Sentencia 2003-2424 de febrero 4 de 2010

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN “B”

Rad.: 05001233100020032424-01 (2702-8)

Nº Interno: 2702-08

Consejera Ponente:

Dra. Bertha Lucía Ramírez de Páez

Actor: Alba Nelly López Herrera y otros

Demandado: Hospital La Merced de Ciudad Bolívar

Autoridades municipales

Bogotá, D.C., cuatro de febrero de dos mil diez.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 28 de agosto de 2008, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que declaró probada la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda y negó las pretensiones de la demanda incoada por Alba Nelly López Herrera, María Angélica Vanegas Herrera, Ángela María Bedoya Betancur, Marbelli del Pilar Quintero Gallego, María Lourdes Ortiz Sánchez, Matilde Vásquez González, Gloria Elena Monsalve, Pedro Antonio Taborda López, María Eugenia Barrera Jiménez, Eugenia Elena Calad Velásquez, Jaime de Jesús Castillo Herrera, Ernesto de J. Tamanis Yagari, Jesús María Osorio Montoya, Graciela García Guzmán, Rodrigo Lopera Isaza, Lisandro Antonio Quinceno Torres, Blanca Libia Flórez López, Beatriz Elena López Herrera, Luis Ángel Arias Monsalve, Luz Nelly Bolívar Restrepo, Rubén Darío Gómez Arango, Gilma del S. Elorza de Colorado, Carlos Mario Osorio Sabas, Rubén Horacio Torres Gómez, y Elizabeth Cristina Sosa García contra el Hospital la Merced de Ciudad Bolívar ESE.

La demanda

Estuvo encaminada a obtener la nulidad del oficio sin número de 20 de febrero de 2003, suscrito por el gerente general del Hospital la Merced de Ciudad Bolívar, que resolvió la petición elevada por los actores, de reconocimiento y pago de prima de vida cara de agosto de 2001 y febrero y agosto de 2002.

Como consecuencia de las anteriores declaraciones, a título de restablecimiento del derecho, solicitó ordenar el reconocimiento y pago de la prima de vida cara adeudada a los actores, junto con los intereses comerciales y de mora causados y la correspondiente indexación; condenar en costas a la entidad demandada, dando cumplimiento a la sentencia conforme al artículo 176 del Código Contencioso Administrativo.

Las anteriores pretensiones fueron sustentadas en los siguientes hechos:

Los actores son empelados públicos de carrera administrativa vinculados al servicio del el Hospital La Merced de Ciudad Bolívar ESE, que han disfrutado de los beneficios legales y extra legales que configuran el régimen prestacional a que tienten derecho.

Hasta la expedición del Decreto 1919 de 27 de agosto de 2002, los beneficios aludidos, tenían su fundamento en dos conjuntos normativos: uno regulado por las ordenanzas 14 de 1944, 28 de 1969, 32 de 1971, 34 de 1973, 33 de 1974, 17 y 31 de 1975, 53 de 1979, 16 y 33 de 1980, 34 de 1952, 33 de 1983, 12 de 1988 y 23 de 1989, que establecieron entre otros beneficios la prima de vida cara; y el contemplado en la Ley 10 de 1990, que reorganizó el sistema general en salud y dispuso que el régimen prestacional para los funcionario públicos que prestan servicios de salud sería e previsto en el Decreto 3135 de 1968.

Los beneficios consignados en las ordenanzas mencionadas, se hicieron extensivos por disposición de la dirección seccional de salud de Antioquia a todos los funcionarios vinculados a los hospitales públicos. Tal decisión nunca fue impugnada y propició un reconocimiento habitual e ininterrumpido de las prestaciones, constituyéndolas en un derecho adquirido.

El gerente del Hospital La Merced de Ciudad Bolívar ESE, anticipándose a lo dispuesto en el Decreto 1919 de 2002, dejó de cancelar a los actores la prima de vida cara de los meses de agosto de 2001, febrero y agosto de 2002, desconociéndoles el derecho prestacional adquirido, que goza de fundamento legal y justo título.

El artículo 30 de la Ley 10 de 1990 dispuso como régimen prestacional para el personal que preste servicios de salud, el previsto en el Decreto 3135 de 1968, sin perjuicio de los derechos creados y adquiridos con anterioridad a su promulgación, situación que se asemeja a la presentada con la expedición de la Ley 100 de 1993, artículo 195 numeral 5º, y del Acuerdo 19 de 10 de marzo de 190 del Concejo Municipal de Ciudad Bolívar, que trasformó el hospital en empresa social del Estado sobre la base del respeto y continuidad del régimen prestacional que venía aplicándose a sus funcionarios.

El Decreto 1919 de 2002, suprimió prestaciones sociales de carácter extralegal, pero respecto a las personas vinculadas a las empresas sociales del Estado, dispuso que se continuaría aplicando el régimen de prestaciones sociales de la Rama Ejecutiva, de conformidad con lo establecido en los artículos 195 de la Ley 100 de 1993, y 30 de la Ley 10 de 1990, igualmente previó el respeto de los derechos adquiridos por tales funcionarios (art. 5º).

El 11 de febrero de 2003, los demandantes solicitaron a la entidad accionada, el pago inmediato de la prima de vida cara de agosto de 2001 y febrero y agosto de 2002.

Mediante escrito de 20 de febrero de 2003, el gerente del Hospital La Merced de Ciudad Bolívar ESE, negó la anterior solicitud, quedando agotada la vía gubernativa.

Normas violadas

Como disposiciones violadas cita las siguientes:

Constitución Política, artículos 4º, 13, 25, 53 y 58; leyes 10 de 1990, 4ª de 1992, 100 de 1993; decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969, 1045 de 1978, 1399 de 1990, 1919 de 2002; ordenanzas 34 de 1973, 33 de 1974, 31 de 1975, 33 de 1980, 34 de 1982 y 12 de 1988 de la Asamblea Departamental de Antioquia; y Acuerdo 19 de 10 de marzo de 1995 del Concejo Municipal de Ciudad Bolívar (fls. 6 a 11).

La sentencia

El Tribunal Administrativo de Antioquia, declaró probada la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda y negó las súplicas de la demanda (fls. 179 a 187), con los siguientes argumentos:

El artículo 145 del Código Contencioso Administrativo establece la posibilidad de acumular pretensiones en la forma establecida en el artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, en los siguientes casos: i. Que las pretensiones provengan de la misma causa, ii. Que versen sobre el mismo objeto, iii. Que se hallen entre sí en relación de dependencia o deban servirse específicamente de las mismas pruebas.

Se presenta una indebida acumulación de pretensiones cuando se demanda la nulidad de un acto administrativo de carácter particular, que cobija a varias personas, las cuales se unen para demandarlo, pues pese a que el acto demandado es el mismo para todos, tiene efectos particulares para cada uno, por tanto deben presentar su propia demanda, teniendo en cuenta la situación particular y que las pruebas a valorar son diferentes.

En el presente caso hay una indebida acumulación de pretensiones, puesto que, no se cumplen lo requisitos previstos en el artículo 82 del Código de Procedimiento Civil mencionados, por cuanto:

La prima de vida cara solicitada por cada demandante, no puede ser causa común para todos; porque en el caso de prosperar las pretensiones cada uno recibiría una suma de dinero diferente.

Las hojas de vida de cada accionante son diferentes, por tanto las pruebas de que se deben servir para acreditar los derechos son distintas.

Las pretensiones de los demandantes no se hallan en relación de dependencia entre sí. Por el contrario son independientes.

Consecuentemente se configura la excepción de inepta demanda, que de conformidad con el artículo 164 inciso 2º del Código Contencioso Administrativo, debió ser declarada de oficio, sin quebrantar el principio de la “justicia rogada”, a pesar que la excepción no fue alegada por la entidad accionada.

El recurso

El apoderado de la parte actora interpuso recurso de apelación cuya sustentación corre de folios 189 a a 371, en que solicita se revoque la decisión de primera instancia y en su lugar se acceda a las pretensiones de la demanda, con los siguientes fundamentos:

El tribunal se equivoca al resolver el litigio de la demanda mediante las figuras de la indebida acumulación de pretensiones y la ineptitud sustantiva de la demanda, pues restringe el alcance del artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, distorsionando el querer del legislador.

La lectura completa y sosegada del artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, permite establecer tres eventos en los que se puede presentar la acumulación de pretensiones, de los cuales el a quo solo se refiere a uno, sin tener en cuenta los otros, especialmente el plasmado en el inciso final de la norma en cita, de acuerdo con el cual la Sala debió declarar saneado el defecto de la indebida acumulación de pretensiones, por cuanto la demanda se ajusta a los requisitos exigidos por los tres numerales del inciso primero ibídem y la entidad demandada no propuso la respectiva excepción.

El pronunciamiento jurisprudencial sobre el cual el tribunal basa su fallo (Sent. sep. 28/2006, Exp. 7823-05, C.P. Alejandro Ordóñez Maldonado), fue posterior a la radicación de la demanda (jun. 26/2003), incurriendo al menos en dos errores:

Atropelló el debido proceso que ordena que “Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se imputa…”, es decir el artículo 145 del Código Contencioso Administrativo que remite al 82 del Código de Procedimiento Civil; además la providencia que sirvió de base al fallador es posterior a la demanda, y los accionantes no tenían porque conocerlo al momento de demandar.

Omitió aplicar el principio de favorabilidad, pues el a quo se encontraba frente a dos posibles soluciones, mediante la aplicación de los artículos 145 del Código Contencioso Administrativo y 82 del Código de Procedimiento Civil, o por vía de la providencia reseñada.

Consideraciones

El problema jurídico

Se trata de estudiar si los demandantes tienen derecho a que la entidad demandada les reconozca y pague la prima de vida cara, establecida en la Ordenanza 34 de 28 de noviembre de 1973, expedida por la Asamblea Departamental de Antioquia.

Acto acusado

Oficio (sin número) de 20 de febrero de 2003, suscrito por el gerente general del Hospital La Merced de Ciudad Bolívar ESE, mediante el cual negó a los demandantes la solicitud de reconocimiento y pago de la prima de vida cara, teniendo en cuenta que la ordenanza que creó la prestación y las que la modificaron deben inaplicarse por adolecer de inconstitucionalidad e ilegalidad y ser obligatorio para la gerencia dar estricto cumplimiento al artículo 4º de la Carta Fundamental.

Lo probado en el proceso

Mediante derecho de petición visible a folios 18 a 24 del plenario, radicado el 11 de febrero de 2003, los demandantes solicitaron por intermedio de apoderado, al hospital accionado, el pago inmediato de la prima de vida cara correspondiente a los meses de agosto de 2001, febrero y agosto de 2002; las cesantías y sus intereses; y la prima de servicios “de los últimos tres años”.

El gerente general del Hospital La Merced de Ciudad Bolívar ESE, a través de escrito de 20 de febrero de 2003, manifestó que por la ilegalidad e inconstitucionalidad de tal prima, el artículo 6º de la Constitución Política y la falta de presupuesto, no le es posible cancelarles la prima de vida cara a los demandantes (fls. 63 a 73).

De los folios 97 a 122, obran las copias de las actas de posesión de los demandantes en donde consta cargo, resolución de nombramiento y asignación mensual de cada uno, y a folios 145 a 147 la entidad demandada certificó vinculación, cargo, sueldo y lo que percibieron por concepto de prima de vida cara.

A folios 127 a 135 del expediente, se observa copia de las ordenanzas 34 de 1993, 33 de 1974, 31 de 1975, 33 de 1980, 34 de 19822 y 12 de 1988, expedidas por la Asamblea Departamental de Antioquia; igualmente a folio 137 obra copia del Acuerdo 19 de 10 de marzo de 1995, por medio del cual el Concejo Municipal de Ciudad Bolívar - Antioquia, dispuso la restructuración del hospital local, transformándolo en una empresa social del Estado, sometida al régimen jurídico previsto en el capítulo VII, título II, libro I del Decreto 1298 de 22 de junio de 1994.

Análisis de la Sala

Cuestión previa

En primer lugar, advierte la Sala que, la presente acción fue presentada por un número plural de personas que reclaman de la entidad demandada el reconocimiento y pago de la prima de vida cara, correspondiente a los meses de agosto de 2001 y febrero y agosto de 2002, con ocasión al vínculo laboral que ostentan con la Institución.

El Código Contencioso Administrativo en su artículo 145, precisa que en todos los procesos contencioso administrativos procede la acumulación de pretensiones en la forma establecida en el Código de Procedimiento Civil.

Por su parte, el Código de Procedimiento Civil, a través del artículo 82, establece la acumulación de pretensiones, con el siguiente tenor literal:

“El demandante podrá acumular en una misma demanda varias pretensiones contra el demandado, aunque no sean conexas, siempre que concurran los siguientes requisitos:

1. Que el juez sea competente para conocer de todas; sin embargo, podrán acumularse pretensiones de menor cuantía a otras de mayor cuantía.

2. Que las pretensiones no se excluyan entre sí, salvo que se propongan como principales y subsidiarias.

3. Que todas puedan tramitarse por el mismo procedimiento.

En la demanda sobre prestaciones periódicas, podrá pedirse que se condene al demandado a las que se llegaren a causar entre la presentación de aquella y la sentencia de cada una de las instancias.

También podrán formularse en una demanda pretensiones de varios demandantes o contra varios demandados, siempre que aquellas provengan de la misma causa, o versen sobre el mismo objeto, o se hallen entre sí en relación de dependencia, o deban servirse específicamente de unas mismas pruebas, aunque sea diferente el interés de unos y otros.

En las demandas ejecutivas podrán acumularse las pretensiones de varias personas que persigan, total o parcialmente, unos mismos bienes del demandado, con la limitación del numeral 1º del artículo 157.

Cuando se presente una indebida acumulación que no cumpla con los requisitos previstos en los dos incisos anteriores, pero sí con los tres numerales del inciso primero, se considerará subsanado el defecto cuando no se proponga oportunamente la respectiva excepción previa (negrilla fuera del texto original)

Las pretensiones planteadas en la demanda, en estricto sentido, no constituyen indebida acumulación de pretensiones, pues de acuerdo con la norma anteriormente transcrita, una misma demanda puede ser formulada por varios demandantes (acumulación subjetiva), cuando se presenten cualquiera de los condicionamientos allí señalados, es decir que las pretensiones provengan de una misma causa, o versen sobre el mismo objeto, o se hallen entre sí en relación de dependencia, o se sirvan de las mismas pruebas.

Por tanto no es de recibo el argumento del a quo al respecto, pues la presente acción versa sobre el derecho que tiene cada demandante de percibir la prima de vida cara, con fundamento en normas expedidas por entes territoriales, que hacen que exista identidad de causa y objeto dentro de la controversia y proceda la acumulación subjetiva de pretensiones.

El fondo del asunto

De la prima de vida cara

La Ordenanza 34 de 28 de noviembre de 1973, creó una prima de vida cara a favor de los trabajadores de departamento de Antioquia, posteriormente mediante la Ordenanza 33 de 1974, se amplió a todos los servidores del departamento, empleados obreros, profesores y maestros y la 31 de 30 de noviembre de 1975, excluyó de esta prima al gobernador, contralor general, secretario del despacho, director auxiliar y los que tengan una asignación básica superior a estos.

Esta última ordenanza, estableció que la prima de vida cara sería del 100% del salario básico mensual del empleado o trabajador, pagadera en dos cuotas una en el mes de febrero y otra en agosto de cada año, siempre que se encuentren vinculados para esa época y hubiesen laborado al servicio del departamento un mínimo de tres meses del respectivo semestre (sep.1º a último día de feb. y mar. 1º a ago.30).

La Asamblea Departamental de Antioquia, expidió la Ordenanza 33 de 27 de noviembre de 1980 que en su artículo 1º la hizo extensiva a los jubilados y pensionados del departamento de Antioquia, siempre y cuando sean cubiertas directamente por el ente territorial; y posteriormente mediante la Ordenanza 34 de 1982, les aumentó el porcentaje del valor de la prima 40% al 100% (para el año 1984).

Por último, mediante la Ordenanza 12 de 30 de noviembre de 1988, la Asamblea Departamental de Antioquia dispuso que la prima de vida cara se reconocerá a todos los servidores del departamento, cualquiera que sea la modalidad de la remuneración.

Como se observa, la normatividad en cita permite concluir que el reconocimiento pretendido por los demandantes tiene su origen en normas de carácter departamental que no tienen sustento Constitucional ni legal pues tanto en la Constitución de 1886 como en la actual, las entidades territoriales no tienen competencia para fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, como se vislumbra a continuación:

La Sección Segunda del Consejo de Estado(1), con relación a la incompetencia de las entidades territoriales para expedir normas que regulen el régimen pensional y prestacional de los empleados del orden territorial, municipal y distrital, ha sostenido lo siguiente:

“El artículo 150, numeral 19, ordinal e) de la Constitución Política de 1991, dispone:

“Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones:

...19. Dictar la norma general, y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el gobierno para los siguientes efectos:

(...).

e). Fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la fuerza pública.

(...)”.

Para el caso en estudio queda claro que tal autonomía no es ilimitada pues la universidad no tenía la facultad de reglamentar el régimen pensional de sus empleados dado que dicha función solo está a cargo del Congreso de la República por expresa disposición de la Constitución Política, lo que significa que es ilegal cualquier disposición perteneciente a normas de carácter local, como ordenanzas, acuerdos municipales, resoluciones o acuerdos de establecimientos públicos bien sean nacionales o del orden departamental, que regule la materia”.

Ahora bien, teniendo en cuenta que la ordenanza que crea la prestación fue expedida en el año 1973, bajo la vigencia de la Constitución de 1886, se debe analizar la competencia establecida para determinar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos del nivel territorial.

Al respecto la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, mediante Concepto 1393 de 2002, precisó:

a) De 1886 a 1968. Según el texto original del artículo 62 de la Constitución de 1886, la ley determinaba las condiciones de jubilación y el Congreso de la República creaba todos los empleos y fijaba sus respectivas dotaciones (art. 76.7). Con el Acto Legislativo 3 de 1910, se facultó a las asambleas para fijar el número de empleados departamentales, sus atribuciones y sueldos (art. 54.5). El artículo 22 de la Ley 6ª de 1945 facultó al gobierno para señalar por decreto las prestaciones a pagar a los empleados territoriales. No existía norma, como tampoco ahora, que facultara a las entidades territoriales para establecer prestaciones sociales.

b) A partir del Acto Legislativo 1 de 1968, el Congreso determinaba las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos, así como el régimen de sus prestaciones sociales (art. 11). Sin embargo, se contempló la posibilidad de revestir “pro tempore” al Presidente de la República de precisas facultades extraordinarias para regular la materia (art. 76.12). En todo caso, es claro que para esa época el régimen prestacional de los empleados públicos de todos los niveles —nacional, seccional o local— tenía única y exclusivamente carácter legal, no siendo viable su reconocimiento mediante actos jurídicos de distinto contenido —acuerdos, ordenanzas, actas convenio o convenciones colectivas—.14

c) El Acto Legislativo 1 de 1968, clarificó que las asambleas establecían las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleo (art. 187 de la Constitución de 1886) y los gobernadores fijaban sus emolumentos (art. 194-9, ibíd.)”

De lo anterior se infiere que en virtud del Acto Legislativo 1 de 1968, la Asamblea Departamental de Antioquia no contaba en el año 1973 con la competencia para crear salarios ni prestaciones, pues esta correspondía exclusivamente al legislador.

Al respecto esta Sala ha reiterado que la Constitución Nacional de 1886 no le otorgaba la competencia a las asambleas departametales y a los concejos municipales y distritales para establecer el régimen salarial y prestacional de los empleados de estos órdenes, pues los artículos 76, numeral 9º, y 120, numeral 21, consagraron la facultad exclusiva del Congreso de la República o del Presidente de la República, de fijar el régimen de prestaciones sociales de los empleados públicos, incluido el de los del nivel territorial, según se estableció en sentencia del Consejo de Estado del 4 de julio de 1991, radicado 4301, consejera ponente Clara Forero de Castro, así:

“Es cierto que de acuerdo al artículo 192 de la C.N., las ordenanzas de las asambleas y los acuerdos de los concejos municipales son obligatorios mientras no sean anulados o suspendidos por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, Pero también lo es que esa obligatoriedad desaparece si tales ordenanzas o acuerdos pugnan con la Constitución, caso en el cual se impone su inaplicación por quien tenga competencia para ello y con efectos particulares.

(...).

La tesis de la improcedencia de la excepción de inconstitucionalidad respecto de asambleas departamentales y acuerdos municipales, derivada del artículo 192 de la Constitución llevaría a aceptar que mientras una ley puede dejar de aplicarse por ser contraria a la Carta Fundamental, una ordenanza o un acuerdo que no solamente infringen la Constitución sino también la ley que está por encima en el orden jurídico, deben cumplirse inexorablemente hasta tanto por vía de acción no se consiga su nulidad o suspensión.

Razonando de esta manera se estaría, en últimas, dando preferencia a normas de inferior jerarquía, olvidando que la Constitución es la ley de leyes y debe ser respetada no solo por el legislador sino también por las asambleas departamentales y los concejo municipales, los cuales obviamente tampoco pueden desconocer o contrariar la ley”.

La Constitución de 1991, retomó estos mismos lineamientos, atribuyendo a las corporaciones legislativas territoriales la facultad de establecer las escalas de remuneración dentro de los lineamientos generales fijados en la ley, esto es: nivel, grado y remuneración básica.

Lo anterior permite concluir que las normas expedidas por la Asamblea Departamental de Antioquia no son aplicables para efectos del reconocimiento de la prima de vida cara solicitada en el sub lite pues fueron expedidas contradiciendo las competencias establecidas tanto en la Constitución de 1886 como en la actual.

Si bien es cierto las ordenanzas que disponen la creación y aplicación de la prima de vida cara para los funcionarios del departamento de Antioquia, no han sido anuladas por el juez competente, también lo es que fueron concebidas con total desconocimiento de normas superiores, que hacen imposible su reconocimiento, pues no le es dable al juez prohijar derechos cuyo fundamento es inconstitucional e ilegal.

Al encontrarse vigentes las ordenanzas 34 de 1993, 33 de 1974, 31 de 1975, 33 de 1980, 34 de 19822 y 12 de 1988, depende del arbitrio de la administración el reconocimiento de la prima de vida cara, que para el caso concreto fue negada, pero esto no implica que los actos demandados estén viciados de nulidad.

Ahora bien los demandantes alegan que la prima de vida cara es un derecho adquirido, argumento que no es de recibo por cuanto no es posible predicarlo con prerrogativas cuyo fundamento legal es contrario a la Constitución Política.

En estas condiciones se ordenará inaplicación de oficio de las ordenanzas 34 de 1993, 33 de 1974, 31 de 1975, 33 de 1980, 34 de 19822 y 12 de 1988, expedidas por la Asamblea Departamental de Antioquia por cuanto su contenido es contrario a la Constitución, de acuerdo con el artículo 4º ibídem y como consecuencia de lo anterior se revocará el fallo apelado en que declaró probada la excepción de ineptitud sustantiva y en consecuencia negó las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

Revócase la sentencia apelada que declaró probada de oficio la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda y en consecuencia negó las pretensiones.

En su lugar se dispone:

Inaplícanse de oficio de las ordenanzas 34 de 1993, 33 de 1974, 31 de 1975, 33 de 1980, 34 de 19822(sic) y 12 de 1988, expedidas por la Asamblea Departamental de Antioquia por cuanto su contenido es contrario a la Constitución.

Niéganse las súplicas de la demanda incoada por Alba Nelly López Herrera, María Angélica Vanegas Herrera, Ángela María Bedoya Betancur, Marbelli del Pilar Quintero Gallego, Maria Lourdes Ortiz Sánchez, Matilde Vásquez González, Gloria Elena Monsalve, Pedro Antonio Taborda López, María Eugenia Barrera Jiménez, Eugenia Elena Calad Velásquez, Jaime de Jesús Castillo Herrera, Ernesto de J. Tamanis Yagari, Jesús María Osorio Montoya, Graciela García Guzmán, Rodrigo Lopera Isaza, Lisandro Antonio Quinceno Torres, Blanca Libia Flórez López, Beatriz Elena López Herrera, Luís Ángel Arias Monsalve, Luz Nelly Bolívar Restrepo, Rubén Darío Gómez Arango, Gilma del S. Elorza de Colorado, Carlos Mario Osorio Sabas, Rubén Horacio Torres Gómez, y Elizabeth Cristina Sosa García contra el Hospital la Merced de Ciudad Bolívar ESE, de acuerdo con la parte motiva de esta providencia.

Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

Magistrados: Gerardo Arenas Monsalve—Bertha Lucía Ramírez de Páez—Víctor Hernando Alvarado Ardila.

(1) Expediente 0510-06, sentencia de 1º de marzo de 2007, actor: Universidad del Valle del Cauca, M.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez.