Sentencia 2004-00149/36856 de diciembre 6 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN A

Rad.: 63001-23-31-000-2004-00149-01(36856)

Consejera Ponente:

Dra. Marta Nubia Velásquez Rico

Actor: José Vicente Perdomo

Demandado: Ministerio de Defensa - Policía Nacional

Referencia: Apelación sentencia - acción de reparación directa

Temas: Acción de reparación directa - Por muerte de copiloto en accidente de helicóptero / acción de reparación directa - responsabilidad patrimonial por daño sufrido por oficial de la Policía, en cumplimiento de labores inherentes a su cargo / falla del servicio. - El régimen de responsabilidad aplicable es la falla probada del servicio, pues la víctima ejercía la actividad peligrosa / falla del servicio - el sometimiento a un riesgo superior al que normalmente deben soportar los demás compañeros en el cumplimiento de la misión asignada se encuadra en este régimen de responsabilidad.

Bogotá, D.C., seis de diciembre de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones

Procede la sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de primera instancia, para cuyo efecto se abordarán los siguientes temas: 1) la competencia funcional del Consejo de Estado para conocer del presente asunto; 2) la oportunidad de la acción; 3) la legitimación en la causa; 4) el caso concreto; 5) lo probado en el proceso; 6) la imputación y, de ser pertinente, 7) la indemnización de perjuicios y 8) la condena en costas.

1. Competencia.

La Sala es competente para conocer del asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia proferida el 27 de octubre de 2008 por el Tribunal Administrativo del Quindío, en proceso con vocación de doble instancia ante esta corporación, dado que la demanda se presentó el 27 de febrero de 2004(14), y la cuantía procesal se estimó en la suma de $ 1.904.766.250 por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, mientras que el monto exigido en ese año para que un proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa tuviera vocación de doble instancia era de $ 179.000.000(15).

2. La oportunidad de la acción.

Al tenor de lo previsto por el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo(16), la acción de reparación directa debe instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, omisión, operación administrativa u ocupación permanente o temporal de inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos.

En el presente caso la demanda se originó en los perjuicios que habría sufrido el demandante como consecuencia de la muerte de su hijo, el señor Oscar Javier Perdomo Henao, el 23 de octubre de 2002, cuando el helicóptero en el que se desplazaba se accidentó en las montañas de la Cordillera Central, mientras que el libelo se presentó el 27 de febrero de 2004, por lo que se concluye que su interposición se produjo en tiempo oportuno.

3. Legitimación en la causa.

La Sala encuentra que en el escrito introductorio funge como único demandante el señor José Vicente Perdomo, quien acude al proceso en calidad de padre del fallecido Oscar Javier Perdomo Henao, relación filial que se encuentra acreditada a través del respectivo registro civil de nacimiento allegado en copia auténtica con la demanda(17), muerte que califica como el daño antijurídico que le causó los perjuicios que reclama ante esta jurisdicción, todo lo cual determina que se encuentre legitimado en la causa por activa.

Por su parte, a la Nación - Ministerio Defensa Nacional - Policía Nacional se le endilga responsabilidad por una supuesta falla en el servicio que conllevó al accidente del helicóptero identificado con matrícula PNC-0728 en las montañas de la Cordillera Central en inmediaciones de Calarcá. En ese sentido, se observa que respecto del ente público demandado se ha efectuado una imputación fáctica y jurídica directa y, por tanto, le asiste legitimación en la causa por pasiva.

4. El objeto del recurso de apelación.

Teniendo en cuenta que en el recurso de alzada se reitera la argumentación expuesta en la demanda, según la cual el daño resulta imputable desde la óptica del régimen de falla en el servicio, al que ahora se agrega el de riesgo excepcional, estima la sala que con ello no se modifica la causa petendi que sustenta las pretensiones(18), toda vez que la aplicación del principio iura novit curia permite que el juzgador determine cuál es el régimen jurídico aplicable al caso, a la luz de lo que se encuentre probado en el proceso.

En estas condiciones, el señalamiento de un específico título de imputación en la demanda no hace parte de la causa petendi, de manera que al invocarse uno distinto en el recurso de apelación no opera un cambio que contravenga el principio de congruencia, por lo que es viable entrar al estudio de fondo y resolver lo que en derecho corresponda en atención a lo acreditado por las partes.

5. Lo probado en el proceso.

En atención al material probatorio obrante en el expediente, recaudado oportunamente(19) y con el lleno de los requisitos legales, se tienen debidamente demostrados en este proceso los siguientes hechos:

• Que el señor Oscar Javier Perdomo Henao, quien se desempeñaba como subteniente de la Policía Nacional, falleció el 23 de octubre de 2002, en un accidente que involucró el helicóptero identificado con número de cola PNC-0728, aeronave en la que fungía como copiloto para el desarrollo de una misión tendiente a cuantificar el número de hectáreas con cultivos ilícitos, caracterizar la zona y georreferenciar los proyectos productivos adelantados por diferentes organismos estatales y organizaciones no gubernamentales en los departamentos de Huila, Tolima, Cauca y Nariño.

Lo anterior se encuentra acreditado mediante la copia auténtica del registro civil de defunción del fallecido Oscar Javier Perdomo Henao(20), el oficio Nº 1654/ARECI-DIRAN, a través del cual el jefe del área de erradicación de cultivos ilícitos le solicitó al Director Antinarcóticos el traslado de dos helicópteros para el desarrollo de la operación en comento(21) y el informe de accidente aéreo PNC 0728 de 25 de octubre de 2002, documento en el que se detallan los integrantes de la tripulación del helicóptero siniestrado(22).

• Que según el protocolo de necropsia realizado al cadáver del señor Oscar Javier Perdomo Henao(23), su fallecimiento ocurrió como “consecuencia a (sic) falla respiratoria por fractura de mandíbula y trauma cerrado de tórax producidos por politraumatismo producidos por trauma contundente”, por lo que, según el contexto en que ocurrieron los hechos, se señaló como manera de muerte “compatible con accidental”.

• Que el subteniente Oscar Javier Perdomo Henao estuvo al servicio de la Policía Nacional durante un tiempo de 5 años, 13 días(24) y que su muerte fue calificada como ocurrida en “actos del servicio”, según lo dispuesto en el artículo 164 del Decreto 1212 de 1990(25), lo que conllevó al reconocimiento de una indemnización por muerte y cesantía definitiva a favor de sus beneficiarios(26).

• Que sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon el accidente en el que pereció el señor Oscar Javier Perdomo Henao, el jefe del grupo de operaciones aéreas Aravi rindió el informe de accidente aéreo PNC-0728(27), con destino al jefe del área de Aviación Policial, documento en el cual se hizo referencia a la solicitud de los helicópteros necesarios para realizar la operación y la integración de las respectivas tripulaciones, a lo que se agregó lo siguiente (se transcribe de forma literal, incluso con posibles errores):

“Los dos helicópteros procedieron el día 231002 a las 07:45 horas del aeropuerto Guaymaral con destino la Escuela de Aviación Policial.

“2. Los helicópteros llegaron a la Escuela de Aviación y el PNC-0947 Bell 212 quedó 5-7 por falla del sistema eléctrico por lo cual fue necesario enviar el helicóptero PNC-0724 tripulado por:

CT. Grisales Valencia Yesid piloto

ST. Florez Suarez Heider copiloto

IT. Acuña Bolivar técnico

SI. Ramirez Sierra Bernardo artillero

“3. A las 14:30 la escuadrilla quedó integrada de la siguiente forma:

“Helicóptero PNC-0728

TE. Castillo Madariago Boris piloto

ST. Perdomo Henao Oscar copiloto

SI. Leon Castro Angel técnico

SI. Ramirez Mendoza Franklin artillero

MY. Vargas Mora Libardo pasajero área erradicación cultivos ilícitos

DJ. Galindo Obando Martha pasajero área erradicación cultivos ilícitos

“Helicóptero PNC-0724

CT. Grisales Valencia Yesid piloto

ST. Florez Suarez Heider copiloto

IT. Acuña Bolivar técnico

SI. Ramirez Sierra Bernando artillero

“Y despegaron de la Escuela de Aviación para hacer un reconocimiento en unos puntos de la cordillera central, posteriormente procedieron vía El paso hacia Tuluá y destino final en la ciudad de Popayán.

“Siendo las 16:45 horas el señor CT. Grisales Valencia Yesid me llama telefónicamente informándome que tuvo contacto visual con el helicóptero PNC-0728 hasta el sitio El paso, e incluso hablaron por la frecuencia en VHF, pero cuando llegó a la base aérea en Tuluá el helicóptero PNC-0728 no apareció.

“4. Inmediatamente me enteré de la novedad, por intermedio de la sala de radio de la base aérea El Dorado se solicitó información al centro de control aéreo sobre la ubicación del helicóptero extraviado, obteniendo resultados negativos.

“5. Siendo las 17:10 el centro de control aéreo de Bogotá declara la ALERTA y activa el grupo de búsqueda y rescate de los aeropuertos de El dorado y Bonilla Aragón de Cali.

“6. El Área de Aviación Policial dispuso elaborar un plan de apoyo SAR, técnico y de junglas, evaluando la información preliminar, y determinando coordenadas en la cartografía y alistamiento de dos helicópteros UH-60L, PNC-0600 y PNC-0604 con sus tripulaciones NVG disponibles para iniciar la búsqueda aérea y posible rescate, nombrando al señor MY. Ruiz Negrete Oscar encargado de la misión médica y al señor CT. Perdomo Guevara Javier encargado de la misión de rescate.

“7. El avión plataforma de Inteligencia fue enviado al sitio El paso para iniciar el rastreo del punto donde se tuvo el último contacto con el helicóptero perdido.

“8. A las 21:00 horas el señor MY. Burgos Guzmán Luis se comunicó con el avión plataforma quien le informa que en comunicación por VHF con un helicóptero de la Fuerza Aérea Colombiana en las coordenadas: Norte 04° 25,29 y Oeste 75° 36,00 hay indicios sin confirmar de la posible aeronave perdida, al parecer luces químicas, bengalas o linternas. Debido al deterioro de las condiciones meteorológicas en la zona la operación de rescate se aplaza para las primeras horas del 241002; sin embargo las dos tripulaciones de los helicópteros UH-60L continúan disponibles para si se requieren o mejoran las condiciones meteorológicas, igualmente el avión plataforma queda sobre el punto para tratar de confirmar la ubicación de los ocupantes del helicóptero.

“9. En horas de la madrugada salió el avión plataforma de Inteligencia quien reporta llovizna sobre el lugar, también los helicópteros de la FAC están en la brigada de Armenia esperando que amanezca para iniciar la búsqueda y rescate.

“10. A las 08:00 horas salen del aeropuerto de Guaymaral los dos helicópteros UH-60L al mando del señor TC. Gutiérrez Peñaranda Jorge encargado del rescate, MY. Oscar Ruiz Negrete encargado de la misión médica, y el señor MY. Alvarez Ochoa Mauricio con un grupo jungla encargado de la búsqueda con destino al aeropuerto de Armenia, centro de operaciones para la misión de rescate.

“11. A las 09:00 horas por comunicación del avión plataforma se confirma que en las coordenadas Norte 04° 25,29 y Oeste 75° 36,00 se encuentra la aeronave PNC 0728 accidentada y cuatro cuerpos que luego de ser evacuados vía aérea, por helicópteros de la FAC al aeropuerto de Armenia fueron identificados como:

“MY. Lizardo Vargas Mora fallecido

TE. Boris Castillo Madariago fallecido

ST. Oscar Perdomo Henao fallecido

DJ. Martha Galindo Obando fallecida

“12. Hacia el medio día fuera del sitio del accidente fueron encontrados con vida los tripulante SI. Angel Leon Castro y Franklin Ramirez Mendoza, quienes fueron evacuados por los helicópteros de la FAC al aeropuerto de Armenia.

“El anterior es el resumen de los hechos cronológicos del accidente aéreo del helicóptero PNC-0728 donde resultaron muertos cuatro miembros de la Policía Nacional y dos resultaron heridos”.

• Que para el 23 de octubre de 2002, en la estación meteorológica Cajamarca, ubicada en el municipio del mismo nombre, se reportó entre las 07:00 y 19:00 horas un estado del cielo nublado, con temperaturas entre los 16,4° y 20,0°. Así mismo, entre las 07:00 horas del 22 y las 07:00 del 23 de octubre de 2002 se registraron 10.6 mm de precipitación (sin precisar la hora de ocurrencia), tal como se certificó por el subdirector de meteorología del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM(28).

• Que el helicóptero con número de cola PNC 0728, de la línea HUEY II, para el 23 de octubre del 2002 se encontraba aeronavegable, ya que cumplía con todos los parámetros y reglamentos requeridos por el Área de Aviación para tal fin, según se desprende de lo consignado en los oficios Nº 0738/ ARAVI-GRUMA de 30 de julio de 2008, suscrito por el jefe de mantenimiento Aravi(29) y Nº 254/ ARAVI-CTROL de 30 de julio de 2008, suscrito por el jefe de control calidad Aravi(30). En el primero de los referidos documentos se expresó lo siguiente (se transcribe de forma literal, incluso con posibles errores):

“En respuesta al oficio Nº 01574 de fecha 11 de junio del 2008 y suscrito por esa oficina, me permito informar a usted que el helicóptero con número de cola PNC 0728 de la línea HUEY II, para el día 23 de octubre del 2002 se encontraba aeronavegable ya que cumplía con todos los parámetros y reglamentos requeridos por el área de aviación para tal fin, de acuerdo a lo manifestado por el señor mayor José Oscar Jaramillo Niño, jefe de control calidad Aravi mediante oficio 253/ARAVI-CTROL de fecha 30 de julio de 2008, el cual anexo.

“De la misma forma me permito informarle que no es posible enviar una copia de esta certificación por cuanto dichos documentos reposaban en el libro de vuelo de la aeronave, y por haber sido un accidente de impacto catastrófico el libro sufrió incineración, perdiéndose casi en su totalidad la documentación”.

• Que en el Departamento de Policía del Quindío no se adelantó investigación por los hechos en los cuales falleció el subteniente Perdomo Henao Oscar Javier, según se informó por parte del coordinador Grudi Dequi de la oficina de asuntos jurídicos y disciplinarios de esta misma dependencia(31), quien precisó que “posiblemente hayan sido investigados por la Dirección Antinarcóticos o por la base con sede en Tuluá de donde seguramente dependía la operación que relaciona”.

6. La imputabilidad del daño a la demandada.

Según se desprende del texto de la demanda y del recurso de alzada, pretende el accionante que se declare a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional patrimonialmente responsable de los perjuicios que, afirmó, le fueron irrogados con ocasión de la muerte del señor Oscar Javier Perdomo Henao, ocurrida el 23 de octubre de 2002 en un accidente aéreo que involucró el helicóptero identificado con número de cola PNC-0728, en el cual fungía como copiloto, en ejecución de labores propias del cargo, al cumplir una misión, con el objeto de cuantificar el número de hectáreas con cultivos ilícitos, caracterizar la zona y georreferenciar los proyectos productivos adelantados por diferentes organismos estatales y organizaciones no gubernamentales en los departamentos de Huila, Tolima, Cauca y Nariño(32).

De lo probado en el proceso y analizado en precedencia, es claro que la muerte del señor Oscar Javier Perdomo Henao se encuentra debidamente acreditada y que el daño resulta antijurídico, ya que la integridad física constituye un bien jurídicamente tutelado y nadie está obligado a soportar la pérdida o afectación de la misma, pues en parte alguna el ordenamiento jurídico impone esta carga a ningún coasociado.

Sin embargo, no siendo suficiente constatar la existencia del daño antijurídico, se hace necesario realizar el correspondiente juicio de imputación que permita determinar si dicho daño puede ser atribuido fáctica y jurídicamente a la entidad demandada, o si opera alguna de las causales exonerativas de responsabilidad, o se produce un evento de concurrencia de acciones u omisiones en la producción del daño.

Así las cosas, el problema jurídico que se plantea la Sala consiste en determinar si hay lugar a imputarle responsabilidad a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional por la muerte del subteniente Oscar Javier Perdomo Henao, acaecida en un accidente aéreo cuando cumplía una misión propia del servicio, o si, por el contrario, se debe exonerar a la entidad demandada por el hecho de que la víctima ingresó voluntariamente a la institución a ejercer una actividad considerada como peligrosa.

La Sala estima pertinente señalar que la corporación, en su jurisprudencia reiterada, ha sostenido que frente a los daños sufridos por quienes ejercen funciones de alto riesgo relacionadas con la defensa y seguridad del Estado, entre ellos los miembros de las fuerzas militares, usualmente no resulta comprometida la responsabilidad de la administración, por cuanto tales daños se producen con ocasión de la relación laboral que los vincula con el Estado y, por ende, en principio, se cubren con la indemnización a fort fait a que tienen derecho por virtud de esa vinculación; sin embargo, también ha sostenido la sala que la reparación de esos daños resulta procedente cuando estos se hubieren producido por falla del servicio en el evento de que el funcionario hubiere sido sometido a un riesgo de naturaleza excepcional, diferente o mayor al que debían afrontar sus demás compañeros o incluso cuando el daño sufrido por la víctima hubiere sido causado con un arma de dotación oficial, dado que en este último evento se abriría paso el régimen de responsabilidad objetivo, por la creación del riesgo(33).

Si bien inicialmente los eventos caracterizados por el ejercicio de actividades peligrosas fueron manejados por la jurisprudencia del Consejo de Estado bajo el régimen de falla presunta, circunstancia ante la cual el actor se exoneraba de demostrar la falla del servicio, bastándole probar el hecho dañoso para que surgiera, en su favor y en contra del Estado, la presunción de falla y, por consiguiente, para que se invirtiera la carga de la prueba, lo cierto es que la jurisprudencia de esta corporación adoptó un nuevo criterio en torno a dicho régimen, para concluir que en estos eventos no es necesario que se pruebe la existencia de una falla del servicio y resulta irrelevante que se presuma la misma, puesto que opera un régimen de responsabilidad objetivo que implica, de un lado, que el demandante solo tiene que probar la existencia del daño y el nexo de este con el servicio, es decir, que el daño sufrido se originó en el ejercicio de la actividad peligrosa a cargo de la entidad demandada; en esa medida, no basta que esta pruebe que obró con diligencia y cuidado, puesto que ello resulta insuficiente, y solo se podrá exonerar de responsabilidad en tales casos probando la existencia de una causa extraña, como la fuerza mayor o el hecho exclusivo y determinante de la víctima o de un tercero(34).

La conducción de aeronaves, al igual que ocurre con otras actividades tales como la manipulación de armas de fuego, la conducción de energía eléctrica o la conducción de vehículos automotores es considerada una actividad peligrosa, de manera que al demandante le basta acreditar que la actividad peligrosa fue la causa del daño cuya reparación solicita, al paso que la entidad demandada para exonerarse de responsabilidad deberá demostrar la existencia de una causal de exoneración, esto, siempre que las pruebas obrantes en el plenario no evidencien la presencia de una falla en la prestación del servicio, pues, si ello es así, el juez no tendrá otra alternativa que declararla, porque de esa manera la jurisdicción ejerce una función de control del ejercicio de la administración(35).

Ha sido reiterada la tesis de la sala en el sentido de que en aquellos eventos en los que el daño es producido por el ejercicio de actividades peligrosas, el régimen aplicable es de carácter objetivo, porque el factor de imputación está derivado de la realización directa de una actividad que entraña peligro, de tal manera que en esos casos basta que el actor acredite, primero, la existencia del daño, y segundo, que el mismo se ha generado como consecuencia de dicha actividad. En relación con lo anterior, resulta necesario señalar que la responsabilidad se estructura bajo el hecho cierto de que la actividad peligrosa hubiere sido ejercida por cuenta de la entidad demandada(36).

No obstante lo anterior, cuando el daño sufrido deviene como consecuencia de una actividad peligrosa que es ejercida directamente por la propia víctima, no resulta aplicable dicho régimen, sino el de falla probada del servicio. En efecto, la sala ha tenido la oportunidad de precisar que la calificación de una actividad como “peligrosa” tiene incidencia para establecer el criterio de imputación aplicable en relación con los daños que se deriven de la misma, distinguiendo entre quienes ejercen la actividad y los terceros ajenos a esta. En el primer caso, cuando quien ejerce una actividad peligrosa sufre un daño, la decisión sobre el derecho a ser indemnizado debe gobernarse con fundamento en la tesis de la falla probada del servicio y no del régimen de responsabilidad objetiva por riesgo excepcional, pues este último sería aplicable al segundo de los casos mencionados, como también le sería aplicable por supuesto el de falla del servicio(37).

En el presente asunto, es claro que el subteniente Oscar Javier Perdomo Henao ejercía la actividad peligrosa, pues actuaba como copiloto de la aeronave siniestrada, y si bien el comando del helicóptero estaba a cargo del también fallecido teniente Boris Castillo Madariago, ello no implica que la función de asistencia en la operación del aparato se limitara a seguir ciegamente las órdenes del piloto, anulando su criterio profesional respecto de las circunstancias que involucraban el manejo de la nave, precisamente porque el copiloto colabora en la conducción y mantenimiento de las condiciones de seguridad, de tal suerte que la decisión sobre la responsabilidad patrimonial reclamada en la demanda deberá gobernarse con fundamento en el régimen de falla probada del servicio y no con el de riesgo excepcional invocado en el recurso de apelación, el cual resulta inaplicable según lo antes expuesto(38), de manera que la carga probatoria recae en la parte demandante, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil(39).

Se afirmó en la demanda que el helicóptero PNC 0728 no fue revisado técnicamente por el encargado de mantenimiento; que el accidente ocurrió debido a las malas condiciones climáticas, ya que al estar cruzando “La línea” se produjo un viento de cola que lo hizo colisionar contra la arborización que se encontraba cubierta por las nubes; que la aeronave fue impactada en la parte trasera, lo que produjo su derribamiento y, como consecuencia, la muerte del señor Oscar Javier Perdomo Henao.

En esa medida, para que surja la responsabilidad de la entidad demandada, el actor tenía la obligación de demostrar que el accidente se produjo por la falta de revisión y/o mantenimiento a cargo de la entidad demandada, o que el citado oficial fue sometido a un riesgo superior al que normalmente deben soportar sus demás compañeros en el cumplimiento de la misión asignada, circunstancia que igualmente se encuadra en el régimen de falla en el servicio

Sin embargo, tal como se desprende de los hechos demostrados en el proceso, el escaso material probatorio no da cuenta de la falta de revisión y/o mantenimiento alegadas, como tampoco de que el helicóptero fuera impactado en alguna parte por proyectiles disparados por miembros de grupos al margen de la ley; mucho menos que las condiciones climáticas en la zona pusieran en riesgo la seguridad de la operación aérea en la que la víctima desempeñaba la labor de copiloto, función para la cual se entiende que tenía la preparación y experiencia necesarias, pues así lo explica su designación como integrante de la tripulación de la aeronave que participaba en la misión y en la que precisamente se encontraba el personal que, en calidad de pasajero, cumpliría con la misión encomendada.

En este sentido, debe recordarse que se encuentra probado en el proceso que, para la fecha del siniestro, el helicóptero PNC 0728 se encontraba en condiciones de aeronavegabilidad, hecho que no fue desvirtuado por la parte demandante, como tampoco se acreditó que en las condiciones climáticas reportadas por el Ideam, el vuelo viera amenazada su seguridad o que se impusiera una planeación diferente para el cumplimiento de la operación, de manera que la misión que el día de los hechos cumplía el subteniente Perdomo Henao en calidad de copiloto conllevaba los riesgos normales que entraña una actividad de esa naturaleza, sin que ello implicara el sometimiento a un riesgo anormal o de mayor entidad que aquel al cual hubiesen sido expuestos sus demás compañeros que se encontraban en las mismas condiciones del oficial fallecido.

Todo lo dicho apunta a que la muerte del citado oficial no devino por una falla en la prestación del servicio imputable a la demandada; tampoco se evidenció que el oficial fallecido hubiese sido sometido a un riesgo anormal, pues su muerte se concretó cuando cumplía funciones propias, normales e inherentes relacionadas con su profesión militar y, en particular, como piloto, de tal suerte que no se estructura la imputación del daño que se alegó en la demanda, por lo que se impone la confirmación de la sentencia apelada.

7. Costas.

En consideración a que no se evidenció temeridad, ni mala fe en la actuación procesal de las partes, la sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo establecido en el artículo 171 del C.C.A., modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la sentencia apelada, esto es, la proferida el 27 de octubre de 2008, por el Tribunal Administrativo del Quindío, según lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

2. Sin condena en costas.

3. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

14 Fl. 27, cdno. 1.

15 Dado que el salario mínimo para el año 2004 era de $ 358.000.

16 Normativa aplicable al presente caso, de conformidad con lo señalado en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en los siguientes términos: “Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior”.

17 Fls. 2, cdno. 1.

18 El concepto de causa petendi ha sido entendido por la doctrina como “la razón por la cual se demanda; los motivos que se tienen para pedir al Estado determinada sentencia”; dichos motivos están contenidos en los hechos de la demanda, pues son estos los que dan origen a su interposición y a la formulación de las pretensiones. Lopez Blanco Hernán Fabio, Procedimiento Civil, Parte General, Tomo I, Dupré Editores, Bogotá 2002. Pág. 643.

19 Los documentos obrantes a folios 70 a 76 del cuaderno 1, allegados por la Policía Nacional junto con sus alegatos de conclusión, no serán considerados, ya que fueron aportados de forma extemporánea.

20 Fl. 4, cdno. 1.

21 Fl. 55, cdno. pbas.

22 Visible de fls. 56 a 59, cdno. pbas.

23 Copia auténtica visible a fls. 43 y 44, cdno. pbas.

24 Según da cuenta el extracto de su hoja de vida, obrante de fls. 20 a 22, cdno. pbas.

25 Tal como fue establecido en el informativo prestacional por muerte Nº 012/02, obrante a fls. 5 y 6, cdno. 1.

26 Según aparece demostrado con la copia simple de la Resolución 206 de 7 de marzo de 2003, “por la cual se reconoce indemnización por muerte y cesantía definitiva a beneficiarios del señor ST (F) Perdomo Henao Oscar Javier”, la que reposa a fls. 24 y 60, cdno. pbas.

27 Remitido mediante el oficio Nº 522/ ARAVI-GRUPA-C-929 de 25 de octubre de 2002, obrante de fls. 56 a 59, cdno. pbas.

28 Fls. 46 y 47, cdno. pbas.

29 Fls. 69 y 71, cdno. pbas.

30 Fls. 70 y 72, cdno. pbas.

31 Fl. 28, cdno. pbas.

32 Según quedó acreditado mediante el contenido del oficio Nº 1654/ARECI-DIRAN, a través del cual el jefe del área de erradicación cultivos ilícitos le solicitó al Director Antinarcóticos el traslado de dos helicópteros para el desarrollo de la operación en comento —fl. 55 del, cdno. pbas— y el informe de accidente aéreo PNC 0728 de 25 de octubre de 2002, visible de fls. 56 a 59, cdno. pbas.

33 Al respecto, pueden consultarse las sentencias de 12 de febrero de 2004, exp. 14.636 M.P. Ricardo Hoyos Duque; reiterada en sentencia de 12 de mayo de 2011, exp. 20.697 M.P. Mauricio Fajardo Gómez; del 27 de junio de 2012, exp. 25.433 M.P. Mauricio Fajardo Gómez y del 9 de julio de 2014, exp. 29411, M.P. (E) Hernán Andrade Rincón, entre muchas otras providencias.

34 Cfr. sentencia de 26 de enero de 2011, exp. 18431, proferida por esta subsección con ponencia de Gladys Agudelo Ordóñez.

35 Ver sentencias de 3 de diciembre de 2007, exp. 20.00, M.P. Ruth Stella Correa Palacio, y de 3 de mayo de 2007, exp. 16.180, M.P. Ramiro Saavedra Becerra.

36 Sección Tercera, Sentencia de 15 de junio de 2000, exp.: 11.688, M.P. Alier Hernando Hernández Enríquez.

37 Sección Tercera, Sentencia de 29 de enero de 2009, exp. 16.689, M.P. Myriam Guerrero de Escobar; Sentencia de 23 de junio de 2010, exp. 17.632, M.P. Ruth Stella Correa Palacio.

38 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 18 de mayo de 2017, exp. 36518, M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

39 Sobre el tema de la carga de la prueba puede consultarse la sentencia de la Sección Tercera proferida el 4 de diciembre de 2007 en el exp. 16.736, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.