Sentencia 2003-04960 de abril 29 de 2015

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN “C”

Radicación: 76001-23-31-000-2003-04960-01 (35.096)

Consejero Ponente:

Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa

Actor: Municipio de Santiago de Cali

Demandado: Unión Temporal Administración de Recursos Urbanos.

Proceso: Acción de controversias contractuales.

Asunto: Recurso de apelación.

Bogotá D.C., veintinueve de abril de dos mil quince.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones

5.1. Competencia.

La Subsección C es competente(14) para conocer el recurso de apelación interpuesto por las partes, contra la sentencia proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca de 14 de septiembre de 2007.

5.2. Sobre la excepción de cláusula compromisoria alegada por la parte demandada. Sobre la excepción de falta de competencia del Tribunal de Arbitramento por declarar nulo el contrato.

El apoderado de la Unión Temporal Administración de Recursos Urbanos sostuvo en su momento (recurso de reposición contra auto admisorio de la demanda) que la jurisdicción contenciosa administrativa no era competente para conocer del asunto, en razón de la existencia de una cláusula compromisoria pactada en el contrato de concesión 0095 de 2000.

Pese a ello, en el recurso de alzada argumentó que la jurisdicción contenciosa administrativa sí era competente para conocer del asunto, en atención a que el tribunal de arbitramento excedió sus competencias al haber declarado la nulidad del contrato y así mismo, por cuanto la demanda ante la jurisdicción contenciosa fue anterior a la demanda arbitral.

Para esta Subsección en primer lugar, no resulta satisfactoria la excepción propuesta sobre la existencia de una cláusula compromisoria, por cuanto el municipio de Santiago de Cali en su demanda ante esta jurisdicción solicitó la declaratoria de nulidad tanto de los actos administrativos como del contrato de concesión, su adición y el acta aclaratoria al contrato y en ningún caso sus pretensiones tienen contenido económico.

La cláusula vigésima primera suscrita en el contrato de concesión 0095 de 2000, estableció lo siguiente: (fl. 208, cdno. 4).

“(…) VIGÉSIMA PRIMERA: CLÁUSULA COMPROMISORIA. LaspartescontratantessometeránaladecisióndeÁrbitrosaquellasdiferenciasydiscrepanciasquesurjandentrodelacelebracióndelcontrato,suejecución,desarrollo,terminaciónoliquidaciónyquenohayanpodidosersolucionadasmedianteacuerdo,conciliaciónotransacción.Ladecisiónarbitralseráenderecho. El número de los árbitros se determinará conforme a lo establecido en el artículo 70 de la Ley 80 de 1993. La designación, requerimiento, constitución y funcionamiento del Tribunal de Arbitramento se regirá por las normas vigentes sobre la materia. Esta cláusula compromisoria implica la renuncia a hacer valer las respectivas pretensiones de los contratantes ante la jurisdicción competente, pero no impedirá que estos adelanten procesos de ejecución. Los árbitros serán nombrados por la Cámara de Comercio de Cali y fallarán en derecho (…)”.

Conforme a la lectura de dicha cláusula, las controversias que conoce la justicia arbitral se derivan de las diferencias que surjan dentro de la celebración, ejecución, terminación o liquidación el contrato. Entonces, quiere decir lo anterior, que se llevará al conocimiento de los árbitros, todas las controversias de contenido patrimonial que surjan con ocasión del contrato, incluso tiene competencia la justicia arbitral para analizar y resolver el contenido económico de los actos administrativos expedidos por una entidad que hace parte de la administración, salvo los actos determinados en el artículo 14 de la Ley 80 de 1993, estos son, los de interpretación unilateral, modificación unilateral y terminación unilateral del contrato; sometimiento a las leyes nacionales; caducidad y reversión.

Así se ha establecido no sólo por la Corte Constitucional en Sentencia C-1436 de 2000(15) sino también por esta corporación en sentencia de Sala Plena de la Sección Tercera el 18 de abril de 2013, expediente: 17859, que expuso lo siguiente:

“(…) la Sección Tercera de esta corporación, mediante sentencia del 10 de junio de 2009(16), se pronunció sobre el alcance de la Sentencia C-1436 de 2000(17), mediante la cual la Corte Constitucional examinó la exequibilidad de los artículos 70 y 71 de la Ley 80 de 1993. En aquella oportunidad, esta Sección concluyó, tal como lo hizo el juez constitucional, que losparticularesinvestidosdefuncionesjurisdiccionalestransitoriasnopuedenpronunciarsesobrelalegalidaddelosactosadministrativoscontractualesquecomportanelejerciciodecláusulasexorbitantesoexcepcionalesalderechocomúnporpartedelEstado, con clara alusión a aquéllos que consagra expresamente el artículo 14 de la Ley 80 de 1993, es decir, los de: a) interpretación unilateral del contrato, b) modificación unilateral del contrato, c) terminación unilateral del contrato, d) sometimiento a las leyes nacionales, e) caducidad y f) reversión, y concluyó también que losdemásactosadministrativoscontractuales,esdecir,aquellosquesurgendelejerciciodefacultadesdistintasaaquellasquedemaneraexpresarecogeelartículo14acabadodecitar,puedensersometidosalestudio,alexamen,alconocimientoyaladecisióndeárbitros, “en la medida en que no se encuentran cobijados por los alcances de la sentencia de la Corte Constitucional y en relación con los mismos tampoco la Constitución o la ley establecen restricción alguna”(18).

Si se observa la demanda presentada por el municipio de Santiago de Cali, el ente territorial solicitó la declaratoria de nulidad de los actos administrativos y del contrato con su adicional y acta aclaratoria. Nótese que las pretensiones no son de contenido económico sino simplemente peticiona el retiro del ordenamiento jurídico de tales actos y contrato por cuanto a su juicio, vulnera normas constitucionales, legales y reglamentarias.

Conforme con lo anterior, es importante destacar que en el presente asunto se evidencia que la parte demandante cuestionó sus actos administrativos mediante la acción de lesividad(19) (20). Esta figura, identifica a nivel doctrinal la posibilidad legal del Estado y de las demás entidades públicas de acudir ante la jurisdicción contencioso administrativa con el propósito de impugnar sus propias decisiones. En el derecho colombiano esta modalidad de instrumento impugnatorio tiene sus fundamentos no sólo en las disposiciones constitucionales que procuran la prevalencia del ordenamiento convencional, constitucional y la sujeción al principio de legalidad (arts. 2º, 4º, 6º, 121, 122, 123 inc. 2º y 209, entre otros) de la totalidad de actuaciones y decisiones de los servidores públicos, sino también en las normas adjetivas contenidas en el Código Contencioso Administrativo que habilitan a la Nación y demás entidades públicas para que comparezcan en los procesos contencioso administrativos como demandantes, caso concreto de los artículos 134, 136.7 y 151 inciso 1º del Decreto 1 de 1984(21), normas vigentes para el momento de los hechos y aplicables al caso, recientemente recogidas en los artículos 149, 151, 152 , 154 y 155 de la Ley 1437 de 2011.

La configuración de la acción de lesividad se produce en todos los casos en que la Nación o las entidades públicas acudan como demandantes ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, especialmente, cuando lo hagan con el fin de impugnar aquellos actos administrativos por ellas producidos. Las normas contenciosas indicadas constituyen un marco genérico que reconoce la posibilidad de que las instituciones públicas actúen como demandantes. La acción de lesividad encaja de manera específica dentro de esta relación normativa; se trata de una fórmula garantística del ordenamiento jurídico en manos de las entidades públicas respecto del control jurisdiccional de sus propias decisiones cuando no ha sido posible que éstas pierdan su fuerza ejecutoria por la vía administrativa no obstante estar viciadas en su convencionalidad, constitucionalidad o legalidad y que puedan causar perjuicio al patrimonio público(22), los derechos subjetivos públicos o a los derechos e intereses colectivos.

En el contexto de nuestro Código Contencioso Administrativo, la acción de lesividad adopta una doble connotación naturalística. Por una parte, la de una típica acción objetiva, cuya pretensión básica y directa es la protección del ordenamiento jurídico, cuando a través de su ejercicio la Nación o las entidades públicas buscan tan sólo obtener la nulidad de sus actos administrativos en beneficio del ordenamiento jurídico, la convencionalidad, la constitucionalidad o la legalidad.

Por otra parte, la de una acción subjetiva, individual, temporal y desistible cuando lo que se pretenda con la nulidad de sus propias decisiones sea el restablecimiento de un derecho de la correspondiente entidad pública que se encuentre amparado en una norma jurídica. Circunstancia en la que, para todos los efectos estamos en presencia de una verdadera acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

Volviendo a la excepción propuesta por la parte demandada, ésta no pudo ni es aceptada en el presente asunto, por cuanto, se insiste, la entidad lo que discute es la legalidad de los actos administrativos y del contrato, su adición y acta aclaratoria. Conforme a lo anterior, respectodelosactosadministrativos,estajurisdicciónescompetenteparaconocersobresulegalidad.

En cuanto a la declaratoria o no de la nulidad del contrato, su adición y acta aclaratoria, se confirmará la decisión de la sentencia de primera instancia, por cuanto efectivamente operó la excepción de cosa juzgada. El asunto se analizará más adelante.

Ahora bien, argumenta así mismo la parte demandada que el Tribunal de Arbitramento desbordó sus facultades constitucionales al haber declarado la nulidad del contrato de concesión.

Se advierte que ésta no es la oportunidad procesal para refutar la decisión arbitral, por cuanto ya se definió en su momento por parte de esta corporación en sentencia que resolvió el recurso de anulación propuesto por la Unión Temporal Administración de Recursos Urbanos el 3 de agosto de 2006, expediente 31354(23).

Sin embargo, y para darle claridad al demandando, reiterando los argumentos expuestos en la sentencia cuyo expediente es 31354 en donde la parte demandada era el actor en el proceso de recurso de anulación, los árbitros sí tienen competencia para declarar de oficio la nulidad de los contratos tal como lo hacen los jueces ordinarios(24), con fundamento en la premisa de que el arbitraje se rige por el principio constitucional de legalidad, contenido en diferentes normas a saber: artículo 116 de la Constitución Política; artículo 13 de la Ley 27 de 1996, artículo 111 de la ley 446 de 1998, artículo 115 del Decreto 1818 de 1998.

Por consiguiente, la autonomía de la cláusula arbitral habilita a los árbitros para pronunciarse sin limitaciones sobre la existencia y validez del contrato, de manera que cuando las partes pactan en la cláusula compromisoria todas las diferencias surgidas con ocasión del mismo, dicha competencia en virtud de la ley se extiende a su validez y, por ende, a las eventuales nulidades del negocio jurídico(25).

Por lo tanto, los tribunales de arbitramento tienen competencia para pronunciarse sobre la existencia y validez del contrato, no sólo como pretensión formulada por el demandante o excepción alegada por el demandado, sino también de manera oficiosa, conclusión a la que se llega con fundamento en las normas constitucionales y legales que invisten a los árbitros de la facultad de administrar justicia, como verdaderos jueces para el caso concreto con los mismos deberes, poderes y facultades de los jueces ordinarios(26).

5.3 Sobre la procedencia de la acción de controversias contractuales cuando se demanda actos administrativos y el contrato. Reiteración de posición(27).

La Corte Constitucional al decidir sobre la exequibilidad del artículo 32 de la Ley 446 de 1998, norma que modificó el artículo 87 del Código Contencioso Administrativo, sostuvo lo que ya era verdad sabida, que una vez celebrado el contrato la ilegalidad de los actos previos sólo se podía alegar como fundamento de la nulidad absoluta del contrato, aunque no se pronunció en ese momento sobre si en este caso se debía pedir también, ineludiblemente, la nulidad de esos actos administrativos(28).

Ulteriormente la Corte Constitucional al analizar nuevamente la exequibilidad del artículo 32 de la Ley 446 de 1998, aunque respecto de otros apartes diferentes a los examinados en la anterior oportunidad, concretamente la expresión “una vez celebrado éste, la ilegalidad de los actos previos solamente podrá invocarse como fundamento de la nulidad absoluta del contrato”, hizo suyas las argumentaciones que adujo la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado(29) al resolver sobre la apelación de un auto que rechazó una demanda:

“(…) si el contrato adjudicado se suscribe antes del vencimiento de los treinta días señalados para la caducidad de las acciones de nulidad y nulidad y restablecimiento del derecho de los actos previos, o vencido este término, quien esté legitimado para impugnarlos, sólo podrá hacerlo como fundamento de la nulidad del contrato, es decir, en ejercicio de la acción contractual y dentro del término de caducidad de dos años previsto en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo para las acciones contractuales. Lo cual significa que esa disposición favorece también a aquel proponente o interesado en impugnar cualquiera de los actos previos a la celebración del contrato y que dejó vencer el término de los 30 días fijados por la ley, háyase celebrado o no el contrato. De persistir su interés en impugnarlos podrá hacerlo a través de la acción contractual, a condición de impugnar no sólo los actos sino necesariamente el contrato, que ya para ese momento debe haberse celebrado(30) (resaltados no corresponden al texto).

Pues bien, todo lo anterior se contrae en señalar de manera irrefragable que una vez celebrado el contrato la ilegalidad de los actos previos sólo puede cuestionarse mediante la acción contractual pretendiendo no sólo la nulidad del contrato sino también la nulidad de los actos administrativos cuestionados y en cuya ilicitud se fundamenta la invalidez del contrato.

Y este entendimiento es el que permite darle una cabal y armónica comprensión al numeral 4º del artículo 44 de la Ley 80 de 1993 cuando dispone que los contratos del estado son absolutamente nulos, entre otros casos, cuando “se declaren nulos los actos administrativos en que se fundamenten”.

Conforme a lo anterior, no es de recibo el argumento expuesto por el tribunal de primera instancia que consideró que al haberse celebrado el contrato de concesión, la parte demandante a través de la acción contractual únicamente podía alegar la ilegalidad de los actos previos para sustentar su declaración de nulidad absoluta del contrato, pero no solicitar la nulidad de los mismos, por cuanto se insiste, es irracional sostener que cuando se demanda la nulidad absoluta del contrato con fundamento en que los actos previos son ilegales no es necesario solicitar la nulidad de estos, pues tal aseveración equivale a afirmar que en ese caso la nulidad del contrato se genera sin causa alguna, lo cual desde luego repugna a la lógica, toda vez que mientras no se declare la nulidad de los actos administrativos estos se presumen válidos y siguen justificando la celebración, la existencia y la validez del contrato.

Por lo tanto, le asiste la razón a la parte demandante sostener que la acción impetrada dentro del proceso era la correcta, ya que cuando se solicita la declaratoria de nulidad del contrato, también lo es que debe solicitarse la declaratoria de nulidad de los actos administrativos que fundamentan dicho contrato.

5.4. Sobre la excepción de cosa juzgada declarada por el tribunal en atención a la declaratoria de nulidad del contrato de concesión por parte del Tribunal de Arbitramento.

Para el efecto es pertinente poner en conocimiento el trámite agotado ante la justicia arbitral.

El contrato de concesión 00095 STTM de 2000 fue suscrito por las partes el 1º de noviembre de 2000 y en su cláusula vigésima pactaron la cláusula compromisoria antes transcrita(31). El contenido de dicha cláusula fue modificada mediante escrito de febrero de 2004, e introdujeron cambios respecto de la forma en que se designarían a los árbitros(32).

El municipio Santiago de Cali presentó demanda y su escrito de adición, en ejercicio de la acción de controversias contractuales el 19 de diciembre de 2003 y 16 de diciembre de 2004.

Por su parte, de acuerdo con la lectura de la copia del laudo arbitral, se pudo comprobar que la Unión Temporal Administración de Recursos Urbanos presentó demanda arbitral el 29 de diciembre de 2003(33), fecha que se pudo corroborar conforme a lo expuesto en sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, el 3 de agosto de 2006, expediente 31354 que resolvió el recurso de anulación presentado por la unión temporal(34).

Conforme a lo anterior, el municipio de Santiago de Cali presentó, antes que la unión temporal, demanda ante el contencioso administrativo y su pretensión consistió en declarar la nulidad de los actos administrativos de apertura de licitación, pliego de condiciones y adjudicación del contrato de concesión, así como la nulidad del contrato, su adición y el acta aclaratoria. Consideró que los actos y contrato demandados contrariaban normas de rango constitucional, legal y reglamentario.

Por su parte, la unión temporal presentó demanda arbitral con posterioridad, solicitando en términos generales que se declarara el incumplimiento del contrato de concesión por parte del municipio, que se condenara al pago las sumas correspondientes al desequilibrio económico; que se condenara al pago de lo que correspondía por el no pago de la participación del 10% del valor de las multas; se condenara al valor del pago por mayor permanencia de los vehículos en los patios, así como el 20% de la cláusula penal pactada en contrato de concesión; de cada uno de los rubros se solicitó el pago de los intereses moratorios y por último, solicitó la liquidación del contrato de concesión(35).

El Tribunal de Arbitramento en providencia de 31 de mayo de 2005 declaró la nulidad absoluta del contrato de concesión celebrado 0095 de 2000 por considerar la existencia de objeto ilícito.

En sede contenciosa administrativa, el tribunal de primera instancia consideró que respecto de los actos administrativos precontractuales se evidenciaba una inhibición, por cuanto debió interponerse en primera medida las acciones de nulidad o nulidad y restablecimiento del derecho y posteriormente demandar el contrato. Pero si se usaba como acción la de controversias contractuales, no podía en ella solicitarse la nulidad de los actos precontractuales.

Sobre este asunto, en el acápite 5.3 ya se definió la procedencia de la acción de controversias contractuales respecto del contrato y de los actos administrativos que sirvieron de fundamento al contrato, para así cuestionar su legalidad.

Así mismo, el tribunal de primera instancia consideró que respecto del estudio de la nulidad del contrato, procedía la cosa juzgada, por cuanto el Tribunal de Arbitramento decidió declarar la nulidad del contrato, su adición y acta aclaratoria.

Pues bien, sobre este punto le asiste la razón al tribunal de primera instancia, por cuanto se tornó inmutable y definitiva(36) la decisión arbitral respecto de la nulidad del contrato de concesión, el otro sí y el acta aclaratoria suscritos entre las partes del contrato.

La cosa juzgada predicable de una determinada providencia judicial no sólo permite que éste sea de obligatorio cumplimiento frente a las partes de la relación jurídico procesal que se traba en el proceso, sino también que se pueda exigir su cumplimiento coercitivamente y que las decisiones contenidas en ésta no puedan ser modificadas o reformadas(37) posteriormente, para de esta forma garantizar el principio de seguridad jurídica.

Por lo tanto, para que la institución de la cosa juzgada proceda, deben reunirse una serie de requisitos a saber:

a) Que se adelante un nuevo proceso posteriormente a la ejecutoria de la providencia proferida, es decir, que después de finalizado el proceso respectivo, la sentencia, o el auto aprobatorio de la conciliación o de la transacción, se encuentren debidamente ejecutoriados y contra éstos no se haya interpuesto recurso alguno.

b) Que ese nuevo hecho tenga identidad jurídica de las partes.

c) Que el nuevo proceso verse sobre un mismo objeto, y tal como lo establece López Blanco en su obra “el objeto del proceso no sólo se encuentre en las pretensiones, lo cual equivale a aceptar que igualmente debe buscarse en los hechos en que aquellas se apoyan, sino también en lo decidido en la sentencia”(38).

d) Que el nuevo proceso se haya originado por la misma causa que dio inicio al anterior, entendiéndose por causa del proceso la razón por la cual se demanda o los motivos que se tienen para pedir al órgano judicial que resuelva sus pedimentos mediante una providencia que hace tránsito a cosa juzgada(39).

Conforme a lo anterior, esta jurisdicción no puede decidir nuevamente ni pronunciarse sobre algún asunto respecto del contrato, su adición y acta aclaratoria, por cuanto, en el presente caso, existe identidad jurídica de las partes, así mismo se evidencia identidad del objeto pues, si bien en principio las pretensiones expuestas en la demanda arbitral son disímiles a aquéllas de las expuestas en la demanda presentada ante el contencioso administrativo, lo cierto es que el Tribunal de Arbitramento de oficio, en decisión de 31 de mayo de 2005, declaró la nulidad del contrato por objeto ilícito, junto con el otro sí y el acta aclaratoria.

Por lo tanto, teniendo en cuenta que la parte actora solicitó la nulidad del contrato de concesión 00095 de 2000, el otro sí y el acta aclaratoria, se abstiene esta Subsección de estudiar tales pretensiones en consideración a que existe con anterioridad a esta sentencia, un decisión de la justicia arbitral que de oficio y facultada para ello, declaró la nulidad del contrato, su adición y el acta aclaratoria.

Por lo tanto, se confirmará en este aspecto la sentencia proferida en primera instancia.

5.5. Análisis sobre la legalidad de los actos administrativos cuestionados.

Recuérdese que la parte demandante solicitó la declaratoria de nulidad de los siguientes actos administrativos: i) Resolución 187 de 24 de mayo de 2000 mediante el cual se ordenó la apertura de la licitación pública STM 001-2000; ii) Pliegos de condiciones a la licitación pública 001 de 2000 y iii) el acta de adjudicación 0292 de 6 de octubre de 2000.

Sostiene el municipio de Santiago de Cali en el capítulo de las normas violadas, lo que a continuación se transcribe:

“(…) Con el contrato STM-0095 de 2000 y el “Acta aclaratoria del contrato de concesión 0095 de 2000, suscritos por el doctor Carlos Enrique Campillo Parra, en su calidad de Secretario de Tránsito y Transporte, se violaron las siguientes normas:

De la Constitución Política: Artículo 338, 287, 315, numeral 1º y 5º, artículo 257 del Decreto 1344 de 1970, modificado por la Ley 33 de 1986, artículo 112; Ordenanza 033 de 1986; Decreto 111 de 1996, mediante la cual se compila la Ley 38 de 1989, la Ley 79 de 1994 y la Ley 225 de 1995, que forman el estatuto orgánico del presupuesto artículos 2º, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 23; Acuerdo 17 de 1996, que adopta el Estatuto Orgánico del Presupuesto del Municipio de Santiago de Cali, artículos 12, 20 y 36 (…)”. (Fl. 586, cdno. 1).

Si se observa lo reseñado en el numeral 3º de los antecedentes expuestos, todos los argumentos que estima la parte actora se encuentran dirigidos a atacar no sólo el contrato de concesión sino su acta aclaratoria, pues con dicha acta se permitió “concesionar una renta” (multa) sin la debida autorización por parte del Concejo Municipal.

En términos precisos, lo que cuestiona la entidad municipal consiste en que en el acta aclaratoria al contrato de concesión 0095 de 2000 permitió que se otorgara el 10% al concesionario sobre el 100% de valor de las multas por concepto de mal estacionamiento en vía pública. A su juicio, tal dinero no podía otorgarse al concesionario porque las normas municipales no lo permitían y porque sólo podría el particular recibir dicho dinero si existiera expresa autorización del concejo municipal.

Ahora bien, se analizará si los argumentos expuestos por la parte demandante se aplican para los actos administrativos cuestionados, toda vez que dichos actos son el sustento precontractual necesario para culminar con la celebración del contrato de concesión.

5.5.1. Respecto de la legalidad o no del acto de apertura de una licitación, es indispensable recordar la jurisprudencia de la Sección Tercera al sostener que en principio, por tratarse de un acto administrativo de trámite, no sería objeto de conocimiento por parte de la jurisdicción contenciosa administrativa (CCA, art. 49 e art. 50, inc. final). Sin embargo, en algunas ocasiones será posible su revisión, cuando contenga decisiones sobre el fondo del asunto o que pueden afectar los principios que deben regir a la actividad contractual estatal(40).

Pues bien, el acto de apertura de la licitación pública 001 de 2000 se concretó con la Resolución 187 de 24 de mayo de 2000(41). En aquel acto administrativo, el Secretario de Tránsito y Transporte con fundamento en la competencia otorgada mediante el Decreto 487 de 1999(42), y de conformidad con lo establecido en el Acuerdo 13 de 1993 por el cual se desarrolla el plan vial, de tránsito y de transporte para el municipio de Cali, así como la Ley 80 de 1993 respecto de la finalidad de los contratos de concesión, procedió a ordenar la apertura de la licitación pública cuyo objeto era la contratación por el sistema de concesión de: 1) Adecuación, señalización, demarcación, administración, operación y regulación de zonas de estacionamiento en vía pública; 2) Suministro, instalación, mantenimiento, conservación y reposición de señales aéreas tipo pasavías y banderas; 3) Administración y operación de los patios y grúas para la inmovilización de vehículos infractores a las normas de tránsito y transporte.

Así mismo, en la resolución se fijó la fecha de la apertura de la licitación y fecha de su cierre, el plazo para comprar los pliegos así como el plazo máximo para presentar las propuestas.

Por lo tanto, revisado el acto administrativo de apertura de la licitación, no se enmarca dentro de la excepción expuesta en la jurisprudencia de la corporación, por cuanto no se observa que el acto haya limitado o restringido la participación de oferentes, tampoco que se haya vulnerado el principio de selección objetiva o el de igualdad. Con fundamento en lo anterior, no se procede a declarar la nulidad de este acto administrativo.

5.5.2. En cuanto a los pliegos de condiciones(43) de la licitación pública 001 de 2000, se observa lo siguiente:

El objeto del contrato era el siguiente: 1) La adecuación, señalización, demarcación, administración, operación y regulación de zonas de estacionamiento vía pública utilizando medios electrónicos; 2) El suministro, instalación, mantenimiento, conservación y reposición de señales aéreas informativas tipo pasavías, banderas y de paral con derecho a su explotación publicitaria. 3) Administración y operación de patios y grúas para la inmovilización de vehículos infractores de las normas de tránsito y transporte. Los sitios en los cuales se ejecutarán esos proyectos serán señalados por el municipio de Santiago de Cali - Secretaría de Tránsito y Transporte(44).

En cuanto a las obligaciones a cargo del cesionario se encontraban entre ellas la colocación de cepos si fuere necesario para garantizar el pago de las tasas por estacionamiento y de las multas aplicadas en las zonas EstaR, sobre las cuales el concesionario tendrá una participación del 10%. (V.8 num. 8º pliego de condiciones(45)).

Ahora bien, obra ADENDO 1 a los pliegos de condiciones de la licitación pública 001 de 2000 de fecha 7 de julio de 2000, en donde se dio respuesta a varias comunicaciones presentadas por los interesados(46) y dentro del documento, se procedió a modificar o suprimir algunos puntos del pliego de condiciones.

Entre las modificaciones realizadas al pliego de condiciones se observa aquella sobre el 10% de las multas, es decir, se presentó una supresión de un aparte del numeral 8º del ordinal V.8 del pliego, quedando de la siguiente manera: “(…) la colocación de cepos, si fuere necesario para garantizar el pago de la tasa por parqueo, y el cobro de las multas por infracciones de tránsito aplicadas en la zonas EstaR (…)”.

Por lo tanto, se observa que en el pliego de condiciones modificado por el adendo, se suprimió el pago del 10% de las multas en beneficio del concesionario.

La parte demandante indica que se vulneraron los artículos 338(47), 287(48) y 315(49) numerales 1º y 5º de la Constitución Política porque, teniendo en cuenta que el Concejo Municipal es la corporación encargada de crear los tributos y de determinar el gasto local, las rentas por concepto de multas deben ingresar al presupuesto del municipio y si el particular percibía dicho dinero, debía ser con autorización del Concejo Municipal.

Así mismo, considera que se vulneraron los artículos 2(50), 12 a 17(51) y 23(52) del Decreto 111 de 1996, El decreto 1344 de 1970, artículo 257 y el Acuerdo 17 de 1996 artículos 12(53), 20(54) y 26(55). La parte actora en su escrito de demanda reprodujo todos los artículos que consideró vulnerados y concluyó que el concejo municipal era el único organismo que podía determinar las rentas y gastos locales, y determinaría la autorización en el evento en que un particular recibiera dineros provenientes de la renta del municipio.

Por su parte, indicó que no podía concesionarse las multas, no sólo porque no se encontraba autorizado por el Concejo Municipal, sino también porque el Acuerdo 32 de 1998 no permitió tal actividad.

Las multas en materia de presupuesto hacen parte de los ingresos corrientes como ingresos NO TRIBUTARIOS. El Decreto 111 de 1996, por el cual se conforma el estatuto orgánico del presupuesto, en su artículo 27 indicó que el presupuesto de rentas y de capital está compuesto por diferentes rubros, entre ellos, los ingresos corrientes. Estos ingresos corrientes se clasifican en tributarios y no tributarios. Los ingresos tributarios se dividen en impuestos directos e indirectos, y los ingresos no tributarios comprenden las tasas y las multas.

En el mismo sentido, el Acuerdo 17 de 1996(56) en su artículo 20, establece que las multas son ingresos no tributarios que hacen parte de los ingresos corrientes. Dichas multas son consideradas como renta, por estar dentro de los ingresos corrientes, tal como lo dispone el artículo 17 del mencionado acuerdo(57).

Pues bien, para el momento de los hechos, el Decreto 1344 de 1970(58) en su artículo 257 estableció lo siguiente:

ART. 257.—Modificado mediante la Ley 33 de 1986, así: Las asambleas departamentales, los consejos (sic) intendenciales y comisariales y el Concejo del Distrito Especial de Bogotá determinarán las participaciones que correspondan a las direcciones departamentales, intendenciales y comisariales de tránsito, a los municipios y al Distrito Especial de Bogotá por concepto de recaudo de multas, que se causen por infracciones a las que se refiere el presente código.

PAR. 1º—El recaudo por concepto de multas se destinará a planes de tránsito, educación y seguridad vial. (…)”.

Significa entonces que las multas de tránsito siendo ingresos NO TRIBUTARIOS, tienen una destinación especial por mandato expreso de la ley aplicable para el momento de la licitación. Ahora bien, de conformidad con lo expuesto en el inciso primero del artículo 257, modificado por el artículo 112 de la Ley 33 de 1986, mediante la Ordenanza 33 de 1988(59) se dispuso que

“(…). ART. PRIMERO.—La participación que corresponde al Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte del Valle (DATT) será de un sesenta por ciento (60%) y la que corresponde a los municipios del Departamento del Valle será de un cuarenta por ciento (40%) sobre el valor de las multas recaudadas en cada uno de ello, en aplicación de la Ley 33 de 1986.

ART. SEGUNDO.—La totalidad de los valores que se recauden por concepto de las multas a que se refiere la Ley 33 de 1986 se destinará a planes de tránsito, educación y seguridad vial.

Por lo tanto, las multas como ingresos no tributarios y que hacen parte de los ingresos corrientes, desde el punto de vista local, tanto el departamento como el municipio participan de dichos dineros en un porcentaje establecido en la ordenanza y dichos valores, tienen una destinación específica consistente en planes de tránsito, educación y seguridad vial.

De todo lo anterior se debe concluir lo siguiente:

Que las multas como ingresos no tributarios, no se pueden equiparar a un tributo, como lo hace ver la parte demandante en sus argumentos, no sólo porque la Carta Política no lo expresa de esa forma, sino porque desde el punto de vista presupuestal, se estableció de manera clara que, si bien las multas hacen parte de los ingresos corrientes (rentas) no provienen de un tributo sino de los ingresos no tributarios, esto es, las multas no corresponden a ingresos impuestos por el Estado de forma unilateral y obligatoria.

Por lo tanto, las multas provienen por el incumplimiento de las normas de tránsito que cometen los infractores.

Ahora bien, el Acuerdo 32 de 1998(60), que es una de las normas que la parte demandante toma para sustentar sus fundamentos de derecho y de las normas violadas, establece en el artículo 58 lo siguiente:

“(…) ART. 58.—Las zonas de estacionamiento en vía pública a que se refiere este capítulo serán adjudicadas por concesión mediante el sistema de licitación pública. La definición de estas zonas las establecerá el Alcalde Municipal o quien él delegue, en los términos del Acuerdo 1 de 1996, previo concepto favorable de la comisión del plan y tierras del concejo municipal.

PAR.—La Secretaría de Tránsito y Transporte será la responsable de la administración y supervisión de la operación de las zonas de estacionamiento en vía pública a las cuales se les aplicará la tasa por derecho de parqueo(61) mediante concesión.

Conforme a lo anterior, sostuvo la parte actora que la norma únicamente autorizó para concesionar por los recursos provenientes de la tasa por derecho de parqueo sin que se pudiesen involucrar otros recursos

En efecto, respecto de la concesión de las multas, al otorgarle una participación al concesionario del 10% sobre el 100% de lo recaudado, confrontando las normas estimadas como violadas por el acto administrativo de pliego de condiciones, se observa que si bien en dicho pliego se había establecido en el ordinal V.8 numeral 8 que el concesionario tendría la participación del 10% de las multas impuestas en los estacionamientos en las zonas públicas, esta participación se suprimió en el adendo 1, por lo que el concesionario no tendría participación alguna del valor de las multas.

Ahora bien, la modificación que se introdujo respecto de la participación en un 10% sobre el 100% de las multas, fue pactada en el acta de aclaración de fecha de 28 de noviembre de 2000, esto es, cuando estaba en ejecución del contrato, por lo tanto, mal haría la Subsección declarar la nulidad del pliego de condiciones cuando aquella mediante adendo suprimió dicha participación y fue nuevamente determinada en el acta aclaratoria, más no en el pliego que fue modificado por el adendo 1.

Por lo tanto, no se declarará la nulidad del pliego de condiciones, por cuanto no vulnera ninguno de los artículos alegados por la parte demandante, contrario a ello, estaba ajustado a las normas municipales que para el efecto estaba regulando la materia.

5.5.3. En cuanto al acto de adjudicación. Obra dentro del plenario copia del acto de adjudicación del contrato de concesión a la Unión temporal Administración de Recurso Urbanos (Res. 292, oct. 6/99)(62).

En dicho acto administrativo se resolvieron las observaciones hechas por los proponentes u oferentes respecto de las propuestas presentadas por éstos, y revisando minuciosamente tales observaciones como las respuestas dadas por el municipio de Santiago de Cali - Secretaría de Tránsito y Transporte, no se evidencia alguna que tenga que ver con el porcentaje de participación del concesionario sobre las multas, por la sencilla razón que esta forma de contraprestación quedó abolida con el adendo que modificó el propio pliego de condiciones.

Por tal motivo no procede la declaratoria de nulidad del acto administrativo de adjudicación.

Al analizar toda la demanda y el proceso que se desarrolló, observa la Subsección que todos los argumentos estaban dirigidos a atacar el contrato junto con el otro sí y el acta aclaratoria, por cuanto fue allí donde se observó el pacto de contraprestación del 10% sobre el 100% de las multas correspondientes al mal estacionamiento en las vías EstaR.

Por lo tanto, no puede declararse nulidad alguna de los actos administrativos porque no se evidencia ilegalidad ni contrariedad con las normas invocadas, se reitera, porque lo alegado por el municipio de Cali (participación del 10% sobre el 100% de las multas) se evidenció fue en el acta aclaratoria del contrato de modificación y no puede existir pronunciamiento alguno en esta jurisdicción por la existencia de la cosa juzgada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera - Subsección “C”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. MODIFICAR parcialmente la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca el 14 de septiembre de 2007 y en su lugar se resolverá lo siguiente:

PRIMERO: DECLÁRESE DE FORMA OFICIOSA LA EXCEPCIÓN DE COSA JUZGADA por las razones expuestas.

SEGUNDO: NO DECLARAR LA NULIDAD de los siguientes actos administrativos: i) Resolución 0187 del 24 de mayo de 2000 mediante la cual se abrió la licitación pública 001-2000; ii) Pliegos de condiciones de la licitación pública 001-2000; y iii) Resolución 292 de 6 de octubre de 2000 mediante el cual se adjudicó el contrato de concesión a la unión temporal administración de recursos urbanos, por las razones expuestas en la presente providencia.

2. DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

14 La competencia para el efecto se encuentra determinada en el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo, y el artículo 1º del Acuerdo 55 de 2003 proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado.

15 “(…) cuando la materia sujeta a decisión de los árbitros, se refiera exclusivamente a discusiones de carácter patrimonial que tengan como causa un acto administrativo, éstos podrán pronunciarse, como jueces de carácter transitorio. Más, en ningún caso la investidura de árbitros les otorga competencia para fallar sobre la legalidad de actos administrativos como los que declaran la caducidad de un contrato estatal, o su terminación unilateral, su modificación unilateral o la interpretación unilateral, pues, en todas estas hipótesis, el Estado actúa en ejercicio de una función pública, en defensa del interés general que, por ser de orden público, no pude ser objeto de disponibilidad sino que, en caso de controversia, ella ha de ser definida por la jurisdicción contencioso administrativa, que, como se sabe, es el juez natural de la legalidad de los actos de la administración, conforme a lo dispuesto por los artículos 236, 237 y 238 de la Carta Política. Tal es la orientación, entre otras, de las sentencias de 15 de marzo de 1992 y 17 de junio de 1997, proferidas por la Sección Tercera del Consejo de Estado.

16 Expediente 36252.

17 M.P. Alfredo Beltrán Sierra.

18 Este planteamiento ha sido reiterado en decisiones anteriores de esta corporación como por ejemplo en sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera 10 de junio de 2009, expediente 36.252 y más recientemente en sentencia de la Subsección B 8 de noviembre de 2012, expediente 36709.

19 Reiteración de sentencia proferida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C de 9 de julio de 2014, expediente: 47830

20 Eduardo García de Enterría. “La configuración del recurso de lesividad”, Revista de Administración Pública, Nº 15, septiembre-diciembre de 1954, Madrid, Instituto de Estudios Políticos, págs. 115 y 118 a 147. En este interesante estudio se aborda la evolución histórica de la lesividad, que por lo demás es propia del derecho español. Específicamente se analizan las raíces del concepto de hacienda pública, donde se recibió como un remedio judicial para impugnar actos en firme del propio demandante. Ahora bien, en su concepción inicial la lesividad no se vinculó a un juicio de legalidad de los actos de la administración sino a perjuicios o lesiones que la hacienda pública pudiera sufrir con ocasión de la vigencia de una decisión administrativa: “El concepto de lesión, como el más vulgar de los ‘perjuicios’, tiene un perfil exacto en el derecho y se refiere concretamente no a un supuesto de invalidez objetiva de un acto por infracción formal de las normas sino, por el contrario, a un acto perfectamente válido pero que, sin embargo, implica la consecuencia de un perjuicio económico para una de las partes [...] no se está contemplando el caso ordinario de la nulidad o anulabilidad de los actos administrativos, sino específicamente el de desmanes administrativos de liquidación de créditos que, siendo perfectamente válidos, han producido, sin embargo, una lesión económica en contra de la hacienda”. El fundamento de esta primaria concepción de la institución, según García de Enterría, se produjo a partir del denominado privilegium fisci o especie de presunción de minoridad de la hacienda que llevaba al reconocimiento de la in integrum restitutio o acción rescisoria por lesión de la hacienda. En esta perspectiva, a la lesividad inicialmente se le concibió, no como una acción de nulidad, sino como el antiguo beneficio de la causa de rescisión por causa de lesión. Modernamente la institución se ha transformado sustancialmente pasando a convertirse en un mecanismo de control de la legalidad, esto es, se presenta una evidente “Involucración de los motivos de nulidad en los motivos de lesión como fundamento del recurso”. Sobre el alcance doctrinal de esta acción, cfr. Aurilivi Linares Martínez. “El proceso de lesividad: ¿una vía contencioso administrativa en manos de la administración?”, en Libro Homenaje al profesor Allan R. Brewer-Carías, t. ii, Madrid, Thomson y Edit. Civitas, 2003, págs. 2233 y ss.; Jesús González Pérez. “El proceso de lesividad”, en rap, Nº 25, Madrid; Roberto Dromi. “Acción de lesividad”, rap, Nº 88, Madrid.

21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Sentencia del 26 de marzo de 1999, expediente: 9244: “De conformidad con el artículo 149 cca vigente a la fecha de la presentación de la demanda, las entidades públicas pueden obrar como demandantes, demandadas o intervinientes en los procesos contencioso administrativos, y pueden incoar todas las acciones previstas en el Código Contencioso Administrativo cuando las circunstancias lo ameritan. Así mismo, el artículo 136 ibídem, vigente por la época en mención, preveía en su inciso 2º que la acción de nulidad y restablecimiento del derecho caduca al cabo de 2 años si el demandante es una entidad pública. Las normas en mención ponen de presente la legitimación que tiene una entidad pública para demandar sus propios actos, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 cca, pues no es cierto que la única persona que se puede creer lesionada en su derecho es el particular destinatario del acto, dado que puede suceder que la administración encuentre que su propio acto resulta lesivo a sus intereses amparados jurídicamente, motivo por el cual, a voces del artículo en mención, puede pedir la nulidad de su propio acto administrativo y el restablecimiento del derecho conculcado con el mismo”.

22 Ídem: “La acción ejercida por la entidad de derecho público en defensa de sus propios intereses, conocida en la doctrina como acción de lesividad, procede cuando la administración expide un acto administrativo que le resulta perjudicial en razón de que contraviene el orden jurídico superior, y sin embargo no puede revocarlo directamente debido a que no se reúnen los requisitos para hacerle cesar sus efectos mediante el mecanismo de la revocatoria directa, ya porque no es viable obtener el consentimiento del particular, ya porque no se da alguna de las condiciones previstas para que proceda la revocatoria según los artículos 69 a 73 cca, tal como de tiempo atrás lo ha precisado la Sala. En consecuencia, y si bien la administración tiene la facultad de dejar sin efectos sus propios actos administrativos, a través de la revocatoria directa de los mismos, sólo lo puede hacer en los casos expresamente previstos en el artículo 69 cca, y cuando se ha creado o modificado una situación jurídica particular y concreta o se ha reconocido un derecho de igual categoría, si tiene el consentimiento expreso y escrito del titular, tal como lo prescribe el artículo 73 ibídem, lo que pone de presente que no siempre es viable el mecanismo de la revocatoria directa, y que en casos en que tal viabilidad no resulte, se hace necesario acudir ante la jurisdicción a fin de que sean los jueces de lo contencioso administrativo los que ordenen que el acto administrativo lesivo a los intereses jurídicamente tutelados de la autoridad que lo expidió desaparezca del mundo jurídico”.

23 En http://www.consejodeestado.gov.co/actuaciones.asp?mindice=200500047.

24 En este sentido, ver, entre otras: sentencias del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, 4 de abril de 2002, expediente: 20356, Auto de 14 de agosto de 2003, expediente: 24344; Sentencia de 25 de noviembre de 2004, expediente 25560, Sentencia de 3 de agosto de 2006, expediente 31354.

25 Sentencia Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, 3 de agosto de 2006, expediente: 31354. “De acuerdo con estas normas, el juez arbitral en materia de estudio sobre la validez del contrato no está limitado a que el punto le haya sido asignado expresamente o propuesto en las pretensiones o en las excepciones formuladas por las partes, dado que el ordenamiento jurídico le otorga los poderes oficiosos necesarios para el efecto, como son los establecidos en los artículos 305 y 306 del Código de Procedimiento Civil, el inciso 3º del artículo 87 del Código Contencioso Administrativo (modificado por la L. 446/98, art. 32); el artículo 45 de la Ley 80 de 1993, y el artículo 1742 del Código Civil subrogado por el artículo 2º de la Ley 50 de 1936”.

26 Cfr. CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-431 de 28 de septiembre de 1995. “Los árbitros obran en forma similar a cualquier juez…”.

27 Reiteración de la sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera 15 de febrero de 2012, expediente: 19880.

28 De esta manera, la Corte entiende que actualmente los terceros pueden demandar la nulidad de los actos previos al contrato, a través de las acciones de nulidad y nulidad y restablecimiento del derecho, dentro del término de caducidad de 30 días siguientes a su comunicación, notificación o publicación. Pero una vez expirado este término o suscrito el contrato, desaparece la posibilidad de incoar tales acciones respecto de esta categoría de actos previos. A partir de ese momento, los referidos actos previos sólo podrán ser impugnados a través de la acción de nulidad absoluta, la cual puede ser incoada, entre otras personas, por los terceros con interés directo —interés que ha sido reconocido por la jurisprudencia del h. Consejo de Estado como existente en cabeza de los licitantes o proponentes—. En este caso, la ilegalidad de los actos previos se puede alegar como fundamento de la nulidad absoluta del contrato. Corte Constitucional C-1048 de 2001.

29 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, auto del 13 de diciembre de 2001, expediente 19777.

30 Corte Constitucional, Sentencia C-712 de 2005.

31 Folios 163 a 174, cuaderno 1 y 199 as 2010, cuaderno 4.

32 Folio 197, cuaderno 4.

33 Folio 17, cuaderno 2.

34 En http://www.consejodeestado.gov.co/actuaciones.asp?mindice=200500047.

35 A esto se llega de la lectura del laudo arbitral en el capítulo de la demanda y pretensiones (fls. 12 a 64, cdno. 2).

36 DEVIS ECHANDÍA, Hernando. COMPENDIO DE DERECHO PROCESAL. Teoría General del Proceso. Tomo I. Decimocuarta edición. Editorial A.B.C. Año 1996. Páginas 506 y siguientes. Para este autor, existen unos elementos que delimitan la cosa juzgada, a saber: i) identidad de la cosa y objeto; identidad de la causa petendi (elementos objetivos); ii) identidad de las partes (elemento subjetivo).

37 LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Instituciones de derecho procesal civil colombiano. Tomo I. Parte General, séptima edición, 2007 Editorial Dupré Editores Ltda. Pág. 191.

38 Ibídem, página 601.

39 Ibídem, página 601.

40 Ver por ejemplo sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera de 26 de abril de 2006, expediente: 15188; Auto de 6 de agosto de 1997, expediente 13495. Así mismo, puede consultarse sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo de 26 de marzo de 2008, expediente 14189.

41 Folios 60 y 61, cuaderno 1 y folios 69 y 70, cuaderno 4.

42 Por medio del cual se desconcentra la realización de licitaciones y concursos, se delega la competencia para la celebración de contratos. En el artículo primero se ordenó la desconcentración de los procedimientos de las licitaciones entre otros, a los secretarios de direcciones adscritas al despacho del alcalde. Por lo tanto se concedió la facultad de celebrar sin limitación alguna y sin especificación de cuantía, los contratos que necesarios para el cumplimiento de las funciones de cada dependencia de acuerdo con el Plan de Desarrollo Económico y social y con el acuerdo anual de presupuesto (art. 2º). La delegación incluye la adjudicación, celebración, liquidación, terminación, modificación, adición, prorroga y demás actos inherentes a la actividad contractual (art. 3º) (fls. 54 a 59, cdno. 1 y fls. 63 a 68, cdno. 4).

43 Folios 179 a 583, cuaderno 1.

44 Folio 184, cuaderno 1.

45 Folios. 223 y 224, cuaderno 1.

46 Folios 242 a 354, cuaderno 1.

47 ART. 338.—En tiempo de paz, solamente el Congreso, las asambleas departamentales y los concejos distritales y municipales podrán imponer contribuciones fiscales o parafiscales. La ley, las ordenanzas y los acuerdos deben fijar, directamente, los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables, y las tarifas de los impuestos.

La ley, las ordenanzas y los acuerdos pueden permitir que las autoridades fijen la tarifa de las tasas y contribuciones que cobren a los contribuyentes, como recuperación de los costos de los servicios que les presten o participación en los beneficios que les proporcionen; pero el sistema y el método para definir tales costos y beneficios, y la forma de hacer su reparto, deben ser fijados por la ley, las ordenanzas o los acuerdos.

Las leyes, ordenanzas o acuerdos que regulen contribuciones en las que la base sea el resultado de hechos ocurridos durante un período determinado, no pueden aplicarse sino a partir del período que comience después de iniciar la vigencia de la respectiva ley, ordenanza o acuerdo.

48 ART. 287.—Las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, y dentro de los límites de la Constitución y la ley. En tal virtud tendrán los siguientes derechos:

1. Gobernarse por autoridades propias.

2. Ejercer las competencias que les correspondan.

3. Administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.

4. Participar en las rentas nacionales.

49 ART. 315.—Son atribuciones del alcalde:

1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ley, los decretos del gobierno, las ordenanzas, y los acuerdos del concejo.

(…) 5. Presentar oportunamente al Concejo los proyectos de acuerdo sobre planes y programas de desarrollo económico y social, obras públicas, presupuesto anual de rentas y gastos y los demás que estime convenientes para la buena marcha del municipio.

50 ART. 2º—Esta ley orgánica del presupuesto, su reglamento, las disposiciones legales que ésta expresamente autorice, además de lo señalado en la Constitución, serán las únicas que podrán regular la programación, elaboración, presentación, aprobación, modificación y ejecución del presupuesto, así como la capacidad de contratación y la definición del gasto público social. En consecuencia, todos los aspectos atinentes a estas áreas en otras legislaciones quedan derogados y los que se dicten no tendrán ningún efecto (L. 179/94, art. 64).

51 Artículo 12 a 17. Principios del sistema presupuestal: planificación, la anualidad, la universalidad, la unidad de caja, la programación integral, la especialización, la inembargabilidad, la coherencia macroeconómica y la homeóstasis.

52 ART. 23.—La dirección general del presupuesto nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público podrá autorizar la asunción de obligaciones, que afecten presupuestos de vigencias futuras, cuando su ejecución se inicie con presupuesto de la vigencia en curso y el objeto del compromiso se lleve a cabo en cada una de ellas.

Cuando se trate de proyectos de inversión nacional deberá obtenerse el concepto previo y favorable del Departamento Nacional de Planeación.
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, dirección general del presupuesto nacional, incluirá en los proyectos de presupuesto las asignaciones necesarias para darle cumplimiento a lo dispuesto en este artículo.

Las entidades territoriales podrán adquirir esta clase de compromisos con la autorización previa del concejo municipal, asamblea departamental y los consejos territoriales indígenas, o quien haga sus veces, siempre que estén consignados en el plan de desarrollo respectivo y que sumados todos los compromisos que se pretendan adquirir por esta modalidad, no excedan su capacidad de endeudamiento.

Esta disposición se aplicará a las empresas industriales y comerciales del Estado y sociedades de economía mixta con el régimen de aquéllas. El gobierno reglamentará la materia.

El gobierno presentará en el proyecto de presupuesto anual, un articulado sobre la asunción de compromisos para vigencias futuras (L. 179/94, art. 9º).

53 Corresponde a los principios del sistema presupuestal.

54 Clasificación del os ingresos corrientes.

55 Gasto público.

56 Por el cual se adopta el Estatuto Orgánico del presupuesto del municipio de Cali (fls. 2 a 31, cdno. 1 y fls. 32 a 61, cdno. 4).

57 ART. 17.—El presupuesto general del municipio se compone de las siguientes partes: RENTAS: Contendrá la estimación de los ingresos corriente (acá se incluyen los tributarios y no tributarios y entre éstos últimos las multas), los recursos de capital y los ingresos de los establecimientos públicos del orden municipal que se espera recaudar durante el año fiscal.

58 Por el cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre.

59 Folio 7, cuaderno 2 y folio 62, cuaderno 4.

60 Mediante el cual se racionaliza el sistema tributario municipal, se restablece el equilibrio presupuestal y se dictan otras disposiciones (fls. 32 a 52, cdno. 1 y 1 a 21, cdno. 4).

61 El artículo 55 Fijó como tarifa de los derechos de la Secretaría de Tránsito y Transporte lo siguiente: tasa por derecho de parqueo en vía pública por hora o fracción mayor a treinta (30) minutos ¾ S.M.L.H.

62 Folios 62 a 162, cuaderno 1 y 230 a 329, cuaderno 4.