la evitabilidad y el conocimiento. En efecto, si no tiene una posición de garante porque él no ha creado el riesgo para los bienes jurídicos, ni tampoco tiene una obligación institucional de donde surja un deber concreto de evitar el resultado mediante una acción de salvamento, el resultado no le es atribuible. Responde solo por la omisión de socorro y el fundamento de esa responsabilidad es quebrantar el deber de solidaridad que tiene todo ciudadano”(173).

En una teoría de la imputación objetiva construida sobre las posiciones de garante, predicable tanto de los delitos de acción como de omisión, la forma de realización externa de la conducta, es decir, determinar si un comportamiento fue realizado mediante un curso causal dañoso o mediante la abstención de una acción salvadora, pierde toda relevancia porque lo importante no es la configuración fáctica del hecho, sino la demostración de sí una persona ha cumplido con los deberes que surgen de su posición de garante”(174).

Dicha formulación no debe suponer, lo que debe remarcarse por la Sala, una aplicación absoluta o ilimitada de la teoría de la imputación objetiva que lleve a un desbordamiento de los supuestos que pueden ser objeto de la acción de reparación directa, ni a convertir a la responsabilidad extracontractual del Estado como herramienta de aseguramiento universal(175), teniendo en cuenta que el riesgo, o su creación, no debe llevar a “una responsabilidad objetiva global de la administración, puesto que no puede considerarse (...) que su actuación [de la administración pública] sea siempre fuente de riesgos especiales”(176), y que además debe obedecer a la cláusula del Estado social de derecho(177).

Debe plantearse un juicio de imputación en el que demostrado el daño antijurídico, deba analizarse la atribución fáctica y jurídica en tres escenarios: peligro, amenaza y daño. En concreto, la atribución jurídica debe exigir la motivación razonada, sin fijar un solo título de imputación en el que deba encuadrarse la responsabilidad extracontractual del Estado(178), sino que cabe hacer el proceso de examinar si procede encuadrar en la falla en el servicio sustentada en la vulneración de deberes normativos(179), que en muchas ocasiones no se reducen al ámbito negativo, sino que se expresan como deberes positivos en los que la procura o tutela eficaz de los derechos, bienes e intereses jurídicos es lo esencial para que se cumpla con la cláusula del Estado social y democrático de derecho; en caso de no poder hacer su encuadramiento en la falla en el servicio, cabe examinar si procede en el daño especial, sustentado en la argumentación razonada de cómo (probatoriamente) se produjo la ruptura en el equilibrio de las cargas públicas; o, finalmente, si encuadra en el riesgo excepcional. De acuerdo con la jurisprudencia de la Sala Plena de la Sección Tercera “(...) en lo que se refiere al derecho de daños, el modelo de responsabilidad estatal que adoptó la Constitución de 1991 no privilegió ningún régimen en particular, sino que dejó en manos del juez definir, frente a cada caso en concreto, la construcción de una motivación que consulte las razones tanto fácticas como jurídicas que den sustento a la decisión que habrá que adoptar. Por ello, la jurisdicción de lo contencioso administrativo ha dado cabida a la utilización de diversos “títulos de imputación” para la solución de los casos propuestos a su consideración, sin que esa circunstancia pueda entenderse como la existencia de un mandato que imponga la obligación al juez de utilizar frente a determinadas situaciones fácticas —a manera de recetario— un específico título de imputación”(180).

Así mismo, debe considerarse que la responsabilidad extracontractual no puede reducirse a su consideración como herramienta destinada solamente a la reparación, sino que debe contribuir con un efecto preventivo(181) que permita la mejora o la optimización en la prestación, realización o ejecución de la actividad administrativa globalmente considerada.

Además, cabe considerar la influencia que para la imputación de la responsabilidad pueda tener el principio de precaución, al exigir el estudiarla desde tres escenarios: peligro, amenaza y daño. Sin duda, el principio de precaución introduce elementos que pueden afectar en el ámbito fáctico el análisis de la causalidad (finalidad prospectiva de la causalidad(182)), ateniendo a los criterios de la sociedad moderna donde los riesgos a los que se enfrenta el ser humano, la sociedad y que debe valorar el juez no pueden reducirse a una concepción tradicional superada.

La precaución es una acepción que viene del latín precautio y se compone del prae (antes) y la cautio (guarda, prudencia). En su definición, se invoca que el “verbo precavere implica aplicar el prae al futuro —lo que está por venir—, tratándose de un ámbito desconocido pese a las leyes de la ciencia, incapaces de agotar los recursos de la experiencia humana y el verbo cavere que marca la atención y la desconfianza”(183). Su concreción jurídica lleva a comprender a la precaución, tradicionalmente, como aquella que es “utilizada para caracterizar ciertos actos materiales para evitar que se produzca un daño”(184). Entendida la precaución como principio(185), esto es, como herramienta de orientación del sistema jurídico(186) “exige tener en cuenta los riesgos que existen en ámbitos de la salud y del medio ambiente pese a la incertidumbre científica, para prevenir los daños que puedan resultar, para salvaguardar ciertos intereses esenciales ligados más a intereses colectivos que a los individuales, de manera que con este fin se ofrezca una respuesta proporcionada propia a la evitabilidad preocupada de una evaluación de riesgos (...) Si subjetivamente, el principio implica una actitud a tener frente a un riesgo, objetivamente, se dirige directamente a la prevención de ciertos daños en ciertas condiciones determinadas”(187). Luego, la precaución es un principio que implica que ante la ausencia, o insuficiencia de datos científicos y técnicos(188), es conveniente, razonable y proporcional adoptar todas aquellas medidas que impida o limiten la realización de una situación de riesgo (expresada como amenaza inminente, irreversible e irremediable) que pueda afectar tanto intereses individuales, como colectivos (con preferencia estos).

En los anteriores términos, cabe estudiar la responsabilidad extracontractual del Estado en el caso en concreto.

4.2.1. La imputación a la responsabilidad del Estado del daño antijurídico, en el caso concreto.

Esta Sala de Subsección negará las súplicas de la demanda, por cuanto no se encuentra probada la imputación fáctica del daño antijurídico a la entidad demandada. Según pasa a explicarse.

Sea lo primero aclarar que, pese a los señalamientos esgrimidos por los demandantes, quienes aducen a los hechos aquí debatidos como un caso de desaparición forzada, para la Sala resulta evidente que los hechos expuestos y probados en el plenario no permiten sugerir la configuración de dicha figura, por el contrario, las situaciones fácticas que aquí se demostraron proponen la constitución de un evento de secuestro extorsivo, como bien lo calificó la Fiscalía de Medellín en todas sus actuaciones y la misma entidad demandada en las diligencias disciplinarias que ella adelantó.

En efecto, la figura de la desaparición forzada ha sido ampliamente desarrollada por la jurisprudencia de la corporación y se encuentra definida en la legislación penal.

Por su parte los códigos Penal y de Procedimiento Penal, mediante las modificaciones introducidas con las leyes 589 y 590 de 2000, tipificaron el genocidio, la desaparición forzada, el desplazamiento forzado y la tortura como hechos punibles.

Particularmente, mediante el artículo 1º de la Ley 589 de 2000 se agregó al Código Penal el artículo 268 A mediante el cual se dispuso que:

“El particular que perteneciendo a un grupo armado al margen de la ley someta a otra persona a privación de su libertad cualquiera que sea la forma, seguida de su ocultamiento y de la negativa a reconocer dicha privación o de dar información sobre su paradero, sustrayéndola del amparo de la ley, incurrirá en prisión de veinticinco (25) a cuarenta (40) años, multa de quinientos (500) a dos mil (2.000) salarios mínimos legales vigentes y en interdicción de derechos y funciones públicas de cinco (5) a diez (10) años.

A la misma pena quedará sometido, el servidor público, o el particular que actúe bajo la determinación o la aquiescencia de aquel, y realice la conducta descrita en el inciso anterior”.

Al respecto es de anotar que la misma legislación previó agravar(189), incrementar(190) o atenuar(191) las condenas impuestas, en circunstancias particulares y típicamente establecidas(192).

Al respecto, la Sala ha sostenido que la desaparición forzada:

“(...) es un delito de lesa humanidad por cuanto involucra además de los derechos fundamentales de la víctima, la convivencia social, la paz y la tranquilidad del género humano. Dicha conducta se encuentra proscrita por normas de carácter internacional ratificadas por Colombia, como es el caso del artículo 2º del Protocolo Adicional a los convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, que se refiere a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional, incorporado a la legislación interna a través de la Ley 171 del 1994; y el artículo 75 del Protocolo Adicional a los convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949, mediante el cual se reguló lo referente a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales. Igualmente, el artículo 2º de la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada define esta conducta como “la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de la libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes”. La Sala igualmente se ha referido a las normas constitucionales y a los instrumentos internacionales que se han pronunciado sobre dichas conductas constitutivas de violación de las normas de los derechos humanos.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos también ha sostenido que la desaparición forzada de personas constituye un hecho ilícito que genera una violación múltiple y continuada de varios derechos protegidos por la convención; se trata de un delito contra la humanidad. Además, la desaparición forzada supone el desconocimiento del deber de organizar el aparato del Estado para garantizar los derechos reconocidos en la Convención, pues es a él a quien le corresponde ejercer conductas positivas y negativas dirigidas a respetar y garantizar la libertad y la vida de los ciudadanos, y otros derechos del mismo linaje. Adicionalmente, para la materialización del delito de la desaparición forzada no se requiere determinar, la culpabilidad de sus autores o su intencionalidad, y tampoco es preciso identificar individualmente a los agentes a los cuales se atribuyen los hechos violatorios de los derechos humanos, estos dentro de nuestro ordenamiento contienen protección constitucional reforzada mediante el ejercicio de las acciones constitucionales. Es suficiente acreditar que ha habido apoyo o tolerancia por parte del poder público, en este caso de las fuerzas armadas en la infracción de los derechos fundamentales y humanos reconocidos por los organismos internacionales como son la libertad y la vida. El derecho a la vida, porque constituye el núcleo esencial para la realización de los demás derechos, y el derecho fundamental a la libertad, porque permite la materialización del primero en condiciones dignas, el ejercicio de las demás libertades individuales y el libre desarrollo de la personalidad. Ambos constituyen derechos y valores de primer orden consignados y reconocidos en nuestro ordenamiento constitucional y en los tratados de derechos humanos que conforman en esa materia criterios de constitucionalidad de las leyes que forman parte del bloque de constitucionalidad, necesarios para la resolución de los casos concretos. Además, es claro que los pactos internacionales obligan al Estado no solo a respetar sino también a garantizar los derechos humanos, lo cual implica asumir conductas negativas y positivas tendientes por un lado a no ejercer actos violatorios de tales derechos y a asumir conductas dirigidas a impedir que distintas fuerzas no estatales los violen”(193).

Por su parte, el secuestro es la conducta típicamente determinada en la legislación penal con el propósito de proteger la libertad personal de los ciudadanos, así, aunque ha sido previsto en dos diferentes modalidades, estas comparten un elemento objetivo común consistente en que el hecho punible radica en la privación de la libertad de una o de varias personas, utilizando, para ello, la violencia o el engaño, en una cualquiera de las formas que describe la normatividad punitiva, esto es, arrebatar, sustraer, retener u ocultar.

“Para la comisión del delito de secuestro, la forma como este suceda es indiferente. En efecto, puede ser mediante amenazas, fraude o violencia; puede consistir en sujetar físicamente a la víctima, con esposas, mordazas, cadenas, etc. Lo que importa es el resultado, es decir, que la víctima pierda físicamente la capacidad de moverse de acuerdo con su voluntad. Este punto es importante para distinguir el secuestro de otros delitos contra la autonomía personal, consagrados en los artículos 276 y siguientes del Código Penal”(194).

No obstante, como se dijo, la codificación penal tipificó el secuestro en dos diferentes modalidades, la primera, el secuestro simple y, la segunda, el secuestro extorsivo, las cuales encuentran divergencia en el elemento subjetivo, esto es, la finalidad del agente.

“En efecto, en el secuestro extorsivo, el sujeto activo tiene el propósito de exigir algo por la libertad de la víctima. En el secuestro simple, basta que se prive de la libertad a una persona para que se configure el delito. Y esta diferencia es la que ha hecho que el legislador imponga al delito de secuestro simple una pena sustancialmente menor que la señalada para el secuestro extorsivo”(195).

En este sentido, es de anotar que la Ley 40 de 1993, vigente para la época de los hechos, tipifico las conductas antes mencionadas, de la siguiente manera:

“ART. 1º—El secuestro extorsivo. El que arrebate, sustraiga retenga u oculte a una persona con el propósito de exigir por su libertad un provecho o cualquier utilidad, o para que se haga u omita algo, o con fines publicitarios o de carácter político, incurrirá en prisión de veinticinco (25) a cuarenta (40) años y multa de cien (100) a quinientos (500) salarios mínimos mensuales.

En la misma pena incurrirá quien arrebate, sustraiga, retenga u oculte a una personalidad de reconocida notoriedad o influencia pública.

ART. 2º—Secuestro simple. El que con propósitos distintos a los previstos en el artículo anterior, arrebate, sustraiga, retenga u oculte a una persona, incurrirá en prisión de seis (6) a veinticinco (25) años y en multa de cien (100) a doscientos (200) salarios mínimos mensuales.

Si el propósito del agente es contraer matrimonio u obtener una finalidad erótico—sexual, incurrirá en prisión de uno (1) a tres (3) años. Para proceder en este caso se requiere querella de parte.

A la sazón, a la luz de las normas en cita, se itera, vigentes para la época de los hechos, resulta evidente que la situación en que tuvo ocurrencia la retención de Hernán de Jesús Ocampo Velásquez encaja dentro de los presupuestos del secuestro extorsivo, como se demostrará más adelante, aclarando así que no se está ante un caso típico de desaparición forzada sino de secuestro extorsivo.

En este orden de ideas, está probado dentro del plenario, que el día 28 de octubre de 2001, fue retenido violentamente, es decir secuestrado, el señor Hernán de Jesús Ocampo Velásquez, plagio que según el dicho de la demanda, las declaraciones y denuncias efectuadas por las víctimas y los demás testimonios obrantes en el plenario, se efectuó con el propósito de recuperar un millón de dólares que, supuestamente, el mencionado señor Ocampo Velásquez habría hurtado a grupos paramilitares. Este hecho, a su vez dio lugar a que el 18 de febrero de 2002 los delincuentes incursionaran en las residencias de Matilde Velásquez, Luz Miriam Velásquez y en la casa de habitación de la suegra y cuñada de esta última, se itera, para buscar el dinero que Hernán de Jesús adeudaba a sus captores, quienes se identificaron como miembros de las autoridades públicas, específicamente del Gaula.

Sin embargo es de anotar que antes de los referidos hechos de tortura, la familia Ocampo Velásquez fue objeto de múltiples llamadas de advertencia y amenazas. Inicialmente, los captores se comunicaron para informar que la retención obedeció a que Hernán de Jesús tenía en su poder la suma de un millón de dólares que debía devolver para recuperar su libertad, ante lo cual confiaban en que, en dos o tres días estuviera de regreso. Sin embargo, todo parece indicar que las negociaciones entre Hernán de Jesús y sus captores no tuvieron resultado, por lo que la familia recibió nuevas llamadas que les exigían la entrega de la cantidad de dinero indicada en un plazo de 25 días, para obtener la libertad del secuestrado, todo lo cual corrobora que los hechos aquí debatidos no configuran una desaparición forzada sino un secuestro con fines de extorsión.

De esta manera avanzaron los sucesos hasta el 18 de febrero de 2002, es decir, aproximadamente 4 meses después de efectuada la retención de Hernán de Jesús, cuando personas inescrupulosas, que dijeron ser miembros del Gaula, se presentaron en las residencias de Matilde Velásquez, Luz Miriam Velásquez y en la casa de habitación de María de los Dolores Sánchez de Álvarez y Durley del Socorro Álvarez Sánchez, suegra y cuñada de Luz Miriam, quien fue llevada por los facinerosos a la vivienda de su suegra y su cuñada, estas aprisionadas en la cocina, mientras los delincuentes indagaban a Luz Miriam y la torturaban a fin de obtener alguna respuesta sobre la ubicación del dinero presuntamente hurtado por Hernán de Jesús a miembros de grupos paramilitares. Queda claro, entonces, que tanto el secuestro como la tortura obedecieron a la búsqueda del mismo “un millón de dólares” y no a la intensión de desaparecer a Hernán de Jesús o a la familia Ocampo Velásquez.

Ahora bien, frente a la posible intervención de miembros de la entidad demandada en la consumación de los delitos antes indicados, aunque los demandantes señalaron a Álvaro Gutiérrez Brand como partícipe del secuestro y las amenazas, lo cierto es que ni con las diligencias penales, ni con las disciplinarias, y mucho menos con las contencioso administrativas, se logró demostrar que este haya determinado o participado en el secuestro de Hernán de Jesús, pues, además de las denuncias y declaraciones presentadas por las mismas víctimas ante las diferentes autoridades, no obra evidencia alguna que permita corroborar tal afirmación, por el contrario, la indagación preliminar disciplinaria adelantada por estos hechos contra el mencionado Gutiérrez Brand se archivó con el mismo argumento, es decir, porque “no aflora ninguna prueba que demuestre que el señor Álvaro Gutiérrez Brand haya tenido que ver directa o indirectamente en los hechos acaecidos el 28 de octubre de 2001, cuando fuera plagiado por varios individuos el señor Hernán de Jesús Gutiérrez Brand”.

En el mismo sentido, considera la Sala que aunque los demandantes en diferentes diligencias, entre esas, en diligencia de reconocimiento de personas en álbum fotográfico y reconocimiento en fila de personas, señalaron a algunos miembros del DAS como posibles sospechosos, e incluso, que contra algunos de ellos efectúo apertura del sumario, como ocurrió con Jenri de Jesús Salas Rivera, lo cierto es que ninguna de las diligencias adicionales practicadas para corroborar su responsabilidad en los hechos investigados arrojó un resultado positivo, por el contrario el cotejo dactiloscópico efectuado al señor Salas Rivera arrojó como resultado “No corresponde”.

Al respecto resulta oportuno señalar que las diligencias penales solo arrojaron resultados positivos cuando de las grabaciones magnetofónicas a las comunicaciones interceptadas a Edwin Suárez y de la averiguación sobre los vehículos involucrados en los hechos, se logró establecer la participación de Jhon Fredy Marulanda Agudelo, en quien las demás indagaciones resultaron acertadas, como ocurrió con el cotejo dactiloscópico efectuado frente a las pruebas (vaso de cristal y plato corona) recaudadas en el lugar donde fue torturada Luz Miriam Ocampo Velásquez que arrojó como resultado la correspondencia con la huella del dedo medio izquierdo de Jhon Fredy Marulanda Agudelo.

Fue entonces así, que la justicia penal logró acusar a Jhon Fredy Marulanda Agudelo, miembro de la Fiscalía para la época de los hechos, como coautor del delito de tortura agravada de que fue víctima Luz Miriam Ocampo Velásquez.

Al respecto, la Sala considera que si bien la justicia penal no tuvo suficiente mérito para vincular la participación de Marulanda Agudelo en la tortura de Miriam Ocampo con el secuestro de su hermano Hernán de Jesús Ocampo Velásquez, no ocurre lo mismo para esta Subsección a la que sí le resulta claro que esta circunstancia es un indicio suficiente para inferir que este también tenía conocimiento, participación o información sobre el secuestro y la extorsión de que fue víctima Hernán de Jesús.

No ocurre lo mismo con la vinculación de los miembros del DAS dentro de las circunstancias fácticas aquí analizadas, pues, frente a Jenri de Jesús Salas se precluyó la investigación penal y con relación a Rafael de Jesús Martínez se guardó silencio, sin que haya sido posible vincular a otro miembro de esta institución al proceso penal y sin que obre algún medio probatorio que permita inferir, con cierto grado de certeza, la responsabilidad de la entidad demandada en los sucesos donde fue secuestrado Hernán de Jesús Ocampo ya que si bien el sargento Jesús Alberto Sánchez Varón y el patrullero Walter Osvaldo Orozco Villegas manifestaron haber interceptado un Renault Clío cuyos ocupantes se identificaron como miembros del DAS, también es innegable que esta circunstancia no ofrece certidumbre alguna, pues al respecto no se dejaron registros ni se identificó específicamente a las personas allí referidas, de manera que la afirmación así presentada no puede ser corroborada y, en consecuencia, resulta demasiado escueta para vincular la responsabilidad del Estado, anotando, además, que nunca se estableció la información de los miembros del Ejército Nacional que controlaron la situación.

Aunado a lo anterior, debe tenerse en cuenta que aunque Carlos Arturo Velásquez Restrepo manifestó que el día de los hechos (oct. 28/2001) los asaltantes se identificaron como miembros del DAS y la Fiscalía, entre tanto que a la testigo María del Rocío Bustamante el día de los hechos le manifestó que fueron miembros de la policía o el DAS, de manera que el señor Velásquez Restrepo refirió indistintamente tres entidades del poder público.

Así las cosas, no obra claridad sobre la participación del DAS y no existen otros datos o indicios que permitan inferir que la identificación efectuada por los secuestradores el día de los hechos fuera oficial y concretamente de miembros del DAS. De manera que se resalta la incertidumbre que en este sentido redeó (sic) los hechos, pues las situaciones presentadas arrojan contradicciones, ya que en algunos eventos los delincuentes, presuntamente, se identificaron como miembros del DAS, en otras como miembros del Gaula y en otras como miembros de la Fiscalía.

Al respecto, considera la Sala resaltar la importancia de concretar la participación de la Fiscalía o el DAS en la concreción del daño, ya que podrían abrirse varias hipótesis, la primera, que se tratara de personal retirado del servicio público; la segunda, que se trate de particulares que se atribuyen la calidad de servidores públicos para delinquir; la tercera, que los hechos fueran perpetrados por personal de la Fiscalía y particulares; la cuarta, que se trate de personal del DAS y particulares, o finalmente, que el secuestro se haya dado con personal del DAS, de la Fiscalía y particulares, entre muchas otras hipótesis que podrían presentarse, pero, sobre lo cual debe obrar plena certeza para imputar el daño antijurídico a la responsabilidad de la entidad demandada, ya que no puede el juez fundamentar su decisión en hipótesis o suposiciones.

Conclusión de lo anterior, considera la Sala que no existe merito probatorio que permita atribuir a la responsabilidad del DAS el secuestro de Hernán de Jesús Ocampo Velásquez, por el contrario, del material probatorio y de las circunstancias fácticas que rodearon los hechos, la Sala infiere que el secuestro de Hernán de Jesús Ocampo Velásquez obedeció a circunstancias ajenas a la prestación del servicio sin que haya vínculo alguno con la responsabilidad de la entidad demandada.

Es más, aun en sede de discusión, es decir, en el evento de pensarse probada la participación de Álvaro Gutiérrez Brand o de otro miembro del DAS en los hechos en que resultó secuestrado Hernán de Jesús Ocampo Velásquez, la Sala tendría que revisar el vínculo de tal participación con el servicio, para que sea posible atribuir la responsabilidad del daño antijurídico al Estado.

Al respecto esta Subsección ha dejado dicho:

“Para determinar cuándo el hecho tiene o no vínculo con el servicio se debe examinar la situación concreta para establecer si el funcionario actuó frente a la víctima prevalido de su condición de autoridad pública, es decir, que lo que importa examinar no es la intencionalidad del sujeto, su motivación interna sino la exteriorización de su comportamiento. En otros términos lo que importa para atribuir al Estado, por ejemplo, el hecho de un policía que agrede a una persona es establecer ‘si a los ojos de la víctima aquel comportamiento lesivo del policía nacional aparecía como derivado de un poder público, si quiera en la vertiente del funcionamiento anormal de un servicio público’...” Como se aprecia, en cada asunto particular se requiere estudiar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon los acontecimientos puesto que, a partir de ellas será que se define en qué casos se está en presencia de una culpa personal del agente o ante a un daño antijurídico imputable al Estado”(196).

En este orden de ideas, la Sala observa que no obra prueba en el plenario que permita atribuir el daño antijurídico a la entidad demandada, pues aunque en el proceso penal se identificó a Jhon Fredy Marulanda como coparticipe de la tortura infringida a Luz Miriam Ocampo Velásquez, de donde puede inferirse, también, su participación o conocimiento en el secuestro de Hernán de Jesús, lo cierto es que la Fiscalía General de la Nación no es parte dentro del proceso, no fue demandada y entre tanto figura como tercero ajeno a la litis.

Sin embargo, la Sala quiere resaltar que la familia Ocampo Velásquez no se encontró desprotegida frente a las amenazas de que fue víctima, derivadas del secuestro de Hernán de Jesús, contrario sensu, observa que las autoridades públicas prestaron el servicio de protección y vigilancia a que hubo lugar, el cual según se desprende del plenario fue eficiente y oportuno, de manera que no hubo inactividad del Estado frente a la situación de las víctimas.

5. Costas.

Finalmente, toda vez que para el momento en que se profiere este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado temerariamente y, en el sub lite, ninguna procedió de esa forma, no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

1. CONFIRMAR la sentencia de 10 de agosto de 2011 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia(197), por los argumentos expuestos en la parte motiva de la presente providencia.

2. Sin condena en costas.

3. Una vez ejecutoriada la presente sentencia DEVUÉLVASE inmediatamente el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese, cúmplase».

(23) Folios 240-246 del cuaderno 2.

(24) Artículo 129 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 37 de la Ley 446 de 1998.

(25) Numeral 6º del artículo 132 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 40 de la Ley 446 de 1998.

(26) Consejo de Estado - Sección Tercera, sentencia de 6 de marzo de 2008, Expediente 26.225.

(27) “...la exigencia del numeral 2º del artículo 254 es razonable, y no vulnera el artículo 83 de la Constitución, como tampoco el 228. En este caso, la autenticación de la copia para reconocerle ´el mismo valor probatorio del original´ es un precepto que rige para todas las partes en el proceso, y que no tiene otra finalidad que rodear de garantías de certeza la demostración de los hechos, fundamento del reconocimiento de los derechos...”. Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-023 de 11 de febrero de 1998, M.P. Jorge Arango Mejía.

(28) “...la exigencia del numeral 2º del artículo 254 es razonable, y no vulnera el artículo 83 de la Constitución, como tampoco el 228. En este caso, la autenticación de la copia para reconocerle ´el mismo valor probatorio del original´ es un precepto que rige para todas las partes en el proceso, y que no tiene otra finalidad que rodear de garantías de certeza la demostración de los hechos, fundamento del reconocimiento de los derechos...”. Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-023 de 11 de febrero de 1998, M.P. Jorge Arango Mejía.

(29) Corte Constitucional, Sentencia de constitucionalidad 023 de 11 de febrero de 1998.

(30) Corte Constitucional, Sentencia de constitucionalidad 023 de 11 de febrero de 1998.

(31) Consejo de Estado, sentencia del 18 de enero de 2012 M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Radicado 1999-01250.

(32) “... La actividad probatoria es esencial dentro del desarrollo de cualquier tipo de proceso, pues mediante ella las partes procuran acreditar la exactitud de sus alegaciones, y el órgano jurisdiccional intenta alcanzar el convencimiento sobre los hechos litigiosos en aras de ofrecer la tutela más justa. Por ello, dada la relevancia práctica de esta actividad, el legislador realiza una regulación de la prueba en la que se pretende evitar que la actuación maliciosa de cualquiera de los litigantes pueda desplegar algún tipo de eficacia. La infracción del principio de la buena fe procesal en el desarrollo de la actividad probatoria suele estar relacionado, por un lado, con conductas de las partes, el engaño, la mentira, el error; y, por otro, con el uso de los medios probatorios para dilatar o complicar el desarrollo normal del proceso.

La intervención de buena fe de las partes en materia probatoria comporta, en primer lugar, que limiten su proposición de prueba a aquellas que sean pertinentes, útiles y licitas, y lo efectúen en el momento procesal adecuado, que varía en función del tipo de prueba. Y, en segundo lugar, una vez admitida la prueba, que realicen toda la actividad tendente a su práctica, salvo que renuncien a ella de forma expresa. En ningún caso es posible que una vez practicada la prueba, la parte proponente pueda renunciar a la misma, ya que en función del resultado obtenido podría sustraerse maliciosamente del proceso un material de enjuiciamiento del todo imprescindible para la más justa resolución del caso, a la vez que se eliminaría un elemento de defensa de la parte contraria. Además, ello supondría la vulneración del principio chiovendano de adquisición procesal, que si bien no ha sido expresamente recogido en la LEC 1/2000, ha sido reiteradamente admitido por la jurisprudencia de nuestro tribunal supremo. (...) de igual modo, las reglas de buena fe inciden en materia de carga de la prueba, especialmente en aquellas situaciones fácticas cuya prueba es fácil para una de las partes; en estos casos, la buena fe en su actuar debería comportarle la carga de probar los citados hechos. Así en los modernos ordenamientos procesales —como destaca recientemente Berizonce— la debida colaboración de las partes en materia probatoria ha dado lugar a la denominada carga de la prueba dinámica, lo que comporta la imposición de la carga de aportación a la parte que, según las circunstancias del caso y la relación o situación jurídica base del conflicto, se encuentre en condiciones técnicas, profesionales o fácticas para suministrarla, con prescindencia de la calidad de actor o demandado en el proceso... En materia de prueba documental, la buena fe de los litigantes se concreta muy especialmente en tres momentos: a) en primer lugar, en la exigencia de aportar los documentos en que se fundamenten sus pretensiones con los escritos iniciales de alegaciones, al objeto de garantizar plenamente el derecho a la defensa de la contraparte. Por ello, el artículo 269.1 LEC prevé la preclusión de la aportación de documentos, y el artículo 270.2 LEC recoge expresamente la mala fe procesal como motivo para imponer una multa de hasta 1200 euros para cuando se pretenda vulnerar dicha preclusión sin causa justificada. Además, por otro lado, no pueden esconderse los documentos decisivos, ni aportarlos de forma manipulada en orden a falsear la realidad de los hechos que recoja. En este caso, al margen de la correspondiente responsabilidad penal en la que se podrá incurrir, se justificará la nulidad de la sentencia firme civil y su posterior revisión. b) En segundo lugar, en la necesidad de pronunciarse sobre la autenticidad de los documentos en el acto de la audiencia previa, a fin de evitar innecesarias actuaciones probatorias posteriores. c) Y, en tercer lugar, en la obligación de aportar, a instancia de la parte contraria, los documentos que sean requeridos por el juez, para así protegerle en su derecho fundamental a la prueba...”. Joan Pico I Junoy. El principio de la buena fe procesal. Ed. J.M. Bosch. Pp. 152 a 157.

(33) Consejo de Estado, sentencia de 18 de julio de 2012, Expediente 22.417 M.P. Enrique Gil Botero.

(34) Consejo de Estado, sentencia del 18 de enero de 2012 M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Radicado 1999- 01250.

(35) Debe entenderse que aunque exista una norma posterior en materia de prueba del estado civil de las personas aplica el criterio de especialidad como una regla de aplicación dirigida a las autoridades judiciales y administrativas, para dirimir las posibles antinomias que se susciten con otras normas de carácter general. En tal sentido el criterio lex especialis supone dar un tratamiento distinto (especial y preferente) a una categoría distinta (especial y preferente) de sujetos o situaciones, en razón de las diferencias que presentan con respecto a la categoría general.

(36) Consejo de Estado, sentencia del 28 de agosto de 2013 M.P. Enrique Gil Botero. Radicado 25.022.

(37) “Las pruebas formales tienen y cumplen una función eminentemente procesal: llevarle al juez el convencimiento sobre determinados hechos. Las pruebas ad solemnitatem o ad sustanciam actus, además, de cumplir la finalidad que cumplen las pruebas indicadas, son requisitos de existencia y validez de determinados actos de derecho material. Un escrito en donde consta que alguien debe $ 20.000, no solo sirve para demostrar lo indicado, sino además, para que el acto pueda existir (la compraventa de inmuebles)”. Parra Quijano, Jairo “Manual de derecho probatorio”, Ed. Librería del Profesional, 17ª edición, Bogotá, 2009, p. 172.

(38) La valoración probatoria es la actividad intelectual desplegada por el juzgador frente a los medios probatorios, para establecer la fuerza de convicción o de certeza que representan cada uno de ellos dentro de determinado proceso. Para el desarrollo de la apreciación de las pruebas, la doctrina jurídica procesal ha identificado diferentes sistemas dentro de los cuales se encuentran el de la íntima convicción o de conciencia o de libre convicción(38), el sistema de la tarifa legal o prueba tasada(38) y el régimen de la sana crítica o persuasión racional, consagrado en los códigos modernos, entre ellos el Código de Procedimiento Civil Colombiano que dispone en su artículo 187 que el juzgador debe establecer por sí mismo el valor de las pruebas con base en las reglas de la sana critica, es decir de la lógica, la ciencia y la experiencia (...) Así, la valoración mediante la sana crítica, requiere, además, el análisis en conjunto de las pruebas y un ejercicio de ponderación de las mismas, exponiendo razonadamente el valor que atribuye a cada una, desechando solo aquellas que encuentre ilegales, indebidas o inoportunamente allegadas al proceso. Consejo de Estado, sentencia de 6 de marzo de 2013, Expediente 24884.

(39) Sentencias de 21 de febrero de 2002. Expediente 12789; 9 de junio de 2010. Expediente 18078.

(40) Que también ha sido advertida por la doctrina. Al respecto se ha dicho: “v) El tema de la prueba trasladada. La circunstancia frecuente de que los mismos hechos que originan el proceso contencioso administrativo para reclamar del Estado la indemnización del daño, den nacimiento también a otros procesos que se han de servir, por eso mismo, de pruebas idénticas, como es el caso del proceso penal —cuando el hecho configura un delito— y del proceso disciplinario —si estructura una falta disciplinaria— ha suscitado la costumbre, legítima y bondadosa por lo demás, de solicitar con la demanda o con su contestación o en el momento procesal indicado, la remisión del proceso penal, del disciplinario o de los dos. // Tal hecho, unido a los inconvenientes que, en veces, se presentan para practicar de nuevo, en el proceso de reparación, algunos medios de prueba que ya obran en alguno de dichos procesos, ha dado la oportunidad al juez administrativo de pronunciarse sobre el tema relativo al traslado de la prueba, sin que para su definición, se hubiese conservado un criterio único...” Hernández E., Alier E.; Franco G. Catalina, Responsabilidad del Estado: análisis jurisprudencial del Consejo de Estado, Bogotá-2007, pp. 162 y 163.

(41) Tal como lo ordena el artículo 113 de la Constitución Política al decir que “Los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines”.

(42) Folios 80-82 del cuaderno principal.

(43) Folios 83-95 del cuaderno principal.

(44) Folio 100 del cuaderno principal.

(45) Folio 102 del cuaderno principal.

(46) Folio 103 del cuaderno principal.

(47) Folio 104 del cuaderno principal.

(48) Folios 112 Rev. - 113 del cuaderno principal.

(49) Folios 115- 125 del cuaderno principal.

(50) Folios 125-138 del cuaderno principal.

(51) Folios 67-68 del cuaderno 1 de pruebas.

(52) Folio 135-137 del cuaderno 2 de pruebas.

(53) Folio 323-327 del cuaderno 2 de pruebas.

(54) Folios 147-150 del cuaderno principal.

(55) Folios 159-161 del cuaderno principal.

(56) Folios 167-168 del cuaderno principal.

(57) Folios 171-176 del cuaderno principal.

(58) Folios 180 del cuaderno principal.

(59) Folios 182 del cuaderno principal.

(60) Folios 183-185 del cuaderno principal.

(61) Folio 178 del cuaderno principal.

(62) Folios 235-239 del cuaderno principal.

(63) Folios 60-62 del cuaderno 1 de pruebas.

(64) Folio 72 del cuaderno 1 de pruebas.

(65) Folios 73-74 del cuaderno 1 de pruebas.

(66) Folios 11-18 del cuaderno 1 de pruebas.

(67) Folios 7-8 del cuaderno 1 de pruebas.

(68) Folio 311-314 del cuaderno 2 de pruebas.

(69) Folio 219-221 del cuaderno 3 de pruebas.

(70) Folio 223-226 del cuaderno 3 de pruebas.

(71) Folio 227-232 del cuaderno 3 de pruebas.

(72) Folios 31-34, cuaderno 1 de pruebas y 31-34, cuaderno 2 de pruebas.

(73) Folios 83-86 del cuaderno 1 de pruebas.

(74) Folios 59-63 del cuaderno 1 de pruebas.

(75) Folio 289 del cuaderno 2 de pruebas.

(76) Folios 69-72 del cuaderno 1 de pruebas.

(77) Folio 315-320 del cuaderno 2 de pruebas.

(78) Folio 168-169 del cuaderno 3 de pruebas.

(79) Folios 73-75 del cuaderno 1 de pruebas.

(80) Folio 321-322 del cuaderno 2 de pruebas.

(81) Folios 76-80 del cuaderno 1 de pruebas.

(82) Folios 81-82 del cuaderno 1 de pruebas.

(83) Folios 87-89 del cuaderno 1 de pruebas.

(84) Folios 87-89 del cuaderno 1 de pruebas.

(85) Folios 65-67 del cuaderno 1 de pruebas.

(86) Folio 216-218 del cuaderno 3 de pruebas.

(87) Folio 223-226 del cuaderno 3 de pruebas.

(88) Folio 227-232 del cuaderno 3 de pruebas.

(89) Folio 80 del cuaderno 1 de pruebas.

(90) Folios 82-93 del cuaderno 1 de pruebas.

(91) Folios 130-132 del cuaderno 1 de pruebas.

(92) Folios 132-134 del cuaderno 1 de pruebas.

(93) Folios 135-138 del cuaderno 1 de pruebas.

(94) Folios 139-142 del cuaderno 1 de pruebas.

(95) Folios 143-151 del cuaderno 1 de pruebas.

(96) Folios 155-157 del cuaderno 1 de pruebas.

(97) Folios 163-164 del cuaderno 1 de pruebas.

(98) Folios 259-263 del cuaderno 3 de pruebas.

(99) Folios 3-6 del cuaderno 4 de pruebas.

(100) Folios 10-81 del cuaderno 4 de pruebas. Copia de las diligencias adelantadas con Edwin R. Suárez y de las pruebas que obran en su contra y en contra de las demás personas identificadas como miembros de la banda.

(101) Folios 87-155 del cuaderno 4 de pruebas. Informes que contienen las transcripciones de las conversaciones telefónicas donde Edwin Suárez programaba todos sus ilícitos, entre las cuales se encuentran las conversaciones con “Leydi Johanna” prima de las víctimas.

(102) Folio 82 del cuaderno 4 de pruebas.

(103) Folio 85-89 del cuaderno 4 de pruebas.

(104) Folios 167-172 del cuaderno 1 de pruebas.

(105) Folios 298-300 del cuaderno 1 de pruebas.

(106) Folio 15 del cuaderno 3 de pruebas.

(107) Folio 17 del cuaderno 3 de pruebas.

(108) Folio 18 del cuaderno 3 de pruebas.

(109) Folio 207 del cuaderno 1 de pruebas.

(110) Folio 208 del cuaderno 1 de pruebas.

(111) Folio 209-211 del cuaderno 1 de pruebas.

(112) Folio 220-226 del cuaderno 1 de pruebas.

(113) Folio 230-239 del cuaderno 1 de pruebas.

(114) Folio 93 del cuaderno 2 de pruebas.

(115) Folio 285-292 del cuaderno 1 de pruebas.

(116) Folio 315-364 del cuaderno 1 de pruebas.

(117) Folio 45-48 del cuaderno 2 de pruebas.

(118) Folio 143 del cuaderno 2 de pruebas.

(119) Folio 112 del cuaderno 2 de pruebas.

(120) Folio 120-130 del cuaderno 2 de pruebas.

(121) Folio 353 del cuaderno 2 de pruebas.

(122) Folio 362-363 del cuaderno 2 de pruebas.

(123) Folio 372 del cuaderno 2 de pruebas.

(124) Folio 19 del cuaderno 3 de pruebas.

(125) Folio 23-24 del cuaderno 3 de pruebas.

(126) Folio 138 del cuaderno 3 de pruebas.

(127) Folio 53-54 del cuaderno 3 de pruebas.

(128) Folio 61-62 del cuaderno 3 de pruebas.

(129) Folio 161-166 del cuaderno 3 de pruebas.

(130) Folios 239-244 del cuaderno 3 de pruebas.

(131) Folio 245 del cuaderno 3 de pruebas.

(132) Folio 246 del cuaderno 3 de pruebas.

(133) Folios 255-257 del cuaderno 3 de pruebas.

(134) Folios 287-302 del cuaderno 3 de pruebas.

(135) Folios 134-140 del cuaderno 4 de pruebas.

(136) Folios 142-144 del cuaderno 4 de pruebas.

(137) Folios 159-165 del cuaderno 4 de pruebas.

(138) Folios 34-46 del cuaderno 5 de pruebas.

(139) Folios 187-208 del cuaderno principal.

(140) La “responsabilidad patrimonial del Estado se presenta entonces como un mecanismo de protección de los administrados frente al aumento de la actividad del poder público, el cual puede ocasionar daños, que son resultado normal y legítimo de la propia actividad pública, al margen de cualquier conducta culposa o ilícita de las autoridades, por lo cual se requiere una mayor garantía jurídica a la órbita patrimonial de los particulares. Por ello el actual régimen constitucional establece entonces la obligación jurídica a cargo del estado de responder por los perjuicios antijurídicos que hayan sido cometidos por la acción u omisión de las autoridades públicas, lo cual implica que una vez causado el perjuicio antijurídico y este sea imputable al Estado, se origina un traslado patrimonial del Estado al patrimonio de la víctima por medio del deber de indemnización”. Corte Constitucional, Sentencia C-333 de 1996. Postura que fue seguida en la Sentencia C-892 de 2001, considerándose que el artículo 90 de la Carta Política “consagra también un régimen único de responsabilidad, a la manera de una cláusula general, que comprende todos los daños antijurídicos causados por las actuaciones y abstenciones de los entes públicos”. Corte Constitucional, Sentencia C-892 de 2001.

(141) En precedente jurisprudencial constitucional se indica: “El Estado de derecho se funda en dos grandes axiomas: El principio de legalidad y la responsabilidad patrimonial del Estado. La garantía de los derechos y libertades de los ciudadanos no se preserva solamente con la exigencia a las autoridades públicas que en sus actuaciones se sujeten a la ley sino que también es esencial que si el Estado en ejercicio de sus poderes de intervención causa un daño antijurídico o lesión lo repare íntegramente”. Corte Constitucional, Sentencia C-832 de 2001.

(142) Derechos e intereses que constitucional o sustancialmente reconocidos “son derechos de defensa del ciudadano frente al Estado”. Alexy, Robert. “Teoría del discurso y derechos constitucionales”, en Vásquez, Rodolfo; Zimmerling, Ruth (Coords). Cátedra Ernesto Garzón Valdés. 1ª reimp. México, Fontamara, 2007, p. 49.

(143) “La responsabilidad patrimonial del Estado en nuestro ordenamiento jurídico tiene como fundamento un principio de garantía integral del patrimonio de los ciudadanos”. Corte Constitucional, Sentencia C-832 de 2001.

(144) La “razón de ser de las autoridades públicas es defender a todos los ciudadanos y asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado. Omitir tales funciones entraña la responsabilidad institucional y la pérdida de legitimidad. El estado debe utilizar todos los medios disponibles para que el respeto de la vida y derechos sea real y no solo meramente formal”. Sentencia de 26 de enero de 2006, Expediente AG-2001-213. En la doctrina puede verse Starck, Boris. Essai d une théorie general de la responsabilité civile considerée en sa doublé fonction de garantie et de peine privée. Paris, 1947.

(145) “La responsabilidad, a diferencia de la expropiación, no representa un instrumento en manos de la Administración para satisfacer el interés general, una potestad más de las que esta dispone al llevar a cabo su actividad, sino un mecanismo de garantía destinado a paliar, precisamente, las consecuencias negativas que pueda generar dicha actividad. La responsabilidad, por así decirlo, no constituye una herramienta de actuación de la Administración, sino de reacción, de reparación de los daños por esta producidos”. Mir Puigpelat, Oriol. La responsabilidad patrimonial de la administración. Hacia un nuevo sistema. 1ª ed. Madrid, Civitas, 2001, p. 120.

(146) Mir Puigpelat, Oriol. La responsabilidad patrimonial de la administración. Hacia un nuevo sistema, ob. cit., pp. 120-121.

(147) “3. Hasta la Constitución de 1991, no existía en la Constitución ni en la ley una cláusula general expresa sobre la responsabilidad patrimonial del Estado. Sin embargo, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y, en especial, del Consejo de Estado encontraron en diversas normas de la constitución derogada —en especial en el art. 16— los fundamentos constitucionales de esa responsabilidad estatal y plantearon, en particular en el campo extracontractual, la existencia de diversos regímenes de responsabilidad, como la falla en el servicio, el régimen de riesgo o el de daño especial. Por el contrario, la actual Constitución reconoce expresamente la responsabilidad patrimonial del Estado”. Corte Constitucional, Sentencia C-864 de 2004. Puede verse también: Corte Constitucional, Sentencia C-037 de 2003.

(148) Conforme a lo establecido en el artículo 90 de la Carta Política “los elementos indispensables para imputar la responsabilidad al estado son: a) el daño antijurídico y b) la imputabilidad del Estado”. Sentencia de 21 de octubre de 1999, expedientes 10948-11643. Es, pues “menester, que además de constatar la antijuridicidad del [daño], el juzgador elabore un juicio de imputabilidad que le permita encontrar un título jurídico distinto de la simple causalidad material que legitime la decisión; vale decir, ‘la imputatio juris’ además de la ‘imputatio facti’”. Sentencia de 13 de julio de 1993. En el precedente jurisprudencial constitucional se sostiene: “En efecto, el artículo de la Carta señala que para que el Estado deba responder, basta que exista un daño antijurídico que sea imputable a una autoridad pública. Por ello, como lo ha reiterado esta Corte, esta responsabilidad se configura “siempre y cuando: i) ocurra un daño antijurídico o lesión, ii) este sea imputable a la acción u omisión de un ente público”. Corte Constitucional, sentencias C-619 de 2002; C-918 de 2002.

(149) “(...) el perjudicado a consecuencia del funcionamiento de un servicio público debe soportar el daño siempre que resulte (contrario a la letra o al espíritu de una norma legal o) simplemente irrazonable, conforme a la propia lógica de la responsabilidad patrimonial, que sea la Administración la que tenga que soportarlo”. Pantaleón, Fernando. “Cómo repensar la responsabilidad civil extracontractual (También de las administraciones públicas)”, en Afduam, Nº 4, 2000, p. 185.

(150) “(...) que lo razonable, en buena lógica de responsabilidad extracontractual, para las Administraciones públicas nunca puede ser hacerlas más responsables de lo que sea razonable para los entes jurídico-privados que desarrollan en su propio interés actividades análogas”. Pantaleón, Fernando. “Cómo repensar la responsabilidad civil extracontractual (También de las administraciones públicas)”. ob. cit., p. 186.

(151) Corte Constitucional, Sentencia C-254 de 2003. Así mismo, se considera: “El artículo 90 de la Carta, atendiendo las (sic) construcciones jurisprudenciales, le dio un nuevo enfoque normativo a la responsabilidad patrimonial del Estado desplazando su fundamento desde la falla del servicio hasta el daño antijurídico. Ello implica la ampliación del espacio en el que puede declararse la responsabilidad patrimonial del Estado pues el punto de partida para la determinación de esa responsabilidad ya no está determinado por la irregular actuación estatal —bien sea por la no prestación del servicio, por la prestación irregular o por la prestación tardía— sino por la producción de un daño antijurídico que la víctima no está en el deber de soportar, independientemente de la regularidad o irregularidad de esa actuación”. Corte Constitucional, Sentencia C-285 de 2002. Debe advertirse que revisada la doctrina de la responsabilidad civil extracontractual puede encontrarse posturas según las cuales “debe rechazarse que el supuesto de hecho de las normas sobre responsabilidad civil extracontractual requiera un elemento de antijuricidad (sic)”. Pantaleón, Fernando. “Cómo repensar la responsabilidad civil extracontractual (También de las administraciones públicas)”, en Afduam, Nº 4, 2000, p. 168.

(152) Corte Constitucional, Sentencia C-333 de 1996. Puede verse también: Corte Constitucional, Sentencia C-918 de 2002. A lo que se agrega: “El artículo 90 de la Constitución Política le suministró un nuevo panorama normativo a la responsabilidad patrimonial del Estado. En primer lugar porque reguló expresamente una temática que entre nosotros por mucho tiempo estuvo supeditada a la labor hermenéutica de los jueces y que solo tardíamente había sido regulada por la ley. Y en segundo lugar porque, al ligar la responsabilidad estatal a los fundamentos de la organización política por la que optó el constituyente de 1991, amplió expresamente el ámbito de la responsabilidad estatal haciendo que ella desbordara el límite de la falla del servicio y se enmarcara en el más amplio espacio del daño antijurídico”. Corte Constitucional, Sentencia C-285 de 2002. Sin embargo, cabe advertir, apoyados en la doctrina iuscivilista que “no puede confundirse la antijuridicidad en materia de daños con lesiones de derechos subjetivos y, menos todavía, una concepción que los constriña, al modo alemán, a los derechos subjetivos absolutos, entendiendo por tales los derechos de la personalidad y la integridad física, el honor, la intimidad y la propia imagen y los derechos sobre las cosas, es decir, propiedad y derechos reales”. Díez-Picazo, Luis. Fundamentos del derecho civil patrimonial. La responsabilidad civil extracontractual. 1ª ed. Navarra, Aranzadi, 2011, p. 297.

(153) Corte Constitucional, Sentencia C-333 de 1996; C-832 de 2001. Cabe afirmar, que en la doctrina del derecho civil se advierte que “la antijuridicidad del daño no se produce porque exista violación de deberes jurídicos”, definiéndose como “violación de una norma especial o de la más genérica alterum non laedere”. Díez-Picazo, Luis. Fundamentos del derecho civil patrimonial. La responsabilidad civil extracontractual, ob. cit., p. 298.

(154) Agregándose: “Para eludir el cumplimiento de sus deberes jurídicos no puede exigirle al juez que, como no le alcanzan sus recursos fiscales, no le condene por ejemplo, por los atentados de la fuerza pública, contra la dignidad de la persona humana”. Sentencia de 9 de febrero de 1995. Expediente 9550.

(155) Sentencia de 19 de mayo de 2005. Radicado 2001-01541 AG.

(156) “por haber excedido los inconvenientes inherentes al funcionamiento del servicio”. Sentencia de 14 de septiembre de 2000. Expediente 12166.

(157) Sentencia de 2 de junio de 2005. Radiado 1999-02382 AG.

(158) “La imputación depende, pues, tanto de elementos subjetivos como objetivos”. Sánchez Morón, Miguel. Derecho administrativo. Parte general, ob. cit., p. 927.

(159) Corte Constitucional, Sentencia C-043 de 2004.

(160) En los términos de Kant, dicha imputación se entiende: “Imputación (imputatio) en sentido moral es el juicio por medio del cual alguien es considerado como autor (causa libera) de una acción, que entonces se llama acto (factum) y está sometida a leyes; si el juicio lleva consigo a la vez las consecuencias jurídicas del acto, es una imputación judicial (imputatio iudiciaria), en caso contrario, solo una imputación dictaminadora (imputatio diiudicatoria)”. Kant, I. La metafísica de las costumbres. Madrid, Alianza, 1989, p. 35. En nuestro precedente jurisprudencial constitucional se sostiene: “La jurisprudencia nacional ha recabado en ello al sentar la tesis de que la base de la responsabilidad patrimonial del Estado la constituye la imputabilidad del daño. En efecto, con fundamento en la jurisprudencia del Consejo de Estado, la Corte Constitucional ha sostenido que la responsabilidad patrimonial del Estado y de las demás personas jurídicas públicas se deriva de la imputabilidad del perjuicio a una de ellas, lo cual impide extenderla a la conducta de los particulares o a las acciones u omisiones que tengan lugar por fuera del ámbito de la administración pública”. Corte Constitucional, Sentencia C-254 de 2003.

(161) El “otro principio de responsabilidad patrimonial del Estado es el de imputabilidad. De conformidad con este, la indemnización del daño antijurídico le corresponde al estado cuando exista título jurídico de atribución, es decir, cuando de la voluntad del constituyente o del legislador pueda deducirse que la acción u omisión de una autoridad pública compromete al Estado con sus resultados”. Corte Constitucional, Sentencia C-254 de 2003.

(162) “Tenía razón Welzel al considerar que el derecho debe respetar estructuras antropológicas como la capacidad de anticipación mental de objetivos cuando se dirige al hombre mediante normas. Desde luego, si el ser humano no tuviera capacidad de adoptar o dejar de adoptar decisiones teniendo en cuenta motivos normativos, sería inútil tratar de influir en el comportamiento humano mediante normas prohibitivas o preceptivas”. Mir Puig, Santiago. “Significado y alcance de la imputación objetiva en el derecho penal”, en Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, 05-05-2003 [http://criminet.urg.es/recpc], pp. 6 y 7.

(163) “El Derecho se dirige a hombre y no a adivinos. Declarar típica toda acción que produzca un resultado dañoso, aun cuando este fuese imprevisible, significaría que la ley no tiene en cuenta para nada la naturaleza de sus destinatarios; pues una característica del hombre es precisamente la de que no puede prever más que muy limitadamente las consecuencias condicionadas por sus actos. Vincular un juicio de valor negativo (el de antijuridicidad) a la producción de un resultado que el hombre prudente no puede prever sería desconocer la naturaleza de las cosas (más concretamente): la naturaleza del hombre”. Gimbernat Ordeig, E. Delitos cualificados por el resultado y relación de causalidad. Madrid, 1990, pp. 77 ss.

(164) Mir Puig, Santiago. “Significado y alcance de la imputación objetiva en el derecho penal”, ob. cit., p. 7.

(165) Larenz, K. “Hegelszurechnungslehre”, en Mir Puig, Santiago. “Significado y alcance de la imputación objetiva en el derecho penal”, ob. cit., p. 7.

(166) Jakobs, G. La imputación objetiva en el derecho penal. Bogotá, Universidad Externado, 1994. Sin embargo, como lo sostiene el precedente de la Sala: “De conformidad con lo dispuesto por el artículo 90 de la Constitución Política, el Estado tiene el deber de responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción u omisión de las autoridades públicas, norma que le sirve de fundamento al artículo 86 del Código Contencioso Administrativo... No obstante que la norma constitucional hace énfasis en la existencia del daño antijurídico como fuente del derecho a obtener la reparación de perjuicios siempre que el mismo le sea imputable a una entidad estatal, dejando de lado el análisis de la conducta productora del hecho dañoso y su calificación como culposa o no, ello no significa que la responsabilidad patrimonial del Estado se haya tornado objetiva en términos absolutos, puesto que subsisten los diferentes regímenes de imputación de responsabilidad al Estado que de tiempo atrás han elaborado tanto la doctrina como la jurisprudencia”. Sentencia de 24 de febrero de 2005. Expediente 14170.

(167) Mir Puigpelat, Oriol. La responsabilidad patrimonial de la administración. Hacia un nuevo sistema, ob. cit., p. 171.

(168) “El principio de proporcionalidad se compone de tres subprincipios: el principio de idoneidad; el de necesidad y el de proporcionalidad en sentido estricto. Estos principios expresan la idea de optimización (...) En tanto que exigencias de optimización, los principios son normas que requieren que algo sea realizado en la mayor medida de lo posible, dadas sus posibilidades normativas y fácticas. Los principios de idoneidad y de necesidad se refieren a la optimización relativa a lo que es fácticamente posible por lo que expresan la idea de optimalidad de Pareto. El tercer subprincipio, el de proporcionalidad en sentido estricto, se refiere a la optimización respecto de las posibilidades normativas. Las posibilidades normativas vienen definidas, fundamentalmente, por la concurrencia de otros principios; de modo que el tercer subprincipio podría formularse mediante la siguiente regla: Cuanto mayor ser el grado de la no satisfacción o del detrimento de un principio, mayor debe ser la importancia de satisfacción del otro. Esta regla puede denominarse: “ley de la ponderación” (resaltadoubrayado fuera de texto). Alexy, Robert. “Teoría del discurso y derechos constitucionales”, en Vásquez, Rodolfo; Zimmerling, Ruth (coords.). Cátedra Ernesto Garzón Valdés, ob. cit., p. 62.

(169) “La ley de la ponderación pone de manifiesto que la ponderación puede fraccionarse en tres pasos. El primero consiste en establecer el grado de insatisfacción o de detrimento del primer principio; el segundo, consiste en establecer la importancia de la satisfacción del segundo principio, que compite con el primero y, finalmente, el tercer paso consiste en determinar si, por su importancia, la satisfacción del segundo principio justifica la no satisfacción del primero”. Alexy, Robert. “Teoría del discurso y derechos constitucionales”, en Vásquez, Rodolfo; Zimmerling, Ruth (coords.). Cátedra Ernesto Garzón Valdés, ob. cit., p. 64.

(170) Alexy, Robert. “Teoría del discurso y derechos constitucionales”, en Vásquez, Rodolfo; Zimmerling, Ruth (coords.). Cátedra Ernesto Garzón Valdés, ob. cit., p. 62. Sin embargo, se advierte que Habermas ha planteado objeciones a la ponderación: “... la aproximación de la ponderación priva de su poder normativo a los derechos constitucionales. Mediante la ponderación —afirma Habermas— los derechos son degradados a nivel de los objetivos, de las políticas y de los valores; y de este modo pierden la “estricta prioridad” característica de los “puntos de vista normativos”. Habermas, Jürgen. Between Facts and Norms, Trad. William Rehg, Cambridge, 1999, p. 259. A lo que agrega: “... no hay criterios racionales para la ponderación: Y porque para ello faltan criterios racionales, la ponderación se efectúa de forma arbitraria o irreflexiva, según estándares y jerarquías a los que está acostumbrado”. Para concluir que: “La decisión de un tribunal es en sí misma un juicio de valor que refleja, de manera más o menos adecuada, una forma de vida que se articula en el marco de un orden de valores concreto. Pero este juicio ya no se relaciona con las alternativas de una decisión correcta o incorrecta”. Habermas, Jürgen. “Reply to Symposium Participants”, en Rosenfeld, Michel; Arato, Andrew. Habermas on Law and Democracy. Los Ángeles, Berkeley, 1998, p. 430.

(171) Deberes de protección que es “una consecuencia de la obligación general de garantía que deben cumplir las autoridades públicas y se colige claramente de los artículos 2.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que regulan el derecho a disponer de un recurso efectivo en caso de violaciones a los derechos humanos”. Casal H, Jesús María. Los derechos humanos y su protección. Estudios sobre derechos humanos y derechos fundamentales. 2ª ed. Caracas, Universidad Católica Andrés Bello, 2008, p. 31.

(172) Cfr. Günther Jakobs. Regressverbot beim Erfolgsdelikt.Zugleich eine Untersuchung zum Gruñd der strafrechtlichen Haftung bei Begehung. ZStW 89 (i977). Pp. 1 y ss.

(173) A lo que se agrega por el mismo precedente: “En la actualidad, un sector importante de la moderna teoría de la imputación objetiva (la nueva escuela de Bonn: Jakobs, Lesch, Pawlik, Müssig, Vehling) estudia el problema desde una perspectiva distinta a la tradicional de Armin Kaufmann: el origen de las posiciones de garante se encuentra en la estructura de la sociedad, en la cual existen dos fundamentos de la responsabilidad, a saber: 1) En la interacción social se reconoce una libertad de configuración del mundo (competencia por organización) que le permite al sujeto poner en peligro los bienes jurídicos ajenos; el ciudadano está facultado para crear riesgos, como la construcción de viviendas a gran escala, la aviación, la exploración nuclear, la explotación minera, el tráfico automotor etc. Sin embargo, la contrapartida a esa libertad es el surgimiento de deberes de seguridad en el tráfico, consistentes en la adopción de medidas especiales para evitar que el peligro creado produzca daños excediendo los límites de lo permitido. V gr. Si alguien abre una zanja frente a su casa, tiene el deber de colocar artefactos que impidan que un transeúnte caiga en ella. Ahora bien, si las medidas de seguridad fracasan y el riesgo se exterioriza amenazando con daños a terceros o el daño se produce —un peatón cae en la zanja— surgen los llamados deberes de salvamento, en los cuales el sujeto que ha creado con su comportamiento peligroso anterior (generalmente antijurídico) un riesgo para los bienes jurídicos, debe revocar el riesgo —prestarle ayuda al peatón y trasladarlo a un hospital si es necesario— (pensamiento de la injerencia). Esos deberes de seguridad en el tráfico, también pueden surgir por asunción de una función de seguridad o de salvamento, como en el caso del salvavidas que se compromete a prestar ayuda a los bañistas en caso de peligro. Los anteriores deberes nacen porque el sujeto ha configurado un peligro para los bienes jurídicos y su fundamento no es la solidaridad sino la creación del riesgo. Son deberes negativos porque su contenido esencial es no perturbar o inmiscuirse en los ámbitos ajenos. Corresponde a la máxima del derecho antiguo de no ocasionar daño a los demás. 2) Pero frente a la libertad de configuración, hay deberes que proceden de instituciones básicas para la estructura social (competencia institucional) y que le son impuestas al ciudadano por su vinculación a ellas. Por ejemplo, las relaciones entre padres e hijos y ciertas relaciones del estado frente a los ciudadanos. Estos deberes se caracterizan, porque el garante institucional tiene la obligación de configurar un mundo en común con alguien, de prestarle ayuda y protegerlo contra los peligros que lo amenacen, sin importar que el riesgo surja de un tercero o de hechos de la naturaleza. V gr. El padre debe evitar que un tercero abuse sexualmente de su hijo menor y si no lo hace, se le imputa el abuso. Los deberes institucionales se estructuran aunque el garante no haya creado el peligro para los bienes jurídicos y se fundamentan en la solidaridad que surge por pertenecer a ciertas instituciones básicas para la sociedad. Se trata de deberes positivos, porque contrario a los negativos en los cuales el garante no debe invadir ámbitos ajenos, en estos debe protegerlos especialmente contra ciertos riesgos(Cfr. Günther Jakobs. Strafrecht Allgemeiner Teil.Die Grundlagen und die Zurechnungslehre (studienausgabe). 2 Auflage.Walter de Gruyter.Berlin.New York. 1993. Pp. 796 y ss.)”. Corte Constitucional, Sentencia SU-1184 de 2001. En la doctrina se afirma que la “posición de garantía” debe modularse: “(...) todos deben procurar que su puño no aterrice violentamente en la cara de su congénere, o que su dedo índice no apriete el gatillo de un arma de fuego cargada apuntada sobre otra persona, etc. Sin embargo, también aparecen sin dificultad algunos fundamentos de posiciones de garantía referidas a supuestos de omisión: quien asume para sí una propiedad, debe procurar que de esta no emanen riesgos para otras personas. Se trata de los deberes de aseguramiento en el tráfico, deberes que de modo indiscutido forman parte de los elementos de las posiciones de garantía y cuyo panorama abarca desde el deber de aseguramiento de un animal agresivo, pasando por el deber de asegurar las tejas de una casa frente al riesgo de que caigan al suelo hasta llegar al deber de asegurar un carro de combate frente a la posible utilización por personas no capacitadas o al deber de asegurar una central nuclear frente a situaciones críticas”. Jakobs, Günther. Injerencia y dominio del hecho. Dos estudios sobre la parte general del derecho penal. 1ª reimp. Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2004, p. 16.

(174) Corte Constitucional, Sentencia SU-1184 de 2001.

(175) “La profesora Beladiez comparte sin reservas la preocupación por los excesos que desfiguran la institución, admite que con alguna frecuencia se producen “resultados desproporcionados e injustos” para la administración e insiste en advertir que la responsabilidad objetiva no es un seguro universal que cubra todos los daños que se produzcan con ocasión de las múltiples y heterogéneas actividades que la administración lleva cotidianamente a cabo para satisfacer los interese generales”. Leguina Villa, Jesús. “Prólogo”, en Beladiez Rojo, Margarita. Responsabilidad e imputación de daños por el funcionamiento de los servicios públicos. Con particular referencia a los daños que ocasiona la ejecución de un contrato administrativo. Madrid, Tecnos, 1997, p. 23.

(176) Mir Puigpelat, Oriol. La responsabilidad patrimonial de la administración. Hacia un nuevo sistema, ob. cit., p. 204.

(177) “(...) el tema de la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas ha sido abordado tradicionalmente desde la óptica de las garantías individuales. Se trata de una institución que protege al individuo frente a los daños causados por las administraciones públicas como consecuencia de la amplia actividad que estas desarrollan. Pero, desde la perspectiva de la posición de la administración, la responsabilidad está en el mismo centro de su concepción constitucional como derivación de la cláusula del Estado social de derecho; derivación que, en hipótesis extrema, puede conllevar que los límites del sistema resarcitorio público estén condicionados por los propios límites del llamado Estado social de derecho”. Martín Rebollo, Luis. “Ayer y hoy de la responsabilidad patrimonial de la administración: un balance y tres reflexiones”, ob. cit., p. 308.

(178) Sección Tercera, sentencias de 19 de abril de 2012, Expediente 21515; de 23 de agosto de 2012, Expediente 23492.

(179) Merkl ya lo señaló: “El hombre jurídicamente puede hacer todo lo que no le sea prohibido expresamente por el derecho; el órgano, en fin de cuentas, el estado, puede hacer solamente aquello que expresamente el derecho le permite, esto es, lo que cae dentro de su competencia. En este aspecto el derecho administrativo se presenta como una suma de preceptos jurídicos que hacen posible que determinadas actividades humanas se atribuyan a los órganos administrativos y, en último extremo, al estado administrador u otros complejos orgánicos, como puntos finales de la atribución. El derecho administrativo no es solo la conditio sine qua non, sino condijo per quam de la administración”. Merkl, Adolfo. Teoría general del derecho administrativo. México, Edinal, 1975, p. 211. Para Martín Rebollo: “Un sistema de responsabilidad muy amplio presupone un estándar medio alto de calidad de los servicios. Y si eso no es así en la realidad puede ocurrir que el propio sistema de responsabilidad acabe siendo irreal porque no se aplique con todas sus consecuencias o se diluya en condenas a ojo, sin reglas fijas o casi con el único criterio de que las solicitudes indemnizatorias no “parezcan” excesivamente arbitrarias o desproporcionadas. Aunque, claro está, lo que sea proporcionado o no, en ausencia de referentes externos sobre cómo debe ser y actuar la administración, acaba siendo también una decisión subjetiva. De ahí la conveniencia de la existencia de parámetros normativos que señalen cuál es el nivel, la pauta o la cota de calidad de los servicios, es decir, el elemento comparativo y de cotejo sobre cómo debe ser la administración”. Martín Rebollo, Luis. “Ayer y hoy de la responsabilidad patrimonial de la administración.: Un balance y tres reflexiones”, ob. cit., p. 311.

(180) “En consecuencia, el uso de tales títulos por parte del juez debe hallarse en consonancia con la realidad probatoria que se le ponga de presente en cada evento, de manera que la solución obtenida consulte realmente los principios constitucionales que rigen la materia de la responsabilidad extracontractual del Estado”. Sección Tercera, sentencias de 19 de abril de 2012, Expediente 21515. C.P. Hernán Andrade Rincón; de 23 de agosto de 2012, Expediente 24392. C.P. Hernán Andrade Rincón.

(181) “En consecuencia, la función de la responsabilidad extracontractual (sic) no puede ser ni única ni primariamente indemnizatoria. Tiene que ser, ante todo, preventiva o disuasoria, o se trataría de una institución socialmente absurda: ineficiente”. Pantaleón, Fernando. “Cómo repensar la responsabilidad civil extracontractual (También de las administraciones públicas)”, en Afduam, Nº 4, 2000, p. 174. De acuerdo con Martín Rebollo “(...) es que la responsabilidad pública es un tema ambivalente que, a mi juicio, no debe ser enfocado desde el estricto prisma de la dogmática jurídico-privada. Esto es, no debe ser analizado solo desde la óptica de lo que pudiéramos llamar la justicia conmutativa, aunque tampoco creo que este sea un instrumento idóneo de justicia distributiva. La responsabilidad es, desde luego, siempre y en primer lugar, un mecanismo de garantía. Pero es también un medio al servicio de una política jurídica. Así lo señala Ch. Eisenmann: el fundamento de la responsabilidad puede ser la reparación del daño, pero su función ‘remite a la cuestión de los fines perseguidos por el legislador cuando impone una obligación de reparar. En este sentido —concluye— la responsabilidad es un medio al servicio de una política jurídica o legislativa‘”. Martín Rebollo, Luis. “Ayer y hoy de la responsabilidad patrimonial de la administración: Un balance y tres reflexiones”, en Afduam, Nº 4, 2000, p. 307.

(182) “La finalidad prospectiva del nexo de causalidad resulta de naturaleza preventiva de la acción de responsabilidad fundada sobre el principio de precaución. El daño no existe todavía, el nexo de causalidad no se ha podido realizar, el mismo (...) se trata a la vez de prevenir el daño y al mismo tiempo evitar que tal actividad no cause tal daño. La finalidad del nexo causal es por tanto prospectiva ya que se busca que el nexo de causalidad sin permitir reparar el perjuicio si se anticipa a él (...) Opuesto a una responsabilidad reparadora que exigiría un nexo causal a posteriori, la responsabilidad preventiva exige en la actualidad un nexo causal a priori, es decir un riesgo de causalidad”. Boutonnet, Mathilde, Le principe de précaution en droit de la responsabilité civile, LGDJ, París, 2005, p. 560.

(183) Boutonnet, Mathilde, Le principe de précaution en droit de la responsabilité civile, LGDJ, París, 2005, p. 3

(184) Boutonnet, Mathilde, Le principe de précaution en droit de la responsabilité civile, ob. cit., p. 4.

(185) Dworkin, Ronald, Taking rights seriously, Cambridge, Harvard University Press, 1977, p. 24: “el principio es una proposición jurídica que no es necesariamente escrita y que da orientaciones generales, a las cuales el derecho positivo debe conformarse. Esto implica que no se aplicará según la modalidad de “all or nothing”, sino que se limitará a dar al juez una razón que milite a favor de un tipo de solución u otro, sin pretender tener la apariencia de una norma vinculante”.

(186) Sadeleer, Nicolás, “Reflexiones sobre el estatuto jurídico del principio de precaución”, en García Ureta, Agustín (coord.), Estudios de derecho ambiental europeo, Lete, Bilbao, 2005, p. 270: “entre otras funciones encontramos la función de inspiración del legislador, de orientación del derecho positivo, de relleno de lagunas, de resolución antinomias, así como la función normativa”.

(187) Boutonnet, Mathilde, Le principe de précaution en droit de la responsabilité civile, ob. cit., p. 5.

(188) Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, asunto C-57/96 National Farmers Union y otros; asunto C-180/96 Reino Unido c. Comisión; asunto C-236/01 Monsanto Agricoltura Italia: “cuando subsistente dudas sobre la existencia o alcance de riesgos para la salud de las personas, pueden adoptarse medidas de protección sin tener que esperar a que se demuestre plenamente la realidad y gravedad de tales riesgos”.

(189) ART. 268B.—Circunstancias de agravación punitiva. La pena prevista en el artículo anterior será de cuarenta (40) a sesenta (60) años en los siguientes casos: 1. Cuando la conducta se cometa por quien ejerza autoridad o jurisdicción. 2. Cuando la conducta se cometa en persona con discapacidad que le impida valerse por sí misma. 3. Cuando la conducta se ejecute en menor de dieciocho (18) años, mayor de sesenta (60) o mujer embarazada. 4. Cuando la conducta se cometa, por razón de sus calidades, contra las siguientes personas: servidores públicos, comunicadores, defensores de derechos humanos, candidatos o aspirantes a cargos de elección popular, dirigentes sindicales, políticos o religiosos, contra quienes hayan sido testigos de conductas punibles o disciplinarias, juez de paz, o contra cualquier otra persona por sus creencias u opiniones políticas o por motivo que implique alguna forma de discriminación o intolerancia. 5. Cuando la conducta se cometa por razón y contra los parientes de las personas mencionadas en el numeral anterior, hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil. 6. Cuando se cometa utilizando bienes del Estado. 7. Si se somete a la víctima a tratos crueles, inhumanos o degradantes durante el tiempo en que permanezca desaparecida, siempre y cuando la conducta no configure otro delito. 8. Cuando por causa o con ocasión de la desaparición forzada le sobrevenga a la víctima la muerte o sufra lesiones físicas o psíquicas. 9. Cuando se cometa cualquier acción sobre el cadáver de la víctima para evitar su identificación posterior, o para causar daño a terceros.

(190) ART. 279A.—Circunstancias de agravación punitiva. La pena será de quince (15) a veinte (20) años en los siguientes casos: 1. Cuando el agente sea un servidor público o un particular que actúe bajo la determinación o con la aquiescencia de aquel. 2. Cuando se cometa en persona discapacitada, o en menor de dieciocho (18) años, o mayor de sesenta (60) o mujer embarazada.

3. Cuando se cometa por razón de sus calidades, contra las siguientes personas: servidores públicos, periodistas, comunicadores sociales, defensores de los derechos humanos, candidatos o aspirantes a cargos de elección popular, dirigentes sindicales, políticos o religiosos, contra quienes hayan sido testigos o víctimas de hechos punibles o faltas disciplinarias; o contra el cónyuge, o compañero o compañera permanente de las personas antes mencionadas, o contra sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil. 4. Cuando se cometa utilizando bienes del Estado. 5. Cuando se cometa para preparar, facilitar, ocultar o asegurar el producto o la impunidad de otro delito; o para impedir que la persona intervenga en actuaciones judiciales o disciplinarias.

(191) ART. 268C.—Circunstancias de atenuación punitiva. Las penas previstas en el artículo 286A se atenuarán en los siguientes casos: 1. La pena se reducirá de la mitad (1/2) a las cinco sextas (5/6) partes cuando en un término no superior a quince (15) días, los autores o partícipes liberen a la víctima voluntariamente en similares condiciones físicas y psíquicas a las que se encontraba en el momento de ser privada de la libertad, o suministren información que conduzca a su recuperación inmediata, en similares condiciones físicas y psíquicas. 2. La pena se reducirá de una tercera parte (1/3) a la mitad (1/2) cuando en un término mayor a quince (15) días y no superior a treinta (30) días, los autores o partícipes liberen a la víctima en las mismas condiciones previstas en el numeral anterior. 3. Si los autores o partícipes suministran información que conduzca a la recuperación del cadáver de la persona desaparecida, la pena se reducirá hasta en una octava (1/8) parte. PAR.—Las reducciones de penas previstas en este artículo se aplicarán únicamente al autor(es) o partícipe(s) que libere(n) voluntariamente a la víctima o suministre(n) la información.

(192) Consejo de Estado, sentencia de 11 de febrero de 2009, Expediente 16.337 M.P. Myriam Guerrero de Escobar.

(193) Consejo de Estado, sentencia del 11 de febrero de 2009, M.P. Myriam Guerrero de Escobar.

(194) Corte Constitucional, sentencia de 20 de noviembre de 1997, M.P. Jorge Arango Mejía.

(195) Ibídem.

(196) Consejo de Estado, sentencia de 24 de marzo de 2011, Expediente 17.993, M.P. Enrique Gil Botero.

(197) Folios 240-247 del cuaderno 16.