Sentencia 2004-00075/47370 de noviembre 30 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B

Rad.: 76001-23-31-000-2004-00075-01

Exp.: 47370

Consejero Ponente:

Dr. Ramiro Pazos Guerrero

Actores: Sixto Amadeo Narváez Díaz y otros

Demandados: Nación – Rama judicial y otros.

Naturaleza: Reparación directa

Bogotá, treinta de noviembre de dos mil diecisiete

EXTRACTOS: «Consideraciones

I. Presupuestos procesales de la acción

10. Por ser las demandadas entidades estatales, el presente asunto es de conocimiento de esta jurisdicción, de acuerdo con el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo.

11. El Consejo de Estado es competente para conocer de la impugnación, en razón del recurso incoado por la parte actora, en un proceso con vocación de segunda instancia según los artículos 37 y 40 numeral 6 de la Ley 446 de 1998, dado que la cuantía de la demanda, fijada por la sumatoria de la totalidad de las pretensiones(4), supera la exigida por la norma para tal efecto(5).

12. La acción de reparación directa establecida en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo es la procedente en este caso, por cuanto las súplicas de la demanda van encaminadas a la declaratoria de responsabilidad administrativa de la Nación por razón de las acciones y omisiones de distintas entidades, que, según la actora, le provocaron perjuicios morales y materiales que deben ser indemnizados integralmente.

13. En cuanto a la legitimación en la causa por activa, esta se encuentra acreditada por todos los demandantes, pues los señores Sixto Amadeo Narváez Díaz, Graciela Molano Chango, Estefani Johana Narváez Molano, Jesús Andrés Narváez Molano, Ludy Narváez Molano, Leider Narváez Molano, Juan David Narváez Molano y Yajany Narváez Molano, quienes hacen parte un mismo grupo familiar por ser parientes entre sí(6), se presentan al proceso como víctimas de desplazamiento forzado, calidad que los legitima para integrar el extremo demandante.

14. Sobre la legitimación en la causa por pasiva se observa que el daño alegado en la demanda se le atribuye de manera solidaria a todas las entidades accionadas, es decir, a la Nación - Ministerio de Defensa – Policía Nacional y Ejército Nacional, a la Rama Judicial, a la Fiscalía General de la Nación y al Ministerio del Interior y de Justicia, imputaciones que justifican su comparecencia como integrantes del extremo demandado.

15. Concerniente a la caducidad, el ordenamiento consagra esta figura como una sanción por el no ejercicio oportuno de las acciones judiciales, para lo cual la ley establece taxativamente unos términos dentro de los cuales el interesado tendrá la carga de promover el litigio a través de demanda. Si el recurso judicial se ejerce por fuera de este lapso temporal, aquel perderá la posibilidad de hacer efectivo el derecho sustancial que intenta deprecar ante la administración de justicia.

15.1 En este orden de ideas, el numeral 8º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, en lo relativo a la acción de reparación directa, instituye un término de dos años para que sea impetrada, contados a partir del día siguiente a la ocurrencia de la causa del daño (hecho, omisión, operación administrativa u ocupación temporal o permanente), y vencido el cual ya no será posible solicitar que se declare la responsabilidad patrimonial del Estado.

15.2. En el presente caso no opera tal fenómeno, pues según aparece en el proceso, el hecho que constituye el daño, el desplazamiento forzado de los demandantes, se produjo el 21 de enero de 2002, y comoquiera que la demanda de reparación directa se interpuso el 19 de enero de 2004, esta se radicó dentro del término legal de dos años que establece el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo(7).

II. Problema jurídico

16. Conforme a la impugnación presentada por la parte demandante, la Sala deberá determinar si el desplazamiento forzado del que los accionantes aseguran haber sido víctimas constituye un daño antijurídico atribuible la Nación a través de cada una de las entidades que comparecieron en su representación al presente asunto, análisis que se abordará desde el ámbito funcional de cada una y de su participación en los hechos materia de la litis.

III Validez de los medios de prueba

17. Respecto del mérito demostrativo de algunos medios de prueba recaudados se precisa:

17.1. En virtud del principio de lealtad procesal, se valorarán las copias simples aportadas al expediente por la parte actora, toda vez que según la sentencia de unificación jurisprudencial proferida sobre el particular por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, “en tanto no sean tachadas de falsas por la contraparte, tienen valor probatorio, lo que deviene en una especie de “autenticidad tácita” que no es otra cosa que la materialización del principio de buena fe constitucional”(8).

17.2. En relación con la flexibilidad en la apreciación y valoración de los medios probatorios frente a graves violaciones de derechos humanos, se tiene que al respecto esta Corporación ha estimado que en tales eventos, el juez administrativo debe acudir a criterios flexibles, privilegiar la valoración de medios de prueba indirectos e inferencias lógicas guiadas por las máximas de la experiencia, con el propósito de reconstruir la verdad histórica de los hechos y garantizar los derechos fundamentales a la verdad, justicia y reparación de las personas afectadas, así(9):

“Lo anterior, resulta razonable y justificado, ya que en graves violaciones de derechos humanos, se rompe el principio de la dogmática jurídico procesal tradicional según el cual las partes acceden al proceso en igualdad de condiciones y armas, pues en estos eventos las víctimas quedan en una relación diametralmente asimétrica de cara a la prueba; estas circunstancias imponen al juez de daños la necesidad de ponderar la situación fáctica concreta y flexibilizar los estándares probatorios(10).

Esta postura resulta acorde con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que al respecto ha señalado que en casos de responsabilidad por violación de derechos humanos, el juez goza de una amplia flexibilidad en la valoración de la prueba:

[L]os tribunales internacionales tienen la potestad de apreciar y valorar las pruebas según las reglas de la sana crítica, [y] han evitado siempre adoptar una rígida determinación del quantum de la prueba necesaria para fundar un fallo. Este criterio es especialmente válido en relación con los tribunales internacionales de derechos humanos, los cuales disponen, para efectos de la determinación de la responsabilidad internacional de un Estado por violación de derechos de la persona, de una amplia flexibilidad en la valoración de la prueba rendida ante ellos sobre los hechos pertinentes, de acuerdo con las reglas de la lógica y con base en la experiencia(11).

Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que en casos de violaciones a derechos humanos es el Estado quien tiene el control de los medios para desvirtuar una situación fáctica: “a diferencia del derecho penal interno en los procesos sobre violaciones de derechos humanos la defensa del Estado no puede descansar sobre la imposibilidad del demandante de allegar pruebas, cuando es el Estado quien tiene el control de los medios para aclarar hechos ocurridos dentro de su territorio”(12).

Bajo esos mismos presupuestos, en tratándose de casos de atentados a la integridad física y desplazamiento forzado, comprendidos como violaciones a los derechos humanos, la Corte Interamericana ha manifestado que por el hecho de que el Estado haya consentido tales eventos, el estándar probatorio le es más exigente, y por ello, le asiste una carga probatoria mayor: “La Corte no puede ignorar la gravedad especial que tiene la atribución a un Estado Parte en la Convención del cargo de haber ejecutado o tolerado en su territorio una práctica de desapariciones. Ello obliga a la Corte a aplicar una valoración de la prueba que tenga en cuenta este extremo y que, sin perjuicio de lo ya dicho, sea capaz de crear la convicción de la verdad de los hechos alegados”(13).

17.3. Adicionalmente se destaca que el Código de Procedimiento Civil en su artículo 175, permite que “cualesquiera otros medios de prueba que sean útiles para el convencimiento del juez” tengan la capacidad de acreditar los hechos objeto del proceso y, por lo tanto, el juez sin tener una tarifa legal(14) podrá acudir a los medios de prueba que crea pertinentes para establecer los hechos de relevancia jurídica del proceso.

17.4. Así las cosas, la Sala, teniendo en cuenta que el caso presente trata de graves violaciones a los derechos humanos, específicamente respecto de una situación de desplazamiento forzado, adecuará los criterios de valoración probatoria a los estándares establecidos por los instrumentos internacionales en aras de garantizar una justicia efectiva.

IV. Hechos probados

18. Dentro del proceso aparecen probados los siguientes hechos relevantes:

18.1. El señor Sixto Amadeo Narváez Díaz es esposo de la señora Gracielina Molano Chango(15); quienes son padres de Leider Narváez Molano(16), Jesús Andrés Narváez Molano(17), Estefani Johana Narváez Molano(18), Ludi Narváez Molano(19), Yajani Narváez Molano y Juan David Narváez Molano, estos dos últimos nacidos en El Cerrito – Valle, el 4 de octubre de 1992(20) y el 25 de diciembre de 1994(21), respectivamente.

18.2. Las personas antes mencionadas, que integran un solo grupo familiar y obran como demandantes dentro del presente litigio, acreditaron que, por lo menos desde el año 1992, tenían su domicilio en la vereda “La Reina”, zona rural ubicada en la jurisdicción del municipio de El Cerrito – Valle(22).

18.3. En el mes de septiembre del año 2001, el señor Sixto Amadeo Narváez Díaz informó a la Dijín de la Policía Nacional, sobre la presencia de un laboratorio de cocaína en zona rural del El Cerrito – Valle, dato que le permitió a la dicha institución adelantar la denominada “Operación Laguna” que tuvo lugar el 29 de septiembre de ese año y que arrojó como resultado varias diligencias de allanamiento, la destrucción de un laboratorio, la incautación de insumos para la elaboración de clorhidrato de cocaína y la captura de 12 personas. Así lo certificó el Director Nacional de Fiscalías el 18 de julio de 2003 (fl. 42, cdno.1):

“Que, de conformidad con la comunicación calendada julio 17 de 2003, n.º 0478 Dijín – COMCA, recibida en la misma fecha, el Mayor Eliécer Camacho Jiménez, de la Dirección Central de la Policía Judicial, Jefe Comisión Especial Cali, hace saber que “el señor que se identificó como Sixto Amadeo Narváez Díaz, allegó una información para el mes de septiembre del año 2001, mediante la cual esta comisión ejecutó la denominada “Operación Laguna” del día 29 de septiembre del año 2001, con la cual se logró desmantelar un laboratorio utilizado para el procesamiento de cocaína.

Es de anotar que según el citado oficio, se realizaron 10 diligencias de allanamiento y registro en diferentes lugares de la zona rural del municipio de Cerrito Valle, que concluyó con el desmantelamiento y destrucción del laboratorio y la captura de la totalidad de los integrantes de la organización criminal, así: 1. Un laboratorio destruido. 2. Doce (12) personas capturadas. 3. Incautación de clorhidrato de cocaína, base de coca y una (1) caneca con 55 galones de base de cocaína en procesamiento. 4. Incautación de insumos en diferentes cantidades - acetona, éter, permanganato de potasio, carbonato activado, ácido sulfúrico, úrea y carbonato de sodio. 5. Se incautaron otros elementos propios de dicha actividad. 6. Se inmovilizaron dos vehículos”.

18.4. La anterior certificación fue emitida por la Dirección Nacional de Fiscalías en cumplimiento de la sentencia de tutela del 9 de junio de 2003, proferida por el Juzgado 51 Penal del Circuito de Bogotá, dentro del proceso n.º 2003-00236, con ocasión de demanda presentada por el señor Sixto Amadeo Narváez Díaz, donde se hicieron las siguientes apreciaciones:

“Si bien es cierto, como se aprecia en el examen de toda la documentación allegada por el quejoso y como la ha constatado la entidad demandada con la misión de trabajo 365 del 27 de mayo de 2002, la información suministrada por aquel ha sido eficaz para adelantar con éxito operativos adelantados tanto por el Ejército Nacional como por la Policía, en la zona donde aquel habitaba, tanto así que estas entidades le cancelaron retribución, por lo que en efecto le correspondería a estas entidades adoptar medidas tendientes a proteger la seguridad del señor Sixto Amadeo Narváez sin embargo, tal no es la materia de inquietud para el antes nombrado, quien por encima de esa aspiración está interesado es en que se le expida una certificación donde se haga constar la colaboración que ha prestado para fines de desmantelar algunos grupos de delincuencia organizada o contribuir a que se incauten sus mal habidos bienes y también de la situación de riesgo en que ella lo ha puesto junto con su familia, no obstante, ha de señalarse que, en principio, dicho trámite debe adelantarse ante el Ejército Nacional y la Policía, ya que estos entes son los únicos que pueden dar fe de la cooperación que a ello ha prestado el demandante con los propósitos ya señalados” (fl. 49-57, cdno.1)

18.5. Las anteriores manifestaciones concuerdan con la certificación emitida el 18 de marzo de 2002 por la Asistente de Coordinación URI de Cali, donde manifestó (fl. 17, cdno.1):

“Que a mediados del año 2001 se presentó en las instalaciones de la Unidad de Fiscalía de Reacción Inmediata Cali, el señor Sixto Amadeo Narváez, identificado con la c.c. 16.446.080 de Yumbo, con el fin de informar que por los lados de Cerrito (Valle) había un sitio, al parecer el laboratorio donde se estaba procesando alguna sustancia estupefaciente.

Recibida la anterior información, procedí a comunicarme con el teniente Rodrigo Gutiérrez, adscrito a la Dijín en comisión especial de esta ciudad a quien le indiqué que había un ciudadano para brindar alguna información, la que podía ser de interés para ellos, ante lo cual el Teniente Gutiérrez se acercó a esta oficina y habló con el señor Narváez. Hasta aquí fue la intervención por parte mía.

Posteriormente, como al mes y medio o dos meses fui informada por el propio teniente Gutiérrez que por la información suministrada por el ciudadano tantas veces referido, se había destruido un laboratorio y que el operativo había sido un éxito”.

18.6. De igual manera, la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional, en oficio del 4 de julio de 2007, hizo saber lo siguiente (fl. 252-253, cdno.1):

“(…) de manera atenta me permito dar a conocer a ese despacho los resultados de la “Operación Laguna”, llevada a cabo el día 29 de septiembre del año 2001, así:

Resultados: En el desarrollo de la operación se logró la captura de nueve (09) personas (…)

Dicha operación se llevó a cabo en coordinación con la Fiscalía 6 Especializada de Cali bajo el radicado n.º 445002, en la vereda La Reina, corregimiento del Castillo, Jurisdicción del municipio de Cerrito Valle en una parcelación conocida como finca “La Laguna”, la cual era empleada para instalar laboratorios para el procesamiento de cocaína (…)”.

18.7. El 17 de octubre de 2001, el señor Sixto Amadeo Narváez Díaz presentó un escrito ante el Alcalde Municipal de El Cerrito, en el que manifestó que los operativos realizados por la Policía Nacional provocaron riesgo para su seguridad personal, razón por la que se veía obligado a poner en venta el inmueble de su propiedad y ofrecérselo como una primera opción al ente local, dado que el terreno contaba con cinco nacimientos de agua, uno de ellos utilizado para el acueducto que surte el agua de la vereda la Honda (fl. 66-67, cdno.1).

18.8. El 24 de mayo de 2002, el Coordinador del Centro de Atención Ciudadana de la Defensoría del Pueblo, certificó que el señor Sixto Narváez Díaz, en representación de su núcleo familiar, conformado por su esposa Gracielina Molano Chango y sus hijos Leyder, Milly, Jesús Andrés, Yajani, Juan David y Ludy Narváez Molano, rindió declaración de desplazado por la violencia del Municipio de Yumbo – Valle, por segunda vez, (fl. 18, cdno.1).

18.9. Igualmente, dentro del expediente aparece que el señor Sixto Amadeo Narváez Díaz, junto a los integrantes de su familia que también demandan, se encontraba inscrito en el Sistema Único de Registro de la población desplazada SUR de la Red de Solidaridad Social(23).

18.10. Posterior a la fecha en la que el señor Sixto Narváez Díaz afirmó que se produjo su desplazamiento(24), presentó ante la Fiscalía General de la Nación una serie de peticiones, con el propósito de ser incluido en el Programa de Protección y a Asistencia a Testigos, Víctimas e Intervinientes en el proceso penal de la Fiscalía General de la Nación, las respuestas dadas por el ente investigador fueron las siguientes:

18.10.1. Oficio 0001/OPVT-002214, del 19 de junio de 2002, suscrito por el Director de la Oficina de Protección y Asistencia de la Fiscalía General de la Nación, en el que se expresó(25) (fl. 21, cdno.1):

“Dando alcance a nuestro oficio n.º 002016 del 30 de mayo de 2002 y en respuesta al derecho de petición impetrado por usted ante esta Oficina en el que solicita ser incluido en el Programa de Protección de la Fiscalía General de la Nación, me permito informarle que una vez adelantada la respectiva evaluación de amenaza y riesgo, se determinó que no se cumplen los requisitos establecidos por la Resolución 0-2700 de la Fiscalía General de la Nación para elevar en torno suyo una medida de protección de las que competen a esta oficina por lo que no es procedente su incorporación.

Lo anterior obedece a que a la fecha usted no ha participado en proceso penal alguno, siendo que el requisito esencial para que proceda intervención alguna de parte nuestra es que el candidato a proteger haya participado en un proceso penal y haya intervenido de una manera eficaz, es decir, haciendo que se produzcan medidas de fondo en el proceso penal: igualmente se determinó que su riesgo se origina en su actividad como informante del Ejército y la Policía, tal como usted lo refiere en los escritos dirigidos a la Procuraduría Regional de Cali y a la URI de la misma ciudad, por lo que de acuerdo a la Resolución 2700 de 1996, norma que reglamente el programa de protección, su seguridad no es competencia nuestra sino del organismo que obtuvo información entregada por usted.

Por último, usted ostenta la calidad de desplazado por la violencia, prueba de ello es que en Cali estaba siendo asistido como tal, por lo que estamos corriendo traslado de su petición de protección al Ministerio del Interior para lo de su competencia (se destaca).

18.10.2. Oficio 001/OPTV-03346 del 6 de septiembre de 2002, suscrito por el Director de la Oficina de Protección y Asistencia de la Fiscalía General de la Nación, en el que se emitió una respuesta análoga a la dada en el oficio antes reseñado (fl. 24-26, cdno.1) y que obedeció a un derecho de petición presentado por el demandante el 30 de agosto de 2002 (fl. 22-23, cdno.1).

18.10.3. Oficio 001/OPTV-04143 del 8 de noviembre de 2002, firmado por el Director de la Oficina de Protección y Asistencia de la Fiscalía General de la Nación, en el que como se expresaron argumentos similares a los expuestos en los oficios previamente relacionados (fl. 29-30, cdno.1). Lo anterior, debido a un a un derecho de petición presentado por el demandante el 21 de octubre de 2002 (fl. 27-26, cdno.1).

18.10.4. Oficio 001/OPVT-003007 del 12 de julio de 2004, firmado por el Director de la Oficina de Protección y Asistencia de la Fiscalía General de la Nación, mediante el cual se negó la petición radicada el 2 de julio de 2004 por el señor Sixto Amadeo Narváez Díaz, tendiente a que se le entregaran recursos para sufragar los gastos de pasaporte suyos y de su familia, para ser allegados a la embajada de Canadá (fl. 241 - 244, cdno.1).

18.11. El 24 de julio de 2003, el señor Sixto Amadeo Narváez Díaz, presentó solicitud, en ejercicio de su derecho fundamental de petición ante el Ministerio del Interior y de Justicia con el objeto de que fuera incluido, junto con su familia, en los programas de ayuda humanitaria (fl. 58, cdno.1). La petición fue denegada mediante oficio del 29 de julio de 2003, donde el Ministerio del Interior y de Justicia afirmó que el caso del solicitante no se ajustaba a lo dispuesto en las leyes 418 de 1997 y 782 de 2002, ya que no había acreditado su calidad de líder o dirigente de alguna organización (fl. 59 – 60, cdno.1).

18.12. El 27 de febrero de 2003, el Departamento Administrativo de Seguridad – Oficina de Protección Especial, adelantó una evaluación del nivel de riesgo y grado de amenaza al señor Sixto Amadeo Narváez en la que se concluyó (fl. 295-302, cdno.1):

“CLASIFICACION DEL NIVEL DE RIESGO:

BAJO

CONCLUSIÓN:

No se evidencia ningún tipo de amenaza es un riesgo por situación, por lo tanto no amerita un tratamiento de seguridad y se deben adoptar medidas de autoseguridad, para disminuir la vulnerabilidad.

Dentro de las actividades realizadas en la presente evaluación no se evidenciaron elementos de juicio que puedan poner en riesgo la integridad del señor Sixto Amadeo Narváez en la ciudad de Bogotá.

Hay que tener en cuenta que la evaluación de nivel de riesgo se le realizó en la ciudad de Bogotá, sin embargo es importante que el riesgo se le puede incrementar toda vez que viaje o vuelva a domiciliarse en el corregimiento El Castillo Municipio del Centro del Valle, lugar donde al parecer se generó su problema de seguridad” –Se resalta–.

18.13. El 26 de agosto de 2003, el señor Sixto Amado Narváez Díaz presentó denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación, en la que expresó ser víctima de amenazas por parte de la guerrilla de las FARC, las cuales atribuyó a los hechos sucedidos en la vereda “La Reina” del municipio de El Cerrito – Valle en el año 2001 (fl. 407-410, cdno.1).

18.14. Con ocasión de la anterior denuncia, se adelantó proceso en la Fiscalía General de la Nación, al cual se allegó el Oficio 086932 del 13 de agosto de 2004 del Ejército Nacional, donde se informó que, efectivamente, en inmediaciones del municipio de El Cerrito Valle delinquía un grupo perteneciente a la guerrilla de las FARC, documento en el que se identificó a varios de sus integrantes (fl. 454-458, cdno.1).

18.15. No obstante, el 9 de noviembre de 2005, la Dirección Seccional de Fiscalías – Unidad de Delito contra la Libertad Individual – Fiscalía 247 Seccional de Bogotá, decidió emitir resolución inhibitoria por falta de identificación de los presuntos responsables de los hechos denunciados (fl. 458 – 461, cdno.1).

V. Análisis de la Sala

19. En relación con el daño, es del caso resaltar que el señor Sixto Amadeo Narváez Díaz, junto con su grupo familiar conformado por su esposa Gracielina Molano Chango y sus hijos Leider Narváez Molano, Jesús Andrés Narváez Molano, Estefani Johana Narváez Molano, Ludi Narváez Molano, Yajani Narváez Molano y Juan David Narváez Molano, residieron en zona rural del Municipio del Cerrito – Valle, aproximadamente entre el año 1992 y el mes de enero de 2002.

19.1. De lo anterior dan cuenta un grupo de pruebas que indican sin duda alguna que dicha familia se encontraba establecida en la vereda “La Reina” de la mencionada localidad, por cuanto en aquel lugar el señor Sixto Narváez Díaz fue adjudicatario del inmueble denominado “Parcela 1 – La gran Lucha”, que le asignó el Incora en el año 1994, el cual explotaba económicamente y donde realizaba algunas prácticas de conservación ambiental con apoyo de la UMATA de la Alcaldía de El Cerrito; lugar donde además nacieron Yajani Narváez Molano en el año 1992 y Juan David Narváez Molano en el año 1994 (v. párr. 18.2).

19.2. Así, en cuanto al desplazamiento forzado de los demandantes, existen pruebas tales como una certificación emitida por la Defensoría del Pueblo el 24 de mayo de 2002 (con sede en Bogotá), en la que se expresó que para esa fecha el señor Sixto Narváez Díaz, en representación de su núcleo familiar, rindió, por segunda vez, declaración de desplazado por la violencia del Municipio de Yumbo (Valle), lo que significa que incluso fue desplazado antes de esa fecha de su sitio de origen al Municipio de Yumbo, y de ahí a la ciudad de Bogotá (v. párr. 18.8). Igualmente reposa prueba que indica que el mencionado grupo familiar se encontraba inscrito en el Sistema Único de Registro de la Población Desplazada – SUR (v. párr. 18.9).

19.3. Vale agregar que la Sala ha aceptado que la condición de desplazado resulta demostrada con la incorporación en el Registro Único de Desplazamiento(26), pues se trata de un instrumento técnico e idóneo para acreditar dicha calidad, máxime cuando cada situación es evaluada por las autoridades competentes, según los criterios establecidos en el Decreto 2569 del 2000, de las declaraciones que sobre dicha condición realicen los ciudadanos(27). En efecto, la norma impone que la inscripción no tenga lugar cuando existan fundadas y objetivas razones para concluir que no se presentan las condiciones para que una persona pueda considerarse en esa condición de debilidad manifiesta, contra sensu, el Registro Único, representa para todas las autoridades públicas y privadas el acto público de registro de la condición de desplazado, al tenor del artículo 44 del Código Contencioso Administrativo y 10 del Decreto 2569 de 2000. En ese orden, al no aparecer desvirtuada la calidad de desplazados certificada por las autoridades, se tiene por demostrada dicha condición que los hace sujetos de especial protección(28).

19.4 Establecida la existencia del daño, la Sala se permite reiterar varias de las consideraciones realizadas dentro de la sentencia del 31 de agosto de 2017, exp. 41187, en el que se analizaron las obligaciones estatales en materia de desplazamiento forzado y de protección a la ciudadanía afectada por dicho fenómeno, así:

19.5. Se consideró el fenómeno del desplazamiento forzado, en el contexto del conflicto armado, como una vulneración grave a la dignidad humana, y que según la jurisrpudencia constitucional se ha definido así:

“En la Jurisprudencia, el precedente constitucional lo define no como una situación jurídica sino fáctica(29) ocurrida por la migración del lugar escogido voluntaria y autónomamente por un individuo como su lugar habitual de residencia o epicentro de actividades sociales o económicas. También la Comisión de Derechos Humanos hoy Consejo de Derechos Humanos adoptó la resolución titulada “principios rectores de los desplazamientos internos”(30) y en el artículo 2º definió a los desplazados en los siguientes términos(31):

[L]las personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, por situaciones de violencia generalizada, por violaciones de derechos humanos o por catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida”(32).

19.6. Igualmente se destacó que en nuestra legislación se ha establecido la definición de desplazado, contenida en el artículo 1º de la Ley 387 de 1997, que reza:

“Es desplazado toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional abandonando su localidad de residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas con ocasión de cualquiera de las siguientes situaciones:

Conflicto armado interno; disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones masivas de los Derechos Humanos, infracciones al Derecho Internacional humanitario u otras circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar drásticamente el orden público”.

19.7. También se recordó que la anterior ley fue reglamentada por el Decreto 2569 del 2000, cuyo artículo 2º dispuso una definición similar de desplazado(33), y creó el Registro Único de Población Desplazada a cargo de la Red de Solidaridad Social, con el propósito de “identificar a la población afectada por el desplazamiento y sus características y tiene como finalidad mantener información actualizada de la población atendida y realizar el seguimiento de los servicios que el Estado presta a la población desplazada por la violencia”.

19.8. En relación con el derecho fundamental a la locomoción previsto en el artículo 24 de la Constitución Política y desarrollado por la Ley 387 de 1997, se adujo que contenía dos obligaciones básicas con relación al Estado:

“[U]na, de orden negativo o de no hacer -el deber de no violar el derecho a “no ser desplazado forzadamente” (artículo 2º)-; otra, de orden positivo o de hacer -”formular políticas y adoptar las medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la atención, protección y consolidación y estabilización socio económica de los desplazados internos por la violencia” (art. 3º).

19.9. Se destacó que según normas internacionales, los deberes del Estado no solo consisten en obligaciones de abstención, con los cuales los Estados están llamados a respetar tales garantías —obligación de no hacer(34)—; sino también, de intervención sobre la conducta de terceros —obligación de hacer— en los términos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos(35).

19.10. Adicionalmente, se identificaron varias obligaciones básicas de los Estados frente al desplazamiento forzado, a saber:

“i) la obligación de prevenir el desplazamiento; ii) la obligación de proteger a los desplazados durante el desplazamiento; iii) la obligación de prestar y facilitar la asistencia humanitaria; y iv) la obligación de facilitar el retorno, reasentamiento y reubicación de los desplazados(36)“.

19.11. Así, se entendió que de dicha suerte de obligaciones se desprenden deberes específicos para las autoridades, cuyo desconocimiento tiene la virtualidad de comprometer la responsabilidad estatal, máxime en un contexto en donde existe un gran número de población civil desplazada, cuya causa no solo se deriva del conflicto armado, sino también de las actividades del narcotráfico, los conflictos territoriales, las acciones contra la erradicación manual, y otras fuentes de violencia.

19.12. El incumplimiento de los mencionados deberes llevó a la Corte Constitucional a declarar un estado de cosas inconstitucional a través de la Sentencia T-052 de 2004, debido a:

“[L]a falta de concordancia entre la gravedad de la afectación de los derechos reconocidos constitucionalmente y desarrollados por la ley, de un lado, y el volumen de recursos efectivamente destinados a asegurar el goce efectivo de tales derechos y la capacidad institucional para implementar los correspondientes mandatos constitucionales y legales”.

19.13. Bajo ese horizonte de comprensión, esta Corporación ha afirmado que cuando se producen daños consistentes en el desplazamiento forzado, estos pueden ser imputables a las autoridades públicas cuando estas incumplen las obligaciones en materia de protección, por manera que en aquellos eventos es menester declarar la responsabilidad del Estado, siempre y cuando se demuestre lo siguiente:

“i) la coacción física o psicológica traducida en la obligación de desplazarse del lugar que eligió libremente como su lugar de residencia habitual o asiento de desarrollo de su actividad económica; ii) la existencia de amenazas extraordinarias —siguiendo lo dicho por la Corte Constitucional— o la vulneración de los derechos fundamentales vida, integridad física, seguridad y libertad personal; y iii) la existencia de hechos determinantes conflicto armado interno; disturbios y tensiones interiores; violencia generalizada, violaciones masivas de los derechos humanos; infracciones al derecho internacional humanitario u otras circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar o alteren drásticamente el orden público”.

19.14. Adicionalmente, respecto de los casos en que se pretende endilgarle responsabilidad al Estado por omisión en sus deberes en materia de desplazamiento forzado, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha estimado que el título de imputación es el de falla del servicio(37).

20. De esta forma, en relación con la imputación corresponderá a la Sala determinar en este caso específico si los daños alegados por los demandantes, consistentes en la afectación a su domicilio, circulación y elección de libre residencia son imputables a las demandadas a título de falla del servicio.

20.1. En este punto debe destacarse que según se extrae de los hechos de la demanda, las amenazas que provocaron el desplazamiento forzado de los aquí demandantes, provinieron directamente de un grupo insurgente en retaliación a la labor de informante del señor Sixto Aníbal Narváez que culminó con una operación de la Policía Nacional donde se encontró un laboratorio de cocaína y se capturaron varias personas (v. párr. 18.3).

20.2. De esta manera, se trata claramente de un evento en que se pretende endilgarle responsabilidad al Estado por el daño causado por un tercero, pretensión cuya prosperidad impone la demostración de que la autoridad estatal ha faltado a sus deberes funcionales, pese a que no exista un vínculo causal de la actuación de la administración con el daño, toda vez que es viable plantear el juicio de imputación en términos estrictamente jurídicos en razón de una omisión, que precisamente es el fundamento de las pretensiones del sub lite.

20.3. Como lo ha afirmado la Sala en anteriores pronunciamientos, la posibilidad de imputar un daño a la administración depende del análisis del caso particular desde los puntos de vista fenomenológico y jurídico, de modo tal que no solo se constate la efectiva participación de sus agentes en los hechos u omisiones que se alegan como dañinos, sino la existencia de un fundamento normativo por virtud del cual es posible establecer que le asiste el deber de reparar el daño, análisis que no se agota en la simple verificación de ingredientes causales(38):

“Ahora bien, en cuanto concierne a la imputación, se tiene que el daño antijurídico puede ser atribuido a la Administración Pública en la medida en que ésta lo haya producido por acción u omisión, pues, precisamente, en sentido genérico o lato la imputación es la posibilidad de atribuir un resultado o hecho al obrar de un sujeto.

En materia del llamado nexo causal, debe precisarse una vez más que este constituye un concepto estrictamente naturalístico que sirve de soporte o elemento necesario a la configuración del daño, otra cosa diferente es que cualquier tipo de análisis de imputación, supone, prima facie, un estudio en términos de atribuibilidad material (imputatio facti u objetiva), a partir del cual se determina el origen de un específico resultado que se adjudica a un obrar —acción u omisión—, que podría interpretarse como causalidad material, pero que no lo es jurídicamente hablando porque pertenece al concepto o posibilidad de referir un acto a la conducta humana, que es lo que se conoce como imputación.

No obstante lo anterior, la denominada imputación jurídica (imputatio iure o subjetiva) supone el establecer el fundamento o razón de la obligación de reparar o indemnizar determinado perjuicio derivado de la materialización de un daño antijurídico, y allí es donde intervienen los títulos de imputación que corresponden a los diferentes sistemas de responsabilidad que tienen cabida tal como lo ha dicho la jurisprudencia en el artículo 90 de la Constitución Política(39).

Si la ciencia jurídica parte del supuesto de atribuir o endilgar las consecuencias jurídicas de un resultado (sanción), previa la constatación de que una trasgresión se enmarca en una específica proposición normativa, es evidente que el nexo causal por sí mismo deviene en insuficiente para solucionar el problema de la atribución de resultados, tal y como desde hace varios años se viene demostrando por el derecho penal, lo que ha conllevado a que se deseche el principio de causalidad a efectos de imputar un hecho, para dar aplicación a una serie de instrumentos e ingredientes normativos (v.gr. el incremento del riesgo permitido, la posición de garante, el principio de confianza, la prohibición de regreso, etc.) dirigidos a establecer cuándo determinado resultado es imputable a un sujeto. Lo anterior, como quiera que es posible que un determinado suceso tenga origen material en una específica conducta (causa material), pero las consecuencias del mismo sean atribuidas a un tercero (v.gr. la responsabilidad por el hecho de las cosas, o por el hecho de otro; la posición de garante)(40).

En otros términos, la causalidad y sus diferentes teorías naturalísticas puede ser empleada para determinar probablemente cuál es el origen de un hecho o resultado en el mundo exterior, esto es, en el campo de las leyes propias de la naturaleza o del ser. A contrario sensu, la imputación surge de la atribución de un resultado en cabeza de un determinado sujeto; parte del hecho de la sanción originada en el incumplimiento normativo a un precepto de conducta, es decir, del deber ser”.

20.4. En claro lo anterior, lo que permite definir congruentemente si un determinado resultado dañoso, como el que se presenta en este caso, debe ser atribuido a persona distinta de la que lo ha causado fácticamente, tiene que ver con la verificación por parte del juez de la reparación, del ejercicio adecuado de sus obligaciones, su cumplimiento o incumplimiento, esto permitirá determinar si, en un caso concreto, hay razones suficientes para atribuir responsabilidad a la demandada por un hecho en el que fácticamente no participó.

20.5. En ese orden, la carga probatoria no se traduce en la demostración de un nexo de causalidad que, se insiste, no es posible probar estrictamente en materia de omisiones, sino en la necesidad de aportar elementos que hagan razonable inferir que, en las circunstancias del caso concreto, el incumplimiento de la carga obligacional contribuyó de modo relevante a la configuración del daño.

20.6. De esta suerte, en relación con la responsabilidad del Estado por los daños derivados de la ejecución de conductas punibles a cargo de personas al margen de la ley, el fundamento de la responsabilidad estatal dimana precisamente de la transgresión a la obligación de garantía de los derechos —mandato de hacer—. No obstante, ello no impone a la administración deberes estrictos de resultado, pues es entendido que si bien está llamado a impedir tales conductas, es preciso verificar en cada caso particular si se trató de situaciones (i) previsibles y (ii) evitables.

20.7. Por ello, la jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que aunque el deber de protección de los asociados a cargo del Estado no constituye una carga absoluta que le imponga prevenir cualquier hecho delictivo, sí está llamado a responder cuando haya incumplido el ejercicio de sus competencias, en ese ámbito(41), frente a hechos que pudo y debió haber previsto, impedido o mitigado.

20.8. En efecto, se ha aceptado que en aquellos casos en que el administrado solicita de manera expresa la adopción de medidas de protección y estas son desatendidas, se compromete la responsabilidad del Estado cuando se materializa la amenaza o el riesgo, con fundamento en el desconocimiento del ámbito obligacional a cargo de la administración, que debe analizarse en cada caso particular con el fin de establecer, (i) si le imponía determinada conducta positiva o negativa a la demandada y, (ii) si esta omitió ejecutarla.

20.9. Bajo ese supuesto, se ha encontrado configurada la responsabilidad de la administración en aquellos eventos en que, pese a que el afectado ha promovido expresas solicitudes de protección, estas han sido retardadas, omitidas o adoptadas en forma insuficiente. No obstante, también se ha aceptado que existen eventos en que los riesgos para determinados sujetos resultan previsibles para las autoridades, aún en ausencia de solicitud expresa del interesado, casos en los que sólo es preciso acreditar, para efectos de la responsabilidad estatal, que por cualquier vía el Estado tenía conocimiento de la situación de riesgo; no obstante, se mantuvo indiferente(42).

20.10. Reitera la Sala que la responsabilidad del Estado en este tipo de eventos no surge de manera espontánea ni a título de una garantía omnímoda de los derechos de los asociados, sino que se configura como un tipo de responsabilidad por omisión frente al incumplimiento de competencias precisas y preexistentes en materia de protección y seguridad de riesgos extraordinarios que atentan contra la integridad física y la seguridad personal, que solo puede predicarse en la medida en que se acredite que el riesgo extraordinario era conocido y existían posibilidades razonables de impedir su materialización, esto es, atendidas la posibilidad de preverlo y evitarlo. Tal ha sido la línea trazada al respecto por la corporación, en consonancia con el entendimiento que sobre el particular se ha aceptado en el sistema interamericano de derechos humanos(43):

“Para la Corte es claro que un Estado no puede ser responsable por cualquier violación de derechos humanos cometida entre particulares dentro de su jurisdicción. En efecto, el carácter erga omnes de las obligaciones convencionales de garantía a cargo de los Estados no implica una responsabilidad ilimitada de los Estados frente a cualquier acto o hecho de particulares, pues sus deberes de adoptar medidas de prevención y protección de los particulares en sus relaciones entre sí se encuentran condicionados al conocimiento de una situación de riesgo real e inmediato para un individuo o grupo de individuos determinado y a las posibilidades razonables de prevenir o evitar ese riesgo. Es decir, aunque un acto, omisión o hecho de un particular tenga como consecuencia jurídica la violación de determinados derechos humanos de otro particular, aquél no es automáticamente atribuible al Estado, pues debe atenderse a las circunstancias particulares del caso y a la concreción de dichas obligaciones de garantía” (se resalta).

21. Frente al caso particular, se tiene que la demanda se fundó en la existencia de presuntas fallas a cargo de la Nación, para este caso representadas por la Fiscalía General de la Nación, Rama Judicial, Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y Policía Nacional y Ministerio del Interior y de Justicia, consistentes en la falta de protección del demandante y su núcleo familiar, teniendo en cuenta que se trataba de una persona que se encontraba en riesgo después de haber informado de la comisión de varios delitos en la zona rural de El Cerrito – Valle-, las que se encuentran demostradas, tal como pasa a explicarse:

21.1. Estima la Sala que el recurso de apelación está llamado a prosperar y, en consecuencia, las pretensiones de la demanda, pues se advierte que se presentaron fallas en el servicio a cargo de la Nación, específicamente de la Policía Nacional que comprometieron su responsabilidad.

21.2. En efecto, se encuentra probado que para el mes de septiembre del año 2001, el señor Sixto Amadeo Narváez Díaz informó ante la Dijín de la Policía Nacional la presencia de un laboratorio de cocaína en la zona rural del municipio de El Cerrito – Valle (v. párr. 18.3.).

21.3. La anterior información desencadenó en la planeación y ejecución de la “Operación Laguna”, llevada a cabo el 29 de septiembre de 2001 por parte de varios agentes de la Policía Nacional, que arrojó resultados positivos, entre ellos, la destrucción de un laboratorio donde se elaboraba cocaína, la incautación de varios insumos para su elaboración, la captura de 12 personas y la inmovilización de 2 vehículos (v. párr. 18.5 y 18.6).

21.4. Lo hasta aquí descrito, pone en evidencia que al señor Sixto Amadeo Narváez Díaz le asistía la calidad de informante de la Policía Nacional, y en esa condición se encontraba en situación de evidente vulnerabilidad y riesgo debido a las represalias que este pudiera sufrir en razón de sus denuncias que culminaron con una operativo desarrollado por la fuerza pública, que aceptó la ayuda efectiva brindada por el ciudadano.

21.5. Ahora, dentro del expediente no se encuentra que el señor Narváez Díaz haya presentado solicitud alguna ante la Policía Nacional para efectos de que este organismo le brindara protección o que antes de producirse el desplazamiento, 21 de enero de 2002, haya puesto en conocimiento de dicho organismo alguna amenaza en su contra y de su familia; sin embargo, debe aceptarse que en este caso el riesgo que corría dicho informante junto a su familia era conocido y previsible para la autoridad policial, pese a la ausencia de solicitud expresa del interesado.

21.6. No está demás decir que la Policía Nacional fue la entidad que se benefició de la información suministrada por el accionante, de manera que por esta vía, dicha institución tenía pleno conocimiento del riesgo a que se exponía el señor Sixto Narváez Díaz junto a su familia, pese a lo cual no ejerció ninguna acción para suministrarle protección.

21.7. Vale aclarar que dentro del proceso no aparece prueba directa de que las amenazas recibidas por el señor Narváez Díaz hubieran provenido como retaliación del grupo insurgente con ocasión de las acciones desplegadas por el organismo policial en el “Operativo Laguna”, pero sí existen hechos indicativos de que las amenazas de las cuales afirman ser víctimas los demandantes obedecieron a dicha acción.

21.8. A la anterior conclusión se llega gracias a que se tiene certeza de que el señor Sixto Amadeo Narváez Díaz vivía junto a su familia en zona rural de El Cerrito – Valle, por lo menos desde el año 1992, en una finca que le fue adjudicada por el Incoder en el año 1994, tiempo desde el cual vivió de manera ininterrumpida hasta principios del año 2002, es decir, por aproximadamente 10 años.

21.9. De esta manera, si se tiene en cuenta que la Policía Nacional adelantó el operativo el 29 de septiembre de 2001, el hecho de que 4 meses después los accionantes tuvieran que desplazarse, esto es el 21 de enero de 2002, y luego de haber vivido en la zona por más de 10 años sin percance alguno, circunstancias todas estas demostradas en la actuación, logra inferirse sin dificultad, de acuerdo con las reglas de la experiencia, que el accionante quedó en una situación de peligro, mayor a la que afrontaban los demás ciudadanos de la zona por razón de su colaboración con las autoridades. Bajo dicho panorama, correspondía a la administración prestarle la seguridad requerida luego de la ofensiva exitosa que la información por él entregada permitió a la fuerza pública.

21.10. Nótese que esa situación de peligro excepcional en la que quedó la víctima en razón de su colaboración con las autoridades era plenamente previsible para las autoridades que la recibieron, pues la información sensible entregada por el demandante fue efectiva y permitió un duro golpe contra la delincuencia, que permitía esperar alguna retaliación de parte de esta. En esas condiciones, para la Sala no resulta admisible que la administración acepte la colaboración de los ciudadanos en la lucha contra la delincuencia y luego de obtenida esta los abandone a merced de los criminales que han ayudado a combatir, máxime en casos como el presente en el que consta que la información entregada por el ciudadano fue verídica, verificada y efectiva para los propósitos estatales.

21.11. La Policía Nacional no presentó al proceso documentos que soportaran las operaciones a efectos de brindar seguridad y protección al señor Sixto Narváez y su familia, lo cual evidencia una verdadera omisión de la fuerza pública respecto de dicho deber. Ninguna medida adoptó para analizar y mitigar la situación de riesgo en que quedó su informante.

21.12. Por el contrario, al acervo probatorio permite evidenciar la desprotección que padecieron los integrantes de la familia del señor Sixto Narváez, frente a la que ningún plan o estrategia organizada se acreditó por parte de la Policía Nacional, lo que constituye incumplimiento de sus deberes que comprometen su responsabilidad. Es precisamente, la conducta omisiva de tal autoridad, lo que permite imputarle responsabilidad en el desplazamiento que padeció la víctima.

21.13. Debe precisarse, como antes lo ha reiterado la Sala, que no se trata de imponer a la fuerza pública una obligación de resultado frente acciones ilegales de terceros, de modo tal que se le exija un control y neutralización absolutos de cada ataque o amenaza contra la población civil, sino la obligación de emprender todas las acciones posibles dentro del marco de la ley, es decir, la optimización de los recursos institucionales dirigidos a brindar una protección idónea y eficaz, lo que debe tener lugar de acuerdo con las posibilidades de previsión y prevención en cada caso particular.

22. De otra parte, frente a la presunta responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación, es del caso precisar, que dentro del expediente aparece que el señor Sixto Amadeo Narváez Díaz presentó por lo menos 4 peticiones dirigidas al ente investigador, esto es, el 24 de mayo de 2002, el 30 de agosto de 2002, el 21 de octubre de 2002 y el 2 de julio de 2004, las cuales tienen en común el hecho de que en todas ellas solicitó que fuera incluido, junto a su familia, en el Programa de Protección y Asistencia a Testigos, Víctimas e intervinientes en un proceso penal (v. párr. 18.10 a 18.10.4).

22.1. La Fiscalía General de la Nación dio respuesta a tales solicitudes en cada oportunidad, mediante oficios del 19 de junio de 2002, 6 de septiembre de 2002, 8 de noviembre de 2002 y 12 de julio de 2004, respectivamente, en las que pese a reconocer la condición de desplazados del grupo familiar del señor Sixto Narváez, denegó su inclusión al programa de protección a testigos con sustento en lo dispuesto en la Resolución 2700 de 1996, ya que este no había intervenido en proceso penal alguno y solo tenía la calidad de informante de la Policía Nacional (fl. 18.10 a 18.10.4), en actitud abiertamente despreocupada por la seguridad del ciudadano.

22.2. Para la época de los hechos existían una serie de disposiciones que obligaban a la Fiscalía General de la Nación a la protección de los ciudadanos, a saber: el numeral 4º del artículo 250 de la Constitución Política(44), el artículo 23 del Decreto de 1991(45), los artículos 114 y 121 Ley 600 del 2000(46), que son precisas en establecer que aquellas facultades de protección están encaminadas a la seguridad de las personas que han fungido como intervinientes, testigos o víctimas dentro de un proceso penal.

22.3. De igual forma se tiene que para la época de los hechos regía la Ley 418 de 1997, que en el artículo 63 dispuso:

“ART. 67.—Créase con cargo al Estado y bajo la dirección y coordinación de la Fiscalía General de la Nación, el “Programa de Protección a Testigos, Víctimas, Intervinientes en el Proceso y Funcionarios de la Fiscalía”, mediante el cual se les otorgará protección integral y asistencia social, lo mismo que a sus familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil y al cónyuge, compañera o compañero permanente, cuando se encuentren en riesgo de sufrir agresión o que sus vidas corran peligro por causa o con ocasión de la intervención en un proceso penal. En los casos en que la vida del testigo o denunciante se encuentre en peligro, la Fiscalía protegerá la identidad de los mismos”.

22.4. La norma antes referenciada fue reglamentada por la Resolución 2700 de 1996, que previó una serie de definiciones, entre ellas la de informante:

“7. Informante: Es la persona que sin poseer pruebas aporta aspectos que pueden llegar a ser útiles al proceso penal. Su protección, en caso necesario, se efectuará por el organismo del Estado que se ha beneficiado con los datos suministrados. Mientras solo tenga ese carácter, su protección no corresponde al Programa de Protección de la Fiscalía General de la Nación (…).

9. Fundamento de la Protección. Todo procedimiento de protección se fundamentará, en la existencia del nexo causal directo entre participación procesal eficaz para la administración de justicia y los factores de amenaza y riesgo derivados de esa colaboración (se destaca).

22.5. De acuerdo a la normatividad antes señalada, el señor Sixto Narváez Díaz y su familia no podían ser beneficiarios del programa de protección a testigos, por cuanto no se demostró que haya participado como testigo, víctima o interviniente dentro de un proceso penal. Además, respecto de quienes reúnen la calidad de informantes, tales disposiciones precisan que será el organismo del Estado beneficiado por la información el llamado a brindar dicha protección.

22.6. Ahora bien, pese a que es cierto que los demandantes no podían ser parte del programa de protección a testigos, como era su propósito a partir de las solicitudes hechas en varias oportunidades a la Fiscalía General de la Nación, no lo es menos que dicha entidad no fue diligente respecto de las solicitudes de protección y seguridad radicadas en sus dependencias, pues tratándose de sujetos de especial protección, como lo era un ciudadano desplazado y su familia, se limitó a señalar su falta de competencia sin brindar la asesoría necesaria al ciudadano para que pudiera obtener la protección esperada de los órganos que sí tenían competencia para ello, esto es, de la Policía Nacional.

22.7. De este modo, pese a que la normatividad referida reafirma que es a la Nación – Policía Nacional, a quien correspondía brindarle seguridad al informante y a su familia, por ser aquella institución la que se benefició de los datos suministrados, la Sala no debe dejar pasar por alto el hecho de que la Fiscalía General de la Nación haya actuado de manera omisiva ante las denuncias del actor, pudiendo y debiendo haber hecho más para protegerlo, y en esa medida, se tiene que esta también contribuyó, aunque en un menor grado, en la situación de desprotección y desasosiego del señor Sixto Amadeo Narváez y su familia.

23. De otra parte, respecto de la Nación – Ministerio del Interior y de Justicia ,no se avizora responsabilidad alguna, ya que la petición que el 24 de julio de 2003 elevó el señor Sixto Narváez ante dicha entidad fue posterior a hecho del desplazamiento y no tuvo como propósito principal que se le brindara seguridad para evitar el daño por el que ahora se reclama, sino ser beneficiario de los programas de la Dirección de Derechos Humanos que tal institución otorga, para lo cual era necesario demostrar su condición de dirigente o activista de grupos políticos, de oposición, de organizaciones sociales, campesinas o de grupos étnicos conforme a las exigencias del artículos 81 de la Ley 418 de 1997(47), hecho que no se demostró, tal como dicho ministerio afirmó en la respuesta dada el 29 de julio de 2003 (v. párr. 18.11).

24. En relación con el Ejército Nacional, advierte la Sala que pese a que fue demandado, de las pruebas obrantes en el proceso no se avizora que esta institución haya participado en la denominada “Operación Laguna”, o que la víctima hubiera entregado información alguna a esa fuerza, que de acuerdo a lo antes dicho solo fue facilitada al Mayor Eliécer Camacho Jiménez de la Dijín de la Policía Nacional (v. párr. 18.3).

25. Finalmente, respecto de la Nación – Rama Judicial la Sala estima que se trata de una entidad de la que no se deriva participación dentro de los hechos producto de desplazamiento o que haya tenido algún deber de protección sobre los demandados, pues, tal como lo alegó en su defensa, lo único que se avizora respecto de esta institución es el fallo de tutela proferido el 9 de junio de 2003 por parte del Juzgado 51 Penal del Circuito de Bogotá, dentro del proceso n.º 2003-00236, en el que le ordenó a la Dirección Nacional de Fiscalía emitir certificado donde se hiciera constar que gracias a la información dada por el señor Narváez Díaz, la Policía Nacional ejecutó la denominada “Operación Laguna” (v. párr. 18.3), de ahí que no le asista ninguna responsabilidad en este caso.

26. Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que los daños sufridos por los demandantes en enero del 2002, consistentes en su desplazamiento forzado con ocasión de las amenazas recibidas por un grupo armado ilegal en retaliación a un operativo desplegado por la fuerza pública, son imputables, a la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional y a la Fiscalía General de la Nación.

26.1. Respecto de la Policía Nacional la responsabilidad se deriva a título de falla del servicio, toda vez que se evidenció que el Estado, a través de dicho organismo, faltó a su deber de proteger y brindar seguridad al señor Sixto Amadeo Narváez Díaz y su grupo familiar. Y en cuanto a la Fiscalía General de la Nación, porque pese a las múltiples peticiones presentadas por los demandantes, se abstuvo de otorgarles la orientación que estos requerían para que pudieran acceder a la protección debida por parte de los organismos de seguridad del Estado.

26.2. De esta forma, dichas entidades serán condenadas, para lo cual debe precisarse el grado de responsabilidad que debe asignársele a cada una de ellas.

26.3. Así, se tiene que a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, le asiste el mayor grado de responsabilidad, en cuanto a que a aquella entidad le asistía la obligación principal de brindarle protección al señor Sixto Amadeo Narváez en calidad de informante, razón por la que se le asignará un porcentaje del 90%, de ahí que el 10% restante estará a cargo de la Fiscalía General de la Nación.

26.4. Lo anterior, sin perjuicio de que los demandantes tengan la posibilidad de reclamar el pago de la totalidad de la condena a cualquiera de dichas demandadas, de suerte que si alguna de ellas la satisface totalmente tendrá derecho a solicitar a la otra el reintegro del porcentaje que no le corresponda.

26.5. Por lo expuesto, hay lugar a revocar la sentencia impugnada y, en su lugar, declarar la responsabilidad administrativa y patrimonial de la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y de la Fiscalía General de la Nación.

VI. Liquidación de perjuicios

27. Corresponde ahora estimar el valor de la indemnización a reconocer a las víctimas por los daños pedidos y acreditados en el sub lite, que según los reclamado por el grupo familiar actor, son los siguientes: (i) daño moral - desplazamiento forzado relacionado con el dolor, la angustia y la zozobra que sufrió la familia Narváez Molano por haber sido obligados a emigrar del lugar que eligieron como residencia y centro de su actividad económica en el municipio de El Cerrito - Valle; (ii) daño emergente, el valor del terreno, cultivos y semovientes que presuntamente tuvieron que abandonar los demandantes; (iii) lucro cesante derivado de las sumas de dinero dejadas de percibir por el señor Sixto Amadeo Narváez con ocasión del desplazamiento forzado; (iv) otros perjuicios que se alegan, tales como daño fisiológico.

28. Concerniente al daño moral padecido por las víctimas del desplazamiento forzado, la Sección Tercera, se ha pronunciado en los siguientes términos:

“Constituye un hecho notorio que el desplazamiento forzado produce daño moral a quienes lo padecen. No es necesario acreditar el dolor, la angustia y la desolación que sufren quienes se ven obligados a emigrar del sitio que han elegido como residencia o asiento de su actividad económica, abandonando todo cuanto poseen, como única alternativa para salvar sus vidas, conservar su integridad física o su libertad, sufriendo todo tipo de carencias y sin la certeza del retorno, pero sí de ver aún más menguada su precaria condición económica, social y cultural. Quienes se desplazan forzadamente experimentan, sin ninguna duda, un gran sufrimiento, por la vulneración múltiple, masiva y continua de los derechos fundamentales, como lo ha señalado reiteradamente la Corte Constitucional”(48).

28.1. Para la Sala es evidente que debe indemnizarse el daño moral padecido a quienes probaron haber sido desplazados violentamente, en razón de la situación de vulnerabilidad y desarraigo que los condujo a la necesidad de abandonar su lugar habitual de residencia(49).

28.2. En efecto, el desplazamiento genera a quien lo sufre una pérdida indigna de sus condiciones de vida, sus costumbres, su identidad, su entorno social, familiar y laboral, situación de extrema gravedad que determina, sin duda, una afectación emocional compatible con la definición de daño moral que la jurisprudencia de esta jurisdicción ha estructurado y que deviene en la afectación de diversas garantías fundamentales constitucionalmente amparadas.

28.3. Bajo esas condiciones, aunque no se aportó alguna evidencia de esa afectación moral de los actores, la Sala estima justo y equitativo reconocerles una indemnización por tal concepto, que aunque no puede cuantificarse en dinero, debe constituirse en una cifra a título simbólico. En efecto, cuando una persona es atacada y perseguida, es apenas natural que está constreñida a abandonar súbitamente el lugar que escogió libremente para residir, donde construyó su proyecto de vida mediante la creación de lazos afectuosos con sus seres queridos, así como de desarrollo profesional y social, por lo que es natural que quien padece dicho flagelo experimenta un sentimiento de frustración, impotencia e inseguridad que le genera un grave perjuicio moral que justifica el reconocimiento de una indemnización.

28.4. Para su tasación es preciso tener en cuenta que en casos similares la Sala ha fijado el equivalente a 50 salarios mínimos mensuales como una suma simbólica para resarcir la afectación moral de quienes han padecido el grave flagelo del desarraigo producto de situaciones de violencia(50), por lo que bajo lo resuelto en esos casos análogos se dispondrá la reparación en el presente evento.

28.5. Así, comoquiera que se demostró que cada uno de los demandantes hacían parte del grupo familiar del señor Sixto Amadeo Narváez Díaz (v. párr. 18.1), y quienes residían en la vereda “La Reina”, zona rural del municipio de El Cerrito - Valle para la época de los hechos, se reconocerá como resarcimiento del perjuicio moral, una indemnización equivalente a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de la ejecutoria del presente fallo para cada uno, así:

Sixto Amadeo Narváez Díaz (padre)50 SMMLV
Gracielina Molano Chango (hija)50 SMMLV
Leider Narváez Molano (hijo)50 SMMLV
Jesús Andrés Narváez Molano (hijo)50 SMMLV
Estefani Johana Narváez Molano (hija)50 SMMLV
Ludi Narváez Molano (hija)50 SMMLV
Yajani Narváez Molano (hija)50 SMMLV
Juan David Narváez Molano (hijo)50 SMMLV

29. Respecto del daño emergente, se tiene que en el acápite de estimación razonada de la cuantía, este se tasó por la parte accionante, así:

Terreno: $ 60.000

Cerca, jagüeyes y cultivos: $ 9.500.000

Construcciones y anexos: $ 6.000.000

10 reses abandonadas : $ 8.000.000

29.1. Igualmente considera la parte actora que dentro del daño emergente deben incluirse rubros tales como: “gastos judiciales, honorarios de abogado, gastos de desplazamiento, etc., está calculado en tres millones de pesos ($ 3.000.000)”.

29.2. En relación con la pérdida del terreno, dentro del proceso se encuentra probado que mediante Resolución 211 del 30 de marzo de 1994, el Instituto Colombiano de Reforma Agraria le adjudicó al señor Sixto Amadeo Narváez Díaz el predio denominado “Parcela 1 – La gran lucha”, ubicado en la vereda “La Reina” jurisdicción del municipio de El Cerrito - Valle, sin que por otro lado se haya adjuntado al proceso el correspondiente certificado de libertad y tradición.

29.3. Pese a que no obran todos los elementos a partir de los cuales pueda predicarse que el señor Narváez Díaz era propietario de dicho predio para la época de los hechos, justamente porque no se allegó el respectivo certificado de tradición, lo cierto es que por lo menos sí contaba con el correspondiente título y ejercía posesión sobre el mismo, ya que existe prueba indicativa de que lo explotaba económicamente a su favor, tal como se deriva de la certificación emitida por la secretaría de desarrollo económico del municipio de El Cerrito, en donde se hizo constar: “Que el señor Sixto Amadeo Narváez (…) fue usuario de la UMATA a partir del año 1990 hasta enero de 2002 realizando prácticas conservacionistas en su parcela de 30 hectáreas ubicada en la vereda La Reina “Parcelación La Laguna Programa Incora retorno al campo” corregimiento El Castillo municipio de El Cerrito (V)” (fl. 61, cdno.1).

29.4. No obstante lo antes dicho, no existe certeza de que el demandante haya perdido el predio en su totalidad o que este no hubiera sido arrendado a un tercero o enajenado, máxime cuando reposa prueba que indica que previo a su desplazamiento, este lo ofreció en venta municipio de El Cerrito (v. párr. 18.8).

29.5. Aunado a ello, se tiene que por virtud del artículo 76 de la Ley 1448 de 2011(51), se creó el registro de tierras despojadas y abandonadas forzosamente, como instrumento para la restitución de tierras a favor de las personas que fueron despojadas de sus tierras u obligadas a abandonarlas, a cargo de la Unidad Administrativa Especial de Restitución de Tierras, y como paso previo al ejercicio de la acción de restitución de tierras; registro al que se puede acceder de oficio o por solicitud del interesado luego del agotamiento de un trámite administrativo.

29.6. En ese orden, después del mencionado registro, determinado por la ley como requisitos de procedibilidad, la legislación también ha previsto todo un trámite ante jueces especializados, para que a través de este se determine el derecho que tiene una persona a que se le restituya el bien del cual ha sido despojada o ha sido forzada abandonarlo con ocasión de la vulneración a normas de derechos humanos y del conflicto armado, así lo dispuso la mencionada Ley 1448 de 2011:

ART. 3º—Víctimas. Se consideran víctimas, para los efectos de esta ley, aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1º de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al derecho internacional humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de derechos humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno (…).

ART. 75.—Titulares del derecho a la restitución. Las personas que fueran propietarias o poseedoras de predios, o explotadoras de baldíos cuya propiedad se pretenda adquirir por adjudicación, que hayan sido despojadas de estas o que se hayan visto obligadas a abandonarlas como consecuencia directa e indirecta de los hechos que configuren las violaciones de que trata el artículo 3º de la presente Ley, entre el 1º de enero de 1991 y el término de vigencia de la Ley, pueden solicitar la restitución jurídica y material de las tierras despojadas o abandonadas forzadamente, en los términos establecidos en este capítulo.

‘ART. 79.—Competencia para conocer de los procesos de restitución. Los magistrados de los tribunales superiores de Distrito Judicial Sala Civil, especializados en restitución de tierras, decidirán en única instancia los procesos de restitución de tierras, y los procesos de formalización de títulos de despojados y de quienes abandonaron en forma forzosa sus predios, en aquellos casos en que se reconozcan opositores dentro del proceso. Así mismo, conocerán de las consultas de las sentencias dictadas por los Jueces Civiles del Circuito, especializados en restitución de tierras (…).

‘ART. 82.—Solicitud de restitución o formalización por parte de la unidad administrativa especial de gestión de restitución de tierras despojadas. La Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas podrá solicitar al juez o magistrado la titulación y entrega del respectivo predio incluido en el registro de tierras despojadas a favor del titular de la acción y representarlo en el proceso.

‘PAR.—Los titulares de la acción pueden tramitar en forma colectiva las solicitudes de restitución o formalización de predios registrados en la Unidad, en las cuales se dé uniformidad con respecto a la vecindad de los bienes despojados o abandonados, el tiempo y la causa del desplazamiento.

‘ART. 83.—Solicitud de restitución o formalización por parte de la víctima. Cumplido el requisito de procedibilidad a que se refiere el artículo 76, el despojado podrá dirigirse directamente al juez o magistrado, según lo dispuesto en el artículo 79, mediante la presentación de demanda escrita u oral, por sí misma o a través de apoderado.

29.7. De esta manera, ante la falta de prueba de que en el presente caso los demandantes hayan perdido la propiedad o posesión del bien antes mencionado, no es posible ordenar el pago del valor de dicho inmueble, pero en vista de la existencia de otros mecanismos que pueden hacer posible que a los demandantes les sea restituido el bien, esta Sala oficiará a la Unidad Administrativa Especial de Restitución de Tierras, para que si los demandantes aún no lo han hecho, se dé inicio al trámite de la inscripción del bien en mención en el correspondiente registro de tierras despojadas y abandonadas forzosamente con miras al posterior ejercicio de la acción judicial de restitución de tierras.

29.8. De otra parte, respecto de las reses que presuntamente fueron abandonadas, igualmente existe orfandad probatoria, ya que dentro del acervo lo único que reposa es la copia de un contrato suscrito el 25 de abril de 1994 entre el señor Sixto Amadeo Narváez y el señor Marino González(52), en el que el primero se obligó a recibir unos semovientes de propiedad del segundo para su crianza y posterior venta, lo que de plano descarta que se tratara de vacunos de propiedad del señor Narváez Díaz, pues tal contrato lo que revela es que el accionante se dedicaba solamente a la crianza de los mismos y a su posterior venta previa la autorización del propietario, hecho que da lugar a denegar el pago del perjuicio que se alega.

29.9. Adicionalmente, se tiene que si bien obra prueba de que el señor Sixto Amadeo Narváez poseía cultivos en el predio que dice que tuvo que abandonar(53), lo cierto es que dentro del proceso, como se dijo supra, no se tiene certeza de si el inmueble del cual hacían partes esos cultivos, considerados por el artículo 657 del Código Civil como inmuebles por adhesión(54), fue objeto de venta por parte del demandante, caso en el cual estos también debieron hacer parte del correspondiente negocio jurídico, de manera que serán negados los perjuicios solicitados en dicho aspecto.

29.10. Finalmente, respecto de los gastos judiciales, honorarios de abogado y gastos de desplazamiento, la Sala considera que estos no se consideran verdaderos perjuicios derivados del daño que se alega, sino expensas que son propias del presente proceso cuyo pago no guarda relación con la declaración de responsabilidad de la Nación - Policía Nacional, sino con las costas del proceso cuya determinación corresponderá analizar más adelante.

30. En lo que tiene que ver con el lucro cesante, la Sala observa que las pruebas del proceso (v. párr. 29.8 y 29.9) permiten inferir que el señor Sixto Amadeo Narváez Díaz desarrollaba una actividad productiva relacionada con labores agrícolas y ganaderas previo al hecho del desplazamiento, pero no está acreditado en el proceso el monto exacto de los ingresos que dicho señor percibía mensualmente.

30.1. No obstante, se debe acudir al criterio jurisprudencial vigente, según el cual, ante la ausencia de un medio de prueba que acredite lo percibido por una persona en edad productiva, se presume que esta devengaba al menos un salario mínimo. Para la Sala es evidente que el desplazamiento forzado debió generarle al señor Sixto Amadeo Narváez Díaz la imposibilidad de ejecutar alguna actividad, mientras realizaba las acciones tendientes a reponerse del daño sufrido, por lo que procederá a calcular la liquidación del mencionado perjuicio de conformidad con los parámetros aplicados por la corporación:

30.2. Renta: por no encontrarse acreditado el valor que el accionante percibía como consecuencia del desarrollo de sus actividades, se tomará como monto base para la liquidación el valor de un salario mínimo legal mensual vigente para la fecha del presente fallo, es decir, $ 737.717, suma que se incrementará en un 25% por prestaciones sociales, para un total de $ 922.146.

30.3. Período de liquidación: en la demanda se solicitó el reconocimiento de un lapso igual al transcurrido desde la fecha de los hechos hasta la ejecutoria de la sentencia; sin embargo, no está probado que durante todo ese interregno el demandante no pudiera lograr una estabilización económica.

30.4. Así, se destaca que para efectos de calcular el tiempo durante el cual el demandante dejó de percibir ingresos, lo ideal sería contar con la fecha desde la cual se produjo su estabilización económica, entendida esta última como aquel momento a partir del cual, el desplazado percibe un nivel de ingresos que le permite satisfacer sus necesidades básicas, esto es, cuando gracias a su actividad laboral, es capaz de generar un flujo de ingresos que permita su auto sostenibilidad económica(55).

30.5. En ausencia de lo anterior, al no contar con elementos de juicio suficientes que permitan determinar cuánto tiempo tardaron los demandantes en lograr su estabilización económica, la Sala tendrá en cuenta como fecha el 27 de febrero de 2003, día en el que el DAS adelantó una evaluación del nivel de riesgo y grado de amenaza de dicho accionante el cual se clasificó como “bajo”. De esta forma, ante la falta de otros medios de convicción, se tendrá dicha fecha como indicio de la estabilización de la situación de los demandantes y a partir de la cual eventualmente, el jefe de hogar pudo acceder a un empleo o desempeñar una actividad que le reportara ingresos económicos, esto, una vez superadas la circunstancias de riesgo a la que estaban expuestos, por lo menos en la ciudad de Bogotá a donde fueron obligados a desplazarse (v. párr. 18.12).

30.6. Se concederá entonces indemnización por lucro cesante por un periodo comprendido entre la época de ocurrencia del daño -21 de enero de 2002- y el 27 de febrero de 2003, fecha en la que se estableció de manera indiciaria que el señor Sixto Amadeo Narváez y su familia pudieron haberse estabilizado económicamente –evaluación del nivel de riesgo-, interregno que arroja un total de 13,2 meses.

30.7. Dicha fórmula es la siguiente:

S= Ra (1 + i)n - 1

i

Donde:

S = Es la indemnización a obtener

Ra = Es la renta o ingreso mensual actualizado que equivale a $ 922.146.

i= Interés puro o técnico: 0.004867

n= Número de meses que comprende el período de la indemnización: 13.2

S= $ 922.146 (1 + 0.004867)13.2 - 1

0.004867

S= $ 12.540.356

30.7. Se tiene, entonces, que durante el tiempo consolidado el señor Sixto Amadeo Narváez Díaz dejó de percibir una renta total en pesos de $ 12.540.356, destinada al sostenimiento propio y de su familia. Suma a la que la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, están obligada a pagar, de manera solidaria, por concepto de lucro cesante.

31. En la demanda también se alude a otros tipos de perjuicios, tales como “perjuicio fisiológico” , hoy comprendido dentro del denominado daño a la salud(56), la Sala estima que es un desmedro que no aparece probado dentro del expediente, esto es, no hay elementos probatorios que permitan determinar que alguno de los demandantes padeció alguna lesión psicofísica como producto del desplazamiento forzado del que fueron víctimas, razón por lo que tal perjuicios será denegado.

VII. Costas

32. El artículo 55 de la Ley 446 de 1998 establece que se condenará en costas a la parte que hubiere actuado en forma temeraria. En el presente asunto, la Sala no observa comportamiento temerario en las actuaciones procesales de los intervinientes en el presente trámite, de manera que se abstendrá de condenar por ese concepto.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

REVOCAR la sentencia del 30 de noviembre de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, a través de la cual se negaron las pretensiones de la demanda, que quedará así:

1. Declárese patrimonial y administrativamente responsables, a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y a la Fiscalía General de la Nación, por los daños antijurídicos causados a Sixto Amadeo Narváez Díaz, Gracielina Molano Chango, Leider Narváez Molano, Jesús Andrés Narváez Molano, Estefani Johana Narváez Molano, Ludi Narváez Molano, Yajani Narváez Molano y Juan David Narváez Molano

2. Como consecuencia, condénese a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y a la Fiscalía General de la Nación, a pagar a los demandantes por los siguientes conceptos:

Perjuicios morales: A favor de Sixto Amadeo Narváez Díaz, Gracielina Molano Chango, Leider Narváez Molano, Jesús Andrés Narváez Molano, Estefani Johana Narváez Molano, Ludi Narváez Molano, Yajani Narváez Molano y Juan David Narváez Molano, la cantidad equivalente a cincuenta (50) s.m.l.m.v., para cada uno, para lo cual se tendrá en cuenta el salario mínimo vigente a la fecha de ejecutoria de la presente providencia.

Perjuicios materiales: A favor de Sixto Amadeo Narváez Díaz la suma de doce millones quinientos cuarenta mil trescientos cincuenta y seis pesos ($ 12.540.356), por concepto de lucro cesante.

3. Para efectos de la condena, a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional le corresponde el pago del 90% de la misma y a la Fiscalía General de la Nación el 10% restante, siendo entendido que los demandantes tendrán la posibilidad de reclamar el pago de la totalidad de la condena a cualquiera de dichas demandadas, de suerte que si alguna de ellas la satisface totalmente tendrá derecho a solicitar a la otra el reintegro del porcentaje que no le corresponda.

4. Oficiar a la Unidad Administrativa Especial de Restitución de Tierras, para que en el evento en el que señor Sixto Amadeo Narváez Díaz y su grupo familiar no lo haya hecho, dé inicio al trámite de la inscripción del bien en mención en el correspondiente Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente con miras al posterior ejercicio de la acción judicial de restitución de tierras. Lo anterior, respecto del predio denominado “Parcela 1 - La gran lucha”, ubicado en la vereda “La Reina” jurisdicción del municipio de El Cerrito - Valle y adjudicado al señor Sixto Amadeo Narváez Díaz mediante Resolución 211 del 30 de marzo de 1994 del Instituto Colombiano de Reforma Agraria.

5. Dese cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirá copia de la sentencia de segunda instancia, conforme al artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

6. Negar la demás pretensiones de la demanda.

7. Sin condena en costas.

8. En firme este fallo, devuélvase al tribunal de origen para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese, cúmplase».

4 En vista de que el recurso de apelación se presentó en vigencia del artículo 3º de la Ley 1395 de 2010, esto es, el 8 de abril de 2013, para efectos de la determinación de la cuantía se tiene en cuenta “el valor de la suma de todas las pretensiones acumuladas al momento de la presentación de la demanda”.

5 Acorde con la demanda radicada el 19 de enero de 2004, la cuantía total de las pretensiones se fijó en la suma de $ 1.987.648.912 (fl. 125, cdno.1). Para esa fecha aún no habían entrado en operación los juzgados administrativos, pero igual era aplicable el numeral 6º del artículo 132 del Código Contencioso Administrativo con la modificación introducida por el artículo 40 de la Ley 446 de 1998 que atribuía a los tribunales administrativos el conocimiento en primera instancia de las acciones de reparación directa cuando la cuantía excediera de 500 salarios mínimos. Así, debido a que para la fecha de la presentación de la demanda, año 2004, 500 SMLMV correspondían a $ 179.000.000, es claro que la primera instancia debía ser tramitada por el Tribunal Administrativo del Valle y la segunda instancia por el Consejo de Estado.

6 Según se desprende de los registros civiles nacimiento aportados con la demanda y que reposan a folios 4 a 12 del cuaderno principal.

7 Si bien en el presente caso aparece claro que no existe caducidad, debe ponerse de presente que esta Corporación ha considerado que el desplazamiento forzado es un daño con efectos continuados, de manera que el término de caducidad de la demanda de reparación directa debe empezar a contar a partir de la cesación del daño, esto es, cuando están dadas las condiciones de seguridad para que se produzca el retorno al lugar de origen. Así se dijo en la sentencia del 9 de septiembre de 2015, de la Sección Tercera, Subsección “A”, expediente n.º 35574, C.P. Hernán Andrade Rincón.

8 Sentencia del 30 de septiembre de 2014, rad. 11001-03-15-000-2007-01081-00, M.P. Alberto Yepes Barreiro. El pleno de la Sección Tercera había unificado su jurisprudencia en el mismo sentido en sentencia de 28 de agosto de 2013, rad. 25022, M.P. Enrique Gil Botero.

9 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B”, sentencia del 13 de agosto de 2017, exp. n.º 41187, M.P. Ramiro Pazos Guerrero.

10 La Subsección B de la Sección Tercera en sentencia del 27 de septiembre del 2013, rad. 19939, M.P. Stella Conto Díaz del Castillo, al resolver un caso de graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario acudió a la flexibilización de los estándares probatorios en materia de prueba documental: “Puestas las cosas en los términos anteriormente señalados y tratándose, como en el presente caso, del deber de reparar integralmente a víctimas de graves vulneraciones de derechos humanos y/o del derecho internacional humanitario, sean directas o indirectas, resulta indispensable aplicar el principio de equidad y, en consecuencia, flexibilizar el estándar probatorio. Es que las víctimas de graves violaciones de derechos humanos, en un caso como el presente —en el que, además, como lo revelan los hechos y lo reconoce la sentencia de primera instancia, las autoridades en lugar de facilitar la búsqueda del desaparecido entorpecieron las labores de su madre y hermanos—, ocupan el lado más débil de la balanza así que, de conformidad con lo ordenado por el artículo 13 superior, requieren mayor soporte y protección. Se reitera en este lugar lo ya afirmado arriba y es que en estos casos los principios de verdad, de justicia y de reparación integral han sido catalogados como derechos fundamentales que rigen en virtud del ius cogens, por lo que no cabe alegar obstáculos de orden normativo interno para efectos de dificultar su realización”.

11 Cita original: Esta postura de flexibilización de los medios de prueba ante graves violaciones a los derechos humanos fue adoptada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en las siguientes sentencias: 15 de septiembre del 2005, caso Mapiripán vs. Colombia, párr. 73; sentencia del 24 de junio del 2005, caso Acosta Calderón vs. Ecuador, párr. 41; sentencia del 23 de junio del 2005, casto Yatama vs. Nicaragua, párr. 108; sentencia del 20 de junio del 2005, caso Fermín Ramírez vs. Guatemala, 45; sentencia del 2 de julio del 2004, caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica, párr. 57.

12 Cita original: Se remite a los siguientes pronunciamientos jurisprudenciales: sentencia del 6 de julio del 2009, caso Escher y otros vs. Brasil, párr. 127; sentencia del 29 de julio de 1988, caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, párr. 135; sentencia del 28 de enero del 2009, caso Ríos y otros vs. Venezuela, párr. 98; sentencia del 3 de abril del 2009, caso Kawas Fernández vs. Honduras, párr. 95.

13 Cita original: Sentencia del 29 de julio de 1988, caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, párr. 135.

14 Cita original: Según Taruffo “El juzgador ya no está obligado a seguir reglas abstractas: tiene que determinar el valor de cada medio de prueba especifico mediante una valoración libre y discrecional. Esa valoración tiene que hacerse caso por caso, conforme a estándares flexibles y criterios razonables. La idea básica es que esta clase de valoración debe conducir al juzgador a descubrir la verdad empírica de los hechos objeto del litigio sobre la única base del apoyo cognitivo y racional que ofrecen los medios de prueba disponibles”. TARUFFO, Michele, La prueba. Ed. Marcial Pons, Madrid, p. 135.

15 Tal como consta en el registro civil de matrimonio, indicativo serial N.º 000530, inscrito en la Notaría Única de Timbío – Cauca (fl. 4, cdno.1).

16 Así aparece en el registro civil de nacimiento, serial nº 7608687, inscrito en de la Notaría Única de Timbío – Cauca (fl. 6, cdno.1).

17 Según el registro civil de nacimiento, serial nº 12378129, inscrito en de la Notaría Única de Timbío – Cauca (fl. 5, cdno.1).

18 De acuerdo al registro civil de nacimiento, serial nº 32878856, inscrito en de la Registraduría de Engativá en Bogotá (fl. 7, cdno.1).

19 Según consta en el registro civil de nacimiento, serial 8509193, de la Notaría Única de Timbío – Cauca (fl. 10, cdno.1).

20 Véase el registro civil de nacimiento, serial 24985091, de la Registraduría Municipal de El Cerrito -Valle (fl. 8, cdno.1).

21 Así se desprende del registro civil de nacimiento, serial 24985090, inscrito en la Registraduría Municipal de El Cerrito – Valle (fl. 9, cdno.1).

22 Tal inferencia se desprende del nacimiento en el municipio de El Cerrito de la señora Yajani Narváez Molano en el año 1992 y de su hermano Juan David Narváez Molano en el año 1994. Igualmente de que el 30 de marzo de 1994, mediante Resolución n.º 0211 el Incora le adjudicó al señor Sixto Amadeo Narváez Díaz el predio denominado “Parcela 1 – La gran lucha” ubicado en la vereda “La Reina” del municipio de El Cerrito – Valle (fl. 89- 91, cdno.1). Igualmente reposa en el expediente certificación emitida por el Asesor de Dirección de Ecosistemas del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, donde hizo constar que el señor Sixto Amadeo Narváez dio a conocer las actividades adelantadas para la conservación y recuperación de los recursos naturales en la vereda “La Reina” en el corregimiento del Castillo, en el municipio de El Cerrito, en el departamento del Valle del Cauca (fl. 37, cdno.1). Certificación emitida por la Secretaría de Desarrollo Económico del municipio de El Cerrito, en donde se hizo constar: “Que el señor Sixto Amadeo Narváez (…) fue usuario de la UMATA a partir del año 1990 hasta enero de 2002 realizando prácticas conservacionistas en su parce la de 30 hectáreas ubicada en la vereda La Reina “Parcelación La Laguna Programa Incora retorno al campo” corregimiento El Castillo municipio de El Cerrito (V)” (fl. 61, cdno.1).

23 Así se desprende del Oficio del 17 de diciembre de 2002, suscrito por el Coordinador de la Unidad Territorial de Bogotá de la Red de Solidaridad Social, dirigido a las instituciones prestadoras de salud de la ciudad de Bogotá, en donde se lee: “(…) me permito presentar a ustedes al señor Sixto Amadeo Narváez Díaz, identificado con cédula de ciudadanía 16446080; y a su grupo familiar quienes se encuentran inscritos en el SUR de la Red de Solidaridad Social y requieren que les sea prestado el servicio médico integral” (fl. 33, cdno.1).

24 Según se desprende de las afirmaciones hechas en la demanda, el señor Sixto Amadeo Narváez fue desplazado junto a su familia el 21 de enero de 2002.

25 Dicha respuesta obedeció al derecho de petición presentado por el señor Sixto Amadeo Narváez el 24 de mayo de 2002, donde solicitó ser acogido por el programa de protección a testigos (fl. 349, cdno.1).

26 Desplazado, según el artículo 1° de la Ley 387 de 1997, es ”toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional abandonando su localidad de residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas, con ocasión de cualquiera de las siguientes situaciones: Conflicto armado interno, disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones masivas de los Derechos Humanos, infracciones al Derecho Internacional Humanitario u otras circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar o alteren drásticamente el orden público”.

27 Decreto 2569 de 2000, artículo 11. “De la no inscripción. La entidad en la que se haya delegado la inscripción, no efectuará la inscripción en el registro de quien solicita la condición de desplazado, en los siguientes casos: 1. Cuando la declaración resulte contraria a la verdad. 2. Cuando existan razones objetivas y fundadas para concluir que de la misma no se deduce la existencia de las circunstancias de hecho previstas en el artículo 1° de la Ley 387 de 1997. 3. Cuando el interesado efectúe la declaración y solicite la inscripción en el Registro después de un (1) año de acaecidas las circunstancias descritas en el artículo 1° de la Ley 387 de 1997. En tales eventos, se expedirá un acto en el que se señalen las razones que asisten a dicha entidad para tal determinación, el cual deberá ser notificado al afectado. Contra dicho acto proceden los recursos de Ley y la decisión que los resuelva agota la vía gubernativa”.

28 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B”, sentencia del 31 de agosto de 2017, exp. n.º 41187, C.P. Ramiro Pazos Guerrero.

29 Cita original: La Corte Constitucional ha entendido que el desplazamiento forzado obedece a una situación fáctica, más no a una calidad jurídica. V. Corte Constitucional, sentencia C-372 del 27 de mayo de 2009. La Corte Constitucional, mediante Sentencia T - 025 del 2004, señaló: “no es el registro formal ante los entes gubernamentales lo que le da el carácter de desplazado a un individuo, sino el mero hecho de haberse visto compelido a abandonar el lugar de residencia habitual”. La Sentencia T-327 del 26 de marzo de 2001 diferenció entre la “condición de desplazado” y la “situación de facto para ser desplazado”. En cuanto a la primera noción precisó que es un requisito para recibir los beneficios legales, razón por la cual es menester presentar la certificación formal como persona desplazada, mientras que la segunda correspondería a una situación meramente de hecho, la cual no tiene necesariamente que estar certificada por las entidades gubernamentales.

30 Cita Original: En abril de 1998, el Relator Temático Francis Deng presentó a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas un informe con un anexo titulado “Principios Rectores de los Desplazamientos Internos”. La Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas adoptó por consenso una resolución copatrocinada por más de cincuenta Estados, Colombia entre ellos. Para mayor información, véase, O.N.U., Informe del Representante del Secretario General sobre las Personas Internamente Desplazadas, Sr. Francis M. Deng, presentado con arreglo a la resolución 1997/39 de la Comisión de Derechos Humanos, Principios Rectores de los Desplazamientos Internos, E/CN.4/1998/53/Add.2 de 11 de febrero de 1998. Los Principios Rectores están conformados por 30 principios que abordan todas las etapas del desplazamiento interno.

31 Cita original: Estos Principios, según la Corte Constitucional, tienen fuerza vinculante, pese a que no han sido aprobados mediante un tratado internacional, “dado que ellos fundamentalmente reflejan y llenan las lagunas de lo establecido en tratados internacionales de derechos humanos y que han recibido una gran aceptación por parte de distintos organismos internacionales de derechos humanos”, por lo que “deben ser tenidos como parámetros para la creación normativa y la interpretación en el campo de la regulación del desplazamiento forzado y la atención a las personas desplazadas por parte del Estado. Lo anterior, claro está, sin perjuicio de que todos sus preceptos que reiteran normas ya incluidas en tratados internacionales de derechos humanos y de derecho internacional humanitario aprobados por Colombia gocen de rango constitucional, como lo señala el artículo 93 de la Constitución”: Corte Constitucional, sentencia SU- 1150 de 2000 (22 de enero), M P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

32 ONU, Informe del Representante del Secretario General sobre las Personas Internamente Desplazadas, Relator Francis M. Deng, presentado con arreglo a la resolución 1997/39 de la Comisión de Derechos Humanos, Principios Rectores de los Desplazamientos Internos, E/CN.4/1998/53/Add.2 de 11 de febrero de 1998, Introducción: Alcance y Finalidad.

33 El artículo 2º del Decreto 2569 del 2002, dispuso: “Es desplazado toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional, abandonando su localidad de residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas, con ocasión de cualquiera de las siguientes situaciones: conflicto armado interno, disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones masivas de los Derechos Humanos, infracciones al Derecho Internacional Humanitario u otras circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar o alteren drásticamente el orden público. El Gobierno Nacional a través de la Dirección General para los Derechos Humanos del Ministerio del Interior o la entidad que esta delegue, declarará que se encuentra en condición de desplazamiento aquella persona desplazada que solicite tal reconocimiento mediante el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 32 de la Ley 387 de 1997, a saber: 1. Declarar esos hechos ante la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, las personerías municipales o distritales o cualquier despacho judicial, y 2. Solicitar que se remita para su inscripción a la Dirección General para los Derechos Humanos del Ministerio del Interior o a la oficina que ésta designe a nivel departamental, distrital o municipal copia de la declaración de los hechos de que trata el numeral anterior”.

34 Ley 74 de 1968 por la cual se aprueban los “Pactos Internacionales de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de Derechos Civiles y Políticos, así como el Protocolo Facultativo de este último, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en votación Unánime, en Nueva York, el 16 de diciembre de 1966”: “1. Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tendrá derecho a circular libremente por él y a escoger libremente en él su residencia”.

35 “2. Cada Estado Parte se compromete a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones del presente Pacto, las medidas oportunas para dictar las disposiciones legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos en el presente Pacto y que no estuviesen ya garantizados por disposiciones legislativas o de otro carácter”.

36 Peritaje de Sebastián Albuja en el Caso 12.573, Marino López y otros (Operación Génesis) vs. Colombia.

37 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias de 8 de marzo de 2007, rad. 27434; de 15 de agosto de 2007, rad. 00004 AG y 00385 AG; de 18 de febrero de 2010, rad.18436, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

38 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 26 de marzo de 2009, exp. 17994, M.P. Enrique Gil Botero.

39 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de julio 12 de 1993, expediente 7622, M.P. Carlos Betancur Jaramillo.

40 Cita Original: “En la responsabilidad del Estado la imputación no se identifica con la causalidad material, pues la atribución de la responsabilidad puede darse también en razón de criterios normativos o jurídicos” (Se resalta) Sentencia proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, de 21 de febrero de 2002 expediente 14215.

41 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 26 de junio de 2014, rad. 26029. M.P. Danilo Rojas Betancourth.

42 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 31 de agosto de 2017, rad. 41187, M.P. Ramiro Pazos Guerrero.

43 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso de la masacre de Pueblo Bello v.s. Colombia, sentencia de 31 de enero de 2006, párrafo 123.

44 El artículo 250 de la Constitución Política, dispone: “La Fiscalía General de la Nación está obligada a adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar la investigación de los hechos que revistan las características de un delito que lleguen a su conocimiento por medio de denuncia (…) En ejercicio de sus funciones la Fiscalía General de la Nación, deberá: (…) 7. Velar por la protección de las víctimas, los jurados, los testigos y demás intervinientes en el proceso penal, la ley fijará los términos en que podrán intervenir las víctimas en el proceso penal y los mecanismos de justicia restaurativa”.

45 El artículo 23 del Decreto 2699 de 1991, Estatuto Orgánico de la Fiscalía General de la Nación vigente para la época de los hechos, disponía: “La Oficina de Protección y Asistencia será responsable de asesorar al Fiscal General en definir políticas de protección y asistencia social para funcionarios de la Fiscalía, víctimas testigos e intervinientes en el proceso. Una vez aprobadas, implementar normas y coordinar con los organismos de seguridad social y otras instituciones pertinentes. Para cumplir con estas funciones será responsable de: 1. Recolectar y estudiar la veracidad, el posible origen y la gravedad de las amenazas contra víctimas, testigos, funcionarios de la Fiscalía e intervinientes en el proceso. 2. Tomar las medidas necesarias para que los organismos de seguridad del Estado brinden la protección y seguridad en aquellos casos en que se requiera (…)”

46 La Ley 600 del 2000, asignó a la Fiscalía General de la Nación el deber de protección de las víctimas y testigos e intervinientes de los procesos, así: “Artículo 114. Atribuciones. Corresponde a la Fiscalía General de la Nación: (…) 6. Velar por la protección de las víctimas, testigos e intervinientes en el proceso” y Artículo 121. Medidas de protección a víctimas y testigos. ”El Fiscal General de la Nación directamente o a través de sus delegados puede tomar las medidas necesarias para prevenir la intimidación de víctimas, testigos y demás intervinientes en el proceso, y proveerles protección y asistencia”.

47 EL artículo 81 de la Ley 418 de 1997, disponía: “El Gobierno Nacional pondrá en funcionamiento un programa de protección a personas, que se encuentren en situación de riesgo inminente contra su vida, integridad, seguridad o libertad, por causas relacionadas con la violencia política o ideológica, o con el conflicto armado interno, y que pertenezcan a las siguientes categorías:
Dirigentes o activistas de grupos políticos y especialmente de grupos de oposición.
Dirigentes o activistas de organizaciones sociales, cívicas y comunales, gremiales, sindicales, campesinas y de grupos étnicos.
Dirigentes o activistas de las organizaciones de derechos humanos y los miembros de la Misión Médica.
Testigos de casos de violación a los derechos humanos y de infracción al derecho internacional humanitario, independientemente de que no se hayan iniciado los respectivos procesos disciplinarios, penales y administrativos, en concordancia con la normatividad vigente.
‘PAR. 1º—Los interesados en ser acogidos por el programa de protección deben demostrar que existe conexidad directa entre la amenaza y el cargo, o la actividad que ejerce dentro de la organización.
‘PAR. 2º—El programa de protección presentará al testigo a que hace mención el numeral 4º de este artículo cuando así lo soliciten las autoridades judiciales o disciplinarias, o permitirá a estas autoridades el acceso a él, para lo cual tomará las medidas de seguridad que requiera el caso.
‘PAR. 3º—Las medidas de protección correspondientes a este programa serán de carácter temporal y sujetas a revisión periódica”.

48 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 26 de enero de 2006, rad 25000232600020010021301, 15 de agosto de 2007, rad. 190012331000200300385-01, 18 de febrero de 2010, rad. 18436, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

49 Se insiste en que esa condición de desplazamiento quedó acreditada conforme a la inscripción en el registro único de desplazados, evidencia que no fue desvirtuada ni controvertida dentro del proceso.

50 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 3 de mayo de 2013, rad. 32274, M.P. Danilo Rojas Betancourth, reiterada en sentencia del 1º de agosto de 2016, Sección Tercera, Subsección B, rad. 36080, M.P. Danilo Rojas Betancourth.

51 “Artículo 76: “Créase el “Registro de tierras despojadas y abandonadas forzosamente” como instrumento para la restitución de tierras a que se refiere esta ley. En el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente se inscribirán también las personas que fueron despojadas de sus tierras u obligadas a abandonarlas y su relación jurídica con estas, determinando con precisión los predios objeto de despojo, en forma preferente mediante georreferenciación, así como el período durante el cual se ejerció influencia armada en relación con el predio (…)
La inscripción en el registro procederá de oficio, o por solicitud del interesado. En el registro se determinará el predio objeto del despojo o abandono forzado, la persona y el núcleo familiar del despojado o de quien abandonó el predio. Cuando resulten varios despojados de un mismo predio o múltiples abandonos, la Unidad los inscribirá individualmente en el registro. En este caso se tramitarán todas las solicitudes de restitución y compensación en el mismo proceso (…)
La inscripción de un predio en el registro de tierras despojadas será requisito de procedibilidad para iniciar la acción de restitución a que se refiere este Capítulo (…)”.

52 En el referido contrato se lee: “Documentos (sic) de unos SEMOVIENTES DE PROPIEDAD del Señor Marino González S., identificado con la cédula de ciudadanía 16.446.080 de Yumbo (V) distinguidos con las siguientes características: (…), dichos semovientes los recibe el señor Sixto Amadeo Narváez D., en utilidad en compañía por un tiempo de 3 años (…) el señor Sixto se compromete a suministrarles el cuido y droga que sean necesarias por cuenta de él, estos animales no se podrán vender solo y cuando sea una emergencia o un acuerdo entre las partes, si en el caso en que el señor Sixto venda algún semoviente sin autorización mía tendrá que responder y será disuelta la sociedad inmediatamente” (fl. 75, cdno.1).

53 Tal como se desprende de una denuncia hecha el 7 de mayo de 1994 ante la Personería de El Cerrito, donde se lee; “Yo Sixto Amadeo Narváez (…) por medio del presente memorial acuso a la Sra Ana Beatríz Charry Sierra (…) por el siguiente hecho.
Hicimos un contrato de siembra de lulo y cebolla en la vereda la Reina, Municipio del Cerrito – Valle. Yo cumplí sembrándolo pero tuve un accidente que estuve incapacitado por 9 meses y me extrajeron un riñón (…) (fl. 76, cdno.1).

54 El artículo 657 del Código Civil reza: “Inmuebles por adhesión. Las plantas son inmuebles, mientras adhieren al suelo por sus raíces, a menos que estén en macetas o cajones que puedan transportarse de un lugar a otro”.

55 Dicha noción sobre estabilización económica de las personas en situación de desplazamiento, ha sido desarrollado por la el CODHES, mediante la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre el Desplazamiento Forzado en el “Tercer Informe a la Corte Constitucional”, disponible en línea en: http://www.codhes.org/index.php?option=com_seg&templateStyle=9.

56 Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera, sentencia de unificación jurisprudencial del 28 de agosto de 2014, Exp. 31170, M.P. Enrique Gil Botero.