Sentencia 2003-04343 de septiembre 5 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Ref.: 05001233100020030434301

Número interno 2717-2012

Consejero Ponente:

Dr. Gerardo Arenas Monsalve

Actor: Ricardo Alfonso Vargas Vargas

Autoridades nacionales

Bogotá, D.C., cinco de septiembre de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

I. Problema jurídico por resolver

Teniendo en cuenta la fecha en la que el demandante solicitó la inclusión de la prima de actualización en la asignación básica mensual que devengada en servicio activo, deberá la Sala verificar si su reconocimiento resulta procedente, o si por el contrario los valores que por tal concepto pide a la fecha se encuentran prescritos.

Así mismo, se deberá verificar si el señor Ricardo Alfonso Vargas Vargas tiene derecho a que la referida prima por actualización sea incluida en la base de la pensión por invalidez que viene percibiendo, desde el 9 de junio de 2000, en su condición de suboficial de la Policía Nacional.

II. De la prima de actualización

El artículo 150 de la Constitución Política en su numeral 19, literal e), preceptúa que compete al Congreso de la República dictar las normas generales y señalar en ellas los objetivos y criterios a los que debe sujetarse el gobierno para “... fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública”.

En ejercicio de la mencionada función, el Congreso Nacional expidió la Ley 4ª de 1992, norma general que facultó al gobierno para fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del congreso nacional y de la Fuerza Pública, siguiendo los lineamientos allí trazados, por ello, el artículo 13, dispuso:

“... el Gobierno Nacional establecerá una escala gradual porcentual para nivelar la remuneración del personal activo y retirado de la fuerza pública de conformidad con los principios establecidos en el artículo segundo.

PAR.—La nivelación de que trata el presente artículo debe producirse en las vigencias fiscales de 1993 a 1996”.

En desarrollo de este mandato constitucional y legal el Gobierno Nacional expidió sucesivamente los decretos 25 de 1993, 65 de 1994 y 133 de 1995, que ordenaron, en sus artículos 15, 28, 28 y 29, respectivamente, establecer una prima porcentual de actualización, prima de actualización, sobre la asignación básica devengada por oficiales y suboficiales de la Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.

Empero, los citados decretos erigieron la prima de actualización solo para el personal, en servicio activo, situación que posteriormente fue declarada nula por esta corporación mediante providencias del 14 de agosto de 1997, Expediente 9923, magistrado ponente Nicolás Pájaro Peñaranda y 6 de noviembre del mismo año, Expediente 11423, magistrada ponente Clara Forero de Castro, al considerar, en primer lugar, que se violaba el derecho de igualdad de los oficiales y suboficiales en retiro de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional y, en segundo lugar, que se desconocía el mandato previsto en el artículo 13 de la Ley 4ª de 1992, que ordenaba establecer la escala gradual porcentual para nivelar los sueldos tanto del personal activo como del retirado de la Fuerza Pública.

Con fundamento en el anterior criterio, la Sala ha venido reconociendo a los miembros en situación de retiro de la Fuerza Pública la prestación objeto del presente proceso; sin embargo, tal reconocimiento solo se ha hecho a partir del 1º de enero de 1993; pues en cuanto al año de 1992, la restricción de la prima de actualización para los servidores retirados, prevista en el Decreto 335 del mismo año fue declarada exequible por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-005 de 1992.

Corrobora el criterio anterior, la postura fijada en la Sala Plena de esta corporación(1) en los siguientes términos “... no se reconocerán los reajustes reclamados para la anualidad de 1992, porque el Decreto 335 de ese año, según el cual la prima de actualización solo podría computarse en las asignaciones de retiro de quienes la hubiesen devengado en servicio activo, fue declarado exequible por la Corte Constitucional, en sentencia que tiene fuerza de cosa juzgada”.

III. De la oportunidad para demandar ante esta Jurisdicción el reconocimiento de la prima de actualización

En relación con la posibilidad con que cuentan los oficiales y suboficiales de la Fuerza Pública para solicitar, ante esta jurisdicción, la inclusión de la prima de actualización en sus asignaciones en servicio activo o de retiro considera la Sala necesario hacer las siguientes precisiones(2).

Esta corporación mediante sentencia de 3 de diciembre de 2002. Radicado S- 764. Magistrado ponente Camilo Arciniegas Andrade precisó, en relación con la exigibilidad de la prima de actualización para el personal retirado de la Fuerza Pública, lo siguiente:

“... El Gobierno Nacional, actuando ahora ‘en desarrollo de las normas generales señaladas en la Ley 4ª de 1992’ dictó los decretos 25 de 1993, 65 de 1994 y 133 de 1995, por los cuales fijó para los respectivos años los sueldos básicos para el personal de oficiales y suboficiales de las fuerzas para las respectivas vigencias, y en todas estas normas incluyó la prima de actualización. El Decreto Legislativo 335 de 1992 fue expresamente derogado (salvo sus arts. 18, 19 y 20) por el artículo 35 del Decreto 35 de 1992; este lo fue por el Decreto 65 de 1994, que, a su vez, fue derogado por el Decreto 133 de 1995. Cabe anotar que esta corporación ha señalado reiteradamente la fuerza que tienen los decretos expedidos en desarrollo de leyes marco o cuadro para derogar leyes anteriores, siempre que unos y otras se refieran a la misma materia delimitada por la ley marco y que se sujeten a los principios establecidos en esta. (...).

Como se dijo atrás, los decretos 25 de 1993, 65 de 1994 y 133 de 1995 crearon la prima de actualización para las respectivas vigencias. Esta prima tenía carácter temporal, ‘hasta cuando se consolide la escala salarial porcentual para nivelar la remuneración del personal activo y retirado, de conformidad con lo establecido en el artículo décimo tercero de la Ley 4ª de 1992’. (...).

Bien se ve cómo según el texto original de estas disposiciones, solo el personal que hubiere devengado la prima de actualización estando en servicio activo tendría derecho a que esta se le computase para su asignación de retiro. Pero la Sección Segunda de esta Sala, en sentencia de 14 de agosto de 1997 declaró la nulidad de las expresiones ‘que la devengue en servicio activo’ y ‘reconocimiento de’ contenidas en los parágrafos de los artículos 28 de los decretos 25 de 1993 y 65 de 1994, como violatorias del artículo 13 de la Ley 4ª. (...).

Idéntico pronunciamiento hizo la Sección Segunda en sentencia de 6 de noviembre de 1997, por la cual declaró la nulidad de las mismas expresiones ‘que la devengue en servicio activo’ y ‘reconocimiento de’ incluidas en el parágrafo del artículo 29 del Decreto 133 de 1995.

Sin embargo, mientras estuvieron vigentes, los parágrafos de los artículos 28 de los decretos 25 de 1993 y 65 de 1994, y el parágrafo del artículo 29 del Decreto 133 de 1995 mantuvieron privado de este derecho al personal en retiro, que, por tanto, no podía reclamarlo a la caja de retiro de las Fuerzas Militares o, por mejor decir, la obligación de esta entidad no era entonces exigible. En consecuencia, mal podía hacerse correr la prescripción contra quien no podía exigir su derecho, y al decidirlo así la Subsección falladora aplicó indebidamente el artículo 174 del Decreto 1211 de 1990. (...)”.

Bajo el anterior pronunciamiento, esta Subsección ha considerado en forma consistente y reiterada que es a partir de la fecha de ejecutoria de las providencias de 14 de agosto y 6 de noviembre de 1997, a saber el 24 de noviembre de 1997, que se hizo exigible el derecho al reconocimiento y pago de la prima de actualización para los miembros de la Fuerza Pública en retiro. Lo anterior, cabe precisar, hasta el 24 de noviembre de 2001, en aplicación del término cuatrienal de prescripción previsto en el Decreto 1211 de 1990.

Sobre este particular, el despacho que sustancia la presente causa en sentencia de 20 de agosto de 2009. Radicado 2095-2008, sostuvo que:

“... La prima de actualización se hizo exigible desde el momento en que esta corporación declaró la nulidad de las expresiones ‘que la devenguen en servicio activo’ y ‘reconocimiento de’, mediante sentencias de 14 de agosto y 6 de noviembre de 1997, respectivamente, cuya ejecutoria tuvo lugar el 24 de noviembre de 1997. Es a partir de dicha fecha que quien se creyera con derecho a percibirla debía reclamar ante la administración su reconocimiento y pago, hasta el vencimiento de los 4 años, es decir, hasta el 24 de noviembre de 2001. (...)”.

Teniendo en cuenta lo expuesto, la Sala entrará a verificar si en el caso concreto el señor Ricardo Alfonso Vargas Vargas solicitó la inclusión de la prima de actualización en la asignación mensual que durante los años 1992 a 1995 venía percibiendo en servicio activo como oficial de la Armada Nacional dentro del término cuatrienal de prescripción previsto en el Decreto 1211 de 1990.

IV. De las solicitudes tendientes a obtener el reconocimiento y pago de la prima de actualización por el periodo 1992 a 1995

Advierte la Sala que mediante escritos de 28 de noviembre de 2001, 20 de enero y 4 de agosto de 2003 el señor Ricardo Alfonso Vargas Vargas, en su condición de suboficial de la Policía Nacional, solicitó al grupo de prestaciones sociales de esa institución el pago de una prima de actualización respecto del periodo comprendido entre 1992 a 1995 y la reliquidación de la pensión por invalidez que venía percibiendo con inclusión en su base de la referida prestación por actualización(3) (fls. 2-10).

En consideración a las anteriores peticiones, el grupo de prestaciones sociales de la Policía Nacional se pronunció en tres ocasiones distintas negando lo pretendido por el demandante argumentando en forma constante que; en primer lugar, la prima de actualización fue prevista en forma temporal y efectivamente pagada, entre 1992 y 1995, por lo que cualquier reclamación, sobre ese particular, a la fecha se encuentra prescrita de acuerdo a lo previsto en el artículo 155 del Decreto 1212 de 1990.

Y, en segundo lugar, que frente a la petición de reliquidación de la pensión por invalidez no era posible emitir un pronunciamiento al respecto dado que ello le correspondía a la caja de sueldos de retiro de la Policía Nacional.

Para mayor ilustración se transcriben apartes de los referidos pronunciamientos de la Policía Nacional.

1. Oficio 148197 GRUSO UNPEN 17437 del 13 de diciembre de 2001 (fl. 11):

“... La prima de actualización establecida en los decretos arriba citados, fue cancelada a todo el personal activo uniformado en los grados de oficial, suboficial y agentes, de igual manera fue cancelada a todo el personal retirado a partir del 1º de enero de 1992, con derecho a asignación de retiro o pensión, al igual que sus beneficiarios de pensión de sobreviviente o sustitución, este derecho les fue cancelado en el periodo comprendido entre el 1º de enero de 1992 al 31 de diciembre de 1995, fecha en la cual se extinguió prestaciones causadas por él (sic).

El Decreto 107 de 1996, estableció la escala salarial para el personal de oficiales y suboficial de las Fuerzas Militares, oficiales, suboficiales y agentes, personal del nivel ejecutivo de la Policía Nacional y para los empleados públicos del Ministerio de Defensa y la Policía en servicio activo, norma que no contempló la prima de actualización como partida computable para la liquidación de salarios, pensiones y demás prestaciones sociales. (...)”.

2. Oficio 3279 GRUSO 894 del 24 de febrero de 2003 (fls. 12-14):

“... De acuerdo con información suministrada por la oficina de telemática, se le incluyó la prima de actualización en el sueldo, en los porcentajes ordenados para cada grado por la ley, por el periodo comprendido entre 1992-1995 o hasta la fecha en que se encontraba activo dentro del periodo comprendido.

En relación con la modificación de la hoja de servicios en el sentido de incluir en el sueldo la prima de actualización, le comunico que este documento se encuentra ajustado a derecho y no procede la modificación, por cuanto aquella esta fue eliminada a partir del 1º de enero de 1996, con la expedición del Decreto 107 de 1996. (...).

En lo que se refiere a la modificación de la asignación de retiro, con inclusión de la prima de actualización, le informo que esta actualización es de exclusividad de la caja de sueldos de retiro de la Policía Nacional, entidad totalmente independiente de la Policía Nacional que goza de independencia administrativa y presupuestal, no teniendo competencia el señor director general de la Policía Nacional para ordenar la modificación de los actos administrativos que ella expide.

Así mismo le comunicó que los estatutos de carrera del personal de oficiales, suboficiales y agentes en materia de liquidación y reconocimiento de prestaciones sociales unitarias y periódicas, han consagrado un tiempo máximo de cuatro (4) años contados a partir de la fecha en la que se hicieron exigibles los derechos para la reclamación de los mismos. Vencido el término opera el fenómeno de la prescripción (art. 155, 113 D. 1212 y 1213 de 1990). (...)”.

3. Y Oficio 12567 SEGEN GRUSO 12892 del 19 de agosto de 2003 (fls. 15-16):

“(...).

Así mismo le comunica que los estatutos de carrera que en todo tiempo han regido la liquidación de prestaciones sociales unitarias o periódicas (asignación de retiro, pensión) del personal de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional han consagrado un tiempo máximo de cuatro (4) años contados a partir de la fecha en la que se hicieron exigibles los derechos para la reclamación de los mismos. Vencido el término opera el fenómeno de la prescripción (arts. 155, 113 D. 1212 y 1213 de 1990).

Su petición supera el tiempo señalado en las normas invocadas anteriormente, configurándose la prescripción en gracia de discusión si hubiese tenido derecho entre el 1º de enero de 1992 y el 31 de diciembre de 1995, fecha hasta la cual tuvo vigencia la referida prima las mesadas de reajuste de pensión por dicho concepto ya prescribieron. (...)”.

Teniendo en cuenta lo anterior, al entrar a estudiar las pretensiones de la demanda la Sala advierte, prima facie, que en relación con la petición de reconocimiento y pago de la prima de actualización respecto el periodo comprendido entre 1992 y 1995 el mismo actor reconoce, en el hecho 2 del escrito de la demanda, que: “durante el tiempo de actividad comprendido entre el 1º de enero de 1992 y el 31 de diciembre de 1995 (...) percibió la prima de actualización de manera normal en los porcentajes ordenados en los decretos 335 de 1992, 25 de 1993, 65 de 1994 y 133 de 1995” (fl. 24).

Lo anterior, debe decirse, corresponde con lo expresado por la Policía Nacional en el Oficio 3279 GRUSO 894 del 24 de febrero de 2003 en cuanto afirma que: “... De acuerdo con información suministrada por la oficina de telemática, se le incluyó la prima de actualización en el sueldo, en los porcentajes ordenados para cada grado por la ley, por el periodo comprendido entre 1992-1995 o hasta la fecha en que se encontraba activo dentro del periodo comprendido” (fls. 12-14).

Bajo las anteriores consideraciones, estima la Sala que no hay duda que el señor Ricardo Alfonso Vargas Vargas, en su condición de suboficial de la Policía Nacional, sí percibió entre 1992 y 1995, sobre su asignación mensual en servicio activo, la prima de actualización, periodo para el cual estuvo vigente por expresa disposición de los decretos 335 de 1992, 25 de 1993, 65 de 1994 y 133 de 1995.

No podía pretender el actor, de acuerdo con lo expuesto, un reconocimiento adicional a la prima de actualización ya pagada dado que, como quedó visto en precedencia, el objeto de dicha prestación fue el de nivelar los salarios de los oficiales y suboficiales de la Fuerza Pública mediante su pago mensual, por una sola vez, hasta tanto fuera adoptada en forma definitiva la escala gradual porcentual de prestaciones sociales y asignaciones del personal castrense.

Así las cosas, una vez expedido el Decreto 107 de 1996, por el cual se acoge la referida escala gradual porcentual, se extinguió la condición por la cual fue creada la prima de actualización y la misma, debe decirse, quedó incluida en las asignaciones de retiro que a partir de esa fecha se reconocen a favor de los oficiales y suboficiales de la Fuerza Pública, en virtud al principio de oscilación.

Estando probado que el señor Ricardo Alfonso Vargas Vargas percibió la prima de actualización entre 1992 y 1995 sobre su asignación mensual, en servicio activo, concluye la Sala no hay lugar a ordenar su reconocimiento dado que ello implicaría en la práctica el doble pago de una prestación, que como se dijo, fue prevista de manera temporal con un único fin, esto era, nivelar el salario de los oficiales y suboficiales de la Fuerza Pública, hasta tanto se acogiera su escala gradual porcentual definitiva en materia prestacional.

Teniendo en cuenta lo expuesto en precedencia, la Sala negará la pretensión de la demanda por medio de la cual el señor Ricardo Alfonso Vargas Vargas pretendía el reconocimiento y pago de la prima de actualización por el periodo comprendido entre 1992 y 1995.

V. Del reajuste de la pensión por invalidez que viene percibiendo el demandante

Solicita el señor Ricardo Alfonso Vargas Vargas, en el escrito de apelación, el reajuste de la pensión por invalidez que viene percibiendo con inclusión de la prima de actualización prevista por el Gobierno Nacional en los decretos 335 de 1992, 25 de 1993, 65 de 1994 y 133 de 1995.

Sobre este particular, y como quedó visto en el acápite que antecede, el grupo de prestaciones sociales de la Policía Nacional mediante oficios 148197 GRUSO UNPEN 17437 del 13 de diciembre de 2001; 3279 GRUSO 894 del 24 de febrero de 2003 y 12567 SEGEN GRUSO 12892 del 19 de agosto de 2003, negó la inclusión de la referida prestación por actualización en la base de la pensión por invalidez que viene percibiendo el demandante.

En efecto, el citado grupo de prestaciones sociales de la Policía Nacional en el Oficio 148197 GRUSO UNPEN 17437 del 13 de diciembre de 2001, sostuvo que (fl. 11):

“... El Decreto 107 de 1996, estableció la escala salarial para el personal de oficiales y suboficial de las Fuerzas Militares, oficiales, suboficiales y agentes, personal del nivel ejecutivo de la Policía Nacional y para los empleados públicos del Ministerio de Defensa y la Policía en servicio activo, norma que no contempló la prima de actualización como partida computable para la liquidación de salarios, pensiones y demás prestaciones sociales. (...)”.

Descendiendo al caso concreto estima la Sala(4), como ya ha tenido oportunidad de pronunciarse en algunos asuntos con identidad de supuestos fácticos al que ahora se examina, que la prima de actualización prevista en los decretos 335 de 1992, 25 de 1993, 65 de 1994 y 133 de 1995, introduce una modificación gradual a las asignaciones de actividad que es computable para el reconocimiento de la asignación de retiro y pensión, no solo para quienes la devengaron en servicio activo, sino también para el personal retirado, ya que por el sistema de oscilación de las asignaciones de retiro y pensiones consagrado en el artículo 169 del Decreto 1211 de 1990, las variaciones que en todo tiempo se introduzcan en las asignaciones de actividad se deben reflejar en las asignaciones y pensiones ya reconocidas.

Una conclusión diferente, violaría el artículo 13 de la Constitución Política, pues no hay razón para que la prima se tenga en cuenta para liquidar asignaciones de retiro y pensiones de los servidores que la gozaron en servicio activo y se desconociera para el personal retirado, cuando la oscilación de estas prestaciones obliga a nivelarlas con las variaciones que se dispongan en las asignaciones de actividad.

Con fundamento en el anterior criterio, la Sala ha venido reconociendo a los miembros en situación de retiro de la Fuerza Pública la prestación objeto del presente proceso; sin embargo, tal reconocimiento solo se ha hecho a partir del 1º de enero de 1993; pues en cuanto al año de 1992, la restricción de la prima de actualización para los servidores retirados, prevista en el Decreto 335 del mismo año fue declarada exequible por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-005 de 1992. Corrobora el criterio anterior, la postura fijada en la Sala Plena de esta corporación(5) en los siguientes términos:

“(...).

No se reconocerán los reajustes reclamados para la anualidad de 1992, porque el Decreto 335 de ese año, según el cual la prima de actualización solo podría computarse en las asignaciones de retiro de quienes la hubiesen devengado en servicio activo, fue declarado exequible por la Corte Constitucional, en sentencia que tiene fuerza de cosa juzgada”.

(...)”.

Bajo estos supuestos, y estando demostrado que el actor como suboficial retirado de la Policía Nacional percibió la prima de actualización respecto de los años 1992 a 1995, no hay duda de que, en el caso concreto, a partir del momento en que le fue reconocida su prestación pensional por invalidez, esto es, el 9 de junio de 2000, la misma tuvo en cuenta el valor de la prima de actualización.

En efecto, debe precisarse que a partir de la fijación de la escala salarial porcentual a través del Decreto 107 de 1996, los valores reconocidos como prima de actualización fueron incorporados a la asignación señalada para ese año en virtud del principio de oscilación, aplicado a la asignación de retiro o pensiones de los miembros de la Fuerza Pública retirados. Por ello, no resulta necesario revisar los reajustes de la ley a partir del año 1996, dado que los valores reconocidos como prima ya fueron incorporados a la pensión por invalidez percibida por el actor.

En este aspecto(6), se reitera que por el principio de oscilación que gobierna las asignaciones de retiro y de pensiones de los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares, dichas prestaciones sociales se liquidan tomando en cuenta las variaciones que en todo tiempo se introduzcan en las asignaciones de actividad para cada grado y de conformidad con los factores que forman la base de liquidación de las prestaciones sociales. En ese orden, si la referida prima de actualización solo tuvo como fin nivelar la remuneración del personal activo y retirado dentro del periodo de 1993 y 1995, no es posible decretarse por los años subsiguientes para formar parte de la base prestacional, pues se estaría variando la forma que previó la ley para fijar el monto de las asignaciones de retiro de los oficiales y suboficiales de la Policía Nacional y de las Fuerzas Militares, la cual, se repite, son liquidadas teniendo en cuenta las variaciones que sufran las asignaciones del personal en actividad.

En estas condiciones, no resulta procedente reliquidar la pensión por invalidez que viene percibiendo el actor, con inclusión de los valores pagados por concepto de prima de actualización, entre 1992 a 1995, toda vez que, ella no tenía alcance distinto que obtener la nivelación de su remuneración, durante ese periodo de tiempo, y más aún, si como quedó visto la incidencia sobre la base de su asignación de retiro a futuro está garantizada por el principio de oscilación que rige este tipo de prestaciones a partir del año 1996.

Así las cosas, la Sala confirmará la sentencia de 16 de abril de 2012 mediante la cual el Tribunal Administrativo de Antioquia negó las pretensiones de la demanda formulada por el señor Ricardo Alfonso Vargas Vargas contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia de 16 de abril de 2012, mediante al cual el Tribunal Administrativo de Antioquia negó las pretensiones de la demanda formulada por el señor Ricardo Alfonso Vargas Vargas contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional.

Cópiese, notifíquese, devuélvase el expediente al tribunal de origen y cúmplase.

Esta providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha».

(1) En sentencia de 13 de diciembre de 2002, con ponencia del M.P. Camilo Arciniegas Andrade.

(2) Al respecto puede verse la sentencia de 27 de junio de 2013. Rad. 0061-2010. M.P. Gerardo Arenas Monsalve.

(3) Las múltiples solicitudes formuladas por el actor, en el caso concreto, no constituyen cosa juzgada administrativa tratándose la pensión de invalidez de una prestación periódica cuya reliquidación pude solicitar en cualquier tiempo.

(4) Sentencia de 23 de octubre de 2008, Rad. 1505-2007, Actor: Onofre Hernández Carvajal, M.P. Gerardo Arenas Monsalve.

(5) En sentencia de 13 de diciembre de 2002, con ponencia del M.P. Camilo Arciniegas Andrade.

(6) Al respecto pueden verse las sentencias de 22 de octubre de 2009; Rad. 0084-2008. M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila; 8 de mayo de 2008; Rad. 0932-2007. M.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren y de 31 de agosto de 2006. Rad. 8958-2005. M.P. Alejandro Ordóñez Maldonado.