Sentencia 2003-20037/42538 de agosto 1º de 2016

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION TERCERA - SUBSECCION A

Rad.: 50001-23-31-000-2003-20037-01(42538)

Consejero Ponente:

Dr. Hernán Andrade Rincón

Ref.: Acción de reparación directa

Actor: Aquiles Rodríguez Matías y otro

Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación y otro

Bogotá, D.C., primero de agosto de dos mil dieciséis.

Tema: Privación injusta de la libertad / sindicado no cometió la conducta - Reiteración jurisprudencial – Actualización de la condena por equidad.

En virtud de la prelación dispuesta por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado en acta del 25 de abril de 2013 y comoquiera que la presente providencia comporta la reiteración de la jurisprudencia en torno a la responsabilidad patrimonial del Estado derivada de la privación injusta de la libertad, resuelve la Sala el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía General de la Nación, contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, el 16 de diciembre de 2010, mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, en los siguientes términos (se transcribe de forma literal):

“1. NIÉGUESE la excepción de INDEBIDA REPRESENTACIÓN POR PASIVA propuesta por la NACIÓN – MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA.

2. NIÉGUENSE las pretensiones respecto a la NACIÓN – MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA y RAMA JUDICIAL.

3. DECLARASE administrativa responsable a la NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, por los daños y perjuicios ocasionados al señor AQUILES RODRÍGUEZ MATÍAS con ocasión a la privación injusta de la libertad de la que fue objeto.

4. En consecuencia, CONDÉNASE a la Nación a la Fiscalía General de la Nación, al pago de las siguientes sumas de dinero por concepto de perjuicios de orden moral las siguientes de dinero:

- AQUILES RODRÍGUEZ MATÍAS: sesenta (60) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

- MARIA ONEYDA CALDERON GUTIÉRREZ (esposa) cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

- DMRC (hija) cuarenta (40) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

- AURA MARÍA MATÍAS RUBIO cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

5. CONDÉNASE a la entidades accionadas a la Nación – Fiscalía General de la Nación pagar al actor, a título de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente la suma de Dieciséis millones seiscientos sesenta mil doscientos ochenta ($16.660.280).

6. DENIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda.

7. Dése cumplimiento a lo consagrado en los artículos 176 y 177 del C.C.A.

8. Una vez ejecutoriada la presente providencia, por secretaría expídanse copias auténticas del presente fallo con su respectiva constancia de ejecutoria, dentro de los términos establecidos en el inciso 2º, del numeral 2º, del artículo 115 del C.P.C. y cúmplase con las comunicaciones del caso y las ordenadas en el artículo 177 del C.C.A.

9. Sin condena en costas”.

I. Antecedentes

Mediante escrito presentado el 4 de febrero de 2003(1), los señores Aquiles Rodríguez Matías y Oneyda Calderón Gutiérrez, en nombre propio y en representación de su hija menor DMRC; y la señora Aura María Matías, a través de apoderado judicial, interpusieron demanda en ejercicio de la acción de reparación directa contra la Nación – Ministerio de Justicia- Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura y Fiscalía General de la Nación, con el fin de que se les declarara patrimonialmente responsables por los perjuicios sufridos como consecuencia de la privación injusta de la libertad de que fue objeto el señor Aquiles Rodríguez Matías en un proceso penal adelantado en su contra por los delitos de “terrorismo, lesiones personales en calidad de cómplice y concierto para delinquir”.

Como consecuencia de la anterior declaración, solicitaron que se condenara a las entidades demandadas a pagar una indemnización por concepto de perjuicios morales en la suma equivalente a 100 SMMLV para cada uno de los demandantes y, subsidiariamente, solicitaron la cantidad de 1.000 gramos de oro al precio de venta para el momento de la culminación del presente proceso; en cualquier caso pidieron que se impusiera por dicho concepto la mayor condena que se encontrara vigente al momento de la terminación del presente proceso.

Por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, solicitaron que se indemnizara al señor Aquiles Rodríguez Matías por los ingresos dejados de percibir durante el tiempo que estuvo privado de la libertad y los ingresos mensuales y demás prestaciones devengadas antes de su detención, derivados de la dejación forzosa del cargo que desempeñaba en la Fiscalía General de la Nación.

Finalmente, se solicitó el reconocimiento de una indemnización a título de daño emergente, en la suma de $13’000.000 derivados de la venta del vehículo taxi de su propiedad; la suma de $10’000.000 por los gastos en que incurrió por el pago de honorarios profesionales y los demás perjuicios materiales causados al afectado directo y los demás demandantes.

Como fundamentos fácticos de sus pretensiones se narró, en síntesis, que el 19 de mayo de 1997, en las instalaciones de la Fiscalía Regional de Villavicencio, en horas de la mañana fue arrojada una granada que le causó lesiones a varios funcionarios y daños materiales a las instalaciones de la edificación.

Se agregó que el 1º de mayo de 1998(2) se obtuvo la versión de uno de los escoltas del Cuerpo Técnico de Investigación C.T.I., quien manifestó que había escuchado de un supuesto testigo de nombre Yesid Alexander Delgado Cifuentes, la vinculación del señor Aquiles Rodríguez Matías con los hechos ocurridos el 19 de mayo de 1997. Dicha versión fue ampliada el 7 de septiembre de 1998 y, junto con otras pruebas recaudadas, la Fiscalía Octava Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializados de Villavicencio mediante resolución proferida el 18 de abril de 2000, vinculó formalmente a la investigación al señor Aquiles Rodríguez Matías.

Señaló el libelo que, el 10 de mayo de 2000, el señor Aquiles Rodríguez Matías se presentó ante el CTI, después de que su esposa recibiera una llamada en la cual manifestaban que requerían la presencia del señor Rodríguez Matías. Ese mismo día el afectado directo fue privado de su libertad y recluido en las carceletas de seguridad del CTI en Villavicencio.

El 17 de mayo de 2000, la Fiscalía 8 Especializada de Villavicencio resolvió decretar medida de aseguramiento consistente en detención preventiva sin beneficio de excarcelación como presunto responsable de los delitos de terrorismo, tentativa de homicidio agravado y lesiones personales. Dicha decisión fue apelada por el sindicado y revocada por la Fiscalía 1º Delegada ante el Tribunal Superior de Villavicencio el día 27 de junio de 2000, por lo que se ordenó la libertad inmediata del señor Aquiles Rodríguez Matías, quien la recobró el día 28 de junio de la misma anualidad.

Finalmente, se dijo que el día 3 de enero de 2001 la Fiscalía 8 Delegada ante los Jueces del Circuito Especializados de Villavicencio, dispuso la absolución del encartado, decisión que quedó debidamente ejecutoriada el 5 de febrero del mismo año.

La demanda fue admitida por el Tribunal Administrativo del Meta mediante proveído de fecha 25 de abril de 2003(3), providencia que se notificó en legal forma(4).

El Ministerio de Justicia y del Derecho contestó la demanda, para exponer como primer aspecto de defensa su falta de intervención en los hechos narrados en la demanda de reparación directa, razón por la cual propuso la excepción de indebida representación por pasiva, con fundamento en que la Rama Judicial tiene un funcionamiento autónomo y desconcentrado, que sus decisiones son independientes y que es el Consejo Superior de la Judicatura el encargado de adelantar las actividades administrativas de la rama judicial; En relación con la Fiscalía General de la Nación manifestó que tiene autonomía y patrimonio independiente, por lo que no se podía tener al Ministerio de Justicia y del Derecho como representante de la mencionada entidad, razones que consideró suficientes para que ser excluido del presente proceso(5).

La Fiscalía General de la Nación contestó la demanda dentro de la respectiva oportunidad procesal y se opuso a la prosperidad de las pretensiones formuladas por el actor; para tal efecto señaló que de la vinculación a la investigación penal adelantada en contra del señor Aquiles Rodríguez Matías no se podía estructurar una falla en el servicio, pues se actuó conforme a las facultades constitucionales y legales otorgadas a la entidad, ya que durante toda la investigación el sindicado tuvo la oportunidad de realizar su defensa, además, manifestó que la detención fue legítima, dado que, al momento de proferir medida de aseguramiento en contra del señor Aquiles Rodríguez, existían méritos suficientes para su adopción, tales como la declaración que sirvió de base para la investigación en su contra y que fue con posterioridad a dicha decisión que se logró desvirtuar el mencionado testimonio que lo comprometió.

Presentó como excepciones el hecho de un tercero, la ausencia de falla o error judicial y la adopción legítima de la medida de aseguramiento(6).

La Rama Judicial contestó la demanda de manera extemporánea(7), por lo que el Tribunal así lo declaró en la providencia de 15 de julio de 2004(8), mediante la cual se abrió el proceso a pruebas(9), una vez concluido el término probatorio, mediante proveído de 12 de junio de 2009(10) se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para rendir concepto de fondo.

En esta oportunidad la parte actora(11), reiteró, en su integridad, los argumentos expuestos en la demanda; por su parte, las entidades demandadas y el Ministerio Público guardaron silencio.

I.I. La sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo del Meta profirió sentencia el 16 de diciembre de 2010(12), mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, en los términos transcritos al inicio de esta providencia.

Tras hacer un recuento de las disposiciones legales y jurisprudenciales sobre la responsabilidad extracontractual del Estado frente al tema objeto de la controversia, el a quo estimó que se configuraron los presupuestos para la indemnización a cargo de la Fiscalía General de la Nación, puesto que se acreditó la captura y retención del actor, así como su posterior orden de libertad derivada de la preclusión de la investigación a la cual fue vinculado el señor Aquiles Rodríguez Matías, toda vez que se demostró que el afectado directo no había cometido el delito por el cual se le privó de la libertad.

Precisó el fallador de primera instancia que el daño le era imputable a la Fiscalía General de la Nación, por cuanto el actor fue detenido con fundamento en un testimonio ambiguo, frente al cual la entidad no realizó las diligencias pertinentes para indagar la veracidad de las afirmaciones del declarante, pues frente a tal situación el ente investigador debía desplegar las actuaciones tendientes a establecer si los datos suministrados por el incriminador eran o no ciertos, por lo tanto, no consideró válido el argumento referido a que se trataba del hecho de un tercero, dado que su función era investigar exhaustivamente los pormenores del ataque terrorista, sin embargo, la entidad no cumplió con su función y, en consecuencia, profirió medida de aseguramiento, actuación que constituyó una anomalía que contribuyó eficazmente a la privación de la libertad de una persona ajena al proceso y a los hechos.

Frente a la Rama Judicial y al Ministerio del Interior y de Justicia señaló que estaban exentos de responsabilidad, dado que no intervinieron en la causación efectiva del daño ocasionado al afectado directo, ya que este ocurrió durante la etapa de instrucción.

I.II. El recurso de apelación

1. El recurso de la Fiscalía General de la Nación.

De manera oportuna(13), la Fiscalía General de la Nación interpuso recurso de apelación en contra de la providencia de primera instancia, en el cual señaló que era evidente que el nexo causal determinante para proferir medida de aseguramiento fue el testimonio rendido por el señor Yesid Alexander Delgado Cifuentes, quien sindicó al señor Rodríguez Matías como autor de un acto terrorista, razón que deja en evidencia el hecho de un tercero y, en tal sentido, no podía endilgársele responsabilidad alguna a la entidad, ya que actuó conforme a la Constitución y la ley y, si bien era cierto que la investigación que cursaba en contra del señor Aquiles Rodríguez Matías fue precluida al desvirtuarse el testimonio que sirvió de base al proceso, esta situación no implicaba que la detención hubiera sido injusta, pues al momento de proferirse la medida de aseguramiento existían indicios graves sobre la responsabilidad penal del sindicado en los hechos indagados.

De otra parte, la entidad manifestó su inconformidad frente a la tasación de la indemnización por concepto de perjuicios morales, por considerar que fueron sobreestimados, pues, de conformidad con las pautas jurisprudenciales aplicables a dicho tema, en el presente caso no se evidenciaba una mayor y grave afectación sufrida por el demandante, toda vez que se encontró privado de la libertad por un corto período de tiempo. En lo atinente a los perjuicios materiales reclamados, consideró que debían desestimarse, pues los documentos con los cuales se pretendían demostrar no eran oponibles a la entidad, pues se trataba de documentos privados que no contaban con fecha cierta, además de provenir de terceros que no acreditaban el pago, por lo que no tenían valor probatorio.

2. La audiencia de conciliación judicial.

Mediante providencia de 11 de marzo de 2011(14) el Tribunal a quo convocó a la realización de una audiencia de conciliación, según lo previsto en el artículo 70 de la Ley 1395 de 2010, diligencia que resultó fallida ante la falta de ánimo conciliatorio de parte de la Fiscalía General de la Nación(15).

3. El trámite de segunda instancia.

El recurso formulado oportunamente por la Fiscalía General de la Nación fue admitido por auto del 29 de noviembre de 2011(16). Posteriormente, mediante proveído del 13 de enero de 2012(17) se corrió traslado a las partes para que alegaran de conclusión y al Ministerio Público para que, si lo consideraba pertinente, rindiera concepto de fondo.

En esta oportunidad procesal tanto la parte demandante(18) como la Fiscalía General de la Nación(19) reprodujeron los mismos argumentos expuestos en la demanda, la contestación y el recurso de apelación, respectivamente.

El Ministerio Público(20) presentó concepto en el cual concluyó que la sentencia debía ser confirmada parcialmente, para lo cual expuso que la Fiscalía General de la Nación no desplegó las actuaciones tendientes a indagar sobre la veracidad de las afirmaciones del testigo, razón por la cual no consideró válido como argumento el hecho de un tercero, ya que su obligación era investigar exhaustivamente los pormenores del ataque terrorista.

Expuso además que la Fiscalía 8 Especializada de Villavicencio, en la resolución de preclusión, desvirtuó la prueba que le sirvió de fundamento para decretar la medida de aseguramiento que se le impuso al señor Aquiles Rodríguez Matías, con lo cual desapareció un requisito sustancial exigido por la ley para la procedencia de la medida impuesta, situación que constituyó una falla en el servicio, pues consideró que no podía justificarse la actuación de la Fiscalía cuando al resolver la situación jurídica del señor Rodríguez Matías se basó únicamente en una supuesta prueba que al final no fue suficiente, pues la decisión que se adoptó fue la preclusión de la investigación.

Finalmente consideró necesario revocar el numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia, pues no hubo actuación por parte de las entidades demandadas - Nación - Rama Judicial y Ministerio del Interior y de Justicia - toda vez que los perjuicios ocasionados a los demandantes se dieron durante la etapa de instrucción de la investigación, razón por la que solicitó se declarara la falta de legitimación en la causa por pasiva en favor las entidades mencionadas.

La Sala, al no encontrar causal de nulidad alguna que pudiera invalidar lo actuado, procede a resolver de fondo el asunto.

II. Consideraciones de la Sala

1. Competencia.

La Sala es competente desde el punto de vista funcional para conocer del asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Meta el 16 de diciembre de 2010, en proceso con vocación de doble instancia ante esta Corporación(21).

2. Ejercicio oportuno de la acción.

En concordancia con lo previsto por el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo contenido en el Decreto-Ley 1 de 1984(22), en los casos en los cuales se ejerce la acción de reparación directa con fundamento en la privación injusta de la libertad, el término de caducidad de dos años se cuenta desde el momento en el cual el sindicado recupera la libertad y/o la providencia absolutoria queda ejecutoriada —lo último que ocurra—(23).

En el sub examine la responsabilidad administrativa que se impetra en la demanda se origina en los daños que se alegaron sufridos por los demandantes con ocasión de la privación de la libertad de que fue objeto el señor Aquiles Rodríguez Matías, presuntamente ocurrida entre el 10 de mayo y el 28 de junio de 2000, fecha en la que obtuvo la libertad ante la decisión de precluir la investigación que la Fiscalía 8 Especializada de Villavicencio adelantaba en su contra.

Obra en el expediente copia simple de la constancia suscrita por el Secretario Judicial I de la Fiscalía 8 Especializada de Villavicencio(24), según la cual el 5 de febrero de 2001 cobró ejecutoria la resolución mediante la cual se precluyó la investigación antes aludida, por lo que al haberse presentado la demanda el 4 de febrero de 2003(25), resulta evidente que la acción se ejercitó dentro del término previsto para ello.

3. El objeto del recurso de apelación.

Previo a abordar el análisis de fondo resulta necesario señalar que el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía General de la Nación está encaminado a que se revoque la sentencia de primera instancia, discutiendo en concreto que la privación de la libertad que sufrió el señor Aquiles Rodríguez Matías no constituía un daño antijurídico que le fuera imputable, en tanto que si bien fue precluida la investigación en su contra, al momento de resolver su situación existían graves indicios de su responsabilidad frente a los delitos que se le endilgaban, razón por la cual se actuó en legal forma.

Además, también estima la parte recurrente que la indemnización de perjuicios morales reconocida por el a quo fue sobre estimada, pues, de conformidad con los presupuestos establecidos para la tasación de los mismos, en el presente caso no se evidenciaba una grave y mayor afectación sufrida por el demandante, toda vez que se encontró privado de la libertad por un corto período de tiempo.,

En lo atinente a los perjuicios materiales reclamados, consideró que debían desestimarse, pues los documentos con los cuales se pretendían demostrar no eran oponibles a la entidad, pues se trataba de documentos privados que no contaban con fecha cierta, además de provenir de terceros que no acreditaban el pago, por lo que no tenían valor probatorio.

En estas condiciones, se tiene que no se formuló ningún cuestionamiento frente a la decisión del tribunal en cuanto a la improsperidad de las excepciones propuestas por las entidades demandadas, por lo que este aspecto quedó fijado con la decisión de primera instancia y no será objeto de análisis con ocasión de los recursos formulados.

4. Lo probado en el proceso.

En atención al material probatorio obrante en el expediente, recaudado oportunamente y con el lleno de los requisitos legales, se tienen debidamente demostrados en este proceso los siguientes hechos:

• Que el señor José Fernando Ordóñez, funcionario del C.T.I, mediante informe de novedad del 21 de mayo de 1998(26), comunicó a su superior que el detenido Yesid Alexander Cifuentes Delgado le había manifestado que conocía la identidad de las personas que en el año 1997 atentaron contra las instalaciones de la Fiscalía Regional en Villavicencio.

• Que a raíz del informe de novedad rendido por el mencionado funcionario del CTI se ordenó que el señor Yesid Alexander Cifuentes Delgado fuera escuchado en declaración el día 9 de julio de 1998(27), diligencia en la que hizo referencia a la participación de un señor llamado “Aquiles” en los hechos ocurridos el 19 de mayo de 1997 en las instalaciones de la Fiscalía de Villavicencio. Dicho testimonio fue ampliado el día 22 de julio de 1998(28).

• Que con fundamento en las declaraciones rendidas por el señor Cifuentes Delgado, mediante Resolución del 18 de abril de 2000(29), la Fiscalía Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializados de Villavicencio vinculó formalmente al señor Aquiles Rodríguez Matías a la investigación 3462 que se adelantaba por los hechos ocurridos el 19 de mayo de 1997 en las instalaciones de la Fiscalía Regional de Villavicencio, profiriendo orden de captura en su contra(30).

• Que el día 11 de mayo de 2000, el señor Aquiles Rodríguez Matías se presentó en la oficina de unidad de investigación de la policía judicial, al ser requerido vía telefónica a través de su esposa, fecha en la cual fue capturado, tal y como se observa en el acta de derechos del capturado(31).

• Que mediante resolución proferida el 17 de mayo de 2000(32) por la Fiscalía Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializados de Villavicencio, se resolvió la situación jurídica del señor Aquiles Rodríguez Matías, en la cual se decretó medida de aseguramiento consistente en detención preventiva sin beneficio de excarcelación. Sobre la situación del actor, expuso el ente investigador (se transcribe de forma literal):

“Así las cosas tenemos que las explicaciones dadas por el señor AQUILES RODRIGUEZ (sic) justificando su actuar, no son de aceptación para la fiscalía ya que se encuentran varios indicios que comprometen su responsabilidad, el despacho por ahora le da credibilidad a las declaraciones de YESID ALEXANDER DELGADO CIFUENTES, porque es una persona que no ha sido declara inimputable que por sus manifestaciones se deduce que percibió directamente todos los planes que tenían las personas interesadas en atentar contra las instalaciones de la fiscalía y sus funcionarios, por lo tanto se le da valor probatorio, además porque aunadas las declaraciones de este, con la declaración jurada de JORGE ENRIQUE LOPEZ PINO, se puede concluir que, efectivamente se llevo acabo el atentado contra funcionarios que estaban llevando investigaciones por loss delitos de ley 30, prueba de ello fue el atentado terrorista que se llevó a cabo el 3 de octubre de 1997, actos que como lo dijo Yesid en su declaración; el lanzamiento de la granada de fragmentación a estas instalaciones era con el fin de que se asutaran las personas que estuvieran fuera de las instalaciones para que cogieran miedo y como los funcionarios no pararon en perseguir a los delincuentes, les programaron el otro atentado al que se refirió Yesid cuando dijo estaban alistando un atentado fuerte para volar la Fiscalía este acto estaba programado entre las diez y las doce del medio día, por que a esa hora fijo estaban todos los funcionarios y fiscales, hecho que al parecer se llevo a cabo el 3 de ooctubre de 1997 contra un fiscal, varios funcionarios del Gaula y CTI de esta regional; igualmente tienen eco en esta fiscalía las manifestaciones de YESID cuando dice que el señor LUIS recibía la información que le suministraba el señor AQUILES funcionario del CTI, además, que cuando se empezó a organizar lo del atentado para volar las instalaciones de estas Fiscalías Regionales, él sabía lo de la granada, el estaba empapado de todo lo que se iba a hacer en a Fiscalia la función de el era la de ser informante de los paramilitares dice que AQUILES es muy amigo de alias MOMO y de alias ZORRO(…) además tenemos otro indicio que ora en su contra y el reconocimiento fotográfico que el declarante hizo sobre el procesado, prueba directa, clara, determinante que pregona la responsabilidad del señor AQUILES a título de coautor en el delito de terrorismo, Tentativa de Homicidio y Lesiones Personales. Otro indicio que obra en su contra es el hecho de que el mismo día en que rindió la primera declaración YESID en estas instalaciones se hayan reconocido y el señor AQUILES se hubiera puesto nervioso y le picara el ojo al parecer en señal de silencio.

De tal suerte que se dan los requerimientos mínimos que exige ael art. 388 del C.P.P. parra resolver la situación jurídica con medida de aseguramiento como opera privarlo de su libertad.

(…)”.

• Que la Fiscalía Primera Delegada ante el Tribunal de Villavicencio el 27 de junio de 2000(33) revocó la medida de aseguramiento proferida en contra del señor Aquiles Rodríguez Matías y en consecuencia ordenó su libertad inmediata. El señor Rodríguez Matías quedó en libertad el 28 de junio de 2000 tal y como consta en acta de libertad de la misma fecha(34).

• Que el 3 de enero de 2001(35), la Fiscalía Delegada ante los Jueces Penales Especializados de Villavicencio, profirió resolución de preclusión de la investigación adelantada en contra del señor Aquiles Rodríguez Matías, al considerar que el sindicado no había cometido los delitos materia de investigación. Dicha decisión quedó debidamente ejecutoriada el 5 de febrero de 2001(36).

En esta oportunidad, se expuso lo siguiente (se transcribe en forma literal):

“Si bien esta plenamente demostrada la materialidad del delito, en esta etapa procesal, o encuentra respaldo probatorio las pruebas que incidieron en el momento en que se profirió medida de aseguramiento y que exige el art. 441 del C.P.P. para proferir resolución de acusación, por el contrario el indicio grave que se encontraba en la declaración jurada de YESID ALEXANDER DELGADO SIFUENTES que comprometía la responsabilidad penal del procesado AQUILES RODRIGUEZ MATIAS se desvirtúo, con la valoración medico lega de siquiatría que le hiciera medicina legal al declarante y que aporto el abogado defensor doctor RIGOBERTO REYES ROJAS, en el momento en que sustentara y reafirmara el recurso de apelación interpuesto por el señor procurador contra la resolución que resolvió la situación jurídica.

Si bien es cierto en el momento en que este despacho avoca conocimiento de la investigación: valora las pruebas acuerdo a la saca critica, se hallaba en el expediente, la declaración jurada de YESID ALEXANDER DALGADO SIFUENTES, el cual hacía seria sindicaciones contra el señor AQUILES y contra el señor JORGE ELIECER TORRES, razón por la cual se dispuso vincularlos a la investigación, el despacho desconocía por completo antecedentes del declarante y menos aún que fuera un mitómano o un fabulador, se desconocía que existiera los resultados médicos legales de los exámenes siquiátricos que le practicaron, ya que esta prueba la aportan cuando sustentan la apelación, por lo tanto queda reducido su valor probatorio y sin sustento los motivos que generaron la medida de aseguramiento, decisión que fue impugnada ante la Fiscalía Delegada Ante el Tribunal Superior de Villavicencio, ordenándose revocar la medida de aseguramiento.

(…).

De tal suerte que no habiendo pruebas que comprometan la responsabilidad AQUILES RODRIGUEZ, se dispone la preclusión de la investigación con fundamento en el artículo 36 del C.P.P. bajo el presupuesto jurídico de no haber cometido los hechos materia de la investigación penal (…)”.

Ahora bien, valorado en conjunto el material probatorio que antecede, ha de decirse que se encuentra suficientemente acreditado en el presente caso que el señor Aquiles Rodríguez Matías fue procesado penalmente y, como consecuencia de ello, privado de su libertad por disposición de la Fiscalía Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Villavicencio entre el 11 de mayo y el 28 de junio de 2000, fecha en la que se expidió boleta de libertad, según lo dispuesto por la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Villavicencio en resolución del 27 de junio de 2000, mediante la cual se revoca la medida de aseguramiento decretada por el Fiscal de conocimiento.

Finalmente, la Fiscalía Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Villavicencio profirió resolución de preclusión de la investigación al quedar plenamente demostrado que el señor Rodríguez Matías no cometió los delitos por los cuales había sido investigado. 

Así pues, de conformidad con las consideraciones expuestas por el fallador penal, resulta claro que la decisión proferida en favor del demandante tuvo como fundamento la comprobación de que el sindicado no cometió los delitos por los cuales había sido investigado, con lo cual se configura una de las situaciones que el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 contemplaba como presupuesto para la indemnización de perjuicios por la privación injusta de la libertad. 

Ahora bien, a la luz de los argumentos expuestos por el Tribunal en el fallo de primera instancia se sugiere la existencia de una “anomalía” por parte de la Fiscalía, lo que podría encaminar la decisión a declarar la responsabilidad subjetiva de dicha entidad, pues al momento de considerar las pruebas aportadas al presente proceso, hizo alusión a la valoración médico legal que se le realizó al testigo Yesid Alexander Delgado Cifuentes, cuya declaración sirvió de base para la imposición de la medida de aseguramiento de la cual fue objeto el señor Rodríguez Matías; sin embargo, una vez revisado el material probatorio se tiene que los resultados de dicha valoración solo se conocieron durante el trámite de la apelación interpuesta en contra la mencionada medida(37), razón por la cual la Fiscalía General de la Nación al momento de la captura no tenía conocimiento de las condiciones del testigo, por lo que valoró la prueba de acuerdo a las reglas de la sana crítica y con la convicción de que dicho testigo estaba en plena capacidad de rendir testimonio, circunstancia que no permite concluir que su actuación haya sido falente, por lo que no hay lugar a enmarcarla dentro de un régimen subjetivo de responsabilidad.

En tales condiciones, es evidente que la privación de la libertad del señor Aquiles Rodríguez Matías configuró para los actores un verdadero daño antijurídico, toda vez que no se hallaba en la obligación legal de soportar la limitación a su libertad impuesta en razón de las decisiones adoptadas por la Fiscalía General de la Nación(38), mucho menos cuando dicha detención se dio en el marco de una investigación adelantada por unos delitos que, a la postre, se determinó que el sindicado no cometió, todo lo cual comprometió la responsabilidad del Estado, en aplicación de lo previsto en el artículo 90 de la Carta Política. 

La Sala reitera en esta oportunidad uno de los argumentos expuestos en la sentencia del 4 diciembre de 2006(39), en el sentido de que no se puede exonerar al Estado de responsabilidad cuando, a pesar de haberse dictado una medida de detención con el lleno de los requisitos que exige la ley para el efecto, se profiere posteriormente una sentencia absolutoria o su equivalente en la cual se establece, finalmente, que no existe la certeza necesaria para privar de la libertad al sindicado.  

Esta sola circunstancia constituye un evento determinante de privación injusta de la libertad, puesto que antes, durante y después del proceso penal al cual fue vinculado el ahora demandante, siempre mantuvo intacta la presunción constitucional de inocencia que lo amparaba y que el Estado, a través de la entidad ahorResponsabilidad objetgiva en el funcionamiento defectuoso de la Administración de Justicia por privación injusta de la libertad a demandada, jamás desvirtuó.

Sobre el particular, debe decirse que en casos como este no corresponde a la parte actora acreditar nada más allá de los conocidos elementos que configuran la responsabilidad: actuación del Estado, daño antijurídico e imputación, extremos que se encuentran suficientemente acreditados en el expediente, pues una decisión de la Administración de Justicia, en cabeza de la Fiscalía General de la Nación, determinó que el señor Aquiles Rodríguez Matías debía padecer la limitación de su libertad hasta que se le precluyó la investigación penal; en cambio, a la entidad demandada le correspondía demostrar, mediante pruebas legales y regularmente traídas al proceso, si se había dado algún supuesto de hecho en virtud del cual pudiera entenderse configurada una causal de exoneración, fuerza mayor, hecho exclusivo de un tercero o culpa exclusiva y determinante de la víctima y ocurre que ninguna de estas eximentes ha sido acreditada en el plenario(40)

Con fundamento en lo anterior, se tiene que, el argumento de la ausencia de responsabilidad pregonada por la Fiscalía General de la Nación no tiene vocación de prosperidad, por lo que se procederá a analizar los demás puntos de inconformidad planteados, consistentes en la tasación de la indemnización de los perjuicios morales y el reconocimiento de los perjuicios materiales, con el fin de determinar si hay lugar a modificar las condenas.

5. indemnización de perjuici

os.

5.1. Perjuicios morales.

Respecto de dicha indemnización, el Tribunal reconoció la cantidad equivalente a 60 SMMLV a favor del señor Aquiles Rodríguez Matías, 50 SMMLV para su esposa, 40 SMMLV para su hija y 50 SMMLV para su madre. Por su parte, la Fiscalía en el escrito de apelación consideró que la tasación resultaba excesiva, toda vez que el señor Rodríguez Matías estuvo privado de la libertad un poco más de un mes.

Pues bien, la jurisprudencia de esta Sección del Consejo de Estado ha manifestado que, en casos de privación injusta de la libertad, la simple acreditación del parentesco, para los eventos de perjuicios morales reclamados por abuelos, padres, hijos, hermanos y nietos, cuando alguno de estos ha sufrido un daño antijurídico, como el que se juzga en el presente caso, a partir del contenido del artículo 42 de la Carta Política(41) y con base en las máximas de la experiencia, resulta suficiente para inferir que tanto el peticionario como los integrantes de su familia han padecido el perjuicio moral por cuya reparación se demanda.

En punto de lo anterior, la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado unificó su jurisprudencia respecto de la indemnización de perjuicios morales en casos de privación injusta de la libertad(42) y, en consecuencia, estableció los siguientes parámetros para calcular la referida indemnización:

Reparación del daño moral en caso de privación injusta de la libertad
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Reglas para liquidar el perjuicio moral derivado de la privación injusta de la libertad.Víctima directa, cónyuge o compañero(a) permanente y parientes en el primer grado de consanguinidad.Parientes en el segundo grado de consanguinidad.Parientes en el tercer grado de consanguinidad.Parientes en el cuarto grado de consanguinidad y afines hasta el segundo grado.Terceros damnificados.
Término de privación injusta en meses 50% del monto de la víctima directa35% del monto de la víctima directa25% del monto de la víctima directa15% del monto de la víctima directa
SMLMV
Superior a 18 meses10050352515
Superior a 12 meses e inferior a 18904531,522,513,5
Superior a 9 meses e inferior a 128040282012
Superior a 6 meses e inferior a 9703524,517,510,5
Superior a 3 meses e inferior a 6502517,512,57,5
Superior a 1 mes e inferior a 33517,512,258,755,25
Igual e inferior a 1 mes157,55,253,752,25

Así las cosas, es procedente modificar la condena impuesta, teniendo en cuenta que el señor Aquiles Rodríguez Matías fue privado injustamente de la libertad durante un (1) mes y diecisiete (17) días y que el padecimiento moral que dicha medida les produjo a él y a sus familiares debe ser resarcido, sin embargo, este no puede exceder los parámetros establecidos, por lo que se les debe reconocer a las víctimas directas y a sus familiares los siguientes montos:

DemandanteSMLMV
Aquiles Rodríguez Matías (víctima)35
María Oneyda Calderón Gutiérrez (esposa)35
DMRC (hija)35
Aura María Matías Rubio (madre)35

5.2. Perjuicios materiales.

En lo atinente al reconocimiento de dicha indemnización a título de daño emergente, el Tribunal Administrativo a quo sostuvo lo siguiente:

“Del plenario se deduce lo siguiente:

A fol. 136 fue aportado constancia de fecha 5 de enero de 2001, suscrita por el apoderado del actor Dr. Rogoberto Reyes Rojas, en la que certifica que recibió la suma de diez millones de pesos ($10’000.000) por concepto de la totalidad de honorarios profesionales generados por la defensa técnica que le realizó dentro del proceso 3462 de la Fiscalía 8º Especializada de Villavicencio.

La Sala encuentra procedente el pago de la suma enunciada, en la medida en que la mentada constancia ofrece toda credibilidad, puesto que en el expediente penal se pudo verificar que efectivamente la defensa del sindicado tantas veces mencionados estuvo a cargo del citado profesional (…)”.

Ahora bien, con relación al lucro cesante se negaron las pretensiones de la demanda, toda vez que el tribunal consideró que no obraba prueba dentro del plenario que demostrara cuánto percibía el afectado directo como taxista y, además, que para el momento de la privación de su libertad se encontraba desvinculado de la Fiscalía, razón por la cual no fue posible establecer los perjuicios bajo esta modalidad

Por su parte, la entidad recurrente solicitó que no se tuvieran en cuenta los documentos presentados por la parte demandante como prueba de los perjuicios materiales ocasionados, pues, en su criterio, se trataba de documentos privados que no contaban con una fecha cierta y, además, eran emanados de terceros.

Frente a lo anterior se tiene que dichos documentos se aportaron en original y fueron reconocidos implícitamente como auténticos una vez se aportaron al proceso, sin que fuera necesaria su ratificación(43), razón por la cual cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil y en consecuencia cuentan con mérito probatorio.

Ahora bien, con relación a la oposición de la entidad demandada frente a los documentos presentados por la parte actora, por considerar que de conformidad con el artículo 280 del Código de Procedimiento Civil(44) no cuentan con fecha cierta, advierte la Sala que dicha circunstancia no resta validez a los documentos y en consecuencia siguen siendo oponibles a la entidad demandada.

Teniendo en cuenta lo anterior, coincide la Sala con lo dispuesto por el tribunal, ya que del acervo probatorio se puede determinar que el abogado Rigoberto Reyes Rojas, quien suscribió el mencionado documento, se desempeñó como defensor del afectado directo durante el proceso penal adelantado en su contra, por lo que habrá de confirmarse este punto, no sin antes señalar que, si bien no hay lugar a incrementar la condena por concepto de perjuicios materiales, por razones de equidad se procederá únicamente a su actualización monetaria, con aplicación del índice de precios al consumidor, para lo cual se modificará en lo pertinente el fallo recurrido.

6. Actualización del daño emergente reconocido en primera instancia.

La fórmula aplicable es la siguiente:

1
 

En donde:

Ra: Renta actualizada a establecer;

Rh: Renta histórica que se va a actualizar: $16’660.280, correspondiente al daño emergente determinado por el Tribunal a quo a folio 393 del cuaderno de segunda instancia.

Ipc (f): Es el índice mensual de precios al consumidor final, es decir, el último conocido a la fecha en que se realiza la actualización: 132.58

Ipc (i): Es el índice mensual de precios al consumidor inicial, es decir, el correspondiente a la fecha de la sentencia de primera instancia: (diciembre de 2010) 105.24

Reemplazando se tiene:

2
 

6. (sic) Condena en costas.

Finalmente, toda vez que para el momento en que se profiere este fallo, el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo contenido en el Decreto-Ley 1 de 1984, como fuera modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado temerariamente y, debido a que ninguna procedió de esa forma en el sub lite, no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. MODIFICAR los ordinales cuarto y quinto de la parte resolutiva de la sentencia recurrida, esto es la proferida el 16 de diciembre de 2010 en el proceso de la referencia, por el Tribunal Administrativo del Meta, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta providencia, los cuales quedarán como sigue:

“4. CONDÉNASE a la Nación - Fiscalía General de la Nación a pagar por concepto de perjuicios morales las siguientes sumas de dinero a favor de los siguientes demandantes:

DemandanteSMLMV
Aquiles Rodríguez Matías (víctima)35
María Oneyda Calderón Gutiérrez (esposa)35
DMRC (hija)35
Aura María Matías Rubio (madre)35

5. CONDÉNASE a la Nación - Fiscalía General de la Nación a pagar por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de daño emergente, la suma de $ 20´988.406,71, a favor del señor Aquiles Rodríguez Matías”.

2. CONFÍRMASE en lo demás la sentencia apelada.

3. Sin condena en costas.

4. CÚMPLASE lo dispuesto en esta providencia, en los términos establecidos en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

5. Para el cumplimiento de esta sentencia expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

6. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Hernán Andrade Rincón—Marta Nubia Velásquez Rico—Carlos Alberto Zambrano Barrera.

1 Folios 14 vto del cuaderno principal de primera instancia.

2 Esta fecha fue verificada con los documentos que hacen parte del acervo probatorio, en los cuales se puede evidenciar que el funcionario del CTI rindió un informe el día 21 de mayo de 1998.

3 Obrante de folios 137 a 139 del cuaderno principal de primera instancia.

4 Notificaciones del Ministerio Público, la Fiscalía General de la Nación, al Ministerio de Justicia y del Derecho y la Rama Judicial, obrantes a folios 139 vto, 144, 145 y 146 del cuaderno principal de primera instancia, respectivamente.

5 Obrante a folios 155 a 160 del cuaderno principal de primera instancia.

6 Obrante a folios 186 a 200 del cuaderno principal de primera instancia.

7 Obrante a folios 202 a 208 del cuaderno principal de primera instancia.

8 Folios 223-226 del cuaderno principal de primera instancia.

9 Debe anotarse que si bien se dio trámite inicialmente a la demanda por parte del Tribunal Administrativo del Meta, el expediente fue remitido por competencia a los Juzgados Administrativos de Villavicencio, actuación de la cual obra acta individual de reparto (fl. 286 C. ppal.) y el informe secretarial del 26 de agosto de 2006 —fl. 287 del cuaderno principal de primera instancia—, posteriormente, el Juzgado Tercero Administrativo de Villavicencio, con proveído de 28 de octubre de 2008 –FI.333 del cuaderno principal de primera instancia-, ordenó la remisión del proceso al Tribunal Administrativo del Meta, razón por la cual, mediante auto de 31 de marzo de 2009, el Tribunal Contencioso Administrativo del Meta avocó el conocimiento del presente asunto, declarando la nulidad de todo lo actuado a partir de la providencia de fecha 25 de agosto de 2006 y conservando la validez de las pruebas practicadas.

10 Folios 350 y 351 del cuaderno principal de primera instancia.

11 Folios 352-353 del cuaderno principal de primera instancia.

12 Folios 361 a 395 del cuaderno de segunda instancia.

13 Recurso presentado y sustentado el 8 de febrero de 2011, obrante de folios 397 a 409 del cuaderno de segunda instancia.

14 Folios 408 y 409 del cuaderno de segunda instancia.

15 Diligencia visible a folios 458 y 459 del cuaderno de segunda instancia.

16 Folio 469 del cuaderno de segunda instancia.

17 Folio 471 del cuaderno de segunda instancia.

18 Folio 472 del cuaderno de segunda instancia.

19 Folios 475-483 del cuaderno de segunda instancia.

20 Folios 484 – 495 del cuaderno de segunda instancia.

21 La Ley 270 de 1996 desarrolló la responsabilidad del Estado en los eventos de error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad, y fijó la competencia funcional para conocer de tales asuntos en primera instancia, en cabeza de los Tribunales Administrativos y, en segunda instancia, en el Consejo de Estado, sin que sea relevante consideración alguna relacionada con la cuantía. Para tal efecto puede consultarse el auto proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 9 de septiembre de 2008, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, expediente 11001-03-26-000-2008-00009-00, actor: Luz Elena Muñoz y otros.

22 Normatividad aplicable al presente caso, de conformidad con lo señalado en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en los siguientes términos: “Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior”.

23 Al respecto consultar, por ejemplo, Sentencia del 14 de febrero de 2002. Exp: 13.622. Consejera Ponente: Dra. María Elena Giraldo Gómez. Dicho criterio ha sido reiterado por la Subsección en sentencia de 11 de agosto de 2011, Exp: 21801, así como por la Sección en auto de 19 de julio de 2010, Radicación 25000-23-26-000-2009-00236-01(37410), Consejero Ponente (E): Dr. Mauricio Fajardo Gómez.

24 Folio 135 del cuaderno principal de primera instancia.

25 Tal como consta a folio 14 vto del cuaderno principal de primera instancia.

26 Folio 153 del cuaderno nro. 3 de pruebas.

27 Folio 162 a 182 del cuaderno nro. 3 de pruebas.

28 Folio 300 a 306 del cuaderno nro. 3 de pruebas.

29 Folios 111 a 113 del cuaderno nro. 5 de pruebas.

30 Folio 114 del cuaderno nro. 5 de pruebas.

31 Folios 172 del cuaderno nro. 5 de pruebas.

32 Folios 183 a 191 del cuaderno nro. 5 de pruebas.

33 Folios 115 a 127 del cuaderno principal de primera instancia.

34 Folio 98 del cuaderno principal de primera instancia.

35 Folios 204 a 210 del cuaderno 2 de pruebas.

36 Constancia de ejecutoria visible a folio 135 del cuaderno principal de primera instancia.

37 los resultados de los exámenes psiquiátricos realizados al señor Delgado Cifuentes se aportaron junto con el recurso de apelación contra resolución que impuso la medida de aseguramiento.

38 En este sentido debe recordarse que la Fiscalía General de la Nación le impuso al señor Aquiles Rodríguez Matías, medida de aseguramiento consistente en detención preventiva.

39 Sentencia del 4 de diciembre de 2006. Mauricio Fajardo Gómez, Expediente 13168.

40 Al respecto ver, por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 8 de julio de 2009, Exp. 17.517 y del 15 de abril de 2010, Exp. 18.284, entre otras.

41 “La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. El Estado y la sociedad garantizarán la protección integral de la familia. La ley podrá determinar el patrimonio familiar inalienable e inembargable. La honra, la dignidad y la intimidad de la familia son inviolables”.

42 Consejo de Estado. Sala de lo contencioso Administrativo. Sala Plena de Sección. Sentencia de 28 de agosto de 2014. Expediente 36149. C. P. Hernán Andrade Rincón (E).

43 Frente a la valoración de documentos emanados de terceros, el código de Procedimiento Civil dispuso: “ART. 277.—Documentos emanados de terceros. Salvo disposición en contrario los documentos privados de terceros sólo se estimarán por el juez.

Frente a la valoración de documentos emanados de terceros, el código de Procedimiento Civil dispuso: "art. 277.DOCUMENTOS EMANADOS DE TERCEROS. Salvo disposición en contrario los documentos privados de terceros sólo se estimarán por el juez.

1. Si siendo de naturaleza dispositiva o simplemente representativa son auténticos de conformidad con el artículo 252.

2. Los documentos privados de contenido declarativo, se apreciarán por el juez sin necesidad de ratificar su contenido, salvo que la parte contraria solicite ratificación" (se destaca).

44 ART. 280.—Fecha cierta. La fecha del documento privado no se cuenta respecto de terceros, sino desde el fallecimiento de alguno de los que lo han firmado, o desde el día en que ha sido inscrito en un registro público o en que conste haberse aportado en un proceso, o en que haya tomado razón de él un funcionario competente en su carácter de tal, o desde que haya ocurrido otro hecho que le permita al juez adquirir certeza de su existencia" (Se destaca).