Sentencia 2004-00058 de diciembre 14 de 2012

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Magistrado Ponente:

Dr. Ariel Salazar Ramírez

Ref. Expediente 05088-31-03-002-2004-00058-01

Discutido y aprobado en sesión de 13 de noviembre de 2012.

Bogotá, D.C., catorce de diciembre de dos mil doce.

Decide la Corte los recursos extraordinarios de casación que interpusieron la demandada y la denunciada en el pleito, contra la sentencia proferida el ocho de abril de dos mil diez por el tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, dentro del proceso ordinario de la referencia.

I. Antecedentes

A. La pretensión

Blanca Nubia, Emilce, Balmored, Norela del Socorro, e Iván de Jesús Tobón Osorio, solicitaron de la jurisdicción que, con citación y audiencia de la sociedad comercial “Constructora Florida Verde Limitada”, a quien convocaron en calidad de accionada, se declare que les pertenece el dominio pleno y absoluto del inmueble que se identificó en el libelo.

Pretendieron, en consecuencia, se ordene la restitución material del referido bien más el precio de los frutos que hubiere podido producir o, en su defecto, el pago de su valor comercial (fl. 116, cdno. 1).

B. Los hechos

1. Los demandantes adquirieron, por sucesión, el predio localizado en el paraje El Rincón del municipio de Bello, con una extensión aproximada de 9.000 m2, identificado con el folio de matrícula inmobiliaria número 01N-103128 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Medellín, cuyos linderos se especificaron en la demanda.

2. La sociedad “Los Centauros S.A.” era propietaria de dos lotes contiguos, denominados “Lote A” y “Lote B”, a los que corresponden los certificados de libertad y tradición número 01N-02600361 y 01N-02603060, respectivamente; con un área de 11.471,7 m2 el primero, y 24.000 m2 el segundo, para un área total de 35.471,7 m2.

3. La mencionada sociedad englobó los dos lotes mediante escritura pública número 6706 de 27 de octubre de 1987, otorgada en la Notaría 12 de Medellín, y registrada con el certificado inmobiliario número 01N-5000980.

4. En la elaboración del englobe se aumentó el área de los lotes a 153.741 m2, es decir 118.269 m2 más de su superficie real.

5. La sociedad “Los Centauros” enajenó el inmueble englobado, esto es el que se distingue con el folio número 01N-5000980, a la sociedad “Urbanorte Ltda”.

6. Esta última realizó un reloteo, del cual segregó el predio identificado con el folio de matrícula número 01N-5160645, cuya área resultante fue de 27.138,35 m2.

7. El referido bien fue dado en pago a la Corporación Nacional de Ahorro y Vivienda Conavi mediante escritura pública número 1373 29 de abril de 1999 de la Notaría 11 de Medellín.

8. Ese terreno, a su vez, fue dividido en dos fracciones, a saber: Lote de primera etapa, con un área de 14.336,61 m2, identificado con el folio de matrícula número 01N-5203887; y Lote de segunda etapa, con una superficie de 12.081,74 m2, reconocido con el citado documento público número 01N-520888.

9. El Lote de Primera Etapa, al que corresponde el folio de matrícula número 01N-5203887 fue enajenado por Conavi a la sociedad “Constructora Florida Verde Ltda”, por medio de la escritura pública número 1551 de 22 de mayo de 2002, otorgada en la Notaría 18 de Medellín.

10. Dentro de este lote se encuentra la franja de terreno de propiedad de los actores, por el hilo norte, en un área de 4.300 m2, la cual es objeto de la reivindicación.

11. Los demandantes siempre habían estado en posesión de todo el terreno, hasta aproximadamente 11 meses antes de la presentación de la demanda, fecha en la que la demandada cercó el inmueble que es de propiedad de los primeros en una extensión de 4.300 m2.

12. La sociedad “Constructora Florida Verde Ltda” construyó la Urbanización Florida Verde sobre el lote que es propiedad de los demandantes, por lo que éstos se encuentran privados de ejercer su posesión sobre el 100% del mismo.

C. El trámite de la primera instancia.

1. El 16 de marzo de 2004 se admitió la demanda; se ordenó su notificación y traslado a la contraparte; y se dispuso su inscripción en el folio de matrícula inmobiliaria número 01N-5203887 (fl. 126).

2. Al contestar el libelo, la sociedad convocada se opuso a las pretensiones y formuló las excepciones que denominó “falta de identidad entre el bien de propiedad de los demandantes y el bien que fue de propiedad y posesión de la sociedad Constructora Florida Verde Ltda.”; “ilegitimidad en la causa por parte del extremo pasivo”; y “buena fe de la sociedad demandada” (fl. 188).

3. En escrito separado, denunció el pleito frente a Conavi Banco Comercial y de Ahorros S.A.

4. La denunciada, a su turno, se opuso al petitum y propuso las mismas defensas de la demandada, así como las de “falta de determinación del bien de propiedad de los demandantes y el cual es objeto de reivindicación”; “prescripción extintiva”; “inoponibilidad”; “falta de causa y objeto para pedir”; “temeridad y mala fe”; “inexistencia de la obligación que pretende el demandante”; “improcedibilidad de la acción”; y la genérica (fls. 82 y ss., cdno. 2).

5. En memorial aparte, esta última, a su vez, denunció en el pleito a la sociedad “Urbanorte Ltda. En Liquidación”.

6. El 29 de julio de 2009 se dictó el fallo de primer grado que tuvo por no probadas las excepciones propuestas por la contradictora y por la denunciada en el pleito.

Asimismo, desestimó la objeción por error grave que se interpuso contra el dictamen pericial, por considerar que entre éste y el que se rindió para acreditar el reparo que se hizo a aquél, no había diferencias muy apreciables, y porque, además, la segunda experticia no demostró los supuestos errores en que incurrió el primero; por lo que éste conserva su fuerza probatoria.

En consecuencia, declaró que los pretensores tienen el derecho de dominio pleno y absoluto sobre el lote de terreno ubicado en la Urbanización Florida Verde, localizado en el paraje El Rincón del municipio de Bello, en una porción de 5.900,45 m2, que corresponde al 62,27% del área total del inmueble que es de 9.476,60 m2 (fl. 364).

En tal virtud, ordenó a la opositora restituir el referido bien a los demandantes. Mas como en el predio se construyeron viviendas que actualmente se encuentran en poder de terceros, se dispuso, como equivalente, el pago de $418’455.370,70.

De igual modo, se condenó a la sociedad convocada a pagar los frutos que produjo el lote desde junio de 2004, en cuantía de $1’479.547 mensuales.

Los efectos de la sentencia se trasladaron a Conavi Banco Comercial y de Ahorros S.A., en su condición de denunciada en el pleito por la contradictora.

7. La anterior determinación fue apelada tanto por la demandada como por la denunciada en el pleito.

D. La decisión de segunda instancia.

El 8 de abril de 2010 se profirió sentencia de segunda instancia que modificó la providencia impugnada en el sentido de declarar probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, respecto de la contendora “Constructora Florida Verde”, únicamente en cuanto a la pretensión principal de ordenar la restitución material del inmueble, toda vez que esta no es su actual poseedora.

En su lugar, condenó a la demandada y a las denunciadas en el pleito “Conavi Banco Comercial y de Ahorro S.A.” y “Urbanorte Ltda.”, a pagar el equivalente en dinero del inmueble que fue objeto de la controversia, toda vez que resulta imposible su restitución material.

En lo que dice relación a la objeción del dictamen pericial, sostuvo que el mismo fue realizado por persona experta; sus fundamentos se mostraron firmes, precisos y de calidad; y sus conclusiones se caracterizaron por ser coherentes y razonables. En contraste, la experticia que se presentó como prueba del reparo careció de rigor demostrativo; no estuvo bien sustentada; y se caracterizó por su imprecisión. Por esas razones confirmó la decisión del juez de primer grado en el sentido de negar el reproche por error grave.

Por cuanto en el libelo solo se solicitó la reivindicación de 4.300 m2, en tanto que en el fallo de primer grado se reconoció un área mayor (5.900 m2), se ordenó la reducción de la condena al valor del terreno solicitado, esto es la suma de $304’952.680, con el fin de no incurrir en un yerro por falta de consonancia. Esa suma, agregó, deberá ser debidamente actualizada con base en la variación del Índice de Precios al Consumidor, desde julio de 2008 (época del dictamen) hasta el momento del pago (fl. 104, cdno. tribunal).

Con relación al reconocimiento de los frutos, el tribunal consideró que la inferencia que realizó el a quo no consultó la realidad, por cuanto “el inmueble objeto de la reivindicación era un terreno sin vocación de producción alguna y que no estaba destinado a la consecución de renta”. En razón de ello, revocó la orden de pagar ese rubro.

Finalmente, en lo que atañe a las denunciadas en el pleito, indicó que Conavi debe pagar el precio de la condena a la accionada; mientras que Urbanorte, a su vez, deberá hacerlo a Conavi (fl. 107, cdno. tribunal).

II. Las demandas de casación

Tanto la demandada como la denunciada en el pleito por aquélla (hoy Bancolombia) presentaron sendos escritos para sustentar sus respectivos recursos extraordinarios, cuyos cargos serán resueltos, de manera conjunta, inicialmente los dos primeros de ambas demandas, y, posteriormente, y en la misma forma, los cargos restantes.

Primer cargo de Constructora Florida Verde

Con fundamento en la causal primera establecida en el artículo 368 del ordenamiento adjetivo, denunció el fallo de segunda instancia por violación indirecta de los artículos 948, 950, 952 y 955 del Código Civil, como consecuencia de error de hecho en la valoración de las siguientes pruebas: i) la demanda; ii) el folio de matrícula 01N-103128; iii) el trabajo de partición de la sucesión de María Sofía Osorio de Tobón; iv) la certificación expedida por el Departamento de Planeación del Municipio de Bello; v) las escrituras que se allegaron con el escrito incoativo; vi) el expediente de la querella policiva; vii) el dictamen pericial rendido dentro del proceso; viii) el dictamen que se practicó como prueba de la objeción por error grave; ix) los interrogatorios de parte; y x) la inspección judicial.

En desarrollo del cargo manifestó que el tribunal erró al tener por demostrada la identidad del inmueble, cuando las demás pruebas que obran en el proceso indican lo contrario, pues el bien que se describe en el libelo se encuentra ubicado en el paraje “El Rincón”, mientras que el que fue materia de la reivindicación se sitúa en el paraje “La Antigua”, en tanto que una de las declarantes afirmó que se halla en “Potreritos”.

Seguidamente transcribió los linderos que se describieron en el documento genitor y los comparó con los que figuran en el folio de matrícula número 01N-103128; con los que se señalaron en el trabajo de partición de la sucesión de María Sofía Osorio Tobón; con los que indicó Blanca Nubia Tobón en su declaración; y con los que aparecen en la certificación del Departamento Administrativo de Planeación de Antioquia, para concluir a partir de todos esos elementos que no existe identidad procesal ni material respecto del predio de la opositora.

Agregó que en el instrumento público 1444 de 1953 no aparece el área del lote, pero en él consta que se encuentra situado en el paraje “La Antigua”, lo que también figura en las demás escrituras allegadas al expediente.

Mencionó que en el dictamen pericial rendido dentro de una querella policiva promovida por Conavi se pudo establecer que el lote no linda con la acequia sino con la quebrada “La Abelina”, y que ningún crédito se dio a los documentos presentados por los querellados.

De igual modo señaló que en la inspección judicial que se practicó dentro del proceso se dejó consignado que no se pudo identificar el inmueble tal como se indicó en la primera pretensión de la demanda, pues no se encontró la acequia o zanjón ni la servidumbre; en tanto que en la experticia rendida como prueba de la objeción consta que no se pudo ubicar con precisión el área del litigio o los linderos y ubicación real del predio de mayor extensión ni de los lotes en que éste fue segregado.

Aseveró que tanto el interrogatorio que rindió Iván de Jesús Tobón Osorio, como la querella policiva antes mencionada y la misma demanda, demuestran la falta de identidad del inmueble que poseen los demandados.

Más adelante afirmó que el tribunal cercenó las pruebas para dar crédito a un dictamen que admitió que los linderos del predio no fueron encontrados; que partió de un punto no correspondiente con los límites del lote; y que no tuvo en cuenta la red geodésica nacional, ni la metropolitana, ni la del municipio de Bello.

Por último, manifestó que las restantes pruebas del proceso demuestran que no existe identidad en el bien a reivindicar y que si el ad quem no hubiera incurrido en el yerro denunciado, habría dictado una sentencia absolutoria.

Primer cargo de Bancolombia S.A.

Con apoyo en la causal primera de casación, denunció la violación indirecta de los artículos 948, 950, 952 y 955 del Código Civil, por error de hecho en la valoración de las pruebas.

En sustento de la acusación, manifestó que el ad quem sostuvo que el inmueble a reivindicar estaba incluido en el predio de la contradictora, contrario a lo que demuestran las siguientes pruebas: i) el folio de matrícula inmobiliaria número 01N-103128; ii) las escrituras públicas que se anexaron con la demanda; iii) la querella policiva iniciada por Conavi; iv) el dictamen pericial rendido dentro del trámite de la querella policiva; v) la inspección judicial que se practicó dentro del proceso; vi) la certificación de Planeación de Antioquia; vii) el dictamen pericial rendido dentro del proceso y, viii) los interrogatorios de parte de los actores.

En criterio del recurrente, el error del tribunal se acredita al efectuar las siguientes comparaciones:

a. De la demanda y el folio de matrícula 01N-103128 frente a las escrituras que reposan en el proceso, pues los primeros documentos indican que el inmueble está ubicado en el paraje “El Rincón”, mientras que las segundas señalan que se localiza en el paraje “La Antigua”.

b. Los interrogatorios de Norela del Socorro y Blanca Nubia Tobón frente al libelo, el folio antes citado y las referidas escrituras, pues mientras que las dos primeras declararon que el inmueble se encuentra en “Potreritos”, el folio acredita que está en el “Rincón”, y las escrituras señalan que se sitúa en la “Antigua”.

c. El escrito genitor indica que el área del bien es de 900 m2, en tanto que Planeación de Antioquia certificó que es de 850 m2.

d. El dictamen que se rindió dentro del trámite de la querella policiva constató que el inmueble no lindaba con la acequia; y a pesar de la claridad de lo anterior, el fallador consideró que sí había identidad en el predio.

e. El dictamen pericial practicado como prueba de la objeción señaló que no existían elementos de juicio suficientes que acreditaran la coincidencia del bien.

f. La inspección judicial no logró establecer el área y los linderos del inmueble en la forma que se precisó en la pretensión primera.

g. En su declaración, Iván de Jesús Tobón Osorio afirmó que fue poseedor del inmueble hasta el año 2002. Luego, si se demostró que fue Conavi quien siempre tuvo esa posesión, entonces es evidente que se trataba de bienes diferentes.

h. En el libelo se afirmó que los accionantes poseyeron el inmueble hasta marzo de 2003, mientras que en el trámite policivo se corroboró que aquéllos no eran poseedores del lote que se pretende reivindicar. Luego, es ostensible que se trata de bienes distintos.

Para concluir su argumentación, expresó que de no haber sido porque el ad quem estableció que el dictamen fue prueba suficiente para acreditar la identidad del inmueble a pesar de que todas las demás demuestran lo contrario, habría desestimado las pretensiones de la demanda.

Consideraciones

A partir de las acusaciones que se acaban de compendiar, es claro que los dos cargos imputaron al tribunal la comisión de los mismos yerros fácticos con sustento en argumentaciones similares, lo que amerita su despacho conjunto, como antes se había anunciado.

1. Si bien es cierto que el ad quem en su fallo no se refirió de modo explícito a todas las pruebas que mencionaron los recurrentes, ello no significa que las conclusiones a las que llegó hayan sido contrarias a lo que esos medios señalan. De hecho, si el censor no logra demostrar que la valoración de tales elementos conduce, de modo necesario, a una deducción distinta de la que fuera sostenida por el fallador, entonces no podrá admitirse la existencia del error de hecho que se le enrostra.

Frente a ese punto esta corporación ha sostenido:

“...la mera circunstancia de que en un fallo no se cite determinada prueba o parte del contenido de la misma, no implica error manifiesto de hecho, a menos que de haber apreciado el ad quem tal medio de convicción, la conclusión del pronunciamiento ciertamente hubiere tenido que ser distinta a la adoptada por el fallador”(1).

En los cargos que se analizan, es evidente que ninguno de ellos confrontó la sentencia impugnada con el contenido de las pruebas respecto de las cuales se predica la comisión del yerro fáctico; toda vez que las alegaciones de los recurrentes se limitaron a aseverar que no está probada la identidad del inmueble, sin que esa afirmación obtuviera comprobación.

En efecto, a la luz del examen del fallo censurado, se puede constatar que el dictamen pericial fue la principal prueba en que se apoyó el tribunal para dar por acreditados los requisitos de identidad y singularidad en el objeto que fue materia de la acción de dominio. Por lo que los recurrentes estaban compelidos a demostrar, en primer término, que existió un error grave y trascendental en la apreciación de tal medio, para, posteriormente, corroborar que las otras pruebas supuestamente ignoradas por el ad quem conllevaban a una conclusión contraria a la contenida en la sentencia; lo que evidentemente no se hizo en ninguno de los cargos.

Sobre ese preciso asunto esta Corte tiene establecido que

“la casación posee una indudable naturaleza dispositiva y extraordinaria, a cuyo propósito es carga del que transite por esta senda, entre otras cosas, demostrar el dislate con acometida apta para desplomar todos y cada uno de los fundamentos de la sentencia recurrida, que si deja uno sólo en pie con fuerza suficiente para sostenerla, pasa de largo el recurso, según ha puesto de presente la jurisprudencia reiterada de la Sala”(2).

Si se observan en detalle las dos acusaciones, emerge con claridad que ambas denuncian al tribunal por haberse apoyado en el dictamen y no tener en cuenta las demás pruebas que obran en el proceso y que demuestran —en sentir de los recurrentes— la falta de identidad entre el predio que se pretende reivindicar y el que se encuentra en poder de demandada.

El asunto así planteado por los recurrentes, trae a casación una cuestión que ha sido analizada en pretéritas ocasiones, consistente en la libertad que tiene el sentenciador para apoyarse en un específico medio de convicción, por encima de otro u otros que -allegados en la forma y el tiempo debidos- integran el haz probatorio que tiene a su disposición el funcionario judicial al momento de adoptar su decisión.

Sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos, el juez goza de una prudente autonomía para apreciar los medios probatorios y formar su convencimiento en torno a los hechos debatidos en el proceso; autonomía que, por regla general, es intocable en casación, a menos que se demuestre la existencia de un error evidente y trascendente.

Luego, aun cuando las partes tengan unas legítimas y serias expectativas de salir triunfantes en el juicio, con apoyo en determinadas pruebas que consideran de capital importancia, el juez no está obligado a seguir aquellos razonamientos o a compartir su mismo grado de convicción frente al análisis de los elementos materiales, sino que posee la prudente libertad para escoger los medios que le reportan mayor persuasión en torno a la verdad de los hechos que se debaten en el proceso; sin que a tal facultad de valoración pueda considerársele, per se, violatoria de la ley por incurrir en yerros fácticos.

Obviamente que la selección de una particular probanza comporta para el juez una carga argumentativa en virtud de la cual está obligado a exponer las razones por las cuales ha preferido un elemento de convicción por sobre los demás; por lo que esa libertad no es absoluta sino relativa y se enmarca dentro de lo que se ha denominado “discreta autonomía”, expresión con la cual se da a entender que el juez, en tan delicada y trascendental materia, está sujeto a la lógica, a la razón y a la realidad objetiva que emerge del medio probatorio escogido.

Desde esta perspectiva, si el fallador se funda en un medio inverosímil, o lo pondera sin mayores reflexiones, o lo cercena o desfigura para alterar su contenido, o lo hace decir lo que aquél no expresa en realidad, esa valoración podrá ser combatida eficazmente en casación, si se demuestra que mediante ella se cometió un error trascendente que produjo una decisión contraria a derecho.

Sobre el particular, esta Sala ha precisado que

“los jueces de instancia, para el cabal ejercicio de su labor, gozan de una discreta autonomía en la valoración de las pruebas, como facultad inherente a la función de determinar si un hecho alegado es susceptible o no, en razón de su prueba, de subsumirse en la hipótesis legal que el actor o el demandado pretenden. Esa discreta autonomía en la valoración de las pruebas, ha de ser respetada en casación, y por eso es que, conforme ya se indicó, la demostración del error de hecho en la apreciación del caudal probatorio debe hacer patente la equivocación del tribunal hasta el punto de que dicho error “salte a la vista”, como ha sido usual describirlo”(3).

La sola preferencia del dictamen por parte del tribunal no constituye un yerro que pueda ser denunciado exitosamente en casación, pues se reitera los jueces de instancia gozan de una discreta autonomía para apreciar el material probatorio y para fundar su decisión en la prueba o pruebas que consideren más persuasivas en torno a los hechos debatidos en el pleito.

Si el ad quem debía establecer la identidad, la singularidad y la ubicación exacta del inmueble que fue objeto de la reivindicación, entonces requería del apoyo de un profesional con especiales conocimientos técnicos en esos precisos temas; por lo que fue el dictamen pericial que rindió un ingeniero el medio que le brindó el mayor grado de convencimiento, por sobre las demás pruebas que obran en el proceso.

Debido a la complejidad del asunto que se dejó a su consideración, difícilmente el tribunal hubiera podido identificar y ubicar el inmueble únicamente a partir de las pruebas que —en criterio del censor— no fueron tenidas en cuenta; puesto que para la valoración de todas ellas se requirió de la ayuda de un auxiliar de la justicia debidamente ilustrado en esa materia.

De hecho, el dictamen pericial del que se viene haciendo alusión se fundamentó en un estudio de las escrituras de los inmuebles relacionados con la propiedad de los actores (fl. 21 y ss., cdno. 4); en el análisis del trabajo de partición que se realizó dentro de la sucesión de Magín Osorio; en el levantamiento planimétrico respectivo; entre otras pruebas, todo lo cual, aunque no fue analizado directamente por el juzgador debido a la limitación de su conocimiento sobre esos temas, sí lo fue a través del trabajo elaborado por el auxiliar de la justicia.

En todo caso, la argumentación de los impugnantes consiste en una mera contraposición de su subjetiva apreciación de los elementos materiales, frente a la valoración que de los mismos realizó el sentenciador, lo que no es admisible en casación, pues ello comportaría, en últimas, una disputa de tipo probatorio en la que los recurrentes pretenden que la Corte prefiera el análisis que aquéllos efectúan, por sobre el que realizó el tribunal; lo que no es de recibo en vista de la presunción de legalidad y acierto que cobija al fallo de segunda instancia.

Frente a tal aspecto esta Corte ha precisado:

“...los juzgadores de instancia gozan de una discreta autonomía en la valoración de las pruebas, en orden a formarse un convencimiento de los hechos, la que no se puede socavar mediante una argumentación que se limite a esbozar un nuevo parecer, por ponderado o refinado que sea, toda vez que, in abstracto, tanto respeto le merece a la Sala el criterio que en esos términos exponga la censura, como el que explicitó el fallador para soportar su decisión judicial”(4).

Y en el mismo sentido ha sostenido:

“la tarea que en casación incumbe al impugnador, a diferencia de lo que ocurre en las instancias, va mucho más allá de perfilar un análisis particular de lo que las pruebas indican; antes bien, de él se esperan argumentos sólidos y macizos, que con su sola presentación dejen ver cuán deleznable y desafortunado terminó siendo el criterio del juzgador, el que, entonces, despojado queda de la presunción de acierto que mientras tanto lo acompaña”(5).

De aceptarse la tesis que esgrimen los censores, existiría error de hecho denunciable en casación siempre que la valoración probatoria que realiza el ad quem no resulte del gusto de los litigantes, en tanto que ese error sería inexistente cuando la estimación del juzgador sea de su entero parecer; lo que obviamente desfiguraría la teleología que informa al recurso extraordinario, que no es otra, en la causal primera, que corregir las violaciones de la ley sustancial en que haya incurrido el juez o tribunal al proferir su sentencia.

2. Desde otro punto de vista, se destaca que en el cargo que se analiza, la demandada afirmó que en el dictamen que tuvo en cuenta el tribunal, el perito admitió que no se encontraron los linderos del predio; que tomó un punto de partida en el que no existía mojón; que no tuvo en cuenta ningún documento oficial ni “amarró” el lote a ninguna red geodésica; y que no tomó en consideración el levantamiento topográfico que se hizo en 1987.

Los anteriores reparos fueron reproducidos en el cargo que formuló Bancolombia (fls. 66 y ss.), sin que ninguno de ellos lograse demostrar —como era de rigor hacerlo— el yerro que se imputa al sentenciador de segunda instancia.

En efecto, respecto de tales aseveraciones hay que convenir que no es cierto que el perito haya afirmado que no encontró los linderos del lote a reivindicar, pues lo que el auxiliar de la justicia manifestó fue que

“los linderos del inmueble pertenecientes a la Sucesión de Pedro Espinal Herrera y Evarista Alzáte, son muy antiguos, datan de antes del año de 1939 y es de lógica que a la fecha, con el tiempo y la ejecución de obras de construcción de vías y urbanizaciones, dichos linderos no existan, hayan desaparecido”.

De manera que esa manifestación se refiere al globo de terreno de mayor extensión y no al que es materia de reivindicación y que fue segregado a partir de aquél.

La desaparición física de los linderos del lote de mayor superficie, sin embargo, no fue óbice para que el perito, “con base en las medidas y la orientación dadas por el partidor a los linderos del lote” (fl. 160, cdno. 4), realizara un levantamiento planimétrico del inmueble y diera detalles de localización del terreno a reivindicar (fls. 161 y ss.), con la correspondientes exposición de distancias, coordenadas geográficas, distancias y azimuts, entre otros datos, trabajo que se fundamentó en las siguientes orientaciones y medidas:

“Por el hilo Norte, en noventa metros (90 m), con una acequia o zanjón y servidumbre de a pie y caballo; por el hilo Sur, en cien metros (100 m) con el lote numero Uno (1) adjudicado a Magin y Hernando Osorio Espinal; por el hilo Oriental, en cien metros (100 m), con el lote número Uno (1) adjudicado a Magin y Hernando Osorio Espinal; y por el hilo Occidental en cien metros (100 m) con el lote número diez (10) adjudicado en esta partición a Tulia Osorio Espinal”.

Tampoco es verdad que el lote a reivindicar no se “amarrara” a ninguna red geodésica, pues sobre el particular, el perito manifestó:

“El levantamiento planimétrico del lote Z de la Urbanización Florida Verde debe estar amarrado horizontalmente a la red Geodésica, por ello los puntos del cerramiento en malla eslabonada y cercos en alambre de púas, lo mismo que los extremos de los bloques de edificios de dicha urbanización deben estar referenciados al sistema de coordenadas de la red geodésica de Medellín.

El lote Nº 11 perteneciente a los demandantes... se encuentra parcialmente enclavado en el lote denominado de la Primera Etapa del Lote Z de la Urbanización Florida Verde.

(...).

Cuando de cualquier punto del polígono del levantamiento planimétrico del lote Nº 11 procedo, y así lo hice en el terreno, a tomar mediante ángulos y distancias los detalles de interés del lindero o cerramiento en malla eslabonada y el cerco de alambre de púas, como los bloquees de los edificios de las viviendas construidas en la Urbanización Florida Verde (lote primera etapa), al estar las coordenadas de dichos detalles referenciadas a las coordenadas de la ciudad, se pueden calcular las coordenadas del nuevo polígono referenciándolas a las de la urbanización y por ende a la red geodésica de Medellín, cálculo este que para el caso que no ocupa no es necesario realizar”.

De igual modo, el auxiliar de la justicia expresó:

“En el punto 0,00 que tomé como referencia para comenzar el levantamiento planimétrico del Lote Nº 11, no existía mojón alguno, ya que como es de lógica éste desapareció durante la construcción de las obras del Box-Culvert sobre la quebrada La Abelina”

(fl. 433, cdno. 4); todo lo cual indica que no es cierto que la experticia carece de fundamentación o precisión.

A fin de desvirtuar la fuerza de una pericia —ha sostenido esta Corte—, el recurrente en casación

“debe dirigirse a demostrar que el juez vio el dictamen de manera distinta a como aparece producido, y que sacó de él una conclusión ilógica y arbitraria, que no se compagina con la que realmente demuestra, porque, de lo contrario, es obvio que lo así inferido por el fallador está amparado en la presunción de acierto, y debe ser respetado en casación”.

Desde luego que ninguna de las acusaciones bajo análisis cumple con la anterior carga demostrativa, como quiera que a partir de una simple lectura de las motivaciones del fallo, se logra constatar que para el tribunal el dictamen estuvo debidamente fundamentado:

“En este caso, para probar tal situación [la identificación del inmueble], se practicó dentro del proceso un dictamen pericial que obra en el cuaderno 4, que concluyó que efectivamente el inmueble objeto de la reivindicación estaba dentro del globo general en el que fue construida la primera etapa de la Urbanización Florida Verde, y no solamente eso, sino que determinó exactamente los linderos actuales del inmueble y las obras y edificaciones que están en el mismo (fl. 99, cdno. 8).

Para llegar a tales conclusiones, el señor perito estudió minuciosamente y a espacio los títulos de que derivaban tanto el inmueble pretendido, como los del globo general del que procedía. Remontándose a los antecedentes escriturarios del objeto del proceso. Además hizo levantamientos planimétricos basados en la partición hecha en un proceso antecedente, folio 163, que lo llevaron a localizar el bien, con base en un punto que determinó, el cual consistía en una acequia o zanjón referido en el lindero norte del inmueble objeto de la demanda.

Al efecto, a folios 199 explicó cómo con base en los linderos de los lotes resultantes de la partición dentro del juicio sucesorio del señor Magin Osorio y otros, folio 184, en la que se adjudicó el bien objeto del proceso Nº 11, logró determinar, por comparación de dichos linderos en el terreno, en qué lugar se encontraba la acequia o zanjón y la servidumbre de pie y a caballo, lindero del bien objeto de la demanda.

Ello lo llevó a definir, teniendo en cuenta las direcciones de los linderos, el lote cuya entrega se solicita, el cual determinó a folios 214. Es de observar al respecto que dichos linderos no concuerdan exactamente con el descrito en el libelo inicial, pues en éste falta el lindero Occidental. Pero ello se debe solamente a un error de la Oficina de Registro, si se observa que el lote Nº 11 adjudicado a María Sofía Osorio Espinal en el proceso divisorio de Magin Osorio contra Ramón Arango, folio 91 cuaderno 2, que fue el antecedente del terreno objeto del reivindicatorio como aparece en la anotación 1 del certificado de tradición a folios 110 cuaderno 1, tiene los linderos determinados por el perito a folio 214 del cuaderno 4, faltando en el certificado sin razón aparente alguna, el lindero occidental, el que si aparecía en el documento de partición.

Asimismo el perito a folios 248 concluyó que el lote que determinó con base en los estudios realizados, está contenido en el globo general de la Etapa I, e incluso a folios 266 determina cuáles son las mejoras que actualmente están en el inmueble.

Como se señaló, dichas conclusiones fueron obtenidas por el perito con base en un minucioso estudio de la tradición de los títulos que originaron el lote objeto de la reivindicación, y en el espacio físico logró determinar cotejando los linderos de los inmuebles en el terreno y haciendo los levantamientos planimétricos respectivos, en qué lugar quedaba la acequia y el zanjón, los que localizó por fuera del terreno en el que se construyó la urbanización, como lo explica en la aclaración al dictamen a folios 393 a 395. A partir de allí, y teniendo en cuenta las direcciones y los linderos de los otros inmuebles pudo determinar el bien objeto de la reivindicación y concluir que hacia parte del ocupado por la Etapa I de la propiedad horizontal.

Reiteradamente explicó el experto cómo llegó a determinar en el terreno el lugar donde quedaba la acequia o zanjón y la servidumbre de pie y a caballo, folio 426, 429, 433, haciendo los levantamientos planimétricos pertinentes; y ratificó que elaboró el dictamen con base en la documentación presentada, 434 a 436. Además a folios 420 a 422 señaló que el punto de referencia actualmente existe, y que otros puntos del lindero norte del lote en mayor es extensión también, folio 421.

Explicó asimismo el perito a folios 404 y 437 cómo llegó a concluir el área de terreno dándole una diferencia con el solicitado en la demanda, señalando que una vez realizado el levantamiento planimétrico del inmueble y con base en el área total del mismo, restó la parte no ocupada, para llegar por sustracción, a la parte del mismo ocupada por la urbanización.

Satisfactoriamente explicó por qué razón en la diligencia de inspección judicial no fue localizado el terreno ni los linderos del mismo, anotando a folios 393, que el despacho solamente realizó la inspección dentro del lote ocupado por la urbanización y que el punto de referencia fue encontrado fuera del lote inspeccionado, en la porción de terreno que poseen los demandantes.

Se observa entonces que el dictamen fue realizado por persona experta y competente en el tema, sus conclusiones están basadas en estudios de títulos aplicados al terreno y en procedimientos técnicos. Sus fundamentos son firmes, precisos y de calidad, pues explicó ampliamente las operaciones y razonamientos que lo llevaron a sus conclusiones, realizando las mensuras y haciendo los levantamientos topográficos y planimétricos del caso. Se observa que las argumentaciones y deducciones hechas a partir de los elementos físicos y mediante las técnicas que aplicó, son coherentes y razonables (se resalta).

Además de ello, en el dictamen se resolvieron todas y cada una de las dudas que las partes plantearon en las solicitudes de complementación y aclaración, folio 390, dando las explicaciones técnicas del caso.

Por ello las conclusiones a las que llegó el experto relacionadas con la identificación del bien solicitado en la demanda, su coincidencia en general con el objeto de la reivindicación, y el hecho de que el mismo se encontraba dentro del terreno destinado a la I etapa de la Urbanización Florida Verde, deben ser acogidas”.

Al contrastar las conclusiones a las que llegó el dictamen pericial (junto con sus respectivas aclaraciones y complementaciones) con la valoración que de ese medio de prueba hizo el ad quem, se llega a la convicción de que el sentenciador no cercenó ni tergiversó el contenido de la experticia, sino que, por el contrario, realizó una apreciación razonable y fundamentada sobre la misma; lo que descarta la comisión de un yerro fáctico en la estimación de la referida probanza.

Finalmente, en ambos cargos se pone en tela de juicio la fuerza demostrativa del dictamen por haber sido objetado y existir un segundo concepto técnico que llegó a conclusiones diametralmente opuestas a las del primero.

Sobre tal aspecto, debe tenerse en cuenta que la objeción fue declarada no probada por el juez a quo, y esa decisión fue confirmada por el tribunal con sustento en que en el segundo dictamen

“el experto se limita a señalar en diversas formas, que no es posible, porque los linderos ya no existen y por carencia de parámetros topográficos, determinar la ubicación del bien; ello sin hacer ningún esfuerzo, como si lo hizo el experto anterior, para tratar de localizar el inmueble; No indica las operaciones que realizó en el terreno con base en las escrituras presentadas, ni siquiera señala que visitó el lugar para buscar algún vestigio del lindero, y su estudio de títulos se restringe a relatar contenidos escriturarios y a enunciar alinderaciones. El perito es repetitivo en manifestar la imposibilidad de determinar el bien, conclusión a la que llega sin efectuar ningún análisis profundo, ni realizar ninguna visita física, lo que de plano impone que sus fundamentos sean totalmente insuficientes, y ni por asomo, puedan controvertir los del primer dictamen y menos probar error grave en el mismo, en el que se realizó una labor seria y minuciosa, como se expresó anteriormente” (fl. 103, cdno. 8).

Ambos recurrentes propugnan porque la Corte prefiera las conclusiones del segundo dictamen en lugar de las de la primera experticia, lo que no puede ser de recibo porque ninguno de los cargos combate los razonamientos del tribunal respecto de la fuerza demostrativa del primero y la correlativa ausencia de convicción del segundo.

De todo lo anterior se sigue que no prospera ninguno de los cargos.

Segundo cargo de constructora Florida Verde

Con fundamento en la causal primera de casación, se denunció la sentencia por violación directa del artículo 955 del Código Civil.

Según el recurrente, el tribunal ignoró que la norma antes citada solo da derecho a pedir la restitución de lo que el enajenante haya recibido por el bien, pero no su valor comercial. Sin embargo, a pesar de la claridad del precepto, la sentencia concluyó que se debe reconocer este último.

Agregó que de haber aplicado en su totalidad el artículo 955, el ad quem forzosamente habría concluido que los demandantes no tienen derecho al pago del valor comercial del inmueble, sino simplemente al que la demandada recibió por su enajenación.

Segundo cargo de Bancolombia

A la luz de la causal primera consagrada en el artículo 368 de la ley procesal, imputó al tribunal la violación directa del artículo 955 del Código Civil, por interpretación errónea.

Señaló que de conformidad con el mencionado precepto, en caso de proceder la reivindicación, el actor solo tiene derecho a que se le restituya lo que la opositora recibió por la venta del bien. Mas, como el ad quem consideró que era posible darles a los accionantes el valor comercial del inmueble, ello constituye una interpretación no autorizada del precepto en cuestión, pues le dio un alcance distinto al que en verdad tiene.

Consideraciones

En vista de que los cargos formulados en ambas demandas tienen alcance parcial y combaten la hermenéutica dada al artículo 955 del Código Civil, la Sala los responderá en forma conjunta, como antes se anunció.

1. A partir del análisis de la inconformidad que se planteó en los cargos que vienen de reseñarse, se advierte que esa recriminación no guarda simetría con los motivos que adujo el sentenciador para ordenar el pago del valor del inmueble en vez de la restitución de lo que hubiera recibido por ella el demandado que la enajenó.

En efecto, en sus consideraciones, el tribunal afirmó:

Aunque la preceptiva que da base a este tipo de reivindicación dispone que lo que se deberá pagar es el valor que el poseedor enajenante haya recibido, nada obsta para que, conforme a lo pedido, se pueda disponer el pago del valor comercial de la cosa, rubro que comprende la desvalorización de la moneda, y que ante la dificultad de determinar en algunos casos el precio recibido, puede ser ordenado. Obsérvese que en este asunto el precio de venta de los inmuebles fue mayor que el del terreno objeto de la acción, pues ya había sido sustancialmente mejorado con la urbanización que supuestamente se construyó en el de mayor extensión, objeto de la demanda” (se resalta) (fl. 97, reverso, cdno. 8).

Y más adelante, sostuvo:

Establece el artículo 955 del Código Civil que la restitución que debe hacer quien haya enajenado es lo que haya recibido por la venta, y que estando de mala fe, por conocer que la cosa era ajena, debe indemnizar todo perjuicio.

En este caso no está probada la mala fe del demandado en la enajenación que hizo, si se observa incluso que adquirió de Conavi. Tampoco lo está la mala fe de ninguno de los denunciados en el pleito, por la que pueda definirse una indemnización, y la que de todas maneras no procedería por no haber apelado la parte demandante.

“(...).

“Asimismo también (sic) se advierte que la enajenación de la demandada no fue del terreno objeto del litigio, sino de casas que habían sido construidas en un lote en mayor extensión, por lo que no es posible determinar el valor de la venta. Es por ello que no hay obstáculo en ordenar la suma que pericialmente se haya obtenido como valor del terreno” (se resalta) (fl. 103, reverso, cdno. 8).

Luego, es ostensible que el ad quem no hizo una errónea interpretación del artículo 955 del Código Civil sino que, por el contrario, fue plenamente consciente de que el tenor gramatical de ese precepto establece que lo que se debe restituir en el caso de la reivindicación ficta es “el valor que el poseedor enajenante haya recibido por la venta”, pues expresamente así lo señaló.

No obstante, ante la imposibilidad material de determinar el precio de la venta —pues la cantidad de dinero que recibió el enajenante no correspondió al precio del lote que es materia de la reivindicación sino al de las edificaciones que se construyeron sobre el mismo—, el sentenciador optó por “ordenar la suma que pericialmente se haya obtenido como valor del terreno”.

Es evidente que el supuesto de hecho que corresponde al caso que se analiza, se subsume en el precepto que aplicó el sentenciador (C.C., art. 955); toda vez que se trata de la acción de dominio que promueve “el que enajenó la cosa (...) siempre que por haberla enajenado se haya hecho imposible o difícil su persecución”.

Y aunque el tenor literal de esa norma enuncia que lo que ha de restituirse es “lo que [el enajenante] haya recibido por ella”, mal podría argumentarse que la referida disposición no admite la posibilidad de que sea el valor comercial del bien lo que se ordene pagar al demandado.

De hecho, si el inmueble no ha sido enajenado pero no es factible ordenar su restitución material porque se encuentra ocupado por un servicio público, o —como ocurre en la hipótesis que se examina— si la venta no recayó sobre el lote que es materia de la acción de dominio ficta sino sobre las edificaciones que en él se construyeron, nada obsta para que se disponga el pago de su precio real, dado el desconocimiento acerca de la cantidad de dinero que recibió el enajenador.

A este punto conviene memorar que cuando la letra de una disposición no precisa un determinado efecto jurídico, pero sí lo hace su intención o espíritu, en razón de la finalidad social que lleva implícita la voluntad de la ley (ratio legis), se estima natural y lícito extender la aplicación de ese precepto a los hechos que por omisión, inadvertencia, descuido, o por cualquier otra causa, el legislador no expresó de manera manifiesta, o cuando éste ha dicho menos de lo que quería (minus dixit quam volit).

Al fin de cuentas, el sentido y alcance de la norma se mide por su intención y no por las palabras con que ella se exterioriza, tal como lo previene la segunda parte del artículo 31 del Código Civil: “La extensión que deba darse a toda ley se determinará por su genuino sentido, y según las reglas de interpretación precedentes”.

Esa labor hermenéutica constituye un acatamiento del mandato contenido en el artículo 26 de la ley civil, según el cual “los jueces y funcionarios públicos, en la aplicación de las leyes a los casos particulares y en los negocios administrativos, las interpretan por vía de doctrina, en busca de su verdadero sentido, así como los particulares emplean su propio criterio para acomodar las determinaciones generales de la ley a sus hechos e intereses peculiares” (se resalta).

Respecto de esa función interpretativa, esta Corte ha señalado:

“Sabido es que todo texto normativo, cualquiera que sea el grado de claridad semántica del mismo, tiene por definición un alcance objetivo y limitado en cuya determinación racional desempeñan papel preponderante, tanto la fórmula literal en que aquél tiene expresión, primer factor este sin duda de singular importancia al tenor del artículo 27 del Código Civil, así como también el espíritu y finalidad que explican la consagración de dicho precepto por el legislador (...)”.

“En ese orden de ideas, la búsqueda del espíritu y la finalidad de la norma que guarde justa correspondencia con las exigencias de cada caso en particular, no puede quedarse en el escueto señalamiento de la intención de la ley o del legislador al adoptar dicha norma, utilizando para el efecto instrumentos gramaticales o de simple lógica formal de acuerdo a métodos por los que propugnó la escuela exegética francesa durante el siglo XIX. Se trata, por el contrario, de prohijar una perspectiva hermenéutica integral de mayor profundidad que en cada momento histórico asegure la interpretación científica y sana de las leyes, lo que de suyo supone poner en práctica, con prudente sentido de juridicidad, un procedimiento intelectual que sin desestimar a la ligera ninguno de los criterios de investigación conocidos (literal, contextual, histórico, sociológico y sistemático), tienda a obtener un resultado que sea acorde, tanto con los datos ideológicos, morales y económicos que ofrece la realidad social al tiempo en que el precepto ha de ser aplicado, como con los dictados de la equidad cual lo impone hoy en día el artículo 230 de la Constitución Nacional (...)”(6).

Aunque en algunas ocasiones la redacción misma del precepto de que se trate refiere de manera explícita la finalidad que va envuelta en la ley (ratio legis); ello no ocurre todas las veces, por lo que a menudo es preciso indagar por esa intención a la luz de las reglas de interpretación previstas en la ley civil o, en su defecto, se determinará su sentido genuino “del modo que más conforme parezca al espíritu general de la legislación”, esto es según el significado que adquiera la norma dentro del contexto del sistema jurídico; y a partir de los dictados de la equidad natural. (C.C. art. 32).

Por lo tanto, no tiene razón el recurrente cuando afirma que el fallador desatendió el tenor literal de la ley con el pretexto de consultar su espíritu, pasando por alto el mandato del artículo 27 ibídem; porque en este caso —se reitera— el tribunal no desconoció la claridad que está implícita en el significado gramatical del precepto sino que, al no prever la norma lo que se debe hacer cuando resulta imposible indagar por el valor que recibió el enajenante, hay que entender que la intención del legislador es que se debe reconocer el valor de la cosa que es materia de la reivindicación.

2. Es entendible que para la época en que fue redactado el Código Civil (a mediados del siglo XIX), no existían las formas tan variadas e ingeniosas de propiedad que se presentan en la actualidad, tales como la propiedad por pisos, la propiedad horizontal, la propiedad por tiempo compartido y otras tantas que no viene al caso enumerar.

En aquellos tiempos, no se avizoraba el inmenso desarrollo, transformación y usos que tendría el derecho de propiedad, por lo que el artículo 955 solo se ocupó de regular la situación que seguramente era la que se presentaba en aquel entonces, consistente en que el poseedor vende la cosa y recibe a cambio un precio que puede ser reclamado por el reivindicante en caso de que éste haya decidido no ejercer la acción de dominio contra el actual poseedor del bien.

En ese entonces lo más natural era que se examinara el contrato de venta y se verificara cuál fue el valor de cambio por el cual se transfirió el derecho de dominio sobre el inmueble.

La aplicación del referido precepto, sin embargo, genera serias dificultades y problemas frente a casos en los que como el presente no existe una venta del inmueble por parte del poseedor, sino la construcción de una urbanización dentro del mismo, es decir, el fraccionamiento jurídico y material del bien en varios; el sometimiento del mismo al régimen de propiedad horizontal; la cesión de zonas del predio a autoridades municipales; la ulterior enajenación de los inmuebles resultantes a terceras personas.

Todo lo anterior permite inferir que no se trata de la venta de un bien singular y, por ende, de un único precio que recibe el enajenador, sino de varias enajenaciones, tantas como unidades de propiedad privada hayan sido construidas y vendidas dentro del inmueble a reivindicar, sin contar con las áreas que son de propiedad común y pertenecen a todos los copropietarios y no se enajenan en forma directa sino como resultado de la transferencia del derecho de dominio de unidades de propiedad privada.

Tales circunstancias impensables para la época en que se redactó el código, pero de común ocurrencia en los tiempos que corren, tornan en extremo difícil o imposible la cuantificación del precio recibido por el enajenador y justifican la solución adoptada por el tribunal, pues se trata de una hipótesis que aunque no se halla expresada en la literalidad del texto normativo aplicable al caso, sí se encuentra sugerida por su espíritu.

En efecto, la sociedad demandada no recibió un único precio sino muchos; a lo cual se añade que el valor del metro cuadrado del inmueble antes de ser urbanizado era distinto del que resulta después de haber realizado las edificaciones; por lo que no sería justo que se tuviera en cuenta el valor del metro cuadrado con el que se vendieron los apartamentos y se condenara con apoyo en tal guarismo al enajenador, pues es claro que tal procedimiento le resultaría perjudicial a los intereses económicos de este último.

Si lo que ocurrió en el caso sub judice no fue la enajenación del lote de terreno a reivindicar sino de las viviendas que se construyeron sobre aquél, y cuyo precio de venta fue sin lugar a dudas mayor que el del bien que es materia de la controversia, entonces no pudo el sentenciador llegar a otra solución que no fuera la orden de pagar el precio comercial del inmueble, desprovisto del incremento generado por las obras de urbanización que ejecutó la demandada, según fuera tasado por los peritos.

Fue por ello por lo que el fallador decidió tomar como base del precio el dictamen pericial que “explicó claramente que el valor era del terreno escueto, sin tener en cuenta las valorizaciones derivadas de las construcciones hechas por la demandada” (fl. 104, cdno. 8).

Y de ahí, precisamente, que expresara en la sentencia que “el precio de venta de los inmuebles fue mayor que el del terreno objeto de la acción, pues ya había sido sustancialmente mejorado con la urbanización”.

3. La posibilidad de reconocer el valor comercial de la cosa en lugar de la suma de dinero que se recibe por el bien que se pretende reivindicar, constituye un punto que ya ha sido abordado por esta corporación. De hecho, la antigua Sala de Negocios Generales, en un fallo dictado en 1955, puntualizó:

(...) cuando un inmueble ha sido definitivamente incorporado a un servicio público, no debe decretarse la restitución al propietario, para evitar los graves trastornos que la restitución produciría en el normal funcionamiento de los servicios públicos; pero en el bien entendido de que esta doctrina no significa ni puede significar un desconocimiento soslayado de la garantía constitucional de la propiedad privada ni entenderse como la consagración de un modo extralegal de adquirir el Estado bienes ajenos por fuera de los cauces legales, sin indemnizar plenamente al propietario. De donde resulta que si el propietario reconocido como tal por la autoridad judicial competente no obtiene la restitución de su inmueble por las razones de conveniencia pública de que se ha hecho mérito, el derecho de dominio en sí mismo lleva implícita la correlativa obligación a cargo del Estado de pagar a aquél el valor del inmueble que se ha incorporado al patrimonio público en las condiciones ya dichas(7) (se resalta).

En similar sentido, en sentencia 25 de octubre de 2004, esta sala precisó:

“Puede ocurrir, sin embargo, que por haber sido enajenada por quien estaba en posesión de ella, el derecho de persecución del dueño frente al adquirente se frustre o entorpezca, hipótesis en la cual se le autoriza para dirigir su acción directamente contra el poseedor enajenante, pero no para la restitución de la cosa, que ya no está en su poder, sino por el precio que recibió, además de la indemnización de todo perjuicio, si es que procedió a sabiendas de que era ajena, es decir, de mala fe reivindicación que entonces es figurada o presunta, por encauzarse contra quien no es poseedor y perseguir el precio del bien, y no la cosa en sí —artículo 955 ibídem—.

A la aplicación analógica de dicha preceptiva acudió la Corte en reiteradas ocasiones para dar solución a situaciones en las que, sin mediar enajenación de la cosa por el poseedor, pero por haberla destinado permanentemente a un servicio de utilidad social o de interés general, su restitución al dueño se veía obstaculizada, eventos en los cuales se dio cabida a la reivindicación ficta allí prevista para ordenar, en lugar de la restitución material del bien reivindicado a su propietario, el pago del precio, negándole el derecho a la percepción de frutos, bajo el entendido de no estar autorizados en esa modalidad reivindicatoria. Así puede verse en sus sentencias del 6 de septiembre de 1950, 8 de septiembre de 1955 G.J. t. LXXXI, págs. 329 a 333, 24 y 29 de agosto de 1969, 29 de abril de 1978, 20 de enero de 1980, y más recientemente, en providencia del 12 de agosto de 1997”(8).

Como resulta fácil constatar, el artículo 955 del Código Civil se ha aplicado por la Corte para los precisos efectos de la reivindicación ficta, cuando no obstante el derecho cierto e inobjetable del demandante a obtener la restitución del bien de su propiedad, es imposible hacerlo por estar destinado a satisfacer servicios públicos o actividades de interés social o general; en cuyos casos, a pesar de no existir una enajenación, se consideró necesario y de justicia, reconocer al propietario el valor comercial del bien que pretendía reivindicar.

En la sentencia que es materia de impugnación, el ad quem refirió, en primer lugar, cuál era el sentido y alcance de la aludida norma; y, posteriormente, ante la imposibilidad material de establecer el precio que recibió el enajenador, concluyó que debía ordenarse el pago del valor comercial del inmueble, no solo por la necesidad de dar una resolución de mérito a la controversia, luego de haber encontrado probados los elementos estructurales de la acción reivindicatoria ficta, sino, seguramente, por el convencimiento de que al disponer el pago del precio del inmueble se estaban haciendo efectivos los principios de justicia y equidad en los cuales fundamentó su decisión.

4. Ahora bien, si —como quedó demostrado— el tribunal no cometió un error por malentender el contenido o significado de la norma, sino que —tal como se explicó con insistencia— lo que hizo fue realizar una hermenéutica extensiva y autorizada de la misma, entonces deviene evidente la irrelevancia de la acusación que se dirigió a discutir la existencia de un posible error de interpretación de la ley sustancial.

En consecuencia, no prosperan los cargos.

Ante el fracaso del recurso extraordinario, se condenará a ambos impugnantes al pago de las costas causadas en esta sede. Tásense por secretaría, incluyendo como agencias en derecho la suma de $6’000.000 a favor de la parte demandante en el proceso ordinario, como quiera que formuló réplica frente a la demanda de casación.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de fa ley, NO CASA la sentencia proferida el ocho de abril de dos mil diez por el tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín en el proceso ordinario de la referencia.

Costas del recurso extraordinario a cargo de ambos recurrentes. Tásense por secretaría, incluyendo la suma de $6.000.000 como agencias en derecho a favor de la parte demandante en el proceso ordinario.

Cópiese, notifíquese y devuélvase.

Magistrados: Fernando Giraldo Gutiérrez—Margarita Cabello Blanco—Ruth Marina Díaz Rueda—Ariel Salazar Ramírez—Arturo Solarte Rodríguez—Jesús Vall De Rutén Ruiz.

 

(1) Cas. Civil, 11 de marzo de 1991; Vid CXXIV, 448; Cas. Civil, 6 de abril de 1999, expediente 4931; Cas. Civil, 17 de mayo de 2001, expediente 5704 y Cas. Civil, 14 de octubre de 2004, expediente 7696.

(2) Sentencia de Casación Civil de 6 de mayo de 2005, expediente 1995-11020.

(3) Sentencia de Casación Civil de 24 de octubre de 2001, expediente 6722.

(4) Sentencia de Casación Civil de 5 de febrero de 2001, expediente 5811.

(5) Sentencia de Casación Civil de 26 de enero de 2005, expediente 13162.

(6) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia de 8 de junio de 1999, expediente 5127.

(7) G.J. tomo LXXXI, sentencia de 8 de septiembre de 1955, pág. 329), reiterada en Cas. Civil, 2 de agosto de 2004, Exp.7187.

(8) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia de 25 de octubre de 2004, expediente 5627.