Sentencia 2003-10372 de junio 21 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Magistrado Ponente:

César Palomino Cortés

Bogotá, D.C., veintiuno (21) de junio de dos mil dieciocho (2018).

Rad.: 50001-23-31-000-2003-10372-01

N° interno: 2294-2012

Demandante: Edgar Jesús Ariza Ariza

Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Armada Nacional

Acción: Nulidad y restablecimiento del derecho.

Decreto 01 de 1984.

Tema: Pensión de invalidez infante de marina.

Confirma fallo que negó pretensiones.

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia del 10 de abril de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, que negó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1. Demanda.

El señor Edgar Jesús Ariza Ariza, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, prevista en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, a través de apoderado, demandó ante el Tribunal Administrativo del Meta la nulidad del acto administrativo contenido en el Oficio Nº 11858 del 23 de septiembre de 2003, proferido por el coordinador del grupo de prestaciones sociales del Ministerio de Defensa Nacional, que le negó el reconocimiento de la pensión de invalidez.

A título de restablecimiento del derecho solicitó que se condene a la entidad accionada a pagarle la pensión por invalidez en cuantía del 75% del salario que devengaba, desde que resultó discapacitado.

El demandante requirió que la indemnización se reajuste descontándole el valor que ya le fue reconocido. También solicitó que se le cancele el monto de 1000 gramos oro por la reparación de los perjuicios causados.

Igualmente, pidió que las sumas cuyo pago se ordene sean indexadas y que la sentencia se cumpla en los términos de los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

Los hechos en que se fundan las pretensiones de la demanda son los siguientes:

El apoderado narró que al infante de marina Edgar Jesús Ariza Ariza le fue practicada una evaluación médica laboral en la que se le fijó una disminución de la capacidad laboral del 39.4%, causada al laborar con la Armada Nacional.

Indicó que las lesiones sufridas por el demandante le han impedido ejercer cualquier actividad laboral en el sector privado, y que depende para su tratamiento de sus familiares, dada la incapacidad que tiene para obtener sus propios ingresos.

Relató que solicitó ante la Armada Nacional el reconocimiento de la pensión de invalidez y el reajuste de la indemnización que le fue pagada, previo estudio de sus actuales condiciones médicas.

Normas violadas y concepto de violación.

Como normas violadas se citan en la demanda las siguientes:

De la Constitución Política, los artículos 2º y 25.

Del Código Contencioso Administrativo, el artículo 3º.

Del Código Sustantivo del Trabajo, el artículo 9º.

Del Decreto 94 de 1989, los artículos 15, 47, 79, 86, 87, 88 y 90.

Del Decreto 1796 de 2000, el artículo 39.

El apoderado del accionante afirmó que cuando éste ingresó a la Armada Nacional se encontraba en óptimas condiciones de salud, no obstante, al servicio de la entidad accionada sufrió una “incapacidad absoluta y permanente para el desempeño de actividades remunerativas, agregándose a ello el síndrome del complejo de inferioridad suscitado por su frustración en la búsqueda y obtención de trabajo”.

Consideró que no se valoró “con justicia” la incapacidad psicofísica del demandante al negársele la pensión de invalidez.

Anotó que los uniformados prestan una actividad de alto riesgo para el Estado, de ahí que las leyes sociales les garanticen unos derechos y prerrogativas de imperioso cumplimiento.

Mencionó que la entidad demandada desconoció el artículo 39 del Decreto 1796 de 2000, que regula la pensión de invalidez para quienes prestan el servicio militar obligatorio y los soldados profesionales, al no valorar la “verdadera discapacidad” del accionante.

Adujo que la indemnización reconocida al actor también debe ser reajustada de conformidad con lo dispuesto en los artículos 37 del Decreto 1796 de 2000 y 71, 72 y 76 del Decreto 94 del 11 de enero de 1989.

Resaltó que el demandante sufrió un deterioro en su estado de salud encontrándose al servicio de la Armada Nacional, por este motivo, se debe aplicar el Decreto 94 de 1989, que contiene el estatuto de capacidad psicofísica de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.

Al respecto destacó que la dirección de sanidad ha debido calificar la incapacidad del accionante como absoluta y permanente, reconociéndole en consecuencia la pensión de invalidez e indemnización, en atención a las tablas de los artículos 87 y 88 del Decreto 94 de 1989.

Afirmó que en el acta de la junta médica laboral, según lo dicho por el mandante, “no fueron consignadas todas las lesiones que padece y que progresivamente han deteriorado de manera ostensible su estado de salud, prueba de ello es que se le declaró no apto para el servicio”.

Anotó que la entidad demandada debió aplicar al actor la Ley 100 de 1993 para reconocerle la pensión de invalidez y reajustarle la indemnización en un monto superior al porcentaje reconocido.

2. Contestación de la demanda.

La Policía Nacional se opuso a las pretensiones de la demanda con fundamento en los siguientes argumentos(1):

Dijo que el actor debe probar los hechos relatados en la demanda, toda vez que al momento de su retiro tenía un porcentaje de disminución de la capacidad laboral del 39.4%, el cual es inferior al 75% exigido para el reconocimiento de la pensión de invalidez, por lo tanto, no es posible acceder a esta pretensión.

Destacó que el demandante solicitó el reconocimiento pensional luego de vencidos los términos para impugnar el acta de la junta médica laboral, por este motivo, consideró que lo pretendido es revivirlos.

Propuso la excepción de inepta demanda por indebida acumulación de pretensiones, toda vez que son excluyentes las solicitudes de reconocimiento de la pensión de invalidez y del reajuste de la indemnización por disminución de la capacidad laboral.

3. Sentencia de primera instancia.

El Tribunal Administrativo del Meta, mediante la sentencia del 10 de abril de 2012, negó las pretensiones de la demanda con fundamento en los siguientes argumentos(2):

Precisó que no se configura la excepción de inepta demanda porque el reconocimiento de la indemnización al actor no impide que solicite la pensión de invalidez, derecho de naturaleza imprescriptible.

Expuso que el artículo 39 del Decreto 1796 de 2000 considera que la persona tiene derecho a la pensión de invalidez cuando su incapacidad permanente o parcial sea superior al 75%, presupuesto que no se cumplió en el caso bajo estudio, debido a que “por falta de interés del actor no se profirió concepto de la junta regional de calificación de incapacidades, que determinara la disminución de su capacidad laboral, superior al 34.9%, decretado con la Resolución 008989 del 15 de septiembre de 2003, por lo tanto, no existe prueba en contrario, que desvirtúe la presunción de legalidad de que goza dicha resolución”.

En este orden de ideas, afirmó que el demandante no tiene derecho al reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, puesto que no probó la disminución de la capacidad laboral en un porcentaje superior al exigido por el Decreto 1796 de 2000.

Frente al reajuste de la indemnización que se le pagó por las lesiones sufridas en servicio, el tribunal consideró que no era procedente, debido a que quedó en firme el Acta de la Junta Médico Laboral Nº 768 del 10 de enero de 2003, siendo, por ello extemporánea la citada pretensión.

Igualmente, consideró que no era procedente acceder al pago de 1000 gramos oro por concepto de perjuicios, en la medida que la parte actora no cumplió con la carga de la prueba, como lo dispone el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil.

4. El recurso de apelación.

El apoderado del actor solicitó que se revoque la sentencia de primera instancia, así(3):

Expresó que si bien es cierto el porcentaje de pérdida de la capacidad laboral del demandante no corresponde al previsto normativamente para acceder al reconocimiento de la pensión de invalidez, no se puede perder de vista que su situación de salud ha evolucionado desfavorablemente, por ende, debería ser revisado nuevamente para proteger su derecho fundamental a la salud.

Aseveró que si como resultado de la nueva revisión médico laboral la disminución de la capacidad laboral del actor es igual o superior al 50%, en aplicación del principio de favorabilidad se debe acudir al artículo 40 de la Ley 100 de 1993, norma más benéfica respecto del Decreto 94 de 1989.

5. Alegatos de conclusión.

Mediante auto del 14 de mayo de 2013 se corrió traslado a las partes para que presentaran sus alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera su concepto(4). La entidad demandada no se pronunció al respecto.

La parte actora, a través de apoderado, insistió en que el señor Edgar Jesús Ariza Ariza fuera sometido a una evaluación médico laboral por la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Meta, su ciudad de residencia(5).

6. Ministerio Público.

La Procuraduría Segunda Delegada ante el Consejo de Estado solicitó que se confirme el fallo de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda(6):

Indicó que no le asiste la razón al accionante, como quiera que en el proceso no está probado que padezca una incapacidad médico laboral del 75% que lo habilite para tener derecho a la pensión de invalidez.

Agregó que el actor debió elevar dentro de los cuatro meses siguientes a la fecha en que fue notificado de la decisión de la Junta Médico Laboral, que se convocara al Tribunal Médico Laboral correspondiente para alegar su inconformidad respecto de la calificación de su discapacidad laboral.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia.

El presente asunto que se rige por el Decreto 01 de 1984 es competencia de esta corporación de conformidad con lo establecido en el artículo 129 idem, según el cual el Consejo de Estado conoce en segunda instancia de las apelaciones contra las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos.

2. Problema jurídico.

En los términos del recurso de apelación interpuesto por la parte actora, corresponde a la Sala establecer si revoca la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda. Para el efecto, se analizará si el señor Edgar Jesús Ariza Ariza, quien como infante de marina sufrió una pérdida de la capacidad laboral en un porcentaje inferior al 75%, tiene derecho al reconocimiento de la pensión de invalidez prevista en el Decreto 1796 de 2000, o si por el principio de favorabilidad es beneficiario del Sistema General de Seguridad Social en Pensional, que solo exige el 50% de aquélla.

Con el propósito de desatar el recurso de apelación se abordarán los siguientes aspectos: 2.1) De la pensión de invalidez en el régimen de seguridad social especial previsto para los integrantes de la fuerza pública; 2.2) De la aplicación por favorabilidad del Sistema General de Seguridad Social en pensiones de la Ley 100 de 1993 a los integrantes de la fuerza pública, 2.3) Hechos relevantes probados y 2.4) Caso concreto.

2.1. De la pensión de invalidez en el régimen de seguridad social especial previsto para los integrantes de la fuerza pública.

En lo relacionado con el estado y la capacidad psicofísica de los miembros de la fuerza pública debe decirse que los decretos 2728 de 1968, 1836 de 1979, 094 de 1989, 1796 de 2000 y 4433 de 2004 se han ocupado al detalle de estos aspectos, precisando los procedimientos médico científicos a través de los cuales se verifica su capacidad laboral, el origen de la incapacidad, el porcentaje de pérdida de aquélla y las prestaciones económicas que eventualmente hay lugar a reconocer.

Para el caso concreto resulta relevante señalar que el Decreto 1796 de 2000(7) en su artículo 39 establecía la prestación pensional por invalidez para el personal vinculado al servicio militar obligatorio y para los soldados profesionales, siempre que éstos hubieran perdido el 75% o más de su capacidad psicofísica durante el servicio. Para mayor ilustración se transcribe el citado artículo 39:

“ART. 39.—Liquidación de pensión de invalidez del personal vinculado para la prestación del servicio militar obligatorio y para los soldados profesionales. Cuando el personal de que trata el presente artículo adquiera una incapacidad durante el servicio que implique una pérdida igual o superior al 75% de su capacidad laboral, tendrá derecho mientras subsista la incapacidad, a una pensión mensual valorada y definida de acuerdo con la reglamentación que expida el Gobierno Nacional para el efecto, y liquidada como a continuación se señala: 

a. El setenta y cinco por ciento (75%), del salario que se señala en el parágrafo 1o del presente artículo, cuando la disminución de la capacidad laboral sea igual o superior al setenta y cinco por ciento (75%) y no alcance el ochenta y cinco por ciento (85%). 

b. El ochenta y cinco por ciento (85%) del salario que se señala en el parágrafo 1o del presente artículo, cuando la disminución de la capacidad laboral sea igual o superior al ochenta y cinco por ciento (85%) y no alcance el noventa y cinco por ciento (95%). 

c. El noventa y cinco por ciento (95%), del salario que se señala en el parágrafo 1o del presente artículo, cuando la disminución de la capacidad laboral sea igual o superior al noventa y cinco por ciento (95%). 

PAR. 1º—La base de liquidación de la pensión del personal vinculado para la prestación del servicio militar obligatorio será el sueldo básico de un cabo tercero o su equivalente en la Policía Nacional. 

PAR. 2º—Para los soldados profesionales, la base de liquidación será igual a la base de cotización establecida en el régimen de carrera y estatuto del personal de soldados profesionales. 

PAR. 3º—Cuando el porcentaje de pérdida de la capacidad laboral no sea igual o superior al 75% no se generará derecho a pensión de invalidez”.  

Lo anterior permite advertir que en vigencia del Decreto 1796 de 2000, los soldados profesionales, bachiller, campesino, regular o auxiliares de policía tenían derecho a la pensión de invalidez siempre que: i) hayan experimentado la pérdida de su capacidad psicofísica en un porcentaje igual o superior al 75% y ii) ésta se haya registrado durante el servicio.

En consonancia con lo expuesto, se advierte que el artículo 24 del Decreto 1796 de 2000, establecía que las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que se registraban las lesiones de los miembros de la fuerza pública se podían calificar como: i) en el servicio pero no por causa y razón del mismo, es decir, enfermedad y/o accidente común; ii) en el servicio por causa y razón del mismo, es decir, enfermedad profesional y/o accidente de trabajo; iii) en el servicio como consecuencia del combate o en accidente relacionado con el mismo, o por acción directa del enemigo y iv) en actos realizados contra la ley, el reglamento o la orden de un superior.

En estos términos resulta evidente que en los casos en los que un miembro de la fuerza pública experimente una disminución de su capacidad laboral en servicio surge el derecho a percibir la prestación pensional derivada de un estado de invalidez. Lo anterior se explica en el hecho de que el Estado tiene la obligación constitucional y legal de proteger a todos los residentes del país en su vida y hora(8), lo que cobra una especial relevancia en el caso de quienes prestan sus servicios en defensa de la soberanía nacional y como garantes de los derechos y libertades públicas(9).

2.2 De la aplicación por favorabilidad del Sistema General de Seguridad Social en pensiones de la Ley 100 de 1993 a los integrantes de la fuerza pública.

El Sistema General de Pensiones es de aplicación general, así se desprende del texto del artículo 11 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 1º de la Ley 797 de 2003. Sin embargo, la misma Ley 100 en su artículo 279 dispuso que: “(...) El sistema integral de seguridad social contenido en la presente ley no se aplica a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, ni al personal regido por el Decreto Ley 1214 de 1990, con excepción de aquél que se vincule a partir de la vigencia de la presente ley, ni a los miembros no remunerados de las corporaciones públicas (…).”.

De tal manera que los integrantes de la fuerza pública, en principio, se encuentran excluidos de la aplicación del Sistema Integral de Seguridad Social previsto en la Ley 100 de 1993.

Sin embargo, solo por vía de excepción, en virtud del principio de favorabilidad, la Sala ha aplicado al personal de la fuerza pública los requisitos exigidos por el Régimen General de Seguridad Social para el reconocimiento de la pensión de invalidez, entre ellos el 50% de la disminución de la capacidad laboral(10).

2.3. Hechos relevantes probados.

Vinculación laboral del demandante.

En Oficio 509 del 19 de abril de 2006, el jefe de División de Administración de Personal de la Armada Nacional certificó que el señor Edgar Jesús Ariza Ariza “figura activo en la institución en el grado de infante de marina profesional”(11).

Informe administrativo de lesiones, acta de la junta médica laboral y reconocimiento de la indemnización

— Mediante el informe administrativo por lesiones del 6 de junio de 2001, firmado por el comandante de la Armada Nacional, se indicó que el 2 de octubre del año 2000 el infante de marina voluntario Edgar Jesús Ariza Ariza sufrió unas lesiones en el pie izquierdo, estando en servicio y como consecuencia del enemigo(12).

— A través del acta de junta médica laboral Nº 768 del 10 de enero de 2003, la dirección de sanidad de la Armada Nacional, le diagnóstico al actor una herida por arma de fuego en el pie izquierdo y se plasmaron las siguientes conclusiones(13):

“A. Antecedentes – Lesiones – Afecciones – Secuelas. 

1. Herida por arma de fuego pie izquierdo que ocasiona fractura de 1, 2 y 3 metatarsianos, para los cuales recibió manejo médico-quirúrgico interdisciplinario, dejando como secuelas:  

a. Acortamiento del pie, deformidad ósea a nivel de la cara dorsal y limitación para movimientos de los dedos pie izquierdo. 

b. Limitación funcional marcada cuello pie izquierdo.  

c. Cicatriz de 12 cms de longitud localizada en hipogastrio, no queloide, que no produce alteración funcional.  

B. Clasificación de las lesiones o afecciones y calificación de capacidad para el servicio. 

Las anteriores lesiones le determinan una incapacidad permanente parcial. NO APTO para la vida militar.  

C. Evaluación de la disminución de la capacidad laboral.  

Presenta una discapacidad de la capacidad laboral de treinta y cuatro punto nueve por ciento (39.4%)”.  

— Copia de la constancia de notificación del 7 de marzo de 2003, al demandante del acta de la junta médico laboral Nº 768 del 10 de enero de 2003(14).

— En escrito del 27 de marzo de 2003, el actor le informó al director de Sanidad Naval que “estoy de acuerdo con el resultado de la junta médica laboral Nº 768 del 10 de enero de 2003 registrada en la dirección de sanidad Armada Nacional y que no estoy interesado en reclamar en segunda instancia”(15).

— Copia del acta aclaratoria Nº 277-DISAN-03 del 2 de septiembre de 2003 de la junta médica laboral, en la que se modifica el porcentaje de pérdida de la capacidad laboral a 33.27%(16).

— Copia de la Resolución Nº 000898 del 15 de septiembre de 2003, dictada por el jefe de desarrollo humano del Comando Armada Nacional “por la cual se reconoce y ordena el pago de prestaciones sociales con fundamento en el expediente ARC Nº 40887/2003”, en la que se consideró que al tenor de lo dispuesto en el Decreto Nº 2728 de 1968 se consolidó el derecho del accionante al pago de la indemnización por disminución de la capacidad laboral, por el monto de $ 12.375.380(17).

Reclamación en sede administrativa y acto administrativo demandado.

En escrito del 27 de agosto de 2003, el actor mediante apoderado solicitó al Ministerio de Defensa Nacional la práctica de nuevos exámenes médicos, la prestación de atención médica, el reconocimiento de la pensión de invalidez y el reajuste de la indemnización(18).

En respuesta el coordinador del grupo de prestaciones económicas, a través del Oficio Nº 11858 del 23 de septiembre de 2013, le indicó al abogado del demandante que su mandante no cumple con los requisitos del artículo 39 del Decreto 1796 de 2000, relativo al reconocimiento de la pensión por invalidez(19).

2.4. Caso concreto.

En el asunto bajo estudio, el señor Edgar Jesús Ariza Ariza siendo infante de marina sufrió unas lesiones en su pie izquierdo durante un combate. Como resultado la junta médica laboral de la Armada Nacional calificó su disminución de la capacidad laboral en un 39.4%, que posteriormente redujo a 33.27%. Sin embargo, el actor solicitó el reconocimiento de la pensión de invalidez y que se aumentara la indemnización que le había sido otorgada, petición que fue negada por la entidad accionada en el acto administrativo demandado en el presente proceso.

El Tribunal Administrativo del Meta negó las pretensiones de la demanda al considerar que el accionante no tiene una pérdida de la capacidad laboral del 75%, porcentaje exigido por el artículo 39 del Decreto 1796 de 2000, para el reconocimiento de la pensión de invalidez de los integrantes de la fuerza pública.

Inconforme con esta decisión, el apoderado del actor interpuso recurso de apelación afirmando que el estado de salud del demandado se ha deteriorado, de modo que solicitó que fuera valorado nuevamente, y que en consecuencia, de ser igual o superior al 50%, se le aplique por favorabilidad el artículo 40 de la Ley 100 de 1993.

Sentado el objeto del recurso de apelación, la Sala precisa que en el proceso está probado que el señor Edgar Jesús Ariza Ariza el 2 de octubre del año 2000 sufrió unas lesiones por arma de fuego en su pie izquierdo, que fueron calificadas por la junta médica laboral de la Armada Nacional, mediante el acta Nº 768 del 10 de enero de 2003, aclarada en acta Nº 277-DISAN-03 del 2 de septiembre de 2003 que modificó su pérdida de la capacidad laboral en un 33.27%.

Así las cosas, al caso del actor no se aplica el Decreto 094 de 1989(20), sino que la norma vigente para el momento en que sufrió las heridas en su pie izquierdo es el Decreto 1796 de 2000(21).

Igualmente, consta en el proceso que en la demanda se pidió como prueba que el accionante fuera evaluado por la junta regional de calificación de invalidez, la cual fue decretada por el Tribunal Administrativo del Meta en auto del 13 de enero de 2006(22).

Sin embargo, la junta de calificación de invalidez Regional del Meta, en oficio del 8 de julio de 2009, le informó al Tribunal que para tramitar la calificación se debía allegar la copia de la historia clínica del paciente, éste debía presentar personalmente y cancelar $ 496.900(23).

El 22 de junio de 2009, el Tribunal Administrativo del Meta ordenó que se pusiera en conocimiento de la parte demandante el citado oficio de la junta de calificación de invalidez Regional del Meta(24).

El 7 de mayo de 2010, el tribunal cerró el periodo probatorio al correr traslado a las partes para que alegaran de conclusión(25), sin que la parte accionante hubiera tramitado ante la junta de calificación de invalidez Regional del Meta la revisión del porcentaje de pérdida de la capacidad psicofísica del demandante.

Nuevamente, en segunda instancia el apoderado del actor, en el recurso de apelación y en los alegatos de conclusión rendidos ante esta corporación, solicitó la revisión de la capacidad psicofísica del accionante por parte de la junta de calificación de invalidez Regional del Meta.

Por este motivo, el 24 de enero de 2014 el despacho que sustancia el presente proceso profirió de oficio un auto de prueba, con fundamento en la facultad regulada en el artículo 169 del Código Contencioso Administrativo, para que la junta de calificación de invalidez Regional del Meta determinara la disminución de la capacidad laboral del señor Edgar Jesús Ariza Ariza.

Los días el 4 de julio, 24 de julio, 21 de agosto y 12 de septiembre de 2014 la junta de calificación de invalidez Regional del Meta le asignó citas de valoración al accionante, pero éste no asistió, como consta en el Oficio del 27 de octubre de 2014(26). Por este motivo, la referida junta devolvió a esta corporación la solicitud de calificación.

Como se observa, a pesar del esfuerzo diligente del Tribunal Administrativo del Meta y de esta corporación, para que la junta de calificación de invalidez Regional del Meta evaluara la disminución de la capacidad psicofísica del señor Edgar Jesús Ariza Ariza, éste y su apoderado no facilitaron que se pudiera practicar esta prueba.

Entonces como la decisión del juez se debe fundar en las pruebas regular y oportunamente aportadas al proceso, según lo ordenaba el artículo 174 del Código de Procedimiento Civil(27) (actualmente artículo 164 del Código General del Proceso), para la Sala es claro que en el sub lite únicamente se probó que la disminución de la capacidad laboral del accionante fue del 33.27%.

Sin embargo, este porcentaje del 33.27% es inferior al exigido en el artículo 39 del Decreto 1796 de 2000, norma aplicable al actor en su condición de infante de marina profesional, y tampoco es igual o superior al 50% previsto en el artículo 38 de la Ley 100 de 1993(28), eventualidad en la cual procedería estudiar en virtud del principio de favorabilidad el derecho a la pensión de invalidez en el Sistema General de Seguridad Social.

En este orden de ideas, se comparten los argumentos del Tribunal Administrativo del Meta, quien igualmente precisó que el demandante no tiene derecho al reconocimiento y pago de la pensión de invalidez.

III. DECISIÓN

Como quiera que la parte actora no logró desvirtuar la presunción de legalidad del acto administrativo censurado, la Sala confirmará la decisión del Tribunal que negó las pretensiones de la demanda.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

CONFIRMAR la sentencia del 10 de abril de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, que negó las pretensiones de la demanda, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.

Por secretaría, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, comuníquese, notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Magistrados: César Palomino Cortés—Sandra Lisett Ibarra Vélez—Carmelo Perdomo Cuéter.

1 Fls. 23 a 28.

2 Fls. 119 a 125.

3 Fls. 126 a 127.

4 Fl. 139.

5 Fls. 140 a 142.

6 Fls. 144 a 148.

7 Vigente al momento en que el accionante experimentó las lesiones que hoy aduce como causa eficiente de la pérdida de su capacidad laboral.

8 “ART. 2º—Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”.

9 Este marco conceptual se encuentra en la sentencia del 28 de octubre de 2016, Sección Segunda, Subsección B, M.P. César Palomino Cortés, proceso con radicado 25000-23-25-000-2012-01112-01 (0856-2014).

10 Sobre el particular consultar la sentencia del 23 de febrero de 2017, Sección Segunda, Subsección B, M.P. César Palomino Cortés, proceso con radicado 08001-23-31-000-2004-00508-01 (1325-2009).

11 Fl. 97.

12 Fl. 81.

13 Fls. 9 a 12.

14 Fl. 51.

15 Fl. 52.

16 Fl. 59.

17 Fl. 46.

18 Fls. 6 a 7.

19 Fl. 8.

20 Por el cual se reforma el estatuto de la capacidad sicofísica, incapacidades, invalideces e indemnizaciones del personal de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, soldados, grumetes, agentes, alumnos de las escuelas de formación y personal civil del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional

21 “Por el cual se regula la evaluación de la capacidad sicofísica y de la disminución de la capacidad laboral, y aspectos sobre incapacidades, indemnizaciones, pensión por invalidez e informes administrativos por lesiones, de los miembros de la fuerza pública, Alumnos de las Escuelas de Formación y sus equivalentes en la Policía Nacional, personal civil al servicio del Ministerio de Defensa Nacional y de las Fuerzas Militares y personal no uniformado de la Policía Nacional vinculado con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993”.

22 Fls. 32 a 34.

23 Fl. 103.

24 Fl. 104.

25 Fl. 105.

26 Fl. 171.

27 Norma vigente para el 3 de mayo de 2012, cuando la parte actora interpuso el recurso de apelación.

28 ART. 38.—Estado de invalidez. Para los efectos del presente capítulo se considera inválida la persona que por cualquier causa de origen no profesional, no provocada intencionalmente, hubiere perdido el 50% o más de su capacidad laboral.