Sentencia 2004-00111 de mayo 10 de 2007 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: expediente 2004-00111

Consejero Ponente:

Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo

Acción: Nulidad y restablecimiento del derecho.

Actor: Luis Álvaro Pineda Villegas.

Bogotá, D.C., diez de mayo de dos mil siete.

El señor Luis Álvaro Pineda Villegas, a través de apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, instauró demanda contra la nota devolutiva de 14 de agosto de 2003 y la Resolución 740 de 7 de noviembre de 2003, expedidas por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, zona sur, por las cuales se devuelve sin registrar un documento.

I. Fundamentos de hecho y de derecho hecho

I.1. El actor relacionó, en síntesis, los siguientes hechos:

1. Que adquirió, en común y proindiviso con Nelson Beltrán y Jairo Sánchez Mosquera, mediante Escritura Pública 1822 de 9 de mayo de 1996 de la Notaría 48 de Bogotá, un lote de terreno con extensión de 6.399,80 metros cuadrados.

2. Que se presentaron problemas entre los condueños por deudas tributarias, razón por la cual optó por iniciar un proceso divisorio ante el Juzgado 12 Civil del Circuito de Bogotá, quien luego de los trámites legales dictó sentencia el 5 de junio de 2003, en la que ordenó aprobar el trabajo de partición, protocolizar el mencionado trabajo en la Notaría 48 de Bogotá y el registro en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos.

3. Con turno de radicación 2003-73747 de 11 de agosto de 2003 se solicitó el registro de la sentencia que ordenó la división material, con el fin de protocolizar luego la respectiva escritura pública para dar a cada porción de terreno sus respectivos títulos de manera independiente.

4. La Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá negó el registro de la sentencia, decisión frente a la cual se interpuso recurso de reposición, cuyos argumentos no fueron tenidos en cuenta.

I.2. Como fundamento de derecho de las pretensiones, adujo, en esencia, los siguientes cargos de violación:

1. La nota devolutiva se fundamentó en que en el folio de matrícula inmobiliaria se encuentra un embargo vigente de Ferretería Artimfer contra Nelson Beltrán y coactivo de la DIAN; y ejecutivo de Herlinda Martínez Blanco contra Luis Álvaro Pineda; y el predio está afectado con valorización del IDU contra Jairo Sánchez y Luis Álvaro Pineda.

La Resolución 740 de 7 de noviembre de 2003 se fundamentó en que las medidas cautelares inscritas impiden el registro de la división material y el Decreto 1604 de 1966, artículo 13, prohíbe el registro de particiones en procesos divisorios, si el predio se encuentra afectado a valorización.

Aduce el actor que la prohibición del registro respecto de inmuebles sobre los cuales pesa medida de embargo es solo cuando se refiere al registro de enajenación o de hipoteca, como se infiere del artículo 43 de la Ley 57 de 1887, aplicado indebidamente.

Además, señala que del contenido del artículo 1868 del Código Civil se infiere que el derecho de cada comunero es independiente del de los demás y, por lo tanto, puede gravarlo, darlo en garantía y venderlo sin necesidad del consentimiento de los demás comuneros; y el artículo 2323, ibídem, prevé que el derecho de cada uno de los comuneros sobre la cosa común es el mismo que el de los socios en el haber social. Por ello concluye que el derecho de cuota del comunero Nelson Beltrán, perseguido dentro de un proceso ejecutivo no puede afectar el registro de la sentencia de división material, porque no afecta el derecho del actor.

2. En cuanto a la razón para no acceder al registro de la sentencia porque el predio se encuentra afectado con valorización, aduce que la administración al aplicar el artículo 13 del Decreto 1604 de 1966 no tuvo en cuenta varios aspectos, a saber:

a) El predio está afectado por la proyectada construcción de obra pública de la oreja del costado sur occidental de la Avenida Ciudad de Cali por Avenida Jorge Eliécer Gaitán, como se desprende de la Resolución 71 de 19 de febrero de 2001, que modificó la Resolución 17 de 10 de enero de 1990, expedida por el Departamento de Planeación Distrital.

Desde la expedición de la Resolución 17 de 10 de enero de 1990 el demandante le ha solicitado al IDU que defina si realmente necesita el predio para la obra mencionada y en caso positivo, que se pronuncie sobre la fecha en que procederá la negociación, y la respuesta reiterada ha sido la de que no tiene presupuesto. Entre tanto, el predio no se ha podido explotar ni utilizar para la construcción de determinadas edificaciones; sin embargo, el IDU lo embarga por cuenta del cobro del gravamen de valorización. Los demás comuneros se niegan a pagar impuestos porque no pueden explotar el predio, que solo genera cuantiosos gastos.

b) Desde hace más de 14 años el predio se encuentra en la situación descrita y, por lo tanto, cabe la aplicación de la sentencia de la Corte Constitucional en el fallo de tutela T-381 de 1998, magistrado ponente doctor Hernando Herrera Vergara, en la que concluyó que existe una garantía consagrada en defensa del patrimonio del contribuyente, según la cual si el IDU no inicia la construcción de la obra que la origina dentro del término de dos años, tendrá que devolver lo recaudado, junto con la correspondiente indemnización, a la tasa de interés de financiación existente al momento del recaudo.

c) Enfatiza en que la debida interpretación de la norma que data del año 1966, debe acompasarse con los derechos de propiedad y al debido proceso que la administración le otorga al administrado, por lo que, a su juicio, el artículo 13 del Decreto 1604 de 1966 resulta contrario al texto del artículo 58 de la Carta.

d) Estima que dicha norma, a su vez, va en contravía del artículo 2304 del Código Civil, que consagra el derecho a pedir la partición. Además, la sentencia aprobatoria de la partición material en nada afecta los derechos de la administración a recaudar el gravamen de valorización.

3. Falsa motivación.

Aduce que la administración se fundamentó para devolver el documento sin registrar en un concepto emitido por la Superintendencia de Notariado y Registro, que no existe.

4. Desconocimiento del principio de la cosa juzgada.

Estima que se desconoció dicho principio, consagrado en los artículos 331 y 332 del Código de Procedimiento Civil, porque el Juzgado 12 Civil del Circuito de Bogotá que profirió la sentencia tuvo conocimiento de la situación de embargo de la cuota del copropietario Nelson Beltrán y en cuanto al embargo de la cuota del actor en el ejecutivo de Blanca Herlinda Fajardo de Martínez, el mismo ya se canceló mediante la anotación 12 de 23 de septiembre de 2003, lo cual se acreditó con el escrito en que se interpuso el recurso de reposición contra la nota devolutiva. De tal manera que ninguna de las razones que esbozó la administración se encuentra conforme a la ley.

II. Trámite de la acción

A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

II.(sic) Contestación de la demanda

La Superintendencia de Notariado y Registro se notificó personalmente del auto admisorio de la demanda, no obstante lo cual no la contestó.

En la etapa procesal correspondiente a alegatos de conclusión solicita no acceder a las pretensiones de la demanda, aduciendo, en esencia, que si el inmueble se encuentra afectado por el gravamen fiscal de valorización, el artículo 13 del Decreto 1604 de 1996, prohíbe registrar particiones y adjudicaciones en juicios de sucesión o divisorios; además que el artículo 43 de la Ley 57 de 1887 no permite el registro de escritura alguna de enajenación ni de hipoteca cuando el bien se halle embargado.

III. Alegato del Ministerio Público

La agencia del Ministerio Público, en su vista de fondo, se muestra partidaria de que se acceda a las pretensiones de la demanda, porque, en su opinión, la sentencia judicial no implica sacar los bienes del comercio; y en cuanto al gravamen de valorización, esta es una medida de carácter administrativo y no tiene la virtualidad de sacar del comercio los bienes y la vigencia de ella permanece incólume en cada una de las cuotas o adjudicaciones que resulten de la partición.

IV. Consideraciones de la Sala

Los actos acusados se abstuvieron de registrar la sentencia aprobatoria de la partición material, proferida en un proceso divisorio, por cuanto en el folio de matrícula inmobiliaria se encuentra un embargo vigente de Ferretería Artimfer contra Nelson Beltrán y coactivo de la DIAN; un ejecutivo de Herlinda Martínez Blanco contra Luis Álvaro Pineda; y porque el predio está afectado con valorización del IDU contra Jairo Sánchez y Luis Álvaro Pineda.

Dichos actos se fundamentaron en los artículos 43 de la Ley 57 de 1887 y 13 del Decreto 1604 de 1966.

El artículo 43 de la Ley 57 de 1887, prevé:

“El registrador de instrumentos públicos no registrará escritura alguna de enajenación, ni anotará escritura en que se constituya hipoteca cuando en el libro de registros de autos de embargos o en el libro de registro de demandas civiles aparezca registrado, bien el auto que ordena el embargo de la finca que se quiere enajenar o hipotecar, o bien la demanda civil de que se ha hablado”.

Ciertamente, conforme lo advierte el actor, el artículo 43 de la Ley 57 de 1887 fue indebidamente aplicado, pues esta norma claramente alude a la prohibición de registrar actos de disposición sobre un bien que se encuentra embargado, como ocurre con la venta o enajenación o la constitución de un gravamen real sobre el mismo, como ocurre con la hipoteca.

Ahora, el proceso divisorio tiene por objeto acabar con la indivisión que pesa sobre un bien que se encuentra en común y proindiviso en cabeza de varios propietarios, lo cual se puede obtener mediante dos formas: con la división material o con la venta en pública subasta (CPC, arts. 467 y 468).

La división material implica que cada comunero o condueño obtiene la cuota parte que le corresponde, debidamente delimitada e identificada. De tal manera que la sentencia aprobatoria de la partición material no supone enajenación o venta ni acto de disposición alguno sobre el bien, pues este continúa en cabeza de los distintos titulares del derecho de dominio, en la proporción en que se adquirió, solo que individualizado para cada uno e identificado por sus diferentes linderos generales y especiales.

Por estas razones el hecho de que el inmueble adquirido inicialmente por el actor y los otros condueños, en común y proindiviso, estuviere embargado, no impide el registro de la sentencia aprobatoria de la partición, máxime si en nada se afecta la medida cautelar, pues esta no puede rebasar el porcentaje que a cada condueño le corresponde en el inmueble.

Conforme se precisó en la sentencia de 2 de marzo de 2001 (Exp. 6173, C.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), la cuota parte que a cada comunero le corresponde es independiente y, por lo mismo, no puede resultar afectada por las obligaciones del otro. Tan cierto es ello que aun tratándose de obligaciones adquiridas en pro de la comunidad, el artículo 2325 del Código Civil es diáfano en establecer que a su pago solo es obligado el comunero que las contrajo.

Ahora, en lo que toca con la prohibición de registrar contenida en el artículo 13 del Decreto 1604 de 1966, adoptado como legislación permanente por la Ley 48 de 1967, cabe observar lo siguiente:

El artículo 13 del Decreto 1604 de 1966, establece:

“Los registradores de instrumentos públicos no podrán registrar escritura pública alguna, ni particiones y adjudicaciones en juicios de sucesión o divisorios, ni diligencias de remate, sobre inmuebles afectados por el gravamen fiscal de valorización a que se refiere el artículo anterior, hasta tanto la entidad pública que distribuyó la contribución le solicite la cancelación del registro de dicho gravamen, por haberse pagado totalmente la contribución...”.

Para la Sala la norma en estudio debe entenderse referida a particiones o adjudicaciones, en juicios de sucesión o divisorios, cuando en virtud de las mismas haya operado un cambio de titular del derecho de dominio sobre el bien, empero no cuando, como en este caso, se dio una partición material, pues la misma no supone venta en pública subasta ni, por ende, diligencia de remate.

Y es que no cabe hacer otra interpretación, pues con la aprobación de una partición material no se afecta el pago del impuesto por valorización. Todo lo contrario, ello facilita su recaudo, pues no es lo mismo que una persona pueda pagar, por ejemplo, el 17% del valor del impuesto, como ocurre en este caso con el actor, a que, en razón de la comunidad, deba responder por el 100% para desafectar el bien y luego repetir contra los demás.

Así pues debe la Sala acceder a declarar la nulidad de los actos acusados, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

DECLÁRASE la nulidad de la nota devolutiva de 14 de agosto de 2003 y de la Resolución 740 de 7 de noviembre de 2003, expedidas por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, zona sur.

Como consecuencia de la declaratoria anterior, y a título de restablecimiento del derecho, se ordena a la mencionada oficina registrar en el folio de matrícula inmobiliaria respectivo la sentencia aprobatoria de la partición de 5 de junio de 2003, proferida por el Juzgado 12 Civil del Circuito de Bogotá, dentro del proceso divisorio adelantado por Luis Álvaro Pineda Villegas contra Nelson Beltrán B. y Jairo Sánchez Mosquera.

Tiénese a la doctora Laura Tovar Celly como apoderada de la parte actora, de conformidad con la sustitución del poder obrante a folio 123 del expediente.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 10 de mayo de 2007.

Magistrados: Martha Sofía Sanz Tobón—Gabriel Eduardo Mendoza Martelo—Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta—Camilo Arciniegas Andrade.

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