Sentencia 2003-91003 de febrero 14 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: expediente 250002324000 2003 01003 01

Consejero ponente:

Dr. Marco Antonio Velilla Moreno.

Recurso de apelación contra la sentencia de 28 de agosto de 2008, proferida por el Tribunal Administrativo Cundinamarca Sección Primera Subsección B.

Actor: Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP-ETB S.A.

2500023260002001047601

Bogotá, D.C., catorce de febrero de dos mil trece.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones de la Sala

1. Las normas demandadas son las resoluciones 5422 de 9 de agosto de 2001, 2555 del 15 de febrero de 2002 y 33021 del 2 de julio de 2003.

Mediante la Resolución 5422 de 9 de agosto de 2001, expedida por el Intendente de Control Social de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, se impuso a la demandante una sanción de multa por un valor de $ 143.000.000 y ordenó el reconocimiento del silencio administrativo positivo para 225 usuarios cuyas peticiones no fueron respondidas o lo fueron extemporáneamente.

La Resolución 2555 del 15 de febrero de 2002, aceptó el desistimiento de 29 usuarios que la actora presentó con el recurso, por lo cual modificó la Resolución 5422 de 9 de agosto de 2001, en el sentido de reducir la multa a $ 124.410.000 y no ordenar el reconocimiento del silencio administrativo a los usuarios que habían desistido.

La Resolución 33021 del 2 de julio de 2003, confirmó la Resolución 5422 de 9 de agosto de 2001, teniendo en cuenta las modificaciones introducidas mediante la Resolución 2555 del 15 de febrero de 2002.

2. La apelación cuestiona el fallo impugnado, por considerar que no se presentó la caducidad como se manifestó en la sentencia recurrida.

3. Según la potestad que tiene el ad quem para resolver la alzada, de conformidad con el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, la Sala se limitará a conocer solamente de los puntos o cuestiones a los cuales se contrae el recurso de apelación, pues los mismos, en el caso del apelante único, definen el marco de la decisión que ha de adoptarse en esta instancia.

4. En cuanto al tema de la caducidad de la facultad sancionatoria de la administración, debe la Sala precisar en primer lugar, que la posición acogida por la Sección Primera en providencia de 13 de noviembre de 2003 fue:

“El artículo 38 de dicho código, prevé:

caducidad respecto de las sanciones. Salvo disposición especial en contrario, la facultad que tienen las autoridades administrativas para imponer sanciones caduca a los tres (3) años de producido el acto que pueda ocasionarlas”.

De la norma transcrita no infiere la Sala, como lo hace la actora, que la facultad sancionatoria se extiende hasta el acto que agotó la vía gubernativa, sino que basta que se haya expedido y notificado dentro de dicho lapso el acto principal a través del cual se impone la sanción(1). (Resalta la Sala)

Posteriormente, en sentencia de 4 de agosto de 2011, esta sección, acogiendo lo resuelto por la Sala Plena de esta corporación, en sentencia del 29 de septiembre de 2009(2), expresó al referirse al artículo 38 del Código Contencioso Administrativo:

“… la administración ejerce en tiempo la acción referida cuando expide y notifica el acto que concluye la actuación administrativa sancionatoria, que es el acto principal o primigenio, dentro del término comentado, sin consideración al momento en que se resuelven los recursos de la vía gubernativa, cuya expedición corresponde a una etapa posterior, cuyo propósito es permitir a la administración la revisión de sus actos a instancias del administrado.

Es, pues, claro, que en los términos del artículo 38 del Código Contencioso Administrativo, la administración debe ejercer la acción encaminada a sancionar personalmente al autor de la infracción administrativa, dentro de los tres (3) años contados a partir de la ocurrencia del hecho. En consecuencia, a partir de esa fecha la administración cuenta con tres (3) años para proferir la resolución sancionatoria y notificarla al sancionado, independientemente de la interposición de los recursos”(3). (Resalta la Sala)

Es claro entonces que la caducidad consagrada en el artículo 38 del Código Contencioso Administrativo implica que dentro del término de tres años allí establecido, debe expedirse y notificarse el acto sancionatorio, sin incluir en ese lapso la interposición de los recursos.

5. En el presente caso, la Resolución 5422, con la que culminó la actuación administrativa, fue expedida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, el 9 de agosto de 2001, pero las partes se cuidaron de informar la fecha de notificación de la misma.

No obstante, se encuentra en el expediente que la actora presentó el 29 de octubre de 2001 el recurso de reposición contra la citada resolución, de manera que si se cuentan hacia atrás tres años a partir de esa fecha, es claro que respecto de las peticiones presentadas con posterioridad al 29 de octubre de 1998, no había caducado la facultad sancionatoria de la administración.

Sobre esta base, encuentra la Sala que una de las peticiones que la actora no contestó o lo hizo en forma extemporánea fue la presentada por el señor Lisandro Celis Hurtado(4) el 12 de febrero de 1998, por lo cual respecto de ella había caducado la facultad sancionatoria de la administración.

Desde esta perspectiva, contrario a lo afirmado por el a quo, la facultad sancionatoria no caducó respecto de 195 peticiones no respondidas o contestadas extemporáneamente por la actora.

6. En consecuencia, el monto de la multa que no está obligada a pagar la parte demandante corresponde a petición a ella elevada el 12 de febrero de 1998, la que no fue contestada o fue respondida en forma extemporánea, monto que, siguiendo la proporcionalidad establecida por el tribunal, se tasa en dos puntos veintidós (2.22.) salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2001, es decir, en la suma de seiscientos cuarenta y tres mil novecientos veinte pesos m/cte. ($ 643.920)(5), de manera que la multa a pagar es el valor de $ 124.410.000(6) menos $ 643.920, esto es, $ 127.766.080, la cual deberá indexarse a la fecha de ejecutoria de la presente providencia.

Consecuente con lo anterior, ha de modificarse la sentencia apelada en lo referente a la caducidad de la facultad sancionatoria de la administración, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

MODIFÍCASE la sentencia apelada, la cual quedará así:

DECLARASE la nulidad parcial de los actos administrativos contenidos en las resoluciones 5422 de 9 de agosto de 2001, 2555 del 15 de febrero de 2002 y 33021 del 2 de julio de 2003, en cuanto tiene que ver con la no existencia de caducidad de la facultad sancionatoria de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios respecto de 195 de las 196 quejas a ella elevadas:

a) Resolución 5422 del 9 de agosto de 2001 expedida por el Intendente de Control Social de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, por la cual se impuso una sanción a la empresa demandante en cuantía de $ 143.000.000 y ordenó el reconocimiento de los efectos del silencio administrativo positivo para 225 usuarios que elevaron peticiones a dicha empresa.

b) Resolución 2555 del 15 de febrero de 2002 proferida por el mismo funcionario, a través de la cual se resolvió el recurso de reposición, en el sentido de modificar el artículos 1º y 2º del acto administrativo demandado, en cuanto tiene que ver con la cuantía de la sanción impuesta, la cual quedó en $ 124.410.000, y el no reconocimiento de los efectos del silencio administrativo positivo a 29 peticionarios.

c) Resolución 33021 del 2 de julio de 2003 emitida por el Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, mediante la cual se resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar el acto recurrido y agotar la vía gubernativa.

Como restablecimiento del derecho, declárase que la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP-ETB S.A. ESP no está obligada a pagar la sanción correspondiente a la violación del artículo 158 de la Ley 142 de 1994, solo en cuanto no contestó o lo hizo de manera extemporánea la petición a ella elevada el 12 de febrero de 1998 por Lisandro Celis Hurtado.

En consecuencia, la parte de la sanción que no debe ser cancelada por la empresa demandante corresponde a dos punto veintidós (2.22) salarios mínimos legales mensuales vigentes en el año 2001, esto es, la suma de seiscientos cuarenta y tres mil novecientos veinte pesos m/cte. ($ 643.920)(7), de manera que la multa a pagar es el valor de $ 124.410.000(8) menos $ 643.920, esto es, $ 127.766.080 la cual deberá indexarse a la fecha de ejecutoria de la presente providencia.

Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Notifíquese y cúmplase».

(1) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Bogotá, D.C., trece (13) de noviembre de dos mil tres (2003). Consejero ponente: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Radicación 7767. Actor: Médicos Asociados S.A. Esta misma posición fue sostenida en la sentencia de la Sección Primera del Consejo de Estado, del catorce (14) de mayo de dos mil nueve (2009). Consejero ponente: Marco Antonio Velilla Moreno. Radicación 2003-01002. Actor: Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP.

(2) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala Plena. Bogotá, D.C., veintinueve (29) de septiembre de dos mil nueve (2009). Consejera ponente: Susana Buitrago Valencia. Radicación 11001-03-15-000-2003-00442-01(S)IJ. Actor: Álvaro Hernán Velandia Hurtado.

(3) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Bogotá, D.C., cuatro (4) de agosto de dos mil once (2011). Consejera ponente: María Claudia Rojas Lasso. Radicación 2003-01151-01. Actor: Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A., ESP.

(4) Corresponde al usuario 224 relacionado en la Resolución 5422 de 2001.

(5) En atención a que el salario mínimo legal mensual vigente el año 2001 correspondía a $ 286.000, según lo dispuesto en el Decreto 2579 de 2000 expedido por el Gobierno Nacional.

(6) Fijada en la Resolución 2555 de 15 de febrero de 2002 que resolvió el recurso de reposición, en el sentido de modificar la resolución recurrida en lo relativo a la cuantía de la sanción impuesta y el no reconocimiento de los efectos del silencio administrativo positivo a 29 peticionarios.

(7) En atención a que el salario mínimo legal mensual vigente el año 2001 correspondía a $ 286.000, según lo dispuesto en el Decreto 2579 de 2000 expedido por el Gobierno Nacional.

(8) Fijada en la Resolución 2555 de 15 de febrero de 2002 que resolvió el recurso de reposición, en el sentido de modificar la resolución recurrida en lo relativo a la cuantía de la sanción impuesta y el no reconocimiento de los efectos del silencio administrativo positivo a 29 peticionarios.