Sentencia T-115 de marzo 5 de 2003 

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad. 20039001-01-115 I 103, mar. 5/2003

M.P. Fernando Coral Villota

Aprobado según Acta de Sala 22 del 5 de marzo de 2003.

Ref: Impugnación del fallo de Tutela de Gustavo Arango Restrepo contra la Cuarta Brigada del Ejército Nacional de Medellín.

Procede la Sala a decidir la impugnación del fallo de primera instancia, adiado el 24 de enero de 2003, proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, mediante el cual negó el amparo constitucional invocado por el señor Gustavo Arango Restrepo contra la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, igualmente en el mismo proveído se ordenó al Sr. Comandante de la Cuarta Brigada, que solicitase a la Secretaría de Transportes y Tránsito del municipio de Medellín, el cierre temporal de las vías aledañas a la Cuarta Brigada de Medellín, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la providencia en comento.

Antecedentes

1. El Sr. Gustavo Arango Restrepo presentó acción de tutela contra la Cuarta Brigada del Ejército Nacional de Medellín, pues “Todos los días, a partir de las 6 de la tarde (18 horas) son cerradas a la libre circulación las vías públicas en torno a la 4ª Brigada del Ejército Nacional, Calle Colombia, Calle 51 y otras importantísimas, provocando grave congestión del tráfico automotor y de las personas, esto hasta el otro día a las 6 a.m. El cierre de las vías es por 12 horas todos los días”.

La tutela en cuestión procuró la protección del derecho fundamental a la libre movilización consagrado en el artículo 24 de la Constitución Política.

2. Por su parte la entidad accionada a través del coronel Rafael Mejía Roa, segundo comandante y JEM de la Cuarta Brigada de Medellín, señaló al responder la demanda de tutela, que se optó por el cierre parcial como medida preventiva de algunas vías aledañas al cuartel general de la Cuarta Brigada como medida preventiva para evitar hechos como los acaecidos en el Gaula de Antioquia, ubicado en la carrera 78 con la calle 49 donde explotó un carro bomba y otro, como lo fue el lanzamiento de varios cilindros de gas donde perdieron la vida algunos vecinos de esa unidad.

Además, “La Cuarta Brigada ha dado facilidades para que el personal afectado pueda transitar libremente por estas vías momentáneamente cerrada, suministrando un permiso especial, el cual es tramitado en la oficina de contrainteligencia y que debería de diligenciar el señor Gustavo Arango Restrepo”.

3. Como tercero interesado, el Dr. Javier Ossa Montoya, Secretario de Transportes y Tránsito de la ciudad de Medellín, manifestó que el nuevo Código Nacional de Tránsito determinó que las autoridades y los organismos de tránsito municipales, como la institución en cuestión tenían la facultad para regular el tránsito y sólo las Fuerzas Militares, cumplen con dicha labor en aquellas áreas donde no hay presencia de autoridades de tránsito; por ende, la competencia para expedir permisos de cierre de vías corresponde a la Secretaría de Transportes y Tránsito de la citada ciudad.

Fallo impugnado

Mediante fallo del 24 de enero de 2003, proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, negó el amparo constitucional invocado por el señor Gustavo Arango Restrepo contra la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, a la par que ordenó al sr. comandante de la Cuarta Brigada que solicitase a la Secretaría de Transportes y Tránsito del municipio de Medellín, el cierre temporal de las vías aledañas a la Cuarta Brigada de Medellín, lo cual debería hacerse dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la providencia en comento, pues en el sub lite al encontrarse enfrentados dos (2) derechos constitucionales fundamentales: el derecho a la vida y el derecho a circular libremente, establecidos en los artículos 11 y 24 de la Constitución Política, deben ser sopesados esas dos categorías para dar prelación al derecho constitucional fundamental a la vida de las personas que en este momento están asignadas al Cuartel General de la Cuarta Brigada de Medellín y a la de todos y cada uno de las que habitan las residencias aledañas a esta instalación militar, así quede afectado el derecho constitucional a la libre circulación de los ciudadanos que deban transitar en vehículos automotores por las vías temporalmente cerradas, más aún cuando este último, por disposición constitucional, no tiene el carácter absoluto.

Así mismo el fallo de tutela, quedó establecido que en la concepción de un Estado de derecho como Colombia, el accionar de todas las autoridades públicas sin excepción, incluidas las Fuerzas Militares, deben estar regidas por lo que establece la Constitución Política y las leyes y, que según el Código Nacional de Tránsito Terrestre, las Fuerzas Militares están establecidas como autoridades de tránsito “exclusivamente” para dar cumplimiento a lo previsto en el parágrafo 5º del artículo 3º, es decir, para ejecutar la labor de regulación de tránsito “...en aquellas áreas en donde no haya presencia de autoridades de tránsito”, y que “sólo las autoridades de tránsito, dentro del territorio de su jurisdicción”, pueden ordenar el cierre temporal de vías, por lo que existiendo en la ciudad de Medellín autoridades de tránsito, es imperativo para las Fuerzas Militares (Cuarta Brigada del Ejército Nacional) solicitar el cierre de vías aledañas a la citada institución, durante las horas que se estime pertinente, a la Secretaría de Transportes y Tránsito del municipio de Medellín para proceder a ejecutar el cierre temporal de las vías, por lo que se ordenará al comandante de la Cuarta Brigada que en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la de la notificación de la citada providencia realice las gestiones pertinentes.

Impugnación

Disconforme con la anterior decisión el sr. Gustavo Arango Restrepo impugnó el fallo proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, con base en los siguientes argumentos:

a) El traumatismo ocasionado por el cierre de las calles 49, 50 y 53, deja como único acceso a la carrera 80 desde el oriente, a la calle 48 Pichincha, generándose un corto circuito en la malla vial en un sector, donde viven más de doscientas mil personas, afectándose de esta manera el derecho a circular libremente por la discrecionalidad de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional.

b) Igualmente señaló el sr. Arango que la Cuarta Brigada, desconoció otras instancias o autoridades que tendrían la facultad de realizar los cierres de algunas calles de la capital antioqueña; pero además no entiende el motivo por el cual, el DAS, el F2, amenazados también por razones de seguridad, no hayan tomado medidas tan drásticas o de igual magnitud como lo hizo la entidad accionada.

Así mismo, el sr. Arango evidenció que los permisos otorgados por la Cuarta Brigada del Ejército Nacional para permitir la circulación de determinadas personas y vehículos, carecen de toda validez, al usurpar funciones que no son de su competencia.

c) El impugnante cuestionó cada uno de los argumentos de seguridad que expuso el coronel Rafael Mejía Roa para proteger el derecho a la vida y señaló que si ello fuera cierto, el cierre de las vías también se prolongaría en la noche.

Además si en verdad se pretende proteger a la ciudadanía, lo mejor sería que la Cuarta Brigada, fuese trasladada a las afueras de la ciudad de Medellín.

De acuerdo con lo expresado, la petición del sr. Arango se concreta en que se permita la libre circulación durante las 24 horas del día, el libre tránsito de las personas y automotores a las calles aledañas a la Cuarta Brigada del Ejército Nacional y se ordene el traslado de esas instalaciones militares hacia una localidad más conveniente.

Consideraciones de la Sala

1. La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución, como mecanismo preferencial para la protección de los derechos fundamentales de las personas, cuando éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades en ejercicio de sus funciones.

En ese orden de ideas, el amparo constitucional concierne a cualquier persona para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública.

2. El caso que nos ocupa el accionante solicitó la protección del derecho fundamental a la libre circulación, pues en su concepto la medida discrecional de la Cuarta Brigada del Ejército que ordenó el cierre permanente de las vías aledañas por doce (12) horas diarias, es una decisión que genera un traumatismo en la malla vial del oriente de Medellín, afectándose de esta manera la calidad de vida de las personas que habitan esa zona.

3. Evidentemente, los puntos relacionados con la impugnación por el sr. Arango Restrepo están enfrentados con el derecho a la vida que adujo la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, criterio que compartió la colegiatura de instancia al no tutelar el derecho de la libre circulación invocado por el accionante.

Para dilucidar el asunto, debemos empezar por decir que la entidad militar accionada se encuentra ubicada en la capital antioqueña y nadie duda que al cerrarse las vías aledañas por el término de doce (12) horas por razones de seguridad, debe generar un traumatismo en la malla vial, incomodando de esta manera a los vecinos del lugar, quienes día a día sufrirán las inconveniencias del lento transitar de vehículos; no obstante lo anterior tampoco puede olvidarse que Colombia vive una situación de orden público bastante crítica, lo cual impide el pleno ejercicio de una serie de derechos frente a la necesidad que se tiene de proteger el derecho a la vida.

En efecto, dentro del Estado social de derecho es el Estado el principal responsable de la protección, garantía, respeto y desarrollo del derecho a la vida. El amparo de ese derecho fundamental no debe ser sólo de carácter formal ni abstracto sino fáctico y mirando, su real y efectiva defensa ante la grave situación que afecta al país nacional.

En el caso sub lite, la Cuarta Brigada pretende proteger de manera efectiva con esa incomoda y drástica medida de cierre de vías, el derecho a la vida de las personas que habitan y viven en zonas aledañas a la citada institución militar ante la escalada terrorista que vive el país, pero no puede olvidarse que la fuerza pública debe respetar las reglas que imponen la Constitución y las leyes dentro de criterios de razonabilidad y proporcionabilidad, en el plano de su órbita técnica específica.

En otras palabras si la entidad accionada invoca la protección del derecho a la vida, el cual se encuentra seriamente amenazado por la guerra y actos terroristas que demuestran la grave situación de orden público del campo y las ciudades colombianas, ello impide que se ampare el derecho a la locomoción como si las condiciones del país fuesen de plena calma.

De acuerdo con lo expuesto, el juez de tutela no estaría llamado a evaluar una estrategia o una acción militar que tenga el noble propósito de proteger la vida de los militares y defender a la misma sociedad civil de posibles agresiones. No puede desconocerse ante la evidencia de los hechos, que si un puesto de policía es el objetivo de la subversión, mucho más lo es la Cuarta Brigada.

Así las cosas, se colige que a través de la tutela no puede darse la orden de traslado de la Cuarta Brigada Militar a otro sitio, pues su ubicación debe obedecer a una razón de Estado para proteger la vida, honra y bienes de las personas y tampoco puede desconocerse que el interés general prima sobre el interés particular, razón por la cual todos debemos sacrificar parte de nuestra comodidad en aras de rodear a las instituciones que buscan proteger y (sic) efectivamente el derecho a la vida.

Igualmente, las Fuerzas Militares tienen por finalidad precisamente la defensa de la integridad del territorio como expreso mandato constitucional, razón por la cual no puede su función ser menoscabada por la incomodidad que algunas personas que sufren inconveniencias, por medidas que son discrecionales pero que no tienen el tinte de arbitrariedad o de injusticia.

Ahora bien, Kelsen señala en su Teoría General del Estado que “la administración es la libre realización de los fines del Estado, dentro de los límites del derecho” (1) . Según esta tesis uno de los primordiales fines que tiene el Estado es de servir a la comunidad pero ello debe hacerse dentro de los estrictos términos del derecho.

(1) Kelsen Hans. Teoría del Estado. Biblioteca Comares. Granada. España. 2002.

En ese orden de ideas, deberá analizarse el derecho de la libre circulación invocado por el accionante y el cual se encuentra previsto en la Constitución Política colombiana en su artículo 24, el cual señala:

“Todo colombiano, con las limitaciones que establezca la ley, tiene derecho a circular libremente por el territorio nacional, a entrar y salir de él, y a permanecer y residenciarse en Colombia”.

La citada disposición constitucional establece que la libre circulación es un derecho constitucional general supeditado por la ley en la posibilidad de transitar o desplazarse de un lugar a otro dentro del territorio del propio país, especialmente si se trata de las vías y los espacios públicos, pero en sentencia del Máximo Tribunal Constitucional invocada por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, se precisó:

“(...) Aunque, desde luego, no se trata de un derecho absoluto sino susceptible de restricciones como las que indica la norma citada, o como las provenientes de la aplicación de sanciones penales previo proceso judicial, mientras no haya un motivo legal tiene que ser respetado por autoridades y particulares (...) En ese orden de ideas, el cierre de una calle afecta la libertad de locomoción en cuanto impide a las personas transitar en espacios que, por su carácter público, debe ser accesibles a todos los miembros de la colectividad en iguales condiciones” (2)

(2) Sent. T-518 de 1992. Corte Constitucional. Ponente: Dr. José Gregorio Hernández Galindo.

Por lo tanto, el derecho constitucional de libre circulación es fundamental pero susceptible de las limitaciones que establezca la ley, por lo que se impone examinar la disposición legal que regula el tránsito terrestre en nuestro país.

Otra cosa, es como lo advirtió la colegiatura de instancia es conocer qué entidad puede limitar ese derecho para decretar el cierre de vías y por ello se hace necesario analizar la ley.

En ese orden de ideas, se tiene:

a) El Código Nacional de Tránsito Terrestre en el inciso 1º del articulo 1º, estableció: “Las normas del presente código rigen en todo el territorio nacional y regulan la circulación de los peatones, usuarios, pasajeros, conductores, motociclistas, ciclistas, agentes de tránsito, y vehículos por las vías públicas o privadas que estén abiertas al público, o en vías privadas, que internamente circulen vehículos; así como la actuación y procedimiento de las autoridades de tránsito”.

b) En el artículo 3º ibídem, se determinó quiénes son autoridades de tránsito:

“Autoridades de tránsito. Son autoridades de tránsito en su orden, las siguientes:

— El Ministerio de Transporte

— Los gobernadores y los alcaldes

— Los organismos de tránsito de carácter departamental, municipal o distrital.

— La Policía Nacional en sus cuerpos especializados de policía de tránsito urbano y policía de carreteras.

— Los inspectores de policía, los inspectores de tránsito, corregidores o quien haga sus veces en cada ente territorial.

— La Superintendencia General de Puertos y Transporte.

— Las Fuerzas Militares para cumplir exclusivamente lo dispuesto en el parágrafo 5º de este artículo.

— Los agentes de tránsito y transporte.

(...)

c) El parágrafo 5º de la citada disposición del código en cuestión se señala: “Las Fuerzas Militares podrán ejecutar la labor de regulación de tránsito, en aquellas áreas donde no haya presencia de autoridad de tránsito” (negrillas fuera de texto).

d) El título lIl, “normas de comportamiento”, capítulo XIII, “procedimientos de control de tránsito”, artículo 120, “Jurisdicción y facultades”, se establece:

“ART. 120.—Jurisdicción y facultades. Sólo las autoridades de tránsito, dentro del territorio de su jurisdicción, podrán ordenar el cierre temporal de vías, la demarcación de zonas, la colocación o retiro de señales, o impedir, limitar o restringir el tránsito o estacionamiento de vehículos por determinadas vías o espacios públicos” (distintas al título, las negrillas son nuestras).

Por ende, razón suficiente tuvo la colegiatura de instancia para impartir la orden de que el comandante de la Cuarta Brigada militar hiciere las gestiones pertinentes ante autoridad competente tendiente a legitimar la medida de cierre de vías, pues existe clara disposición que no puede ser desconocida por ninguna entidad, ya que lo que debe preservarse (sic) la idea del Estado social de derecho y respetar la voluntad del constituyente, que expresamente determinó que la limitación del derecho de locomoción debía hacerse por mandato legal y en virtud de ella, se determinó que la competencia de las Fuerzas Militares es residual.

Así las cosas, si el derecho se encuentra limitado por expresa voluntad del constituyente (sic)

Así mismo, señaló el sr. Arango que la Cuarta Brigada, desconoció otras instancias o autoridades que tendrían la facultad de realizar los cierres de algunas calles de la capital antioqueña.

Ahora bien, el impugnante señaló que el DAS, el F2, amenazados también por razones de seguridad no han tomado medidas tan drásticas o de igual magnitud que la entidad accionada, es un simple referente que no puede ser evaluado como parámetro para proteger el derecho fundamental de la libre locomoción, pues nada impedirá que más adelante dichas instituciones se vean avocadas a solicitar las respectivas autorizaciones para tomar medidas de igual envergadura.

En lo que se refiere a los permisos que otorgó la Cuarta Brigada del Ejército Nacional para permitir la circulación de determinadas personas y vehículos y que éstos carecen de toda validez al usurpar funciones que no son de su competencia, es un asunto que compete a la jurisdicción de lo contencioso administrativa, por ser dichas autorizaciones, actos administrativos contra los cuales procede el control de legalidad.

En conclusión esta colegiatura procederá a confirmar el fallo proferido por la primera instancia, pues es evidente que el derecho de libre circulación no tiene la misma connotación que el sublime derecho a la vida, razón por la cual, el juez de tutela no podrá sopesar los hechos que el accionante puso a nuestra consideración, pues no puede desconocerse que las autoridades del país están para proteger la vida de las personas y sí para cumplir con ese loable propósito resulta afectado otro derecho fundamental, deberá necesariamente ampararse aquellas medidas tendientes a proteger de manera eficaz dicho derecho.

Por lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

CONFIRMAR el fallo de primera instancia, adiado el 24 de enero de 2003, proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, mediante el cual negó el amparo constitucional invocado por el señor Gustavo Arango Restrepo contra la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, igualmente en el mismo proveído se ordenó que el sr. comandante de la Cuarta Brigada solicitase a la Secretaría de Transportes y Tránsito del municipio de Medellín, el cierre temporal de las vías aledañas a la Cuarta Brigada de Medellín, lo que debería hacer dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la providencia en comento.

SÚRTANSE las notificaciones de rigor, contenidas en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.

ENVÍESE a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Temístocles Ortega Narváez, Presidente—Jorge Alonso Flechas Díaz—Guillermo Bueno Miranda—Eduardo Campo Soto—Fernando Coral Villota—Rubén Darío Henao Orozco—Leonor Perdomo Perdomo.

Yira Lucía Olarte Ávila, Secretaria judicial.

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