Sentencia 2003-90009 de junio 7 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Rad.: 13001 2331 000 2003 90009 01

Demandante: Limpieza Integral y Mantenimientos Especiales S.A. E.S.P. - Lime S.A. E.S.P.

Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN

Tercero Interesado: Compañía Aseguradora de Fianzas S.A. - Confianza S.A.

Consejera Ponente:

Dra. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez

Bogotá D.C., siete de junio de dos mil dieciocho.

EXTRACTOS: «VII. Consideraciones

7.1. Competencia.

El Consejo de Estado es competente para conocer de los recursos de apelación contra las sentencias proferidas en primera instancia por los Tribunales Administrativos de Distrito Judicial, de conformidad con el artículo 129 numeral 1º del CCA y, en cumplimiento al Acuerdo 357 de 5 de diciembre de 2017 celebrado entre las Secciones Quinta y Primera ante la Sala Plena del Consejo de Estado, la Sección Quinta de la corporación es competente para proferir la decisión de segunda instancia en el proceso de la referencia, en tanto ha sido remitido dentro del acuerdo de descongestión por la Sección Primera.

7.2. Problema jurídico.

Observa la Sala que el problema jurídico gira en torno a dilucidar si era procedente negar las pretensiones de la demanda, en caso afirmativo se confirmará la sentencia apelada, y en caso negativo se procederá a revocar la sentencia impugnada para realizar el pronunciamiento que corresponda en derecho. Para tal efecto, se tendrán en cuenta los argumentos del recurso interpuesto por el demandante.

Para solucionar el problema jurídico, la Sala procederá a analizar si los argumentos de la apelación, de cara a la decisión del a quo que se decantó por encontrar ajustado el decomiso a la causal contenida en el numeral 1.6 del artículo 502 del Decreto 2685 de 1999, esto es, que la mercancía no se encontraba amparada en declaración de importación o documento equivalente y cuya oposición del recurrente tienen fundamento basilar en la indebida interpretación de dicha norma.

Al efecto, se abordarán los siguientes derroteros: I) los actos acusados; II) la causal de decomiso invocada; III) de la declaración de legalización; IV) el material probatorio; y V) el caso concreto.

7.2.1. Los actos acusados.

7.2.1.1. Resolución 888 de 29 de mayo de 2002:

“Por medio de la cual se decomisa una mercancía

El jefe de la división de liquidación aduanera en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas en la Resolución 5306 de junio 30 de 2000, modificatoria de la Resolución 5632 de 1999; los artículos 5º, literal b) del artículo 18, literal b) del artículo 23, artículo 37, literal b) del artículo 39 del Decreto 1071 de 1999, artículo 6º de la Resolución 5634 de 1999 y 512 del Decreto 2685 de 1999 y demás normas concordantes y o complementarias

CONSIDERANDO

(…)

RESUELVE:

“ART. 1º—Decomisar a favor de la Nación la mercancía aprehendida con Acta 0017FIS de marzo 12 de 2002 a Lime S.A. E.S.P. con NIT 800.172.188-5 con declarante autorizado Almaviva S.A. con NIT 860.002.153-8 bajo el cargo de mercancía no declarada conforme lo establecido en artículo 232-1 del 2685 de 1999 modificado por el 1132 de junio 20 de 2001 en concordancia con el numeral 1.6 del artículo 502 ibídem. La mercancía corresponde a:

ÍtemDescripción de mercancíasCantidadV. Total
1Piezas posteriores para máquina compactadora de basura no tiene referencias, seriales, lugar de fabricación. Consta de patas de forma rectangular de 20 cms x 12 cms y una altura de 70 cms. Al tope de las patas se encuentra una estructura doble de 246 cms de largo x 67 cms de ancho. La estructura por el exterior es rectangular e interiormente presenta forma de media luna. Material usado hierro de 10 mm de espesor.2 unds.4.389.174
2Cilíndrica compuesta de: a) un cilindro base de diámetro 221,5 cms y altura 46,5 cms. Fabricado en lámina de hierro de 7 mm de espesor b) sobre el cilindro base se encuentra un anillo dentado de hierro acerado. Y c) paralelo al anterior y sobre el cilindro se encuentra un anillo de rodamiento de rodamiento de sección cónica en acero inoxidable. Todo el conjunto es de marca rotherdegross W. A. Izlager serailes 0040025063-0021 nº 0040029344-024, nº 0040029344-0013, nº 0040029344-0002, nº 0040029344-0011.521.197.715
3Gusano de envase consistente en un cono de lámina de hierro de 5 mm de espesor y 134 cms de altura aproximadamente. Tiene por base menor una circunferencia de 32 cms de diámetro en lámina de 5 mm de espesor. Exterior al cono se encuentra soldada un contorno helicoidal en hierro acerado que se extiende de la base menor a la base mayor. Al interior del cono se forma una tolva de base redonda de 80 cms de diámetro en lámina de hierro de 5 mm de espesor y altura de 80 cms. No marcas no seriales.551.123.905
 Valor total de las mercancías $ 76.710.794

“ART. 2º—Hacer efectiva la póliza 1475602 por valor de $ 113.131.223 expedida por la Compañía Aseguradora de Finanzas Confianza S.A. conforme lo ordena el artículo 531 de la Resolución 4240 de 1999.

(…)

“ART. 4º—Contra la presente resolución procede el recurso de reconsideración ante la División jurídica de esta administración, dentro de los 15 días siguientes su notificación de conformidad con lo establecido en el artículo 515 del Decreto 2685 de 1999 modificado por el artículo 50 del Decreto 1232 de junio 20 de 2001.

(…)

“ART. 6º—Siempre que esta providencia no se encuentre ejecutoriada y no existan restricciones legales o administrativas, procede el rescate de la mercancía presentando la declaración de legalización, en la cual se cancelan además de los tributos aduaneros del (75%) del valor de la misma por concepto de rescate, de conformidad con lo establecido en el artículo 231 del Decreto 2685 de 1999 y en las demás normas que lo modifiquen, adicionen o complementen

(…)”(14).

7.2.1.2. Resolución 1791 de 10 de septiembre de 2012, no se transcribe en tanto confirmó la anterior, en vía del recurso de reconsideración.

7.2.2. La causal de decomiso invocada.

“ART. 502.—Causales de aprehensión y decomiso de mercancías.

Dará lugar a la aprehensión y decomiso de mercancías la ocurrencia de cualquiera de los siguientes eventos:

1. En el régimen de importación:

(…)

1.6. Cuando la mercancía no se encuentre amparada en una planilla de envío, factura de nacionalización o declaración de importación, o no corresponda con la descripción declarada, o se encuentre una cantidad superior a la señalada en la declaración de importación, o se haya incurrido en errores u omisiones en su descripción, salvo que estos últimos se hayan subsanado en la forma prevista en los numerales 4 y 7 del artículo 128 y en los parágrafos primero y segundo del artículo 231 del presente decreto, en cuyo caso no habrá lugar a la aprehensión”.

De conformidad con la norma transcrita se tiene que, la autoridad aduanera podrá proceder a aprehender y decomisar las mercancías que se encuentren en territorio nacional, siempre que no tengan el soporte de ingreso en debida forma al territorio nacional, precisando que los documentos que sirven de soporte a ello son la planilla de envío, la factura de nacionalización o la declaración de importación, según sea el caso.

En el presente asunto, la DIAN concluyó que no se podía entender que la mercancía se encontraba amparada en una declaración de importación, toda vez que en este documento se cambió la naturaleza de la misma, esto es, la actora señaló que introducía al país maquinaria —como un todo— cuando la realidad es que se ingresaba partes o piezas de maquinaria, de las cuales no se puede inferir que se trate de una máquina compactadora de basura sin armar, sino de partes que se desconoce si son o no de una misma compactadora.

La Sala realizará un análisis de este aspecto en el caso concreto.

7.2.3. De la declaración de legalización.

7.2.3.1. Generalidades.

De conformidad con los artículos 228 y 229 del Decreto 2685 de 1999 la legalización de mercancía procede, entre otros casos, cuando las mercancías de procedencia extranjera son presentadas a la Aduana y ésta advierta el incumplimiento de la obligación aduanera, lo que tiene como consecuencia la aprehensión de la mercancía.

Para el efecto, se considera necesario recordar que la obligación aduanera nace por la introducción de la mercancía de procedencia extranjera al territorio aduanero nacional. Asimismo, la obligación aduanera comprende la presentación de la declaración de importación, el pago de los tributos aduaneros y de las sanciones a que haya lugar, así como la obligación de obtener y conservar los documentos que soportan la operación, presentarlos cuando los requieran las autoridades aduaneras, atender las solicitudes de información y pruebas y en general, cumplir con las exigencias, requisitos y condiciones establecidos en las normas correspondientes.

La declaración de legalización tiene por objeto subsanar el cumplimiento de los requisitos de la obligación aduanera, entre ellos el pago de tributos aduaneros a que hubiera lugar; para lo cual se señalará la modalidad que corresponda a la naturaleza y condiciones de la operación, en forma voluntaria o provocada por la autoridad aduanera. Advirtiendo que esta figura no tiene la virtualidad de determinar la propiedad o titularidad de las mercancías ni subsana los ilícitos que se hayan presentado en su adquisición.

En cuanto al pago de tributos aduaneros, es menester señalar que el artículo 89 del decreto consagra que en la declaración de legalización, los tributos aduaneros y tasa de cambio aplicables serán los vigentes en la fecha de la presentación y aceptación de la declaración inicial o de la fecha de presentación y aceptación de la respectiva declaración de legalización cuando no estuviere precedida de una declaración inicial.

7.2.3.2. Relación con la declaración de importación.

De lo expuesto en el numeral anterior se advierte que la declaración de legalización puede ser utilizada para corregir errores respecto del pago de tributos aduaneros, así como para como para enmendar los yerros en la modalidad, naturaleza y condiciones de cada importación consignados en la declaración de importación.

En ese orden de ideas, advierte la Sala que en el presente asunto la parte actora señala que acudió a esta figura para corregir el yerro que advirtió sobre la liquidación de tributos de las mercancías introducida por ella; sin embargo, se observa que esa declaración de legalización no enmendó el error relativo a la naturaleza de la mercancía introducida al país, pues en la declaración de importación se señaló que se introducía maquinaria, cuando en realidad se trajeron piezas de la misma.

En este punto la Sala estima pertinente recordar que de conformidad con el artículo 22 del Decreto 1909 de 1992, vigente para la época de los hechos, la declaración de importación deberá contener, entre otros, la descripción de la mercancía y la subpartida arancelaria.

La descripción de la mercancía permite a la entidad aduanera tener la seguridad de las mercancías de procedencia extranjera que se introducen al país, lo que sumado a la clasificación en una partida y subpartida le permiten liquidar los tributos que se deben pagar; de allí que al incurrir en error respecto de estos aspectos la DIAN pueda entender que determinada mercancía no se encuentra legalmente introducida al territorio nacional.

En efecto, en el asunto objeto de estudio la descripción que realizó el demandante, tanto en la declaración de importación como en la de legalización, señalaron que se introducían máquinas y aparatos mecánicos, cuando en realidad se importaron partes de un compactador de basura de cargue trasero.

En ese orden de ideas, se advierte que contrario a lo afirmado por la parte actora, el asunto objeto de estudio no versa sobre la aprehensión y posterior decomiso de la mercancía introducida al territorio nacional con declaración de importación Nº 0120401097013-3 de 8 de marzo de 2002, por causal diferente a la contenida en el numeral 1.6. del artículo 502 del Decreto 2685 de 1999.

Así las cosas, la Sala considera que el conflicto en el presente asunto versa sobre las consecuencias derivadas de las inconsistencias en la declaración de importación que tuvieron como consecuencia la aprehensión y posterior decomiso de las mercancías importadas por la parte actora por parte de la DIAN, quien entendió que no se encuentran amparadas en la respectiva declaración de importación.

En ese orden de ideas la Sala procede a analizar la posibilidad que tenía la DIAN para dar aplicación al artículo 232-1 del Decreto 2685 de 1999.

7.2.3.3. Aplicación del artículo 232-1 del Decreto 2865 de 1999 en el asunto de la referencia.

El texto de la norma es del siguiente tenor:

“ART. 232-1.—Mercancía no declarada a la autoridad aduanera. Se entenderá que la mercancía no ha sido declarada a la autoridad aduanera cuando:

a) No se encuentre amparada por una declaración de importación;

b) No corresponda con la descripción declarada;

c) En la declaración de importación se haya incurrido en errores u omisiones en la descripción de la mercancía, o

d) La cantidad encontrada sea superior a la señalada en la declaración de importación.

Sin perjuicio de lo establecido en los numerales 4 y 7 del artículo 128 del presente decreto, siempre que se configure cualquiera de los eventos señalados en el presente artículo, procederá la aprehensión y decomiso de las mercancías. Cuando la cantidad encontrada sea superior a la señalada en la declaración, la aprehensión procederá sólo respecto de las mercancías encontradas en exceso.

Sin perjuicio de lo previsto en los literales b) y c) del presente artículo, cuando habiéndose incurrido en errores u omisiones en la descripción de la mercancía en la declaración de importación, la autoridad aduanera pueda establecer, con fundamento en el análisis integral de la información consignada en la declaración de importación y en los documentos soporte de la misma, que la mercancía corresponde a la inicialmente declarada, y los errores u omisiones no conlleven que la declaración de importación pueda amparar mercancías diferentes, no habrá lugar a su aprehensión, pudiéndose subsanar los errores u omisiones a través de la presentación de una declaración de legalización sin el pago de rescate”.

De la anterior lectura se observa que se pueden enmendar los errores consignados en la declaración de importación, mediante una declaración de legalización, sin el pago de rescate, cuando la autoridad aduanera pueda establecer que la mercancía corresponde a la inicialmente declarada, y los errores u omisiones no conlleven que la declaración pueda amparar mercancías diferentes.

La Sala concluye que en el presente asunto no resulta aplicable esta disposición normativa por cuanto el error en el que incurrieron tanto en la declaración de importación como la de legalización versan sobre la naturaleza de las mercancías introducidas, en tanto que se señaló que correspondía a maquinaria, cuando en realidad lo que se introdujo al territorio nacional fueron piezas de una maquinaria.

7.2.4. Del material probatorio.

Junto con los actos acusados se encuentran los siguientes elementos probatorios:

• Declaración de importación Nº 0120401097013-3 de 8 de marzo de 2002 en la que se lee como descripción de mercancías la siguiente:

“Máquinas y aparatos mecánicos con función propia, no expresados no comprendidos en otra parte de este capítulo, la demás maquinaria o equipo para mejoramiento del medio ambiente (No requiere visto bueno de Ingeominas, no produce radiación), compactador de basura de cargue trasero marca FAUN ref. rotopress, máquina compuesta por 2 piezas posteriores, 5 ayudas cilíndricas completas incluidos anillos de rodamientos, sección cónica del tambor y anillos dentados, 3 placas de gusano del envase, maquinaria destinada para procesar basuras o desperdicios. Descripción según factura comercial: Cantidad 1. Componentes o partes de un compactador de basuras de cargue trasero marca FAUN. Ref.: rotopress, a saber rear support cylindrical part of container. Worm plate identificación serial pieza marca rothe erde groswal zlager ident. 0040025063.00”(15).

• Registro de importación, sin fecha, ante en Mincomex Colombia, en el que se observa que la descripción de la mercancía corresponde con la consignada en la declaración de importación(16).

• Modificación al registro de importación, de fecha 19 de febrero de 2002, en el que se lee: se modifica la subpartida 84.79.10.00.00, por 84.79.89.90.00 porque la primera en mención no corresponde a la mercancía nueva, en proceso de nacionalización. Descripción de la subpartida 84.79.89.90.00: “máquinas y aparatos con función propia, no expresadas ni comprendidas en otra parte de este capítulo”(17).

• Declaración juramentada de la sociedad alemana FAUN, de fecha 26 de enero de 2002, en la que indica la cantidad, dimensiones y peso de las partes de un compactador de basura de cargue trasero vendido a la sociedad Lime S.A. E.S.P.(18)

• Factura de compraventa expedida el 26 de noviembre de 2001 por la sociedad FAUN Expotec GmbH a Lime S.A. E.S.P., respecto de las siguientes de un compactador FAUN ROTOPRES: I) 2 rear supports; II) 5 rear drum section complet; y III) 5 worm plate complete, por valor de EUR$ 40.373(19).

• Acta de aprehensión de la mercancía objeto de estudio, de fecha 12 de marzo de 2002, en la que se lee que la causal invocada es la contenida en el numeral 1.6 del artículo 502 del Decreto 2685 de 1999(20).

• Auto 803 de 1º de abril de 2002, por medio del cual el jefe de la división de fiscalización aduanera autoriza a Lime S.A. E.S.P. y/o Almaviva S.A. a constituir garantía en reemplazo de la mercancía aprehendida por valor de 76.710.794(21).

• Requerimiento especial aduanero de 21 de marzo de 2002 por considerar que la mercancía descrita en la declaración de importación Nº 0120401097013-3 de 8 de marzo de 2002 no corresponde con los bienes aprehendidos(22).

De lo anterior se observa que las mercancías adquiridas por Lime S.A. E.S.P., de la sociedad alemana FAUN, son partes de un compactador FAUN ROTOPRESS, piezas que corresponden a 2 ayudas posteriores, 5 ayudas cilíndricas y 3 placas de gusano de una máquina compactadora de basura. No obstante lo anterior, en la declaración de importación se señaló que se estaba introduciendo al territorio nacional maquinaria, lo cual no corresponde a la realidad, circunstancia que se evidencia al cotejar el dicho del declarante con la factura de compraventa que da cuenta que lo adquirido fueron partes del compactador, pero no la máquina entendida como un todo, por lo que encaja y coincide con lo glosado n el acta de aprehensión que indica que lo importado fueron partes y no el compactador de basuras.

En ese orden de ideas, la DIAN mediante los actos administrativos censurados procedió a aprehender y posteriormente decomisar las mercancías introducidas al territorio nacional al concluir que, en razón al cambio de naturaleza de las mercancías introducidas al país, estas no se encontraban amparadas en la declaración de importación Nº 0120401097013-3 de 8 de marzo de 2002.

Así las cosas, corresponde a la Sala determinar en el siguiente derrotero si la decisión contenida en los actos censurados se encuentra o no ajustada a derecho.

7.2.5. El caso concreto.

Teniendo en cuenta los argumentos del recurso de alzada y el sustento normativo de los actos demandados, la Sala considera necesario traer a colación los siguientes artículos del Decreto 2685 de 1999(23), pues como se observa se entroniza en la aplicación objetiva del régimen aduanero, que implica el encuadramiento de la actividad en la norma y los sujetos obligados a responder:

“ART. 3º—Responsables de la obligación aduanera. De conformidad con las normas correspondientes, serán responsables de las obligaciones aduaneras, el importador, el exportador, el propietario, el poseedor o el tenedor de la mercancía; así mismo, serán responsables de las obligaciones que se deriven por su intervención, el transportador, el agente de carga internacional, el depositario, intermediario y el declarante, en los términos previstos en el presente decreto.

Para efectos aduaneros la Nación estará representada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales”(24) (negrillas y subrayas de la Sala).

(…)

“ART. 4º—Naturaleza de la obligación aduanera. La obligación aduanera es de carácter personal,sin perjuicio de que se pueda hacer efectivo su cumplimiento sobre la mercancía, mediante el abandono o el decomiso, con preferencia sobre cualquier otra garantía u obligación que recaiga sobre ella”(25) (negrillas y subrayas de la Sala).

De la anterior lectura, la Sala encuentra que la obligación aduanera es de carácter personal, lo que de suyo implica que deba analizarse el factor subjetivo de la conducta; lo cual no impide que las consecuencias por el incumplimiento o el cumplimiento en indebida forma recaigan en la mercancía misma; de allí que el Estatuto Aduanero tenga como responsable de dicha obligación a cualquier persona que, en razón a su intervención o como consecuencia de las obligaciones derivadas en dicha operación, puede determinarse como tal. En reciente jurisprudencia la Sección Quinta precisó que uno de los supuestos que conlleva a la aprehensión y decomiso de la mercancía obedece al hecho de que ésta no se encuentre amparada en planilla de envío, factura de nacionalización, declaración de importación o que, estándolo, se advierta en cantidad superior a la declarada o se trate de una mercancía diferente(26).

Valga recordar que las causales que pueden llevar a la aprehensión de una mercancía se encuentran enlistadas en el artículo 502 del Decreto 2685 de 1999 y, para el caso concreto, la razón que adujo la DIAN para adoptar tal decisión en relación con las partes de maquinaria del demandante, tuvo que ver con la transgresión del numeral 1.6, según el cual da lugar a la aprehensión y al decomiso cuando:

“…la mercancía no se encuentre amparada en una planilla de envío, factura de nacionalización o declaración de importación, o no corresponda con la descripción declarada, o se encuentre una cantidad superior a la señalada en la declaración de importación, o se haya incurrido en errores u omisiones en su descripción, salvo que estos últimos se hayan subsanado en la forma prevista en los numerales 4 y 7 del artículo 128 y en los parágrafos primero y segundo del artículo 231 del presente decreto, en cuyo caso no habrá lugar a la aprehensión” (negrilla y subrayas no son de original del texto).

Es bien sabido que el acto de aprehensión en sí no es definitivo ni inmodificable, en tanto puede ser objeto de controversia a través del mecanismo de objeción consagrado en al artículo 505-1 del Decreto 2685 de 1999, del cual se puede hacer uso dentro de los 10 días siguientes a la fecha en que aquel se notifica, e incluso en la literalidad de este artículo se legitima al “interesado” o al “responsable de la mercancía aprendida” o al “titular de derechos” para objetarlo, aspecto que si bien tiene implicaciones hacia la persona, es decir, de alcance personal, no se abstrae del análisis objetivo de tipicidad aduanera entre la actividad —para no hablar de conducta e ingresar a temas de culpabilidad o dolo— y el encuadramiento en el supuesto fáctico previsto en la norma y que genera la consecuencia jurídica.

Por lo anterior, cuando la DIAN establece que la mercancía se introdujo y permanece legalmente en el territorio nacional aduanero o se desvirtúa la causal de aprehensión, debe proceder a la devolución de aquella, de lo contrario, será su deber decidir de fondo sobre la situación jurídica de la mercancía, tal y como lo refieren en forma concreta los artículos 506 y 512 del Decreto 2685 de 1999, cuya literalidad es la siguiente:

“ART. 506.—Entrega de la mercancía. En cualquier estado del proceso, cuando la autoridad aduanera establezca la legal introducción y permanencia de la mercancía en el territorio aduanero nacional o cuando se desvirtúe la causal que generó la aprehensión, el funcionario competente ordenará, mediante acto motivado que decida de fondo, la entrega de la misma y procederá a su devolución”.

“ART. 512.—Acto administrativo que decide de fondo. Vencido el término previsto en el inciso primero del artículo 505-1(27) del presente decreto o el término previsto en el inciso segundo del artículo 510(28) sin que se hubiere presentado el documento de objeción a la aprehensión o la respuesta al requerimiento especial aduanero, la autoridad aduanera dispondrá de quince (15) días para decidir de fondo sobre la situación jurídica de la mercancía aprehendida, mediante resolución motivada y de treinta (30) días para expedir el acto administrativo que decida de fondo sobre la imposición de la sanción, la formulación de la liquidación oficial o el archivo del expediente, si a ello hubiere lugar.

Cuando se hubiere presentado el documento de objeción a la aprehensión o la respuesta al requerimiento especial aduanero y no se hubieren decretado pruebas o se hubieren denegado las solicitadas, la autoridad aduanera dispondrá de cuarenta y cinco (45) días para decidir de fondo sobre la situación jurídica de la mercancía aprehendida y para expedir el acto administrativo que decide de fondo sobre la imposición de la sanción, la formulación de la liquidación oficial o el archivo del expediente, contados a partir del día siguiente al cual se radicó la objeción a la aprehensión o la respuesta al requerimiento especial aduanero.

En el evento que se decrete la práctica de pruebas, los términos para decidir de fondo de que trata el inciso anterior se contarán a partir del día siguiente al vencimiento de los plazos establecidos para su práctica en el artículo anterior.

“PAR.—Dentro de los términos para decidir de fondo no se incluyen los requeridos para efectuar la notificación, la cual se surtirá de conformidad con los artículos 564 y 567 de este decreto”.

Como se advierte de la anterior normativa, la redacción y alcance de los “tipos aduaneros” se estructuran en términos objetivos de actividad, en el cotejo entre los hechos acontecidos y las pruebas, para determinar su encuadramiento en la tipicidad de la norma aduanera que prevé la consecuencia de aprehensión y posterior decomiso o de levante y devolución de la mercancía.

Y es que la aprehensión aduanera como medida cautelar gravita dentro de los supuestos del decomiso, que es en últimas la medida definitiva, el cual se encuentra definido en el referido decreto, en su artículo 1º, como “el acto en virtud del cual pasan a poder de la Nación las mercancías, respecto de las cuales no se acredite el cumplimiento de los trámites previstos para su presentación y/o declaración ante las autoridades aduaneras, por presentarse alguna de las causales previstas en el artículo 502 de este decreto”.

Por lo anterior, resulta claro que al no constituir sanción sino una medida de definición de situación jurídica de la mercancía, conlleva que, por regla general, el análisis para la toma de la respectiva decisión se desprenda de evaluaciones subjetivas de conducta, como claramente se evidencia y se itera, de la regulación que hace el Decreto 2685 de 1999 entre sanciones (multas, suspensión o cancelación de la autorización, inscripción o habilitación para ejercer actividades) de la medida del decomiso.

En la misma línea a jurisprudencia del Consejo de Estado, a partir del fundamento normativo, ha sido claro en distinguir el concepto del decomiso como una medida totalmente aparte a la de las sanciones.

Por contera, es evidente que la DIAN cuenta con la competencia legal y legítima para decomisar y/o aprehender la mercancía, como materialización de su facultad para definir la situación jurídica de la mercancía, manejando factores únicamente de tipicidad normativa aduanera, dada su ajenidad a la potestad sancionatoria, claro está sin perjuicio de que en cada caso concreto analice particularidades debidamente comprobadas de causales de justificación.

Es preciso indicar que la causal de aprehensión que se adujo por la demandada fue la enlistada en el numeral 1.6 del artículo 502 del Decreto 2685 de 1999(29).

Nuevamente el lector de la exégesis de la norma queda sometido a factores de encuadramiento de la actividad en el supuesto normativo, con posibilidad de sanear la situación irregular para exonerarse de las medidas de aprehensión y/o de decomiso, mas no como factores de justificación o de permisión de invocación o alegación de exculpaciones conductuales.

Al analizar la norma transcrita a la luz del material probatorio que reposa en el expediente se advierte que entre la declaración de importación y la factura de compraventa no existe correspondencia, por cuanto en esta última se determinó que se hacía entrega de partes de una máquina compactadora de basuras, en ninguna forma de la máquina armada o sin armar. De allí que resultare válido concluir que la decisión de aprehender y decomisar las piezas de la maquinaria introducida por el demandante se encuentre ajustada a derecho, en razón a que estas no estaban amparadas en una declaración de importación, como consecuencia de la falta de correspondencia entre la realidad y lo consagrado en dicho documento, lo cual tiene como sustento el artículo 502 del Decreto 2685 de 1999.

Lo anterior evidencia, que el protagonismo de la actora dentro de la situación aduanera investigada y que dio lugar a los actos demandados es innegable como lo corroboran los anteriores medios probatorios, de tal suerte que desde el punto de vista probatorio, de cara al análisis objetivo de la definición de la situación jurídica de la mercancía, la Sala no advierta que la DIAN haya actuado en forma arbitraria o irregular frente a Lime S.A. E.S.P., dentro del trámite y la decisión de decomiso que ocupa la atención de la Sala.

En consecuencia, como los argumentos expuestos por el recurrente no tienen la virtualidad de enervar la presunción de acierto de la sentencia de primera instancia, que denegó las pretensiones de la demanda, se impone para la Sección Quinta confirmarla al haber desechado el argumento de alzada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFIRMAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar de fecha 3 de abril de 2014.

2. DEVOLVER el expediente de la referencia al tribunal de origen, una vez quede en ejecutoriada la presente providencia.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

14 Folios 370 a 377 del cuaderno Nº 1 del expediente.

15 Folio 91 del cuaderno Nº 1 del expediente.

16 Folio 95 del cuaderno Nº 1 del expediente.

17 Folio 94 del cuaderno Nº 1 del expediente.

18 Folios 102 a 103 del cuaderno Nº 1 del expediente (allegada al expediente dentro de los antecedentes administrativos de los actos acusados).

19 Folio 113 del cuaderno Nº 1 del expediente (allegada al expediente dentro de los antecedentes administrativos de los actos acusados).

20 Folios 88 a 90 del cuaderno Nº 1 del expediente.

21 Folios 119 a 121 del cuaderno Nº 1 del expediente.

22 Folios 134 a 138 del cuaderno Nº 1 del expediente.

23 Por el cual se modifica la legislación aduanera.

24 Artículo derogado a partir del 22 de marzo de 2016, por el artículo 676 del Decreto 390 de 2016 pero vigente al momento de expedición de los actos acusados.

25 Ibídem.

26 Sentencia del 12 de abril de 2018. M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad. 2006 00652 01. Demandante: Laboratorios Cofarma S.A.

27 “ART. 505-1.—Documento de objeción a la aprehensión. Dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación del acta de aprehensión, el interesado o responsable de la mercancía aprehendida deberá acreditar la legal introducción o permanencia de la misma en el territorio aduanero nacional o desvirtuar la causal que generó la aprehensión.
Para tal efecto deberá presentar el documento de objeción a la aprehensión. En el documento de objeción a la aprehensión el titular de derechos o responsable de la mercancía, expondrá ante la autoridad aduanera sus objeciones respecto de la aprehensión, anexando las pruebas que acrediten la legal introducción o permanencia de la mercancía en el territorio aduanero nacional. Este documento deberá cumplir con los siguientes requisitos: a) Interponerse dentro del plazo legal, personalmente y por escrito por el interesado o su representante o apoderado debidamente constituido; y sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad con el acta de aprehensión; b) Relacionar y solicitar las pruebas que se pretende hacer valer; c) Indicar el nombre y la dirección de la persona que objeta el acta de aprehensión y su apoderado para efecto de las notificaciones; d) Que se firme por el titular de derechos o responsable de las mercancías aprehendidas, o por su apoderado o representante legal, según el caso; El documento de objeción a la aprehensión podrá ser presentado por el titular de derechos o responsable de la mercancía, sin necesidad de abogado; PAR.—Al documento de objeción a la aprehensión se deberán anexar los documentos que acrediten la legal introducción o permanencia de la mercancía en el territorio aduanero nacional o que desvirtúen el hecho que generó la aprehensión, los cuales se consideran parte integrante del mismo”.

28 “ART. 510.—Notificación y respuesta al requerimiento especial aduanero. El requerimiento especial aduanero se deberá notificar conforme a los artículos 564 y 567 del presente decreto. En los procesos administrativos iniciados para formular liquidación oficial por corrección se deberá notificar tanto al importador como al declarante, y en los de liquidación oficial por revisión de valor únicamente al importador, salvo que por las pruebas recaudadas se deba vincular al declarante por tratarse de los eventos previstos en el inciso tercero del artículo 22 del presente decreto. La respuesta al requerimiento especial aduanero se deberá presentar por el presunto infractor dentro de los quince (15) días siguientes a su notificación y en ella deberá formular por escrito sus objeciones y solicitar las pruebas que pretenda hacer valer”.

29 Valga señalar que se entenderá que la mercancía no se encuentra amparada: (i) por el factor documental: cuando no cuente con el soporte documental materializado en la planilla de envío, factura de nacionalización o declaración de importación; (ii) por el factor descriptivo o merceológico, en tres eventos: a) cuando la mercancía no corresponde a la descripción declarada; o b) cuando la mercancía físicamente se encuentre en cantidad superior a la descrita y declarada; o c) cuando se haya incurrido en error u omisión descriptiva.