Sentencia 2003-07687 de julio 6 de 2011

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN “A”

Ref. 250002325000200307687 01

Nº interno: 1774-09

Consejero Ponente:

Dr. Alfonso Vargas Rincón

Actor: Rodrigo Avalos Ospina

Autoridades Nacionales

Bogotá, D.C, seis julio de dos mil once.

EXTRACTOS: « Considera

El problema jurídico se contrae a establecer la legalidad del Acuerdo 1795 de 14 de mayo de 2003 expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, por el cual se redefinen las medidas de descongestión adoptadas mediante el Acuerdo 1738 de 2003, en cuanto suprimió el cargo de magistrado de la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial que venía desempeñando el actor.

Argumenta la parte demandante que el acto demandado está afectado por expedición irregular, falta de competencia y desviación de poder.

Para efecto de decidir se tiene lo siguiente:

De la competencia del Consejo Superior de la Judicatura.

En relación con las funciones del Consejo Superior de la Judicatura, el artículo 257 de la Constitución Política dispone:

“Con sujeción a la ley, el Consejo Superior de la Judicatura cumplirá las siguientes funciones:

(...).

2. Crear, suprimir, fusionar y trasladar cargos en la administración de justicia. En ejercicio de esta atribución, el Consejo Superior de la Judicatura no podrá establecer a cargo del tesoro obligaciones que excedan el monto global fijado para el respectivo servicio en la ley de apropiaciones iniciales.

3. Dictar los reglamentos necesarios para el eficaz funcionamiento de la administración de justicia, los relacionados con la organización y funciones internas asignadas a los distintos cargos y la regulación de los trámites judiciales y administrativos que se adelanten en los despachos judiciales, en los aspectos no previstos por el legislador.

(...)”.

Por su parte la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de justicia, prevé:

“ART. 85.—Funciones administrativas. Corresponde a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura:

(...).

9. Determinar la estructura y las plantas de personal de las corporaciones y juzgados. Para tal efecto podrá crear, suprimir, fusionar y trasladar cargos en la rama judicial, determinar sus funciones y señalar los requisitos para su desempeño que no hayan sido fijados por la ley.

En ejercicio de esta atribución el Consejo no podrá establecer a cargo del tesoro obligaciones que excedan el monto global fijado para el respectivo servicio en la ley de apropiaciones iniciales. (...)” Se resalta.

La Ley 270 de 1996 dispone en el artículo 75 que la administración de la rama judicial corresponde a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, así como el ejercicio de la función disciplinaria.

Para el ejercicio de la función administrativa le han sido otorgadas precisas funciones, de las cuales se resaltan las relevantes al particular:

ART. 85.—Funciones administrativas. Corresponde a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura:

(...).

5. Crear, ubicar, redistribuir, fusionar, trasladar, transformar y suprimir tribunales, las salas de estos y los Juzgados, cuando así se requiera para la más rápida y eficaz administración de justicia, así como crear salas desconcentradas en ciudades diferentes de las sedes de los distritos judiciales, de acuerdo con las necesidades de estos.

9. Determinar la estructura y las plantas de personal de las corporaciones y juzgados. Para tal efecto podrá crear, suprimir, fusionar y trasladar cargos en la rama judicial, determinar sus funciones y señalar los requisitos para su desempeño que no hayan sido fijados por la ley.

En ejercicio de esta atribución el consejo no podrá establecer a cargo del tesoro obligaciones que excedan el monto global fijado para el respectivo servicio en la ley de apropiaciones iniciales.

(...).

11. Elaborar y presentar a la Corte Suprema de Justicia y al Consejo de Estado listas para la designación de magistrados de los respectivos tribunales, de conformidad con las normas sobre carrera judicial.

12. Dictar los reglamentos relacionados con la organización y funciones internas asignadas a los distintos cargos.

13. Regular los trámites judiciales y administrativos que se adelanten en los despachos judiciales, en los aspectos no previstos por el legislador.

14. Cuando lo estime conveniente, establecer servicios administrativos comunes a los diferentes despachos judiciales.

(...).

17. Administrar la carrera judicial de acuerdo con las normas constitucionales y la presente ley.

(...).

19. Establecer indicadores de gestión de los despachos judiciales e índices de rendimiento, lo mismo que indicadores de desempeño para los funcionarios y empleados judiciales con fundamento en los cuales se realice su control y evaluación correspondientes.

El consejo adoptará como mínimo los siguientes indicadores básicos de gestión: congestión, retraso, productividad y eficacia.

(...).

22. Reglamentar la carrera judicial.

(...).

28. Llevar el control del rendimiento y gestión institucional de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y de la Fiscalía General de la Nación. Para tal efecto, practicará visitas generales a estas corporaciones y dependencias, por lo menos una vez al año, con el fin de establecer el estado en que se encuentra el despacho de los asuntos a su cargo y procurar las soluciones a los casos de congestión que se presenten.

PAR.—La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura podrá delegar en sus distintos órganos administrativos el ejercicio de sus funciones administrativas.

PAR. TRANS.—La designación del director de la escuela judicial se efectuará a partir de cuando la misma haga parte del Consejo Superior de la Judicatura .

En relación con las medidas de descongestión señala el artículo 63 de la misma normatividad(1) lo siguiente:

ART. 63.—Descongestión. La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, en caso de congestión de los despachos judiciales, podrá regular la forma como las corporaciones pueden redistribuir los asuntos que tengan para fallo entre los tribunales y despachos judiciales que se encuentren al día; seleccionar los procesos cuyas pruebas, incluso inspecciones, puedan ser practicadas mediante comisión conferida por el Juez de conocimiento, y determinar los jueces que deban trasladarse fuera del lugar de su sede para instruir y practicar pruebas en procesos que estén conociendo otros jueces .

De acuerdo con las normas transcritas, es claro que corresponde al Consejo Superior de la Judicatura, a través de su Sala Administrativa, la determinación de las plantas de personal de los distintos despachos judiciales, para lo cual tiene la posibilidad de crear, suprimir y trasladar cargos en la rama judicial y determinar sus funciones.

Asimismo la Sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura como Corporación encargada de la administración de la rama judicial, tiene la facultad de adoptar una serie de medidas de carácter temporal o transitorio cuando se presente congestión en los despachos judiciales del país, como por ejemplo, la de redistribuir los asuntos entre los despachos que se encuentren al día y crear cargos de jueces o magistrados, entre otras.

En ejercicio de tales facultades, mediante Acuerdo 1738 de 19 de febrero de 2003, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura adoptó medidas tendientes a descongestionar las Salas Laborales de los Tribunales superiores de los distritos judiciales de Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Buga, Pasto y Bogotá, en el cual dispuso:

“ART. 1º—Crear, por el término de seis (6) meses, en el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, una Sala Laboral de Descongestión conformada por diez (10) magistrados.

La Sala Laboral de Descongestión se dividirá en Salas de Decisión alfabéticas, compuestas por tres (3) Magistrados, de conformidad con las previsiones del Acuerdo 108 de 1997.

(...).

ART. 3º—La elección, en provisionalidad, de los magistrados de la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá la efectuará la Corte Suprema de Justicia, del Registro Nacional de elegibles para el cargo de Magistrado de Sala Laboral de Tribunal Superior de Distrito Judicial.

(...).

ART. 5º—La Sala Laboral de Descongestión conocerá de los recursos de apelación interpuesto y del grado jurisdiccional de consulta que en el momento de entrar a regir el presente acuerdo estén pendientes de solución en los procesos incoados contra la Empresa Puertos de Colombia, “Colpuertos”, o el Fondo de Pasivo Social de la Empresa Puertos de Colombia “Foncolpuertos”, que se encuentren en las salas laborales de los tribunales superiores de los distritos judiciales de Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Buga, Pasto y Bogotá.

Igualmente, conocerá de los recursos de apelación interpuestos y que se interpongan, así como del grado jurisdiccional de consulta al tenor de los (sic) dispuesto en el artículo 69 del Código de Procedimiento Laboral, en todos los procesos ordinarios y ejecutivos que se adelanten contra Colpuertos o Foncolpuertos y de que conozcan o hayan conocido en primera instancia los Juzgados Laborales de los Circuitos Judiciales de Barranquilla, Cartagena Santa Marta, Buen Aventura, Tumaco y Bogotá, o de cualquier otro juzgado del territorio nacional y que aún no se encuentren repartidos en las salas laborales de los tribunales de que trata el inciso anterior”.

El 14 de mayo de 2003 a través del Acuerdo 1795 la misma Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura redefinió las medidas de descongestión adoptadas mediante el acuerdo parcialmente trascrito, y dispuso que los procesos que se adelantaban contra Colpuertos o Foncolpuertos provenientes de los juzgados de Barranquilla, Bogotá, Buga, Cartagena y Santa Marta en los que debió surtirse el recurso de apelación o el grado de consulta serían redistribuidos por los presidentes de los Tribunales correspondientes, atendiendo para el efecto las normas generales establecidas en los numerales 1º, 2º, 3º y 4º del mismo artículo.

Una vez surtido el reparto, los magistrados de las salas laborales y mixtas, debían fallar los procesos del programa de descongestión sin suspender el trámite de los demás negocios a su cargo (art. 5), y además debían presentar un informe mensual de su gestión a las salas administrativas de los consejos seccionales de la judicatura de su respectivo distrito (art. 7), con el fin de ser tenido en cuenta para la evaluación de resultados.

Dicho programa de descongestión tendría una vigencia de 8 meses, sin perjuicio de su prórroga o de la redefinición de medidas.

A folios 36 y 37 oficio suscrito por el director de la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico del consejo Superior de la Judicatura en el que indica lo siguiente:

“la unidad a mi cargo adelantó un estudio de cargas de las salas laborales de los tribunales superiores de todo el país, encontrando que existían salas laborales y mixtas con cargas tan bajas, que no resultaba pertinente proceder a la efectiva te creación de una nueva Sala de Descongestión, cuando se contaba con la facultad de redistribución de procesos contemplada en el artículo 63 de la ley estatutaria de administración de justicia”.

A folios 38 y siguientes, se allegaron las estadísticas relativas a la carga de expedientes de los tribunales superiores del país, así como la manera en que se surtiría la redistribución de los negocios.

Igualmente a folio 160 se encuentra el Oficio UDAEOF05-762 de 26 de septiembre de 2005 en el cual se exponen las razones tenidas en cuenta para derogar el Acuerdo 1738 de 2003, concretamente la necesidad de redefinir la medida en consideración a que todos los esfuerzos de descongestión se habían centrado en la jurisdicción laboral sin prever que posteriormente se iba a presentar congestión en los despachos penales por los procesos relacionados con los delitos también asociados al proceso de liquidación de la Empresa Puertos de Colombia y del Fondo Pasivo Social de la misma empresa, situación que generaría el represamiento de los demás procesos que cursaban en los mismos despachos.

Dado que los recursos presupuestales se habían concentrado en la creación de la Sala Laboral de Descongestión, no era posible atender económicamente la congestión en lo penal. Por tal motivo, fue necesario redefinir la medida adoptada y fue así como se expidió el Acuerdo 1795 de 2003 implementando la redistribución de negocios entre los tribunales superiores con menor carga laboral, la cual permitiría superar la congestión sin causar una mayor destinación presupuestal.

Se concluye de lo anterior que el Consejo Superior de la Judicatura actuó dentro del marco de las competencias que constitucional y legalmente le han sido conferidas en relación con la adopción de medidas para superar la congestión que los procesos contra Colpuertos y Foncolpuertos implicaban para la administración de justicia, pues de una parte tiene aquella corporación la posibilidad de adoptar medidas para superar los casos de congestión judicial y de otra puede crear y suprimir cargos cuando la administración de justicia lo demande.

No es admisible el argumento según el cual el Consejo Superior de la Judicatura se atribuyó una competencia que no le correspondía, teniendo en cuenta que su nombramiento lo hizo la Corte Suprema de Justicia, que es la autoridad nominadora de acuerdo con el artículo 131 de la Ley 270 de 1996, pues como ya se vio, la creación y supresión de los cargos de la rama judicial corresponde a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

En esas condiciones no se demostró que el acto demandado haya sido expedido sin competencia, motivo por el cual el cargo no prospera.

De la expedición irregular

A juicio de la parte actora el Acuerdo 1795 de 2003 no atendió lo dispuesto por la Ley 443 de 1998 y sus decretos reglamentarios especialmente el Decreto 1572 del mismo año, en relación con la necesidad de elaborar un estudio técnico que justifique la supresión de cargos.

Respecto de la aplicación del la Ley 443 y sus decretos reglamentarios para la supresión de cargos en la rama judicial, es necesario tener presente que en los términos del artículo 3º ibídem, dicha normatividad no le es aplicable pues el estatuto aplicable es el contenido en la Ley 270 de 1996, motivo por el cual no le asiste razón al demandante por este aspecto.

Ahora bien, es importante precisar que si bien al tenor de lo señalado por el artículo 158 de la Ley 270 de 1996 el cargo de tribunal superior es de carrera, lo cierto es que en este caso nos encontramos ante un empleo creado de manera transitoria como una medida de descongestión, al cual el señor Rodrigo Ávalos Ospina no ingresó luego de superar las etapas de un concurso de méritos, motivo por el cual no puede predicarse la violación de derechos de carrera del actor.

En esas condiciones, el cargo formulado por la parte actora no está llamado a prosperar, y en consecuencia se confirmará la sentencia del Tribunal Administrativo del Cundinamarca, que negó las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda, Subsección “A” administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, proferida el 26 de marzo de 2009, por la cual negó las pretensiones de la demanda.

Cópiese, notifíquese y ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

Discutida y aprobada en sesión celebrada en la fecha».

(1) Posteriormente fue modificada por la Ley 1285 de 2009.