Sentencia 2004-00127/33911 de mayo 13 de 2015

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Rad.: 25000232600020040127 01(33911)

Consejero Ponente (E):

Dr. Hernán Andrade Rincón

Actor: Eduardo Fulgencio García López.

Demandado: Rama Judicial.

Asunto: Apelación sentencia - Reparación directa.

Bogotá, D.C., trece de mayo de dos mil quince

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia que dictó el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el día 13 de diciembre de 2006, mediante la cual se denegaron las pretensiones de la demanda.

Extractos «II. Consideraciones

Corresponde a la Sala decidir sobre el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, proferida el día 13 de diciembre de 2006.

1. La competencia de la Sala.

La Sala es competente para conocer del asunto en segunda instancia, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra de la sentencia proferida el 13 de diciembre de 2006 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, comoquiera que la demanda se presentó el 22 de junio de 2004 y se fundamentó en uno de los títulos de imputación previstos en la Ley 270 de 1996, consistente en defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, motivo por el cual el Consejo de Estado tiene competencia para conocer el proceso en esta instancia, sin consideración de la cuantía.

2. La caducidad de la acción.

En cuanto a la oportunidad para formular la presente acción indemnizatoria, advierte la Sala que se interpuso dentro de los dos (2) años que establece el numeral 8 del artículo 136 del C.C.A., toda vez que el daño por cuya indemnización se demandó, esto es el defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia, se consolidó el 18 de junio de 2003, día en que la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá devolvió al Juzgado Sexto Civil Municipal de la misma ciudad el oficio de restitución de inmueble arrendado sin haberse podido registrar en el folio de matrícula inmobiliario correspondiente debido a la previa inscripción de otro embargo, razón por la cual, por haberse interpuesto la demanda el 22 de junio de 2004, se impone concluir que la misma se interpuso oportunamente.

3. Las pruebas.

Durante el curso del proceso se decretaron como pruebas y se recaudaron, de manera debida y oportuna, los siguientes elementos de acreditación:

— Copia del expediente del proceso abreviado de restitución de inmueble arrendado instaurado por el señor Eduardo Fulgencio García López contra el señor Ángel Rojas Orozco, identificado con el número 128301, que se surtió en el Juzgado Sexto Civil Municipal de Bogotá.

Las pruebas que forman parte, entre otros medios de convicción, del aludido proceso civil son:

— Declaraciones extra proceso rendidas por el señor Jorge Antonio Blanco López y la señora Martha Cortés de García, ante el Notario Veinte del Círculo de Bogotá, el 30 de julio de 2001 y el 8 de agosto de 2001, respectivamente, en las cuales dan cuenta de la existencia del contrato de arrendamiento mercantil celebrado verbalmente entre los señores Eduardo Fulgencio García López y Ángel Rojas sobre un establecimiento de comercio de propiedad del primero mencionado(13).

— Demanda civil de restitución de inmueble arrendado interpuesta por el señor Eduardo Fulgencio García López contra Ángel Rojas, ante el Juez Civil Municipal de Bogotá (Reparto), por mora en el pago de cánones de arrendamiento(14).

— Acta individual de reparto a través de la cual se informa que el proceso mencionado anteriormente le correspondió al Juzgado Sexto Civil Municipal de Bogotá(15).

— Auto proferido por el Juzgado Sexto Civil Municipal de Bogotá el día 24 de agosto de 2001, a través del cual se resolvió lo siguiente:

“El juzgado se abstiene de dar curso a la demanda de la referencia en razón a lo siguiente:

Las declaraciones aportadas no cumplen los requisitos del artículo 299 del C. de P.C. en con. Con(sic) el Decreto 1557/89 artículo 1.3. y por ende no se aporta la prueba requerida en el artículo 424 parágrafo 1.1. del mismo estatuto.

No se aportó la petición que debió hacerse al Notario y tampoco se explica en los mismos de manera clara y precisa las razones de su testimonio y las circunstancias relativas al mismo.

Se ordena devolver la demanda y anexos al interesado dejándose las constancias en el expediente”.

Esta providencia fue notificada por Estado el 3 de septiembre de 2001(16).

— Recurso de reposición y en subsidio de apelación interpuesto por el demandante del proceso civil contra la providencia mencionada anteriormente, el día 6 de septiembre de 2001(17).

— Auto proferido por el Juzgado Sexto Civil Municipal de Bogotá el 18 de octubre de 2001, mediante el cual revocó el auto de fecha 24 de agosto de 2001 y, en su lugar, admitió la demanda. Providencia notificada por Estado el 6 de noviembre de 2001(18) y personalmente al demandado el día 18 de febrero de 2002(19).

— Sentencia proferida por el Juzgado Sexto Municipal de Bogotá, a través de la cual resolvió dar por terminado el contrato de arrendamiento verbal celebrado el 15 de abril de 1999 entre Eduardo Fulgencio García López como arrendador y Ángel Rojas como arrendatario y, decretó el lanzamiento de Ángel Rojas del inmueble ubicado en la Carrera 67 A Nº 10-59/61 de Bogotá, para que le fuera restituido a Eduardo Fulgencio García López(20). Providencia notificada por Edicto el día 21 de mayo de 2002(21).

— Constancia de la diligencia de lanzamiento realizada el 24 de julio de 2002 por la Inspección 16 C Distrital de Policía, la cual fue aplazada en virtud de la solicitud elevada por el señor Ángel Rojas para que se le diera un plazo para entregar el inmueble(22).

— Constancia de continuación y terminación de la diligencia de lanzamiento realizada el primero de octubre de 2002, en la cual se deja constancia por parte de la Inspección 16 C Distrital de Policía que el inmueble materia de demanda fue entregado por el señor Ángel Rojas al señor Eduardo Fulgencio García López(23).

— Demanda ejecutiva singular interpuesta el 20 de febrero de 2003 por el señor Eduardo Fulgencio García López en contra del señor Ángel Rojas, por las sumas de dinero que le adeudaba el demandado por concepto de cánones de arrendamiento(24).

— Auto proferido el 27 de marzo de 2003 por el Juzgado sexto Civil Municipal de Bogotá, mediante el cual libró mandamiento de pago ejecutivo de mínima cuantía en favor de Eduardo Fulgencio García López y en contra de Ángel Rojas por la suma de $12.720.000 correspondiente a la suma total de cánones de arrendamiento causados y por la suma de $ 480.000, correspondiente al valor de las costas a que fue condenado el demandado en el proceso de restitución. Providencia notificada por Estado el 2 de abril de 2003(25).

— Demanda anexa de medidas cautelares, por medio de la cual el ejecutante solicitó el decreto y embargo preventivo del derecho de cuota que el ejecutado tenía sobre unos inmuebles especificados en el escrito contentivo de esta(26).

— Auto de fecha 23 de abril de 2003, mediante la cual el Juzgado Sexto Civil Municipal de Bogotá decretó el embargo y posterior secuestro de los derechos de cuota que tenía el demandado Ángel Rojas respecto del inmueble ubicado en la Carrera 6 Nº 91-35 y Garaje S1-60 del Edificio Virrey de Bogotá y, ordenó oficiar a la Oficina de Instruments Públicos de la misma ciudad. Providencia notificada por Estado el 16 de mayo de 2003(27).

— Oficio de 23 de mayo de 2003, suscrito por el Juzgado Sexto Civil Municipal de Bogotá, mediante el cual comunica al Registrador de Instrumentos Públicos y Privados sobre el auto mencionado en el punto anterior para que se sirviera proceder de conformidad, registrando la comunicación en el respectivo folio de matrícula inmobiliaria. Oficio recibido el 28 de mayo de 2003(28).

— Oficio allegado por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos el 10 de julio de 2003, en el cual le hace saber al Juzgado Sexto Civil Municipal de Bogotá que no fue registrado el oficio de restitución de inmueble arrendado 01-1283 de Eduardo Fulgencio García López contra Ángel Rojas por cuanto en el folio de matrícula correspondiente fue encontrado inscrito otro embargo ordenado por la Fiscalía General de la Nación mediante oficio de 31 de marzo de 2003(29).

— Dictamen pericial allegado el 30 de marzo de 2005, a través del cual se determinó la suma de $15.210.730 como el total de perjuicios que habría sufrido el demandante(30).

4. La alegada responsabilidad de la entidad pública demandada por los hechos objeto de esta demanda.

La Sala observa que en la demanda se hicieron dos imputaciones respecto de la actuación del Juzgado Sexto Civil Municipal de Bogotá, las cuales corresponden a clases distintas de daños causados por agentes judiciales.

En efecto, por un lado, el demandante consideró que la entidad demandada incurrió en error al haber inadmitido la demanda dentro del proceso declarativo de restitución de inmueble arrendado y, por otro, haber incumplido los términos judiciales previstos en el Código de Procedimiento Civil, en armonía con la Ley 446 de 1998, 270 de 1996 y la Constitución Política, tanto en el proceso mencionado como en el posterior proceso ejecutivo.

Significa lo anterior que la primera imputación corresponde a un error judicial, pues la falla se predica de una decisión judicial, en tanto que la segunda recae sobre un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por considerar que existió una falla sobre varias actuaciones de la entidad durante el curso de un proceso judicial.

Para efectos de ilustración, a continuación se expondrán las consideraciones del Consejo de Estado frente a estos dos tipos de daños.

4.1. La jurisprudencia de la Sala respecto del defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia y el error jurisdiccional.

En un principio la jurisprudencia y luego la ley se encargaron de dotar de sustantividad al régimen de responsabilidad patrimonial del Estado en aquellos casos en que se cuestionaba la ocurrencia de un daño causado por la acción del Aparato Judicial, ya fuere en el marco del tráfico procesal mismo o como consecuencia de un error judicial o jurisdiccional o en los casos de privación injusta de la libertad realizadas como consecuencia de una providencia judicial.

Así pues, se precisó que la responsabilidad patrimonial del Estado se vería comprometida cuando quiera que por la falta de vigilancia en los despachos judiciales o por la negligencia de los funcionarios de la Rama Judicial se perdieran documentos vitales para las resultas del proceso, como títulos ejecutivos o pruebas, todo ello en el marco de la falla del servicio, sin embargo, se consideraba que existía una carga pública que debían soportar los ciudadanos por razón del ejercicio de la función de Administrar Justicia, cuyo fundamento lo constituía principalmente el efecto de la cosa juzgada y el principio de la estabilidad de las decisiones judiciales, soportado a su vez en el de la seguridad jurídica.

La situación descrita en torno a la responsabilidad del Estado por las acciones u omisiones de las autoridades judiciales antes de 1991, se modificó sustancialmente con la expedición de la Constitución Política de dicho año, en cuyo artículo 90 se estableció como regla de principio la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de todas las autoridades públicas, incluidas entre éstas, como no podría ser de otro modo, las autoridades judiciales.

En 1996, con la Ley 270, Estatutaria de la Administración de Justicia, el asunto se consolidó en torno a las hipótesis en las cuales se puede enmarcar la responsabilidad patrimonial del Estado por las actuaciones del Aparato Judicial, las cuales quedaron, junto con la noción de falla del servicio judicial, definidas en los artículos 65 a 69 de la norma en comento, a cuyo tenor:

“ART. 65.—De La Responsabilidad del Estado. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de sus agentes judiciales.

“En los términos del inciso anterior el Estado responderá por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por el error jurisdiccional y por la privación injusta de la libertad.

“ART. 66.—Error jurisdiccional. Es aquel cometido por una autoridad investida de facultad jurisdiccional, en su carácter de tal, en el curso de un proceso, materializado a través de una providencia contraria a la ley.

“ART. 67.—Presupuestos del error Jurisdiccional. El error jurisdiccional se sujetará a los siguientes presupuestos:

“1. El afectado deberá haber interpuesto los recursos de ley en los eventos previstos en el artículo 70, excepto en los casos de privación de la libertad del imputado cuando ésta se produzca en virtud de una providencia judicial.

“2. La providencia contentiva de error deberá estar en firme.

“ART. 68.—Privación injusta de la libertad. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios.

“ART. 69.—Defectuoso funcionamiento de la administración de justicia. Fuera de los casos previstos en los artículos 66 y 68 de esta ley, quien haya sufrido un daño antijurídico, a consecuencia de la función jurisdiccional tendrá derecho a obtener la consiguiente reparación”.

A la luz de las normas legales transcritas queda claro que el legislador estableció tres hipótesis en alguna de las cuales se deben enmarcar los hechos objeto de la demanda con el fin de que se declare una eventual responsabilidad del Estado por la actividad del Aparato Judicial: i) el error jurisdiccional; ii) la privación injusta de la libertad; y, iii) el defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia.

El Defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia:

La Sala ha aplicado el defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia como fuente de la responsabilidad patrimonial del Estado; en este sentido ha afirmado que:

“El problema jurídico a resolver en el sub-lite se contrae a la imputación de responsabilidad hecha por la parte demandante a la Nación por la existencia de errores cometidos en la tramitación de un proceso ejecutivo que había culminado con la respectiva adjudicación, a su favor, del bien inmueble embargado que respaldaba la deuda objeto de cobro judicial, a través de remate que, como consecuencia de tales errores, fue declarado sin valor, debiendo recibir la actora, tiempo después, la devolución de la misma suma de dinero que había pagado por el inmueble en la respectiva diligencia de remate.

“Para la época en la cual sucedieron los hechos que dieron origen a la presente controversia —octubre de 1992, cuando se produjo la diligencia de remate y adjudicación del bien; diciembre de 1993, cuando se dejó sin valor el remate y febrero de 1994, cuando se devolvió el dinero pagado por la demandante—, aún no se había expedido la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, que consagra expresamente los eventos de responsabilidad patrimonial por actuaciones y omisiones de la Rama Judicial, pero sí el artículo 90 de la Constitución Política, que contiene el fundamento constitucional de la responsabilidad patrimonial del Estado en general, al establecer que el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas, entre las cuales obviamente se encuentran las judiciales, quienes con sus actuaciones u omisiones también pueden ocasionar daños antijurídicos a terceros, que por lo tanto están en el deber de reparar.

“Ahora bien, se observa que como parte de las actividades propias de la Administración de Justicia, hay lugar al trámite de procesos dentro de los cuales son múltiples las actuaciones u omisiones que pueden constituirse en fuente de daños a terceros, algunas de ellas contenidas en providencias judiciales, otras en hechos concretos y unas más en simples trámites secretariales o administrativos; es por ello que surgió doctrinal y jurisprudencialmente una clasificación, posteriormente recogida por el legislador, en relación con los eventos de responsabilidad patrimonial de la Administración de Justicia, que comprende los casos, consagrados hoy en día en los artículos 66, 68 y 69 de la Ley 270 de 1996, correspondientes a la privación injusta de la libertad, al error jurisdiccional y al defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia.

“En el presente caso, es claro que la demandante no cuestiona una medida privativa de la libertad y tampoco discute una decisión judicial, sino que atribuye el daño antijurídico por el cual reclama, a una actuación secretarial adelantada en el Juzgado Doce Civil del Circuito, que condujo a que la diligencia de remate dentro del proceso ejecutivo en cuestión hubiere tenido que ser declarada sin valor, por haberse surtido respecto de un bien inmueble que no fue debidamente identificado en el aviso por medio del cual se dio publicidad a la futura diligencia.

“Así pues, el origen del daño se halla en un trámite que no envuelve decisión alguna por parte del funcionario judicial, sino que constituye apenas una actuación administrativa adelantada en el desarrollo de un proceso judicial, que puede calificarse, por lo tanto, como un evento de defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia que se enmarca dentro de la teoría general de la falla del servicio y por el cual, de encontrarse probado, puede deducirse la responsabilidad patrimonial de la Nación, si además se acredita el daño antijurídico que con el mismo se hubiere causado” (las negritas son de la Sala)(31).

Vale la pena destacar, sin embargo, que en el evento del defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia aun cuando el artículo 69 de la Ley 270 de 1996 hace expresa referencia a un régimen de falla en el servicio, ello no obsta para que los hechos del caso puedan analizarse bajo un régimen de responsabilidad distinto, tal como lo expresó la Corte Constitucional en la Sentencia C-037 de 1996, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, en la cual se analizó la constitucionalidad de la mencionada ley:

“La Corte estima que el inciso primero del presente artículo es exequible, pues si bien sólo hace alusión a la responsabilidad del Estado —a través de sus agentes judiciales— por falla en el servicio, ello no excluye, ni podría excluir, la aplicación del artículo 90 superior en los casos de la administración de justicia. En efecto, sin tener que entrar a realizar análisis alguno acerca de la naturaleza de la responsabilidad estatal y sus diversas modalidades —por escapar ello a los fines de esta providencia—, baste señalar que el principio contemplado en el artículo superior citado, según el cual todo daño antijurídico del Estado —sin importar sus características— ocasiona la consecuente reparación patrimonial, en ningún caso puede ser limitado por una norma de inferior jerarquía, como es el caso de una ley estatutaria. Ello, en vez de acarrear la inexequibilidad del precepto, obliga a una interpretación más amplia que, se insiste, no descarta la vigencia y la aplicación del artículo 90 de la Carta Política”.

En la misma línea, acerca del régimen de responsabilidad aplicable, la Subsección encuentra pertinente reiterar lo señalado por la Sala Plena de la Sección Tercera, en Sentencia del 29 de abril de 2012, en torno a la utilización de los llamados regímenes de responsabilidad, según la cual:

“En la actualidad, las decisiones judiciales que se consideran admisibles son únicamente aquellas que tienen como sustento, criterios o parámetros distinguibles que puedan ser revisados y analizados desde una órbita externa a la decisión misma. Bajo esa perspectiva, cada providencia judicial conlleva una elección entre diferentes opciones de solución, que, según el criterio del fallador, se escoge por mostrarse como la más adecuada al caso concreto.

“En ese orden de ideas, la razón por la cual se exige al juez dicha motivación tiene que ver con la necesidad de observar el itinerario recorrido para la construcción y toma de la decisión adoptada, de manera que se disminuya el grado de discrecionalidad del fallador quien deberá siempre buscar la respuesta más acertada, garantizando así una sentencia argumentada, susceptible de ser controvertida en tal motivación por vía de impugnación por las partes que se vean perjudicadas.

“En el caso colombiano, la obligatoriedad de motivación de las sentencias judiciales, encuentra su antecedente más cercano en el artículo 163 de la Constitución de 1886(32), regla ésta que fue excluida de la Carta Política de 1991 y que vino a ser incorporada de nuevo con la expedición de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia(33). Así mismo, el Código Contencioso Administrativo contempla los elementos esenciales que deben contener las sentencias judiciales, entre los cuales aparece de manera expresa la necesidad de motivación(34).

“En lo que refiere al derecho de daños, como se dijo previamente, se observa que el modelo de responsabilidad estatal establecido en la Constitución de 1991 no privilegió ningún régimen en particular, sino que dejó en manos del juez la labor de definir, frente a cada caso concreto, la construcción de una motivación que consulte razones, tanto fácticas como jurídicas que den sustento a la decisión que habrá de adoptar. Por ello, la jurisdicción contenciosa ha dado cabida a la adopción de diversos “títulos de imputación” como una manera práctica de justificar y encuadrar la solución de los casos puestos a su consideración, desde una perspectiva constitucional y legal, sin que ello signifique que pueda entenderse que exista un mandato constitucional que imponga al juez la obligación de utilizar frente a determinadas situaciones fácticas un determinado y exclusivo título de imputación.

“En consecuencia, el uso de tales títulos por parte del juez debe hallarse en consonancia con la realidad probatoria que se le ponga de presente en cada evento, de manera que la solución obtenida consulte realmente los principios constitucionales que rigen la materia de la responsabilidad extracontractual del Estado, tal y como se explicó previamente en esta providencia”(35).

El error jurisdiccional:

Ha dicho la Sala que el error jurisdiccional tiene lugar respecto “de falencias en las que se incurre en providencias judiciales por medio de las cuales se interpreta, se declara o se hace efectivo el derecho subjetivo(36)” y específicamente en cuanto al entendimiento que ha de darse a la conceptualización legal del error judicial —providencia contraria a la ley—, esta misma Corporación ha precisado que tal contradicción no tiene que ser “grosera, abiertamente ilegal o arbitraria”:

“Sobre esta exigencia la Sala ha expresado, en sentido contrario a lo expuesto por la Corte Constitucional en la Sentencia C-037 de 1996, que:

“Si así se entendiera el error judicial como la ‘actuación subjetiva, caprichosa, arbitraria y flagrantemente violatoria del debido proceso’ que obedece a las motivaciones internas del juez que actúa sin fundamento objetivo y razonable, se estaría desconociendo la fuente constitucional de la responsabilidad del Estado consagrada en el artículo 90 de la Carta, según el cual éste debe indemnizar todo daño antijurídico que ocasione, con prescindencia de la eventual falta personal del agente que lo causa.

Precisamente como desarrollo legal de la disposición constitucional, el artículo 66 de la Ley 270 de 1996 define el error judicial como el ‘cometido por una autoridad investida de facultad jurisdiccional, en su carácter de tal, en el curso de un proceso, materializado a través de una providencia contraria a la ley’, sin incluir como ingrediente de la definición la culpabilidad del funcionario que lo realiza.(37)“ (Resaltado fuera del texto original)(38).

De igual manera, la sentencia a la cual se viene haciendo mención señaló que, como en otra oportunidad lo sostuvo la Sala(39), la referida contradicción “no necesariamente debe tener la entidad de una vía de hecho para que pueda constituirse en fuente de responsabilidad patrimonial del Estado”, habida consideración de la distinción que necesariamente debe efectuarse “para examinar la responsabilidad personal del juez, de un lado y, de otro, los que deben entrar en juego cuando la estudiada es la responsabilidad patrimonial del Estado derivada del funcionamiento de la Administración de Justicia”:

“El anotado punto de vista es el que tiene en cuenta que la cláusula general de responsabilidad consagrada en el artículo 90 de la Constitución Política, impone una necesaria diferenciación entre los presupuestos de la responsabilidad patrimonial del Estado originada en el daño antijurídico imputable a la acción u omisión del poder jurisdiccional, de un lado y los presupuestos de la responsabilidad personal del agente judicial, de otro, habida cuenta que aquellos y éstos divergen sustancialmente. Y ese deslinde se hace necesario con el propósito de no limitar, inconstitucionalmente, el sentido lógico y las condiciones de operatividad de cada uno de los referidos ámbitos de responsabilidad, pues tratándose del primero de ellos el juicio de responsabilidad al Estado existe la propensión, tanto doctrinaria como jurisprudencial, a introducir restricciones sustanciales al alcance de la cláusula general de responsabilidad de raigambre constitucional, con desmedro de la adecuada protección de la situación de la víctima del daño antijurídico.

La aludida sentencia C-037 de 1996 es fiel muestra de cuanto aquí se afirma en el apartado en el que se ocupa de enjuiciar la exequibilidad del artículo 66 de la Ley 270, al determinar las condiciones bajo las cuales procede estimar configurado un error judicial, como quiera que se ocupa de analizar en abstracto los casos de responsabilidad directa del Estado por el daño antijurídico imputable a la Administración de Justicia, con base en elementos propios de la responsabilidad personal del agente del Estado que profiere la decisión cuestionada.

Y es que no puede perderse de vista que, tratándose de la responsabilidad directa del Estado derivada del error judicial, el punto de partida es el daño causado al usuario del servicio jurisdiccional, en la medida en que resulte imputable a la organización estatal por acción u omisión, de manera que el centro del debate se traslada del aspecto subjetivo relacionado con la conducta del juez, a la fuente originaria de la responsabilidad, vale decir, al daño antijurídico. En cambio, cuando se trata de la responsabilidad del agente judicial, como lo ha expresado prolija y claramente la Sala,

““... se limita la responsabilidad personal del funcionario al acreditamiento y configuración de eventos constitutivos de culpa grave o dolo, el ordenamiento dispensa un tratamiento de favor, desde el punto de vista del derecho material, que beneficia al funcionario, garantizando de esta manera, también su autonomía y relativa independencia.

(...)

Ambos dispositivos han de interpretarse, desde luego, bajo la óptica del artículo 90, como desarrollo que son del precepto constitucional y, en esa dirección, se debe sostener que la responsabilidad en ellos disciplinada, concibe el error judicial de una manera objetiva, bastando para su configuración, el que la providencia que lo contenga sea “contraria a la ley”, único criterio establecido por la norma, sin exigencia adicional alguna. La Sala desea subrayar que en parte alguna el precepto normativo introdujo la noción de culpa grave o dolo o la del denominado error “inexcusable”, como que estos límites materiales se reservaron para la disciplina de la responsabilidad personal del funcionario.

(...)

Es esta la razón por la cual las restricciones impuestas a manera de límites culpa grave o dolo que buscan proteger la independencia y autonomía del funcionario, como se observó, no pueden oponerse a manera de excepciones y tampoco pueden servir de justificación para una sentencia desestimatoria, cuando la pretensión de responsabilidad es ejercida por la víctima del daño antijurídico en contra del Estado, como que, precisamente, la separación entre los dos regímenes de responsabilidad, impone que cada una se analice desde perspectivas diferentes, a lo que la Sala agrega que, tratándose de la responsabilidad directa del Estado la exigencia de la culpa grave, el error inexcusable, la vía de hecho, la arbitrariedad, capricho, subjetividad, que fundamentan la responsabilidad personal del agente judicial, no pueden exigirse, cuando se trata de la responsabilidad directa o exclusiva del Estado, fundamentada tan solo en el daño antijurídico”(40)(41)

De otra parte, la Sala ha reiterado que para fundamentar la declaratoria de responsabilidad extracontractual por error judicial se requiere la concurrencia de requisitos del siguiente orden:

“(i) Efectivamente, debe dejarse de lado toda postura restrictiva de la obligación fijada por el artículo 90 constitucional, a cargo del Estado, en el sentido de asumir la responsabilidad patrimonial derivada de cualquier daño antijurídico que le sea imputable. Por tanto, no sólo en aquellos casos en los cuales se configure el error judicial, porque se evidencie la configuración de una vía de hecho, hay lugar a que se profiera la correspondiente condena en contra del Estado por supuesto que, en los mismos, tal consecuencia resulta imperativa. Siempre que se profiera una decisión judicial contraria a la ley(42) en los términos del artículo 66 de la Ley Estatutaria 270, independientemente de consideraciones subjetivas sobre el proceder del agente judicial que la emite vale decir, referidas a determinar si incurrió en culpa o dolo, el Estado será patrimonialmente responsable.

(ii) Sin embargo, la anterior conclusión en torno a la responsabilidad directa del Estado por el hecho de los jueces, debe partir del reconocimiento de los límites del razonamiento jurídico y, en consecuencia, de que no frente a todos los problemas jurídicos será posible identificar una única respuesta o solución correcta. De hecho, el denominado “principio de unidad de respuesta correcta o de unidad de solución justa” de los enunciados jurídicos es, apenas, una aspiración de los mismos, la cual podrá, en veces, ser alcanzada, mientras que, en otras ocasiones, no acontecerá así. De ello se desprende que, ante un mismo caso, es jurídicamente posible la existencia de varias soluciones razonables en cuanto correctamente justificadas pero diferentes, incluso excluyentes o contradictorias. Tal consideración limita el ámbito dentro del cual puede estimarse que la decisión de un juez incurre en el multicitado error jurisdiccional, toda vez que la configuración de éste ha de tener en cuenta que en relación con un mismo punto de hecho, pueden darse varias interpretaciones o soluciones de Derecho, todas jurídicamente admisibles en cuanto correctamente justificadas. Entonces, sólo las decisiones carentes de este último elemento una justificación o argumentación jurídicamente atendible pueden considerarse incursas en error judicial”(43).

Respecto del segundo elemento enunciado, la Sala reafirmó lo expuesto en la Sentencia de 30 de noviembre de 2006(44), a propósito de “las verdaderas posibilidades y límites del razonamiento jurídico” en aras de “dilucidar si el razonamiento jurídico, en todos los casos, permite identificar una única respuesta correcta o solución correcta o, lo que es igual, la solución acertada —y, correlativamente, la(s) desacertada(s) o equivocada(s)—, la única jurídicamente admisible —y, paralelamente, la(s) contraria(s) a Derecho—”, línea jurisprudencial a partir de la cual concluyó que

Sólo las decisiones judiciales que sin necesidad de que constituyan una vía de hecho, que determinaría la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales resulten contrarias a Derecho por carecer de una justificación coherente, razonable, jurídicamente atendible, que las provea de aceptabilidad, pueden ser válidamente catalogadas como incursas en error jurisdiccional. En este sentido, ha sostenido la Sala:

“Estima la Sala que, cuando el juez al ejercer el núcleo central de la actividad jurisdiccional, esto es, al proferir su sentencia, invoca a manera de fundamentación de la decisión una determinada interpretación o argumentación con base en principios y valores consagrados en la Constitución, sin que aquélla aparezca por lo menos como razonable dentro del contexto fáctico del caso concreto sometido a su conocimiento, incurre en error judicial, si la pretendida fundamentación de la decisión no guarda compatibilidad alguna con la hipótesis fáctica que los hechos probados muestran en la instancia. (Se resalta)

Dicho en otros términos, la labor de interpretación jurisdiccional, si bien por naturaleza supone un grado amplio de autonomía para el juzgador, en la medida en que el operador jurídico puede optar por varias lecturas interpretativas del caso concreto, siempre y cuando, se reitera, guarden armonía y compatibilidad con los hechos y con el derecho aplicable a una determinada situación; esa manifestación de la autonomía jurisdiccional, no puede servir de justificación a una determinada decisión, cuando aparece objetivamente que la invocación de una doctrina constitucional, resulta perfectamente inadecuada o incompatible frente a la realidad de los hechos acreditados. (Se resalta)

(...)

Por manera que, analizada la situación desde la perspectiva del “silogismo jurídico”, que se basa en la estructura tradicional de la norma jurídica, método éste particularmente esquemático para determinar y precisar los errores en las denominadas premisas del silogismo mayor y menor, o aquéllos que se materializan en la conclusión; o bien desde la perspectiva del método de la interpretación y argumentación con base en principios y valores, no necesariamente limitados al precepto legal, como que sabido se tiene que, más allá del precepto, se encuentran aquellos, es lo cierto que, ambos métodos de aplicación del derecho, reclaman por parte del ordenamiento una coherencia en la conducta del operador jurídico, que permita justificar fundamentación, la decisión judicial adoptada dentro del contexto fáctico y normativo en el cual se adopta. (Se resalta)

(...)

Pues bien, sea que el intérprete se encuentre de cara a una regla y haga uso del tradicional silogismo jurídico para encuadrar la hipótesis fáctica por él considerada en el precepto normativo, sea que pretenda solucionar la controversia de la mano de los principios y valores ínsitos en el ordenamiento y eventualmente explicitados en norma de rango constitucional o legal, es lo cierto que, la toma de posición, ha de respetar un “contexto de significado”, propio del principio, una ratio iuris compatible con el sentir general de éste, para que la fundamentación de la decisión por él adoptada, pueda ser considerada racional dentro del contexto del ordenamiento jurídico vigente(45)(46) (subrayas en el texto original; cursivas y negrillas fuera de él)”.

4.3. Caso concreto.

En el sub lite, la parte actora afirmó haber sufrido un perjuicio por el defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia, debido a la falta de cumplimiento de los términos procesales establecidos en la Ley por parte del Juzgado Sexto Civil Municipal de Bogotá y a la imposibilidad de registrar el embargo decretado y ordenado por dicho despacho judicial sobre un bien inmueble, en el cual se había registrado previamente otro embargo por otro proceso judicial.

Aseguró que esa imposibilidad de registrar la medida cautelar se debió a la actuación de la entidad demandada desde el inicio del proceso de restitución de inmueble arrendado al haber inadmitido la demanda y al haber incumplido los términos procesales que la Ley prevé durante ese proceso y el posterior proceso ejecutivo.

Por su parte, la Rama Judicial afirmó haber actuado según las normas constitucionales y procesales vigentes y de acuerdo con los requerimientos y las pruebas aportadas al proceso.

De acuerdo con el acervo probatorio allegado al expediente, la Sala encuentra que no se evidencia actuación alguna por parte de la entidad pública demandada que pudiere ser constitutiva del alegado defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia o actuación indebida alguna, de acuerdo con lo que se pasa a explicar.

En primer lugar, es preciso aclarar que el daño alegado por la parte demandada deviene, como se ha mencionado ya, de la imposibilidad de inscribir en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos el embargo ordenado por la entidad demandada, comoquiera que en el folio de matrícula inmobiliaria se encontró otra medida cautelar ordenada dentro de otro proceso por la Fiscalía General de la Nación.

Pues bien, la falla del servicio alegada por el demandante recae sobre la presunta equivocada actuación de la Rama Judicial durante dos procesos judiciales a saber, uno el de restitución de inmueble arrendado y, otro, el ejecutivo singular. Al respecto, la Sala observa que no es posible predicar dicha falla sobre dos proceso distintos, es decir, si bien ambos tienen una íntima relación en el sentido que el segundo se inicia como consecuencia del primero, tanto así que el título ejecutivo es la sentencia del proceso declarativo, lo cierto es que se trata de dos procesos totalmente diferentes.

Al respecto, valga citar al doctrinante Hernán Fabio López Blanco(47), quien sobre estos dos tipos de procesos conceptualizó lo siguiente:

Respecto del proceso declarativo o cognoscitivo menciono que es aquel:

“Mediante el cual se busca que el juez, una vez haya analizado el material probatorio en cada caso, profiera sentencia conforme a la pretensión aducida en la demanda, o absuelva al demandado, según lo que se haya podido probar, el que tiene como nota característica dominante el hecho de que existe falta de certeza acerca del hecho cuya declaración se pide y se quiere con la sentencia poner fin a la incertidumbre”.

En relación con el proceso ejecutivo afirmó:

“Base fundamental de la organización judicial de un país la constituye el respeto a los derechos de sus habitantes, de ahí que las autoridades y, para efectos de este estudio las jurisdiccionales, deben estar facultadas —y en efecto lo están—, para hacer reconocer, aun por la fuerza, los derechos de los asociados a cuyo cumplimiento se muestra renuente el obligado, siempre que consten en el denominado título ejecutivo.

El instrumento central con el cual se ha dotado a las autoridades jurisdiccionales para llevar a cabo tan trascendente misión, es el proceso ejecutivo, por medio del cual se procura el cumplimiento forzado de la obligación plenamente reconocida o establecida y no atendida en su debida oportunidad por el deudor.

(…)

El juicio ejecutivo teóricamente debe ser más rápido que el de conocimiento, por cuanto aquel parte de una base que éste no tiene: la certeza de la existencia de un derecho cierto, exigible y claro o, por lo menos, la presunción de que el derecho tiene esas cualidades.

(…)

Mientras que en el proceso cognoscitivo se persigue la declaración de derecho, bien sea porque éste aún no se tiene, o porque existe duda en cuanto a su titularidad, en el proceso de ejecución se parte de la base de un derecho cierto, exigible, contenido en el título ejecutivo, que en ocasiones puede también ser una providencia de condena proferida en un proceso cognoscitivo; estos dos tipos de procesos, no obstante ser distintos, a veces pueden ser tramitados en un mismo expediente, porque nuestro Código prevé la figura de la ejecución en proceso ejecutivo tramitado a continuación del juicio cognoscitivo que culminó con sentencia de condena para darle observancia a la misma (C de P., art. 335).

Existe otra nítida diferencia entre estos dos tipos básicos de procesos: mientras en el cognoscitivo la carga de la prueba corresponde al demandante por cuanto se parte de la base de la inocencia del demandado, en el juicio ejecutivo esa prueba se traslada íntegramente al demandado”.

De esta manera queda claro que el proceso declarativo y el proceso ejecutivo tienen una finalidad distinta, pues mientras que en el primero se pretende el reconocimiento de un derecho, en el segundo la finalidad es el cumplimiento de una obligación o un derecho ya reconocido.

Así entonces, la Sala solamente analizará la supuesta falla en la actuación de la entidad demandada respecto del proceso ejecutivo toda vez que está plenamente demostrado que en el proceso declarativo, esto es el iniciado por el señor Eduardo Fulgencio García López contra el señor Ángel Rojas con el fin de que se le restituyera el inmueble ubicado en la Carrera 67 A Nº 10-59/61 de Bogotá que se encontraba arrendado por el segundo de los mencionados, la pretensión fue plenamente satisfecha comoquiera que obra en el encuadernamiento prueba de que el inmueble materia de demanda fue entregado por el señor Ángel Rojas al señor Eduardo Fulgencio García López el día 1º de octubre de 2002.

Por razón de lo anterior, el título de imputación jurídica ya no correspondería a error judicial ni a defectuoso funcionamiento de la administración de justicia respecto del proceso declarativo puesto que las actuaciones efectuadas allí hicieron parte de un proceso culminado satisfactoriamente para la parte actora, sino que únicamente se estudiará la falla desde el punto de vista del defectuoso funcionamiento de la administración de justicia dentro del proceso ejecutivo que se inició con el fin de obtener las sumas adeudadas por el señor Ángel Rojas al señor Eduardo Fulgencio García López, por los cánones de arrendamiento que no fueron cancelados en la debida oportunidad.

Ahora bien, analizados los documentos obrantes en el expediente, la Sala observa la ausencia de nexo causal entre la actuación de la entidad demandada y el daño alegado por el demandante, de conformidad con lo que se pasa a explicar.

Puesto que en la demanda se le endilgó responsabilidad a la entidad accionada por el presunto incumplimiento de los términos judiciales, es preciso mencionar lo que el Consejo de Estado ha dicho sobre la mora judicial:

“En este sentido, es claro que, en razón de los artículos aludidos, así como, principalmente, de los artículos 29 de la Constitución Política(48), 9.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos(49), 7.5 y 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos(50) y 25 de la Declaración Americana de Derechos Humanos(51), la mora judicial, es decir, la falta de decisión judicial en un plazo razonable(52), da lugar a la reparación del daño que con ella se cause, en tanto la misma constituye un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.

El artículo 29 de la Constitución establece en uno de sus apartes el derecho a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas. El artículo 228 de la Carta, a su vez, reitera que los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado. La Corte Constitucional se ha pronunciado varias veces sobre este importante componente del debido proceso, en el sentido de afirmar que el derecho a que no se incurra en omisiones o dilaciones injustificadas en las actuaciones que corresponden al juez como autoridad pública “hacen parte integral y fundamental del derecho al debido proceso, y al acceso efectivo a la administración de justicia”(53).

De conformidad con la doctrina sentada por la Corte Constitucional, la mora judicial que configura vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, se caracteriza por “(i) el incumplimiento de los términos señalados en la ley para adelantar alguna actuación por parte del funcionario competente, (ii) la falta de motivo razonable y prueba de que la demora es debida a circunstancias que no puede contrarrestar y directamente relacionada con el punto anterior, (iii) la omisión en el cumplimiento de sus funciones por parte del trabajador, debida a la negligencia y desidia respecto de sus obligaciones en el trámite de los procesos. Ahora bien otra conclusión que se puede inferir de la jurisprudencia constitucional es la diferenciación que hace entre incumplimiento de los términos originada en la desatención injustificada del funcionario de sus deberes y la existencia de una sobre carga de trabajo sistemática en algunos los despachos, que hace prácticamente imposible el respeto estricto de los términos judiciales(54)”.

La Sección Tercera, por su parte, en Sentencia del 3 de febrero de 2010(55), precisó que para resolver si en un caso concreto hay lugar a la responsabilidad del Estado por fallas en la administración de justicia derivadas del retardo en adoptar decisiones, debe decidirse si ese retardo estuvo o no justificado, conclusión a la cual se llegará luego de señalar la complejidad del asunto, el comportamiento del recurrente, la forma como haya sido llevado el caso, el volumen de trabajo que tenga el despacho de conocimiento y los estándares de funcionamiento, que no están referidos a los términos que se señalan en la ley, sino al promedio de duración de los procesos del tipo por el que se demanda la mora, ya que este es un asunto que hay que tratar no desde un Estado ideal sino desde la propia realidad de una administración de justicia con problemas de congestión, derivados de una demanda que supera la limitación de recursos humanos y materiales disponibles para atenderla.”(56) (57)

Descendiendo al caso concreto, se tiene que la demanda ejecutiva fue interpuesta el 20 de febrero de 2003, solicitando como medida cautelar el embargo y secuestro de un bien inmueble de propiedad del demandado; el Juzgado Sexto Civil Municipal de Bogotá libró mandamiento de pago ejecutivo mediante auto del 27 de marzo del mismo año, el cual fue notificado por Estado el 2 de abril siguiente. El día 7 abril de 2003, el demandante prestó la correspondiente caución.

Por medio de auto proferido el 23 de abril de 2003, el Juzgado Sexto Civil Municipal de Bogotá decretó el embargo y posterior secuestro de los derechos de cuota que tenía el demandado Ángel Rojas respecto del inmueble ubicado en la Carrera 6 Nº 91-35 y Garaje S1-60 del Edificio Virrey de Bogotá y, ordenó oficiar a la Oficina de Instrumentos Públicos de la misma ciudad. Esta providencia fue notificada por Estado el 16 de mayo de 2003.

El Juzgado Sexto Civil Municipal de Bogotá, a través de oficio de fecha 23 de mayo de 2003, comunicó al Registrador de Instrumentos Públicos y Privados sobre el auto mencionado en el punto anterior para que fuera registrada la medida cautelar. Dicho oficio fue recibido en la entidad el 28 de mayo de 2003.

El 10 de julio de 2003, la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos allegó un oficio en el cual hizo saber al Juzgado Sexto Civil Municipal de Bogotá que no fue registrado el oficio de restitución de inmueble arrendado 01-1283 de Eduardo Fulgencio García López contra Ángel Rojas por cuanto en el folio de matrícula correspondiente fue encontrado inscrito otro embargo ordenado por la Fiscalía General de la Nación mediante oficio de 31 de marzo de 2003.

De las anteriores actuaciones, la Sala observa que los términos en que se surtieron estuvieron acordes con el normal funcionamiento de la administración de justicia nacional, que no hubo dilación alguna injustificada, pues todo el proceso se surtió dentro de un tiempo razonable, por lo que la Sala considera que haber encontrado inscrito un embargo sobre el mismo predio sobre el cual el Juzgado Sexto Civil Municipal de Bogotá había decretado la medida cautelar en favor del demandante, obedece a un hecho ajeno que no se le puede imputar a la entidad demandada, máxime si la inscripción del embargo decretado previamente por la Fiscalía General de la Nación se hizo el 31 de marzo de 2003, misma fecha en que se libró mandamiento de pago dentro del proceso adelantado por el también ahora demandante y, además, teniendo en cuenta que la inscripción de estas medidas se hace en cumplimiento de un deber legal, en el orden en que lleguen a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos.

Así pues, el proceso se llevó a cabo con normalidad, sin embargo, sucedió un hecho imprevisible, consistente en la existencia de un proceso simultáneo llevado por la Fiscalía General de la Nación, entidad que, coincidentemente decretó el embargo sobre el mismo bien sobre el cual el Juzgado demandado en este proceso había decretado el embargo, por solicitud del propio demandante del proceso ejecutivo, señor Eduardo Fulgencio García López, demandante también en el presente caso.

Por lo anterior, la Sala encuentra que no se comprometió la responsabilidad de la entidad pública demandada por los hechos objeto de la demanda que se decide en esta oportunidad en segunda instancia y, por tanto, confirmará la sentencia de primera instancia, pero por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

5. Condena en costas.

Habida cuenta que para el momento en que se dicta este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y, en el sub lite, ninguna actuó de esa forma, en el presente asunto no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Confirmase la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el día 13 de diciembre de 2006.

2. Ejecutoriada esta providencia devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase»

(13) Folios 2-5 cdno. 2.

(14) Folios 6-10 cdno. 2.

(15) Folio 11 cdno. 2.

(16) Folio 12 cdno. 2.

(17) Folios 13-14 cdno. 2.

(18) Folio 15 cdno. 2.

(19) Folio 28 cdno. 2.

(20) Folios 30-31 cdno. 2.

(21) Folio 32 cdno.2.

(22) Folio 47 cdno. 2.

(23) Folio 17 cdno. 2.

(24) Folios 55-58 cdno. 2.

(25) Folio 60 cdno. 2.

(26) Folios 1-2 cdno. 2.

(27) Folio 65 cdno. 2.

(28) Folio 66 cdno. 2.

(29) Folios 68-73.

(30) Cuaderno 3.

(31) Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 11 de agosto de 2010, Exp. 17301.

(32) Cita textual del fallo: Inicialmente correspondía al artículo 161 que disponía: “Toda sentencia deberá ser motivada”.

(33) Cita textual del fallo: Artículo 55: “Las sentencias judiciales deberán referirse a todos los hechos y asuntos planteados en el proceso por los sujetos procesales. La parte resolutiva de las sentencias estará precedida de las siguientes palabras: “Administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley”. La pulcritud del lenguaje, la claridad, la precisión y la concreción de los hechos materia de los debates y de las pruebas que los respaldan, que los Magistrados y jueces hagan en las providencias judiciales, se tendrán en cuenta como factores esenciales en la evaluación del factor cualitativo de la calificación de sus servicios”.

(34) Cita textual del fallo: Artículo 170. La sentencia tiene que ser motivada. Debe analizar los hechos en que se funda la controversia, las pruebas, las normas jurídicas pertinentes, los argumentos de las partes y las excepciones con el objeto de resolver todas las peticiones. Para restablecer el derecho particular, los organismos de lo contencioso administrativo podrán estatuir disposiciones nuevas en reemplazo de las acusadas, y modificar o reformar éstas.

(35) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 29 de abril de 2012, Expediente 21515.

(36) Sentencia del 14 de agosto de 2008. Expediente 16.594. Actor: Svetla Petkova de Morales.

(37) Nota original de la sentencia citada: “Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 4 de septiembre de 1997; Expediente 10.285.”

(38) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del veintidós de noviembre dos mil uno; C.P. Ricardo Hoyos Duque; Radicación 25000-23-26-000-1992-8304-01(13164); Actor: Fernando Jiménez y Carlos Hernando Ruiz Peña; Demandado: Nación-Ministerio de Justicia.

(39) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de enero veintiocho de mil novecientos noventa y nueve; C.P. Daniel Suárez Hernández; Radicación 14399; Actor: Félix Fabián Fragoso Fonseca.

(40) Nota original de la sentencia citada: “Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de enero veintiocho de mil novecientos noventa y nueve ; C.P. Daniel Suárez Hernández; Radicación 14399; Actor: Félix Fabián Fragoso Fonseca”.

(41) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 2 de mayo de 2007; Expediente 15.576.

(42) Nota original de la sentencia citada: “La alusión que aquí se efectúa a la “ley” debe entenderse en un sentido amplio, es decir, comprensivo de todo el ordenamiento jurídico, como no de otro modo puede entenderse en un “Estado de Derecho”, que no es meramente un “Estado legal”, recurriendo a la terminología empleada por Jaime Orlando Santofimio. Para este autor, precisamente, “[L]a legalidad entendida como elemento del Estado de derecho no se circunscribe a los estrechos marcos del positivismo legal. En otras palabras, no podemos asimilarla exclusivamente al acatamiento o sometimiento de la ley en estricto sentido (...) la legalidad implica una aproximación al concepto sustancial de derecho, lo que recoge irremediablemente la totalidad de normas, principios y valores que inspiran el sistema jurídico. Para ser más exactos, el principio de legalidad así entendido resulta asimilable al principio del respeto y acatamiento al bloque de la legalidad que recoge la totalidad de elementos articulados en el llamado sistema jurídico”. Cfr. Santofimio Gamboa, Jaime Orlando, Tratado de Derecho Administrativo, Introducción, Tomo I, segunda reimpresión de la tercera edición, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2005, pp. 363-365.”

(43) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 2 de mayo de 2.007; Expediente 15.576.

(44) Expediente 18059. Actor: Francisco Ignacio Herrera Gutiérrez. C.P. Alier E. Hernández Enríquez.

(45) Nota original de la sentencia citada: “Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de enero veintiocho de mil novecientos noventa y nueve; C.P. Daniel Suárez Hernández; Radicación 14399; Actor: Félix Fabián Fragoso Fonseca.”

(46) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 2 de mayo de 2007; Expediente 15.576.

(47) López, H. (2009). Instituciones de Derecho Procesal Civil Colombiano. Tomo II. Parte Especial (novena edición). Bogotá: Dufre Editores.

(48) Inciso 4: “[t]oda persona (…) tiene derecho (…) a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas”.

(49) “Toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad. La prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo”. Incorporado al ordenamiento interno mediante la Ley 74 de 1968.

(50) Artículo 7.5: “[t]oda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio”. Artículo 8.1: [t]oda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”. Ratificada por el Estado colombiano el 8 de octubre de 1990.

(51) “Todo individuo que haya sido privado de su libertad tiene derecho a que el juez verifique sin demora la legalidad de la medida y a ser juzgado sin dilación injustificada, o, de lo contrario, a ser puesto en libertad. Tiene también a un tratamiento humano durante la privación de su libertad”.

(52) Sobre el concepto de plazo razonable, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que para determinar la razonabilidad del plazo en el cual se debe desarrollar un proceso judicial, es preciso examinar tres elementos: a) la complejidad del asunto, b) la actividad procesal del interesado y c) la conducta de las autoridades judiciales. Al respecto, se puede consultar la sentencia de 12 de noviembre de 1997, caso Suárez Rosero vs. Ecuador.

(53) T-348/93.

(54) T-1249 de 2004.

(55) Expediente 17293, C.P. Ruth Stella Correa Palacio, criterio jurisprudencial expuesto en sentencia del 11 de mayo de 2011, Expediente 22322, de la misma magistrada y 4 de junio de 2008, Expediente 14721, C.P. Ramiro Saavedra Becerra.

(56) “Se ha dicho que al Estado se le deben exigir los medios que corresponden a su realidad, haciendo caso omiso de las utopías y de la concepción ideal del Estado perfecto, omnipotente y omnipresente. A esto se ha llamado la teoría de la relatividad del servicio, a fin de no pedir más de lo posible, pero con la misma lógica debe concluirse que el Estado debe todo cuanto esté a su alcance”. Sentencia de 15 de febrero de 1996, M.P. Jesús María Carrillo Ballesteros, Expediente 9940.

(57) Sentencia proferida el 30 de octubre de 2013 por la Sección Tercera del Consejo de Estado, M.P. Stella Conto Díaz del Castillo, dentro del Proceso 19001-23-31-000-2001-01210-01(30495).