Sentencia 2004-00150 de marzo 5 de 2009 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

Rad.:110010325000200400150 01 (2788-04)

Consejero Ponente:

Dr. Luis Rafael Vergara Quintero

Actor: Ezequiel Villa Arias

Decretos del gobierno

Bogotá, D.C., cinco de marzo de dos mil nueve.

EXTRACTOS:«Consideraciones

Se pretende la nulidad del Decreto 2080 de 2004, expedido por el Gobierno Nacional, mediante el cual se dispuso el reintegro del señor Juan Carlos Claros Pinzón como gobernador del departamento del Caquetá, en cumplimiento del fallo de tutela dictado por la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura el 18 de junio de 2004.

El texto del acto acusado es el siguiente:

“DECRETO 2080 DE 2004

Por el cual se deroga el Decreto 1911 de 2004

El Presidente de la República en uso de sus atribuciones en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por los artículos 189, 303, 304 de la Constitución Política y 172 numeral 1º de la Ley 734 de 2002, y

Considerando:

Que el Gobierno Nacional en cumplimiento a lo dispuesto por la comisión especial disciplinaria conformada por el procurador séptimo delegado ante el Consejo de Estado y el procurador delegado para la moralidad pública, mediante providencia del 10 de marzo de 2004, confirmada por la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación según providencia del 20 de abril de 2004, a través del Decreto 1911 del 10 de junio de 2004 hizo efectiva la sanción disciplinaria de destitución, impuesta al Gobernador del departamento del Caquetá;

Que la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura al resolver sobre una acción de tutela promovida por el señor Juan Carlos Claros Pinzón, en fallo radicado bajo el número 200401909 01 74 del 18 de junio, ordenó suspender los efectos de las providencias proferidas por la comisión especial disciplinaria el 10 de marzo de 2004 y por la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación que confirmó la decisión de destituir del cargo de gobernador al señor Juan Carlos Claros Pinzón inhabilitándolo por el término de trece años y tres meses; hasta tanto la jurisdicción contencioso administrativa se pronuncie en forma definitiva sobre su legalidad;

Que así mismo, como consecuencia de lo anterior, la citada corporación ordenó en el término de 48 horas contadas a partir de la notificación del fallo de tutela que se surtió el 22 de mayo de 2004, reintegrar en forma inmediata al señor Juan Carlos Claros Pinzón en el cargo de gobernador del departamento de Caquetá;

Que el doctor José Fernando Reyes Cuartas, presidente de la comisión especial disciplinaria, procurador delegado para la moralidad pública, solicitó hacer caso omiso del pedimento radicado en el despacho del señor Presidente de la República, por medio del cual se solicitaba la ejecución del fallo de destitución del señor Juan Carlos Claros Pinzón en el cargo de gobernador del departamento de Caquetá;

Que se hace necesario dar cumplimiento a lo dispuesto por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y a la solicitud de la Procuraduría General de la Nación,

DECRETA:

ART. 1º—Derogar el Decreto 1911 de 10 de junio de 2004, mediante el cual se impuso al Señor Juan Carlos Claros Pinzón, en su condición de gobernador del departamento del Caquetá, la sanción de destitución del cargo e inhabilidad general por el lapso de trece (13 años) y tres (3) meses.

ART. 2º—Reintegrar en el ejercicio del cargo de gobernador del departamento del Caquetá, para el cual fue elegido por voto popular, al señor Juan Carlos Claros Pinzón.

ART. 3º—El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.

...”.

De la lectura del texto trascrito no queda duda de que se trata de un acto de ejecución, expedido para dar cumplimiento a la sentencia de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que tuteló los derechos del señor Claros Pinzón y ordenó suspender los efectos de las providencias proferidas por la comisión especial disciplinaria por las cuales se le impuso sanción de destitución e inhabilidad para el ejercicio de cargos públicos.

La citada providencia concedió un término de 48 horas contados a partir de la notificación del fallo para reintegrar al señor Claros Pinzón en forma inmediata al cargo de gobernador del departamento del Caquetá, para el cual fue elegido por voto popular.

Dentro de este contexto es claro que el decreto acusado no tiene el carácter de acto administrativo susceptible de control jurisdiccional, pues se trata de un acto de ejecución que se limita a dar cumplimiento a una orden judicial y por ende no entraña una decisión autónoma que ponga fin a una actuación administrativa.

Como lo ha señalado esta corporación, los actos que dan cumplimiento a una decisión judicial son actos de ejecución y solamente tendrán control jurisdiccional si suprimen o cambian lo ordenado por la providencia judicial, por cuanto ello implicaría una nueva decisión y no la mera ejecución(1).

En el caso concreto, mediante el citado fallo de tutela la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura resolvió suspender los efectos de las providencias proferidas por la comisión especial disciplinaria y la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación. En consecuencia, ordenó el reintegro en forma inmediata al cargo de gobernador del Caquetá del señor Juan Carlos Claros Pinzón.

Por ello, una vez proferida la orden judicial le correspondía a la administración expedir el acto respectivo, en acatamiento del fallo de tutela, pues cualquier otra decisión adoptada hubiese constituido un abierto desacato a una orden judicial.

Ahora bien, tratándose de un acto de ejecución proferido en cumplimiento de una decisión judicial perentoria, no es procedente examinar el fondo ni el condicionamiento de la decisión, ni pueden ventilarse dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho las sentencias judiciales que sirvieron de fundamento al acto de reintegro.

Así las cosas, al no existir acto administrativo definitivo para enjuiciar es del caso declararse inhibido para decidir el fondo del asunto.

Por estas razones y de acuerdo con el criterio jurisprudencial, ha de declararse probada la excepción de inepta demanda por no ser pasible de enjuiciamiento el acto acusado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

Declárase probada la excepción de inepta demanda.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha».

(1) Sentencia de octubre 10 de 2002. Radicado 3364-02, Sección Segunda - Subsección B.Actor: María Elena Benavides Ciceros. M.P. Jesús María Lemos Bustamante