Sentencia 2003-3768 de febrero 4 de 2010 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad.: 76001 23 31 000 2003 3768 00

Consejero Ponente:

Dr. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas

Número Interno: 16921

Demandante: Empresa de Energía del Pacífico S.A. ESP EPSA

Demandado: Municipio de Dagua, Valle

Bogotá D.C., cuatro de febrero de dos mil diez.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

En los términos del recurso de apelación interpuesto por el municipio de Dagua, decide la Sala si se ajustan a derecho los actos demandados.

En concreto, corresponde definir, primero, la excepción de inepta demanda. En caso de que no prospere la excepción, se determinará si están gravados con el impuesto de industria y comercio los ingresos que percibió la demandante por concepto de cargo por capacidad, servicio de regulación secundaria de frecuencia, servicio de transmisión regional y servicio de transmisión local. En caso de que se determine que estos ingresos sí están gravados, corresponderá definir si era procedente que el municipio de Dagua formulara liquidación de aforo por el impuesto de industria y comercio por los años 1997 a 2002. Para el efecto se analizará si la demandante extinguió la obligación fiscal con ocasión del cruce de cuentas que hizo con el municipio para los años 1997 a 2000 y con las declaraciones del impuesto que presentó por los años 2001 y 2002 y sí, por lo tanto, era pertinente que el municipio formulara liquidación de aforo.

Para el efecto, la Sala destaca los siguientes hechos probados:

La Empresa de Energía del Pacífico S.A. ESP es una empresa de servicios públicos domiciliarios multipropósito(2) que presta servicios públicos domiciliarios y desarrolla las actividades complementarias de generación, comercialización, transformación, interconexión y transmisión de energía eléctrica(3).

Para los años 2001 y 2002 la demandante presentó declaraciones del impuesto de Industria y Comercio en el municipio de Dagua, así.

 

Periodo
Concepto
Base gravable
Tarifa
Total
Formulario
Anual
Venta de energía eléctrica
3.333.931.783
8 X 1000
26.687.454
0540(4)
Anual
Venta de energía ELÉCTRICA
4.388.524.799
8 X 1000
43.885.248
0917(5)
Total
772.245.658.2

 

Mediante Resolución 197 del 28 de junio de 2001(6), el municipio de Dagua ordenó el cruce de cuentas entre la administración municipal de Dagua, Valle, que adeudaba la suma de $ 105.424.214, y la Empresa de Energía del Pacífico EPSA S.A. ESP, que adeudaba la suma de $ 185.482.625 por los siguientes conceptos que se describieron en la parte considerativa de la resolución:

1. La deuda del municipio a favor de la demandante, por concepto de "dependencias municipales" con fecha de corte junio 28 de 2001.

2. La deuda de la demandante por concepto de impuesto de industria y comercio, según liquidación expedida por la oficina de Hacienda y Catastro, correspondiente a los años 1997 a 2000.

Conforme con el literal d) de la parte considerativa de la sentencia, se autorizó al director de Hacienda y Catastro realizar el cruce de cuentas ante la oficina de recaudos "para que la EPSA quede a paz y salvo hasta diciembre 31 de 2000 por concepto de industria y comercio".

Conforme con la liquidación que obra en el Oficio 23B, la liquidación del impuesto de industria y comercio se desagregó así.

Liquidación del impuesto de industria y comercio

(Acuerdo 27 de 2000)


Detalle
Art.
Tarifa
Año 1997
Año 1998
Año 1999
Año 2000
Total

Ingresos gravables


1.329.003.183
2.632.269.730
3.193.422.336
3.370.054.751
10.724.750.002.00
1
Impuestos







1.1
Valor inscripción
37
Aforo mensual Proyec



2.563.709
2.583.706.04
1.2
Actividad
30

7.974.019
16.993.616
25.547.379
26.960.438
77.475.545.19
1.3
Avisos y tableros

15% Impuesto Ind. y Cio.
1.195.103
2.519.043
3.832.107
4.044.066
11.621.318.13

Total aforo

Aforo anual
9.170.122
19.542.661
29.379.486
31.004.504
89.096.772
2
Sanciones







2.1
Inscripción fuera terminao (sic)
35
300% aforo mensual



7.751.126
7.751.125.93

Tasa de interés trimestral


8.029%
8.02%
8.02%
8.’2%


Trimestre en mora


12
12
8
1

2.2
Interés de mora
57
32.08% Fnada Gob. Nal.
8.825.326
18.807.867
18.849.878
2.406.661
48.969.621.56
2.3
Falta de declaración
59
50% Impto. mensual
382.088
814.278
1.224.146

2.420.511.19
2.4
Falta de declaración
59





0,00
2.5
Sanción por inexactitud
60
200% Impto. anual




0,00

Meses de extemporaneidad


31
19
6


2.6
Sanción por extemporaneidad
61
50%X C/mes Impto. mens
11.844.741
16.471.273
7.344.871
0
34.660.885.65

Totales

Total
30.222.277
54.636.069
66.798.380
43.825.899
185.482.625

 

Mediante recibo de caja Nº 55874 la demandante acreditó un pago de $ 80.058.411.00 por concepto de excedente de deuda según Resolución 197-01(7)

Mediante recibo de caja Nº 55875 la demandante acreditó un pago de $ 105.424.214.00 por concepto de liquidación de Impuesto de Industria y Comercio según Resolución 197-01, por los años 1997, 1998, 1999 y 2000(8).

Mediante emplazamiento previo por no declarar Nº 001 del 25 de febrero de 2003(9), el municipio de Dagua decidió emplazar a la demandante para que presente las declaraciones de impuesto de industria y comercio por las siguientes actividades:

· "Por cargos por uso y cargos por distribución de energía eléctrica en el sistema de distribución local del municipio

· "Por los cargos por uso y cargos por conexión de energía eléctrica en su sistema de transmisión regional ubicado dentro del Municipio de Dagua durante la vigencia de los años 1997 a 2002.

· "Por cargos por capacidad, remunerados conforme a la Resolución CREG 116 de 1996 por la planta del Alto Anchicayá ubicada dentro de la jurisdicción del municipio, durante las vigencias de los años 1997 a 2002.

· "Por servicio de regulación secundaria de frecuencia (AGC) remunerados conforme a la Resolución CREG 064 de 2000.

Mediante oficio radicado el 8 de abril de 2003, la demandante contestó el emplazamiento(10).

Mediante Resolución 017 del 1 de julio de 2003(11) el municipio resolvió liquidar de aforo a la demandante por el impuesto de industria y comercio, avisos y tableros por la actividad de servicios que realizó en el municipio, así.

"
Año
CXC(disponibilidad)
AGC(Serv.Reg.Sec.F)
STR y SDL
Total ingresos
Tarifa

($)
($)

($)
($)
1997




A.M. 022/91 10 por mil
1997
13.392.827.822

20.110.564
13.412.983.386
A.M. 011/92 6 por mil
1998
19.088.794.841

120.673.035
19.209.467.876
6 por mil
1999
26.928.148.526

91.267.032
27.019.415.558
6 por mil
2000
31.390.262.115
2.936.203.522
298.057.226
34.624.522.863
A.M. 036/99 8 por mil
2001
35.262.839.898
4.846.089.298
103.693.214
40.212.622.410
8 POR MIL
2002
39.154.612.470
10.152.333.365

49.306.945.835
8 por mil
2003
15.019.122.868
3.300.996.302

18.320.119.170
A.M. 019/02 10 por mil

ICA
Avisos y Tab
Intereses mora
Ext. pst. empl
SPND
Total a pagar
 AÑO
($)
($)
($)
($)
($)
($)

80.477.900
12.071.685
381.295.037
185.099.171
185.099.171
844.042.964
1997
115.256.807
17.288.521
519.650.587
265.090.657
265.090.657
1.182.377.229
1998
162.116.493
24.317.474
582.261.245
327.867.935
327.867.935
1.514.431.082
1999
207.747.137
31.162.071
555.643.090
477.818.416
477.818.416
1.750.189.129
2000
241.275.734
36.191.360
424.066.834
360.707.223
554.934.189
1.617.175.341
2001
295.841.675
44.376.251
248.682.293
442.283.304
680.435.853
1.711.616.376
2002
109.920.715
16.488.107
16.799.732
164.331.469
252.817.645
560.357.668
2003
Sanción por no enviar información. Artículo 651 E.T.
234.800.000

Sanción por no informar actividad económica. Artículo 650-2 E.T.
7.900.000

1.212.636.463
181.895.469
2.728.398.819
2.268.198.174
2.789.063.864
9.422.892.788

 

Gran total a pagar……………………..$ 9.422.892.788

SON Nueve mil cuatrocientos veintidós millones ochocientos noventa y dos mil setecientos ochenta y ocho pesos ml/cte.".

Mediante escrito presentado el 2 de octubre de 2003 el demandante interpuso el recurso de reconsideración(12) que fue resuelto mediante Resolución 20 del 11 de septiembre de 2003(13).

Asuntos para resolver

1.Excepción de Inepta demanda.

El municipio propuso la excepción de inepta demanda. Dijo que cuando el municipio notificó la resolución 17 de 2003, mediante la cual formuló la liquidación de aforo, el demandante decidió interponer el recurso de reconsideración y, por tanto, agotó la vía gubernativa. Adujo que, cuando el municipio resolvió el recurso, la liquidación de aforo quedó en firme y que, por lo tanto, el municipio podía adelantar el proceso de cobro coactivo. Que, el artículo 835 del E.T. dispone que dentro del proceso de cobro coactivo, solo son demandables las resoluciones que fallan las excepciones y ordenan llevar adelante la ejecución. Que como el proceso dentro del cual el municipio formuló la liquidación de aforo era el proceso de cobro, la demanda que presentó la demandante era inepta por que los actos no eran demandables ante la jurisdicción.

Sobre el particular se precisa que el demandante interpreta de manera errónea los artículos 720 y 835 del estatuto tributario porque, en efecto, uno es el proceso de determinación de impuestos y otro el proceso de cobro coactivo. Para que se inicie el proceso de cobro, es indispensable que se surta el proceso de determinación del impuesto porque de este proceso deviene el título ejecutivo objeto de cobro. Y, si bien la autoridad tributaria puede iniciar el proceso de cobro coactivo una vez que queda en firme la liquidación oficial, esa circunstancia no constituye obstáculo para presentar la demanda ante la jurisdicción. Es más, presentada la demanda, el artículo 835 del estatuto tributario dispone que su admisión, no suspende el proceso de cobro, pero sí el remate. En consecuencia, no prospera la excepción de inepta demanda(14).

Ahora bien, en el recurso de apelación, el municipio alegó la excepción de caducidad con fundamento en los mismos argumentos que propuso para la excepción de inepta demanda. En esa medida, expuso que la caducidad debió contarse desde la fecha en que se notificó la liquidación de aforo. La Sala considera que esta excepción es improcedente porque se formuló de manera extemporánea y por las mismas razones que se expusieron para denegar la excepción de inepta demanda.

2.Asunto de fondo.

2.1. Ingresos que se perciben por concepto de cargo por capacidad, servicio de regulación secundaria de frecuencia, servicio de transmisión regional y servicio de transmisión local.

En sentencia que ahora se reitera(15) la Sala precisó que el impuesto de industria y comercio sobre el servicio público domiciliario de energía eléctrica y las actividades complementarias al mismo se encuentran reguladas, de manera íntegra, en el artículo 7º de la Ley 56 de 1981 y en el artículo 51 de la Ley 383 de 1997 y, por eso, esas normas se aplican de preferencia sobre la Ley 14 de 1983.

Conforme con esas disposiciones, son cuatro los hechos generadores del impuesto de industria y comercio para el sector eléctrico

La explotación a cualquier título de las plantas de generación de energía eléctrica.

La transmisión y conexión de energía eléctrica.

La compraventa de energía eléctrica.

El servicio público domiciliario.

Teniendo en cuenta que la empresa demandante es una empresa multipropósito, la Empresa de Energía del Pacífico S.A. ESP está en la obligación de declarar el impuesto de industria y comercio por las cuatro actividades. Pero, para el efecto, es importante determinar la jurisdicción territorial en la que se desarrolla cada actividad.

El municipio de Dagua emplazó al demandante porque no presentó la declaración del impuesto de industria y comercio por las siguientes actividades, tal como se advierte de los actos demandados:

· "Por cargos por uso y cargos por distribución de energía eléctrica en el sistema de distribución local del municipio.

· "Por los cargos por uso y cargos por conexión de energía eléctrica en su sistema de transmisión regional ubicado dentro del Municipio de Dagua durante la vigencia de los años 1997 a 2002.

· "Por cargos por capacidad, remunerados conforme a la Resolución CREG 116 de 1996 por la planta del Alto Anchicayá ubicada dentro de la jurisdicción del Municipio, durante las vigencias de los años 1997 a 2002.

· "Por servicio de regulación secundaria de frecuencia (AGC) remunerados conforme a la Resolución CREG 064 de 2000.

Al respecto, precisa la Sala que los cargos por capacidad y servicio de regulación secundaria de frecuencia son actividades que están subsumidas en la actividad de generación de energía eléctrica y, por lo tanto, se gravan en cabeza del generador sobre la capacidad instalada.

Eso es así porque el "cargo por confiabilidad", antes denominado "cargo por capacidad", es un mecanismo de mercado que permite proporcionar la señal de largo plazo requerida para promover la expansión del parque de generación en el País y, además, permite asegurar que los recursos de generación estén disponibles para abastecer la demanda en situaciones de escases de energía y que ese abastecimiento se efectúe a un precio eficiente. En esas condiciones, si bien las empresas generadoras perciben ingresos por el cargo por confiabilidad, no debe perderse de vista que esa actividad es propia de la generación porque se requiere de generadores que tengan activos capaces de producir energía firme durante condiciones críticas de abastecimiento para garantizar la confiabilidad en el suministro de energía en el largo plazo a precios eficientes(16).

En consecuencia, para efectos del impuesto de industria y comercio, los ingresos que perciben las empresas de servicios públicos domiciliarios por cargos por capacidad, hoy denominados cargos por confiabilidad, no se encuentran gravados de forma autónoma porque al ser una actividad inherente a la actividad de generación, el ICA se grava en los términos del artículo 7º de la Ley 56 de 1981, esto es, sobre la capacidad instalada.

En el mismo sentido, el servicio de regulación secundario de frecuencia es una actividad inherente a la generación en la medida que el AGC (Automatic Generation Control) "constituye el equipo de control de algunas plantas que permite regular los cambios de generación para nivelar las variaciones de la carga(17).

En cuanto al servicio de transmisión regional y local(18), el numeral 2º del artículo 51 de la Ley 383 de 1997 dispone que en las actividades de transmisión y conexión de energía eléctrica, el impuesto se causa en el municipio en donde se encuentra ubicada la subestación sobre los ingresos promedios obtenidos en dicho municipio.

Los sujetos pasivos del impuesto por esta actividad son las empresas de servicio público domiciliario que desarrollen esa actividad en calidad de operadores de red (OR)(19) del sistema de transmisión regional (STR)(20) o del sistema de transmisión local (SDL)(21).

Tratándose de empresas multipropósito, debe tenerse en cuenta que estas pueden o no pueden ser las propietarias de las subestaciones porque de acuerdo con el artículo 28 de la Ley 142 de 1994, cualquier persona, tiene el derecho a construir redes(22) para prestar servicios públicos sin que para ello tenga que constituirse en una Empresa de Servicios Públicos. Sin embargo, como los activos requeridos para desarrollar la actividad pueden ser usados por un tercero para prestar el servicio de energía eléctrica y ese servicio solo puede ser prestado por las empresas de servicios públicos domiciliarios, se precisa que el sujeto activo del ICA por la transmisión y conexión, son las empresas de servicios públicos domiciliarios que sean operadores de red, sean o no propietarias de las subestaciones.

Ahora bien, el número 2 del artículo 51 de la Ley 383 de 1997 dispone que el responsable del impuesto debe pagarlo sobre los ingresos promedios obtenidos en el municipio en cuya jurisdicción se encuentra ubicada la estación.

En el caso concreto no se discute que la demandante percibió ingresos por la actividad de transmisión y conexión. La demandante discutió que esa actividad también se encuentra subsumida en la actividad de generación y que, por lo tanto, las propietarias de las subestaciones pagan el impuesto de industria y comercio por la actividad de generación. El municipio consideró que esos ingresos se gravan en los términos de la Ley 14 de 1983 y de los acuerdos que el mismo tribunal declaró ajustados a la ley. El a quo, por su parte, desestimó los argumentos del municipio porque consideró que la actividad de comercialización, la de transmisión y la de distribución de la propia energía generada por un generador están gravadas por la Ley 56 de 1981.

La Sala reitera que el impuesto de industria y comercio para el sector eléctrico se encuentra regulado de manera especial en la Ley 56 de 1981 y en la Ley 383 de 1997 y, por lo tanto, el servicio público domiciliario y las actividades complementarios de generación, transformación, distribución y comercialización no se pueden catalogar como simples actividades análogas a las previstas en la Ley 14 de 1983.

El artículo 365 de la Carta Política dispuso que los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado y que es deber de éste asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional.

Según la doctrina "La solidaridad, en el marco del Estado social del derecho, es el núcleo de la teoría del servicio público y lo que justifica la existencia de esta disciplina especial". Por eso, en la actualidad se reconoce que "la prestación de los servicios públicos domiciliarios en Colombia no constituye una simple actividad económica de carácter privado, ni el ejercicio de las funciones públicas que le corresponden exclusivamente al Estado, sino, que se trata de una actividad que por su relevancia en la calidad de vida de los ciudadanos y el desarrollo de la sociedad, se somete a un régimen jurídico especial"(23).

En el mismo sentido, dijo la Corte que en la actualidad no resulta asimilable en la Constitución el concepto de función pública con el de servicio público porque la noción actual de servicio público, "corresponde a la evolución que dicha noción ha tenido en la doctrina y que ya no corresponde a la noción clásica de servicio público que implicaba la asimilación del servicio público con la función pública y con el derecho público"(24).

Por lo expuesto, no es pertinente afirmar categóricamente que los servicios públicos, en general, y, el servicio público domiciliario, en particular, derivan de manera exclusiva de la función pública, así como tampoco es pertinente asimilar los servicios públicos a una simple actividad mercantil, toda vez que, conforme con la Constitución de 1991, se impone la nueva noción de servicio público que demanda, de manera ineludible, que tales servicios se analicen bajo el contexto del régimen jurídico especial que se profiera para el efecto.

En consecuencia, el servicio público domiciliario que se deriva necesariamente de la actividad de generación, transformación, distribución y comercialización de energía eléctrica, no puede tratarse como una simple actividad mercantil que, para efectos tributarios, se pueda enmarcar como una simple actividad análoga a las establecidas en la Ley 14 de 1983.

De ahí que, consecuente con lo previsto en el artículo 365 de la Carta Política, el legislador reguló los servicios públicos domiciliarios en general y el régimen para la generación, interconexión, transmisión, distribución y comercialización de electricidad en el territorio nacional, de manera particular, en las leyes 142 y 143 de 1994(25), regulación que impone que la actividad, en su conjunto, se analice a partir de las normas específicas y no de las generales. Con la misma lógica, para efectos tributarios y, particularmente del impuesto de industria y comercio(26).

En este orden de ideas, debe tenerse en cuenta que las normas citadas distinguen la actividad de generación de la actividad de transmisión y conexión. De ahí que, tratándose de empresas de servicios públicos domiciliarios de objeto múltiple, el artículo 18 de la Ley 142 de 1994 les exija llevar contabilidad independiente por cada una.

La demandante, como se encuentra probado, es una empresa de objeto múltiple y, por tanto, era responsable del ICA, no solo por la actividad de generación y comercialización, sino también por la de transmisión y conexión.

No se discute en el proceso que para los años 1997 a 2002 la demandante pagó el impuesto de industria y comercio por la actividad de generación y por la actividad de comercialización(27). Se discute si la demandante pagó por la actividad de transmisión y conexión. Para el efecto, el Municipio de Dagua alega que, dentro de la jurisdicción territorial, la demandante operaba las subestaciones de Bitaco y Loboguerrero. En el proceso no obra prueba de su dicho pero la demandante nunca lo negó por cuanto, como se precisó, el argumento que planteó se enfocó a sustentar la tesis, según la cual, la actividad de transmisión y conexión se encuentran subsumida en la actividad de generación y, por tanto, dijo que debía entenderse que la demandante cumplió su obligación fiscal cuando pagó el ICA en las condiciones de la Ley 56 de 1981. Como ese argumento no lo acepta la Sala, colige que la demandante, en efecto, era responsable del ICA en el municipio de Dagua por la actividad de transmisión y conexión habida cuenta de que no desvirtuó que operaba las plantas de Bitaco y Loboguerrero en la jurisdicción del Municipio de Dagua.

Conforme con el presupuesto planteado, se procede a analizar si era procedente que el municipio profiriera liquidación de aforo del impuesto de industria y comercio por los ingresos que percibió la demandante por concepto de cargos por uso.

2.2. Liquidación de aforo por el impuesto de industria y comercio por los años 1997 a 2002.

2.2.1. De la extinción de la obligación fiscal con ocasión del cruce de cuentas que la demandante hizo con el municipio para los años 1997 a 2000.

Adujo el municipio que la Resolución 197 de 2001 mediante la cual se autorizó el cruce de cuentas con la demandante nunca especificó que concedía a EPSA S.A. ESP el paz y salvo por concepto del impuesto de industria y comercio y que, por lo tanto, nunca revocó sin consentimiento el supuesto paz y salvo. Además, dijo que esa resolución estaba referida al hecho generador por la venta de energía eléctrica y no por las actividades de servicio que aforó el municipio.

Contrario a lo que aduce el municipio, la Sala advierte que en la parte considerativa de la Resolución 197 de 2001, en el literal d), textualmente se consignó que se autorizó al director de Hacienda y Catastro realizar el cruce de cuentas ante la oficina de recaudos "para que la EPSA quede a paz y salvo hasta diciembre 31 de 2000 por concepto de Industria y Comercio"

Por otra parte, en la liquidación que hizo el municipio del impuesto, no es posible precisar sobre qué actividades liquidó el impuesto, pues, si bien se citaron los artículos 37, 30, 35, 57, 59, 60 y 61 del Acuerdo 27 de 2000, para identificar el concepto de la liquidación, el acuerdo no obra como prueba en el expediente para verificar lo que alega el municipio. En consecuencia, no es pertinente dar por probado que la liquidación que sirvió para el cruce de cuentas sólo tuvo en cuenta el hecho generador de la venta de energía eléctrica.

2.2.2. De la violación del debido proceso. De si procedía liquidación de aforo o liquidación de Revisión de las declaraciones que presentó la demandante por los años 2001 y 2002.

Conforme con las declaraciones del impuesto que obran en el expediente se evidencia que los formularios establecidos por la autoridad municipal permiten liquidar el impuesto precisando la actividad económica principal y la actividad económica secundaria. En las declaraciones que obran en los folios 20 y 21 se advierte que la demandante reportó como actividad la venta de energía eléctrica.

Habida cuenta de que la demandante es una empresa de servicios públicos domiciliarios de objeto múltiple, considera la Sala que debió declarar el impuesto de industria y comercio por las actividades desarrolladas en la jurisdicción del municipio de Dagua y sobre las bases gravables establecidas en la ley 383 de 1997.

En esas condiciones, las declaraciones presentadas podían ser objeto de revisión por parte de la autoridad municipal y, por lo tanto, no era procedente la liquidación de aforo.

Conforme al artículo 66 de la Ley 383 de 1997, los municipios tienen la obligación de aplicar las normas del estatuto tributario, para efectos de las declaraciones y los procesos de fiscalización, liquidación oficial, imposición de sanciones, discusión y cobro de los impuestos municipales.

Dentro de las liquidaciones oficiales de impuestos se encuentran la de aforo y la de revisión. La liquidación de aforo tiene por objeto que la administración determine la obligación tributaria a cargo del contribuyente, cuando este no ha cumplido el deber de declarar, estando obligado a ello (E.T., art. 717). El trámite previo a la liquidación de aforo es la expedición previa del emplazamiento para declarar y la imposición de la sanción por no declarar (arts. 643, 715 y 716 ibídem).

La liquidación de revisión, por su parte, tiene por finalidad modificar, por una sola vez, las declaraciones privadas de los contribuyentes, para lo cual es necesaria la expedición del requerimiento especial (E.T., arts. 702 y 703).

En síntesis, el presupuesto para la práctica de la liquidación de aforo, es la inexistencia de la declaración a cargo del obligado, y para la de revisión, por el contrario, la existencia de aquélla, con el fin de modificar oficialmente su contenido.

Se infiere de los hechos probados y de las normas citadas, que el municipio de Dagua no estaba facultado para practicar liquidación de aforo por los años 2001 y 2002 puesto que el contribuyente ya había declarado el impuesto por tales vigencias.

Si el municipio advirtió que la demandante omitió en las declaraciones de industria y comercio, los ingresos provenientes de la actividad de transmisión y conexión de energía eléctrica, debió practicar liquidación oficial de revisión, previa expedición del requerimiento especial, con el propósito de modificar las liquidaciones privadas para adicionar los ingresos y modificar el impuesto a cargo. En idéntico sentido se pronunció la Sala en sentencia del 26 de octubre de 2009 y 26 de noviembre de 2009(28).

Por consiguiente, se impone confirmar el fallo apelado, que anuló las resoluciones demandadas y declaró, a título de restablecimiento del derecho, la firmeza de las declaraciones privadas de la actora por los períodos en discusión.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia apelada, por las razones expuestas.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase al Tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha».

(2) "Ley 142 de 1994. ART. 18. Objeto. La empresa de servicios públicos tiene como objeto la prestación de uno o más de los servicios públicos a los que se aplica esta ley, o realizar una o varias de las actividades complementarias, o una y otra cosa.

Las comisiones de regulación podrán obligar a una empresa de servicios públicos a tener un objeto exclusivo cuando establezcan que la multiplicidad del objeto limita la competencia y no produce economías de escala o de aglomeración en beneficio del usuario.

En todo caso, las empresas de servicios públicos que tengan objeto social múltiple deberán llevar contabilidad separada para cada uno de los servicios que presten; y el costo y la modalidad de las operaciones entre cada servicio deben registrarse de manera explícita.

(3) Folio 4 anverso. Según el certificado de existencia y representación legal, la demandante tiene por objeto social "Atender la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos sobre la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía" en todo el territorio nacional.

(4) Folio 20.

(5) Folio 21.

(6) Folios 23 y 23-A.

(7) Folio 23 C.

(8) Folio 23 D.

(9) Folios 74 a 80.

(10) Folios 81 a 102.

(11) Folios 28 a 46.

(12) Folios 103 a 154

(13) Folios 48 a 72.

(14) Consejo de Estado. Sala de lo contencioso administrativo. Sección Cuarta. Consejero Ponente: Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. Bogotá, D.C., Veintiséis (26) de noviembre de dos mil nueve (2009). Radicación: 66 001 23 31 000 2006 00152 01. Nº Interno: 16762. Demandante: Central Hidroeléctrica de Caldas S.A. ESP. Demandado: Municipio de Santa Rosa de Cabal.

(15) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Consejero Ponente: Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. Bogotá D.C., Veintitrés (23) de julio de dos mil nueve (2009). Radicación: 76001 23 31 000 2004 01710 01. Nº Interno:16228. Actor: Empresa de Energía del Pacífico S.A. ESP. EPSA C/municipio de Dagua, Valle.

(16) Comisión de Regulación de Energía y Gas. Cargo por Confiabilidad. Esquema regulatorio para asegurar la confiabilidad en el suministro de energía eléctrica en Colombia, una visión de largo plazo. Documento de carácter informativo. http://www.creg.gov.co

(17) http://www2.isa.com.co. Ver también Resolución CREG 036 de 1999.

(18) Según el artículo 1º de la Resolución 024 de 1995 de la CREG, por la cual se reglamentan los aspectos comerciales del mercado mayorista de energía en el sistema interconectado nacional, la transmisión es la actividad consistente en el transporte de energía por sistemas de transmisión y la operación, mantenimiento y expansión de sistemas de transmisión, ya sean nacionales o regionales.

(19) Resolución 70 de 1998. "Operador de red de STR y/o SDL (OR). Es la persona encargada de la planeación de la expansión y de las inversiones, operación y mantenimiento de todo o parte de un STR o SDL; los activos pueden ser de su propiedad o de terceros. Para todos los propósitos son las empresas que tienen cargos por Uso de los STR y/o SDL aprobados por la CREG. El OR siempre debe ser una Empresa de Servicios Públicos.

(20) Resolución 70 de 1998. "Sistema de Transmisión Regional (STR) sistema interconectado de transmisión de energía eléctrica compuesto por redes regionales o interregionales de transmisión; Conformado por el conjunto de líneas y subestaciones con sus equipos asociados, que operan a tensiones menores de 220 kV y que no pertenecen a un sistema de distribución local".

(21) Resolución 70 de 1998. "Sistema de Distribución Local (SDL). Sistema de transmisión de energía eléctrica compuesto por redes de distribución municipales o distritales; conformado por el conjunto de líneas y subestaciones, con sus equipos asociados, que operan a tensiones menores de 220 kV que no pertenecen a un sistema de transmisión regional por estar dedicadas al servicio de un sistema de distribución municipal, distrital o local."

(22) Resolución 070 de 1998. "Quien construya redes con el fin de prestar servicios públicos debe cumplir con lo establecido en la presente Resolución y en las leyes 142 y 143 de 1994."

(23) Carlos Alberto Atehortúa Ríos. "Régimen de los Servicios Públicos Domiciliarios. En el contexto de la doctrina constitucional". Biblioteca Jurídica Dike. Medellín. 2008.

(24) Corte Constitucional. Sentencia C-037 de 2003.

(25) Y las que las modifiquen.

(26) Aclaración de voto proferida dentro del proceso 08001233100019980007101 (17059). M.P. Héctor Romero

(27) En esta actividad está inmersa el servicio público domiciliario.

(28) Consejo de Estado. Sala de lo contencioso administrativo. Sección Cuarta. Consejero Ponente: William Giraldo Giraldo. Bogotá, D.C., veintiséis (26) de octubre de dos mil nueve (2009). Expediente 17045. Emgesa S.A.

ESP Consejo de Estado. Sala de lo contencioso administrativo. Sección Cuarta. Consejero Ponente: Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. Bogotá, D.C., Veintiséis (26) de noviembre de dos mil nueve (2009). Radicación: 66 001 23 31 000 2006 00152 01. Nº Interno: 16762. Demandante: Central Hidroeléctrica de Caldas S.A. ESP. Demandado: Municipio de Santa Rosa de Cabal.