Sentencia 2004-00191 de marzo 1º de 2012

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: C-0800131030132004-00191-01

Magistrado Ponente:

Dr. Jaime Alberto Arrubla Paucar

Bogotá, D.C., primero de marzo de dos mil doce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Suficientemente es conocido, conforme al Código de Procedimiento Civil, tres son los principios que rigen el tema de las nulidades adjetivas, como son el de especificidad, el de protección y el de convalidación.

El primero reclama un texto legal reconociendo la causal, al punto que el proceso solo se considera nulo, total o parcialmente, por los motivos taxativamente consagrados como tales. Por esto, el artículo 143, inciso 4º del Código de Procedimiento Civil, establece que el juez “rechazará de plano la solicitud de nulidad que se funde en causal distinta de las determinadas en este capítulo”.

El segundo, se relaciona con la legitimidad y el interés para hacer valer la irregularidad legalmente erigida en causal de nulidad, en cuanto, dado el carácter preponderantemente preventivo que le es inherente, su configuración se supedita a que se verifique una lesión a quien la alega. De ahí que la disposición antes citada, en su inciso 2º, prevé que quien la invoca “deberá expresar su interés para proponerla”, porque nada se sacaría con existir el vicio, si este no es pernicioso para el que la solicita.

El tercero, se refiere a la posibilidad de saneamiento, expreso o tácito, lo cual apareja la desaparición del error de actividad, salvo los casos donde no cabe su disponibilidad por primar el interés público, pues si el agraviado no lo alega, se entiende que acepta sus consecuencias nocivas. Las causales de nulidad, por lo tanto, solo pueden postularse, en casación, cuando “no se hubiere[n] saneado” (CPC, art. 368, num. 5º), y en instancia deben rechazarse de plano en los casos en que se proponen “después de saneada” (art. 143, inc. 4º, ibídem).

La Corte, con relación a tales principios, tiene explicado, en síntesis, que el primero se funda “en la consagración positiva del criterio taxativo, conforme al cual no hay irregularidad capaz de estructurar nulidad adjetiva sin ley específica que la establezca; consiste el segundo en la necesidad de establecer la nulidad con el fin de proteger a la parte cuyo derecho le fue cercenado por causa de la irregularidad; y radica el tercero en que la nulidad, salvo contadas excepciones, desaparece del proceso por virtud del consentimiento expreso o implícito del litigante perjudicado con el vicio”(1).

2. Particularmente, en lo que respecta al saneamiento de un vicio procesal susceptible de disposición, ello ocurre, entre otras hipótesis, cuando la “persona indebidamente representada, citada o emplazada actúa en el proceso sin alegar la nulidad correspondiente” (CPC, art. 144, num. 3º), en cuyo caso ningún hecho que la configure puede ser alegado con posterioridad.

Distinto es que propuesta la invalidación total o parcial del proceso, no se aduzcan todas los motivos existentes en ese momento para el efecto, o se dejen al margen algunos de los hechos que las estructuran, porque en esos eventos el saneamiento de que se viene hablando únicamente debe predicarse de las causales y hechos que se reservaron, mas no de las que se invocaron, como tampoco respecto de sus fundamentos, pues sería abiertamente desleal esgrimir después unas y otros en caso de necesidad, según las circunstancias.

Como lo reiteró la Corte, “so pena de entenderlas saneadas”, lo dicho “impone a la parte agraviada con el vicio procesal la obligación de invocar, en la primera oportunidad que se le brinde, no solo todas las causales anulatorias que a su juicio se han estructurado, sino también todos y cada uno de los hechos, motivos o razones que las configuran”(2).

3. Frente a lo que se ha dejado expuesto, en el supuesto de existir las irregularidades denunciadas en el cargo, la cuestión no debe examinarse bajo el mismo rasero para todos los censores.

3.1. En efecto, con relación a las señoras María Eugenia del Castillo de Lara y Catalina Ana Larach del Castillo, se observa que al momento de comparecer al proceso no postularon como causal de nulidad el indebido emplazamiento, de donde salta de bulto que, inclusive relativo a todos sus fundamentos fácticos, la sanearon con su silencio.

El ataque en el punto, por lo tanto, respecto de las citadas personas, cónyuge sobreviviente y heredera del causante, no puede salir avante, porque como quedó señalado, de conformidad con lo previsto en el artículo 368, numeral 5º del Código de Procedimiento Civil, en casación no es procedente alegar una causal de nulidad que “se hubiere saneado”.

Lo mismo debe decirse del recurso propuesto por Alberto José Lara del Castillo, quien se comprende llamado indeterminadamente, como heredero del causante, titular del derecho real de dominio, respecto de hechos distintos a los que alegó en instancia al momento de su comparecencia, porque como en su oportunidad no los invocó, se entiende que esas irregularidades, en la hipótesis de existir, las saneó tácitamente.

3.2. El estudio del cargo, por lo tanto, debe limitarse a los hechos que fueron aducidos por el inmediatamente citado en instancia como configurativos del indebido emplazamiento, en concreto, que el llamamiento que se le hizo en calidad de indeterminado, no podía difundirse en el medio escrito un día distinto al “domingo”, pues según los términos de la acusación, al realizarse su citación conjuntamente con las “personas indeterminadas”, uno y otro procedimiento son diferentes en “fechas” y en “formalidades”.

Esto, claro está, entendiendo que la nulidad fundada en el aludido hecho, no fue saneada, lo cual, por sí, hablita su alegación en forma extraordinaria, porque la decisión en el punto carece del sello de cosa juzgada, dado que ello se predica únicamente de las sentencias y de las providencias que por virtud de la ley tienen esa naturaleza, característica de la cual carece el auto que negó la nulidad procesal, cuyo contenido simplemente refleja que los recursos ordinarios dispuestos para el efecto fueron agotados de manera infructuosa.

Desde luego, la alegación del vicio procesal en el escenario natural, no otra cosa significa que el repudio de la irregularidad, razón por la cual su replanteamiento no puede ser sancionado con caducidad. Lo contrario, en palabras de la Corte, “[s]ería obligar a la parte a que se resigne en la adversidad, y no lleve el caso más allá de las instancias, cosa insólita dentro de la teoría general del derecho de impugnación”, menos “en el recurso de casación, que igualmente es extraordinario y no constituye una tercera instancia”, donde “está autorizado expresamente que el afectado con una nulidad pueda plantearla en ese escenario, así y todo la haya discutido en las instancias; antes bien, esto último es condición necesaria, so pena de saneamiento”(3).

4. Pasa la Corte, entonces, a examinar, si la publicación del emplazamiento de los herederos indeterminados de Jaime Lara Aguancha, realizada en el diario “El Heraldo” los días “martes” 25 de enero y 1º de febrero de 2005, así como su radiodifusión, prácticamente por las mismas calendas, en la emisora “La Voz de la Costa Ltda.”, fueron o no eficaces para que el recurrente en casación, señor, Alberto José Lara del Castillo, pudiera conocer la existencia del proceso.

Así mismo, se debe dejar bien claro que aunque el recurrente no apeló la sentencia del juzgado, confirmada totalmente por el superior, esto no lo deslegitima en casación, según lo dispuesto en el artículo 369 del Código de Procedimiento Civil, pues la restricción tiene lugar respecto de los sujetos que, “pudiéndolo hacer”(4), guardan silencio, situación que no es la que se presenta, porque el arribo del censor al proceso se produjo en segunda instancia, de ahí que no se puede sostener que consintió lo decidido en primer grado, menos frente a un vicio procesal que en lo pertinente no fue saneado.

4.1. El artículo 140, numeral 9º, erige como motivo de nulidad, la indebida notificación o emplazamiento de las personas que deben ser citadas como partes, así sean indeterminadas, causal que no otra cosa propende rescatar la posibilidad de efectivizar las garantías mínimas de defensa y contradicción, en el sentido de permitir conocer y rebatir tanto los hechos como las pretensiones, y de ejercer el legítimo derecho de impugnación.

En palabras de la Sala, la notificación y el emplazamiento en debida forma, “franquea la puerta al ejercicio del derecho de defensa, garantía constitucional que como componente fundamental del debido proceso se resiente en presencia de irregularidades en el trámite cumplido para lograr la comparecencia del demandado en el juicio. En ese contexto, la ley requiere que la primicia sobre la existencia del proceso deba darse al demandado cumpliendo a cabalidad las exigencias que ha puesto el legislador en tan delicada materia, todo con el fin de lograr el propósito de integrarlo personalmente a la relación jurídico procesal”(5).

4.2. Tratándose de un libelo frente a herederos “determinados” e “indeterminados” de una persona fallecida, así como contra “personas indeterminadas”, cual ocurre en los procesos de pertenencia, es claro que ante la necesidad de los emplazamientos, el de unos y otros debe surtirse, en línea de principio, de manera separada, por ser su objeto distinto, dado que los primeros son llamados para que reciban notificación del auto que impulsa la demanda (CPC, art. 318), mientras las segundas, para que hagan valer los derechos que creen tener sobre el bien (art. 407, ibídem), y porque debido a lo mismo, cada uno se encuentra totalmente reglado.

Por esto, cuando se demanda a los herederos de una persona, titular de derechos reales sobre el bien a usucapir, la Sala tiene dicho que su emplazamiento “no puede entenderse” “comprendida dentro del llamamiento edictal que se hace necesariamente (...) a las personas indeterminadas”. De ahí que “deben ser citadas nominalmente para que tengan conocimiento de la demanda y tengan la oportunidad de acudir personalmente al proceso y procurarse su defensa”(6).

En ese sentido, a la pregunta de si constituía “nulidad el hecho de utilizar un mismo edicto emplazatorio tanto para la persona demandada conocida como para todas las personas indeterminadas que crean tener derechos sobre el bien objeto de la prescripción adquisitiva de dominio”, la Corte contestó el “interrogante diciendo que cuando tal cosa ocurre se configura una irregularidad de emplazamiento constitutiva de nulidad”, salvo que el mismo, sujeto a sus formas, se haya “efectuado siguiendo la norma que ofrezca mayores garantías”, en la época, el artículo 407 del Código de Procedimiento Civil, considerando, de un lado, que concedía un término más amplio para comparecer, y de otro, que su “difusión en prensa y radio es por dos veces” y “no por una” como en el otro evento(7).

4.3. En el caso, el estudio, por supuesto, no llega hasta analizar si esas publicaciones ofrecían más garantías, pues si el vicio que se enrostra se encuentra ínsito en las mismas, es apenas lógico entender que el error ninguna prerrogativa positiva podría engendrar.

Los artículos 318 y 407 del Código de Procedimiento Civil, prevén la publicación en prensa y radio del aviso o edicto correspondiente. Se diferencian, sin embargo, en el caso del último precepto citado, en que la difusión escrita es obligatoria y se realiza “en un diario de amplia circulación en la localidad”, mientras que la otra se supedita a que en el “lugar (...) hubiere” emisora (num. 7º).

En cambio, en el evento de la otra norma, la publicación se debe realizar en “un medio escrito” o en “cualquier otro medio masivo de comunicación”, siempre y cuando uno u otro sea de “amplia circulación nacional” (inc. 2º). El cumplimiento, como se observa, es disyuntivo, solo que si se opta por el primero, la difusión debe realizarse el día “domingo”, y si por el otro, en “cualquier día entre las seis de la mañana y las once de la noche”.

4.3.1. Frente a lo anterior, con independencia de las razones por las cuales el legislador tuvo a bien considerar que la publicación escrita debía verificarse el día “domingo”, resulta bien claro que las efectuadas en el caso, respecto de los herederos indeterminados del aludido causante, no colmaron esa formalidad, porque como quedó anotado, fueron realizadas un día “martes”.

4.3.2. De otra parte, si bien fue observada esa otra disyuntiva, pues en los términos de la ley, aparece “constancia sobre su emisión o transmisión, suscrita por el administrador o funcionario de la emisora”, concretamente en “La Voz de la Costa Ltda.”, la publicación tampoco responde las exigencias legales, porque realizada bajo los parámetros del artículo 407-7 del Código de Procedimiento Civil, se comprende que se trata de una “radiodifusora del lugar”, es decir, local, como de hecho se enuncia, y no de un “medio masivo de comunicación” de “amplia circulación nacional”, cual lo manda el artículo 318, inciso 2º, ibídem.

5. En consecuencia, al verificarse el indebido emplazamiento de los “sucesores de Jaime Lara Aguancha”, dentro de los cuales se cuenta el recurrente en casación, señor Alberto José Lara del Castilllo, el cargo se abre paso, razón por la cual se declarará la nulidad de lo actuado, a partir de los emplazamientos realizados, dejando bien claro que la decisión beneficia únicamente al inmediatamente citado, no así a los demás recurrentes, y que las pruebas practicadas conservarán su validez y tendrán eficacia respecto de quienes tuvieron oportunidad de controvertirlas, según lo previsto en el artículo 146 del Código de Procedimiento Civil.

DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CASA la sentencia de 30 de noviembre de 2009, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, Sala Civil-Familia, en el proceso ordinario promovido por Edith y Esther Lara Aguancha contra los sucesores del causante Jaime Lara Aguancha y personas indeterminadas.

En su lugar, decreta la nulidad de lo actuado, a partir de los emplazamientos realizados a los herederos indeterminados, únicamente en beneficio de Alberto José Lara del Castillo, dejando bien claro que las pruebas practicadas dentro de dicha actuación conservarán su validez y tendrán eficacia respecto de quienes tuvieron oportunidad de ejercer el legítimo derecho de contradicción.

Sin costas en casación por haber prosperado el recurso, así sea en favor de uno de los impugnantes.

Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen para lo pertinente».

(1) Sentencia de 31 de agosto de 2011, Expediente 4982, reiterando doctrina anterior.

(2) Sentencia de 24 de octubre de 2011, Expediente 1969, r [sic].

(3) Sentencia 235 de 13 de diciembre de 2002, Expediente 0004.

(4) Auto de 17 de septiembre de 2007, Expediente 01249.

(5) Sentencia de 24 de octubre de 2011, Expediente 1969.

(6) Sentencia 17 de septiembre de 1996, CCXLII-408, segundo semestre.

(7) Vid. sentencia de 19 de septiembre de 1996, CCXLIII, págs. 433-445, segundo semestre.