Sentencia 2003-09199 de agosto 22 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

Ref.: Expediente 25000232500020030919901 (187107)

Consejero Ponente:

Dr. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren

Actor: Angelina Vélez de Araujo C/ Fondo de Previsión Social del Congreso de la República —Fonprecon—.

Autoridades nacionales —FALLO—.

Bogotá, D.C., veintidós de agosto de dos mil trece.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la parte actora, contra la sentencia de 28 de junio de 2007 proferida por la Sección Segunda, Subsección B del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, desestimatoria de las súplicas de la demanda, instaurada por la señora Angelina Vélez de Araujo, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos administrativos expedidos por el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República —Fonprecon—, mediante los cuales, en su calidad de cónyuge supérstite, le fue negado el reconocimiento de la pensión de jubilación que dejó causada el señor Alfredo Araujo Grau.

Antecedentes

En ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho la señora Angelina Vélez de Araujo, en su condición de beneficiaria sobreviviente, presentó demanda ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca para obtener la nulidad de la Resolución 766 de 22 de mayo de 2003, que negó el reconocimiento de la pensión de jubilación a su cónyuge el señor Alfredo Araujo Grau y de la Resolución 1188 de 24 de septiembre de 2003, que vía recurso de reposición confirmó la anterior decisión; ambas expedidas por la dirección general del Fondo de Previsión Social del Congreso de la Republica.

A título de restablecimiento del derecho solicitó que se ordene al fondo demandado “reliquidar” la pensión de jubilación del causante reconocida por Cajanal, en los términos de los artículos 6º y 7º del Decreto 1359 de 1993 y 2º y 3º del Decreto 1293 de 1994, con el 75% del ingreso mensual que durante el último año y por todo concepto reciba un congresista desde el momento de la sentencia y hasta la extinción del derecho a la pensión. Además, que se condene al demandado a cancelar el valor de los reajustes a que ha tenido derecho desde el momento en que el causante adquirió el derecho a la “reliquidación”, es decir, desde la vigencia de los decretos 1359 de 1993 y 1293 de 1994 y hasta que se reconozca el mismo y se inicie el pago de las mesadas con retroactividad ajustadas de conformidad con el IPC certificado por el DANE al momento del pago.

Relató la actora en el acápite de hechos, que mediante la Resolución 302 de 14 de febrero de 1969, Cajanal concedió la pensión vitalicia de jubilación a su cónyuge el señor Alfredo Araujo Grau, que luego fue reliquidada a través de las resoluciones 8279 de 6 de noviembre de 1979 y 6897 de 5 de junio de 1985, emitidas por la misma caja.

Indicó, que por declaración expresa de voluntad del beneficiario de la pensión, en escrito radicado ante Cajanal el 16 de mayo de 2003, sustituyó en su favor la pensión jubilatoria, sin que hasta la fecha haya emitido resolución de reconocimiento de la sustitución.

Adujo, que el causante mediante escrito de 25 de octubre de 2001, presentó ante Fonprecon solicitud de reliquidación de la pensión que venía disfrutando, según lo previsto en los decretos 1359 de 1993 y 1293 de 1994, por ser este un régimen más favorable frente al que le concedió la pensión original.

El fondo expidió la resolución acusada, en la cual negó la petición formulada, que fue notificada el 27 de mayo de 2003 y frente a la cual interpuso recurso de reposición que posteriormente complementó y que luego fue resuelto negativamente mediante Resolución 1188 de 24 de septiembre de 2003.

Invocó como normas violadas el artículo 13 de la Carta Política; el inciso 2º del artículo 84 del Código Contencioso Administrativo; el inciso 2º del artículo 8º del Decreto 1359 de 1993 y parágrafo del artículo 4º del Decreto 1359 de 1993.

Manifestó, que se incurre en falsa motivación, porque la Resolución 766 de 22 de mayo de 2003 no obedece a lo peticionado, pues lo que solicitó fue la “reliquidación” de la pensión de jubilación y el fondo lo que decidió fue negar la pensión de jubilación, porque el causante ya era beneficiario de la misma y no es procedente recibir dos emolumentos con cargo al Tesoro Nacional. Era entonces deber del demandado, de oficio, proceder a reliquidar y a pagar la pensión en los términos deprecados en el derecho de petición.

Indicó, que en distintos expedientes administrativos y de tutela se ha reconocido el derecho que le asiste a los ex congresistas para gozar del régimen especial contenido en los decretos 1359 de 1993 y 1293 de 1994, así como en interpretación contenida en el Concepto 1310 proferido por la Sala de Consulta y Servicio Civil de la corporación; por lo que, fallar de distinta manera en idéntica situación objetiva y normativa, implica una vulneración al artículo 13 de la Carta Política, pues no se encuentra justificado el trato diferencial.

Contestación de la demanda

Fonprecon se opuso a las pretensiones incoadas y al efecto adujo, que el señor Alfredo Araujo Grau no cumplió con el presupuesto legal de ser parlamentario al cumplir los 55 años de edad, para así poderse beneficiar del régimen especial de congresistas. En consecuencia el régimen aplicable es el contenido en el Decreto 1848 de 1969, pues al entrar en vigencia la Ley 4ª de 1992 y sus decretos reglamentarios “hubiera preferido la reliquidación de su pensión bajo aquel decreto”. Agregó, que para tener derecho al “reajuste y a la reliquidación” de la pensión a cargo de Fonprecon, el congresista debió reincorporarse de acuerdo a lo señalado por el artículo 2º del Decreto 1293 de 1994 en concordancia con el parágrafo del artículo 4º del Decreto 1359 de 1993.

La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca en sentencia de 28 de junio de 2007, denegó las súplicas de la demanda.

Consideró, que no prospera el cargo de falsa motivación, en atención a que la petición elevada ante Fonprecon, no proporcionó los elementos suficientes para que este se pronunciara en los términos pretendidos, pues el objeto de la solicitud se circunscribió al reconocimiento de una pensión, a pesar de que el petente era pensionado; en tal medida la administración no desconoció los presupuestos de hecho ni de derecho, porque obtuvo respuesta a su petición. De igual manera, se decidió el recurso de reposición instaurado, a través de la Resolución 1188 del 24 de septiembre de 2003.

Con relación al estudio de legalidad de los actos acusados estimó, que de acuerdo al acervo probatorio, en el año 1969 al señor Alfredo Araujo Grau le fue reconocida la pensión de jubilación por parte de Cajanal, habiéndose reliquidado por última vez en el año 1985. Por tanto, el reconocimiento y las posteriores reliquidaciones de su pensión de jubilación, tuvieron ocurrencia dentro del marco de una legislación anterior a la invocada en los argumentos de la demanda, con lo que se está ante la presencia de una situación jurídica consolidada.

Adujo, que de la lectura de los artículos 1º de la Ley 19 de 1987, 17 de la Ley 4ª de 1992 y 4º del Decreto 1359 de 1993, se infiere que los reconocimientos a los beneficiarios de sus previsiones, se producen bajo la premisa de ser pensionados teniendo la calidad de congresistas y en el caso bajo estudio cuando el señor Alfredo Araujo Grau accedió a su pensión, no lo hizo en condición de parlamentario, por lo que no se puede entender que tenga derecho a los beneficios que dicha normativa establece.

Por último señaló, que no se evidencia la violación al derecho a la igualdad, habida cuenta que las decisiones adoptadas en asuntos similares obedecen a situaciones diferentes a la que ahora se ventila, razón por la cual no se puede alegar un trato discriminatorio.

Apelación

Elapoderado de la parte actora en el escrito contentivo del recurso de alzada señala, que el fallo impugnado desconoce la Sentencia SU-975 de 2003 de la Corte Constitucional, en la que se revisó el tema referente al “reajuste especial” al que tienen derecho los ex congresistas pensionados antes de la vigencia de la Ley 4ª de 1992. Significa, que a la demandante le asiste el derecho a este reajuste en aplicación de los artículos 17 del Decreto 1359 de 1993.

De igual manera manifiesta, que debe aplicarse el régimen más favorable y no debe existir violación del derecho a la igualdad, pues son múltiples los ex parlamentarios que se encuentran en situaciones similares y que han sido beneficiados por fallos judiciales que les reconocen el derecho a pensionarse con el régimen especial previsto para los congresistas en los decretos 1359 de 1993 y 1293 de 1994.

Alegatos de conclusión

La parte demandante se limitó a transcribir el escrito de apelación.

La parte demandada señaló, que coincide con el fallo del a quo cuando consideró que para tener derecho al reajuste de la pensión de jubilación como ex congresista, se debió obtener el reconocimiento pensional como parlamentario; es decir, que no basta con estar en el régimen de transición del Decreto 1293 de 1994 sino con cumplir los requisitos del Régimen Especial contemplado por el Decreto 1359 de 1993.

El Ministerio Público. No emitió concepto.

Consideraciones

Cuestiones previas

En primer lugar en sentir de la Sala es necesario precisar, que inicialmente el causante elevó derecho de petición ante Fonprecon a fin de que le “reliquidara”la pensión de jubilación de conformidad con los artículos 2º y 3º del Decreto 1293 de 1994 y 7º del Decreto 1359 de 1993, que contemplan el régimen pensional de congresistas (fls. 149, cdno. 2). El Fondo decidió esta solicitud a través de la Resolución 766 de 22 de mayo de 2003, en la que le “negó la pensión mensual vitalicia de jubilación” al amparo del régimen congresional (fls. 2 y 3, cdno. ppal.). Y la demanda en estudio se encamina de nuevo a la obtención de la “reliquidación” pensional.

Pues bien, se observa que pese a las ambigüedades e impropiedades en las que incurre no solo de la demanda sino también la vía gubernativa, a la luz de lo dispuesto por el artículo 228 de la Carta Política(1) y teniendo en cuenta la edad de la demandante y la naturaleza del derecho en cuestión, se torna en necesario definir de fondo la situación; por manera que, en sentir de la Sala surge, que lo que la actuante pretende en la demanda, es la conmutación pensional, ante el hecho de que luego del reconocimiento pensional, el causante laboró como parlamentario, por lo que en su sentir, al fondo le corresponde asumir esa carga prestacional. Y, es por este motivo que el objeto de análisis en esta oportunidad se contraerá a determinar, si es posible que a través de la figura de la conmutación, se le transfiera al fondo demandado la obligación pensional radicada en cabeza de Cajanal, con la consecuente reliquidación.

En segundo lugares imperioso advertir, que en el recurso de alzada la demandante manifiesta su inconformidad de cara al “reajuste especial”, al que entiende tiene derecho porque el causante se pensionó antes de la vigencia de la Ley 4ª de 1992. Teniendo en cuenta que este se constituye en un nuevo argumento que se trae a colación a la sazón de la apelación, la Sala omitirá pronunciamiento frente al mismo, pero sí lo hará respecto de la aplicación del régimen pensional de congresistas, objeción que permanece latente en la impugnación.

Problema jurídico

Según las preliminares expuestas, en esta oportunidad la cuestión litigiosa se contrae a establecer si a la demandante, quien actúa en calidad de cónyuge supérstite, le asiste el derecho a que Fonprecon conmute la pensión de jubilación que Cajanal le reconoció al causante, en virtud de su labor como senador de la República desde 1974 a 1977.

Como quiera que la controversia gira en torno a la aplicación del régimen pensional de los congresistas a quien ya se encontraba disfrutando de su pensión de jubilación y que luego fue sustituida en la cónyuge sobreviviente; es necesario inicialmente, hacer el recuento y análisis de la normativa que regula la materia, para luego examinar si con fundamento en la misma y luego de estudiadas las probanzas que reposan en el expediente, es posible que obtenga la conmutación y la reliquidación de la pensión de jubilación.

Del régimen pensional de los congresistas

En cuanto a este régimen y para lo que interesa a fin de desatar la litis planteada, aparece la Ley 33 de 1985 que estableció medidas en relación con las cajas de previsión y con las prestaciones sociales del sector público. En su artículo 14, creó el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República(2).

En el artículo 1º dispuso como regla general, que el empleado oficial que sirva o haya servido 20 años continuos o discontinuos y llegue a la edad de 55 años, tiene derecho a que la respectiva caja de previsión le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al 75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio.

En el inciso 2º de su parágrafo 2º determinó, que quienes con 20 años de labor continua o discontinua como empleados oficiales, actualmente se hallen retirados del servicio, tendrán derecho cuando cumplan 50 años, si son mujeres, o 55 años, si son hombres, a una pensión de jubilación que se reconocerá y pagará de acuerdo con las disposiciones que regían al momento de su retiro.

En su artículo 23, en relación con los congresistas y empleados del Congreso, pensionados con anterioridad a la vigencia de esta ley, estableció que lo seguirán siendo de las entidades de previsión social que les otorgaron y reconocieron su derecho.

Por su parte, la Ley 19 de 1987, que modificó el artículo 23 en cita, dispuso en su artículo 1º, que tienen derecho a gozar de todas las prestaciones y servicios del Fondo de Previsión Social del Congreso, aquellas personas que están legalmente obligadas a contribuir para su funcionamiento.

Además, que los congresistas que para tomar posesión de sus cargos hayan de renunciar temporalmente a recibir la pensión de jubilación que les había sido reconocida con anterioridad, la podrán seguir percibiendo del fondo con derecho al respectivo reajuste, una vez suspendan o cesen en el ejercicio de sus funciones, pero el nuevo lapso de vinculación al Congreso y de aporte al fondo no podrá ser inferior a un (1) año, en forma continua o discontinua.

En el parágrafo en cuanto a los empleados del Congreso pensionados con anterioridad a la vigencia de la Ley 33 de 1985 estipuló, que lo seguirán siendo de las entidades de previsión social que les otorgaron y reconocieron su derecho.

Luego la Carta Política de 1991, en los literales e) y f) del numeral 19 de su artículo 150, atribuyó al legislador competencia para dictar normas generales y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el gobierno para fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la fuerza pública, así como para regular el régimen de prestaciones sociales mínimas de los trabajadores oficiales.

El legislador ejerció esta atribución mediante la expedición de la Ley 4ª de 1992, en la que señaló al Gobierno Nacional, tal como lo indica el literal c) de su artículo 1º y su artículo 2º; los objetivos y criterios que debe observar para fijar el régimen salarial y prestacional, entre otros, de los miembros del Congreso Nacional.

En su artículo 17(3), en términos generales prevé la posibilidad de que el gobierno establezca un régimen de pensiones, reajustes y sustituciones para los senadores y representantes, que no puede ser inferior al 75% del ingreso mensual promedio que devenguen los congresistas, de la siguiente manera:

“ART. 17.—El Gobierno Nacional establecerá un régimen de pensiones, reajustes y sustituciones de las mismas para los representantes y senadores. Aquellas y éstas no podrán ser inferiores al 75% del ingreso mensual promedio que, [durante el último año], [y por todo concepto], perciba el congresista. [Y se aumentarán en el mismo porcentaje en que se reajuste el salario mínimo legal](4).

PAR.—La liquidación de las pensiones, reajustes y sustituciones se hará teniendo en cuenta el último ingreso mensual promedio que [por todo concepto](5) devenguen los representantes y senadores en la fecha en que se decrete la jubilación, el reajuste, o la sustitución respectiva”.

Fue así como en ejercicio de dichas facultades, el Presidente de la República, expidió el Decreto 1359 de 1993(6), que estableció el régimen especial de pensiones, reajustes y sustituciones aplicable a quienes a partir de la vigencia de la Ley 4ª de 1992, tengan la calidad de senador o representante a la Cámara.

Dicho decreto en su artículo 1º señaló, que este régimen “en lo sucesivo se aplicará a quienes a partir de la vigencia de la Ley 4ª de 1992, tuvieren la calidad de senador o representante a la Cámara”(7).

En su artículo 4º prescribió, que para que un congresista pueda acceder a la aplicación de dicho régimen especial, debe “Encontrarse afiliado a la entidad pensional del Congreso(8) y estar efectuando cumplidamente las cotizaciones o aportes respectivos a la misma”, al igual que “Haber tomado posesión de su cargo”.

Y en el parágrafo de este artículo se estableció, que de igual manera accederán a dicho régimen pensional especial, “... los congresistas que al momento de su elección estuvieren disfrutando de su pensión vitalicia de jubilación” decretada por cualquier entidad del orden nacional o territorial, siempre que cumplieren las condiciones y requisitos establecidos en el inciso 2º del artículo 1º de la Ley 19 de 1987.

Los artículos 5º y 6º(9) referentes al ingreso básico para la liquidación de la pensión y al porcentaje mínimo de la misma, respectivamente señalan, que para liquidar las pensiones al igual que los reajustes y las sustituciones, se tendrá en cuenta el ingreso mensual promedio que devenguen los congresistas en ejercicio a la fecha en que se decrete la prestación, dentro del cual serán especialmente incluidos el sueldo básico, los gastos de representación, la prima de localización y vivienda, prima de transporte, prima de salud, prima de navidad y toda otra asignación de la que gozaren(10); liquidación que en ningún caso ni en ningún tiempo puede ser inferior al 75% del ingreso mensual promedio que devenguen los congresistas en ejercicio, ni estará sujeta al límite de cuantía a que hace referencia el artículo 2º de la Ley 71 de 1988(11).

Su artículo 7º, definió el derecho a la pensión vitalicia de jubilación, en los siguientes términos:

“ART. 7º—Definición. Cuando quienes en su condición de senadores o representantes a la Cámara, lleguen o hayan llegado a la edad que dispone el artículo 1º, parágrafo 2º de la Ley 33 de 1985 y adicionalmente cumplan o hayan cumplido 20 años de servicios, continuos o discontinuos en una o en diferentes entidades de derecho público incluido el Congreso de la República, o que los hayan cumplido y cotizado en parte en el sector privado y ante el Instituto Colombiano de Seguros Sociales, conforme a lo dispuesto en el artículo 7º de la Ley 71 de 1988, tendrán derecho a una pensión vitalicia de jubilación que no podrá ser inferior al 75% del ingreso mensual promedio, que [durante el último año] [y por todo concepto](12) devenguen los congresistas en ejercicio, de conformidad con lo establecido en los artículos 5º y 6º del presente decreto.

(...)”.

Por manera, que al parlamentario le asiste el derecho al reconocimiento de la pensión de jubilación en el 75% del ingreso mensual promedio que devenguen los congresistas en ejercicio, cuando en tal condición cumpla con la edad, que ha de entenderse es de 50 años(13) y con el tiempo de servicios de 20 años.

Su artículo 8º que se denomina “Congresistas pensionados y vueltos a elegir” en armonía con el parágrafo del artículo 4º antes citado, prescribe que los senadores y representantes a la Cámara que al momento de tomar posesión de su cargo hubieren tenido que renunciar temporalmente al disfrute de su pensión vitalicia de jubilación, decretada por cualquier entidad de derecho público; al terminar su gestión como congresistas, “... la seguirán percibiendo de la entidad pensional del Congreso, de conformidad con las disposiciones del presente régimen siempre que a la vigencia de este decreto, hubieren adquirido tal derecho según lo establecido en el artículo 1º, inciso 2º de la Ley 19 de 1987”.

Ahora bien, con fundamento en el artículo 49 de la Carta Política, se expidió la Ley 100 de 1993(14), que en su artículo 273, en relación con el régimen aplicable a los servidores públicos, preceptuó que el Gobierno Nacional, en acatamiento a lo dispuesto por los artículos 36 y 11 de dicha ley, podía incorporar al sistema general de pensiones y al sistema general de seguridad social en salud, respetando los derechos adquiridos a los servidores públicos, aun a los congresistas.

El gobierno ejerció la facultad de incorporación otorgada, mediante el Decreto 691 de 1994(15), que en el literal b) de su artículo 1º en asocio con el artículo 2º, prescribió que a partir del 1º de abril de 1994, los servidores públicos del Congreso quedaban vinculados al nuevo sistema general de pensiones que fue previsto en la Ley 100 de 1993, sin perjuicio de lo dispuesto por el Decreto 1359 de 1993 y las normas que lo modifiquen y adicionen.

Y en su artículo 2º dispuso, que dicho sistema para los servidores públicos del orden nacional incorporados en virtud de su artículo 1º comenzaba a regir a partir del 1º de abril de 1994.

Posteriormente, el Decreto 1293 de 1994(16), en concordancia con lo establecido por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 e invocando el artículo 17 de la Ley 4ª de 1992, fijó el régimen de transición de los congresistas, de los empleados del Congreso y del Fondo de Previsión Social del Congreso —Fonprecon—.

En su artículo 1º señaló, que el sistema general de pensiones contenido en la Ley 100 de 1993 se aplica a dichos servidores, con excepción de los cubiertos por este régimen de transición.

En el artículo 2º, dispuso que los senadores, los representantes, los empleados del Congreso de la República y los empleados de Fonprecon, tendrán derecho a los beneficios del régimen de transición de que trata el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, siempre que a 1º de abril de 1994, hayan reunido alguno de los siguientes requisitos: a) haber cumplido 40 o más años de edad si son hombres o 35 o más años de edad, si son mujeres o b) haber cotizado o prestado servicios durante 15 años o más.

Se resalta que el parágrafo del artículo 2º del Decreto 1293 de 1994, fue declarado nulo por el Consejo de Estado en sentencia de 27 de octubre de 2005, Radicado: 5677-03, actor: Jorge Manuel Ortiz Guevara, consejera ponente Ana Margarita Olaya Forero(17).

El aludido decreto en el artículo 3º indica, que cuando los senadores y representantes, cumplan con alguno de los requisitos previstos en el artículo 2º para acceder al régimen de transición, tendrán derecho al reconocimiento de su pensión de jubilación cuando reúnan los requisitos de edad y tiempo de servicios o número de semanas cotizadas establecidos por el Decreto 1359 de 1993, es decir, con la edad de 50 años(18) y con el tiempo de servicios de 20 años, así como el monto de la pensión, forma de liquidación de la misma e ingreso base de liquidación establecidos en el mismo decreto(19).

El Decreto 816 de 2002(20), en su artículo 11, en lo que concierne a la liquidación de la pensión para congresistas en régimen de transición de congresistas, dispuso que dicha liquidación y la pensión que corresponda a los sustitutos pensionales, no puede ser inferior al 75% del ingreso promedio mensual que haya percibido dicho congresista(21).

Y en su parágrafo(22), estableció los eventos en los cuales de conformidad con los decretos 1359 de 1993 y 1293 de 1994, no se tiene derecho a la aplicación de dicho régimen de transición. La Sala advierte, que este parágrafo fue declarado nulo en su totalidad por la sección(23), al igual que el inciso 1º del artículo 17 del decreto en mención, modificado por el artículo 1º del Decreto 1622 de 2002, que hace alusión a los congresistas en el régimen general de pensiones.

En su artículo 12, hizo referencia a la reliquidación de pensiones para congresistas en régimen de transición de congresistas y en su artículo 13 contempló el reajuste de pensiones(24).

Análisis de la normativa pensional de los congresistas

Del estudio sistemático de las disposiciones reseñadas infiere la Sala, como ya lo hizo en anterior oportunidad(25), que en lo que al régimen especial de los congresistas se refiere, de conformidad con lo dispuesto por el Decreto 1359 de 1993, su ámbito de aplicación se contrae a quienes a partir del 18 de mayo de 1992, fecha de vigencia de la Ley 4ª de 1992, ostenten la calidad de senador o representante a la Cámara, es decir, que se encuentren para dicha fecha en el ejercicio del cargo o lo que es lo mismo en condición de actividad parlamentaria, debidamente posesionados y afiliados a la entidad pensional del Congreso, efectuando cumplidamente las cotizaciones y los aportes, tal como lo señala su artículo 4º(26).

Igualmente, son destinatarios de este régimen especial, quienes habiendo sido congresistas en el pasado y que estén pensionados, luego se reincorporen al servicio como parlamentarios encontrándose en condición de activos a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 4ª de 1992, efectuando el respectivo aporte al fondo, para lo cual hayan renunciado temporalmente a recibir pensión de jubilación reconocida con anterioridad, siempre que el nuevo lapso de vinculación al Congreso no sea inferior a un año en forma continua o discontinua.

Encuentra entonces la Sala, que el régimen especial que gobierna a los congresistas no puede extender sus preceptivas a quienes no se hallen vinculados a la entidad de la cual derivan de manera directa e indefectible la especialidad del ordenamiento cuya aplicación se alega.

Lo contrario sería pretender que la labor de un servidor por unos cuantos meses en la entidad amparada con un régimen especial, lo revista de sus beneficios; con lo que a todas luces, se estaría habilitando la incursión en la práctica ilegal comúnmente denominada carrusel pensional(27).

Ello aunado a que en atención al principio de inescindibilidad, en estas materias que revisten especial trascendencia social, no son admisibles las interpretaciones aisladas y fragmentarias de la norma, tomando solo apartes de sus contenidos, para aplicarlas a ciertos presupuestos de hecho; pues, sin lugar a dudas, ello implica el quebrantamiento del orden normativo establecido, que debe ser analizado y aplicado en su conjunto, so pena de incurrir en el desconocimiento de su verdadero espíritu.

Y, en lo que concierne al régimen de transición de los congresistas, establecido por el Decreto 1293 de 1994, entendido el régimen de transición como aquel que busca proteger expectativas pensionales a futuro, pero que se enmarquen en el régimen pensional vigente al momento de expedición de la nueva ley(28); tal como lo determinó la sección(29), extiende su cobertura a quien siendo congresista para el 1º de abril de 1994 —vigencia de la Ley 100 de 1993—, además cumpla con la edad —40 años o más si es hombre o 35 años o más si es mujer— o la cotización o el tiempo de servicios por 15 años o más.

De esta suerte, para ser destinatario del régimen de transición de congresistas, se requiere de una condición imprescindible, que no es otra que ostentar la calidad de parlamentario, circunstancia que no puede ser omitida.

En otras palabras, es preciso determinar en cada caso en particular, si se reúnen los requisitos de ley necesarios para ser beneficiario del régimen de transición y ello se torna en absolutamente necesario, porque el hecho de estimar que se es beneficiario del régimen, con ocasión de haber sido miembro del cuerpo legislativo por escasos meses, no implica que la pensión jubilatoria se deba reliquidar con sujeción al mismo.

El régimen de transición de los congresistas se constituye entonces, en la proyección del estatus jurídico favorable adquirido, por encontrarse en condición de actividad congresional, que permite resguardar las expectativas conforme a la normativa que luego fue retirada del ordenamiento jurídico.

Pero que a su turno, no puede prolongarse en el tiempo, es decir, más allá de la vigencia del régimen general de transición, porque de ser así, sería tanto como pretender su aplicación en forma virtual, como una opción en el tiempo mucho después de la vigencia de la ley particular, situación que desnaturalizaría la figura de la transición y que de paso impediría que el régimen de transición ordinario cumpliera con su misión de unificar el sistema pensional dejando de lado los regímenes especiales de pensiones, entre ellos, el de los parlamentarios.

Aunado a lo anterior la Sala considera necesario precisar, que no puede perderse de vista, que desde la perspectiva constitucional, la garantía de los derechos adquiridos —que para el efecto de los requisitos prestacionales se equipara a la proyección en el tiempo de una situación jurídicamente protegida y que, a la luz de la doctrina sobre el tema expresada en nuestra jurisprudencia integra el componente doctrinario que soporta la institución del régimen de transición—, proyecta en la resolución de los conflictos pensionales una serie de consecuencias objetivas.

En efecto, históricamente la constitucionalidad de las modificaciones prestacionales y aun salariales atribuidas a la competencia del legislador, ha estado condicionada a la definición previa de los regímenes de transición en la aplicación de cualquier nueva regulación, que de manera sustancial afecte las situaciones jurídicas preestablecidas o en proceso de consolidación(30).

Lo precedente significa, que el denominado régimen de transición es un sistema de distinción en el tratamiento de derechos consolidados o en proceso de estructuración jurídica, lo cual trae como consecuencia, su carácter taxativo, que impide al intérprete en definición de litigios judiciales aplicar de manera llana el principio de favorabilidad, dado que ello implicaría la creación de una discriminación positiva no prevista por el legislador con grave detrimento al principio de equidad.

Por manera, que la extensión en forma indiscriminada de un régimen de transición a beneficiarios que ya han consolidado status jurídico, representa una instancia de violación de la ley por indebida aplicación de la misma, en razón a que sin que exista causa jurídica alguna, una situación gobernada y constituida a la luz del efecto cumplido, se reintegraría a una ley expedida posteriormente, para extraer de esta última unas consecuencias no previstas por el legislador, con lo que además de quebrantar el sistema jurídico correspondiente, se establece un sistema privilegiado, que en el caso específico de la seguridad social por razones pensionales, emerge totalmente extraño a lo previsto por el propio constituyente, para el caso de lo reglado en el artículo 48 de la Carta Política conforme a las modificaciones del Acto Legislativo 1 de 2005, que integró al mundo de la seguridad social en materia pensional, el principio de la sostenibilidad financiera del sistema, que se proyecta en que en la liquidación de las pensiones, solo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado cotización.

De igual modo se evidencia una clara vulneración de la ley por su aplicación indebida, cuando el régimen de transición congresional se aplica a quienes ni siquiera tienen expectativa por consolidar, surgida como condición preexistente a la luz del régimen especial de los parlamentarios. En otras palabras, se transgrede el sistema jurídico cuando se pretende, en la búsqueda del privilegio de la normativa especial, extender los beneficios de un régimen particularísimo, no obstante encontrarse la situación claramente regida por la ley general, cuando se ha sido elegido para legislaturas posteriores a aquella, lo que de paso despoja de su efecto útil a la norma que justamente dispuso la incorporación al sistema general de pensiones.

En otros términos, el manejo no riguroso del régimen de transición a la luz de la Constitución vigente, además de la situación de discriminación positiva carente de causa, contribuye a desarticular principios constitucionales básicos para la sostenibilidad del sistema financiero de la seguridad social, lo cual a la postre degenera en la ocurrencia de beneficios pensionales de gracia, que a todas luces representan una carga injustificada para todos los ciudadanos que aportan al sistema.

En atención a las anteriores precisiones en cuanto al régimen especial y de transición de los congresistas, procede la Sala a definir la situación particular de la demandante.

Caso concreto

Está demostrado en el expediente que el señor Alfredo Araujo Grau prestó sus servicios como: diputado de la asamblea de Bolívar en los años 1939 y 1940 (fl. 71 vto., cdno. 2); abogado consultor de Ferrocarriles Nacionales-División Cartagena desde el 1º de enero de 1940 hasta el 20 de octubre de 1944 (fl. 74, cdno. 2); secretario de hacienda del departamento de Bolívar del 17 de agosto de 1946 al 5 de mayo de 1947 (fl. 69, cdno. 2); Ministro de Trabajo a partir del 16 de agosto de 1950 hasta el 8 de mayo de 1952 (fl. 7, cdno. 2); diputado a la Asamblea Nacional Constituyente del 15 de junio de 1953 al 10 de abril de 1957 (fl. 46, cdno. 2); embajador extraordinario y plenipotenciario en misión especial, delegado por Colombia a la XIII —Reunión Ordinaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas— entre el 10 de septiembre al 31 de diciembre del año 1958 (fl. 50, cdno. 2); Ministro de Minas y Petróleos desde el 25 de marzo de 1959 hasta el 18 de mayo de 1960 (fl. 13, cdno. 2); Ministro de Comunicaciones del 17 de agosto de 1962 hasta el 1º de mayo de 1963 (fl. 51, cdno. 2); Ministro de Justicia desde el 2 de mayo de 1963 hasta el 31 de enero de 1965 (fl. 53, cdno. 2); embajador extraordinario y plenipotenciario, jefe de misión diplomática permanente de la República ante el Gobierno del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte del 22 de marzo de 1965 al 24 de octubre de 1966 ( fl. 50, cdno. 2); Ministro de Gobierno desde el 5 de octubre de 1977 hasta el 7 de agosto de 1978 (fl. 95, cdno. 2); embajador extraordinario y plenipotenciario de Colombia ante el Gobierno de Venezuela del 28 de julio de 1981 al 11 de junio de 1984 (fl. 111, cdno. 2).

También ejerció el cargo de senador por la circunscripción electoral del departamento de Bolívar para el período constitucional 1958-1962 en el que laboró desde el 20 de julio al 14 de septiembre de 1958, del 12 de enero al 1º de abril de 1959, del 20 de julio al 16 de agosto de 1960 y del 13 de septiembre al 19 de octubre de 1960 y desde el 4 de noviembre de 1960 hasta el 28 de marzo de 1962; y por el período constitucional 1974-1978, desde 20 de julio de 1974 hasta el 28 de septiembre de 1977 (fls. 95 y 96, cdno. ppal.).

En el año 1969, Cajanal le reconoció al señor Araujo Grau, por medio de la Resolución 302 de 14 de febrero, la pensión mensual vitalicia de jubilaciónen cuantía de $ 7.943.75, efectiva a partir de 25 de octubre de 1966 (fls. 5 a 9, cdno. ppal.).

En virtud de la Resolución 8279 de 6 de noviembre de 1979, le reliquidó su pensión de jubilación, en su calidad de Ministro de Gobierno, efectiva a partir del 7 de agosto de 1978, en cuantía de $ 24.297,95 (fls. 101 a 104, cdno. 2).

Y, por Resolución 6897 de 5 de junio de 1985, se le reliquidó nuevamente la pensión, como embajador extraordinario y plenipotenciario de Colombia ante el Gobierno de Venezuela, en cuantía de $ 133.157,00 efectiva partir del 12 de junio de 1984, de conformidad con los artículos 78 y 79 del Decreto 1848 de 1969 (fls. 131 a 135, cdno. 2).

El 22 de octubre de 2001, ejerció el derecho de petición a fin de que se le reliquidara la pensión de jubilación en los términos de los artículos 2º y 3º del Decreto 1293 de 1994 y 7º del Decreto 1359 de 1993, descontando el valor que mensualmente recibió por concepto de pensión, reconocida por Cajanal (fls. 149 y 150, cdno. 2).

Esta solicitud fue resuelta por el fondo en la Resolución 766 de 22 de mayo de 2003, “Por medio de la cual se niega una pensión mensual vitalicia de jubilación” bajo el entendido que el petente solicitó se le reconozca la pensión de jubilación conforme a los artículos 2º y 3º del Decreto 1293 de 1994 y 7º del Decreto 1359 de 1993 (fls. 2 y 3, cdno. ppal.).

La anterior decisión es confirmada vía recurso de reposición, por medio de la Resolución 1188 de 24 de septiembre de 2003 (fls. 244 a 247, cdno. 2).

La Resolución 5252 de 28 de enero de 2005 proferida por Cajanal, da cuenta que dicha entidad por medio de la Resolución 22036 de 19 de octubre de 2004 reconoció la pensión de sobrevivientes en forma vitalicia a la señora Angelina Vélez de Araujo, efectiva partir del 5 de abril de 2003. (fls. 117 a 119, cdno. ppal.).

Como consta en el registro de defunción, el señor Alfredo Araujo Grau nació el 25 de diciembre de 1911 y falleció el 4 de abril de 2003 (fl. 243, cdno. 2).

De las anteriores probanzas la Sala infiere, que Cajanal le reconoció la pensión de jubilación al causante, en atención a que prestó sus servicios al Estado desde 1939 hasta 1984, y que antes de su fallecimiento solicitó ante Fonprecon la extensión de los beneficios del régimen pensional de los parlamentarios por haber fungido como tal en el período constitucional 1974-1978. Luego Cajanal le reconoció la pensión de jubilación a su cónyuge sobreviviente.

Ahora, la inconformidad que se ventila ante la jurisdicción, es la relativa a la aplicación del régimen congresional que habilite la conmutación de la pensión en cabeza de Fonprecon.

Pues bien, surge evidente que en el presente asunto no se cumplen los presupuestos de hecho requeridos para la aplicación del régimen especial de congresistas; porque tal como se infiere del análisis de la normativa pensional de los parlamentarios, el causante no ostentó la calidad de congresista a partir de la vigencia de la Ley 4ª de 1992, es decir, a partir del 18 de mayo de 1992, pues fue representante a la Cámara mucho tiempo antes desde el 20 de julio de 1974 y hasta el 28 de septiembre de 1977.

En la misma perspectiva se establece, que en este asunto tampoco es posible la aplicación del régimen de transición de los congresistas, pues, aunque para el 1º de abril de 1994, fecha de vigencia de la Ley 100 de 1993, superó con creces la edad de 40 años; lo cierto es, que en esa época no era miembro del cuerpo legislativo, condición que como se analizó en apartado precedente, es indispensable para ser beneficiario de dicho régimen, pues está probado que dejó de laborar como parlamentario desde el año 1977, es decir, mucho tiempo antes de entrar en vigencia la aludida ley. Se debe recordar, como se estableció en párrafo antecedente, que el régimen de transición de los parlamentarios está encaminado a brindar protección a las expectativas de quienes se encontraban prestando sus servicios como congresistas a la fecha de vigencia de la ley que regula el sistema general de pensiones.

De acuerdo con lo indicado es entonces evidente, que no le asiste razón a la actora cuando pretende la conmutación de la pensión de sobreviviente, razón por la cual se confirmará la decisión del a quo, que denegó las súplicas de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 28 de junio de 2007, desestimatoria de las súplicas de la demanda instaurada por la señora Angelina Vélez de Araujo contra el Fondo de Previsión Social del Congreso —Fonprecon—.

Reconócese al abogado Freddy Rolando Pérez Huertas como apoderado del Fondo de Previsión Social del Congreso de la República —Fonprecon—, en los términos y para los efectos del poder conferido.

Devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Magistrados: Luis Rafael Vergara Quintero (impedido)—Gustavo Eduardo Gómez Aranguren—Alfonso Vargas Rincón.

(1) Carta Política. ART. 228.—“La administración de justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial...”.

(2) Ley 33 de 29 de enero de 1985 “Por la cual se dictan algunas medidas en relación con las cajas de previsión y con las prestaciones sociales para el sector público”, creó el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República en su artículo 14.

(3) En la Sentencia C-608 de 23 de agosto de 1999, la Corte Constitucional declaró exequible en forma condicionada el artículo 17 de la Ley 4ª de 1992, considerando que el trato especial para los congresistas en cuanto a su remuneración, tiene origen en el artículo 187 de la Carta Política, por lo que para el mismo constituyente no resulta indebido que para ellos se establezca en consideración a su función, un régimen diferente al general aplicable a los demás servidores públicos. Estimó además, que mientras el legislador no consagre disposiciones desproporcionadas o contrarias a la razón, puede prever regímenes especiales en material salarial y prestacional, como el de senadores y representantes que “encuentra justificación en la función atribuida a los miembros del Congreso, en su obligatoria dedicación exclusiva y en la alta responsabilidad que les corresponde, así como en el estricto régimen de incompatibilidades previsto en la Constitución”.

(4) Las expresiones “durante el último año”, “y por todo concepto”, “Y se aumentarán en el mismo porcentaje en que se reajuste el salario mínimo legal”, fueron declaradas inexequibles por la Corte Constitucional en la Sentencia C-258 de 7 de mayo de 2013. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

(5) La locución “por todo concepto” fue declarada inexequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-258 de 7 de mayo de 2013. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

(6) Decreto 1359 de 13 de julio de 1993 “Por el cual se establece un régimen especial de pensiones así como de reajustes y sustituciones de las mismas, aplicable a los senadores y representantes a la cámara”.

(7) La Ley 4ª de 1992, en su artículo 22 dispone que rige a partir de la fecha de su promulgación, que lo fue el 18 de mayo de 1992, en el Diario Oficial 40451.

(8) De conformidad con lo dispuesto por el artículo 2º del Decreto 1359 de 1993, el Fondo de Previsión Social del Congreso se denominó entidad pensional del Congreso, para los efectos de dicho decreto.

(9) Se resalta que estos artículos sufrieron modificaciones, en razón de que la Corte Constitucional en la Sentencia C-258 de 2013, declaró la inexequibilidad de varias expresiones contenidas en el artículo 17 de la Ley 4ª de 1992; por manera, que del artículo 5º se debe excluir la dicción “ultimo año que por todo concepto” y del artículo 6º se deben suprimir los vocablos “durante el último año” y “por todo concepto”.

(10) Al respecto debe tenerse en cuenta, que como factores de liquidación de la pensión, solo pueden tomarse “aquellos ingresos que hayan sido recibidos efectivamente por el beneficiario, que tengan carácter remunerativo del servicio y sobre los cuales se hubieran realizado las cotizaciones respectivas al sistema de pensiones”, de conformidad con lo señalado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-258 de 2013 que declaró la inexequibilidad de las expresiones“y por todo concepto” y “por todo concepto” contenidas en el artículo 17 de la Ley 4ª de 1992 y en consideración a que condicionó la exequibilidad del resto de dicha norma bajo ese entendido.

(11) Ley 71 de 1988. ART. 2º—“Ninguna pensión podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual, ni exceder de quince (15) veces dicho salario; salvo lo previsto en convenciones colectivas, pactos colectivos y laudos arbitrales”.

(12) Se destaca que esta norma igualmente sufrió modificaciones en razón de que la Corte Constitucional en la Sentencia C-258 de 2013, declaró la inexequibilidad de varias expresiones contenidas en el artículo 17 de la Ley 4ª de 1992; lo que significa, que de su texto se deben excluir las locuciones “durante el último año” y “por todo concepto”.

(13) Tal como la sección lo consideró en anteriores oportunidades en sentencia de 29 de mayo de 2003. Expediente 3054-2002. C.P. Alejandro Ordóñez Maldonado; sentencia de 12 de febrero de 2009. Expediente 1732-2008. C.P. Bertha Lucía Ramírez; sentencia de 14 de octubre de 2010. Expediente 2036-2008. C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila; la edad a la que hace referencia el artículo 7º del Decreto 1359 de 1993, es de 50 años en razón a que no es la indicada en la regla general de la Ley 33 de 1985, sino la señalada en el parágrafo 2º de su artículo 1º, que remite a la norma especial que rige con anterioridad, que no es otra, que el Decreto 1723 de 1964, que en el literal b) de su artículo 2º, exige la edad de 50 años para efecto de obtener la pensión de jubilación.

(14) Ley 100 de 1993 “Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones”. Esta ley empezó a regir el 1º de abril de 1994.

(15) Decreto 691 de 29 de marzo de 1994 “Por el cual se incorporan los servidores públicos al sistema general de pensiones y se dictan otras disposiciones”.

(16) Decreto 1293 de 24 de junio de 1994 “Por el cual se establece el régimen de transición de los senadores, representantes, empleados del Congreso de la República y del Fondo de Previsión Social del Congreso y se dictan normas sobre prestaciones sociales y económicas de tales servidores públicos”.

(17) En la misma dirección la Corte Constitucional consideró en las conclusiones de la Sentencia C-258 de 2013, que “... resulta claro que el régimen dispuesto por el artículo 17 de la Ley 4ª de 1992, es constitucional si se entiende que: (i)no puede extenderse el régimen pensional allí previsto, a quienes con anterioridad al 1º de abril de 1994,lo cual incluye lo establecido en el artículo 2º del Decreto 1293 de 1994, no se encontraren afiliados al mismo,...”.

(18) Tal como la sección lo consideró en anteriores oportunidades en sentencia de 29 de mayo de 2003. Expediente 3054-2002. C.P. Alejandro Ordóñez Maldonado; Sentencia de 12 de febrero de 2009. Expediente 1732-2008. C.P. Bertha Lucía Ramírez; Sentencia de 14 de octubre de 2010. Expediente 2036-2008. C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila; la edad a la que hace referencia el artículo 7º del Decreto 1359 de 1993, es de 50 años, en razón a que no es la indicada en la regla general de la Ley 33 de 1985, sino la señalada en el parágrafo 2º de su artículo 1º, que remite a la norma especial que rige con anterioridad, que no es otra, que el Decreto 1723 de 1964, que en el literal b) de su artículo 2º, exige la edad de 50 años para efecto de obtener la pensión de jubilación.

(19) Que debe entenderse con las modificaciones que fueron incorporadas con ocasión de la Sentencia C-258 de 2013 de la Corte Constitucional, que declaró la inexequibilidad de varias locuciones del artículo 17 de la Ley 4ª de 1992.

(20) Decreto 816 de 25 de abril de 2002 “Por el cual se dictan normas para el reconocimiento, liquidación, emisión, recepción, expedición, administración, redención y demás condiciones de los bonos pensionales del Fondo de Previsión Social del Congreso y se dictan otras disposiciones en materia de pensiones”.

(21) Se destaca que esta norma igualmente sufrió modificaciones en razón de que la Corte Constitucional en la Sentencia C-258 de 2013 declaró la inexequibilidad de varias expresiones contenidas en el artículo 17 de la Ley 4ª de 1992; lo que significa que de su texto se debe excluir la frase “durante el último año calendario de servicio”.

(22) El texto del parágrafo es el siguiente: “De conformidad con los decretos 1359 de 1993 y 1293 de 1994, no tienen derecho a la aplicación del régimen de transición de congresistas las personas que: a) Se hubieren trasladado al régimen de ahorro individual; b) Hubieren sido elegidos como congresistas por primera vez para la legislatura de 1998 y posteriores o que habiendo sido elegidos en legislaturas anteriores, no hubiesen tomado posesión del cargo; c) Los congresistas que hubieren tenido tal calidad con anterioridad a la legislatura de 1998 pero al momento de entrada en vigencia del sistema general de pensiones se encontraban vinculados a otro régimen; d) Quienes teniendo el régimen de transición de congresistas no se pensionen como congresistas, salvo el caso previsto en el artículo 14 del presente decreto”.

(23) El parágrafo del artículo 11 del Decreto 816 de 2002, fue declarado nulo por el Consejo de Estado en sentencia de 2 de abril de 2009, Radicado: 5678-03, actor: Jorge Manuel Ortiz Guevara, C.P. Gerardo Arenas Monsalve.

(24) Estas disposiciones se entienden modificadas según lo dispuesto por la Corte Constitucional en la Sentencia C-258 de 2013 que declaró la inexequibilidad de las expresiones “durante el último año”, “y por todo concepto”, “Y se aumentarán en el mismo porcentaje en que se reajuste el salario mínimo legal” contenidas en el artículo 17 de la Ley 4ª de 1992.

(25) Sentencia de 3 de mayo de 2002. Expediente 1276-2001. Actor: Oscar Emilio Vinasco Vinasco. C.P. Alberto Arango Mantilla.

(26) En esta misma dirección la Corte Constitucional en la Sentencia C-258 de 2013 consideró, “Esta corporación declarará la inexequibilidad de las expresiones “y por todo concepto” y “por todo concepto”, contenidas en el inciso primero y en el parágrafo, respectivamente, del artículo 17 de la Ley 4ª de 1992. // En este caso, ante la expulsión del ordenamiento de las expresiones en comento y en vista del mandato del Acto Legislativo 1 de 2005 en el sentido de que “para la liquidación de las pensiones solo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las cotizaciones”, la Sala considera necesario además condicionar la exequibilidad del resto del precepto censurado en el entendido de que como factores de liquidación de la pensión, solo podrán tomarse aquellos ingresos que hayan sido recibidos efectivamente por el beneficiario, que tengan carácter remunerativo del servicio y sobre los cuales se hubieren realizado las cotizaciones respectivas al sistema de pensiones”.

(27) En igual sentido la Corte Constitucional en la Sentencia C-608 de 1999 consideró, que se rompe el equilibrio mínimo y de paso se afecta el derecho a la igualdad, cuando se puede acceder a la pensión jubilatoria con un tiempo de ejercicio en la actividad congresional que solo comprende pocos meses. Al efecto señaló “... sería contrario a los objetivos de la pensión y rompería un equilibrio mínimo, afectando el postulado de la igualdad, el hecho de que pudiese acceder a la pensión, tomando el promedio que en general devengan los congresistas durante el mencionado período, si el promedio personal y específico es distinto, por ejemplo cuando el tiempo de ejercicio del congresista cubre apenas unos pocos meses”.

(28) La Corte Constitucional en Sentencia C-789 de 2002, consideró con relación al régimen de transición que: “La creación de un régimen de transición constituye entonces un mecanismo de protección para que los cambios producidos por un tránsito legislativo, no afecten desmesuradamente a quienes, si bien no han adquirido el derecho a la pensión, por no haber cumplido los requisitos para ello, tienen una expectativa legítima de adquirir ese derecho, por estar próximos a cumplir los requisitos para pensionarse, en el momento del tránsito legislativo”.

(29) Sentencia de 2 de abril de 2009, Radicado: 5678-03, actor: Jorge Manuel Ortiz Guevara, C.P. Gerardo Arenas Monsalve, que declaró la nulidad del parágrafo del artículo 11 y del inciso 1º del artículo 17 del Decreto 816 de 2002, este último artículo modificado por el artículo 1º del Decreto 1622 de 2002. En similar sentido sentencia de 7 de septiembre de 2006, Radicado 9798-05, actor Paulina Consuelo Salgar de Montejo, C.P. Jaime Moreno García.

(30) Se debe recordar que la Ley 33 de 1985 en el parágrafo 2º de su artículo 1º determinó el régimen de transición en los siguientes términos: “Para los empleados oficiales que a la fecha de la presente ley hayan cumplido 15 años continuos o discontinuos de servicio, continuarán aplicándose las disposiciones sobre edad de jubilación que regían con anterioridad a la presente ley. // Quienes con 20 años de labor continua o discontinua como empleados oficiales, actualmente se hallen retirados del servicio, tendrán derecho cuando cumplan 50 años de edad si son mujeres o 55 años si son varones, a una pensión de jubilación que se reconocerá y pagará de acuerdo con las disposiciones que regían al momento de su retiro”. Y, por su parte la Ley 100 de 1993 en su artículo 36 lo estableció así: “Régimen de transición. La edad para acceder a la pensión de vejez, continuará en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará en dos años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres. // La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados,será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente ley (...)”.