Sentencia 2004-00141 de diciembre 13 de 2012

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Magistrado Ponente:

Dr. Ariel Salazar Ramírez

Ref.: Expediente 05001-31-03-017-2004-00141-01

Discutido y aprobado en sesión de 23 de octubre de dos mil doce.

Bogotá, D.C., trece de diciembre de dos mil doce.

Decide la Corte el recurso extraordinario de casación que interpuso la parte demandada contra la sentencia proferida el diez de marzo de dos mil diez por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, dentro del proceso ordinario de la referencia.

I. Antecedentes

A. La pretensión.

La sociedad Sur Telecomunicaciones Limitada solicitó de la jurisdicción que con citación y audiencia de Helm Bank S.A., antes Banco de Crédito de Colombia S.A., a quien convocó en calidad de demandado, se lo declare civilmente responsable por los perjuicios que le ocasionó la actuación culposa de la referida entidad, al violar la prohibición legal de pagar unos cheques con restricción para pago al primer beneficiario.

En consecuencia, pretende se le condene al pago del valor de los aludidos títulos valores más sus respectivos intereses e indexación.

B. Los hechos.

1. La demandante era titular de la cuenta corriente número 10220091-9 del Banco de Crédito, sucursal “El Poblado” de la ciudad de Medellín.

2. De la referida cuenta bancaria se giraron seis cheques con destino al pago de impuestos de la DIAN, los cuales tenían el sello de “páguese únicamente al primer beneficiario”.

3. El contador de la empresa creó un ardid para defraudarla, consistente en abrir a su nombre un encargo fiduciario en la “Fiduciaria de Crédito S.A.”, entidad directamente vinculada con el banco demandado, en el cual consignó los cheques destinados por el librador para pagar impuestos.

4. La institución financiera descargó los cheques en el encargo fiduciario a pesar de que tenían sello restrictivo que impedía su negociación por parte del primer beneficiario.

5. A causa de la anterior situación la actora sufrió perjuicios patrimoniales, pues perdió las sumas de dinero incorporadas en los títulos valores y tuvo que pagar una sanción económica que la DIAN le impuso por no cancelar oportunamente las correspondientes obligaciones fiscales.

C. El trámite de la primera instancia.

1. El 23 de enero de 2007 se admitió la demanda y se ordenó su notificación y traslado a la contraparte (fl. 64).

2. Al contestar el libelo, el Banco de Crédito se opuso a las pretensiones y formuló las excepciones que denominó “culpa de la sociedad actora”; “hecho imputable a un tercero”; “ausencia de nexo de causalidad entre el eventual daño causado y la conducta de mi patrocinada” (sic); y la genérica (fl. 77).

3. El 18 de julio de 2008 se dictó el fallo que desestimó las pretensiones y dio por probadas las excepciones de “hecho imputable a un tercero” y “ausencia de nexo de causalidad entre el daño y el acto o gestión del Banco de Crédito” (fl. 91).

D. La decisión de segunda instancia.

El 10 de marzo de 2010 se profirió sentencia de segunda instancia que revocó la providencia impugnada y, en su lugar, condenó al banco a pagar las sumas de dinero reclamadas por la actora, sin indexación.

En sustento de su decisión, el ad quem adujo que en virtud del principio de la ‘relatividad de los contratos’, el convenio que se celebró entre la demandada y la Fiduciaria de Crédito S.A. le es inoponible a la actora; de manera que si entre el banco y la fiduciaria se acordó que el primero realizaría operaciones necesarias para la actividad de la fiducia, esa cláusula no vinculó a la giradora de los cheques.

El tribunal consideró que los cheques girados por la demandante tenían dos restricciones: una absoluta, al ser expedidos a favor del banco librado; y la otra relativa, en tanto se incluyó la nota de “páguese únicamente al primer beneficiario”.

En consecuencia, si la entidad financiera desconoció esa restricción y permitió que los cheques fueran consignados en la cuenta del encargo fiduciario del contador de la sociedad demandante, ese hecho constituye una violación de la ley comercial que genera responsabilidad civil.

II. La demanda de casación

En el escrito que se presentó para sustentar el recurso extraordinario, la demandada acusó la sentencia de segundo grado con fundamento en tres cargos, que fueron replicados por la parte demandante, y que serán resueltos en el mismo orden en que se propusieron.

Primer cargo

Con base en la causal primera establecida en el artículo 368 del ordenamiento adjetivo, denunció el fallo de segunda instancia por violación indirecta de los artículos 1546, 1604, 1608, 1613 y 1614 del Código Civil; 651, 654, 715, 716, 737, 738, 822, 870, 884 y 1382 del Código de Comercio; 40 de la Ley 51 de 1918; 107 de la Ley 45 de 1923; y 29 de la Ley 663 de 1966, como consecuencia de los errores de hecho en la valoración de las pruebas.

1. En sustento del ataque, cuestionó el argumento del Tribunal, según el cual el banco quebrantó las restricciones que la demandante impuso a la negociabilidad y forma de pago de los cheques. En su criterio, el yerro se produjo al pasar por alto que la leyenda inserta en cada uno de ellos no decía que se trataba de cheques para ser pagados “únicamente al primer beneficiario”, sino de cheques destinados “para ser consignados únicamente en la cuenta del primer beneficiario” (fl. 36).

En su sentir, el ad quem no tuvo presente que los referidos títulos corresponden a la categoría de cheques “para abono en cuenta”, cuya forma de pago se encuentra regulada por el artículo 737 del Código de Comercio, según el cual “el librado solo podrá pagar el cheque en la cuenta que lleve o abra el tenedor”.

Luego, si se trataba de cheques “para abono en cuenta” y no con restricción para pago al primer beneficiario, entonces no requerían de endoso alguno ni de levantamiento de una limitación inexistente. De manera que el pago que el banco hizo a su propia tesorería y el posterior abono a la cuenta de la Fiduciaria de Crédito fue una operación absolutamente válida, pues aquél los cobró para sí y después les dio el destino señalado por su girador (fl. 37).

2. Reprochó, de igual modo, al ad quem, haber supuesto que en el proceso existían pruebas que demostraban que los cheques estaban destinados a satisfacer obligaciones tributarias; cuando lo cierto en su opinión es que el acervo probatorio indica que el banco nunca tuvo conocimiento del propósito para el cual fueron girados esos instrumentos (fl. 41).

De ahí que la afirmación del tribunal según la cual “de haber seguido su curso normal los cheques, su importe hubiera ingresado al patrimonio de la DIAN desde el momento en que fueron efectivos (...)”, se muestra totalmente arbitraria y contraevidente, toda vez que en el expediente no obra prueba que así lo ponga de presente (fl. 45).

De no haber sido por esas equivocaciones, el sentenciador de segunda instancia no habría concluido que el pago de los cheques fue irregular y que el banco es responsable porque los dineros no fueron a parar a las arcas de la DIAN.

Consideraciones

1. Expresa la legislación comercial que “por el contrato de cuenta corriente bancaria el cuentacorrentista adquiere la facultad de consignar sumas de dinero y cheques en un establecimiento bancario y de disponer, total o parcialmente, de sus saldos mediante el giro de cheques o en otra forma previamente convenida con el banco” (art. 1382).

En desarrollo de ese tipo de contrato, el cuentacorrentista puede girar cheques ordinarios o especiales. “A la primera categoría pertenecen aquéllos que el cuentacorrentista libra a cargo del banco y a favor del mismo titular de la cuenta, o de un tercero, y constituyen el común acontecer”(1).

De la segunda clase hacen parte aquéllos que se encuentran revestidos de ciertas características o restricciones, y a ella pertenecen los cruzados (arts. 734 y 735); los certificados (art. 739 y 740); con provisión garantizada (art. 743); el de gerencia (art. 745); el de viajero (art. 746); el cheque fiscal (L. 1ª/80, art. 1º); el cheque para abono en cuenta (art. 737); o los de negociabilidad limitada (arts. 715 y 716).

El cheque para abono en cuenta es aquél al cual se le inserta la expresión “para abono en cuenta” u otra equivalente, y su finalidad es prohibir que sea pagado en efectivo. En consecuencia, el banco solo podrá pagarlo mediante la consignación de su importe en la cuenta del tenedor. Este cheque es, por naturaleza, negociable.

Respecto de este instrumento, la jurisprudencia de esta Corte ha sostenido:

“Es inocultable que el propósito del legislador, respecto de cheques girados ‘para abono en cuenta’, es el de que el banco librado no pague dicho cheque en dinero efectivo, sino que lo haga mediante abono en la cuenta del tenedor del mencionado título y, en el evento de que no la tenga, la que al efecto le abra el banco. Y, como consecuencia de la forma especial como se encuentra revestido el cheque ‘para abono en cuenta’, se obtiene entonces la garantía de que su importe no será pagado en efectivo a ningún tenedor, lo cual entraba a dificultad la posibilidad del cobro por tenedores ilegítimos”(2).

Por su parte, los cheques con sello que limita su negociabilidad pueden ser de dos modalidades, a saber:

i) Cheque sin sello de cruce y con la leyenda “páguese al primer beneficiario”; “páguese únicamente al primer beneficiario”; “no negociable”, u otra equivalente. La finalidad de este tipo de sello es limitar la negociabilidad del cheque; es decir que el banco librado únicamente podrá pagarlo “al primer” beneficiario, sea por canje o por ventanilla, dado que este cheque no puede circular por endoso.

ii) Cheque con sello de cruce y con la leyenda “páguese al primer beneficiario”; “páguese únicamente al primer beneficiario”; “consígnese únicamente en la cuenta del primer beneficiario”; “no negociable”; u otra similar. En este cheque además de estar restringida su negociabilidad también está limitada su forma de pago; toda vez que el banco librado sólo podrá pagarlo por canje en la cuenta del “primer beneficiario”, y no puede cobrarse por ventanilla.

Sentadas las consideraciones precedentes, se advierte que en la especie de esta litis la prueba documental revela que los cheques poseen sello de cruce, al tener estampadas dos líneas paralelas trazadas en su anverso, entre las cuales se puede leer: “para consignar únicamente en la cuenta del primer beneficiario” (fls. 6 y ss., cdno. 2).

No cabe duda, por lo tanto, de que se trata de cheques con doble restricción: tanto en su forma de pago, que debía ser únicamente por consignación o canje; como en su negociabilidad, pues estaba prohibida su circulación por endoso, porque sólo podía pagarse al primer beneficiario.

Además de la restricción de la negociabilidad que se insertó en los cheques, de conformidad con lo estipulado en el artículo 715 de la ley mercantil, esos instrumentos fueron expedidos a favor del banco librado, por lo que tenían otra limitación en su circulación, tal como lo consagra el artículo 716 ejusdem.

En ese orden, resulta ostensible que aquellos títulos se encontraban absolutamente restringidos en su negociabilidad, por lo que su forma de circulación no podía ser alterada por el tenedor sin consentimiento del creador del título, tal como lo consagra el artículo 630 del Código de Comercio.

El anterior entendimiento fue el mismo al cual arribó el tribunal en su decisión, por lo que no es cierto el argumento del recurrente cuando afirma que el ad quem desconoció la prueba que demuestra la clase de los títulos valores que son objeto de la controversia, puesto que son los elementos de convicción que obran en el proceso, precisamente, los que permiten inferir, sin lugar a dudas, que no se trató de cheques “para abono en cuenta”, sino de cheques con sello de restricción tanto en la forma de su pago como en su circulación, como quiera que únicamente podían ser cobrados por el banco librado a cuyo favor fueron expedidos.

De ahí que no tenga razón al recurrente en la acusación que se ha analizado.

2. Con relación a la censura que se hizo al fallo de segunda instancia por haber dado por probado sin estarlo que los cheques estaban destinados a satisfacer obligaciones tributarias; esa es una acusación completamente desenfocada, toda vez que la finalidad para la cual fueron girados esos instrumentos fue una circunstancia ajena a las consideraciones del sentenciador.

En efecto, el ad quem concluyó que la culpa contractual del banco se debió a haber permitido que los cheques fueran consignados y desembolsados en una cuenta distinta a la del banco librado, contraviniendo la restricción consagrada en el artículo 716 del Código de Comercio.

En consecuencia, el ataque no estuvo dirigido a minar los fundamentos de la decisión adoptada por el Tribunal, lo que de suyo comporta su fracaso.

2. Segundo cargo.

Con base en la causal primera de las indicadas en el artículo 368 de la ley procesal, el censor atacó la sentencia de segunda instancia por violación indirecta de los artículos 1604, 1608, 1613 y 1614 del Código Civil; 651, 654, 715, 716, 738, 822 y 1382 del Código de Comercio; y 8º de la Ley 153 de 1887; 36 43, 55 y 57 del Decreto 2700 de 1991; 45, 56, 57 y 59 de la Ley 600 de 2000; y 306 del Código de Procedimiento Civil, como consecuencia de errores de hecho en la valoración de las pruebas.

En sustento de su acusación, afirmó que el tribunal se equivocó al pasar por alto las pruebas que demuestran no sólo que la sustracción de las sumas de dinero representadas en los cheques ocurrió por culpa exclusiva de la sociedad demandante (fl. 48), sino, además, que existe cosa juzgada penal respecto de los perjuicios que se reclaman.

Si el ad quem no hubiera omitido el examen de las pruebas que se señalaron en el cargo y, particularmente, las copias de los fallos penales, habría establecido que el autor intelectual y material exclusivo de la defraudación que sufrió la demandante fue su propio empleado de confianza, quien ideó la forma para que los cheques pudieran consignarse en la cuenta del primer beneficiario, tal como habían sido girados por la actora (fl. 52).

De otra parte, si ese empleado fue condenado en un proceso penal a pagar a Sur Telecomunicaciones el detrimento patrimonial que le causó con su ilícito, no es posible que esa sociedad pretenda el reconocimiento de tales perjuicios en un proceso civil (fl. 54).

De no haber sido por esos yerros, el ad quem habría proferido un fallo sustancialmente diferente del que es objeto de reproche, es decir totalmente absolutorio para el banco.

Consideraciones

1. Respecto del error de hecho previsto en la causal primera de casación, esta Corte ha sostenido que el recurrente no solo tiene la carga de individualizar las pruebas sobre las cuales recae el equívoco, sino que, además, debe demostrar de qué manera se generó la supuesta preterición o cercenamiento, lo que deberá señalar de manera manifiesta; de tal suerte que la valoración que de aquéllas haya realizado el sentenciador se muestre ostensiblemente contraevidente, absurda, alejada de la realidad del proceso o sin ninguna justificación.

“... la prueba de demostrar el error de hecho imputable al juzgador, corresponde exclusivamente al impugnante por mandato del artículo 374 del Código de Procedimiento Civil, pero esa labor no puede reducirse a una simple exposición de puntos de vista antagónicos, fruto de razonamientos o lucubraciones meticulosas y detalladas, porque en tal evento el error dejaría de ser evidente o manifiesto conforme lo exige la ley, caso en el cual la Corte no podría tomar partido distinto al consignado en la sentencia combatida...”(3).

“No por existir, pues, la posibilidad de que una de las partes traiga del acervo probatorio conclusiones diversas a la del sentenciador, esta última deviene sin más en contraevidente, y de ahí que, cual lo ha puntualizado con insistencia la Corte, sea necesario que la labor del recurrente se encamine a demostrar el error visiblemente grave del juzgador”(4).

En el caso que se analiza, el ad quem encontró probado que el banco incumplió sus deberes contractuales al permitir que los cheques con restricción de pago únicamente al primer beneficiario fueran consignados en una cuenta diferente; lo que constituyó una “violación a las normas que rigen el contrato de cuenta corriente”. Ese hecho fue, en criterio del ad quem, la causa del detrimento patrimonial que sufrió la actora.

La anterior conclusión no comporta un error ostensible ni una decisión contraevidente, sino que se muestra como una solución razonable y bien sustentada, que, por lo demás, no fue desvirtuada por el recurrente.

De hecho, la circunstancia de que el empleado de confianza de la demandante haya sido el autor material del ilícito que le produjo el daño patrimonial, no fue desconocida por el sentenciador, tanto así que en sus consideraciones manifestó:

“Pero sucede que los cheques eran llevados por el Contador de la empresa, y lo pudo ser por cualquier persona, para consignar en la cuenta correspondiente al encargo fiduciario que aquél había abierto a su nombre, haciendo uso de la red bancaria de la demandada. Luego, si el banco aceptó esa posibilidad, lo hizo bajo su responsabilidad, ya que la restricción impedía, de conformidad con las disposiciones del Código de Comercio, que fuesen a parar a ese encargo” (fl. 29).

Luego no es cierta la afirmación del casacionista según la cual el Tribunal desconoció la prueba que daba cuenta de que el ilícito cometido por el contador de la demandante fue la única causa del daño, sino que, por el contrario, en la argumentación del juez colegiado, ese hecho no constituyó el factor exclusivo de la realización del perjuicio, toda vez que la negligencia del banco fue, en sí misma, una condición suficiente para que se produjera el detrimento patrimonial.

Dentro del razonamiento del ad quem, la acción fraudulenta del trabajador de la actora no constituyó la causa exclusiva del ilícito, sino que, por el contrario, la culpa de la institución financiera fue de tal magnitud que la convirtió en autora del daño cuyo resarcimiento se reclama.

Ahora bien, por cuanto en el cargo nada se planteó con relación a una eventual concurrencia de causas en el desencadenamiento del daño —dado que el censor se limitó a alegar que hubo culpa exclusiva de la víctima—, a ese preciso señalamiento se circunscribe el análisis de esta Corte, sin que le sea dable entrar a indagar sobre la incidencia que pudo haber tenido la conducta del empleado en la producción del desmedro económico, ni mucho menos sobre una posible reducción de la apreciación del daño.

En suma, si el delito por el cual se condenó al empleado no fue considerado por el juzgador como la causa exclusiva del perjuicio, entonces la acusación que se examina se torna superflua; pues la decisión seguiría siendo la misma por mucho que se hubieran valorado las pruebas que dan cuenta de aquel hecho y que —según el recurrente— el fallador dejó de apreciar.

2. El segundo argumento en el que se apoyó el cargo consistió en que si el autor del delito fue condenado dentro de un trámite penal a pagar a la actora los mismos perjuicios que ésta reclama en el proceso civil, entonces existe cosa juzgada sobre ese punto.

Pues bien, el hecho de que la víctima de un punible se constituya en parte civil o promueva incidente de reparación de perjuicios en el proceso penal que se adelanta contra el reo —según se trate de delitos cometidos en vigencia de la Ley 600 de 2000 ó de la Ley 906 de 2004, respectivamente—no se opone a que promueva, de igual modo, una acción civil ordinaria frente a las demás personas que sean civilmente responsables, siempre bajo el entendido de que éstas no fueron convocadas ante el juez de lo criminal, pues en ese evento no existe cosa juzgada porque se trata de distintas acciones emprendidas contra personas diferentes: no habría, por tanto, identidad de objeto ni de partes.

Sobre el particular, la doctrina ha expresado que cuando se demanda a uno de los responsables por vía civil y al otro por la vía penal, es perfectamente posible que en ambos procesos se profiera sentencia condenatoria en favor del damnificado. En tales circunstancias, hay que tener en cuenta que no es el fallo de condena que se dicta en uno de los procesos lo que extingue las pretensiones de la víctima dentro del otro, pues en realidad lo que hace desaparecer la obligación es el hecho de que se produzca el pago. De allí que si ambas sentencias son condenatorias, la víctima podrá escoger la que más le convenga, sin que le sea permitido ejecutar las dos al mismo tiempo.

Al respecto, los tratadistas Mazeaud y Tunc sostienen:

“Puede suceder que la víctima persiga simultáneamente a cada uno de los codeudores ante un tribunal diferente. Se está entonces frente a demandas conexas y puede suscitarse una declinatoria de competencia, por conexión de las causas. Si, a falta de la declinatoria, la víctima obtiene sentencias distintas de condena por la totalidad contra cada uno de los codeudores, no puede ejecutar sino una de esas condenas; luego de la primera ejecución, los codeudores, que fueran perseguidos, podrían oponer legítimamente la regla: non bis in ídem. Si se obtuviera no obstante una nueva ejecución, la víctima debería restituir el excedente percibido.

Hay que puntualizar, además, que solamente la indemnización efectiva de la víctima, y no la simple obtención por ella de una sentencia de condena contra uno de los coautores, es la que la priva del derecho de proceder contra los demás. Por deudores de la totalidad, los coautores pueden ser perseguidos en toda la medida en que la deuda no esté extinguida”(5).

En ese orden, cuando un mismo daño es el resultado de la confluencia de una culpa civil y de un ilícito penal, los distintos autores están llamados a resarcir el perjuicio en su totalidad, en virtud del principio de que cada quien debe reparar en su integridad el daño que ha cometido, independientemente de la naturaleza de la obligación.

Ese postulado que —según autorizada doctrina— se hallaba establecido firmemente en el derecho romano y en el antiguo derecho francés(6), se mantiene vigente en nuestro ordenamiento jurídico, según el cual resulta suficiente que la culpa de cada cual haya sido la causa de todo el daño para que cada uno de los culpables esté obligado a soportar la responsabilidad del perjuicio en su totalidad.

La unidad del daño cometido por cada autor es, entonces, lo que permite atribuir a cada uno de ellos en particular la obligación de repararlo en su integridad. De ahí que lo preponderante no es la naturaleza de la responsabilidad que se endilga a cada agente (civil o penal) sino la necesidad jurídica de tutelar el derecho a la correspondiente indemnización.

En esa misma línea, la jurisprudencia de esta Corte ha puntualizado:

“hay que entender que la acción que finalmente instaura la víctima en orden a recabar la indemnización respecto de apenas uno de los responsables, constituye una actuación independiente, que, justamente por ser así, en tesis general, no da lugar a que se comunique la respectiva definición judicial en relación con los demás sujetos que son civilmente responsables que no han sido demandados o que lo son en otro proceso; salvo, claro está, en lo que sea para evitar que haya un doble o múltiple pago de la indemnización”(7).

En síntesis, está al alcance de la parte demandante solicitar el resarcimiento del daño a todos los responsables o a uno cualquiera de ellos, sin importar la naturaleza (civil o penal) de la culpa; o si ésta fue intencional o sin intención; o si fue por omisión o por comisión; o si se trata de culpa probada o presunta, como ocurre en el ejemplo que trae la doctrina para explicar la necesidad de condenar “a la reparación íntegra del perjuicio a aquél que, por una imprudencia, hubiera facilitado una infracción: tal, un portero que, por falta de la debida vigilancia, dejara que se cometiera un robo en uno de los departamentos de la casa de la que tenía la guarda”(8).

Estos principios indican que la condena en perjuicios efectuada en un proceso penal en contra del agente del delito no constituye cosa juzgada frente a la persona que se demanda en un proceso civil por ser contractualmente responsable; ni extingue la obligación que cada autor tiene de resarcir el daño, sino en tanto cualquiera de ellos lo repare en su integridad.

Así las cosas, por las razones que se han dejado consignadas, el cargo que se analiza está destinado al fracaso.

Tercer cargo

En el ámbito de la causal primera de casación, contemplada en el artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, se atacó la sentencia de segundo grado por ser violatoria, por vía indirecta, de los artículos 1604, 1608, 1613, 1614 y 1615 del Código Civil; 870, 884 y 1393 del Código de Comercio; 8º de la Ley 153 de 1887; 1617 del Código Civil; y 65 de la Ley 45 de 1990, como consecuencia de los errores de hecho manifiestos y trascendentes “en el manejo del acopio probatorio”.

Particularmente, se acusó al ad quem de haber supuesto que el banco sabía que el dinero representado en los cheques tenía como destino el pago de impuestos; así como que la demandada es responsable no solo del importe de aquellos cheques sino también de las cantidades que la actora desembolsó a la DIAN como sanción moratoria (fl. 57).

En consecuencia, si la entidad financiera no tenía noción de la finalidad para la cual fueron girados los cheques; si desconocía que le asistía la obligación de restituir a la actora los valores representados en tales instrumentos; y si mucho menos podía prever que la demandante fue sancionada económicamente por no pagar oportunamente sus impuestos, entonces no ha podido incurrir en mora por una prestación cuya existencia no aceptó.

En síntesis, la orden de restituir a la actora lo que ésta tuvo que sufragar por concepto de pago retardado, así como el reconocimiento de intereses moratorios sobre esas sumas de dinero, carecen —en sentir del censor— de fundamento probatorio, dado que el banco desconocía la finalidad para la cual fueron girados los cheques (fl. 61).

Consideraciones

1. En verdad que no logra vislumbrarse cuál puede ser la relación que el censor pretende establecer entre el desconocimiento del banco acerca de la destinación de las cifras incorporadas en los cheques y el reconocimiento de los intereses moratorios que se hizo en la sentencia, toda vez que aquél supuesto no tuvo ninguna injerencia en la decisión adoptada por el tribunal.

En efecto, el ad quem sustentó su determinación en el incumplimiento del contrato de cuenta corriente por parte del banco, así como en la infracción de la obligación legal prevista en el artículo 717 del Código de Comercio; para lo cual, obviamente, resultaba completamente indiferente si la demandada tenía o no conocimiento de la finalidad para la cual se giraron los cheques, dado que —como se indicó en las motivaciones que se adujeron para resolver el primer cargo— al sentenciador le bastó con tener por demostrado que el detrimento patrimonial que sufrió la actora se debió a la culpa de la entidad financiera.

Es ostensible que el fallador jamás impuso la condena sobre la consideración de que el daño resarcible tenía que ser conocido por quien lo infligió; por lo que el cargo que se analiza resulta, a todas luces, desenfocado.

2. Ahora bien, si lo que pretendía el recurrente era demostrar que el Tribunal se equivocó al ordenar el pago de intereses moratorios “desde cada una de las fechas en que la sociedad demandante fue realizando lo pagos a la Dirección de Impuestos Nacionales”, entonces el problema no sería de índole probatoria sino de aplicación de la ley que consagra la indemnización de perjuicios por mora al supuesto de hecho que el ad quem encontró probado.

Sobre el particular esta Corte ha sostenido que el

“entendimiento sobre la época en que comienza la mora de una obligación y sus consecuencias, corresponde a una polémica relativa a la selección y comprensión de las normas jurídicas que rigen la materia, así como a la asignación de su alcance, de modo que se trata de aspectos de puro derecho que inciden en la aplicación de las normas sustanciales necesarias para desatar la controversia, situación que resulta incompatible con denuncias fácticas como las expresadas en el cargo”(9).

3. Más allá del obstáculo de técnica que se ha señalado, lo cierto es que si la intención del casacionista era expresar que no había lugar al pago de la indemnización moratoria, dado que ésta solo se causa cuando se trata de obligaciones ciertas e indiscutidas desde el instante de su incumplimiento; entonces estaba compelido, por lo menos, a demostrar que el proceso versaba sobre una prestación respecto de la cual no podía predicarse la mora.

Por el contrario, al no hacer siquiera mención de esa circunstancia, le está vedado a la Corte adentrarse en ese específico asunto; sobre todo si se tiene en cuenta que aquél argumento solo sería de recibo para las sentencias constitutivas y no así para las de condena, pues estas últimas, por referirse a momentos anteriores a aquél en que se pronuncian, tienen carácter retrospectivo, tal como lo han aclarado jurisprudencia y doctrina en unidad de criterio.

Son entonces, las sentencias meramente declarativas y las constitutivas las que no admiten, en principio, el reconocimiento de perjuicios moratorios a partir de una fecha anterior a la que son proferidas. Las primeras por excluir cualquier tipo de condena, y las segundas por cuanto introducen una estructura nueva en la relación jurídica presente, de manera que únicamente a partir de ellas surge la obligación que se pretende y, por tanto, por regla general les es incompatible el concepto de la mora.

Sobre ese respecto esta sala ha explicado que las sentencias de naturaleza constitutiva carecen de efectos retroactivos, mientras que estas consecuencias se predican, por línea de principio, respecto de las de índole declarativa de condena(10).

Desde luego que si en el cargo no se identificó una u otra hipótesis, resulta imposible a la Corte hacer cualquier pronunciamiento al respecto.

Lo anotado con precedencia se estima suficiente para concluir que tampoco este cargo está llamado a prosperar.

4. Ante el fracaso del recurso extraordinario, se condenará al impugnante al pago de las costas causadas en esta sede. Se fijan las agencias en derecho en la suma de $6.000.000 a favor de la parte actora en el proceso ordinario.

III. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASAla sentencia proferida el diez de marzo de dos mil diez por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín dentro del proceso ordinario de la referencia.

Costas del recurso extraordinario a cargo de la parte recurrente. Tásense por Secretaría, incluyendo la suma de $6.000.000 como agencias en derecho a favor de la parte demandante en el proceso ordinario.

Notifíquese.

Magistrados: Fernando Giraldo Gutiérrez—Margarita Cabello Blanco—Ruth Marina Díaz Rueda—Ariel Salazar Ramírez—Arturo Solarte Rodríguez—Jesús Vall De Rutén Ruiz.

 

(1) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia de 24 de octubre de 1980.

(2) Ibíd.

(3) Corte Suprema de Justicia. G.J. Tomo LXXVII, pág. 972.

(4) Sentencia de 23 de febrero de 2001. Expediente 6399.

(5) Mazeaud y Tunc. Tratado teórico práctico de la responsabilidad civil delictual y contractual. Tomo segundo, Vol. II. Buenos Aires: Ediciones Jurídicas Europa – América, pág. 591.

(6) Mazeaud y Tunc. Op. cit., pág. 577.

(7) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia 75 de 10 de septiembre de 1998.

(8) Mazeaud y Tunc. Op. cit., pág. 587.

(9) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia de 15 de enero de 2009. Expediente 2001-00433.

(10) Corte Suprema de Justicia, Sala de casación Civil. Sentencia de 14 de diciembre de 2011. Expediente 01489.