Sentencia 2004-00011 de mayo 10 de 2007 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

REGISTRO DE LA SENTENCIA APROBATORIA DE LA PARTICIÓN

No es impedimento que el inmueble se encuentre embargado.

EXTRACTOS: «El señor Luis Álvaro Pineda Villegas, a través de apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, instauró demanda contra la nota devolutiva de 14 de agosto de 2003 y la Resolución 000740 de 7 de noviembre de 2003, expedidas por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, zona sur, por las cuales se devuelve sin registrar un documento. [...].

Los actos acusados se abstuvieron de registrar la sentencia aprobatoria de la partición material, proferida en un proceso divisorio, por cuanto en el folio de matrícula inmobiliaria se encuentra un embargo vigente de Ferretería Artimfer contra Nelson Beltrán y coactivo de la DIAN; un ejecutivo de Herlinda Martínez Blanco contra Luis Álvaro Pineda; y porque el predio está afectado con valorización del IDU contra Jairo Sánchez y Luis Álvaro Pineda.

Dichos actos se fundamentaron en los artículos 43 de la Ley 57 de 1887 y 13 del Decreto 1604 de 1966.

El artículo 43 de la Ley 57 de 1887, prevé:

“El registrador de instrumentos públicos no registrará escritura alguna de enajenación, ni anotará escritura en que se constituya hipoteca cuando en el libro de registros de autos de embargos o en el libro de registro de demandas civiles aparezca registrado, bien el auto que ordena el embargo de la finca que se quiere enajenar o hipotecar, o bien la demanda civil de que se ha hablado”.

Ciertamente, conforme lo advierte el actor, el artículo 43 de la Ley 57 de 1887 fue indebidamente aplicado, pues esta norma claramente alude a la prohibición de registrar actos de disposición sobre un bien que se encuentra embargado, como ocurre con la venta o enajenación o la constitución de un gravamen real sobre el mismo, como ocurre con la hipoteca.

Ahora, el proceso divisorio tiene por objeto acabar con la indivisión que pesa sobre un bien que se encuentra en común y proindiviso en cabeza de varios propietarios, lo cual se puede obtener mediante dos formas: con la división material o con la venta en pública subasta (CPC, arts. 467 y 468).

La división material implica que cada comunero o condueño obtiene la cuota parte que le corresponde, debidamente delimitada e identificada. De tal manera que la sentencia aprobatoria de la partición material no supone enajenación o venta ni acto de disposición alguno sobre el bien, pues este continúa en cabeza de los distintos titulares del derecho de dominio, en la proporción en que se adquirió, solo que individualizado para cada uno e identificado por sus diferentes linderos generales y especiales.

Por estas razones el hecho de que el inmueble adquirido inicialmente por el actor y los otros condueños, en común y proindiviso, estuviere embargado, no impide el registro de la sentencia aprobatoria de la partición, máxime si en nada se afecta la medida cautelar, pues esta no puede rebasar el porcentaje que a cada condueño le corresponde en el inmueble.

Conforme se precisó en la sentencia de 2 de marzo de 2001 (exp. 6173, C.P. Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), la cuota parte que a cada comunero le corresponde es independiente y, por lo mismo, no puede resultar afectada por las obligaciones del otro. Tan cierto es ello que aún tratándose de obligaciones adquiridas en pro de la comunidad, el artículo 2325 del Código Civil es diáfano en establecer que a su pago solo es obligado el comunero que las contrajo.

Ahora, en lo que toca con la prohibición de registrar contenida en el artículo 13 del Decreto 1604 de 1966, adoptado como legislación permanente por la Ley 48 de 1967, cabe observar lo siguiente:

El artículo 13 del Decreto 1604 de 1966, establece:

“Los registradores de instrumentos públicos no podrán registrar escritura pública alguna, ni particiones y adjudicaciones en juicios de sucesión o divisorios, ni diligencias de remate, sobre inmuebles afectados por el gravamen fiscal de valorización a que se refiere el artículo anterior, hasta tanto la entidad pública que distribuyó la contribución le solicite la cancelación del registro de dicho gravamen, por haberse pagado totalmente la contribución ...”.

Para la Sala la norma en estudio debe entenderse referida a particiones o adjudicaciones, en juicios de sucesión o divisorios, cuando en virtud de las mismas haya operado un cambio de titular del derecho de dominio sobre el bien, empero no cuando, como en este caso, se dio una partición material, pues la misma no supone venta en pública subasta ni, por ende, diligencia de remate.

Y es que no cabe hacer otra interpretación, pues con la aprobación de una partición material no se afecta el pago del impuesto por valorización. Todo lo contrario, ello facilita su recaudo, pues no es lo mismo que una persona pueda pagar, por ejemplo, el 17% del valor del impuesto, como ocurre en este caso con el actor, a que, en razón de la comunidad, deba responder por el 100% para desafectar el bien y luego repetir contra los demás.

Así pues debe la Sala acceder a declarar la nulidad de los actos acusados, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia».

(Sentencia de 10 de mayo de 2007. Expediente 2004-00011. Consejero Ponente: Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).

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