Sentencia 2004-00070 de diciembre 3 de 2009

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Radicación: 11001-03-25-000-2004-00070-00

Consejero Ponente:

Dr. Víctor Hernando Alvarado Ardila

Bogotá, D.C., tres de diciembre de dos mil nueve.

AUTORIZACIÓN DEL DESPIDO COLECTIVO EN EMPRESA EN VÍA DE LIQUIDACIÓN

No es obstáculo la circunstancia de que esté en trámite una negociación colectiva.

EXTRACTOS: «Ha planteado la parte demandante que hizo mal el ministerio al autorizar el despido colectivo, pues habiendo un pliego de peticiones en curso, la protección que brinda el fuero impide todo tipo de retiro.

No obstante, cuando se trata de una autorización de despido ante la inminencia de liquidación de una empresa, el fuero circunstancial no impide la desvinculación, ni hace que ella sea ilegal. En las motivaciones de la resolución se dio cuenta de que la empresa no era viable(*) y por ello para disminuir las pérdidas y evitar que se agotara su patrimonio, era aconsejable la reducción de la planta de personal. En esas circunstancias, no era ilegal la autorización de despido, con la debida protección a los trabajadores, como se reconoció en el acto acusado, pues el derecho constitucional a la negociación colectiva no puede ser igual para los trabajadores de una empresa en vía de liquidación. No sobra añadir ahora mismo, que la empresa que logró en aquella época la autorización para hacer el despido, fue finalmente intervenida por la Superintendencia de Economía Solidaria por el colapso económico que sufrió en su operación.

No está de más recordar lo que esta Sala ha sentado acerca de la negociación colectiva en el sector público, pues se ha reconocido que en caso de disolución o liquidación de empresas del Estado o sociedades en que tenga participación, el derecho a la negociación colectiva cede su importancia en beneficio del interés general, lo que se predica en caso de liquidación para salvar una parte del patrimonio, pues resulta insensato adelantar negociaciones para el desarrollo de los contratos de trabajo en el futuro, si la empresa carece de perspectivas y viabilidad por su pésimo estado económico.

4. Sobre el conflicto económico laboral. A diferencia del conflicto jurídico que trata sobre el reclamo de derechos ya establecidos, en el conflicto económico se busca la creación de la norma jurídica que habrá de regular hacia el futuro las relaciones entre empleadores y trabajadores, esto es entre el capital y el trabajo. Entonces, por medio de la negociación colectiva se propone la modificación de las relaciones económicas establecidas en las convenciones y pactos colectivos preexistentes y en los contratos de trabajo. La negociación colectiva es entonces el espacio de concertación entre trabajadores y empleadores para procesar las diferencias con la mayor economía posible, con el afán y propósito de no afectar la producción y la economía nacional. Esa negociación colectiva supone la articulación de los recursos económicos y el esfuerzo personal de los trabajadores para que el proyecto productivo permanezca en el tiempo, de modo que se preserve un equilibrio en la ecuación entre los rendimientos esperados por los inversionistas y los beneficios a que tienen derecho los trabajadores por su contribución a la creación de riqueza.

El derecho a la negociación colectiva, así como el derecho a la estabilidad suponen la permanencia del proyecto productivo, es decir que la empresa como unidad económica que sirve para el encuentro de las expectativas de empleadores y trabajadores perdure en el tiempo. Por lo mismo, el derecho a la negociación colectiva supone un pacto o convención a cumplirse en el porvenir, lo que por definición implica que el conflicto económico desemboca en un acuerdo o en un laudo cuya vigencia se proyecta temporalmente hacia el futuro.

Por lo que acaba de decirse, cuando el futuro de la empresa es la liquidación, es decir su desaparición inminente, resulta carente de toda razón iniciar un proceso de negociación colectiva para regular relaciones futuras entre el capital y el trabajo, si es que el espacio de confluencia entre los factores de la producción está condenado inexorablemente a desaparecer por obra de la liquidación y la consiguiente extinción de la empresa (...).

La reseña jurisprudencial que acaba de hacerse, indica nítidamente que la liquidación de una entidad de cualquier naturaleza, justifica la restricción al derecho a la negociación colectiva, pues de nada vale proyectar hacia el futuro las relaciones económicas entre empleadores y trabajadores, si es que el proyecto productivo está llamado a extinguirse con ocasión de la orden de liquidación(3).

De otro lado, el ministerio en la resolución no efectuó el despido, como parecen sugerir los demandantes, sino que autorizó que se hiciera la desvinculación, pero siempre salvaguardando los derechos de los trabajadores, como reza el texto de la resolución.

La jurisdicción laboral ordinaria igualmente también ha relativizado la fuerza del fuero circunstancial y el derecho a la negociación colectiva, cuando se presenta la hipótesis de liquidación de la empresa(4):

Insistentemente ha dicho esta corporación que la protección especial denominada fuero circunstancial tiene como propósito central reforzar la estabilidad de los empleados involucrados en un conflicto colectivo con el fin de que no resulten afectados por medidas que pueden tener contenido retaliativo, y así mismo la de evitar que se afecten las proporciones entre trabajadores vinculados o no al conflicto (...).

(...) por cuanto es posible que en dicha decisión no se vislumbre, por parte alguna, la intención de provocar un debilitamiento de la posición de los trabajadores en el proceso de la negociación colectiva (...).

Bajo esa mismas orientaciones estima la Corte que el despido producido como consecuencia de la intervención y posterior liquidación forzosa de una entidad financiera tampoco encaja en el supuesto contenido en el artículo 25 del Decreto 2351 de 1965, porque en este evento es evidente que la desvinculación del afectado no se produce como parte de una estrategia destinada a minar o intimidar a la organización sindical, sino como producto de una situación excepcional que precisamente por la gravedad que reviste y la repercusión que tiene sobre la confianza pública en el sistema financiero ha sido detalladamente regulada por el legislador nacional, dando unas autorizaciones que usualmente no rigen y resultan ilegítimas para tiempos de normalidad y estabilidad de los citados entes.

En sentido semejante, y justamente para instituciones del sistema financiero, se hallan las sentencias de 21 de febrero de 2006, magistrado ponente Luis Javier Osorio López, radicación 26455, y 2 de octubre de 2007, magistrada ponente Isaura Vargas Díaz, radicación 29822, como corolario de ellas, se rechaza toda posibilidad de reintegro a una empresa que ha sido objeto de liquidación, bajo la consideración de la imposibilidad de ejecución de la orden del juez y se reconoce como razonable la atenuación del fuero circunstancial, bajo la consideración de que el empleador que procede de esa manera en la etapa de liquidación no busca minar al sindicato ni lo hace como estrategia, sino por la necesidad de evitar mayores descalabros a la ya menguada capacidad de operación de una empresa en trance de desaparecer.

Entonces, no es ilegal la resolución demandada y por ello se desecharán las pretensiones de la demanda».

(*) La empresa aludida es Febor, entidad cooperativa (N. del D.).

(3) Sentencia del 1º de octubre de 2009. Radicación interna 9902-2005, actor Unión de Empleados Bancarios. Consejero ponente Víctor Hernando Alvarado.

(4) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia de 4 de febrero de 2005, magistrado ponente Carlos Isaac Nader, radicación 23510.