Sentencia 2003-04136 de marzo 4 de 2010

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCION “B”

Ref.: Expediente 250002325000200304136 01

Nº interno: 2175-2007

Consejera Ponente:

Dra. Bertha Lucía Ramírez de Páez

Autoridades nacionales

Actor: Álvaro Hernán García Salazar

Bogotá, D.C., cuatro de marzo de dos mil diez.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Problema jurídico

Debe la Sala determinar si el señor Álvaro Hernán García Salazar tiene derecho a que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, le pague un monto equivalente a lo devengado a titulo de prestaciones sociales como arquitecto coordinador regional como consecuencia del contrato realidad, o si por el contrario se celebraron ordenes y contratos de prestación de servicios sin que tenga derecho a prestación laboral alguna.

Acto acusado

Oficio 7130 OJU-6275 de 24 de diciembre de 2002 (fl. 21), proferido por el jefe de la oficina jurídica del Inpec, que negó la solicitud de reconocimiento de una relación laboral junto con el pago de prestaciones sociales al actor.

De lo probado en el proceso

Vinculación con la entidad demandada

De acuerdo con las órdenes de prestación de servicios que obran en el expediente, el demandante prestó sus servicios como arquitecto en la subdirección de construcciones del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, durante los siguientes periodos:

• Contrato 333 de 1994, duración seis (6) meses, de 13 de julio de 1994, honorarios pactados $ 700.000 mensuales (fl. 33).

• Contrato 004 de 1995, duración un año, de 19 de enero de 1995, honorarios pactados $ 900.000 mensuales (fl. 38).

• Contrato 175 de 1996, duración un año, de 28 de febrero de 1996, honorarios pactados $ 1´000.000.oo mensuales (fl. 48).

• Adición al contrato 175 de 1996, en cuanto al valor del contrato que será de $ 2´000.000.oo (fl. 32).

• Orden de prestación de servicios 706 de 1998, duración seis (6) meses, de 4 de junio de 1998, honorarios pactados $ 1´500.000 mensuales (fl. 44).

• Orden de prestación de servicios 958 de 1998, duración dos (2) meses, de 15 de diciembre de 1998, honorarios pactados $ 2´000.000 mensuales (fl. 28).

• Contrato 082 de 1999, duración un año, de 15 de febrero de 1999, honorarios pactados $ 2´200.000 mensuales (fl. 53).

La entidad demandada negó la solicitud de reconocimiento de una relación laboral y el pago de las prestaciones sociales derivadas de esta mediante oficio 7130-OJU-6275 de 24 de diciembre de 2002, argumentando que la relación existente entre el actor y el Inpec era de carácter contractual cuyo estatuto (L. 80/93) establece en el artículo 32 que los contratos de prestación de servicio en ningún momento generan una relación laboral.

Análisis de la Sala

El marco de juzgamiento de esta sentencia lo constituye el recurso de apelación, y como el actor se refiere únicamente a la prescripción que declaró probada el tribunal en la sentencia apelada, a ello limitará la Sala su análisis en el siguiente orden:

La prescripción se encuentra regulada en el Decreto 1848 de 4 de noviembre de 1969, reglamentario del Decreto 3135 de 26 de diciembre de 1968, por medio del cual se dispuso la integración de la seguridad social entre el sector privado y público. El artículo 102, prescribe:

“Prescripción de acciones. 1. Las acciones que emanan de los derechos consagrados en el Decreto 3135 de 1968 y en este decreto, prescriben en tres (3) años, contados a partir de la fecha en que la respectiva obligación se haya hecho exigible.

2. El simple reclamo escrito del empleado oficial formulado ante la entidad o empresa obligada, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero solo por un lapso igual”.

La Sección Segunda de esta corporación en Sala Plena mediante sentencia de 19 de febrero de 2009, Expediente 3074 de 2005, actor: Ana Reinalda Triana Viuchi, consejera ponente doctora Bertha Lucía Ramírez de Páez, estableció frente a este tema lo siguiente:

“Esta Sala en anteriores oportunidades, ha declarado la prescripción trienal de los derechos que surgen del contrato realidad, aceptando que dicho fenómeno se interrumpe desde la fecha de presentación de la solicitud ante la entidad demandada. Sin embargo, en esta oportunidad replantea este criterio por las razones que a continuación se explican:

De conformidad con algunos estatutos que han regido esta materia, los derechos prescriben al cabo de determinado tiempo o plazo contado a partir de la fecha en que ellos se hacen exigibles, decisión que se adopta con base en el estatuto que consagra dicho fenómeno (v. gr. D. 3135/68, art. 41).

En situaciones como la presente en las cuales no hay fecha a partir de la cual se pueda predicar la exigibilidad del derecho, no es procedente sancionar al beneficiario con la prescripción o extinción del derecho que reclama; en efecto, en estos asuntos en los cuales se reclaman derechos laborales no obstante mediar un contrato de prestación de servicios, no hay un referente para afirmar la exigibilidad de salarios o prestaciones distintos al valor pactado en el contrato.

Es a partir de la decisión judicial que desestima los elementos de la esencia del contrato de prestación de servicios que se hace exigible la reclamación de derechos laborales tanto salariales como prestacionales, porque conforme a la doctrina esta es de las denominadas sentencias constitutivas, ya que el derecho surge a partir de ella, y por ende la morosidad empieza a contarse a partir de la ejecutoria de esta sentencia”.

Tratándose del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades, la existencia de la obligación emanada de la relación laboral y los derechos determinados no son exigibles al momento de la presentación del simple reclamo ante la entidad, sino que nacen a partir de la sentencia, y su exigibilidad desde su ejecutoria, por tratarse como se advirtió en la providencia citada de una sentencia constitutiva.

Esta tesis ya había sido adoptada por la Subsección “A”, con el siguiente tenor literal:

“Tampoco opera el fenómeno de la prescripción, ya que se trata de una sentencia constitutiva, en la medida en que el derecho surge a partir de ella y, por la misma razón, no hay lugar a aplicar la Ley 244 de 1995, pues la morosidad empieza a contarse a partir de la ejecutoria de esta sentencia”(1).

Asimismo se ha indicado:

"Como se observa, el término de prescripción de tres años se cuenta desde que la obligación se hace exigible, pero debe tenerse en cuenta que en el contrato de prestación de servicios, el derecho surge desde el momento enque la sentencia lo constituye a favor del contratista junto al restablecimiento traducido en el pago de la suma indemnizatoria, porque previo a la expedición de la sentencia que declara la primacía de la realidad laboral sobre la contractual, no existe ningún derecho a favor del contratista de prestación de servicios emanado de un vínculo laboral, con lo que resulta, que es imposible que se pueda predicar la prescripciónde un derecho que no ha nacido a la vida jurídica. No resulta razonable aplicar la prescripción trienal a la indemnización que se reconoce al contratista en la sentencia, si se tiene en cuenta que como se advirtió, dicha figura es una sanción al titular del derecho por no ejercerlo dentro de los plazos que la ley le otorga, derecho que solo se constituye en la sentencia que determina la existencia de la relación laboral”(2).

Por lo tanto, entendiendo que el término trienal de prescripción se cuenta a partir del momento en que la obligación se hizo exigible en la sentencia ejecutoriada, es justamente a partir de este momento que se contarían los tres (3) años de prescripción de los derechos de la relación laboral hacía el futuro, situación que operaría en caso de que continuara la relación laboral, empero como el sub-lite se contrae al reconocimiento de una situación anterior no existe prescripción pues la obligación, como se dijo, surge con la presente sentencia.

En consecuencia, se modificará la sentencia impugnada, que accedió parcialmente a las suplicas de la demanda, para no aplicar la prescripción de los derechos reclamados.

En este orden de ideas, el demandante tiene derecho a que se le paguen las prestaciones sociales reconocidas durante todo el tiempo que estuvo vinculado a la entidad demandada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

Modifícase los numerales primero y segunda de la sentencia impugnada en cuanto a que el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales es por el tiempo que estuvo vinculado a la entidad desde el 18 de julio de 1994 hasta el 14 de febrero de 2000, sin aplicar la prescripción de derechos.

Confírmase en lo demás la sentencia de 22 de junio de 2007, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que accedió parcialmente a las súplicas de la demanda incoada por Álvaro Hernán García Salazar contra el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec.

Reconócese personería al doctor Jaime Campos Jacome, como apoderado de la entidad demandada, en los términos del poder que obra a folio 367 del expediente.

Cópiese, notifíquese y cúmplase. Devuélvase el expediente al tribunal de origen.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha».

(1) Sentencia de 17 de abril de 2008, M.P. Jaime Moreno García, Expediente (2776/05), actor: José Nelson Sandoval Cárdenas.

(2) Sentencia 6 de marzo de 2008, M.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, Expediente 2152-06, actor: Roberto Urango Cordero.