Sentencia 2003-40091 de marzo 2 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN “B”

Consejero Ponente:

Danilo Rojas Betancourth

Bogotá, D.C., (2) de marzo de dos mil diecisiete (2017).

Exp.: 36 494

Rad.: 500012331000200340091-01

Actor: Víctor Manuel Carranza Niño

Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación – Dirección Nacional de Estupefacientes

Naturaleza: Reparación directa

Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por las partes en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Meta el 19 de noviembre de 2008, en la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. La providencia será modificada.

SÍNTESIS DEL CASO

Por transportar 2570 galones de gasolina por la vía que conduce al municipio de Puerto López, Meta, “sin portar el respectivo permiso (...) e infringir la Resolución 001 de 13 de mayo de 1996 emanada del Consejo Nacional de Estupefacientes”, el 28 de febrero de 1997 la Policía de Carreteras del Meta capturó al conductor del carro tanque de placas PVA 972 y este último, de propiedad del actor, fue inmovilizado. Abierta la investigación penal por la presunta infracción a la Ley 30 de 1986, la Fiscalía General de la Nación se abstuvo de ordenar la devolución del automotor por considerar, en múltiples oportunidades, que a la luz de los elementos de convicción recaudados, no podía concluirse que el bien no hubiera sido utilizado para la comisión de actividades ilícitas o que su propietario fuera totalmente ajeno a las mismas. Finalmente, el vehículo fue devuelto el 21 de mayo de 2001, luego de que, en segunda instancia, se confirmara la preclusión de la investigación adelantada en contra de su conductor. Pese a haber sido puesto a disposición de la Dirección Nacional de Estupefacientes el 30 de abril de 1997(1), el automotor permaneció a la intemperie durante el tiempo en que se prolongó la inmovilización, sufriendo un deterioro superior al que habría padecido por el simple paso del tiempo. El demandante solicitó ser indemnizado por los daños derivados tanto de la inmovilización del bien como de su deterioro, atribuibles, a su juicio, a errores judiciales, un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia por dilación injustificada y fallas en los deberes de custodia y vigilancia del vehículo.

ANTECEDENTES

I. Lo que se demanda.

1. Mediante escrito presentado el 3 de abril de 2003, ante el Tribunal Administrativo del Meta (fls. 1-12, cdno. 1), por intermedio de apoderado judicial y en ejercicio de la acción de reparación directa establecida en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, el señor Víctor Manuel Carranza Niño, actuando en nombre propio, presentó demanda en contra de la Nación – Fiscalía General de la Nación – Ministerio del Interior y de Justicia y la Dirección Nacional de Estupefacientes, con el fin de que se realizaran las siguientes declaraciones y condenas:

Primera. Declarar a los [demandados] administrativa y extracontractualmente responsables por la totalidad de los daños patrimoniales causados al [demandante] por la retención, incautación ilegal, mora y negligencia en ordenar la devolución del vehículo de propiedad del accionante, (...) carro tanque, (...) de placa PVA-972 (...). El vehículo por el mal cuidado y descuido del deber de custodia quedó afectado en todos los órganos de funcionamiento (sic), lo cual ha imposibilitado que cumpla la actividad a la cual estaba destinado, es decir, que se ha causado un perjuicio por lucro cesante y daño emergente en un tiempo superior a seis años de actividad comercial.

Segunda. Como consecuencia de la anterior declaración:  

2.1. La suma de veinte millones de pesos ($ 20.000.000) que corresponde al daño emergente, representado en el deterioro, daños mecánicos, latonería, pintura y a la falta de elementos que hacían parte de dicho vehículo y que, al momento de su entrega material a su propietario, se determinaron según acta de 21 de mayo de 2001.  

2.2. La suma de diez millones de pesos ($ 10.000.000) mensuales causados desde el 27 de febrero de 1997, fecha en la cual se detuviera el vehículo, que corresponde al lucro cesante del cual fue privado injustamente el demandante hasta la fecha de presentación de esta demanda, la cual arroja unos perjuicios consolidados en ($ 740.000.000), aproximadamente.  

(...)

1.1. Como sustento fáctico y jurídico de sus pretensiones el actor adujo lo siguiente:

1.1.1. El carro tanque de placas PVA-972, de propiedad del demandante y destinado al transporte de gasolina, fue retenido el 27 (sic) de febrero de 1997, mientras era conducido por el señor Jesús Norman Rodríguez, en su calidad de empleado de la estación de servicio El Puente, ubicada en Puerto Bogotá, Cundinamarca, y quien, en cumplimiento de la orden dada por su superior jerárquica, transportaba 2570 galones de gasolina corriente para motor de carro, olvidando llevar consigo los documentos que acreditaban el cumplimiento de los controles establecidos para este tipo de combustible en el Departamento del Meta, al cual se dirigía.

1.1.2. Como legítimo propietario del automotor y a través de apoderado judicial, instauró un incidente procesal para obtener su devolución el 11 de mayo de 1998, el cual no fue resuelto definitivamente sino hasta el 4 de abril de 2001, con lo que se excedieron ampliamente los términos legales.

1.1.3. Como quedó consignado en el acta de entrega definitiva del vehículo, este fue devuelto en regular estado de conservación, sin varios de sus elementos y sin que pudiera ser encendido por haber permanecido más de cuatro años sin ser usado.

1.1.4. Con dichas actuaciones se le privó del derecho al uso, usufructo, disposición y goce del vehículo de su propiedad desde la incautación hasta la presentación de la demanda, sin que se conozca el momento en que sería posible utilizarlo nuevamente, dado su deplorable estado.

1.1.5. Aunque el vehículo fue puesto a disposición temporal de la Dirección Nacional de Estupefacientes que, mediante resolución de junio de 1997, lo destinó al cuerpo de bomberos de San Vicente del Caguán, dicha orden nunca se materializó. En realidad, el vehículo permaneció a la intemperie en los patios de la estación de la policía de carreteras de Villavicencio, Meta; lugar en el que quedó oculto por el crecimiento de pasto y maleza y en donde finalmente fue encontrado después de una larga búsqueda.

1.1.6. Desde la incautación hizo uso de todos los mecanismos legales de que disponía ante el juez penal que adelantaba el proceso en contra del señor Jesús Norman Rodríguez con el fin de obtener la devolución de su bien, trámites que sólo fueron atendidos favorablemente varios años después.

II. Trámite procesal.

2. En el auto admisorio de la demanda el Tribunal Administrativo del Meta dispuso no tener en cuenta como demandada a la Nación – Ministerio del Interior y de Justicia teniendo en cuenta que, de los hechos de la demanda, se desprendía que quienes estaban legitimadas en la causa por pasiva eran la Nación – Fiscalía General de la Nación y la Dirección General de Estupefacientes (fls. 43-45, cdno. 1).

3. Las demandadas presentaron sendos escritos de contestación de la demanda, así:

3.1. La Fiscalía General de la Nación se opuso a las pretensiones de la demanda por estimar que, en el caso concreto, no incurrió en ninguna falla del servicio y que, en consecuencia, no puede ser declarada responsable por los daños que se hayan ocasionado durante el período en que estuvo retenido el vehículo de propiedad del actor, dado que era su obligación adelantar la investigación por una presunta vulneración a la Ley 30 de 1986. Indicó que era deber del demandante solicitar la devolución del vehículo en su momento y no limitarse a esperar a que culminara la investigación para hacerlo. En el mismo escrito formuló llamamiento en garantía en contra del señor Fernando Gómez Rodríguez, en tanto fue el fiscal que, en la resolución de preclusión de la investigación, se abstuvo de ordenar la devolución del vehículo (fls. 115-122, cdno. 1).

3.2. La Dirección Nacional de Estupefacientes indicó que, por su naturaleza jurídica, no hace parte de la Rama Judicial y, en consecuencia, nada tuvo que ver en las decisiones por las que se retuvo el vehículo de propiedad del actor. En el mismo sentido señaló que, de acuerdo con la normativa que rige la materia, la decisión sobre la destinación provisional que habría podido dársele al vehículo incautado debía ser tramitada y adoptada única y exclusivamente por la Fiscalía General de la Nación, de modo que ninguna responsabilidad puede imputársele por las consecuencias de aquélla. Mencionó que, en todo caso, en circunstancias como las de la especie, la apertura de una investigación penal y la incautación del vehículo eran cargas que los ciudadanos afectados estaban en la obligación de soportar y que si en gracia de discusión se admitiera su responsabilidad, sólo podría hacerse respecto de los daños ocasionados al automotor, aunque estos fueron producto del paso natural del tiempo, circunstancia que está contemplada en el Decreto 1461 de 2000 y en la Ley 785 de 2002 que rigen la administración de bienes puestos a disposición de la Dirección Nacional de Estupefacientes. También afirmó que su única actuación se limitó a expedir actos administrativos que, en últimas, favorecían al actor y que, además, son perfectamente legales. Por último formuló llamamiento en garantía en contra del Cuerpo de Bomberos del Caguán en tanto que, en los términos de la resolución mediante la cual se le destinó provisionalmente el vehículo de propiedad del demandante, tenía la obligación de velar por su buen estado y conservación (fls. 87-98, cdno. 1).

3.3. A propósito de los llamamientos en garantía formulados el a quo se pronunció en diferentes providencias, así: i) el 19 de abril de 2004 le concedió a la Dirección Nacional de Estupefacientes el término perentorio de 5 días para que allegara el documento idóneo que acreditara la existencia y representación legal del Cuerpo de Bomberos de San Vicente del Caguán, so pena de rechazar la solicitud (fls. 124-125, cdno. 1); no obstante, dicho documento nunca fue allegado; ii) el 27 de julio de 2004 se admitió el formulado en contra del señor Fernando Gómez Rodríguez y se ordenó la suspensión del proceso para lograr su notificación (fl. 129, cdno. 1), sin embargo, transcurrido el término legal para obtener su comparecencia, sin que la entidad interesada adelantara las gestiones que le correspondían (fl. 133, cdno. 1), se ordenó continuar con el proceso (fl. 134, cdno. 1).

4. Dentro del traslado para presentar alegatos de conclusión de primera instancia las partes se manifestaron así:

4.1. La Fiscalía General de la Nación indicó que en la medida en que en el carro tanque de propiedad del actor se transportaba gasolina en un tope superior al permitido, sin que se exhibieran los permisos correspondientes, la incautación del vehículo era una actuación obligatoria de conformidad con el ordenamiento jurídico, así como también su destinación a la Dirección Nacional de Estupefacientes. Señaló que escapaba a su competencia controlar el trámite que, con posterioridad, esta última entidad adelantó y que siempre desconoció el hecho de que el vehículo nunca fue entregado materialmente al Cuerpo de Bomberos de San Vicente del Caguán, al que fue destinado. Así pues y en la medida en que el bien nunca estuvo bajo su custodia o administración, no podría declarársele responsable por el deterioro que hubiere sufrido. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el Código de Procedimiento Penal entonces vigente, la Fiscalía no sólo estaba autorizada para ordenar la incautación sino para mantenerla, sin que se advierta la existencia de falla del servicio alguna (fls. 224-230, cdno. 1).

4.2. La Dirección Nacional de Estupefacientes adujo que había lugar a eximirla de responsabilidad dado que, en primer lugar, no fue la autoridad que ordenó la incautación del vehículo y, en segundo, no prolongó indebidamente la medida por cuanto lo devolvió en mayo de 2001, cuando la orden para que lo hiciera databa del mes anterior, esto es, lo hizo dentro de un término prudencial. Por último señaló que, antes de incurrir en una falla del servicio, propendió por el cumplimiento de sus deberes legales procurando que el vehículo incautado continuara siendo socialmente productivo, no obstante, dada su vetustez, el mismo no fue recibido por su destinatario y, pese a haber sido objeto de varias publicaciones para destinación, no fue solicitado por entidad alguna, circunstancia que llevó a que durante todo el tiempo que duró la incautación permaneciera bajo la custodia de la Policía Nacional (fls. 242-244, cdno. 1).

4.3. El demandante indicó que estaban plenamente acreditados los elementos que estructuraban la responsabilidad administrativa y patrimonial de las demandadas en tanto no podía desconocerse que la Fiscalía General de la Nación incurrió en mora injustificada al decidir sobre la solicitud de devolución del vehículo, máxime cuando, como se consignó en las providencias proferidas en el proceso penal, al poco tiempo de la incautación se allegaron las pruebas concernientes a la legalidad del transporte de combustible que dio lugar a su retención. Concluyó que, al dejar de ordenar la devolución del vehículo teniendo todas las pruebas que acreditaban lo injustificado de su incautación, la Fiscalía General de la Nación incurrió en un evidente error judicial. En relación con la Dirección Nacional de Estupefacientes sostuvo que no cumplió con el trámite establecido en la Ley para ordenar la destinación provisional del automotor, específicamente, con la avaluación del mismo y, adicionalmente, que no obstante haber proferido un acto administrativo que nunca se cumplió, lo destinó de hecho al Ejército Nacional, entidad que no tenía la obligación de velar por su conservación y mantenimiento (fls. 245-257, cdno. 1).

5. Surtido el trámite de rigor y practicadas las pruebas decretadas(2), el Tribunal Administrativo del Meta profirió sentencia de primera instancia el 19 de noviembre de 2008 (fls. 259-283, cdno. ppal.), en la cual decidió:

PRIMERO: Declarar administrativamente responsable a la Nación – Fiscalía General de la Nación en un 50% de los daños y perjuicios causados al demandante Víctor Manuel Carranza Niño, como consecuencia del deterioro del automotor tipo carro tanque de placas PVA-972, retenido el 27 de febrero de 1997.  

SEGUNDO: Declarar administrativamente responsable a la Dirección Nacional de Estupefacientes en un 50% de los daños y perjuicios causados al demandante Víctor Manuel Carranza Niño, como consecuencia del deterioro del automotor tipo carro tanque de placas PVA-972, retenido el 27 de febrero de 1997.  

TERCERO: CONDÉNESE a la Nación – Fiscalía General de la Nación a pagar a Víctor Manuel Carranza Niño el 50% de la suma de treinta millones ciento treinta y seis mil cuatrocientos noventa y tres pesos ($ 30 136 493), por perjuicios materiales a título de daño emergente.  

CUARTO: CONDÉNESE a la Dirección Nacional de Estupefacientes a pagar a Víctor Manuel Carranza Niño el 50% de la suma de treinta millones ciento treinta y seis mil cuatrocientos noventa y tres pesos ($ 30 136 493), por perjuicios materiales a título de daño emergente.  

QUINTO: Désele cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 176, 177 y 178 del C.C.A. 

SEXTO: Niega las demás pretensiones de la demanda.  

SÉPTIMO: Sin costas.

5.1. Lo anterior con fundamento en las siguientes consideraciones:

5.1.1. Teniendo en cuenta que la Dirección Nacional de Estupefacientes profirió una resolución mediante la cual destinó provisionalmente al Cuerpo de Bomberos de San Vicente del Caguán el carro tanque incautado, se entiende que era obligación de aquélla procurar la conservación y mantenimiento de este último.

5.1.2. A partir del hecho de que el vehículo fue incautado mientras se encontraba en funcionamiento, se tiene por demostrado que estaba en buenas condiciones. Ahora bien, dado que, al devolverse 4 años y 2 meses después, presentaba un alto grado de deterioro, no hay duda de la causación del daño.

5.1.3. Si bien es cierto que la no presentación inmediata de los documentos exigidos para el transporte de gasolina daba lugar a la incautación del vehículo, daño que el demandante debía soportar, dicha obligación no se extiende al deterioro sufrido por el bien.

5.1.4. Es obligación del Estado devolver los bienes incautados en las mismas condiciones en las que se encontraban en el momento de la retención, de modo que el deterioro y menoscabo sufrido por el irregular funcionamiento de las entidades oficiales no es una carga que deban asumir los particulares.

5.1.5. La Dirección Nacional de Estupefacientes debe ser declarada responsable porque a pesar de haber adoptado las decisiones que consideró pertinentes para administrar el bien, no se aseguró de materializarlas, omisión que se tradujo en su abandono y consecuencial deterioro.

5.1.6. La Fiscalía General de la Nación es responsable por el inexplicable retardo en el que incurrió para ordenar la devolución del bien incautado —4 años y 2 meses—, expresamente documentado en sus propias providencias.

5.1.7. El daño emergente que hay lugar a indemnizar es el valor de las reparaciones que sería necesario llevar a cabo para que el automotor volviera a quedar en estado de funcionamiento, punto sobre el cual se rindió un dictamen en el que el perito fijó un monto similar al que fue solicitado en la demanda por el mismo concepto, por lo que este último se considera ajustado a la realidad. En consecuencia, se reconoce el monto solicitado en la demanda el cual se actualiza desde la fecha de entrega del vehículo —21 de mayo de 2001—.

5.1.8. No se reconoce indemnización alguna por concepto de lucro cesante por cuanto, para determinar su valor, se realizaron operaciones matemáticas carentes de fundamentación. Además, no se evidenció prueba alguna que acredite los gastos de operación y mantenimiento del vehículo, ni se especificó si lo solicitado en la demanda por este concepto correspondía al valor neto o bruto mensual de lo percibido por fletes de transporte de combustible. Por último, para liquidar este perjuicio sería necesario conocer no sólo el período de la incautación sino el tiempo prudencial requerido para la reparación del vehículo, conceptos que no fueron objeto de prueba. En esas condiciones, no se cuenta con los elementos necesarios para realizar el estudio de este perjuicio.

6. Contra la sentencia de primera instancia el demandante y la Fiscalía General de la Nación interpusieron y sustentaron oportunamente recurso de apelación, así:

6.1. El demandante concretó su inconformidad con la sentencia de primera instancia en dos puntos: i) el que no se hubiere reconocido a su favor la indemnización del lucro cesante solicitado y ii) el que no se haya condenado en costas a las demandadas. Señaló que no es cierto que no se hubieren acreditado los límites temporales de la incautación pues, al contrario, se allegaron los documentos que demuestran la fecha en que se produjo y aquella en la que el vehículo fue devuelto a su propietario y, además, que no podía quitársele valor probatorio al dictamen pericial que fue decretado y practicado con el fin de determinar el monto de este perjuicio, menos aun cuando, por una parte, fue confeccionado por un auxiliar de la justicia designado directamente por el despacho judicial, bajo el entendido de que se trata de una persona que tiene las competencias requeridas para llevar a cabo esta tarea con suficiencia y, por la otra, no fue objetado por las partes. Adicionalmente, en el texto del dictamen, el experto indicó los fundamentos con base en los cuales rindió su concepto, concretamente, señaló que se basaba en la información recopilada ante agencias de transporte de combustible en el Departamento del Meta y, de hecho, no sólo allegó las cotizaciones obtenidas sino que, para rendir su conclusión, tomó el monto de la más baja. Señaló que no es cierto que los cálculos efectuados en dicho dictamen carecieren de fundamento pues, al contrario, se explicó claramente que los mismos provenían de tomar en consideración el aumento anual del IPC. Indicó que, en la medida en que el objeto de la prueba era determinar lo dejado de percibir por la retención del vehículo, carecía de sentido acreditar los gastos que la explotación del mismo implicaba, insistiendo en que el juez debe interpretar los medios de convicción de conformidad con la sana lógica y, con base en esta, resulta obvio que un automotor destinado al transporte de gasolina que permanece inmovilizado por más de doce años no sólo dejó de reportar réditos a su propietario, sino que se depreció, circunstancia que también hace parte del lucro cesante. Señaló que no podía el a quo denegar el perjuicio con fundamento en que no estaban probados los extremos temporales de su causación pues, por una parte, estaba perfectamente acreditado que el vehículo fue retenido desde el 27 (sic) de febrero de 1997 y, por la otra, aquél debe reconocerse hasta el momento en que se sufraguen los medios para reparar el vehículo y colocarlo en estado de funcionamiento, circunstancia que aún no se ha configurado por lo que no es posible demostrarla. Sobre el otro punto de inconformidad indicó que, en consideración a la equidad, debe reconsiderarse la posibilidad de imponer condena en costas a pesar de que no se haya demostrado temeridad por parte de las entidades demandadas (fls. 284 y 350-360, cdno. ppal.).

6.2. La Fiscalía General de la Nación señaló que no le asiste responsabilidad alguna en los hechos materia de litigio comoquiera que era su obligación legal ordenar la incautación del vehículo ante la constatación de que no contaban con los permisos requeridos para el transporte de gasolina y, en ese sentido, no incurrió en ningún error judicial. Señaló que era injustificado que se le hubiere condenado al pago del 50% del monto del deterioro padecido por el vehículo durante el tiempo que perduró la incautación cuando lo cierto es que la custodia y cuidado del mismo estaba en manos de la Dirección Nacional de Estupefacientes única y exclusivamente, como lo demuestra la resolución mediante la cual esta última destinó provisionalmente el vehículo, resolución cuya legalidad nunca fue cuestionada. Insistió en que no incurrió en ninguna falla del servicio y concluyó que se configura el hecho exclusivo de la víctima como causal de exoneración de responsabilidad por cuanto la incautación del vehículo se produjo porque el demandante permitió que en el mismo se transportara combustible sin que se portaran los permisos respectivos para hacerlo (fls. 323-334, cdno. ppal.).

7. Dentro del término de traslado para presentar alegatos de conclusión, el actor insistió en los puntos de inconformidad señalados en su recurso de apelación, en particular, en que debe reconocerse el lucro cesante solicitado y que no puede desconocerse la prueba pericial practicada sobre el particular, pues ello equivale a vulnerar el principio de seguridad jurídica (fls. 377-380, cdno. ppal.).

8. Mediante providencia de 29 de octubre de 2014 se reconoció a la Sociedad de Activos Especiales SAE SAS como sucesora procesal de la Dirección Nacional de Estupefacientes, en proceso de liquidación, de conformidad con la solicitud elevada por esta última (fls. 402-404, cdno. ppal.).

CONSIDERACIONES

I. Competencia.

9. El Consejo de Estado es competente para conocer del asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por el demandante y una de las demandadas contra una sentencia del Tribunal Administrativo del Meta, en un proceso con vocación de segunda instancia, en los términos de los artículos 37 y 40.6 de la Ley 446 de 1998, modificatorios del 129 y 131 del Código Contencioso Administrativo, dado que la cuantía de la demanda, determinada por el valor de la mayor de las pretensiones, supera la exigida por la norma para el efecto(3).

9.1. Ahora, es importante recordar que si bien es cierto que las dos partes apelaron, lo que, en principio, daría lugar a que, en esta instancia, se resolviera sin limitación alguna, de conformidad con lo dispuesto sobre al particular en la última parte del primer inciso del artículo 357 del Código de Procedimiento Civil(4), no puede perderse de vista que, en su recurso de apelación, la parte actora fue enfática al señalar que su inconformidad radicaba, concretamente, en el no reconocimiento del daño material, en la modalidad de lucro cesante, y en el hecho de que no se haya proferido condena en costas, absteniéndose deliberadamente de controvertir lo decidido por el a quo en relación con la indemnización por daño emergente; de modo que, en estas circunstancias, mal haría el juez de segunda instancia al revisar a favor de la parte actora y en contravía de los intereses de la parte demandada, también apelante, una condena con la que, según se infiere claramente del contenido de su recurso, la primera estuvo de acuerdo.

9.2. Y es que, tal como ha considerado esta corporación(5), la competencia del ad quem está determinada por los motivos de inconformidad manifestados por quienes fueron apelantes y de la premisa “la apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante”, no se sigue una autorización al juez de segundo grado para hacer el escrutinio y determinar libremente qué es lo desfavorable al recurrente pues, a renglón seguido, la norma establece una segunda prohibición complementaria, según la cual no podrá el ad quem enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso; lo que no excluye el que, como también se ha sostenido, si la apelación se interpuso en relación con un aspecto global de la sentencia, por ejemplo, la declaratoria de responsabilidad de la entidad demandada, el ad quem tenga competencia para pronunciarse sobre cada uno de los elementos que la constituyen y, a su vez, sobre la liquidación de perjuicios que se deriva directamente de ella. Al respecto es importante insistir en que, tal como lo afirmó explícitamente la Sala Plena de la Sección Tercera en la sentencia de unificación antes citada, “es asunto de lógica elemental que ´el que puede lo más, puede lo menos´”(6), por lo que carecería de sentido afirmar que no es posible modificar en favor de la parte que solicitó expresamente que se le exonerara de responsabilidad, la liquidación de perjuicios efectuada en primera instancia.

9.3. Así las cosas, en el caso bajo análisis la Sala, en virtud del recurso de apelación interpuesto por una de las demandadas, es competente para pronunciarse sobre lo bien fundado de la declaratoria de responsabilidad proferida por el a quo y, dado el caso, sobre la liquidación de perjuicios, respecto de la cual puede resolver libremente por haber sido objeto de apelación por ambas partes, salvo en lo que tiene que ver con el daño emergente que sólo podría modificar a favor de la Fiscalía General de la Nación.

II. Validez de los medios de prueba.

10. A propósito de los medios de convicción allegados al proceso la Sala considera necesario precisar lo siguiente:

10.1. De acuerdo con el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil, las pruebas trasladadas pueden ser valoradas, sin más formalidades, “siempre que en el proceso primitivo se hubieren practicado a petición de la parte contra quien se aduce o con audiencia de ella”, de modo que, en tanto fueron practicadas a instancias de la Fiscalía General de la Nación, la Sala podrá valorar, en lo que tiene que ver con esta última, todas las obrantes en la investigación penal adelantada en contra del señor Jesús Norman Rodríguez por una posible infracción a la Ley 30 de 1986, trasladadas a este proceso por solicitud del demandante.

10.2. Por existir certeza sobre la persona que las realizó, así como sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que fueron tomadas, la Sala valorará, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, las fotografías allegadas junto con el dictamen pericial rendido en el proceso.

10.3. Aunque no se trata de un tema de validez del medio de convicción, sino de valoración, la Sala considera pertinente recordar en este punto que, contrario a lo sugerido por el actor en su recurso de apelación, las conclusiones de un dictamen pericial no constituyen camisa de fuerza para el juzgador. Al contrario, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 187 y 241 del Código de Procedimiento Civil, el juez debe valorarlo conforme a las reglas de la sana crítica y bien puede desestimarlo en función de la “firmeza, precisión y calidad de sus fundamentos”. Al respecto esta corporación ha sostenido(7):

Sólo al juez, en consecuencia, corresponde apreciar cuál es la fuerza de convicción que debe reconocerle al dictamen, sin que esté obligado a aceptarlo cuando no reúna los requisitos legalmente exigidos para su validez y eficacia. Una sujeción absoluta, inopinada y acrítica respecto de la pericia convertiría al juez en un autómata y a los peritos en verdaderos decisores de la causa.  

Ahora bien, la doctrina ha sostenido que es necesario que el dictamen pericial, para ser apreciado por el Juez reúna una serie de requisitos de fondo o de contenido para poder ser valorado, entre ellos los siguientes: 

“f) Que el dictamen esté debidamente fundamentado. Así como el testimonio debe contener la llamada ‘razón de la ciencia del dicho’, en el dictamen debe aparecer el fundamento de sus conclusiones. Si el perito se limita a emitir su concepto, sin explicar las razones que lo condujeron a esas conclusiones, el dictamen carecerá de eficacia probatoria y lo mismo será si sus explicaciones no son claras o aparecen contradictorias o deficientes. Corresponde al juez apreciar este aspecto del dictamen y (...) puede negarse a adoptarlo como prueba si no lo encuentra convincente y, con mayor razón, si lo estima inaceptable. (...) 

“g) Que las conclusiones del dictamen sean claras, firmes y consecuencia lógica de sus fundamentos (...) puede ocurrir también que el juez no se encuentre en condiciones de apreciar sus defectos, en cuyo caso tendrá que aceptarla; pero si considera que las conclusiones de los peritos contrarían normas generales de la experiencia o hechos notorios o una presunción de derecho o una cosa juzgada o reglas elementales de la lógica, o que son contradictorias o evidentemente exageradas o inverosímiles, o que no encuentran respaldo suficiente en los fundamentos del dictamen o que están desvirtuadas por otras pruebas de mayor credibilidad, puede rechazarlo... (...) 

“h) Que las conclusiones sean convincentes y no parezcan improbables, absurdas o imposibles (...) no basta que las conclusiones sean claras y firmes, como consecuencia lógica de sus fundamentos o motivaciones, porque el perito puede exponer con claridad, firmeza y lógica tesis equivocadas. Si a pesar de esa apariencia, el juez considera que los hechos afirmados en las conclusiones son improbables, de acuerdo con las reglas generales de la experiencia y con la crítica lógica del dictamen, este no será convincente, ni podrá otorgarle la certeza indispensable para que lo adopte como fundamento exclusivo de su decisión ...” 

“i) Que no existan otras pruebas que desvirtúen el dictamen o lo hagan dudoso o incierto. Es obvio que si en el proceso aparecen otras pruebas que desvirtúen las conclusiones del dictamen o al menos dejen al juez en situación de incertidumbre sobre el mérito que le merezca, luego una crítica razonada y de conjunto, aquél no puede tener plena eficacia probatoria”(8).

III. Hechos probados.

11. Con base en las pruebas obrantes en el expediente, valoradas en su conjunto, se tienen como ciertas las siguientes circunstancias fácticas relevantes:

11.1. A las 2:45 a.m. del 28 de febrero de 1997, en la vía que conduce al Municipio de Puerto López, Meta, miembros de la Policía Nacional inmovilizaron, previo inventario, el carro tanque de placas PVA 972, marca International, modelo 1974, color beige, con capacidad para 6 toneladas, por transportar 2570 galones de gasolina “sin portar el respectivo permiso (...) e infringir la Resolución 001 de 13 de mayo de 1996 emanada del Consejo Nacional de Estupefacientes”. Al mismo tiempo fue capturado el conductor del vehículo, el señor Jesús Norman Rodríguez, quien, junto con el automotor y el combustible, fue puesto a disposición de la Fiscalía Regional de turno el mismo día (copia del oficio por el que se dejó a disposición, del acta de lectura de derechos del capturado y de la copia del inventario del vehículo, fls. 1-4, cdno. 7).

11.2. Abierta la instrucción por infracción de la Ley 30 de 1986, ese mismo 28 de febrero la Unidad de Preliminares de la Fiscalía General de la Nación solicitó a los comandantes de la SIJIN y del departamento de Policía del Meta su colaboración para la custodia del rodante y del combustible precisando que, en todo caso, estos quedaban a disposición de la Dirección Nacional de Estupefacientes y que, por el momento, se encontraban en el parqueadero de la Policía de Carreteras (providencia de apertura de instrucción y oficios, fls. 8-11, cdno. 7).

11.3. Al señor Rodríguez se le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva el 7 de marzo de 1997 por la presunta falsedad que se advertiría en una de las facturas allegadas como soporte de la legalidad del combustible transportado y porque las demás certificaciones aportadas lo fueron luego de la captura, lo que hacía suponer que fueron expedidas con posterioridad a la misma (copia de la providencia, fls. 36-40, cdno. 7).

11.4. El 16 de abril de 1997, el apoderado del sindicado pidió la revocatoria de dicha medida y la devolución de los bienes incautados a su legítimo tenedor, el señor Jesús Norman Rodríguez; solicitud que fue denegada el 28 de abril siguiente. En esta misma providencia dichos bienes fueron dejados a disposición del “Consejo Nacional de Estupefacientes” (copias de la solicitud y de las providencias, fls. 91-98 y 128-130, cdno. 7).

11.5. No obstante, mediante oficio de 30 de abril de 1997, la Dirección Regional de Fiscalías de Oriente – Secretaría Colectiva de Villavicencio puso el vehículo incautado a disposición de la “Dirección Nacional de Estupefacientes”, precisando que aquél se encontraba en custodia del Departamento de Policía Nacional del Meta (fl. 99, cdno. 1).

11.6. Luego de que el vehículo incautado fuera retirado de las instalaciones de la estación de policía de carreteras para la práctica de una inspección judicial el 2 de mayo de 1997, el 5 del mismo mes y año la Fiscalía Regional de Oriente informó al comandante de esa estación que se lo remitía nuevamente para su custodia, aunque seguía quedando a su disposición. No obstante, en comunicación del 8 de mayo siguiente, dicho comandante indicó que no tenía competencia alguna en el tema aludido y que el mismo debería ser definido por la jefatura de la Sijín o por el Comando del Primer Distrito de Policía de Villavicencio “quienes son los directos responsables de la custodia y demás hechos que conlleven la inmovilización de automotores por infracciones a la Ley 30”. Adicionalmente señaló que “se hizo uso de las instalaciones del Instituto Nacional de Vías en el parqueadero Las Vegas, ya que en el departamento de policía del Meta no había posibilidad para dicho parqueo” (copias de los oficios, fls. 140-141 y 144, cdno. 7).

11.7. Mediante Resolución Nº 920 de 4 de junio de 1997, la Dirección Nacional de Estupefacientes destinó provisionalmente el vehículo y la gasolina incautados al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Vicente del Caguán, por solicitud de su junta directiva. En el texto de la misma se indicó que era obligación del destinatario: i) designar un depositario del vehículo, ii) ejercer los actos de conservación y funcionamiento, iii) rendir cuenta mensual de la administración de los bienes y iv) practicar un avalúo sobre el vehículo y remitirlo a subdirección de bienes de la entidad, obligaciones estas últimas cuyo incumplimiento podría dar lugar a la revocatoria unilateral de la destinación provisional. También se precisó que la entrega material de los bienes destinados se haría por parte del comando del departamento de Policía Nacional del Meta, con la presentación de la copia de la misma resolución (copia de la resolución y del oficio de solicitud, fls. 27-29 y 101, cdno. 1).

11.8. Ante la insistencia del apoderado del sindicado, quien el 13 de junio de 1997 elevó una nueva solicitud en ese sentido, el 4 de julio de 1997 se revocó la medida de aseguramiento proferida en contra del señor Jesús Norman Rodríguez y se ordenó la devolución de los bienes. Lo anterior con fundamento en que, de acuerdo con el material probatorio recaudado, tanto el combustible incautado como su origen y destinación eran lícitos y, además, que aquel “se transportaba con el lleno de los requisitos aun cuando inicialmente por olvido por parte del sindicado este no portara el registro que se requiere en este tipo de eventos, máxime cuando pretendía transportar en esta zona oriente, gasolina en cantidades superiores a las permitidas por la Dirección Nacional de Estupefacientes, siendo este vale la oportunidad para aclarar que el único requisito exigido sin ser necesario e indispensable llevar implícito el sello de la Brigada respectiva, ya que este requisito no se encuentra plasmado dentro de la resolución aludida”. No obstante, se abstuvo de ordenar el cierre de la investigación porque las facturas de combustible allegadas “dan cuenta de cantidades exorbitantes de gasolina adquirida, que se hace necesario aclarar e investigar más a fondo...” (copias de la solicitud y de la providencia, fls. 280-285 y 295-301, cdno. 7).

11.9. Luego de haber sido informado del contenido de la Resolución Nº 920, mediante oficio de 11 de julio de 1997, el 17 de septiembre de ese mismo año el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Vicente del Caguán solicitó información sobre el lugar en el que se encontraba el vehículo que le fue destinado por cuanto, al averiguar en el departamento de Policía del Meta, no le dieron información. En providencia de 2 de febrero de 1998 se ordenó comunicar a dicha entidad sobre la decisión adoptada en torno a la devolución del vehículo, aunque precisando que la misma se encontraba en trámite de consulta (copias de los oficios y de la providencia, fls. 331-333, 347, cdno. 7).

11.10. En sede de consulta y atendiendo la solicitud del Ministerio Público, la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Nacional, mediante providencia de 12 de marzo de 1998, revocó la decisión de 4 de julio de 1997 por considerar que no se encontraban acreditados los supuestos que la hacían viable(9). De la decisión se destacan las siguientes consideraciones:

...la reclamación de devolución la hace el defensor del procesado, sin que quien figura como dueño del vehículo haya siquiera intentado, por sí o través de un mandato, que se le devuelvan los bienes, siendo necesario, cuando ello ocurra, que rinda testimonio jurado sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar de adquisición del carro tanque y la gasolina, así como el origen y destino de la última (...), además de aportarse los documentos que acrediten el vínculo del sindicado con el dueño del carro y las aludidas estaciones.

Si bien es cierto la medida de aseguramiento finalmente fue revocada, ello en modo alguno comporta que se haya acreditado que no se incurrió en delito alguno; tan cierto es lo anterior que en la misma providencia el funcionario de primera instancia negó la preclusión solicitada en el entendido de que “existen una serie de facturas correspondientes a compras de combustibles de la estación El Puente y algunas que faltan por recopilar, que dan cuenta de cantidades exorbitantes de gasolina adquirida, que se hace necesario aclarar e investigar más a fondo al respecto, a fin de constatar las demandas de los surtidores que figuren en las estaciones El Puente y El Edén, su destinación y demás aspectos...”. 

Si lo anterior es evidente, la conclusión es que la situación del propietario del vehículo que, al parecer, es el mismo de las estaciones de servicio, no está dilucidada de manera plena como para pregonar su total ajenidad con los hechos que, por ahora, tampoco está debidamente definido que no constituyan infracción a la ley penal; por modo que siendo necesario determinar los aspectos reseñados en esta providencia y los aludidos por el a quo en la que se revisa, surge obvio que no procede la entrega (fls. 15-18 cdno. 6).

11.11. El 23 de junio de 1998, el señor Víctor Manuel Carranza Niño, como propietario del vehículo incautado y a través de apoderado judicial —el mismo que fungía como defensor del sindicado—, presentó, dentro de la investigación penal adelantada en contra del señor Jesús Norman Rodríguez, un incidente procesal con el fin de que se le devolviera dicho bien. Lo anterior con fundamento en que era un tercero de buena fe, toda vez que el envío del combustible fue ordenado por la señora Rosa Yaneth Mora Rodríguez, administradora de las estaciones de servicio El Puente y El Edén entre las cuales se transportaba y, adicionalmente, en que se allegaron los documentos que acreditaban la legalidad de la situación que dio lugar a la incautación. Este incidente fue abierto mediante providencia de 25 de septiembre de 1998 proferida por la Dirección Regional de Fiscalías de Oriente, Unidad Ley 30 de 1986 y notificado por estado de 10 de noviembre del mismo año, luego de que el incidentante, mediante memorial de 29 de septiembre, solicitara que se le diera trámite a su petición. En la misma fecha en que fue abierto este trámite, esto es, el 25 de septiembre, se ordenó la práctica de pruebas “de acuerdo a la decisión de segunda instancia” (copias de la solicitud y las providencias, fls. 1, cdno. 2, 4-7, cdno. 4 y 15-18, cdno. 1).

11.12. El destinatario provisional del vehículo nunca lo retiró, de modo que en enero de 1999 permanecía en las instalaciones de la Policía de Carreteras, época en la cual, por un fallo de tutela proferido por el Juzgado Primero Penal Municipal de Villavicencio, se ordenó la entrega de la gasolina que contenía a la Sección de Transportes del Batallón “Carlos Albán”, la cual fue transportada en el rodante incautado (considerandos de la Resolución Nº 0214 de 28 de febrero de 2012 proferida por la Dirección Nacional de Estupefacientes, fls. 106-108, cdno. 1).

11.13. El 30 de junio de 1999, la Fiscalía Séptima Regional de Oriente ordenó la entrega definitiva del rodante incautado al apoderado del señor Carranza Niño, para lo cual se comisionó al organismo que para la fecha tuviese la custodia y vigilancia del bien, pero se abstuvo de ordenar la devolución de la gasolina. Lo anterior con fundamento en que, de acuerdo con el material probatorio recopilado(10), el actor en este proceso demostró de manera fehaciente ser el propietario del vehículo y, además, porque durante la instrucción se allegaron los documentos relativos al control y registro del combustible transportado, razón por la cual se revocó la medida de aseguramiento proferida inicialmente contra la persona que lo conducía cuando fue retenido. También se señaló que aunque el señor Carranza no era sujeto procesal, ni se había demostrado que el transporte del combustible fuera ilegal, estos asuntos continuaban “siendo objeto de análisis y valoraciones en la actuación, pero así mismo se capta que [en presencia de los documentos recaudados] no existe motivo para continuar retenido el automotor incautado”. Según las consideraciones de la providencia, fue por lo dispuesto por la delegada en una primera ocasión y por la solicitud del apoderado del actor que se ordenó abrir incidente y practicar pruebas antes de ordenar la devolución del vehículo (copia de la providencia, fls. 98-103, cdno. 4).

11.14. El 3 de noviembre de 1999, la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá revocó la orden de devolver el vehículo y confirmó la de negar la entrega de la gasolina. Lo anterior en consideración a que la situación de aquél, así como la de las estaciones de gasolina implicadas, no se encontraba completamente dilucidada y, por lo tanto, no podían ser considerados ajenos a un ilícito penal (copia de la providencia, fls. 215-220, cdno. 6).

11.15. El apoderado del incidentante y del sindicado solicitó insistentemente que se resolviera la petición del primero y que se cerrara la investigación adelantada en contra del segundo por estar más que vencido el término máximo de la instrucción previsto en el ordenamiento procesal penal(11) —13 y 19 de mayo, 16 de julio, y 14 de septiembre de 1999 y 18 de julio de 2000—. Asimismo, la Procuraduría 27 Judicial Delegada en lo Penal de Villavicencio, Meta, puso de presente la demora en la que habría incurrido el despacho judicial al pronunciarse sobre el incidente en memoriales de 10 de noviembre de 1998 y de 2 de junio de 1999 (copias de los memoriales, fls. 4, 40-41, 95-96 y 98 y 197, cdno. 2).

11.16. El 25 de julio de 2000, el Fiscal Cuarto Especializado de Villavicencio precluyó la investigación a favor de Jesús Norman Rodríguez y ordenó que se compulsaran copias de la actuación para que se iniciara una investigación preliminar a propósito de un posible ilícito penal en el transporte del combustible, dejando a su disposición el vehículo y la sustancia incautada (copia de la providencia fls. 198-220, cdno. 2).

11.17. El 4 de abril de 2001, la Fiscalía Primera de la Unidad Delegada ante el Tribunal Superior de Villavicencio además de confirmar la preclusión de la investigación proferida a favor de Jesús Norman Rodríguez –conocida en sede de consulta-, revocó la decisión relativa al carro tanque incautado –conocida en sede de apelación- y ordenó al a quo que se entregara al apoderado del incidentante. Esta última disposición fue adoptada con fundamento en que, demostrado como quedó que aquél sí contaba con los permisos requeridos para transportar el combustible y que este último iba a ser destinado a la comercialización y no a actividades ilícitas, las razones que dieron lugar a la retención desaparecieron y, en consecuencia, debía ordenarse la devolución tanto del rodante como de la gasolina y, adicionalmente, que no había lugar a compulsar copias para que se iniciara una investigación diferente por cuanto dicha circunstancia ya estaba siendo objeto de pesquisas en el proceso radicado bajo el número 2818 (copia de la providencia fls. 13-25, cdno. 1).

11.18. En cumplimiento de la decisión anterior, el 11 de mayo de 2001, la Policía de Carreteras entregó el vehículo al jefe de la unidad antinarcóticos con el respectivo inventario. En el mismo se dejó constancia de que el mismo se encontraba en “mal estado de conservación mecánica y física, debido a que se encontraba a la intemperie desde el 28-02-1997, día en que fue inmovilizado”. Luego, el 21 de mayo de 2001, la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional entregó el vehículo al abogado Jorge Alirio Roa Romero, apoderado del incidentante. De acuerdo con el acta, el rodante se encontraba bajo la custodia y vigilancia de la Policía de Carreteras y fue entregado en el estado en el que se encontraba. La persona que lo recibió, acompañado de una persona que afirmó ser mecánico automotriz y de otra que manifestó ser experto en latonería y pintura, manifestó que el vehículo “no tiene el botón del bajo, el bajo de aire, herramienta y equipo de carretera (...) se encuentra en muy mal estado, la pintura debe removerse o cambiarse totalmente, el vehículo no se puede encender por lo que ha durado cuatro años sin darle uso, el motor posiblemente se encuentra pegado, de igual forma se desconoce el funcionamiento del sistema eléctrico y lo recibo de acuerdo al inventario entregado por la Policía de Carreteras a la Unidad Judicial de Antinarcóticos” (copias del oficio y del acta, fls. 30-33, cdno. 1). Copias en mejor estado fls. 244 y ss., cdno. 2.

11.19. El 30 de agosto de 2005 el Instituto de Tránsito de Boyacá certificó que, para ese momento, quien figuraba como propietario del camión de placas PVA 972 era el señor Víctor Manuel Carranza Niño. Circunstancia corroborada por el historial del vehículo (original de la certificación, fls. 144, cdno. 1).

11.20. En dictamen pericial rendido el 15 de noviembre de 2005, el auxiliar de la justicia designado, cuya área de experticia se desconoce, se pronunció sobre el estado general del vehículo automotor y, con fundamento en diversas cotizaciones adjuntas al dictamen, estimó que el monto al que ascendería su reparación era de $ 26 315 000. En torno al lucro cesante señaló que: i) de acuerdo con averiguaciones realizadas en agencias de transporte de combustible en el Departamento del Meta, el servicio de transporte se prestaba por viajes semanales y mensuales y que, en el caso bajo análisis, el vehículo realizaba 3 viajes a la semana, es decir, 12 al mes; ii) después de solicitar 3 cotizaciones a diferentes empresas sobre el valor del viaje, tomó la menor; iii) el tiempo durante el cual debe liquidarse dicho lucro cesante es el transcurrido entre el 27 de febrero de 1997, hasta que se efectúe la reparación directa, lo cual se estima ocurriría el 31 de octubre de 2005; iv) las sumas se actualizan teniendo en cuenta el IPC anual. Adicionalmente calculó el usufructo dejado de percibir por el vehículo (fls. 152-193, cdno. 1).

IV. Problema jurídico.

12. En atención a los recursos de apelación interpuestos, corresponde a la Sala determinar si, como lo estima la Fiscalía General de la Nación, debe exonerársela de responsabilidad: i) por no haber incurrido en fallas del servicio al ordenar la incautación del carro tanque de propiedad del demandante; ii) porque estando este último bajo la custodia de la Dirección Nacional de Estupefacientes, su deterioro le es imputable única y exclusivamente a esta entidad; y iii) por la configuración del hecho exclusivo de la víctima como causal de exoneración de responsabilidad. Para ello, debe la Sala analizar con atención los daños cuya reparación pretende el demandante, la antijuridicidad de los mismos y su imputabilidad a la entidad apelante y a la otra entidad condenada en primera instancia.

12.1. En caso de confirmarse la declaratoria de responsabilidad proferida en contra de dicha entidad, la Sala deberá estudiar si la condena proferida en primera instancia se encuentra debidamente fundada o si hay lugar a reducirla a favor de la entidad apelante y, adicionalmente, si debe o no reconocerse una indemnización por concepto de lucro cesante, como lo solicita el demandante. Asimismo, será necesario determinar si hay lugar a condenar en costas a la parte vencida en el proceso o no.

V. Análisis de la Sala.

13. Aunque no ha sido discutido a lo largo del proceso, la Sala considera oportuno precisar que el presupuesto procesal de la legitimación en la causa por activa está perfectamente acreditado en el sub examine toda vez que, de conformidad con la jurisprudencia de la corporación a propósito de la manera de probar la titularidad del derecho de dominio sobre vehículos automotores(12), el actor demostró estar inscrito en el registro automotor respectivo como propietario del carro tanque de placas PVA 972 —supra párr. 11.19—.

14. Precisado este punto y entrando al juicio de responsabilidad, la Sala advierte que el demandante solicitó ser indemnizado por todos los daños derivados de “la retención, incautación ilegal, mora y negligencia en ordenar la devolución del vehículo” y que se concretarían, por una parte, en haber perdido la posibilidad de usufructuarlo durante todo el tiempo en que duró la retención y, por la otra, en el deterioro que aquél sufrió en ese período, daños que se encuentran perfectamente acreditados en el proceso en tanto se demostró que el carro tanque de propiedad del actor fue inmovilizado entre el 28 de febrero de 1997 —supra párr. 11.1— y el 21 de mayo de 2001, fecha en la cual fue devuelto a su apoderado —supra párr. 11.18—, lo que significa que aquél fue privado de su tenencia y, con ella, de su uso y goce durante un período de más de 4 años y, adicionalmente, que en ese interregno el vehículo sufrió un importante deterioro, como se desprende del simple hecho de que, como lo reconoció la policía de carreteras al hacer entrega del mismo a la unidad antinarcóticos, comisionada para devolverlo a su propietario, se encontraba en “mal estado de conservación mecánica y física” por haber permanecido a la intemperie desde su inmovilización —supra párr. 11.18—.

14.1. Ahora bien, para definir la antijuridicidad de estos daños, debe la Sala determinar si, en las circunstancias que dieron lugar: i) a la inmovilización del vehículo; ii) a que esta perdurara durante más de cuatro años; y iii) a que aquél se deteriorara en el grado en el que lo hizo, el actor estaba o no en el deber jurídico de soportarlos. Lo anterior por cuanto si bien es cierto que, en ejercicio del ius puniendi, el Estado puede restringir libertades y otros derechos de los particulares, incluso de manera preventiva, con miras a investigar y/o sancionar conductas que, de acuerdo con el ordenamiento jurídico, resultan reprensibles, lo cual implicaría que, en principio, aquéllos tengan la carga correlativa de soportar dichas restricciones, en aras del interés general; también lo es que, de conformidad con el artículo 2º de la Constitución, las autoridades de la República están instituidas para protegerlos en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades y, en consecuencia, deben velar porque las limitaciones impuestas estén plenamente fundadas en el ordenamiento, se efectúen respetando el derecho al debido proceso y, adicionalmente, sean lo menos restrictivas posible, dadas las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las cuales se haga necesario imponerlas.

14.1.1. En este sentido, al analizar un asunto similar al que es objeto de estudio en la presente acción de reparación, la Sección Tercera de esta corporación sostuvo que el hecho de que el Estado tenga el deber de investigar conductas delictivas y que, para ello, tenga la potestad de retener personas o cosas, no basta para considerar que el particular estaba en la obligación legal de soportar dicha carga, sino que es necesario analizar las circunstancias particulares en las cuales se produjo la retención(13).

14.2. En relación con la inmovilización del automotor se advierte que, en los términos del artículo 47 de la Ley 30 de 1986, las autoridades estaban habilitadas para decomisar los vehículos y demás medios de transporte que fueran utilizados para la comisión de los delitos descritos en esa misma Ley, entre ellos, el contemplado en su artículo 43, modificado por el 20 de la Ley 365 de 1997(14), vigente desde el 21 de febrero de ese año, relativo al transporte de sustancias que sirvieran para el procesamiento de cocaína o de cualquier otra droga que produjera dependencia, definidas por el Consejo Nacional de Estupefacientes y que, en estos casos, dichos bienes se pondrían a disposición de este último quien, a su vez, estaba facultado para destinarlos provisionalmente al servicio oficial o entidades de beneficio común o para darlos en arriendo o depósito(15).

14.2.1. Así pues y comoquiera que, como se desprende de los medios de convicción allegados al expediente, sin que exista controversia alguna al respecto, el carro tanque de placas PVA 972 transportaba, en cantidad superior a la permitida y sin portar en el momento con la autorización respectiva, una de las sustancias que, según la Resolución 001 de 1996 del Consejo Nacional de Estupefacientes, era de aquéllas que, por servir al procesamiento de estupefacientes, debía ser controlada en ciertos departamentos del país, entre ellos, el Meta, que era aquél en el cual se encontraba, las autoridades estaban facultadas para inmovilizarlo y ponerlo a disposición de dicho Consejo mientras se descartaba definitivamente que hubiera sido utilizado para la comisión de la conducta delictual consagrada en el artículo 43 de la Ley 30 de 1986, o se acreditaba que, habiéndolo sido, su propietario era totalmente ajeno a los hechos.

14.2.2. En ese sentido la Sala concluye, tal como lo hizo el a quo, que el daño consistente en haberse visto privado de la tenencia, uso y goce del vehículo de su propiedad como consecuencia de la inmovilización de que este último fue objeto el 28 de febrero de 1997 era una carga que el demandante estaba en la obligación de soportar y, por lo tanto, no es susceptible de ser reparado.

14.3. En este punto la pregunta que se plantea tiene que ver entonces con el plazo durante el cual dicho daño puede considerarse como jurídico, esto es, sobre si la imposibilidad de usufructuar el bien derivada de la prolongación de la inmovilización, más que de esta última, constituye o no un daño antijurídico. Para ello debe precisarse que en la medida en que aquélla resultó de i) la no solicitud de asignación del bien en depósito provisional (14.3.1); ii) diferentes decisiones judiciales que resolvieron desfavorablemente solicitudes de devolución definitiva y de cierre de la investigación (14.3.2); y iii) los tiempos transcurridos en la tramitación y resolución de dichas solicitudes (14.3.3), cada una de estas situaciones debe analizarse por separado, teniendo en cuenta que, en lo que tiene que ver con las dos últimas, la antijuridicidad del daño resultante sólo puede establecerse si, por una parte, las decisiones adoptadas pueden ser calificadas de errores judiciales y si, por la otra, se configura en la especie un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia por dilación injustificada.

14.3.1. En primer lugar se tiene que si bien es cierto que, según se desprende del artículo 47 de la Ley 30 de 1986 citado, demostrado el derecho que tenía sobre el automotor, su propietario podía aspirar, de manera preferente, a que el Consejo Nacional de Estupefacientes se lo entregara en depósito provisional; también lo es que, pese a no poder desconocer la situación de su bien, se abstuvo de formular una solicitud en ese sentido. Al respecto basta anotar que las únicas peticiones elevadas con miras a recuperar la tenencia del mismo fueron las presentadas ante la Fiscalía General de la Nación con el fin de obtener su devolución definitiva por parte de, en un principio, el apoderado del señor Jesús Norman Rodríguez, a nombre de este último en calidad de tenedor legítimo del vehículo —supra párr. 11.4 y 11.8—, y sólo hasta el 23 de junio de 1998 por el mismo actor a través de apoderado judicial —supra párr. 11.11—. De allí que sea fácil concluir que el hecho de que el señor Carranza no haya podido recuperar la tenencia de su automotor por la vía del depósito provisional es imputable única y exclusivamente al que no haya hecho la solicitud respectiva ante la Dirección Nacional de Estupefacientes, a disposición de la cual se encontraba desde el 30 de abril de 1997 —supra párr. 11.5—.

14.3.2. Ahora, en lo que tiene que ver con la posibilidad de recuperar el usufructo del vehículo como consecuencia de las diferentes solicitudes de devolución definitiva del mismo o de preclusión de la investigación, la Sala advierte que, independientemente de que no todas hayan sido elevadas por el aquí actor(16), lo cierto es que, en todo caso, fueron resueltas en providencias judiciales respecto de las cuales o bien no se cumplen los presupuestos necesarios para estudiar la existencia de un posible error judicial(17) (14.3.2.1 y 14.3.2.2), o, cumplidos aquéllos, este último no se encuentra configurado (14.3.2.3 a 14.3.2.4). Lo anterior sin perjuicio del análisis especial que merece lo resuelto en la providencia de 25 de julio de 2000, revocada el 4 de abril de 2001 (14.3.2.5).

14.3.2.1. En efecto, la petición presentada el 16 de abril de 1997 fue decidida negativamente mediante providencia de 28 de ese mismo mes y año —supra párr. 11.4—, sin que contra ella se hubiere interpuesto recurso alguno; de allí que, en los términos de la Ley 270 de 1996, el daño que de ella se derivaba, concretamente, el que se mantuviera la inmovilización del automotor después de esa fecha, era imputable única y exclusivamente a quien dejó de ejercer los recursos de Ley, en este caso, al señor Jesús Norman Rodríguez.

14.3.2.2. Lo mismo ocurre en relación con la inmovilización resultante de que no se hubieren resuelto favorablemente las solicitudes de cierre de la investigación(18) presentadas por el apoderado del sindicado en mayo, julio y septiembre de 1999 —supra párr. 11.15—, en tanto fueron denegadas mediante providencia de 15 de septiembre de 1999, decisión contra la cual no se interpuso recurso alguno. Es de anotar que aunque esta última providencia fue de “comuníquese y cúmplase”, ello no excluía el que se intentaran contra ella los recursos ordinarios consagrados en el artículo 195 del Código de Procedimiento Penal entonces vigentes, pues no podía desconocerse que se trataba de una providencia que resolvía un aspecto sustancial del proceso, a saber, la posibilidad de seguir recaudando material probatorio con miras a la calificación de la investigación, lo que, en los términos del artículo 179 del mismo estatuto(19), constituía, materialmente, una providencia interlocutoria.

14.3.2.3. En lo que tiene que ver con la petición elevada el 13 de junio de 1997, la Sala advierte que aunque fue resuelta favorablemente en primera instancia —supra párr. 11.8—, fue revocada en sede de consulta el 12 de marzo de 1998 —supra párr. 11.10—, decisión esta última que no admitía recursos y que se encuentra en firme, por lo que es dable estudiar, respecto de ella, si constituye o no un error judicial, esto es, si se trata de una providencia judicial contraria a la ley, bien porque surja de una inadecuada valoración de las pruebas (error de hecho), de la falta de aplicación de la norma que corresponde al caso concreto o de la indebida aplicación de la misma (error de derecho)(20).

14.3.2.3.1. A la luz de estos parámetros la Sala concluye que la decisión de 12 de marzo de 1998 no es constitutiva de error judicial en la medida en que se fundó en la norma aplicable al caso concreto, esto es, la prevista en el artículo 47 de la Ley 30 de 1986, de la que se desprendía que la devolución definitiva sólo procedía en caso de que estuviera plenamente demostrado que el bien no fue utilizado para la comisión de conductas delictivas o que, de haberlo sido, el tercero al que se devolviera fuera completamente ajeno a las mismas, circunstancias que, con fundamento en una valoración probatoria que no aparece como inadecuada, no se encontraron demostradas. Sobre este último punto vale la pena señalar que, contrario a lo sugerido por el actor en este proceso, para descartar que el vehículo estuviera siendo utilizado en la comisión del ilícito investigado no bastaba con que se aportara el permiso que fue echado de menos inicialmente, sino que, a la vista de los elementos recaudados, especialmente, los relativos a la comercialización de cantidades de gasolina que aparecían como exorbitantes en consideración a la zona en la que se negociaba, se hacía necesario determinar que el combustible transportado era utilizado para fines lícitos —supra párr. 11.10—.

14.3.2.4. Las anteriores razones también son válidas para descartar la existencia de un error judicial en la providencia de 3 de noviembre de 1999 —supra párr. 11.14—, mediante la cual se revocó la orden de devolver el automotor al señor Carranza —supra párr. 11.13—, proferida en el marco del incidente adelantado por este último —supra párr. 11.11—. Ello por cuanto, pese a haber transcurrido más de un año desde el momento en que se determinó que no era posible acceder a la devolución del vehículo por existir elementos que daban lugar a pensar que el mismo sí había sido utilizado para la realización de conductas ilícitas, los medios de convicción recaudados en el entretanto seguían sugiriendo las mismas dudas. Así, en los considerandos de la providencia se lee:

Tales tópicos —los relativos a la comercialización de cantidades exorbitantes de gasolina— no se han intentado dilucidar(21), pareciendo aconsejable que se realicen los estudios técnicos que sean pertinentes en aras a determinar con precisión el flujo de entrada y salida de combustible desde algunos meses atrás a la fecha de los hechos, con lo que debe establecerse si la pretendida remesa de una “bomba” a otra se presenta normal o inusitada y si los dos sitios se encuentran autorizados para comercializar ese combustible, en la cantidad incautada.

Surge la necesidad de que el peticionario, con su declaración y los documentos contables de ley, aclare las inquietudes planteadas en el informe contable número 072 rendido el 14 de agosto de 1997(22), pues allí se detallan serias inconsistencias surgidas de la revisión de carpetas halladas en la Estación El Edén, como que no obran activos fijos como inmuebles y, sin embargo, no hay reportes de pago de arriendo por el local y que obran reportes de ventas en considerables cantidades “pero no se sabe de dónde salen los productos que se están vendiendo”, por lo cual la utilidad que se refleja en el primer semestre de 1996 por cifra cercana a dos mil millones de pesos, no se encuentra justificada.

En estas condiciones, en un todo de acuerdo con la Procuraduría, la conclusión a que se llega es que la situación del propietario del vehículo que, al parecer, es el mismo de las estaciones de servicio, no está dilucidada de manera plena como para pregonar su total ajenidad con los hechos que, por ahora, tampoco está debidamente definido que no constituyan infracción a la ley penal... (fls. 27-28, cdno. 6).

14.3.2.5. Finalmente, en relación con la determinación adoptada en la providencia de 25 de julio de 2000 respecto al vehículo incautado —supra párr. 11.16—, la Sala advierte que, al margen de que pudiera considerarse como contraria al ordenamiento jurídico(23), lo cierto es que, en todo caso, aun de haber sido diametralmente opuesta, no habría evitado que el demandante continuara privado de la tenencia del vehículo de su propiedad sino hasta que no se surtiera respecto de ella la consulta prevista en el artículo 47 de la Ley 30 de 1986; de allí que no pueda concluirse que, por sí misma, dicha decisión causaba un daño y, menos aún, que este fuera antijurídico. En efecto, la norma citada consagraba expresamente que “[l]a providencia que ordena la devolución a que se refiere este artículo deberá ser consultada y solo surtirá efecto una vez confirmada por el superior”, por lo que, aun de haber sido favorable a los intereses del actor, dicha decisión no habría surtido efectos sino después de que se profiriera la que desatara la consulta, lo cual ocurrió, en este caso, el 4 de abril de 2001 —supra párr. 11.17—.

14.3.3. Ahora bien, en lo relativo a la prolongación de la inmovilización que habría resultado del paso del tiempo, la Sala recuerda que, de acuerdo con la jurisprudencia vigente sobre el particular, sólo podría considerarse como un daño antijurídico de concluirse que fue producto de una dilación injustificada del trámite judicial, circunstancia que se examina con fundamento en distintos factores tales como la propia realidad de la administración de justicia y las características del asunto que se esté resolviendo, entre otros:

...para la determinación de qué se entiende por “violación o desconocimiento del plazo razonable” corresponde al juzgador analizar las condiciones de tiempo, modo y lugar, así como los factores internos y externos en los que se presta el servicio, en otros términos, con qué instrumentos o herramientas se contaba para adoptar la decisión y, por lo tanto, si no existen circunstancias que justifiquen el retardo en la definición del asunto administrativo o jurisdiccional.

De modo que, no toda tardanza es indebida porque pueden existir razones que la justifiquen y que conduzcan al operador jurídico a la conclusión de que no se vulneró el artículo 29 de la Constitución Política, conclusión a la que arribó el juez constitucional al señalar que la mora judicial no desconoce el derecho a un juicio en un plazo razonable si existen factores que justifiquen el sobrepasar los términos fijados en la ley (v.gr. la congestión judicial, las resolución de peticiones formuladas por las partes, la petición de los agentes del Ministerio Público para estudiar el proceso, etc.)(24).  

En esa línea de pensamiento, para poder predicar la existencia de una dilación injustificada de una decisión administrativa o judicial, a la luz del artículo 29 de la Constitución Política, es preciso que se constate la configuración de los siguientes presupuestos: i) los términos fijados en la ley deben haberse sobrepasado, comoquiera que las normas que los señalan obligan no sólo a los administrados, sino a la administración pública, ii) la tardanza en la toma de la decisión no debe tener causa o motivo que la justifique, iii) la mora debe ser producto de una omisión de los funcionarios administrativos que tienen a su cargo el impulso o la decisión administrativa, y iv) la violación del plazo vencido debe catalogarse como desproporcionada frente al trámite respectivo.  

Frente a este último aspecto, es importante indicar que son dos los factores que determinan la razonabilidad o no del plazo: i) la duración de trámites o procesos similares al que es objeto de juzgamiento, y ii) el estudio riguroso de las circunstancias fácticas para aplicar estrictamente las reglas de la experiencia(25).(26)

14.3.3.1. También se han establecido otros factores que justifican el retardo en las decisiones judiciales, a saber: la complejidad del asunto, el comportamiento del recurrente, la forma como haya sido llevado el caso, el volumen de trabajo que tenga el despacho de conocimiento y los estándares de funcionamiento, que no están referidos a los términos que se señalan en la ley, sino al promedio de duración de los procesos del tipo por el que se demanda la mora, “ya que este es un asunto que hay que tratar no desde un Estado ideal sino desde la propia realidad de una administración de justicia con problemas de congestión, derivados de una demanda que supera la limitación de recursos humanos y materiales disponibles para atenderla(27)(28).

14.3.3.2. Sin embargo, debe advertirse que en aplicación de lo dispuesto en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil(29) es a la parte demandada a quien le corresponde acreditar el acaecimiento de una causal que justifique la mora judicial en la que se incurrió, teniendo en cuenta que se trata de una excepción que ampara su estrategia de defensa(30).

14.3.3.3. A la luz de estos parámetros la Sala advierte que aunque es cierto que, en principio y como lo presenta el demandante a lo largo del proceso, el tiempo que duró la inmovilización del vehículo —más de 4 años— aparece como excesivo, esta circunstancia debe ser estudiada con sumo cuidado en tanto fue producto de diferentes trámites y actuaciones que deben ser analizados de forma separada con miras a establecer si la dilación resultante aparece como justificada o no. En ese sentido es de recordar que, como ya se explicó —supra párr. 14.3.1—, pese a que la inmovilización se produjo el 28 de febrero de 1997, las solicitudes de devolución sólo empezaron a presentarse desde el 16 de abril de 1997 —supra párr. 11.4—, esto es, mes y medio después —supra párr. 11.1—. Ahora bien, teniendo en cuenta que esa primera petición fue resuelta el 28 de abril siguiente —supra párr. 11.4— y que la siguiente, formulada el 13 de junio de 1997, lo fue el 4 de julio ulterior —supra párr. 11.8—, no se advierte en su trámite la existencia de un retardo injustificado.

14.3.3.4. En relación con el tiempo transcurrido entre esta última providencia y aquella mediante la cual se revocó, en sede de consulta, es decir, la de 12 de marzo de 1998 —supra 11.10—, se advierte que si bien fue superior al término legalmente concedido para decidir(31), esta situación no contribuyó en la causación del daño cuya indemnización se reclama en tanto que, en todo caso, la decisión finalmente adoptada fue la de revocar la orden de devolución del automotor, por lo que, al margen de la posible dilación en la que habría incurrido la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Nacional, el bien habría permanecido inmovilizado.

14.3.3.5. Ahora, aunque en la providencia de 12 de marzo de 1998 se indicó la necesidad de que el propietario del vehículo compareciera directamente al proceso con el fin de solicitar su devolución, el incidente respectivo(32) sólo fue presentado hasta el 23 de junio de 1998 —supra párr. 11.11—, circunstancia a la que se agrega el que, como pasa a explicarse, en su tramitación sí hubo retardos injustificados. En efecto, en el sub examine se observa que la determinación de abrir dicha actuación sólo se adoptó el 25 de septiembre de 1998 —supra párr. 11.11—, es decir, tres meses después, cuando, según lo dispuesto en el artículo 178 del mismo estatuto procesal, tratándose de una providencia de sustanciación, la misma debía ser proferida dentro de los tres días hábiles siguientes(33), demora que fue puesta en evidencia por el Ministerio Público mediante memorial de 10 de noviembre de 1998 —supra párr. 11.15—(34); adicionalmente dicha providencia sólo fue notificada por estado el 10 de noviembre siguiente, situación para la cual no se advierte justificación alguna(35).

14.3.3.5.1. A lo anterior se agrega que, de acuerdo con el artículo 64 del Código de Procedimiento Penal de la época, presentado el incidente, debía correrse traslado del mismo por un término común de cinco días, luego de lo cual podía disponerse de un período de diez para la práctica de pruebas, término al cabo del cual debía proferirse la decisión correspondiente(36). No obstante, en el caso concreto se observa que aunque el traslado venció el 23 de noviembre de 1998 (fl. 20, cdno. 4), sólo se profirió auto de pruebas el 31 de marzo de 1999 (fl. 21, cdno. 4), sin que se adviertan razones que justifiquen ese retardo de cuatro meses. Sobre este punto es de anotar que los medios de convicción decretados corresponden, grosso modo, a aquellos cuya práctica sugirió la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Nacional en la providencia de 12 de marzo de 1998(37).

14.3.3.5.2. Ahora bien, fue en virtud de dicha providencia que el jefe de la sección de investigaciones de la Dirección Seccional del CTI, comisionado por el fiscal instructor, practicó múltiples diligencias hasta el 5 de mayo de 1999 (fls. 26-96, cdno. 4), período probatorio que pese a sobrepasar el término legal, no resulta ni desproporcionado ni injustificado dada la complejidad de la tarea encomendada(38) y el hecho de que fue completada en un período que no superó un mes(39). En un sentido similar la Sala tampoco encuentra como abiertamente injustificado o desproporcionado el que el despacho hubiere tardado cerca de mes y medio en resolver el incidente pues, aunque la norma imponía el deber de hacerlo inmediatamente, lo cierto es que el material probatorio recaudado en el marco del mismo requería un análisis detallado y no cabe duda de que, a la hora de realizar un examen en materia de dilación judicial, no puede aplicarse el mismo rasero al incumplimiento de términos para la emisión de providencias judiciales que requieren un estudio jurídico sopesado, que al del incumplimiento de términos para adelantar actuaciones de trámite o meramente secretariales.

14.3.3.5.3. Es precisamente por esta última razón que lo que sí se considera como una dilación injustificada es que, agotado el período probatorio desde el 7 de mayo de 1999 (fl. 27, cdno. 4), el expediente no hubiere ingresado al despacho para que se adoptara una decisión sino hasta el 28 de mayo siguiente (fl. 97, cdno. 4). De hecho, es de resaltar que precisamente durante ese período el apoderado del señor Carranza presentó solicitudes tendientes a que se resolviera con celeridad el incidente y que, días después, el agente del Ministerio Público también se manifestó sobre la demora presentada en el trámite del asunto —supra párr. 11.15—.

14.3.3.5.4. En suma y teniendo en cuenta que, en tanto finalizó con la decisión de 3 de noviembre de 1999, mediante la cual se revocó la orden de devolver el automotor —supra párr. 11.14—, la demora en la que se hubiera podido incurrir en el trámite de la consulta de la providencia de 30 de junio de 1999 no contribuyó en la causación del daño cuya indemnización se reclama(40), la Sala considera que, en el incidente adelantado por el actor, la inmovilización del vehículo que constituiría daño antijurídico susceptible de ser indemnizado es la resultante de los períodos de dilación judicial injustificada mencionados, a saber, los comprendidos entre: i) el 23 de junio de 1998, fecha de presentación del incidente y el 25 de septiembre del mismo año, día en que se le dio trámite (3 meses y 2 días) y entre este último y aquél en que se surtió la notificación por estado —10 de noviembre de 1998—, descontados los cinco días que razonablemente habrían sido necesarios para la notificación personal que debía intentarse previamente (1 mes y 11 días) —supra párr. 14.3.3.5—; ii) el 23 de noviembre de 1998, fecha en que culminó el traslado a las partes, y el 31 de marzo de 1999, día en que se profirió auto de pruebas, descontados los 10 días hábiles que el artículo 178 del Código de Procedimiento Penal concedía para proferir providencias interlocutorias (3 meses y 22 días) —supra párr. 14.3.3.5.1—; y iii) 7 y 28 de mayo de 1999 (21 días), período en el que, pese a haberse agotado la recolección de pruebas, el expediente no fue ingresado al despacho para decidir —supra párr. 14.3.3.5.3—, todo lo cual arroja un total de 8 meses y veintiséis días.

14.3.3.6. Agotado el trámite incidental, la inmovilización del vehículo se prolongó entonces por la continuación de la investigación penal, circunstancia sobre la cual se advierte que: i) pese a haberse proferido resolución de cierre de la instrucción el 28 de febrero de 2000 —supra párr. 11.15, pie de página Nº 11—, la notificación personal de la misma no se intentó sino hasta el 10 de marzo siguiente (fl. 179, cdno. 2) y, adicionalmente, sólo se notificó por estado hasta el 21 de marzo (fl. 180, cdno. 2); ii) ejecutoriada dicha providencia, se corrió el traslado para alegatos, en los términos del artículo 438 del Código de Procedimiento Penal, modificado por el 56 de la Ley 81 de 1993(41) (fl. 185, cdno. 2); iii) a pesar de que este término venció el 5 de abril, el paso a despacho para decidir sólo se llevó a cabo el 12 siguiente (fl. 196, cdno. 2); iv) la decisión preclusiva fue proferida hasta el 25 de julio de 2000 —supra párr. 11.16—, luego de que el 18 de julio, el apoderado del señor Carranza elevara una nueva solicitud para que se devolviera el vehículo de su propiedad —supra párr. 11.15—; v) la notificación personal al sindicado se intentó 5 días después de proferida la providencia (fl. 221, cdno. 2); vi) la notificación por estado se llevó a cabo el 8 de agosto, fecha en que se interpuso recurso de apelación (fls. 221-222, cdno. 2); vii) ejecutoriada la providencia el 11 de agosto, se corrió traslado para sustentación del recurso el 14 siguiente (fls. 223, cdno. 2); vi) sustentado el recurso el 18 de agosto, el 22 siguiente se corrió traslado a los no recurrentes hasta el 4 de septiembre, de modo que la apelación se concedió el 6 de septiembre y el expediente se remitió al ad quem el 11 (fls. 232-235, cdno. 2); viii) al día siguiente, es decir, el 12 de septiembre entró al despacho del fiscal para decidir (fl. 1, cdno. 3); ix) el 1º de marzo de 2001 se ordenó correr el traslado consagrado para la consulta de la preclusión (fls. 2-3, cdno. 3); x) la orden se cumplió al día siguiente y el expediente ingresó al despacho el 14 de marzo, al día siguiente en que se venció el traslado (fl. 4, cdno. 3); xi) la decisión fue proferida el 4 de abril de 2001 —supra párr. 11.17— y el expediente fue devuelto al despacho de origen al día siguiente (fls. 236, cdno. 2); xii) este fue recibido por el despacho a quo el 6 de abril, no obstante y pese a que el apoderado del actor elevó solicitudes el 20 y el 27 de abril para que se hiciera efectiva la decisión, no se hizo paso a despacho sino hasta el 2 de mayo de 2001 (fls. 237-239, cdno. 2); xiii) en esa misma fecha se profirió auto de obedézcase y cúmplase y se comisionó para la devolución del automotor, comisión que fue comunicada por oficio de 10 de mayo (fls. 240-241, cdno. 2); y xiv) al día siguiente la policía de carreteras entregó el bien a la autoridad comisionada quien, a su vez, lo devolvió al apoderado del propietario el 21 de mayo de 2001 —supra párr. 11.16—.

14.3.3.6.1. Sobre estas actuaciones la Sala encuentra como constitutivas de dilaciones injustificadas: i) la relativa a la notificación de la providencia de 28 de febrero de 2000 en tanto se demoró 16 días, descontados los cinco que razonablemente habrían sido necesarios para intentar la notificación personal —supra pie de página Nº 33 y párr. 14.3.3.5.4—; ii) la demora de 7 días entre el 5 y el 12 de abril de 2000 para el paso a despacho del expediente; iii) el periodo transcurrido entre el 12 de septiembre —fecha en que el expediente fue ingresado al despacho del fiscal ad quem para resolver sobre la apelación— y el 1º de marzo de 2001 —día en que se profirió una providencia de sustanciación—, esto es, un total de cinco meses y ocho días, descontados aquellos que habrían sido necesarios para decidir(42); iv) los días transcurridos entre la recepción del expediente en el despacho de origen -6 de abril- y aquella del paso a despacho -2 de mayo-, esto es, 26 días; y, v) finalmente, el que proferido el auto de obedézcase y cúmplase, el oficio mediante el cual se comisionó no se haya remitido sino 8 días después; todo lo cual arroja un total de siete meses y cinco días. Lo anterior por tratarse de actuaciones que, salvo prueba en contrario, no revestían mayor complejidad por constituir, en su mayoría, trámites meramente secretariales.

14.3.3.6.2. Cosa distinta ocurre con las demás actuaciones reseñadas que, en general, se cumplieron dentro de los términos o en plazos que no se advierten como desproporcionados y, en lo que concierne a la decisión preclusiva, se encuentra que si bien se sobrepasó ampliamente el término legal para su adopción —requirió 51 días hábiles cuando debía tomarse en 15—, este exceso no puede considerarse como injustificado dada la complejidad de la decisión —calificación de la instrucción— y el hecho de que, dentro de la carga laboral asignada al despacho de conocimiento, no tenía la prelación que, por obvias razones, debía asignárseles a aquellas investigaciones por virtud de las cuales hubiere personas privadas de la libertad.

14.3.3.7. Así pues y teniendo en cuenta que en ningún momento la Fiscalía General de la Nación indicó y menos demostró las razones que justificarían los retardos señalados y que no se advierte que estos hayan sido producto de la actitud procesal del aquí demandante, la Sala concluye que la prolongación de la inmovilización del vehículo de propiedad del actor por un período de 16 meses y un día(43) fue antijurídica, por haber sido resultado de un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia por dilación injustificada.

14.4. En cuanto al deterioro sufrido por el vehículo durante el tiempo en que permaneció inmovilizado, la Sala advierte que sólo puede ser considerado como antijurídico y, por ende, susceptible de ser indemnizado, de ser imputable a alguna de las demandadas, aquel que no deriva del mero paso del tiempo o de la depreciación natural que sufren bienes muebles como los automotores, sino el que no se habría producido de no haber mediado la inmovilización. Lo anterior porque si bien es cierto que, de acuerdo con el ordenamiento jurídico, el Estado tiene la facultad de restringir el uso y goce de bienes de particulares, mientras aclara si fueron o no utilizados en actividades ilícitas, también lo es que el ejercicio de dicha facultad de ninguna manera puede comprender la de afectar el valor intrínseco de los mismos. Al contrario, como ha sostenido la corporación(44), las entidades a cargo de las cuales quedan los bienes de los particulares asumen respecto de ellos deberes de custodia y vigilancia con miras a, según sea el caso, restituirlos en similares condiciones a aquellas en las cuales fueron retenidos, o a garantizar que los mismos puedan ser utilizados eficientemente, por lo que no cabe duda que todo deterioro que implique una pérdida de valor mayor a la que se habría producido de no haber mediado la inmovilización, constituye una carga que los particulares no están en la obligación de soportar.

14.4.1. Bajo estos parámetros la Sala no puede sino concluir que buena parte del deterioro sufrido por el automotor del actor durante el tiempo en que permaneció inmovilizado constituye un daño antijurídico pues, de la comparación entre el inventario del vehículo en el momento de la inmovilización y aquel del día en que fue devuelto, salta a la vista que el detrimento padecido excede evidentemente aquél que se habría producido por el mero paso del tiempo. En ese sentido vale la pena señalar, a manera de ejemplo, que para el 28 de febrero de 1997 el carro tanque contaba con antena, batería, siete llantas incluida la de repuesto, radio, exploradoras, parlantes (fl. 5, cdno. 1), mientras que para el 11 de mayo de 2001 carecía de dichos elementos (fl. 246, cdno. 2); lo anterior sin mencionar su deterioro evidente en materia de latonería y pintura y el que, para el momento de su inmovilización, se encontraba funcionando, pero no así el día en que fue devuelto al apoderado de su propietario —supra párr. 11.18—.

15. En cuanto a la imputabilidad de los daños antijurídicos que se encontraron demostrados, la Sala advierte que, en lo que tiene que ver con la prolongación de la inmovilización del vehículo derivada de la dilación injustificada, es decir, la que perduró por 16 meses y un día —supra párr. 14.3.3.7— es atribuible única y exclusivamente a la Nación – Fiscalía General de la Nación, por ser esta la entidad que estaba a cargo de la investigación en el contexto de la cual se produjo, sin que pueda exonerarse de responsabilidad por la supuesta configuración de un hecho de la víctima porque, como se detalló en el análisis de las actuaciones en cuyo trámite se incurrió en la dilación reprochada, esta última no fue ocasionada por el actor quien, al contrario, se limitó a ejercer los recursos con los que contaba y, en varias ocasiones, instó a los respectivos despachos judiciales a que resolvieran los trámites pendientes. Es de anotar que el hecho de la víctima invocado por esta entidad en el trámite de la segunda instancia, es decir, aquél consistente en que hubiera permitido que en un vehículo de su propiedad se transportara un combustible sin los permisos respectivos no puede considerarse como la causa eficiente del daño derivado de que, al realizar la investigación respectiva, el ente encargado incurriera en dilaciones injustificadas.

15.1. Respecto al deterioro sufrido por el automotor, la Sala concluye que el mismo es imputable tanto a la Fiscalía General de la Nación como a la Dirección Nacional de Estupefacientes, aunque en mayor medida a esta última. Lo anterior por cuanto si bien el mismo día de la inmovilización, esto es, el 28 de febrero de 1997, la primera, mediante oficios dirigidos a los comandantes de la SIJIN y del departamento de Policía del Meta, manifestó que el vehículo quedaba a disposición de la Dirección Nacional de Estupefacientes —supra párr. 11.2, fls. 10 y 11, cdno. 7—, lo cierto es que esta última no fue informada de la existencia del bien ni, menos aún, de que se encontraba a su disposición, sino hasta el 30 de abril de 1997, fecha en la cual se libró el oficio respectivo —supra párr. 11.5—, por lo que, en el entretanto, era la Fiscalía General de la Nación quien seguía teniendo a su cargo las obligaciones de custodia y cuidado del mismo, al margen de que, para ello, hubiere solicitado colaboración a la Policía Nacional que, en esas circunstancias, actuó a la manera de un auxiliar de la justicia.

15.2. Ahora bien, en los términos de la normativa vigente para la época de los hechos(45), no cabe duda de que, una vez informada de que un bien quedaba a su disposición, la Dirección Nacional de Estupefacientes asumía respecto del mismo funciones de custodia y administración que conservaba aun en el caso de destinación provisional del mismo. Así se desprende de lo dispuesto en el artículo 55 del Decreto 2790 de 1990(46), norma según la cual el destinatario provisional debía rendir informe mensual de la administración del bien a la Dirección Nacional de Estupefacientes, la cual podía disponer su relevo cuandoquiera que encontrara manejos irregulares o inadecuados. En consecuencia, en cumplimiento de sus funciones no le bastaba a dicha entidad con proferir la Resolución Nº 920 de 4 de junio de 1997 —supra párr. 11.7—, sino que debía asegurarse de que lo allí dispuesto se materializara o, en su defecto, que el vehículo se mantuviera en condiciones similares a aquellas en las cuales fue puesto a su disposición; no obstante, en el caso bajo análisis brilla por su ausencia la gestión administrativa desarrollada por la Dirección Nacional de Estupefacientes tanto para procurar el cumplimiento de la resolución mencionada, como para ocuparse de la suerte de un vehículo que, mientras tanto, se encontraba a la intemperie, circunstancia que, como lo indican las reglas de la experiencia, contribuye notablemente en el deterioro de la latonería y pintura de los automotores.

15.3. Así las cosas y aunque en virtud del vínculo de solidaridad que, en los términos del artículo 2344 del Código Civil(47), se establece entre los causantes de un daño frente al perjudicado y que le da derecho a este último para reclamar frente a cualquiera de ellos la totalidad de la indemnización, la Sala declarará solidariamente responsables a la Fiscalía General de la Nación y a la Sociedad de Activos Especiales SAE SAS como sucesora procesal de la Dirección Nacional de Estupefacientes —supra párr. 8—, por el deterioro sufrido por el carro tanque de propiedad del actor de placas PVA 972.

15.4. No obstante, teniendo en cuenta que, de acuerdo con lo consagrado en la misma norma, quien pague se subrogará en los derechos del afectado para pretender del otro responsable la devolución de lo que proporcionalmente le corresponda pagar, en la medida de su intervención, la Sala considera pertinente indicar que, dado el tiempo en que el vehículo estuvo bajo la custodia de la Fiscalía General de la Nación y de la Dirección Nacional de Estupefacientes, la parte de la condena que debería asumir la primera debe ser el 5% del total, mientras a la segunda le correspondería el 95% restante; de allí que la entidad que pague la totalidad de la misma podrá repetir contra la otra en este porcentaje.

VI. Liquidación de perjuicios.

16. De acuerdo con el alcance de los recursos de apelación interpuestos, corresponde a la Sala estudiar: i) lo bien fundado de la condena impuesta en primera instancia por concepto de daño emergente con miras a determinar si hay lugar a reducirla a favor de la Fiscalía General de la Nación; y ii) si debe reconocerse el lucro cesante solicitado por el demandante.

16.1. En relación con el daño emergente reconocido en primera instancia, la Sala encuentra que, fundado en el valor de las reparaciones que sería necesario llevar a cabo para que el automotor volviera a quedar en estado de funcionamiento, el cálculo de dicho perjuicio es errado. Lo anterior por cuanto si bien es cierto que, para el momento de la inmovilización y pese a que tenía más de 22 años de servicio(48), el vehículo aún estaba en funcionamiento, salta a la vista que, con el pasar del tiempo, perdería valor y requeriría mayor inversión para permanecer en servicio útil y ello incluso si su custodia y cuidado hubieren sido óptimos en los años subsiguientes. Así las cosas, resulta claro que el monto del perjuicio reconocido por el a quo indemniza, en últimas, no sólo el daño antijurídico que consiste única y exclusivamente en aquel detrimento que no se habría producido de no haber mediado la inmovilización, sino el daño jurídico relativo al deterioro natural que habría sufrido un automotor que, para la fecha de devolución a su propietario, contaría con cerca de 27 años de antigüedad, situación a todas luces irregular; de allí que sea necesario modificar la condena proferida por este concepto.

16.1.1. En este contexto la Sala estima que para calcular el daño emergente que hay lugar a indemnizar debe tenerse en cuenta: i) el valor que, de acuerdo con el mercado automovilístico, podía tener un vehículo como el del actor en el momento de la inmovilización —febrero de 1998—; ii) el valor que, según ese mismo mercado, dicho vehículo, en condiciones normales de mantenimiento, podía tener en el momento en que fue devuelto —mayo de 2001—; y iii) el valor del automotor en las condiciones en que fue retornado a su propietario. De esta manera, el quantum a indemnizar debe ser el que resulte de: i) establecer el valor total del deterioro sufrido, lo que se determina con fundamento en la diferencia entre las dos últimas variables enunciadas; ii) de dicho valor reducir el monto del detrimento que el actor estaba en la obligación de soportar, es decir, el resultado del mero del paso del tiempo, monto que se calcula a partir de la diferencia entre las dos primeras variables; y iii) del resultado, esto es, del monto del deterioro que no se habría producido de no haber mediado la inmovilización, sería del caso disminuir el valor del vehículo, tal como fue devuelto a su propietario, pues no cabe duda de que, al margen de que no pudiera ser utilizado para la actividad transportadora, lo devuelto al demandante no dejaba de tener un valor que hay lugar a descontar, de lo contrario, se estaría equiparando de manera injustificada el deterioro constatado con una pérdida total del automotor.

16.1.2. Sin embargo, dado que la Sala no cuenta con la totalidad de elementos objetivos que le permitirían determinar esos parámetros(49), en aplicación de lo previsto en el artículo 172 del Código Contencioso Administrativo, se condenará en abstracto a las entidades responsables del daño antijurídico consistente en el deterioro del bien, a saber, la Nación – Fiscalía General de la Nación y la Dirección Nacional de Estupefacientes, aunque teniendo en cuenta que esta última fue sucedida procesalmente por la Sociedad de Activos Especiales SAE S.A.S. En consecuencia, la liquidación deberá hacerse mediante trámite incidental promovido por la parte interesada dentro de los sesenta (60) días siguientes a la ejecutoria de la presente sentencia, en los términos previstos en los artículos 178 del Código Contencioso Administrativo y 137 del Código de Procedimiento Civil; trámite en el marco del cual se nombrará un perito experto en material de transporte que, con fundamento en información técnica ampliamente divulgada que se solicite como prueba documental como, por ejemplo, la publicada por la Federación Colombiana de Aseguradores —Fasecolda— en sus guías de valor(50), y en los medios de convicción ya obrantes en el expediente, específicamente, las actas de inventario que dan cuenta del estado del automotor en febrero de 1997 y en mayo de 2001, establezca las variables requeridas para liquidar el perjuicio en la forma indicada en el párrafo precedente, a saber: i) el valor comercial que el automotor retenido o uno de características similares tenía en febrero de 1997; ii) el valor comercial que el automotor retenido o uno de características similares tenía en mayo de 2001; y iii) el valor comercial que podía tener el vehículo en las condiciones en que fue efectivamente devuelto(51).

16.1.3. El valor que resulte de la operación indicada en el párr. 16.1.2 deberá ser actualizado a la fecha de la liquidación de acuerdo con la fórmula consagrada para ello(52), teniendo buen cuidado de que la suma a reconocer no exceda la que, por el mismo concepto, reconoció el a quo en la sentencia de primera instancia, actualizada con la misma fórmula desde el momento en que fue proferida hasta aquel de la liquidación, pues dado el alcance de los recursos de apelación interpuestos, la indemnización otorgada por este rubro podría disminuirse a favor de la parte demandada pero no aumentarse a favor del actor.

16.2. En lo que tiene que ver con el lucro cesante la Sala considera que, como lo indicó el actor en su recurso de apelación, hay lugar a reconocerlo, pero sólo por el período durante el cual se consideró que la prolongación de la inmovilización fue antijurídica, esto es, por 16 meses y un día —supra párr. 14.3.3.7—. Ahora bien, para efectos de liquidarlo, la Sala observa que aunque el dictamen pericial ofrece credibilidad en torno al número de viajes semanales que podía realizar el vehículo —dato que coincide con el suministrado por el conductor del mismo en el trámite del proceso penal (fls. 20-29, cdno. 7)— y a la remuneración mensual que podía generar por ese concepto(53), la cual ascendía a $ 12 336 000 para la época en que fue rendido el experticio, —15 de noviembre de 2005, supra párr. 11.20—, no tuvo en cuenta los costos y gastos de operación, concepto que, por obvias razones, debe descontarse del total a reconocer.

16.2.1. En consecuencia, como ocurre con el daño emergente, el lucro cesante deberá liquidarse en el incidente de regulación de perjuicios que deberá promover el interesado. Así las cosas, el perito experto en materia de transporte que allí se nombre deberá determinar el porcentaje que de la remuneración percibida mensualmente se requiere para cubrir costos y gastos de operación de un vehículo como el del actor, es decir, un carro tanque con capacidad para 6 toneladas que, destinado al transporte de combustible, tiene más de 24 años de servicio(54). Para ello el experto tendrá en cuenta i) todos los medios de convicción que las partes alleguen sobre el particular y ii) los exámenes, valoraciones e investigaciones efectuados por él mismo, lo mismo que los fundamentos de las conclusiones y cálculos propios que efectúe el perito, con sujeción a los artículos 237 y 238 del Código de Procedimiento Civil. Lo anterior sin perjuicio de lo expuesto en el acápite de validez de los medios de prueba a propósito de la valoración del dictamen pericial.

16.2.2. Ahora bien, determinado ese porcentaje, el a quo lo aplicará a la remuneración mensual acreditada para el 15 de noviembre de 2005 —$ 12.336.000—, y el valor resultante será actualizado al momento de la liquidación (el IPC inicial será el de noviembre de 2005). Con esa renta actualizada se aplicará la fórmula(55) consagrada por la jurisprudencia para la indemnización consolidada o debida(56), por el período antes indicado —16 meses y 1 día—. Ese será el valor a indemnizar por concepto de lucro cesante.

16.3. En estos términos la Sala modificará la sentencia proferida en primera instancia.

VII. Costas.

17. El artículo 55 de la Ley 446 de 1998 establece que se condenará en costas a la parte que hubiere actuado en forma temeraria y no, como lo afirma al actor en su recurso de apelación, por razones de equidad. En consecuencia y dado que en el presente caso la Sala no observa comportamiento temerario en las actuaciones procesales de los intervinientes dentro del presente trámite, no se condenará en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “B”, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

MODIFICAR la sentencia de 19 de noviembre de 2008, proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, la cual quedará así:

PRIMERO: Declarar a la Nación – Fiscalía General de la Nación y a la Sociedad de Activos Especiales SAE S.A.S, como sucesora procesal de la Dirección Nacional de Estupefacientes, administrativa y patrimonialmente responsables, de manera solidaria, por el deterioro padecido por el automotor tipo carro tanque de placas PVA-972, de propiedad del señor Víctor Manuel Carranza Niño, durante el tiempo en que estuvo retenido, esto es, el 27 de febrero de 1997 y el 21 de mayo de 2001.  

SEGUNDO: Declarar a la Nación – Fiscalía General de la Nación por la inmovilización del automotor tipo carro tanque de placas PVA-972, de propiedad del señor Víctor Manuel Carranza Niño, resultante de un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia por dilación injustificada, es decir, la que se prolongó por el período de 16 meses y un día establecido en la parte motiva de esta decisión.  

TERCERO: Condenar a la Nación – Fiscalía General de la Nación y a la Sociedad de Activos Especiales SAE SAS, como sucesora procesal de la Dirección Nacional de Estupefacientes, a pagar al actor, por concepto de daño emergente, lo que resulte del incidente de liquidación de perjuicios que se adelante de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 

CUARTO: Condenar a la Nación – Fiscalía General de la Nación a pagar al actor, por concepto de lucro cesante, lo que resulte del incidente de liquidación de perjuicios que se delante de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 

QUINTO: Désele cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 176, 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo. Expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando. 

SEXTO: Niega las demás pretensiones de la demanda.  

SÉPTIMO: Sin costas.

En firme esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen para lo de su competencia.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Ramiro Pazos Guerrero, Presidente de la Subsección—Stella Conto Díaz del Castillo—Danilo Rojas Betancourth.

1 Quien lo destinó provisionalmente al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Vicente del Caguán, sin que dicha destinación se concretara efectivamente.

2 El a quo las decretó mediante auto de 4 de agosto de 2005, fls. 135-138, cdno. 1.

3 En la demanda, presentada el 3 de abril de 2003, la pretensión mayor formulada fue la del reconocimiento a favor del demandante de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, por una suma equivalente a $ 740.000.000, monto que supera la cuantía requerida por las normas indicadas para que un proceso adelantado en acción de reparación directa fuera considerado como de doble instancia ante esta corporación —500 smlmv considerados al momento de presentación de la demanda—. Lo anterior teniendo en cuenta que el salario mínimo legal mensual para el año 2003 era de $ 332.000.

4 Norma a cuyo tenor: “La apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante, y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquélla. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.

5 Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia de 9 de febrero de 2012, Exp. 20104, C.P. Ruth Stella Correa Palacio y de la Subsección “B”, sentencia de 26 de junio de 2012, Exp. 21507, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

6 La de 9 de febrero de 2012, Exp. 20104, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

7 Sección Tercera, sentencia de 5 de junio de 2008, Exp. 15911, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

8 DEVIS ECHANDÍA, Hernando. Teoría general de la prueba judicial, Tomo segundo, Temis, Bogotá, 2002, págs. 321-326.

9 Que estuviere plenamente demostrado que: i) el hecho investigado no constituía delito alguno; y ii) el propietario del bien era un tercero de buena fe ajeno al comportamiento delictivo.

10 Hace relación a: i) el historial del vehículo donde figura como propietario el actor; ii) constancia de la Sijín automotores sobre la falta de anotaciones del vehículo; iii) experticio técnico practicado por el CTI sobre la originalidad de las piezas del automotor.

11 Las solicitudes relativas a este punto fueron resueltas negativamente mediante providencia de 15 de septiembre de 1999 en la que se explicaron detalladamente las razones por las cuales era necesario continuar con la investigación y, adicionalmente, se decretó la práctica de otros medios de convicción. Finalmente, dicho cierre se produjo el 28 de febrero de 2000, luego de que se allegaran pruebas hasta el mes de diciembre de 1999 (copias de las providencias, fls. 99-100 y 178, cdno. 2).

12 Sección Tercera, sentencia de 23 de abril de 2009, Exp. 16837, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

13 Sección Tercera, sentencia de 7 de octubre de 2009, Exp. 17377, C.P. Mauricio Fajardo Gómez. En el mismo sentido puede consultarse la sentencia de esta Subsección de 3 de mayo de 2013, Exp. 26112, C.P. (E) Danilo Rojas Betancourth.

14 Norma a cuyo tenor: “El que ilegalmente introduzca al país, así sea en tránsito, o saque de él, transporte, tenga en su poder elementos que sirvan para el procesamiento de cocaína o de cualquier otra droga que produzca dependencia, tales como: éter etílico, acetona, amoníaco, permanganato de potasio, carbonato liviano, ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, diluyentes, disolventes u otras sustancias que según concepto previo del Consejo Nacional de Estupefacientes se utilicen con el mismo fin, incurrirá en prisión de tres (3) a diez (10) años y multa de dos mil (2.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales. // Salvo lo previsto en el artículo 54 del Decreto-Ley 099 de 1991, adoptado como legislación permanente por el artículo 1º del Decreto-Ley 2271 de 1991, tales elementos, una vez identificados pericialmente, serán puestos por el funcionario judicial a órdenes de la Dirección Nacional de Estupefacientes, la cual podrá disponer de su inmediata utilización por parte de una entidad oficial, su remate para fines lícitos debidamente comprobados, o su destrucción, si implican grave peligro para la salubridad o seguridad públicas. // Cuando la cantidad de sustancias no supere el triple de las señaladas en las resoluciones emitidas por la Dirección Nacional de Estupefacientes, la pena será de dos (2) a cinco (5) años de prisión y multa de diez (10) a cien (100) salarios mínimos legales mensuales.

15 “Los bienes, muebles, equipos y demás objetos donde ilícitamente se almacene, conserve, fabrique, elabore, venda o suministre a cualquier título marihuana, cocaína, morfina, heroína o cualquier otra droga que produzca dependencia, al igual que los vehículos y demás medios de transporte, utilizados para la comisión de los delitos descritos en este capítulo, lo mismo que los dineros y efectos provenientes de tales actividades, serán decomisados y puestos a disposición inmediata del Consejo Nacional de Estupefacientes, el cual, por Resolución, podrá destinarlos provisionalmente al servicio oficial o entidades de beneficio común instituidas legalmente, darlos en arriendo o depósito. Quien tuviere un derecho lícito demostrado legalmente sobre el bien, tendrá preferencia para recibirlo en depósito o bajo cualquier otro título no traslaticio del dominio, el Consejo Nacional de Estupefacientes dará aviso inmediato a los interesados para el ejercicio de su derecho. Los beneficios obtenidos se aplicarán a la prevención y represión del tráfico de tales drogas y a la rehabilitación de los farmacodependientes, bajo control y vigilancia del Consejo Nacional de Estupefacientes. // Excepcionalmente podrá ordenarse por el funcionario del conocimiento la devolución de los bienes o el valor de su remate, si fuera el caso, a terceras personas, si se prueba plenamente dentro del proceso que no tuvieran participación alguna ellos, en el destino ilícito dado a esos bienes. // La providencia que ordena la devolución a que se refiere este artículo deberá ser consultada y solo surtirá efecto una vez confirmada por el superior.

16 Es de señalar que, en todo caso y en la medida en que el señor Jesús Norman Rodríguez ejercía la tenencia del vehículo en nombre de su propietario, el señor Carranza, las solicitudes elevadas por aquél para obtener la devolución del vehículo redundaban en beneficio de los intereses de este último.

17 Es de recordar que, como lo consagra el artículo 67 de la Ley 270, dos son los presupuestos para que proceda el estudio de errores judiciales: el primero, que el afectado haya interpuesto los recursos previstos por el ordenamiento pues, de lo contrario, en los términos del artículo 70 de la misma ley, se estaría frente a un caso de culpa exclusiva de la víctima y, el segundo, la firmeza de la providencia contentiva del supuesto error.

18 Decisión que habría permitido el que la calificación mediante providencia preclusiva se produjera antes del momento en el que lo fue.

19 “Las providencias que se dicten en la actuación se denominarán resoluciones, autos y sentencias y se clasifican así: (...) 2. Autos interlocutorios, si resuelven algún incidente o aspecto sustancial”.

20 De cualquier forma será forzoso analizar con cuidado los argumentos esgrimidos por la parte actora, con el fin de detectar si lo que se cuestiona es, realmente, una actuación contraria a la ley o carente de justificación, o si el propósito del demandante es que se revise la decisión, como si el proceso en sede contencioso administrativa pudiera constituirse en una nueva instancia, desconociendo que “el juicio al que conduce el ejercicio de la acción de reparación directa tiene como presupuesto la intangibilidad de la cosa juzgada que reviste a las providencias judiciales a las cuales se endilga la causación de un daño antijurídico (...)”. Sección Tercera, sentencia del 14 de agosto de 2008, Exp. 16.594, C.P. Mauricio Fajardo.

21 Afirmación que no encuentra respaldo en las copias de la investigación penal toda vez que, por dar sólo un ejemplo, en providencia de 25 de septiembre de 1998, se ordenó la práctica de pruebas tales como: i) la inspección judicial a una investigación penal que tenía que ver con la estación de gasolina El Edén; ii) el oficiar a empresas de distribución de gasolina para conocer la cantidad vendida a las estaciones de servicio involucradas; y iii) el testimonio de la administradora de la estación de servicios El Edén (fl. 1, cdno. 2).

22 Es de señalar que este informe fue rendido originalmente en la investigación penal 2818 adelantada en contra de Oswaldo Martínez y otros y que fue allegado a la adelantada en contra del señor Jesús Norman Rodríguez por virtud de la inspección judicial practicada el 28 de octubre de 1999 (fl. 111, cdno. 2).

23 En efecto, de acuerdo con el artículo 338 del Código de Procedimiento Penal entonces vigente —Decreto 2700 de 1991—, en concordancia con lo que se desprendía del artículo 47 de la Ley 30 de 1986, con la preclusión de la investigación debía ordenarse la entrega definitiva del bien incautado; disposición que se explica plenamente porque, como lo disponía el mismo Código de Procedimiento Penal, dicha decisión no podía proferirse sino cuando apareciera plenamente demostrado que el hecho investigado no había existido o que no constituía un ilícito penal (art. 36), pues de lo contrario era indispensable continuar con la investigación (art. 439).

24 [95] “Corte Constitucional, Sentencia T-612 de 2003”.

25 [96] “Al respecto, se pueden consultar las siguientes sentencias proferidas por la Corte Constitucional: T-1171 de 2003, T-1047 de 2003, T-977 de 2003, y T-668 de 1996”.

26 Sección Tercera, sentencia de 7 de noviembre de 2012, Exp. 37046, C.P. Enrique Gil Botero.

27 [10] “Se ha dicho que al Estado se le deben exigir los medios que corresponden a su realidad, haciendo caso omiso de las utopías y de la concepción ideal del Estado perfecto, omnipotente y omnipresente. A esto se ha llamado la teoría de la relatividad del servicio, a fin de no pedir más de lo posible, pero con la misma lógica debe concluirse que el Estado debe todo cuanto esté a su alcance. Sentencia de 15 de febrero de 1996, M.P. Jesús María Carrillo Ballesteros, Exp. 9940”.

28 Sección Tercera, sentencia de 30 de octubre de 2013, Exp. 30495, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo.

29 “Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”.

30 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de febrero de 2010, Exp. 1995-05072 (17720), C.P. Mauricio Fajardo Gómez. En esta providencia se indicó: “La referida norma legal desarrolla el tradicional aforismo de acuerdo con el cual quien afirma un hecho debe probarlo: “incumbit probatio qui dicit non qui negat”. Ello se traduce, en los procesos que cursan ante el juez de lo contencioso administrativo, en que quien pretende determinado efecto jurídico debe acreditar los supuestos de hecho de las normas en que se ampara, luego, en general, corresponde la carga de la prueba de los hechos que sustentan sus pretensiones, en principio, al demandante, al paso que concierne al demandado demostrar los sucesos fácticos en los cuales basa sus excepciones o su estrategia de defensa. Si aquél no cumple con su onus probandi, la consecuencia que habrá de asumir será la desestimación, en la sentencia, de su causa petendi; si es éste, en cambio, quien no satisface la exigencia probatoria en punto de los supuestos fácticos de las normas cuya aplicación conduciría a la estimación de sus excepciones o de los argumentos de su defensa, deberá asumir, consiguientemente, un fallo adverso a sus intereses”.

31 De acuerdo con lo establecido en el artículo 213 del Código de Procedimiento Penal entonces vigente, modificado por el 30 de la Ley 81 de 1993, efectuado el reparto, debía darse un traslado a las partes para alegatos por ocho días y, vencido ese término, el funcionario tenía diez días hábiles para decidir; no obstante, en este caso se observa que el reparto fue efectuado el 30 de julio de 1997 (fl. 3, cdno. 6), la orden de correr el traslado se dictó el 11 de agosto siguiente (fl. 4, cdno. 6), término que venció el 27 de ese mismo mes (fl. 5, cdno. 6) y, pese a que dos días después ingresó al despacho para ser resuelta (fl. 10, cdno. 6), sólo lo fue el 12 de marzo de 1998, esto es, seis meses y medio más tarde, luego de que, por solicitud del apoderado del interesado de 5 de marzo (fl. 13, cdno. 6), el expediente fuera reasignado (fls. 11 y 12, cdno. 6).

32 El artículo 65 del Decreto 2700 de 1991 preveía que “La solicitud de restitución de bienes muebles o inmuebles, o de cauciones, cuando es formulada por persona distinta de los sujetos procesales y la decisión no deba ser tomada de plano por el funcionario competente” debía tramitarse por incidente.

33 “Salvo disposición en contrario, el funcionario dispondrá hasta de tres días hábiles para proferir las providencias de sustanciación y hasta de diez días hábiles para los interlocutorias”.

34 En dicho memorial se dejó constancia de lo que el agente de la Procuraduría consideró “algunas irregularidades que se han cometido en el trámite y notificaciones en dicho proceso”, entre las que mencionó la demora en correrle traslado de medios de convicción allegados al proceso y el que el despacho judicial hubiere tardado tres meses en darle trámite al incidente elevado por el señor Carranza (fls. 4-5, cdno. 2).

35 El artículo 190 del CPP vigente prescribía que “la notificación por estado se hará en la forma prevista en el Código de Procedimiento Civil, cuando no se hubiere podido hacer notificación personal, habiéndose intentado” y en el expediente consta que la notificación personal al incidentante se surtió el 29 de septiembre y al Ministerio Público el 9 de noviembre, mientras la comunicación al sindicado para que compareciera a notificarse fue suscrita el 8 de noviembre (fls. 16 y 18, cdno. 4).

36 Es de anotar que aunque dicha norma contemplaba que los bienes que no interesaban al proceso debían devolverse de plano, con la obligación de presentarlos si fuere el caso, no puede perderse de vista que, en tanto se trataba de una investigación adelantada por una infracción a la Ley 30 de 1986, primaban las disposiciones particulares que allí se consagraban en torno a la destinación provisional de los mismos.

37 En efecto, los mismos tenían que ver con la determinación del historial del vehículo incautado y la averiguación por las investigaciones penales en las que estudiaba la situación de las estaciones de gasolina involucradas en los hechos materia de instrucción.

38 La cual implicó la consulta a varios organismos del Estado y la práctica de una inspección judicial a una investigación voluminosa (fl. 29, cdno. 4), entre otros.

39 El oficio por el cual se comunicó la comisión es de 8 de abril de 1999 (fl. 24, cdno. 4).

40 Tal como se analizó en el párrafo 14.3.3.4.

41 “En ningún caso podrá cerrarse la investigación si no se ha resuelto la situación jurídica del procesado. // Cuando se haya recaudado la prueba necesaria para calificar o vencido el término de instrucción mediante providencia de sustanciación que se notificará personalmente, la cual sólo admite el recurso de reposición, se declarará cerrada la investigación y se ordenará que el expediente pase al despacho para su calificación. // Ejecutoriada la providencia de cierre de investigación, se ordenará traslado por ocho (8) días a las partes, para presentar las solicitudes que consideren necesarias con relación a las pretensiones sobre la calificación que deba adoptarse. Vencido el término anterior, la calificación se verificará en un plazo máximo de quince (15) días hábiles”.

42 Bajo el supuesto de que la decisión que debía adoptarse inicialmente era resolver el recurso de apelación.

43 Cifra que resulta de adicionar los 8 meses y 26 días de dilación injustificada encontrados en el trámite incidental —supra párr. 14.3.3.5.4— y los 7 meses y 5 días en los que, en la continuación del trámite del proceso penal, se advierte que también hubo dilación injustificada —supra párr. 14.3.3.6.1—.

44 Sobre el particular pueden consultarse, entre muchas otras, Sección Tercera, sentencias de 2 de marzo de 1995, Exp. 7566, C.P. Juan de Dios Montes Hernández; de 4 de febrero de 2010, Exp. 17.631, C.P.(E) Mauricio Fajardo Gómez; Subsección B, sentencias de 29 de octubre de 2012, Exp. 24.529 y 28 de febrero de 2013, Exp. 17526, ambas con ponencia de quien proyecta este fallo y Subsección C, sentencia de 27 de enero de 2016, Exp. 44201, C.P. Olga Mélida Valle de De la Hoz.

45 Principalmente, Ley 30 de 1986 y Decreto 2790 de 1990.

46 “Los demás bienes muebles o inmuebles, efectos dineros, acciones, divisas, derechos o beneficios de cualquier naturaleza vinculados directa o indirectamente con los delitos de competencia de la jurisdicción de orden público como objeto de los mismos, o que hayan sido utilizados para su comisión, o que provengan de ésta, serán ocupados o incautados por las unidades investigativas de orden público o por las de policía judicial ordinaria y colocados a disposición o a la orden de la Dirección Nacional de Estupefacientes dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes, junto con la copia de acta a que se refiere el parágrafo del artículo 53. Esta, por medio de resolución podrá destinarlos provisionalmente, así como su producto, al servicio de las direcciones nacional de instrucción criminal y de carrera judicial, y al de las entidades señaladas en el Decreto 2390 de 1989 en la forma y términos dispuestos en él, los decretos 1856 de 1989, 042 de 1990 y 1273 del mismo año, en concordancia con las normas de la Ley 30 de 1986, en cuanto éstas no se opongan a aquéllos. En ningún caso los bienes podrán ser asignados a la entidad a la cual pertenezca la unidad investigativa de orden público que adelanta las preliminares. También podrá asignarlas al Fondo Rotatorio de Prevención, Represión y Rehabilitación del Consejo Nacional de Estupefacientes, previa autorización de esta corporación. // En la resolución de asignación provisional que dicte la dirección se dispondrá que la entidad beneficiaria designe un depositario para cada caso. Este una vez posesionado, tendrá todos los derechos, atribuciones y facultades, y estará sujeto a todas las obligaciones, deberes y responsabilidades, que para los secuestres judiciales determinan las leyes, debiendo rendir cuenta mensual de su administración a la Dirección Nacional de Estupefacientes, la cual podrá solicitar su relevo cuando lo estime necesario, con base en posibles manejos irregulares o inadecuados. Este organismo comunicará a las autoridades encargadas de llevar registro de los bienes, la destinación provisional. // Salvo lo previsto por el Decreto 2187 de 1990 sobre el decomiso administrativo o la multa contravencional, los bienes serán objeto de decomiso a favor del Estado y adjudicados definitivamente por el Juez a alguna de las entidades mencionadas en el primer inciso de este artículo o en el Decreto 2390 de 1989 al momento de dictar sentencia dejando a salvo la afectación de ellos al pago de perjuicios. De todas formas su decisión se hará conocer a la oficina de registro que corresponda según la naturaleza del bien”.

47 A cuyo tenor: “Si de un delito o culpa ha sido cometido por dos o más personas, cada una de ellas será solidariamente responsable de todo perjuicio procedente del mismo delito o culpa, salvas las excepciones de los artículos 2350 y 2355.

48 En las copias del historial del vehículo la fecha de la matrícula no es legible, sin embargo, se tiene que el manifiesto de importación es de 15 de mayo de 1974 (fl. 112, cdno. 4).

49 Los únicos medios de convicción que darían luces sobre el particular son las respectivas actas de inventario del vehículo y el dictamen pericial practicado en el proceso; sin embargo, todos ellos se limitan a señalar el estado del mismo y, este último, los valores que serían necesarios para ponerlo en estado de funcionamiento, datos que, por sí mismos, no permiten determinar las variables requeridas para liquidar el perjuicio.

50 Entidad especialista e indicador económico en el mercado de automotores, reconocida en el ámbito colombiano como referente para efectos de la comercialización de vehículos usados, y utilizada como fuente principal de entidades como Econometría S.A., para efectos de los análisis y estudios del mercado automotor. Es de anotar que este referente ya ha sido utilizado por esta corporación para efectos de calcular el valor de vehículos, al respecto puede consultarse Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 24 de octubre de 2013, Exp. 27335, C.P. Enrique Gil Botero.

51 Si el perito certificara este último monto con base en valores actualizados a la fecha del dictamen, será necesario llevarlo al valor histórico con la fórmula consagrada para el efecto: Valor histórico = valor actualizado * IPC inicial (el de mayo de 2001)/ IPC final (el del mes en que se rinda el dictamen).

52 Valor actualizado = valor histórico * (IPC final ÷ IPC inicial). Siendo el IPC inicial el de mayo de 2001, fecha en que se concretó el daño.

53 Para determinar ese valor el perito tuvo en cuenta las cotizaciones realizadas por tres empresas de transporte que operaban en la región, de las cuales adjunto certificados de matrícula mercantil, y entre ellas acogió el menor.

54 El tiempo se calcula desde la importación del vehículo hasta el momento en que empiezan a presentarse períodos de dilación injustificada —23 de junio de 1998, supra párr. 14.3.3.5.4—.

55 S= Ra (1+i)n-1
i

56 En la que “i” es una constante, “S” corresponde a la indemnización debida, y “n” corresponde al número de meses por liquidar.