Sentencia 2003-04383 de agosto 15 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

Ref.: 2158-2012

Consejero Ponente:

Dr. Alfonso Vargas Rincón

Exp. Nº: 050012331000200304383 01

Actor: Orlando Villa Morales y otro

Demandado: Departamento de Antioquia.

Autoridades departamentales

Bogotá, D. C., quince de agosto de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Normas violadas

• Constitución Política: artículos 2º, 25, 53, 122 y 123.

• Decreto 1045 de 1978: artículo 40.

• Decreto Ley 3135 de 1968: artículo 51.

• Decreto 1848 de 1969.

• Ley 244 de 1995: artículos 1º y 2º.

Con la expedición de los actos censurados se omitió el pago vacaciones, primas de navidad y de vacaciones a que tenía derecho.

También se desconoció lo establecido en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978 que ordena tener en cuenta los factores de salario para la liquidación de las cesantías.

La entidad accionada se encuentra en la obligación de cancelar a su favor la indemnización moratoria de que trata el artículo 2º de la Ley 244 de 1995, por haber incurrido en mora en el pago de sus prestacionales sociales.

(…)

Considera

El problema jurídico a resolver en esta oportunidad consiste en determinar si los demandantes en su calidad de herederos, tienen derecho a la reliquidación de las cesantías reconocidas a favor de la señora María Auxilio López Valencia (Q.E.P.D.); así como al pago de la sanción moratoria prevista en la Ley 244 de 1995, por el pago tardío de dicho auxilio.

El Tribunal Administrativo de Antioquia, negó las pretensiones de la demanda, con fundamento en que la petición de reliquidación de las cesantías reconocidas a la señora María Auxilio López Valencia (Q.E.P.D.), fue resuelta mediante Resolución 10052 de 24 de noviembre de 2003.

Sostuvo que como a la administrada no le era dable interponer por segunda vez recurso de reposición contra la Resolución 3164 de 2 de abril de 2002, ni introducir en él la petición de pago de la sanción moratoria, es claro que no se configuró el silencio negativo, pues la entidad demandada mediante Oficio 351257 de 23 de octubre de 2002, resolvió lo pedido en el sentido de rechazar el referido recurso.

Agregó que si tal recurso fuera tenido en cuenta como la petición de pago de la referida indemnización, lo cierto es que si los demandantes querían obtener su reconocimiento, debieron demandar la nulidad del citado oficio, cuestión que no ocurrió.

La parte actora, reitera que la administración incurrió en error al liquidar las prestaciones sociales y cesantías a las que la señora María Auxilio López Valencia (Q.E.P.D.) tenía derecho.

Alega que hay lugar al pago de la sanción moratoria prevista en la Ley 244 de 1995, como quiera que el acto por el cual la entidad accionada enmendó el error en que incurrió al liquidar y reconocer el valor de las prestaciones y auxilio de cesantía a favor de la señora María Auxilio López Valencia, no revive los términos que tenía para proceder al pago de esos valores.

Para efectos de decidir, se tiene lo siguiente:

En primer lugar, la Sala procederá a resolver sobre la solicitud de reliquidación de las cesantías definitivas y demás prestaciones sociales que le fueron reconocidas a la señora María Auxilio López Valencia (Q.E.P.D.), a través de la Resolución 3164 de 2002, con base en un cargo distinto del que ella ocupaba para el momento de su desvinculación.

Al respecto, se tiene que una vez revisado el acervo probatorio obrante dentro del expediente, se advierte que si bien en principio la entidad accionada mediante Resolución 3164 de 2 de abril de 2002 (vista a folios 14 a 15), incurrió en un error al promediar el valor a cancelar a favor de la administrada, correspondiente a sus cesantías definitivas y demás prestaciones sociales, puesto que para tal efecto tuvo en cuenta un cargo distinto del que ocupaba cuando fue retirada del servicio, lo cierto es que tal cuestión fue corregida a través de la Resolución 1050 de 24 de noviembre de 2003 (folios 82-85), por la cual y con ocasión de la obligación de pago que le surgió respecto de quienes acreditaron ser los beneficiarios de la señora María Auxilio López Valencia (Q.E.P.D.), procedió a reliquidar tales valores de conformidad con el empleo de profesional especializado que esta desempeñó durante el último periodo laborado.

Por lo anterior, es claro que le asistió razón al a quo, al resolver desfavorablemente tal pretensión.

Resuelto lo anterior, procede la Sala a desatar la pretensión de solicitud de pago de la sanción moratoria prevista en la Ley 244 de 1995(1).

Al respecto, es necesario señalar que esta normativa en su artículo 1º dispuso lo siguiente:

“ART. 1º—Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de la liquidación de las cesantías definitivas, por parte de los servidores públicos de todos los órdenes, la entidad patronal deberá expedir la resolución correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la Ley.

“ART. 2º—La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la fecha de la cual quede en firme el acto administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas del servidor público, para cancelar esta prestación social.

“PAR.—En caso de mora en el pago de las cesantías de los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa imputable a este” (se destaca).

La indemnización moratoria, es una sanción creada con el fin de resarcir los perjuicios que le causa el empleador moroso al trabajador con el incumplimiento en el pago de la liquidación definitiva del auxilio de cesantía, dentro del término perentorio establecido por la ley.

En tal sentido, se tiene que la entidad pública obligada al pago dispone de un lapso de quince (15) días hábiles a partir de la fecha de solicitud de liquidación definitiva de cesantías, para producir el acto administrativo que ordene su liquidación, y de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de que quede en firme dicho acto, para proceder a su pago, transcurridos los cuales se causará la sanción moratoria.

En el presente asunto la señora María Auxilio López Valencia (Q.E.P.D.), laboró en la entidad demandada desde el 23 de septiembre de 1992 hasta el 20 de febrero de 2002, fecha en la cual fue retirada del servicio de manera definitiva por haberle sido concedida la pensión de invalidez.

Posteriormente, el 2 de abril de 2002 la secretaría de recurso humano de la dirección de prestaciones sociales del Departamento de Antioquia mediante Resolución 3164 resolvió liquidar y reconocer a su favor una suma de dinero por concepto de prestaciones sociales y cesantías definitivas, con base en el cargo de profesional universitario.

Inconforme con la anterior decisión, el 25 de abril de 2002 interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación (fls. 16 a 18), con el fin de que la entidad demandada procediera a reliquidar dicho reconocimiento prestacional con base en el último cargo que ocupó para el momento en que fue desvinculada del servicio, esto es el de profesional especializado.

El 4 de septiembre de 2002 presentó escrito ante la secretaría de recurso humano de la dirección de prestaciones sociales del Departamento de Antioquia, en el cual señaló lo siguiente:

1. Fui desvinculada del Departamento de Antioquia, Fábrica de Licores el 20 de febrero de 2002.

2. Mediante Resolución 3164 de 2 de abril de 2002 la dirección de prestaciones y nómina, reconoció el valor de las prestaciones sociales definitivas a mi favor, por concepto de cesantías, vacaciones y prima de vacaciones que me adeudaba.

3. Mediante escrito presentado el 25 de abril siguiente, interpuse el recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación, por cuanto consideraba entonces que el salario sobre el cual se liquidaba la prestación no era el que realmente percibía y, en prueba de ello, adjuntaba copia de las colillas de pago correspondiente a los periodos anteriores, Dicho recurso fue radicado bajo el número 1669 (adjunto copia).

4. Desde entonces han transcurrido 132 días corrientes, sin que la entidad oficial se hubiera pronunciado sobre el mismo.

5. En reciente sentencia de la sección segunda del Consejo de Estado, se dispuso, interpretando al artículo 2º de la Ley 245 de 1995, que la entidad oficial tiene 45 días hábiles para pagar la prestación, a partir de la fecha de retiro definitivo; y que transcurrido ese término deberá liquidar y pagar con sus propios recursos un día de salario por cada día de retardo, dado que no se encontraba afiliado a ninguna entidad para efectos del pago de las cesantías. En mi caso, un día de salario equivalente a $77.719,oo. Y los 45 días hábiles se cumplieron el 29 de abril de 2002. Desde entonces han transcurrido 132 días, que multiplicados por el día de salario arrojan la cantidad de $10´258.908, que deberá pagar la entidad oficial por el retardo injustificado.

En respuesta a este escrito, dicha secretaría a través de Oficio 351357 de 23 de octubre de 2002 (visto a fl. 80 del plenario), le indicó a la señora María Auxilio López Valencia (Q.E.P.D.), que no era posible resolver sobre dicho recurso, porque el término para interponerlo ya había fenecido. Así mismo, le informó que respecto de la Resolución 3164 de 2002, estaban pendientes por desatarse los recursos que había interpuesto el 25 de abril de ese año.

Hecho el anterior recuento, observa la Sala que no le asistió razón al a quo, cuando manifestó que como a la administrada no le era dable interponer por segunda vez recurso de reposición contra la Resolución 3164 de 2002, ni introducir en él, la solicitud de pago de la sanción moratoria, era claro que respecto de tal petición no se había configurado el silencio ficto negativo, porque la entidad demandada mediante el Oficio 351357 de 2002, había resuelto lo pedido en el sentido de rechazar dicho recurso.

Lo anterior, toda vez que si bien la señora María Auxilio López Valencia (Q.E.P.D.), referenció el escrito presentado el 4 de septiembre de 2002 ante la entidad demandada como: “Recurso de repocisión (sic) contra la Resolución 3164 de 02 de abril de 2002”, lo cierto es que de la lectura del mismo se desprende sin lugar a dudas que no se trató de un segundo recurso de reposición contra dicho acto, sino de la reclamación de cancelación de la sanción moratoria prevista en la Ley 244 de 1995, pues en el mismo, luego de hacer un recuento de los hechos acaecidos en la vía gubernativa, originada en torno al acto por el cual le fueron liquidados entre otros conceptos, las cesantías definitivas, concluyó señalando que como la administración había incurrido en mora en la cancelación de dicho auxilio, debía cancelarle un día de salario por cada día de retardo.

En tal sentido y como quiera que pese a la claridad de ese escrito, la administración mediante el Oficio 351357 de 23 de octubre de 2002, le manifestó que no era posible resolver sobre dicho recurso, porque el término para ello había fenecido, omitiendo pronunciarse sobre la petición de pago de la indemnización moratoria allí contenida, es evidente que sí se produjo el silencio ficto negativo.

Así las cosas, es claro que mal podía el Tribunal considerar resuelto lo solicitado por la administrada, con la expedición de dicho oficio, y menos aún señalarle a los demandantes que si lo que pretendían era la cancelación de esa sanción debían demandar su nulidad.

Ahora bien, como se advirtió en párrafos anteriores la sanción moratoria surge cuando transcurridos cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la fecha en que quede en firme el acto de liquidación definitiva de cesantías, la entidad pública obligada al pago se retrae de tal obligación.

Al respecto, se tiene que en el sub lite la entidad enjuiciada liquidó las cesantías definitivas de la señora María Auxilio a través de la Resolución 3164 de 2 de abril de 2002, decisión contra la cual el día 25 de esa data, interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación, respecto de lo cual transcurridos dos (2) meses, nunca le fue notificada decisión alguna, situación por la que se produjo el silencio administrativo negativo(2), el 25 de junio de ese año.

Lo anterior quiere decir, que como el acto por el cual se liquidó el auxilio de cesantías definitivas de la actora quedó ejecutoriado el 26 de junio de 2002, a partir de esa fecha la administración contaba con un plazo de 45 días hábiles, esto es, hasta el 2 de septiembre para proceder al pago del citado auxilio, pero como ello no ocurrió, es claro que desde el 3 de esa fecha empezó a causarse la indemnización moratoria bajo estudio.

No obstante, debe tenerse en cuenta que con ocasión del deceso de la señora María Auxilio (Q.E.P.D.) el 10 de septiembre de 2002 (fl. 32 del plenario), dicha indemnización solo se produjo hasta ese momento, es decir, por un lapso de ocho (8) días y no hasta la fecha en que el auxilio de cesantías le fue cancelado a los demandantes en su calidad de beneficiarios de la misma, esto es, 15 de marzo de 2004 (fl. 140 del expediente).

Lo anterior, habida cuenta que si bien cuando el trabajador fallece el empleador no pierde la obligación del pago de los salarios y prestaciones sociales adeudados, así como de la sanción por mora en el pago del auxilio de las cesantías, respecto de quienes acrediten tal condición, dichos conceptos solo corren hasta la fecha de la muerte del trabajador, habida cuenta que fue lo que este causó en vida.

En ese orden de ideas, la Sala revocará parcialmente la decisión recurrida y en su lugar, accederá a la solicitud de pago de la sanción moratoria contemplada en el artículo 2º de la Ley 244 de 1995, condenando al Departamento de Antioquia a cancelar a las demandantes un día de salario por cada día de retardo contabilizados desde el 2 hasta el 10 de septiembre de 2002 fecha en que ocurrió el deceso de la señora María Auxilio López Valencia (Q.E.P.D.).

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVÓCASE parcialmente la sentencia de 30 de mayo de 2012 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia — Sala de Descongestión, dentro del proceso promovido por Orlando Villa Morales y otro contra el Departamento de Antioquia, que negó las súplicas de la demanda.

En su lugar se dispone,

DECLÁRASE la nulidad del acto ficto negativo por el cual la entidad accionada le negó a la señora María Auxilio López Valencia (Q.E.P.D.), el reconocimiento y pago de la sanción moratoria prevista en el parágrafo del artículo 2º de la Ley 244 de 1995.

Como consecuencia de la declaratoria de nulidad y título de restablecimiento del derecho de ordena:

CONDÉNASE al Departamento de Antioquia a reconocer y pagar la sanción moratoria desde el 2 hasta el 10 de septiembre de 2002, fecha en que ocurrió el deceso de la señora María Auxilio López Valencia (Q.E.P.D.), de conformidad a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

ORDÉNASE el cumplimiento de la condena en los términos de los artículos 176 y 178 del C.C.A.

CONFÍRMASE en cuanto negó la solicitud de reliquidación de las cesantías definitivas y demás prestaciones a las que tenía derecho la señora María Auxilio López Valencia (Q.E.P.D.).

Téngase a la doctora Paula Escobar Escobar como apoderada del Departamento de Antioquia — Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia, de conformidad con el poder obrante a folio 170 de expediente.

Cópiese, notifíquese y ejecutoriada esta providencia devuélvase el expediente al Tribunal de origen. Cúmplase».

(1) “Por la cual se fijan los términos para el pago oportuno de cesantías para los servidores públicos, se establecen sanciones y se dictan otras disposiciones”.

(2) Código Contencioso Administrativo, Artículo 60. Transcurrido un plazo de dos (2) meses, contado a partir de la interposición de los recursos de reposición o apelación sin que se hasta notificado decisión expresa sobre ellos, se entenderá que la decisión es negativa.