Sentencia 2004-00021 de agosto 30 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente:

Carlos Alberto Zambrano Barrera

Bogotá, D.C., treinta (30) de agosto de dos mil diecisiete (2017).

Rad.: 8800-1-23-31-000-2004-00021-01 (35.303)

Actora: Carlos Alberto Merchán Robayo

Demandado: Nación – Rama Judicial y otros

Ref.: Acción de reparación directa

EXTRACTOS: «IV. CONSIDERACIONES:

Cumplido el trámite procesal correspondiente, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo actuado, decide la Sala el recurso de apelación oportunamente interpuesto por la DNE, contra la sentencia del 14 de febrero de 2008, proferida por el Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

1. Competencia.

La Sala es competente para conocer del recurso de apelación, toda vez que, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996 (Estatutaria de la Administración de Justicia) y con el auto proferido por la Sala Plena Contenciosa de esta corporación el 9 de septiembre de 2008, de las acciones de reparación directa relacionadas con el ejercicio de la administración de justicia conocen, en primera instancia, los tribunales administrativos y, en segunda instancia, el Consejo de Estado(27), sin tener en cuenta la cuantía del proceso.

Cuestiones previas

La Sala se centrará en el estudio de la responsabilidad que le pueda corresponder al municipio de Providencia y Santa Catalina Islas por el incumpliendo de las obligaciones a su cargo como único responsable del daño que se alegó en la demanda, por cuanto el recurso de apelación que formuló la DNE se contrajo a controvertir solo ese aspecto; así, no analizará el daño o la imputación del mismo en lo que guarda relación con los demás demandados, esto es, la Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación, pues en la apelación nada se dijo sobre ello.

Bajo esa perspectiva, es evidente que el recurso de apelación se encuentra limitado al aspecto indicado, por lo que se deberá resolver la impugnación en los términos previstos en el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, el cual establece:

“La apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquélla ...” (negrillas adicionales).

En este orden de ideas, resulta claro que, para el juez de segunda instancia, el marco fundamental de competencia lo constituyen las referencias conceptuales y argumentativas que se aducen y esgrimen en contra de la decisión que se adoptó en la primera instancia, por lo cual, en principio, los demás aspectos, diversos a los planteados en el recurso, se excluyen del debate en la instancia superior, toda vez que en el recurso de apelación operan tanto el principio de congruencia como el principio dispositivo. En tal sentido, la jurisprudencia ha sostenido que “las pretensiones del recurrente y su voluntad de interponer el recurso, (sic) condicionan la competencia del juez que conoce del mismo. Lo que el procesado estime lesivo de sus derechos, (sic) constituye el ámbito exclusivo sobre el cual debe resolver el ad quem ‘tantum devolutum quantum appellatum’”(28).

Por otra parte, la Sala advierte que no podrá hacer más gravosa la situación de la DNE, únicamente la podrá mejorar en el evento de que se encuentre que hay lugar a ello, de conformidad con las pruebas debidamente decretadas y practicadas en el proceso, toda vez que esa entidad tiene la calidad de apelante único.

2. Ejercicio oportuno de la acción.

De conformidad con el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, aplicable para la época de los hechos(29), la acción de reparación directa caduca al cabo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena, por causa de trabajo público o por cualquier otra causa.

Según la demanda, el daño se concretó en el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia que dio lugar la “injustificada dilación en la devolución”, “la no entrega”, “el deterioro” y “la falta de productividad” de la motonave “KAREN II” de propiedad del actor, bien que fue inmovilizado el 14 de febrero de 1997 y cuya orden de devolución al propietario se dispuso en auto del 6 de mayo de 2002, orden que, finalmente, no se materializó.

En esas condiciones, para la Sala la acción de reparación directa debía ejercerse, en los términos del numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, dentro de los dos años siguientes a la orden de devolución del bien, esto es, hasta el 7 de mayo de 2004 y como la demanda se presentó el 5 de mayo de ese mismo año, resulta claro que ello ocurrió dentro de la oportunidad legal prevista para tal fin.

3. Caso concreto y valoración probatoria.

De una lectura integral de la demanda, la Sala encuentra que el daño por el cual se pidió indemnización se concretó, básicamente, en la pérdida de la motonave “KAREN II”, de propiedad del acá actor, por cuanto no se materializó la orden de devolución dispuesta por la Fiscalía General de la Nación, ya que las entidades a cuyo cargo se encontraba el bien no lo entregaron.

El tribunal a quo accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y, en consecuencia, declaró la responsabilidad solidaria de la DNE y del municipio de Providencia y Santa Catalina Islas, para lo cual consideró que estas entidades, como destinatarias del bien objeto de incautación, desatendieron las obligaciones a su cargo, tendientes a la conservación y mantenimiento del mismo y a retornarlo a su propietario en el estado en que lo recibieron.

La DNE, en sede de apelación, solicitó que se revocara la sentencia de primera instancia, en orden a que la responsabilidad por el daño sea imputable solo al municipio de Providencia y Santa Catalina Islas, pues, en su sentir, fue éste el que desatendió las obligaciones contenidas en el acta de destinación provisional, relacionadas con los actos de conservación y mantenimiento del bien y la obligación de devolverlo en las mismas condiciones en que lo recibió.

Pues bien, con base en las pruebas recaudadas en el proceso, valoradas en su conjunto, se tiene como cierto, entre otras cosas, que:

i) El 14 de febrero de 1997, la División de Seguridad Marítima de la Armada Nacional, Comando Específico de San Andrés y Providencia(30), en desarrollo de una operación de patrullaje en el “Cayo Alburquerque”, lugar en el que se tenía noticia de que algunos narcotraficantes hacían tránsito de las sustancias ilícitas que comercializaban y en el que se hallaron paquetes cuyo contenido arrojó positivo para cocaína, inmovilizó la motonave “KAREN II”, matrícula CP-7-0561-B, luego de que la misma fue interceptada después de que realizó maniobras sospechosas en inmediaciones de ese cayo y se detectó que no tenía permiso de zarpe.

ii) En auto del 19 de febrero de 1997, la referida Fiscalía Delegada vinculó, entre otras personas, al propietario de la motonave, señor CARLOS ALBERTO MERCHÁN ROBAYO, por su posible participación en los hechos investigados(31) y, en consecuencia, ordenó su captura(32), la que se materializó ese mismo día(33).

iii) El 6 de marzo de 1997, la Fiscalía General de la Nación Regional Barranquilla, a la que le fue remitido el asunto(34), al resolver la situación jurídica del señor MERCHÁN ROBAYO, le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva, por trasgredir el Estatuto Nacional de Estupefacientes(35), medida que se revocó el 23 de octubre siguiente y, en consecuencia, se ordenó su libertad inmediata; sin embargo, continuó vinculado a la investigación, luego de que se negara la solicitud de preclusión(36).

iv) El 5 de mayo de 2000, la Fiscalía Delegada ante el Juez Penal del Circuito Especializado de San Andrés Isla, que recibió de nuevo el asunto por competencia, profirió resolución de acusación en contra, entre otras personas, del señor MERCHÁN ROBAYO como coautor del delito contra la salubridad pública, previsto en la Ley 30 de 1986(37); sin embargo, esta decisión la revocó parcialmente la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Cartagena, en providencia del 30 de mayo de 2001(38), luego de considerar que no habían pruebas suficientes para la acusación, de suerte que precluyó la investigación penal a favor del señor MERCHÁN ROBAYO.

v) El 20 de septiembre de 2001 el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de San Andrés profirió sentencia definitiva, en la que absolvió de responsabilidad penal a algunos procesados y condenó a otros.

Hasta acá resulta claro que, en relación con los hechos ocurridos el 14 de febrero de 1997 en el “Cayo Alburquerque”, se inició una investigación penal por la posible violación de la Ley 30 de 1986, en la cual, entre otras disposiciones, se ordenó la incautación de la motonave “KAREN II” y la vinculación del acá actor, CARLOS ALBERTO MERCHÁN ROBAYO, a quien se le dictó medida de aseguramiento de detención preventiva y resolución de acusación, la que fue revocada, para, en su lugar, absolverlo de responsabilidad penal.

Frente a la embarcación denominada “KAREN II, propiedad del señor CARLOS ALBERTO MERCHÁN ROBAYO, según certificado de matrícula CP7-0561-B expedido por la DIMAR(39), el material probatorio también reveló que:

i) Desde 1996, dicha embarcación contaba con autorización de la Capitanía de Puerto de San Andrés Islas para la prestación de servicios turísticos acuáticos(40) y, conforme a los certificados de inspección anual emitidos por la DIMAR en marzo de 1996 y 1997(41), satisfacía los reglamentos de navegabilidad y se encontraba en óptimas condiciones de operación y de seguridad.

ii) En desarrollo de un operativo adelantado por la Armada Nacional el 14 de febrero de 1997, en inmediaciones del “Cayo Alburquerque”, la embarcación fue interceptada, inmovilizada y puesta a órdenes de la Fiscalía Delgada ante los Jueces Regionales de San Andrés(42), autoridad que, en oficio 089 del 22 de febrero de 1997, la dejó a disposición de la DNE, luego de que se iniciara una investigación penal por la posible infracción de la Ley 30 de 1986 o Estatuto Nacional de Estupefacientes(43).

iii) La DNE, a través de Resolución 0543 del 8 de abril de 1997, destinó en forma provisional la motonave “KAREN II” a la alcaldía de Providencia, para que ésta, en calidad de destinataria, asumiera las veces de “secuestre judicial del bien”. En la decisión, la DNE dispuso que “los actos de conservación y funcionamiento” de la motonave estarían a cargo de la destinataria, la cual debía devolverla “en el estado en que la recibió, salvo el deterioro por su uso normal”(44).

iv) Mediante acta 023 del 15 de mayo de 1997, la estación de guardacostas de San Andrés hizo entrega material de la motonave a la Secretaría de Gobierno de la alcaldía de Providencia, con dos motores YAMAHA, 1 compás magnético, 2 mandos remotos, 1 timón, 1 una boya de buceo y 3 tanques de combustible, entre otros elementos(45).

v) Proferida la sentencia penal del 20 de septiembre de 2001, que dio por concluido el proceso penal, el señor MERCHÁN ROBAYO solicitó al Juzgado Único del Circuito Especializado de San Andrés la entrega definitiva la motonave “KAREN II” y de los elementos a bordo(46); sin embargo, el referido Juzgado, en oficio del 8 de enero de 2002, le informó que debía acudir a la Fiscalía instructora, pues, cuando dicha autoridad revocó la resolución de acusación, nada dijo en relación con la devolución de la motonave a su propietario.

vi) El 6 de mayo de 2002(47), la Fiscalía Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializados de San Andrés, en atención a la solicitud elevada por el señor MERCHÁN ROBAYO, señaló (se transcribe tal como obra en la foliatura):

“Figura en la foliatura referenciada que la motonave en cita fue inmovilizada porque no tenía zarpe, pero no dice nada el expediente que durante su inmovilización, le fuera encontrado algo que indicara que su propietario tenía vínculos con la dropa incautada, es más éste no se hallaba en ella, ni tampoco la administraba.

“Vistas así las cosas, toda vez que lo principal (resolución acusatoria) fue revocada parcialmente, también como consecuencia es lo accesorio, y con las pruebas tenidas en cuenta por el ad quem, para precluir a favor del hoy peticionario, confluyen las mismas para con el bien afecto a esta investigación, por lo que ordenará su entrega de manera definitiva de la motonave denominada KAREN II, de matrícula CP7-0561-B, a su propietario CARLOS ALBERTO MERCHAN ROBAYO”(48).

La decisión anterior fue comunicada a la DNE, en oficio 225 del 16 de mayo de 2002, y a la Capitanía de Puerto de San Andrés, en oficio 226 del mismo día.

vii) Recibida la comunicación, la DNE, mediante Resolución 0585 del 20 de junio de 2002, con el fin de dar cumplimiento a la orden de entrega dispuesta por la Fiscalía, revocó la Resolución 0543 del 8 de abril de 1997, por medio de la cual destinó provisionalmente la lancha “KAREN II” al servicio de la alcaldía de Providencia y, en consecuencia, ordenó al ente territorial que procediera a la entrega material del bien a su propietario(49).

viii) El 21 de noviembre de 2002(50), la alcaldía municipal de Providencia y Santa Catalina Islas le informó a la DNE que no había podido entregar la motonave, por cuanto desconocía cuáles eran los bienes existentes en la pasada administración, ya que esa administración no hizo empalme alguno.

Señaló que, dentro de sus archivos, halló un “contrato de comodato” suscrito con ASOPESCA el 10 de agosto de 2000, en virtud del cual el municipio le hizo entrega de la lancha, sin que se conociera de su estado de conservación, para el momento en que se presentaba esa información.

ix) En comunicación del 3 de septiembre de 2003, dirigida al señor MERCHÁN ROBAYO, la alcaldía municipal de Providencia y Santa Catalina Islas señaló, “... me perito invitarlo a Providencia el día lunes 8 de septiembre ... con el fin de recibir y verificar las condiciones en las cuales la Asociación de Pescadores de Providencia hace entrega de la lancha Karen II”.

x) El 9 de septiembre de 2003, la alcaldía municipal de Providencia y Santa Catalina Islas informó a la Dirección de Bienes de la DNE que recibió de ASOPESCA la lancha “KAREN II” en las siguientes condiciones:

“Lancha color azul con franja blanca en la borda, pintura deteriorada, sin timón, sin motores, sin equipos de ninguna especie, oxidados los amarres de la popa, como también la tapa de la cava de la proa”(51).

xi) El 10 de septiembre de 2003(52) la DNE, en documento dirigido a la Secretaría de Gobierno de Providencia y Santa Catalina, manifestó su “extrañeza” por el estado de deterioro en que se encontraba la embarcación, por cuanto, en 1997, se le había entregado “en buen estado de conservación y con todos sus elementos”. Le indicó que, en virtud del acto de destinación, la entidad territorial, como secuestre judicial, debía velar por el estado de conservación y funcionamiento de la motonave, de suerte que la instó a adelantar las gestiones pertinentes a fin de proceder a la entrega de la lancha a su propietario, en las mismas condiciones en que las recibió ese municipio y, además, le dijo que dicha entrega debía darse en San Andrés, lugar en donde se le entregó, lo que finalmente no se hizo.

En efecto, según las declaraciones rendidas en el proceso administrativo, a la fecha de las diligencias de recepción de testimonio (febrero de 2005) “... no se a (sic) hecho entrega de la Motonave Karen II al señor CARLOS ALBERTO MERCHAN ROBAYO”(53) y “... las autoridades no han hecho entrega de la motonave”(54).

A lo anterior se agrega que las demandadas durante el recorrido procesal afirmaron que esa entrega no se llevó a cabo.

xii) El 17 de marzo de 2004, la DIMAR autorizó a la Capitanía de Puerto de San Andrés la cancelación de la matrícula CP-07-0561-B, de la motonave “KAREN II”, en aplicación del artículo 1457 del Código de Comercio, conforme al cual procede dicha medida cuando “... se haya establecido plenamente la desaparición no justificada de la nave, por haber transcurrido seis (6) meses a partir de la fecha del último zarpe de puerto colombiano, sin que se tenga noticia alguna de ella”(55).

Es posible colegir, a partir de lo anterior, que la motonave KAREN II, propiedad del actor CARLOS ALBERTO MERCHÁN ROBAYO, operó en óptimas condiciones de seguridad y navegabilidad, como prestador de servicios turísticos en la Isla de San Andrés, hasta el 14 febrero de 1997, cuando fue incautada y puesta a disposición de la DNE, por estar posiblemente involucrada en hechos violatorios de la Ley 30 de 1986.

Luego de la incautación, la motonave nunca retornó a su propietario, pese a la orden de entrega definitiva emitida por la Fiscalía General de la Nación el 6 de mayo de 2002, pues ASOPESCA, entidad a la que le fue cedida en comodato celebrado con el municipio de Providencia, la devolvió al municipio inservible, esto es, sin motores, sin timón y sin equipos de ninguna especie y nada se hizo (al menos, de eso no hay prueba) para que retornara a su propietario, ni siquiera en las condiciones en que se encontraba; incluso, ante la falta de navegabilidad por la inutilidad, su matrícula fue cancelada por la autoridad marítima de San Andrés.

Ahora, según los dichos del apelante, esa pérdida de la motonave es imputable, como único determinador, al municipio de Providencia y Santa Catalina Islas, pues, en virtud del acto de destinación provisional 0543 del 8 de abril de 1997, se le entregó la tenencia del bien incautado, de manera que, como depositario del mismo, debía velar por su estado de conservación y devolverlo en las mismas condiciones en las que lo recibió.

Sobre el particular, resulta oportuno precisar que, para cuando se profirió el aludido acto de destinación provisional (7 de abril de 1997) el decreto 494 de 1990(56), por el cual se creó la DNE, disponía que, como objetivo fundamental, esa entidad debía determinar “La correcta disposición de los bienes ocupados o decomisados por su directa o indirecta vinculación con los delitos de narcotráfico y conexos” y ejecutar los trámites necesarios para destinarlos, de manera provisional, a las entidades oficiales, sin desconocer la función de “supervisar la utilización de los bienes por parte de los destinatarios provisionales o depositarios”.

Por su parte, el decreto 2790 de 1990, señalaba(57) que, en virtud del acto de destinación provisional, las entidades depositarias de los bienes objeto de incautación estaban sujetas a todas las obligaciones, deberes y responsabilidades previstas para los secuestres judiciales y obligadas a rendir cuentas mensualmente de su gestión a la DNE, la cual podía relevarlas de esa función por manejos irregulares o inadecuados.

Ahora, según el Código Civil, “El secuestro es el depósito de una cosa que se disputan dos o más individuos, en manos de otro que debe restituir al que obtenga una decisión a su favor”, siendo el depositario quien sea designado secuestre de la cosa (art. 2273); además, como “Las reglas del secuestro son las mismas que las del depósito propiamente dicho (art. 2274), el secuestre, en calidad de depositario de la cosa, deberá guardarla, lo que implica ejercer actos de conservación, y restituirla en las mismas condiciones en que las recibió cuando se le confió (art. 2253).

Teniendo en cuenta el anterior marco normativo, es posible concluir que el municipio de Providencia y Santa Catalina Islas, en virtud de la Resolución 0543 del 8 de abril de 1997 de la DNE, fungía como depositario provisional del bien incautado y, en consecuencia, debía asumir las cargas y responsabilidades como secuestre de la cosa, lo que lo obligaba a ejercer, como se dijo en precedencia, actos de conservación frente a la misma, pues debía devolverla como la recibió.

Sin embargo, en claro desconocimiento de la carga obligacional que le asistía, el municipio se desentendió del bien, pues es evidente que, cuando la DNE lo requirió para que lo entregara a su propietario, desconocía su existencia, por lo que entonces le fue imposible cumplir con el requerimiento. Luego, cuando lo ubicó en manos de ASOPESCA, en virtud del contrato de comodato suscrito con la administración municipal anterior, el bien incautado se encontraba inservible, por su estado de deterioro.

Nótese cómo la entidad territorial no sabía nada en relación con el bien y, luego de que lo halló, tardó casi un año en recuperarlo, tiempo que transcurrió desde el momento en que fue requerida por la DNE (noviembre de 2002) y la fecha en que, finalmente, lo recibió de ASOPESCA (septiembre de 2003), con lo cual resulta evidente que no ejerció los actos de conservación que le eran exigibles.

Siendo así las cosas, el daño, consistente en la pérdida de la motonave, devino como consecuencia de la conducta omisiva del ente territorial, razón por la cual, como lo consideró el a quo, su responsabilidad resultó comprometida.

Pese a ello, no puede la DNE relevarse de responsabilidad frente al daño, pues la Sala tiene por establecido que esta entidad también incurrió en desconocimiento de cargas obligaciones que, en virtud de la ley, le eran exigibles igualmente a ella.

En efecto, era su función principal “supervisar la utilización de los bienes por parte del depositario”, lo que implicaba que debía vigilar que la motonave estuviera siendo utilizada debidamente por el municipio de Providencia, depositario de la misma; sin embargo, luego de que profirió el acto de destinación provisional no ejecutó acción alguna, o al menos de eso no hay prueba en el plenario, tendiente a establecer cómo o en qué condiciones se encontraba la motonave, supervisión que hubiera permitido detectar a tiempo las circunstancias irregulares que llevaron a que el bien, finalmente, quedara inservible, por el estado de deterioro en el que se encontraba.

De hecho, ni siquiera exigió (al menos de ello no hay prueba) las cuentas mensuales que el depositario debía rendir, exigencia que hubiera evitado manejos irregulares o inadecuados del bien y, de paso, hubiera dado lugar a aplicar la prerrogativa que la misma ley otorgaba, tendiente a relevar al depositario, por el incumplimiento de sus deberes como tal.

Es evidente que sólo cuando se requirió a la DNE para que devolviera la motonave esta entidad advirtió “con extrañeza” el estado en que se encontraba el bien en manos de su depositario (el municipio de Providencia), es decir, después de casi cinco años de que fuera destinada de manera provisional al municipio (abril de 1997) la DNE detectó las irregularidades que se presentaron con la motonave (comunicación de septiembre de 2003), momento para el cual ésta ya había perdido su utilidad y funcionamiento.

Lo anterior pone de presente que no cumplió sus deberes de vigilancia en relación con el bien objeto de incautación y no supervisó la función del depositario, en orden a relevarlo por sus manejos irregulares o inadecuados.

Por todo lo dicho en precedencia, la Sala comparte la decisión del tribunal a quo de declarar la responsabilidad solidaria de la DNE y del municipio de Providencia y Santas Catalina Islas, por el deterioro del bien objeto de decomiso, por cuanto, como se evidenció, ambos incumplieron las obligaciones, deberes y responsabilidades respecto al cuidado, la custodia, la vigilancia y el mantenimiento del bien, el cual, por su estado de deterioro, no pudo ser devuelto a su propietario.

En este orden de ideas, como las entidades condenadas contribuyeron a la materialización del daño en igual proporción, se confirmará la decisión del a quo que condenó de manera solidaria a la DNE y del municipio de Providencia y Santa Catalina Islas; sin embargo, la sentencia será modificada en su parte resolutiva, en orden a que sea el sucesor procesal de la extinta DNE, la Sociedad de Activos Especiales SAS, SAE, entidad objeto de la declaración de responsabilidad y, en consecuencia, el sujeto de la condena.

Actualización de la condena impuesta en primera instancia. 

Como quiera que el a quo condenó al pago de una cantidad líquida de dinero, por concepto de perjuicio material, lo procedente, en virtud de lo dispuesto en el artículo 178 del Código Contencioso Administrativo, es actualizar tal condena, aplicando la fórmula matemática empleada para ello por esta corporación:

Ra = Rh índice final / Índice inicial

Donde (Ra) es igual a la renta histórica, esto es, la suma reconocida por el tribunal de primera instancia, es decir, $ 38’391.671.oo(58) multiplicada por la cifra que resulte de dividir el índice de precios al consumidor del mes anterior a esta sentencia por el índice de precios al consumidor vigente en el mes en que se profirió la sentencia de primera instancia.

Índice final – julio /2017 (137.80)

Ra = $ 38’391.671.oo ---------------------------------------------------- = $ 55’530.306,12

Índice inicial – febrero/2008 (95.27)

Condena en costas. 

En consideración a que no se evidencia temeridad, ni mala fe en la actuación procesal de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo establecido en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

a) MODIFÍCANSE los ordinales segundo, tercero, cuarto y quinto de la sentencia del 14 de febrero de 2008, proferida por el Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, los cuales quedarán así:

SEGUNDO: DECLÁRANSE NO PROBADAS las excepciones planteadas por la Fiscalía General de la Nación y la Sociedad de Activos Especiales SAS, SAE.

TERCERO: DECLARÁNSE solidariamente responsables a la Sociedad de Activos Especiales SAS, SAE, y al municipio de Providencia y Santa Catalina Islas, de los perjuicios causados al demandante CARLOS ALBERTO MERCHÁN ROBAYO, como consecuencia de la inejecución de la orden judicial de devolución de la motonave “Karen II”, de matrícula CP7- 0561–B, que le fuera inmovilizada el 14 de febrero de 1997 por la Fiscalía Delegada ante los Jueces Penales del Circuito y puesta a disposición de la Dirección Nacional de Estupefacientes, que la destinó al municipio de Providencia.

CUARTO: CONDÉNASE a la Sociedad de Activos Especiales SAS, SAE, y al municipio de Providencia y Santa Catalina Islas, a pagar solidariamente al señor CARLOS ALBERTO MERCHÁN ROBAYO, por concepto de perjuicios materiales, a título de daño emergente y lucro cesante, la suma de $ 55’530.306,12.

QUINTO: Entre los responsables solidarios, la Sociedad de Activos Especiales SAS, SAE, y el municipio de Providencia y Santa Catalina Islas, si alguno de ellos paga la indemnización total al demandante CARLOS ALBERTO MERCHÁN ROBAYO, podrá ejecutar al otro por el 50% del valor al que haya ascendido en definitiva la indemnización aquí dispuesta. Se causan a favor del que pague por el otro, intereses comerciales moratorios desde el día siguiente del pago del mismo”.

b) CONFÍRMASE en lo demás la sentencia del 14 de febrero de 2008, proferida por el Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

c) ABSTIÉNESE de condenar en costas.

d) Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen, para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Consejeros: Marta Nubia Velásquez Rico—Carlos Alberto Zambrano Barrera».

27 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto de 9 de septiembre de 2008, Exp. 2008 00009.

28 Al respecto, ver por ejemplo, sentencia de la Corte Constitucional C-583 de 1997.

29 Ley 446 de 1998 del 7 de julio de 1998.

30 Fl. 1, cdno. 9.

31 Fl. 106, cdno. 9.

32 Fl. 109, cdno. 9.

33 Fl. 148, cdno. 9.

34 Fl. 238, cdno. 9.

35 Fl. 298, cdno. 9

36 Fl. 87 y ss., cdno. 12.

37 Fl. 56 y ss., cdno. 13.

38 Fl. 9 y ss., cdno. 5.

39 Fl. 285, cdno. 1.

40 Fl. 295, cdno. 1.

41 Fls. 302 y 303, cdno. 1.

42 Fl. 14, cdno. 9.

43 Fl. 196, cdno. 1.

44 Fl. 196, cdno. 1.

45 Fl. 212, cdno. 1.

46 Fl. 65, cdno. 7.

47 Fl. 33, cdno. 1.

48 Fl. 36, cdno. 1.

49 Fl. 219, cdno. 1.

50 Fl. 229 y ss., cdno. 1.

51 Fl. 235, cdno. 1.

52 Fl. 233, cdno. 1.

53 Fl. 265, cdno. 1. Declaración del señor JAIME HERRERA ARIAS, propietario de una motonave y quien prestaba, conjuntamente con el señor MERCHÁN ROBAYO, servicios turísticos en la ciudad de San Andrés Isla.

54 Fl. 266, cdno. 1. Declaración del señor ALEXANDER GONZÁLEZ HERRERA, propietario de una motonave y quien prestaba, conjuntamente con el señor MERCHÁN ROBAYO, servicios turísticos en la ciudad de San Andrés Isla.

55 Fl. 322, cdno. 1.

56 ART. 3º—La Dirección Nacional de Estupefacientes tendrá como objetivo fundamental determinar y ejecutar los procedimientos administrativos requeridos para los siguientes fines: 

“(...)

“3. La correcta disposición de los bienes ocupados o decomisados por su directa o indirecta vinculación con los delitos de narcotráfico y conexos ...

“4. Cumplir los trámites necesarios para que la destinación provisional, por parte del Consejo Nacional de Estupefacientes, de los bienes decomisados u ocupados, sea realmente efectiva. 

“5. Supervisar la utilización de los bienes por parte de los destinatarios provisionales o depositarios. 

“6. Colaborar con las autoridades judiciales en el cumplimiento de las órdenes de devolución o de destinación definitiva de los bienes”.

57 ART. 55.—Los demás bienes muebles o inmuebles, efectos dineros, acciones, divisas, derechos o beneficios de cualquier naturaleza vinculados directa o indirectamente con los delitos de competencia de la Jurisdicción de Orden Público como objeto de los mismos, o que hayan sido utilizados para su comisión, o que provengan de ésta, serán ocupados o incautados por las Unidades Investigativas de Orden Público o por las de Policía Judicial Ordinaria y colocados a disposición o a la orden de la Dirección Nacional de Estupefacientes dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes, junto con la copia de acta a que se refiere el parágrafo del artículo 53. Esta, por medio de resolución podrá destinarlos provisionalmente, así como su producto, al servicio de las direcciones nacional de instrucción criminal y de Carrera Judicial, y al de las entidades señaladas en el Decreto 2390 de 1989 en la forma y términos dispuestos en él, los decretos 1856 de 1989, 042 de 1990 y 1273 del mismo año, en concordancia con las normas de la Ley 30 de 1986, en cuanto éstas no se opongan a aquéllos. En ningún caso los bienes podrán ser asignados a la entidad a la cual pertenezca la Unidad Investigativa de Orden Público que adelanta las preliminares. También podrá asignarlas al Fondo Rotatorio de Prevención, Represión y Rehabilitación del Consejo Nacional de Estupefacientes, previa autorización de esta corporación”.

“En la resolución de asignación provisional que dicte la Dirección se dispondrá que la entidad beneficiaria designe un depositario para cada caso. Este una vez posesionado, tendrá todos los derechos, atribuciones y facultades, y estará sujeto a todas las obligaciones, deberes y responsabilidades, que para los secuestres judiciales determinan las leyes, debiendo rendir cuenta mensual de su administración a la Dirección Nacional de Estupefacientes, la cual podrá solicitar su relevo cuando lo estime necesario, con base en posibles manejos irregulares o inadecuados. Este organismo comunicará a las autoridades encargadas de llevar registro de los bienes, la destinación provisional”. 

58 Fl. 600, cdno. ppal.