Sentencia 2004-00198/35197 de junio 1º de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN “B”

Exp.: 35197

Rad.: 070012331000200400198 01

Actor: Silvia Granados de Llanes y otros

Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional. Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional. departamento de Arauca. Municipio de Tame

Naturaleza: Acción de reparación directa. Hurto de ganado en Tame.

Consejero Ponente:

Dr. Ramiro Pazos Guerrero

Bogotá D.C., primero de junio de dos mil diecisiete.

Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la Sentencia de 13 de diciembre de 2007, por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Arauca negó las pretensiones de la demanda.

Síntesis del caso

El 25 y 26 de octubre de 2002, hombres armados hurtaron aproximadamente 1600 cabezas de ganado vacuno, de propiedad de los demandantes, que pastaban en la finca El Limbo en el municipio de Tame-Arauca, predio al que incursionaron mediante el uso de la fuerza y que fue saqueado en los mismos hechos. Afirman los actores que la referida agresión generó su desplazamiento forzado.

I. Antecedentes

1. La demanda.

El 18 de agosto del 2004, los señores: Silvia Granados de Llanes, Fanny Silvia Llanes Granados en nombre propio y representación de sus hijos menores Silvia María y Juan Pablo Ortega Llanes; Jesús Manuel Llanes Granados, Alix Nolaida Arenas de Llanes en nombre propio y representación de su hijo menor Edgar Armando Llanes Arenas; Alix Adriana Llanes Arenas, Jesús Enrique Llanes Arenas, María del Rosario Llanes Granados, Marlén Llanes Granados, Blanca Graciela Llanes de Romero, Ramón Cecilio Llanes Granados y Myriam Daza de Llanes en nombre propio y representación de sus hijos menores Juan Manuel, Diego Fernando y Myriam Andrea Llanes Daza, promovieron demanda, en ejercicio de la acción de reparación directa prevista en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, con el fin de obtener:

Pretensiones

PRIMERA: Que se declare responsables por la omisión y falla en el servicio público de seguridad a la Nación - Ministerio de Defensa-Ejército Nacional, a la Nación-Policía Nacional, al departamento de Arauca y al municipio de Tame, de los perjuicios materiales, morales y a la vida de relación causados a mis poderdantes, por los hechos de violencia en el municipio de Tame, departamento de Arauca, los cuales originaron el desplazamiento forzado de mis representados, hurto o pérdida de sus ganados, de la maquinaria y la destrucción de la finca llamada El Limbo, hechos que afectaron sus núcleos familiares, incluyendo a los hijos menores de edad.

SEGUNDA: Que se declare que las entidades demandadas deben reconocer y pagar las respectivas indemnizaciones por los perjuicios materiales, morales y a la vida de relación ocasionados a mis poderdantes.

TERCERA: Que como consecuencia de las anteriores declaraciones, se condene a la Nación - Ministerio de Defensa-Ejército Nacional, a la Nación-Policía Nacional, al departamento de Arauca y al municipio de Tame a indemnizar los perjuicios que por grupo familiar se indican a continuación:

1.3.1. Silvia Granados de Llanes

1. Perjuicios materiales

1.1. Daño emergente

1
 

Las demandadas deberán cancelar por este concepto, la suma de CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($ 177.350.000) m/cte.

1.2. Lucro cesante

Que se condene a las demanda (sic) al pago del lucro cesante en la cuantía que determinen los peritos que designe el Tribunal Administrativo de Arauca, desde la época de los hechos hasta la ejecutoria de la sentencia, por las pérdidas de la posibilidad de celebrar contratos de compraventa de ganado y de oportunidad, teniendo en cuenta que el giro normal de las actividades con ánimo de lucro era la compraventa de ganado, el cual era de doble propósito, la edad de cada animal, raza, la vida probable, los periodos para la reproducción de un año, la venta del ganado de engorde o ceba, el ganado de levante, la calidad de la ganadería, el precio unitario al momento de los hechos, la cantidad de cabezas de ganado existente al momento de los hechos, la cantidad que existiría a la ejecutoria de la sentencia, cuántas ventas se habían realizado, para lo cual se tendrán en cuenta las pruebas que se arrimen al expediente.

2. Perjuicios morales

La suma correspondiente a MIL SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES (1.000), vigentes al momento de ejecutoria de la respectiva sentencia.

3. Daño a la vida de relación

La suma correspondiente a MIL (1.000) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES, vigentes al momento de la ejecutoria de la respectiva sentencia, por los perjuicios a la relación de la vida de relación (sic), entendiéndose como tal el daño que afecta la esfera individual de la víctima por la alteración profunda de las condiciones de existencia de cada uno de los miembros del grupo familiar, siendo más agobiante en su caso por ser la cabeza de la familia Llanes Granados en calidad de madre.

1.3.2. Fanny Silvia Llanes Granados

Silvia María Ortega Llanes (menor)

Juan Pablo Ortega Llanes (menor)

1. Perjuicios materiales

1.1. Daño emergente

1.1.1. Por la pérdida de 99 reses

Valor unitario $ 500.000 $ 49.500.000

Es la suma de CUARENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($ 49.500.000) m/cte.

1.1.2. Por la pérdida de un (1) toro padre

El valor de TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($ 3.500.000) m/cte.

Las demandadas deberán cancelar por este concepto, la cuantía de CINCUENTA Y TRES MILLONES DE PESOS ($ 53.000.000) m/cte., o la que determinen los peritos que para tal efecto nombre el despacho.

1.2. Lucro cesante

Que se condene a las demanda (sic) al pago del lucro cesante en la cuantía que determinen los peritos que designe el Tribunal Administrativo de Arauca, desde la época de los hechos hasta la ejecutoria de la sentencia, por las pérdidas de la posibilidad de celebrar contratos de compraventa de ganado y de oportunidad, teniendo en cuenta que el giro normal de las actividades con ánimo de lucro era la compraventa de ganado, el cual era de doble propósito, la edad de cada animal, raza, la vida probable, los periodos para la reproducción de un año, la venta del ganado de engorde o ceba, el ganado de levante, la calidad de la ganadería, el precio unitario al momento de los hechos, la cantidad de cabezas de ganado existente al momento de los hechos, la cantidad que existiría a la ejecutoria de la sentencia, cuántas ventas se habían realizado, para lo cual se tendrán en cuenta las pruebas que se arrimen al expediente.

2. Perjuicios morales

Para cada uno de los miembros del núcleo familiar la suma de MIL (1.000) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES vigentes al momento de ejecutoria de la respectiva sentencia.

3. Daño a la vida de relación

Para cada uno de los miembros del núcleo familiar, MIL (1.000) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES, vigentes al momento de ejecutoria de la respectiva sentencia, por los perjuicios a la relación de vida, entendiéndose como tal el daño que afecta la esfera individual de la víctima por la alteración profunda de las condiciones de existencia de cada uno de los miembros del núcleo familiar.

1.3.3. Jesús Manuel Llanes Granados

Alix Nolaida Arenas De Llanes

Alix Adriana Llanes Arenas

Jesús Enrique Llanes Arenas

Edgar Armando Llanes Arenas

1. Perjuicios materiales

1.1. Daño emergente

2
 

Las demandadas deberán pagar a título de indemnización por estos daños materiales, la suma de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS ($ 275.900.000) m/cte., o la que determinen los peritos que para tal efecto nombre el despacho.

1.2. Lucro cesante

Que se condene a las demanda (sic) al pago del lucro cesante en la cuantía que determinen los peritos que designe el Tribunal Administrativo de Arauca, desde la época de los hechos hasta la ejecutoria de la sentencia, por las pérdidas de la posibilidad de celebrar contratos de compraventa de ganado y de oportunidad, teniendo en cuenta que el giro normal de las actividades con ánimo de lucro era la compraventa de ganado, el cual era de doble propósito, la edad de cada animal, raza, la vida probable, los periodos para la reproducción de un año, la venta del ganado de engorde o ceba, el ganado de levante, la calidad de la ganadería, el precio unitario al momento de los hechos, la cantidad de cabezas de ganado existente al momento de los hechos, la cantidad que existiría a la ejecutoria de la sentencia, cuántas ventas se habían realizado, para lo cual se tendrán en cuenta las pruebas que se arrimen al expediente.

3. Perjuicios morales

Para cada uno de los miembros del grupo, la suma correspondiente a MIL (1.000) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES vigentes al momento de ejecutoria de la respectiva sentencia.

3. Daño a la vida de relación

Para cada uno de los miembros del núcleo familiar, MIL (1.000) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES, vigentes al momento de ejecutoria de la respectiva sentencia, por los perjuicios a la relación de vida, entendiéndose como tal el daño que afecta la esfera individual de la víctima por la alteración profunda de las condiciones de existencia de cada uno de los miembros del núcleo familiar.

1.3.4. María del Rosario Llanes Granados

1. Perjuicios materiales

1.1. Daño emergente

3
 

Las demandadas deberán pagar por este concepto, la suma de CIENTO VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS ($ 125.700.000) m/cte.

1.2. Lucro cesante

Que se condene a las demanda (sic) al pago del lucro cesante en la cuantía que determinen los peritos que designe el Tribunal Administrativo de Arauca, desde la época de los hechos hasta la ejecutoria de la sentencia, por las pérdidas de la posibilidad de celebrar contratos de compraventa de ganado y de oportunidad, teniendo en cuenta que el giro normal de las actividades con ánimo de lucro era la compraventa de ganado, el cual era de doble propósito, la edad de cada animal, raza, la vida probable, los periodos para la reproducción de un año, la venta del ganado de engorde o ceba, el ganado de levante, la calidad de la ganadería, el precio unitario al momento de los hechos, la cantidad de cabezas de ganado existente al momento de los hechos, la cantidad que existiría a la ejecutoria de la sentencia, cuántas ventas se habían realizado, para lo cual se tendrán en cuenta las pruebas que se arrimen al expediente.

2. Perjuicios morales

La suma de MIL (1.000) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES vigentes al momento de ejecutoria de la respectiva sentencia.

3. Daño a la vida de relación

La suma de MIL (1.000) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES, vigentes al momento de ejecutoria de la respectiva sentencia, por los perjuicios a la relación de vida, entendiéndose como tal el daño que afecta la esfera individual de la víctima por la alteración profunda de las condiciones de existencia de cada uno de los miembros del núcleo familiar (sic), siendo en este caso más patético porque María del Rosario Llanes Granados, se hizo cargo afectiva y económicamente de su sobrino Luis Manuel Hernández Llanes, quien es absolutamente discapacitado metal, adelantándose actualmente un proceso de interdicción en el juzgado 17 de familia del circuito de Bogotá, bajo el Nº 62283. En consecuencia, él recibía atención médica, hospitalaria y alimentos congruos con lo que ella percibía de su ganado, posibilidades que ahora no existen por la pérdida de su ganado.

1.3.5. Marlén Llanes Granados

1. Perjuicios materiales

1.1. Daño emergente

Por la pérdida de 142 reses x $ 500.000$ 71.000.000

Las demandadas deberán pagar por este concepto, la suma de SETENTA Y UN MILLONES DE PESOS ($ 71.000.000) m/cte.

1.2. Lucro cesante

Que se condene a las demanda (sic) al pago del lucro cesante en la cuantía que determinen los peritos que designe el Tribunal Administrativo de Arauca, desde la época de los hechos hasta la ejecutoria de la sentencia, por las pérdidas de la posibilidad de celebrar contratos de compraventa de ganado y de oportunidad, teniendo en cuenta que el giro normal de las actividades con ánimo de lucro era la compraventa de ganado, el cual era de doble propósito, la edad de cada animal, raza, la vida probable, los periodos para la reproducción de un año, la venta del ganado de engorde o ceba, el ganado de levante, la calidad de la ganadería, el precio unitario al momento de los hechos, la cantidad de cabezas de ganado existente al momento de los hechos, la cantidad que existiría a la ejecutoria de la sentencia, cuántas ventas se habían realizado, para lo cual se tendrán en cuenta las pruebas que se arrimen al expediente.

2. Perjuicios morales

La suma correspondiente a MIL SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES (1.000), vigentes al momento de ejecutoria de la respectiva sentencia.

3. Daño a la vida de relación

La suma correspondiente a MIL (1.000) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES, vigentes al momento de ejecutoria de la respectiva sentencia, por los perjuicios a la relación de vida, entendiéndose como tal el daño que afecta la esfera individual de la víctima por la alteración profunda de las condiciones de existencia de cada uno de los miembros del núcleo familiar.

1.6. Ramón Cecilio Llanes Granados

Myriam Daza De Llanes

Juan Manuel Llanes Daza

Diego Fernando Llanes Daza

Myriam Andrea Llanes Daza

1. Perjuicios materiales

1.1. Daño emergente por la pérdida de ganado

4
 

Las demandadas deberán cancelar por este concepto, la suma de DOSCIENTOS CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($ 203.800.000) m/cte.

1.2. Daño emergente por la destrucción de la hacienda El Limbo

Que se condene a las demandas a pagar la suma de TREINTA MILLONES DE PESOS ($ 30.000.000) m/cte., por la destrucción del inmueble denominado El Limbo, ubicado en la vereda Los Patos, municipio de Tame, Arauca.

1.3. Lucro cesante

Que se condene a las demanda (sic) al pago del lucro cesante en la cuantía que determinen los peritos que designe el Tribunal Administrativo de Arauca, desde la época de los hechos hasta la ejecutoria de la sentencia, por las pérdidas de la posibilidad de celebrar contratos de compraventa de ganado y de oportunidad, teniendo en cuenta que el giro normal de las actividades con ánimo de lucro era la compraventa de ganado, el cual era de doble propósito, la edad de cada animal, raza, la vida probable, los periodos para la reproducción de un año, la venta del ganado de engorde o ceba, el ganado de levante, la calidad de la ganadería, el precio unitario al momento de los hechos, la cantidad de cabezas de ganado existente al momento de los hechos, la cantidad que existiría a la ejecutoria de la sentencia, cuántas ventas se habían realizado, para lo cual se tendrán en cuenta las pruebas que se arrimen al expediente. Para determinar el lucro cesante por la destrucción de la tierra, se tendrá en cuenta el valor comercial del inmueble antes de la violencia.

2. Perjuicios morales

Para cada uno de los miembros del grupo, MIL SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES (1.000), vigentes al momento de ejecutoria de la respectiva sentencia.

3. Daño a la vida de relación

Para cada uno de los miembros del núcleo familiar, MIL (1.000) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES, vigentes al momento de ejecutoria de la respectiva sentencia, por los perjuicios a la relación de vida, entendiéndose como tal el daño que afecta la esfera individual de la víctima por la alteración profunda de las condiciones de existencia de cada uno de los miembros del núcleo familiar.

1.3.7. Blanca Graciela Llanes de Romero

1. Perjuicios materiales

1.1. Daño emergente

Que se condene a las demandadas al pago de la suma de TREINTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($ 33.500.000) m/cte., correspondientes a sesenta cabeza (sic) de ganado, siendo el valor unitario de $ 500.000 y un toro padrote a razón $ 3.500.000.

1.3. Lucro cesante

Que se condene a las demanda (sic) al pago del lucro cesante en la cuantía que determinen los peritos que designe el Tribunal Administrativo de Arauca, desde la época de los hechos hasta la ejecutoria de la sentencia, por las pérdidas de la posibilidad de celebrar contratos de compraventa de ganado y de oportunidad, teniendo en cuenta que el giro normal de las actividades con ánimo de lucro era la compraventa de ganado, el cual era de doble propósito, la edad de cada animal, raza, la vida probable, los periodos para la reproducción de un año, la venta del ganado de engorde o ceba, el ganado de levante, la calidad de la ganadería, el precio unitario al momento de los hechos, la cantidad de cabezas de ganado existente al momento de los hechos, la cantidad que existiría a la ejecutoria de la sentencia, cuántas ventas se habían realizado, para lo cual se tendrán en cuenta las pruebas que se arrimen al expediente.

2. Perjuicios morales

La suma correspondiente a MIL SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES (1.000), vigentes al momento de ejecutoria de la respectiva sentencia.

3. Daño a la vida de relación

La suma correspondiente a MIL (1.000) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES, vigentes al momento de ejecutoria de la respectiva sentencia, por los perjuicios a la relación de vida, entendiéndose como tal el daño que afecta la esfera individual de la víctima por la alteración profunda de las condiciones de existencia.

Cuantía total de pretensiones por daño emergente: es la suma de NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($ 997.750.000) m/cte.

CUARTA: Se condenará a las entidades demandadas al reconocimiento y pago de las actualizaciones de cada uno de los valores que conforman los perjuicios materiales y a las sumas que resulten, se les aplicarán las tasas de intereses moratorios más altas permitidas por la ley (…)

QUINTA: Que se condene a las demandadas, al pago de los intereses previstos en los artículos 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo, desde la ejecutoria de la sentencia hasta cuando efectivamente se produzca el fallo.

SEXTA: Que se condene en costas a la parte demandada (fls. 10-17, c. 1).

Como fundamento de hecho de sus pretensiones indicaron que eran propietarios de los distintos números de semovientes indicados en las pretensiones, que pastaban en el municipio de Tame, en la finca El Limbo, de propiedad del demandante Ramón Cecilio Llanes Granados. Ello en razón de su condición de ganaderos de la zona, actividad que llevaban ejerciendo por más de 40 años.

Los días 25, 26 y 27 de octubre de 2002, hombres armados se presentaron en la hacienda El Limbo y hurtaron las 1600 vacas y 50 caballos que allí se encontraban, al igual que los enseres, máquinas, sal mineral, medicinas, monturas, ropa y demás elementos, de modo tal que el predio “fue totalmente arrasad[o]”.

Afirmaron que pusieron esos hechos en conocimiento de las autoridades tales como la Presidencia de la República, el Ministerio de Interior, el Ejército Nacional, la Policía Nacional, la Gobernación de Tame, la alcaldía de Tame y la Personería de Tame, pero ninguna de ellas desplegó las medidas necesarias para la protección de la vida e integridad física de los actores.

Los hechos de violencia referidos generaron el desplazamiento de los demandantes, quienes perdieron su arraigo cultural y familiar, así como la posibilidad de desarrollar su actividad económica, lo que derivó en los graves perjuicios de orden material y moral cuya reparación pretenden.

Indicaron que dos años antes de la ocurrencia de los hechos la situación de orden público se agravó en Tame como consecuencia del aumento de la presencia de grupos armados ilegales en la zona, lo que generó una exposición grave de la población civil a daños en su integridad y bienes. Pese a ello, el Estado ha sido omisivo en la protección de los ciudadanos quienes han quedado sujetos a la acción de los grupos delincuenciales.

Para los actores, la omisión de las demandadas en la defensa de su integridad personal y bienes dio lugar a los graves perjuicios cuya reparación pretenden. Indicaron que es un fin del Estado asegurar la convivencia pacífica en el territorio, que las fuerzas militares tienen como finalidad primordial la defensa del orden constitucional y que la Policía tiene a su cargo el deber de asegurar las condiciones para el ejercicio de los derechos y libertades de los individuos.

Adujeron que el gobernador y el alcalde están llamados a conservar el orden público en el nivel territorial, en sus correspondientes jurisdicciones y que son jefes de la Policía por mandato constitucional, lo que comprometió la responsabilidad de sus representadas. Consideraron que las omisiones de las autoridades en la defensa de sus garantías y libertades permiten imputarles responsabilidad en este caso particular.

2. Posición de las demandadas.

Mediante Auto de 6 de septiembre del 2004, el Tribunal Administrativo de Arauca admitió la demanda y notificó a las entidades demandadas y al Ministerio Público (fl. 272, c. 1). Enteradas las accionadas de la decisión, contestaron así:

2.1. Nación - Ministerio de Defensa.

Se opuso a la prosperidad de las pretensiones, por cuanto consideró que en el presente caso no se estructuran los elementos de la responsabilidad por acción u omisión en cabeza del Ejército Nacional. Afirmó que la situación de desplazamiento de los demandantes obedece a la actuación de un tercero ajeno al Estado y que, tal como se afirmó en la demanda, los hechos fueron generados por la situación de orden público que se vive en la zona. Finalmente, propuso como excepción la falta de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto el daño alegado en la demanda no se derivó de ninguna actuación u omisión por parte de un funcionario de la entidad; por el contrario, el Estado le ha dado un tratamiento especial a la población en situación de desplazamiento (fl. 304, c. 1).

2.2. departamento de Arauca.

Manifestó que no le constan los hechos del proceso y que sólo habría lugar a declararlo responsable si el daño padecido por los demandantes hubiera sido consecuencia de su incuria en el empleo de los medios de los que está provisto para el cumplimiento de sus fines constitucionales (fl. 289, c. 1). Sin embargo, el departamento no incurrió en ninguna falla del servicio a su cargo, pues los demandantes nunca pidieron protección y vigilancia ante este, ni pusieron de presente determinado hecho ilícito que ameritara protección por parte del Estado.

En todo caso, no puede exigírsele a las autoridades una carga de imposible cumplimiento, ni la adopción de medidas fuera de su alcance, como lo es la de vigilar de manera específica a cada ciudadano o cada bien que pueda resultar afectado por virtud de la acción de la delincuencia.

El desplazamiento forzado no es un hecho aislado sino que se ha presentado en el país en forma generalizada; dicha problemática impuso la expedición de la Ley 387 de 1997 para la atención a esa población, norma que dispone diversos requisitos y actuaciones que deben reunir los particulares en esas condiciones para acceder a la ayuda estatal, los que no acreditaron haber surtido los demandantes.

Insistió en que las autoridades no tuvieron conocimiento de las amenazas, por lo que no puede responder por unos ataques que no estaban en la posibilidad de prever.

Consideró que no está llamado a integrar la parte pasiva de la controversia, por cuanto las atribuciones que el orden jurídico le impone no guardan relación con el mantenimiento del orden público, ni con la forma en que las fuerzas armadas ejecutan acciones para proteger a las personas, argumento que planteó como fundamento de la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, que pidió se declare a su favor.

2.3. Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional.

Se opuso a las pretensiones luego de considerar que el hurto y la destrucción de los bienes de propiedad de los demandantes ocurrieron como consecuencia de la acción de un grupo de personas al margen de la ley. Por lo anterior, invocó la causal de exoneración de responsabilidad consistente en el hecho de un tercero y afirmó que a pesar de que la Policía Nacional cuenta con personal en la zona donde ocurrieron los hechos, resulta imposible brindarle seguridad a cada uno de los ciudadanos (fl. 329, c. 1).

2.4. Municipio de Tame.

El municipio de Tame no contestó la demanda.

3. La sentencia impugnada.

El 13 de diciembre del 2007, el Tribunal Administrativo de Arauca profirió sentencia de primera instancia adversa a las pretensiones de la demanda, luego de considerar que a pesar de que se acreditó el daño antijurídico padecido por los demandantes, consistente en el hurto de su ganado, en el proceso no se demostró una falla en el servicio por omisión por parte de las entidades demandadas que haya dado lugar a la ocurrencia del mismo, pues los hechos delictivos narrados en la demanda ocurrieron de manera imprevisible y en un contexto de alteración del orden público en todo Arauca.

El a quo también afirmó que el desplazamiento forzado sufrido por los demandantes ocurrió a partir del 29 de enero del 2003, es decir, después de ocurrido el hurto de ganado en su propiedad y, además, que la inscripción de la familia en el registro único de población desplazada no constituye prueba de la responsabilidad estatal en tal hecho. Dice la sentencia:

[N]o no obra prueba alguna en este plenario que permita afirmar o al menos deducir, que con anterioridad al 25 y 26 de octubre de 2002 uno solo o algunos de los actores o los actores todos, elevaron a las autoridades demandadas solicitud de protección especial o denuncia de amenazas concretas contra la posesión regular y pacífica de sus semovientes o bienes instalados en el predio rural El Limbo, o aviso específico, en donde se hubiera reclamado del Estado una conducta de protección o de vigilancia especial para conjurar la consumación del hurto del ganado que allí cebaban en conjunto (…) (fl. 429, c. ppl.).

4. La impugnación.

El 6 de mayo de 2008, la parte actora interpuso recurso de apelación contra la referida decisión, solicitó que se revoque y, en su lugar, se concedan las pretensiones de la demanda. Reprochó un presunto error del a quo en la valoración del material probatorio obrante en el expediente y la falta de aplicación de la lógica y las máximas de la experiencia “para la estructuración del nexo causal”.

Como sustento de la anterior afirmación dijo que a pesar de que la imprevisibilidad del hecho constituye una eximente de responsabilidad del Estado, la situación de alteración del orden público en la zona en que tuvo lugar hacía evidente la posible ocurrencia del daño, por lo que a la administración le era exigible adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los habitantes del municipio de Tame. Concluyó que la perturbación de la convivencia ciudadana generaba una obligación de protección por parte de las autoridades sin la necesidad de que mediara un aviso previo sobre alguna situación específica de amenaza por parte de los afectados. Afirmó:

[E]n conclusión, las circunstancias especiales, como problemas de orden público, desplazamiento forzado, abigeato continuo y colectivo en el municipio de Tame, reconocidos como un hecho notorio por el tribunal en Sala mayoritaria, y por el magistrado disidente en su salvamento de voto; asimismo, los testimonios practicados el cual (sic) fueron claros y contundentes y además también víctimas del hurto de su ganado, las pruebas documentales y los operativos realizados por la fuerza pública, configuran el nexo causal entre la falla y el daño antijurídico sufrido por los autores.

De modo que, la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo de Arauca Sala mayoritaria, es contradictoria en sí misma y al precedente judicial, debido que reconoce las circunstancias especiales que se estaban presentando en el municipio de Tame, a través de los diferentes medios que informan el proceso, y pese a ello le da un alcance distinto a dicho material probatorio para concluir de manera parcializada y caprichosa que no había razón para endilgarle responsabilidad al Estado por falta de un requerimiento preciso a las entidades demandas, desconociendo que las circunstancias especial no lo exigían.

Finalmente, adujo que las autoridades no actuaron para evitar el suceso, ni en forma posterior, pues no se realizó ninguna operación encaminada a la recuperación del ganado hurtado, lo cual constituye una omisión de la conducta debida, que compromete la responsabilidad estatal. Al respecto anotó:

[P]ara el caso que nos ocupa, se presentan diferentes situaciones fácticas que configuran el nexo causal, de manera previa y concomitante, y es aquí, donde el operador de instancia falló y no valoró las circunstancias del caso, para lo cual debió hacer uso de la lógica y las máximas de la experiencia, en el sentido, que para movilizar 1340 reses, se requiere de una logística bastante compleja, en la eventualidad que necesita de muchos hombres para su traslado, de igual forma se requiere de varios días, para su traslado a un lugar bastante seguro, por lo general la frontera con Venezuela, que queda siempre distante del municipio de Tame, a ello se suma la geografía del departamento de Arauca, que es bastante plana, lo cual le facilita a las fuerzas militares la labor de búsqueda, por vía aérea y terrestre, en la medida que ellos cuentan con una brigada y dos batallones móviles, personal de la policía y del DAS para realizar inteligencia, cuentan con equipos de comunicación, de rastreo y con helicópteros para realizar seguimientos aéreos y además cuidan las carreteras; pero estas autoridades se mostraron inermes frente a la situación de los actores, máxime que se hizo la respectiva denuncia penal de manera inmediata, ante la autoridad competente (…) (fl. 461, c. ppl.).

5. Alegatos de conclusión.

En la oportunidad procesal prevista para el efecto, la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional reiteró los argumentos que esgrimió en la contestación de la demanda (fl. 475, c. ppl.).

Por su parte el Ministerio Público consideró que se configuró una falla en el servicio por omisión, debido a que los actos ilícitos perpetrados en la zona constituían un hecho notorio, por tanto, las autoridades tenían conocimiento de los mismos y no realizaron ninguna acción tendiente a evitar el daño. Respecto de los perjuicios ocasionados manifestó que no es procedente indemnizar el daño moral, por cuanto la jurisprudencia del Consejo de Estado ha afirmado que la pérdida de bienes materiales no genera un daño inmaterial, y que no se allegó al proceso material probatorio suficiente para la cuantificación del daño (hurto), como tampoco se probó la destrucción del inmueble y los enseres de la finca El Limbo. Por lo anterior, consideró que aunque debe imponerse condena, esta debe ser en abstracto.

Las demás demandadas y la parte actora guardaron silencio en ese momento procesal.

II. Consideraciones

1. Presupuestos procesales de la acción.

De la jurisdicción, competencia y procedencia de la acción.

Por ser las entidades demandadas de carácter estatal, el proceso es de conocimiento de esta jurisdicción (art. 82 C.C.A.). Además, esta corporación es competente, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en un proceso con vocación de segunda instancia, toda vez que la cuantía de la demanda, determinada por el valor de la mayor de las pretensiones, que corresponde a la indemnización por concepto de perjuicios morales para cada demandante(1), supera la exigida en la ley para que el asunto tenga dos instancias.

La acción de reparación directa instaurada (art. 86 C.C.A.) es la procedente, por cuanto las pretensiones de la demanda están encaminadas a la declaratoria de responsabilidad de las entidades demandadas por las omisiones que tuvieron como consecuencia del hurto de ganado en la finca El Limbo, de propiedad de los demandantes.

De la legitimación en la causa.

El legítimo interés de los demandantes que los habilita para comparecer como parte activa de la controversia deriva de la alegada calidad de propietarios de los bienes que afirman les fueron hurtados y de desplazados por la violencia, daños cuya reparación pretenden. El grupo familiar actor está integrado por la señora Silvia Granados de Llanes, sus hijos (i) Fanny Silvia, (ii) Jesús Manuel, (iii) María del Rosario, (iv) Marlén y (v) Ramón Cecilio Llanes Granados y por los núcleos familiares de estos últimos (fls. 42 y ss. c. 1), siendo claro que el legítimo interés de cada uno corresponde a la particular afectación que padeció, ya la pérdida de ganado para quienes eran sus propietarios, ora el desplazamiento que alegan haber sufrido todos los miembros del núcleo familiar.

Frente a la legitimación en la causa por pasiva, la Sala encuentra que la actora le atribuye a las entidades accionadas presunta responsabilidad por omisión en la protección y seguridad que, a su juicio, les correspondía brindarle a su vida y bienes, imputación por la que están llamadas a responder en el presente asunto. Cosa distinta es el juicio de imputación de responsabilidad frente a cada una de ellas, que será materia de examen al dilucidar el fondo de la controversia.

De la caducidad de la acción.

En el presente asunto, se pretende que se declare la responsabilidad de las entidades demandadas por las consecuencias de los hechos violentos ocurridos el 25 y 26 de octubre de 2002. Como la demanda fue impetrada el 18 de agosto del 2004, es claro que lo fue dentro de los dos años contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, en los términos del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, esto es, en forma oportuna.

2. Problema jurídico.

La Sala debe determinar si las entidades demandadas son responsables por el hurto de ganado de propiedad de los demandantes, que sufrieron con ocasión de un hecho violento perpetrado por actores armados organizados al margen de la ley, así como de su consecuencial desplazamiento forzado.

Para el efecto, es preciso establecer si el Estado puede ser declarado responsable con fundamento en el hecho de un tercero y a qué título. Para el análisis de la responsabilidad estatal se indagará (i) si existía una obligación de protección por parte de las autoridades y en qué condiciones específicas estaban llamadas a ejecutarla, (ii) si ese deber fue incumplido de modo tal que llegó a comprometer la responsabilidad de la administración.

3. Hechos probados.

De conformidad con las pruebas válidamente aportadas al proceso, se tienen como demostrados los siguientes hechos relevantes:

3.1. El señor Ramón Cecilio Llanes Granados es propietario del predio rural “El Limbo”(2), ubicado en la vereda Los Patios del municipio de Tame. Consta que con fundamento en documento del 13 de diciembre de 2002, expedido por la alcaldía de Tame, el referido señor inscribió en el folio de matrícula inmobiliaria del bien una declaración de desplazamiento forzado, con el fin de impedir la negociabilidad del predio. Este le había sido adjudicado por el Incora el 20 de diciembre de 1984 (fl. 257, c. 1) y tenía una cabida de 1.010 hectáreas.

3.2. El 27 de mayo de 2004 (fl. 30, c. 1) el secretario general y de desarrollo comunitario de Tame hizo constar que los señores Jesús Manuel Llanes Granados y Ramón Llanes Granados tienen su domicilio en ese municipio y ejercen allí como ganaderos. Estas documentales fueron aportadas por los actores (fls. 31 y 32, c. 1).

3.3. El 4 de junio de 2004, el médico veterinario Alonso Sánchez Dulcey, actuando como profesional de la Federación Nacional del Ganado Fedegan, hizo constar que el 6 de mayo de 2002, el señor Jesús Manuel Llanes Granados vacunó 659 bovinos en el predio El Limbo (fl. 33, c. 1).

3.4. La alcaldía municipal de Tame hizo constar la existencia de cifras quemadoras de ganado registradas a nombre de María del Rosario Llanes, Fanny Silvia Llanes, Silvia Vda. de Llanes, Myriam Daza de Llanes, Familia Llanes Granados, Ramón Llanes y Graciela Llanes. Los registros datan respectivamente de los años 1971, 1975, 1970, 1992, 1985 y 1975 en el caso de los dos últimos (fls. 34 y ss., c. 1).

3.5. Las declaraciones de renta de las señoras Silvia Granados de Llanes y Marlén Llanes Granados dan cuenta de que para el año gravable 2001 fueron declarantes del impuesto de renta y dentro de la liquidación de su patrimonio afirmaron ser propietarias de semovientes en cuantías de $ 15.469.000 y $ 18.451.00, respectivamente (fls. 101 y ss., c. 1).

3.6. Se recaudaron pruebas testimoniales que dieron cuenta de la calidad de ganaderos de los integrantes de la Familia Llanes. Los declarantes, también ganaderos de la región, dijeron haber conocido del hurto de semovientes que se presentó en el predio El Limbo, así:

El señor Luis Alirio Carreño Cáceres afirmó que para el año 2002 se presentaba una difícil situación de orden público en el municipio de Tame y, en general, en el departamento de Arauca, en el que la población civil se vio afectada, entre otros delitos, por el hurto de ganado cometido por grupos armados ilegales, acción que no fue contrarrestada en forma eficiente por las autoridades estatales(3). Sobre el hurto particular de los ganados de la finca El Limbo vertió su relato en los siguientes términos:

PREGUNTADO. Se afirma que entre los días 25, 26 y 27 de octubre de 2002, miembros de un grupo armado al margen de la ley, hicieron presencia en el finca (sic) denominada El Limbo, ubicadas en la vereda Los Patos ubicada en el municipio de Tame, inmueble de propiedad de del señor Ramón Cecilio Llanes Granados, de donde fueron hurtadas 1600 cabezas de ganado, 50 caballos, 8 monturas, ropa de propiedad de la familia Llanes. Igualmente destruyeron cercados con el fin de sustraer los semovientes dejando totalmente arrasada el predio (sic). Diga si esto es cierto en caso tal, cómo se enteró de ello y qué otros aspectos conoce. CONTESTÓ: Eso es cierto, me enteré porque el encargado vino y avisó y fuimos hasta allá, el encargado se llama William, y nosotros con los Llanes nos desplazamos hasta la finca (…).

Por su parte, el declarante Mauricio Herrera Cáceres, Zootecnista y gerente de la empresa de servicios públicos de Tame para la época de la declaración, también dijo conocer la difícil situación de orden público que se presentaba en la zona, frente a la cual señaló como deficiente la respuesta estatal. Al ser interrogado en idénticos términos que el anterior testigo respondió:

PREGUNTADO: se afirma que entre los días 25, 26 y 27 de octubre de 2002, miembros de un grupo armado al margen de la ley, hicieron presencia en la finca denominada El Limbo, ubicadas en la vereda Los Patos ubicada en el municipio de Tame, inmueble de propiedad del señor Ramón Cecilio Llanes Granados, de donde fueron hurtadas 1600 cabezas de ganado, 50 caballos, 8 monturas, ropa de propiedad de la familia Llanes. Igualmente destruyeron cercados con el fin de sustraer los semovientes dejando totalmente arrasada (sic) el predio. Diga si esto es cierto en caso tal, cómo se enteró de ello y qué otros aspectos conoce. CONTESTÓ: Eso fue cierto, toda la comunidad se enteró y nosotros que somos del mismo gremio. Yo he visto la finca abandonada, destruida. Igualmente por información de los campesinos cuando se llevaron el ganado.

Afirmó que a raíz de los mencionados hechos, la familia Llanes fue desplazada del municipio de Tame. Sobre los perjuicios que afirma padecieron sus integrantes indicó:

Les robaron todo un capital y moral, porque eso que lo corran a uno, y el hecho de no poder trabajar como habitualmente se hace pues causa daños morales (…) amenazas sí hubo, y actualmente me imagino que debe persistir (sic) ya que ellos no pueden volver a ocupar sus predios (…) es lamentable que habiéndose avisado oportunamente a la fuerza pública, especialmente al Ejército, en el momento en que estaban robando el ganado, no fueron oportunamente y se aparecieron como a los tres o cuatro días, y en caso que hubieran operado oportunamente se había podido recobrar. Además que ellos contaban con equipo terrestre y aéreo para desplazarse. La fuerza pública en las reuniones que se hacían ellos trataban de huirle a la responsabilidad y nunca quisieron hacer un plan para contrarrestar los hechos.

El testigo Claudio Sarmiento Ruiz, médico veterinario, ganadero de la zona y director de la Umata de Tame en la época de la declaración, también se refirió a las difíciles condiciones de orden público de la zona y dijo, al igual que los demás testigos, que personalmente se vio afectado por el hurto de ganado. Al ser interrogado, en idénticos términos que los demás declarantes sobre el hurto en la finca El Limbo, respondió: “Sí es cierto, porque la comunidad lo manifestó, la finca de ellos es cerca de la de nosotros (…) (fls. 52-61, c. 2). También afirmó que los integrantes de la familia Llanes fueron desplazados de Tame con ocasión de esos hechos de violencia.

Por último, el testigo Carlos Armando Sarmiento Ruíz (fl. 59, c. 2), auxiliar de revisoría de ganado del municipio de Tame, indicó que desde el año 2001 empezaron a hacer presencia en Tame grupos paramilitares, y los habitantes fueron víctimas de desplazamiento, extorsión y hurto de semovientes, entre otros delitos, hechos frente a los cuales las autoridades brindaron poca colaboración. Sobre la misma pregunta referida a los hechos violentos en la finca El Limbo adujo: “eso es cierto, se robaron el ganado, los demás semovientes, destruyeron todo entre esa la casa (sic), desplazaron a la familia, al encargado lo corrieron porque sino (sic) lo mataban, yo me enteré porque tengo una finca vecina a la de ellos y me di cuenta, hasta la fecha está abandonado eso”. Insistió en que a partir de esa época los señores Llanes no pudieron regresar a su finca, por lo que continúan en condición de desplazados.

3.7. El 29 de octubre del 2002, los señores Silvia Granados de Llanes, Jesús Manuel Llanes Granados, Ramón Llanes Granados, Fanny Silvia Llanes Granados, Alix Nolaida Arenas de Llanes y Myriam Daza de Llanes, radicaron una solicitud escrita, en ejercicio de su derecho fundamental de petición, ante la Procuraduría General de la Nación, con el fin de solicitar que se les “garantice la vida y la protección de las propiedades” ubicadas en las inmediaciones del municipio de Tame. Lo anterior con ocasión de los hechos violentos ocurridos en el predio denominado El Limbo de propiedad de la familia, los días 25 y 26 de octubre del 2002, durante los cuales “hombres armados al margen de la ley” hurtaron el ganado y los enseres de la finca. En la solicitud se anotó lo siguiente:

La anterior petición la formulamos en razón de que hace aproximadamente un (1) año, la familia Llanes Granados, Llanes Arenas y Llanes Daza, por situaciones de orden público tuvieron que abandonar de forma involuntaria la ciudad de Tame, quedando nuestras propiedades completamente desprotegidas, encontrándonos hoy con nuestros hijos en calidad de desplazadas en la ciudad de Bogotá, departamento de Cundinamarca (fl. 59, c. 1).

Del efectivo radicado de ese documento da cuenta el comprobante adherido a este y la respuesta de 19 de noviembre de 2002, en la cual se les informa que de su petición se dio traslado a la Fiscalía General de la Nación con el fin de que inicie la investigación correspondiente, así como a la Décima Octava Brigada del Ejército con sede en Arauca, “a fin de que adopte las medidas necesarias con el objeto de restablecer el orden público perturbado en esa región y evitar la comisión de hechos similares” (fl. 71, c. 1).

3.8. También consta que la Policía Nacional se enteró de la solicitud, por cuanto el 6 de noviembre de 2002 (fl. 72, c. 1) le dirigió un oficio a la señora Fanny Silvia Llanes Granados en el que se lee:

En atención a su oficio (…) se impartieron instrucciones al señor Coronel Luis Alcides Morales Silva comandante Departamento de Policía Arauca, con el fin de adoptar las medidas a que haya lugar de acuerdo a las circunstancias y con los medios a su disposición en coordinación con las autoridades civiles, Departamento Administrativo de Seguridad DAS y organismos de la fuerza pública de la jurisdicción.

3.9. La Defensoría del Pueblo (fl. 73, c. 2) también le respondió a la señora Fanny Silvia, en oficio de 15 de noviembre de 2002, en el sentido de informarle que su petición sería tramitada por la Defensoría Seccional del Pueblo de Arauca.

3.10. El 1º de noviembre de 2002 (fl. 79, c. 1), la señora Fanny Silvia Llanes Granados radicó una solicitud dirigida a la entonces Ministra de Defensa, en los siguientes términos:

[E]n calidad de desplazados nos encontramos después de haber sido despojados de una de nuestras propiedades los días 25 y 26 de octubre de 2002, por parte de grupos alzados al margen de la ley, los cuales procedieron a hurtar una cantidad aproximada de 1.600 cabezas de ganado de la finca denominada “El Limbo” ubicada en la vereda los patos del municipio de Tame departamento de Arauca.

En los términos anteriores, solicito comedida y respetuosamente de ud. en calidad de jefe de la Fuerzas Militares (sic), se sirva impartir órdenes con el propósito de garantizar nuestra vidas (sic) y las de los trabajadores, y protección a las propiedades denominadas El Limbo, en la vereda los patos (propiedad que a partir de la fecha quedaría deshabitada), Tocoragua y Juncal, ubicada en la vereda Mapoy, La Libertad ubicada en la vereda del Susto, La Laguna Azul, ubicada en la vereda el Cerrito y en la zona urbana dos (2) casas ubicadas en la calle 14 Nº 22 - 44, de la jurisdicción del municipio de Tame Arauca.

3.11. El 19 de noviembre de 2002 (fl. 74, c. 2), el coordinador del grupo de derechos humanos del Ministerio de Defensa le respondió que “se dio trámite al Comando General de las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional”.

3.12. El 6 de noviembre de 2002 (fl. 75, c. 1) los integrantes de la familia Llanes radicaron otro escrito ante la Presidencia de la República, en el que narraron los hechos correspondientes a la alteración del orden público en el municipio de Tame y los hurtos de ganado que se han presentado en la zona (fecha de radicado en la entidad: 6 de noviembre de 2002), así como la particular afectación que afirman haber padecido. En el escrito se afirmó lo siguiente (fl. 75, c. 1):

[E]n el mes de octubre durante los días 25 y 26 del 2002, en la finca denominada “El Limbo” vereda Los Patos de jurisdicción de Tame, departamento de Arauca; de propiedad de la familia Llanes Granados, quienes han sido desplazados hace aproximadamente un (1) año; a quienes le fueron hurtadas en una cantidad aproximada de un mil seiscientos (1600) cabezas de ganado de cría de diferentes colores, con raza predominante Cebú, cincuenta (50) bestias caballares, y cuarenta (40) de atajo, igualmente fue objeto de saqueo la vivienda de la citada finca.

3.13. Mediante oficio de 14 de febrero de 2003, la fiscalía única seccional delegada ante el juzgado del circuito de Tame, Arauca, solicitó a los señores Ramón Llanes, Jesús Llanes, Alirio Valencia y Nohora Llanes de Valencia, comparecer ante el despacho con el fin de escucharlos en declaración (fl. 246, c. 1).

3.14. En respuesta al oficio de 14 de febrero de 2003 emitido por la fiscalía, Ramón Llanes, Jesús Llanes, Alirio Valencia y Nohora Llanes de Valencia manifestaron lo siguiente:

[C]omedidamente y respetuosamente nos dirigimos a ud. a efecto de solicitarle se sirva comisionar la práctica de las declaraciones solicitadas dentro del comisorio de la referencia (…) con el fin de que se lleven a cabo estas diligencias en la ciudad de Bogotá (…)

La anterior petición, debido (sic) que en la ciudad de Tame, no contamos con medidas de seguridad para nuestras vidas, lo cual nos impide desplazarnos a ese municipio.

3.15. Mediante oficio de 5 de junio de 2005, el gerente del sistema de información de población desplazada informó que Fanny Silvia, Jesús Manuel, María del Rosario, Marlén y Ramón Cecilio Llanes Granados; Silvia Granados de Llanes; Alix Adriana y Jesús Enrique Llanes Arenas; Alix Nolaida Arenas de Llanes y Myriam Daza de Llanes, aparecen incluidos en el sistema único de población desplazada por la violencia desde el 29 de enero de 2003 (fl. 24, c. 2).

La declaración con fundamento en la cual los actores informaron su condición de desplazados ante la Defensoría del Pueblo (fl. 28, c. 2), así:

Los días 24 y 25 de octubre, en la finca denominada El Limbo, vereda Los Patos de la jurisdicción del municipio, de propiedad de mi familia, se hicieron presentes un número aproximado de veinte (20) hombres armados al margen de la ley y obligaron al encargado a que los acompañara a recoger todo el ganado de cría, era una cantidad aproximada de 1600 cabezas de ganado y 90 vestias (sic) de trabajo, lo sujetos indeterminados quienes procedieron al hurto del referido ganado, como también al saqueo de lo existente en dicha propiedad conforme se manifestó en el denuncio penal instaurado en la Fiscalía Seccional de Tame (Arauca). Ante los anteriores hechos, y ante las amenazas dejadas en las paredes escritas en la finca El Limbo, salimos a diferentes zonas del país, por temor a represalias de nuestras vidas, ya que nuestros bienes muebles fueron objeto de hurto; no quedando otra alternativa, como es bien sabido en la zona rural del municipio de Tame se desató una ola de violencia entre los grupos armados al margen de la ley, que buscan controlar la región a la fuerza utilizando todos los medios aunque tengan que violar los derechos fundamentales (…) razones por las cuales no nos queda otro camino que tener que abandonar la zona del conflicto armado y a partir de la fecha nos constituimos en otros desplazados más que huyen de la violencia con el único fin de proteger las vidas; de igual manera hemos sido declarados objetivo militar por parte de los grupos armados que operan en esa zona, por el hecho de poner en conocimiento ante las autoridades competentes lo ocurrido en la finca El Limbo (…)

La declaración incluyó a la señora Fanny Silvia y a los demás miembros del grupo familiar quienes fungen como demandantes en el presente proceso (fl. 98, c. 2).

3.16. En el dictamen pericial rendido por un médico veterinario y zootecnista con el fin de estimar la cuantía de los perjuicios (cuya valoración solo tendrá lugar frente a ese aspecto en caso de una eventual condena) se indicó que la finca quedó abandonada. También se lee en el informe:

A partir del mes de abril (el dictamen se entregó en enero de 2007, por lo que la fecha indicada puede corresponder al año 2006) los propietarios volvieron a la finca para levantar cercas y recuperar los potreros por medio de maquinaria agrícola para luego introducir nuevamente cabezas de ganado. En la actualidad la zona rural de la vereda los patos del municipio de Tame, donde se encuentra la finca El Limbo, no existen garantías para mantener la vida y mucho menos para desarrollar la actividad ganadera por la presencia aun de los grupos al margen de la ley.

Por su parte, en el dictamen tendiente a determinar la afectación del predio se estableció, luego de la vista a este, que “la construcción afectada por la explosión, paredes derruidas y agrietadas, toda la construcción está desajustada debido a la onda explosiva. Se recomienda la demolición totalmente de esta construcción. También se observó la destrucción de la cerca de la finca, que en su mayoría fue quemada” (fl. 121, c. 2).

3.17. El 6 de abril del 2006, el Batallón de Ingenieros Nº 18 GR. Rafael Navas Pardo allegó a este proceso copia de las órdenes de operaciones emitidas en el mes de octubre de 2002. Dichos documentos contienen la siguiente información:

ENEMIGO

Grupos narcoterroristas pertenecientes al Frente 10 y 45 de las ONT FARC y Comisión Marta Helena Barón del Frente Domingo Lain Sáenz del ELN ONT AUI que se encuentran concentrados en el sector de angosturas sobre el río Cravo Norte jurisdicción del municipio de Tame milicias urbanas que estarían planeando efectuar ataques terroristas a la población civil atentando contra los derechos humanos y derecho internacional humanitario en el departamento de Arauca.

MISIÓN

El Batallón de Ingenieros nº 18 General Rafael Navas Pardo, con la compañía Búfalo, un pelotón de la compañía Caldas a partir del día 16 18:00-octubre -02 hasta nueva orden, inicia una operación (sic) registro, control militar de área, destrucción y acción integral, sobre el municipio de Tame y sus alrededores con el fin de localizar, capturar, neutralizar y dar de baja en caso de resistencia armada a miembros de las organizaciones al margen de la ley, o decomisar material de guerra, intendencia o sustancias alucinógenas; logrando de esta manera garantizar la tranquilidad ciudadana y el cumplimiento de la misión institucional (…) (fl. 64, c. 4).

En operativos realizados en el municipio de Tame (fl. 56, c. 4), el Ejército Nacional reportó los siguientes resultados:

10 - octubre - 02 captura milicianos. Tropas del BIRAN, en desarrollo de la operación Océano, en el municipio de Tame, capturan al sujeto Luis Arturo Quiñones Bonilla, alias El Paisa, (…) integrante de Milicias Bolivarianas del Décimo Frente de las FARC, así mismo fue capturado el sujeto Jorge Alberto López (…) integrante de la columna móvil Alfonso Castellanos y escolta personal de alias Gabino, señalado como pistolero del municipio de Tame.

23 - octubre - 02 capturados: Tropas de Batallón de Ingenieros “GR. Rafael Navas Pardo, en desarrollo de la operación Buitre en el municipio de Tame fueron capturados los sujetos Álvaro Hernán Salamanca Ravelo, (…) Charles Enrique Ramírez Domínguez (…) Javier Arñey Xamacho (sic) Gómez (…) José David Salcedo (…) los mencionados se desplazaban en los siguientes vehículos con ganado robado, Dodge D800 Modelo 78 (…) vehículo marca International 4700 (…) vehículo marca Chevrolet C70 (…)

04 - noviembre - 02: Destrucción carro bomba. En desarrollo de la operación Ordop Explosivo, tropas del Batallón de Contraguerrillas Nº 52 destruyeron 03 vehículos cargados con explosivos instalados por terroristas, de las FARC, en la vía que de Tame conduce al municipio de Saravena, en el sitio denominado Corocito.

3.18. Consta que para el ciclo I del año 2006, semana 4, se vacunaron 200 reses del señor Jesús Manuel Llanes en la finca El Limbo, parte de Fedegan (fl. 32, c. 5).

En el ciclo II del mismo año se vacunaron 187 bovinos del señor Ramón Llanes (fl. 31, c. 5) en ese predio. Otra constancia allegada también da cuenta de que en el ciclo II también se vacunaron 1125 reses del mismo propietario, ubicadas en el predio El Limbo.

Los registros de vacunación aportados por Fedegan también dan cuenta de la vacunación de ganados de la familia demandante, en el predio Torcoragua de Tame: 1100 de propiedad de Ramón Llanes (fl. 14, c. 5), 700 reses de Silvia Granados, 500 reses de propiedad de los hermanos Llanes, 400 bovinos de Silvia Granados (fl. 17, c. 5), otras 470 reses de los hermanos Llanes, 48 reses de Jesús Manuel Llanes Granados y 50, 1200 y 330 reses de Ramón Llanes (fls. 20-22, c. 5). Esas vacunas se aplicaron entre los años 2005 y 2006.

Por otra parte, en el predio Libertad, ubicado en Tame, se vacunaron bovinos de propiedad de los actores en el año 2006, así: 50 de propiedad de Jesús Enrique Llanes (fl. 23, c. 5), 252 de Alix Arenas de Llanes (fl. 24, c. 5), 450 bovinos de Ramón Llanes (fl. 26, c. 5), 550 bovinos de propiedad de Jesús Manuel Llanes (fl. 27, c. 5) y 70 más del mismo propietario (fl. 28. c. 5). En 2005 se vacunaron en ese predio 960 vacas del señor Jesús María Llanes Granados.

4. Análisis de la Sala.

4.1. El daño.

Las pruebas aportadas dan cuenta de que el señor Ramón Cecilio, uno de los hermanos Llanes Granados, era propietario del predio El Limbo ubicado en el municipio de Tame y de que en este ejercían la ganadería él y sus familiares, quienes también tenían otros predios en la región que dedicaban al pastoreo de bovinos con fines de lucro.

De igual manera, consta en el expediente que desde 1970 la señora Granados y su hija María del Rosario tenían cifras quemadoras de ganado registradas ante el municipio de Tame y que a partir de dicha fecha también registraron las de sus hermanos e inclusive algunas que compartían a nombre de la familia Llanes Granados. (ver numeral 3.4). Asimismo, acreditaron que para el año gravable 2001 las señoras Silvia Granados de Llanes y Marlén Llanes Granados eran declarantes de renta y que dentro de sus activos registraban semovientes (ver numeral 3.5.).

De su calidad de ganaderos de la zona no dejan duda los testimonios rendidos por los señores Luis Alirio Carreño, Mauricio Herrera Cáceres, Claudio Sarmiento Ruíz y Carlos Armando Sarmiento Ruiz, también ganaderos de la región, quienes dieron cuenta de que esa era la actividad económica de la que derivaba su sustento el grupo familiar actor.

Ahora bien, no desconoce la Sala que a ninguno de los referidos testigos le consta personalmente la alegada incursión armada en el predio y el hurto de los semovientes, ni dieron efectiva cuenta de la razón por la cual conocían o debían conocer en número exacto la cantidad de semovientes hurtada; por el contrario, se limitaron a reconocer como cierto el hecho sobre el cual fueron interrogados, sin dar satisfactoria cuenta de las razones de la ciencia de sus dichos. Nótese cómo se limitaron los declarantes a informar, en términos generales, que la comunidad y el gremio se enteró de los hechos. El señor Carreño Cáceres fue el único en señalar la forma precisa en la que se enteró, al afirmar que fue por la narración que de los hechos le hizo el encargado de la hacienda El Limbo, de nombre William (cuya declaración se extraña en el presente proceso); aunque el testigo afirma que al enterarse de lo sucedido se desplazó hasta el predio, también es claro que en esas condiciones no pudo tener percepción directa del hurto, pues ello es indicativo de que no estaba en el sitio en el preciso momento de su ocurrencia.

Sin embargo, también es cierto que los mismos declarantes dieron cierta cuenta de un hecho posterior y relevante para el caso, cual es el relativo a que el predio El Limbo quedó abandonado a partir de octubre de 2002 y que los actores salieron del municipio de Tame a raíz de los hechos descritos, hechos estos que sí pudieron percibir de manera directa y que son indicativos de la ocurrencia del hecho dañino alegado como fundamento de la demanda. También consta que en visita realizada por peritos con el fin de avaluar el terreno, advirtieron los daños sufridos por las edificaciones con ocasión del ataque y de su posterior abandono.

En efecto, la forma en que los demandantes denunciaron el hecho también es indicativa de su veracidad, por cuanto pese a haber salido de la región, lo que justifica que las quejas fueran radicadas en Bogotá y canalizadas por intermedio de la Procuraduría General de la Nación, así lo afirmaron ante las autoridades y consta que lo hicieron en forma inmediatamente posterior a la época de su acaecimiento.

Otro hecho también acreditado da cuenta de la efectiva ocurrencia de la incursión armada al predio El Limbo y corresponde al desplazamiento que sufrieron los actores a partir de la época misma en que denunciaron su ocurrencia.

En efecto, alegaron los demandantes que a partir de octubre de 2002, época del saqueo a la propiedad denominada El Limbo, todos ellos se vieron sometidos al desplazamiento forzado del municipio de Tame, situación que quedó acreditada con la información que reposa en el sistema único de población desplazada, donde consta que los demandantes aparecen en sus registros como víctimas de desplazamiento, a partir de 29 de enero de 2003.

Para la Sala resulta suficiente demostración de la condición de desplazados(4) la inscripción en el registro único previsto para tal fin, pues estaba en manos de la autoridades la aplicación del Decreto 2569 del 2000 que prevé los criterios de evaluación de las declaraciones que sobre esa situación realicen los ciudadanos. En efecto, la norma impone que la inscripción no tenga lugar cuando existan fundadas y objetivas razones para concluir que no se presentan las condiciones para que una persona pueda considerarse en esa condición de debilidad.

En este caso se allegó, además de la constancia de que los actores aparecen en dicho registro, la declaración con fundamento en la cual fueron incluidos, que da cuenta de que los hechos violentos de octubre de 2002 ocurridos en el predio El Limbo determinaron su salida del municipio de Tame ante el riesgo que para su integridad representaba permanecer allí.

Estima la Sala que las normas relativas al desplazamiento forzado, en lo tocante a las víctimas, deben ser aplicadas bajo la presunción de buena fe, por lo que debe otorgarse credibilidad a lo manifestado por quien se declara en dicho estado y ha obtenido dicho reconocimiento de la administración, el que una vez aceptado como cierto por las autoridades se presume verídico, correspondiéndole a estas y no a quien se encuentra en una evidente condición de vulnerabilidad, desvirtuar, si a bien lo tiene, el contenido del correspondiente registro.

Así las cosas, la Sala verifica la existencia del daño alegado en la demanda consistente en la condición de desplazados que padecieron los actores y que se configuró al verse obligados a abandonar su domicilio huyendo de los inminentes riesgos de la presencia de grupos armados ilegales, situación que se tiene por acreditada. Aunque no se pasa por alto la afirmación contenida en el oficio que remitieron a la Procuraduría General de la Nación en octubre de 2002, de acuerdo con la cual los actores debieron abandonar el municipio de Tame un año antes, lo cierto es que las testimoniales recaudadas evidencian que su real desplazamiento ocurrió a raíz del saqueo a la hacienda El Limbo, lo que se confirma con la declaración por virtud de la cual fueron incluidos en el registro único de desplazados y con su inclusión efectiva en dicho registro, que solo ocurrió en forma posterior a los hechos narrados.

A su vez, tal hecho resulta indicativo de la veracidad de la ocurrencia del saqueo a su propiedad que incluyó el hurto de los semovientes, el que se confirma a partir de la demostración de que, en efecto, se dedicaban a la ganadería, eran reconocidos por ello en la zona, declaraban poseer bovinos en sus activos y habían vacunado un número importante de estos en el ciclo inmediatamente anterior.

Así las cosas, la Sala encuentra acreditado el hecho dañino consistente en la incursión armada y saqueo ocurrido en el predio El Limbo el 25 y 26 de octubre de 2002 y el daño derivado de este, correspondiente al consecuencial desplazamiento al que se vieron sometidos los demandantes y al hurto de los semovientes que allí pastaban.

4.2. Imputación.

Estima la Sala que sí es posible que se configure la responsabilidad del Estado en aquellos eventos en que el daño lo ha causado un tercero, casos en los que aquello que permite imputarle responsabilidad es el incumplimiento de sus deberes funcionales, esto es, aunque no exista una conducta activa de la administración, es viable plantear el juicio de imputación jurídica en razón de una omisión. 

Así, en relación con la responsabilidad del Estado por los daños derivados de la ejecución de hechos punibles a cargo de personas al margen de la ley, la jurisprudencia de esta jurisdicción ha señalado que aunque el deber de protección de los asociados a cargo del Estado no constituye una carga absoluta que le imponga prevenir cualquier hecho delictivo, sí está llamado a responder cuando ha incumplido el ejercicio de sus competencias específicas en ese ámbito(5)

En efecto, se ha aceptado que en aquellos casos en que el administrado ha solicitado de manera expresa la adopción de medidas de protección y estas han sido desatendidas, se compromete la responsabilidad del Estado cuando se materializa la amenaza o riesgo puestos de presente por el administrado, con fundamento en el desconocimiento del ámbito obligacional a cargo de la administración, que debe analizarse en cada caso particular con el fin de establecer (i) si le imponía determinada conducta positiva o negativa a la demandada y (ii) si esta omitió ejecutarla.

Bajo ese supuesto, se ha encontrado configurada la responsabilidad de la administración en aquellos eventos en que, pese a que el afectado ha promovido expresas solicitudes de protección, estas han sido retardadas, omitidas o adoptadas en forma insuficiente.  

También se ha aceptado que existen eventos en que los riesgos para determinados sujetos resultan previsibles para las autoridades, aún en ausencia de solicitud expresa del interesado, casos en los que sólo resulta necesario acreditar que por cualquier vía la administración tenía conocimiento de la situación de riesgo, no obstante lo cual se mantuvo indiferente. Así lo ha señalado en previos pronunciamientos la corporación, por ejemplo en relación con el asesinato del alcalde del municipio de Villagarzón - Putumayo(6), del alcalde Granada - Meta(7) y de un diputado del departamento del Meta(8), entre otros múltiples casos. 

Reitera la Sala que la responsabilidad del Estado en este tipo de eventos no surge de manera automática ni a título de una garantía omnímoda de los derechos de los asociados, sino que se configura como un tipo de responsabilidad por omisión frente al incumplimiento de competencias precisas y preexistentes en materia de protección y seguridad, que solo puede predicarse en la medida en que se acredite que el riesgo era conocido y existían posibilidades razonables de impedir su materialización. Tal ha sido la línea trazada al respecto por la corporación, en consonancia con el entendimiento que sobre el particular se ha aceptado en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos(9):

[P]ara la Corte es claro que un Estado no puede ser responsable por cualquier violación de derechos humanos cometida entre particulares dentro de su jurisdicción. En efecto, el carácter erga omnes de las obligaciones convencionales de garantía a cargo de los Estados no implica una responsabilidad ilimitada de los Estados frente a cualquier acto o hecho de particulares, pues sus deberes de adoptar medidas de prevención y protección de los particulares en sus relaciones entre sí se encuentran condicionados al conocimiento de una situación de riesgo real e inmediato para un individuo o grupo de individuos determinado y a las posibilidades razonables de prevenir o evitar ese riesgo. Es decir, aunque un acto, omisión o hecho de un particular tenga como consecuencia jurídica la violación de determinados derechos humanos de otro particular, aquél no es automáticamente atribuible al Estado, pues debe atenderse a las circunstancias particulares del caso y a la concreción de dichas obligaciones de garantía.

En el mismo sentido han sido interpretadas la obligaciones de protección a cargo de la administración por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos(10), de acuerdo con cuya jurisprudencia la responsabilidad del Estado por omisión frente a cualquier hecho de particulares se encuentra condicionada al conocimiento cierto de una situación de riesgo real e inmediato para un individuo o grupo de individuos determinado y a las posibilidades reales o razonables de prevenir o evitar ese riesgo, en consonancia con lo aceptado en el sistema interamericano(11). En armonía con la jurisprudencia supranacional, esta corporación ha dicho recientemente:

No se trata, no obstante, de radicar en el Estado una responsabilidad ilimitada frente a cualquier acto o hecho de los particulares (hecho de un tercero), pues sus deberes de adoptar medidas de prevención y protección de los particulares en sus relaciones entre sí se encuentran condicionados al conocimiento de una situación de riesgo real e inmediato para un individuo o grupo de individuos determinado y a las posibilidades razonables de prevenir o evitar ese riesgo que es achacable directamente al Estado como garante principal(12).

Los pronunciamientos al respecto se han producido en mayor medida en relación con graves violaciones al derecho a la vida del individuo amenazado o en riesgo; sin embargo, es claro que tanto el ordenamiento interno como el sistema interamericano garantizan el derecho a la propiedad privada, al señalar que ninguna persona puede ser despojada de sus bienes, sin el pago de una indemnización, entendidos estos bajo un concepto amplio en el que tienen cabida tanto los muebles como los inmuebles. Ello ha determinado que en el marco del conflicto armado interno de Colombia, la Corte Interamericana se haya pronunciado sobre el desconocimiento de esa garantía en casos de destrucción de viviendas y apoderamiento de ganados(13) por parte de grupos armados.

En este caso los apelantes consideran que el Estado falló en la protección de sus bienes, en especial de sus ganados, pese a que tenía pleno conocimiento de la situación de amenaza a que se encontraban sometidos; frente a lo cual debe señalarse, que tal como lo concluyó el a quo, las evidencias aportadas al plenario no dan cuenta de la existencia solicitudes expresas de protección de los bienes de los actores que hubieran sido promovidas en forma anterior a la fecha en que tuvo lugar el apoderamiento de los ganados y el saqueo del predio El Limbo por parte de integrantes de un grupo armado ilegal. 

No obstante, estima la Sala que según lo demostrado era de público conocimiento la difícil situación de orden público en la zona, de la que dan cuenta las testimoniales recaudadas, situación de violencia que imponía deberes mayores de diligencia estatal en la protección de los derechos de los asociados. Además de las evidencias aportadas a este proceso que dan cuenta de la grave situación de orden público en el municipio de Tame para la época de los acontecimientos, que incluía el hurto a gran escala de semovientes, la existencia de múltiples procesos judiciales en los que se ha acreditado tal situación ante esta corporación también es relevante para la determinación de la existencia de un contexto del conflicto armado que afectó gravemente el derecho a la propiedad privada de los residentes de la zona(14)

Estima en esta oportunidad la Sala que ese grave contexto de violencia era de amplio conocimiento de las autoridades, por lo que era previsible el ataque a las propiedades de los ganaderos de la zona, como el que efectivamente ocurrió en el predio El Limbo, siendo claro que (i) la zona era objeto de ataques a la población y (ii) que los ganaderos constituían uno de los grupos de la sociedad afectados por el accionar directo de la delincuencia.

Para la Sala es relevante el hecho de que el desplazamiento de grandes hatos ganaderos no constituye un asunto menor, ni que pueda manejarse en la clandestinidad, pues cualquier movimiento de dicha naturaleza requiere de una gran logística y maniobras fácilmente visibles para las autoridades. ¿Cómo ocultar a unas autoridades públicas diligentes el movimiento de más de 1.600 bovinos? Sea que hayan sido trasladados en vehículos o por sus propios medios, desplazar tal número de semovientes requería no solo un prolongado tiempo, sino acciones de los delincuentes llamadas a ser advertidas por una autoridad diligente. 

Las particulares características del hecho y su magnitud, que generan el distinguish frente a otros casos resueltos por la Sala en los que se han denegado las pretensiones de algunos ganaderos afectados por acciones similares, permiten a la Sala verificar que la posibilidad de realizar estos ataques tan visibles contra la propiedad de la población civil, sin oposición alguna de las fuerzas del Estado, sí tiene la virtud de constituirse en fundamento de la responsabilidad estatal.  

No se trata de imponer una obligación de resultado a cargo de la administración, sino de reconocer que ante situaciones delictivas generalizadas en un espacio territorial determinado, tan posiblemente evidenciable como el hurto y traslado de grandes hatos ganaderos, no puede simplemente aceptarse, sin más, la imposibilidad estatal para contrarrestar dichos ilícitos, pues si el Estado, que ostenta el monopolio de las armas, no logra garantizar efectivamente la protección de las garantías ciudadanas en un determinado y conocido contexto de violencia, debe estar llamado a responder por las falencias que han permitido tal estado de cosas. 

En efecto, el hecho de que determinada población se encuentre a merced de los actores armados, en forma tal que estos puedan cometer los más visibles delitos, sin temor de la respuesta estatal, corresponde a la consecuencia de un abandono estatal prolongado, que compromete su responsabilidad.

Sin embargo, ante la ausencia de solicitud de protección previa, de acuerdo con lo demostrado en el presente asunto, no era conocida para las autoridades la situación particular de cada uno de los actores y sus bienes, ni existían indicaciones de amenazas específicas en su contra, que exteriorizaran el riesgo inminente sobre determinadas propiedades(15), es claro que la intervención estatal se hizo más difícil.

Así, pese a las difíciles condiciones imperantes en la región, los actores tenían la carga de poner en conocimiento de las autoridades la existencia de un hato ganadero de las proporciones del hurtado y su localización, para que estas pudieran adoptar medidas específicas en aras de su protección y custodia. Así no lo hicieron, de modo que la existencia y ubicación de los ganados no era conocida por las entidades demandadas en el momento mismo de la ocurrencia del punible, lo que sin duda facilitó el accionar delictivo. 

En efecto, aunque en las condiciones del caso particular era previsible un ataque contra los bienes de cualquier integrante de la comunidad, por razón del contexto de violencia imperante en la zona, era imprevisible y desconocida para las autoridades la ubicación de los ganados y, en esas condiciones, se dificultó la ejecución de acciones específicas tendientes a su defensa, al tiempo que antes de los hechos que dieron origen a la demanda, no se verificaban en el caso particular las condiciones que hicieran a los demandantes sujetos de especial protección, en razón de sus particulares condiciones, de modo que pudiera exornárseles del deber de solicitar protección en forma previa. 

Concluir lo contrario, esto es, que existía un deber de cuidado de todos los semovientes de la región en cualquier lugar en que se encontraran, por razón de las especiales circunstancias de violencia que se vivían en la época, conllevaría a entender que el Estado es garante absoluto de los bienes de particulares, situación que no se compadece con los fundamentos de la responsabilidad estatal, que, se itera, solo permiten imputársela frente a actos de terceros, ante la omisión comprobada y verificable de medidas de seguridad frente a actos posibles de prever y precaver. Sin embargo, siendo previsible el ataque, con fundamento en el contexto de la región, sí era exigible a la autoridad el adelantamiento de estrategias y acciones positivas de protección, de las que no da cuenta el expediente hasta antes de la comisión del delito que dio lugar al daño cuyo resarcimiento pretenden los demandantes. 

Igual situación ocurre con la condición de desplazamiento a la que se vieron sometidos los demandantes, por cuanto no dieron oportuna cuenta a las autoridades, antes de que se materializara dicho perjuicio, de las amenazas contra su vida y bienes de modo tal que se pudieran garantizar mediante medidas específicas y concretas, acordes con sus particulares condiciones, empero, dicho desplazamiento estuvo determinado, al menos parcialmente, por la falta de una adecuada presencia estatal, que convirtió al municipio de Tame para aquella época en terreno fértil para el accionar de grupos al margen de la ley. 

En efecto, todas las peticiones de protección y denuncias sobre la situación concreta del grupo familiar actor se materializaron con posterioridad a la ocurrencia del daño, pero no pueden desconocerse las graves condiciones de violencia a las que el prolongado conflicto armado en el país y sus nefastas consecuencias para la población civil, en las que los demandantes se vieron obligados a abandonar su arraigo, en aras de proteger la vida.

En esas circunstancias, las fuerzas del Estado, conocedoras de especiales condiciones de riesgo omitieron las funciones que la Constitución y la ley les imponen, se insiste, al permitir tal estado de cosas en el municipio de Tame; sin embargo, en ello también concurrió la conducta de las víctimas, que no acreditaron haber solicitado antes de su desplazamiento medidas especiales de protección y seguridad personal.

De otro lado, se centró la apelación en sostener que luego de ocurrido el abigeato y el desplazamiento nada hicieron las autoridades en procura de la recuperación de los semovientes y de las condiciones de seguridad para los actores; aunque se acreditó que el Batallón Nº 18 dispuso un plan de operaciones en contra de la insurgencia, al tiempo que también está probado que se realizaron operativos en contra de la subversión en los meses de octubre y noviembre de 2002, no hay evidencia de que su magnitud fuera la necesaria para contrarrestar la evidente y numerosa presencia de actores armados ilegales, pues lo informado no da cuenta de los recursos humanos y militares utilizados, limitándose la información a que un pelotón, del que se desconoce su número, realizaría patrullajes ofensivos en la zona.

Finalmente, según se acreditó, a partir del año 2005 el grupo familiar demandante pudo recuperar su actividad ganadera en Tame, lo que indica su regreso al municipio, tal como se aprecia del material probatorio, según el cual, en 2005 existía un número significativo de semovientes que fueron vacunados por la familia Llanes en predios ubicados en Tame. Específicamente se probó que en la hacienda El Limbo ya pastaban para el año 2006 más de 1500 semovientes de propiedad de los hermanos Jesús Manuel y Ramón Llanes (ver numeral 3.17).

Lo anterior se acompasa con lo afirmado por los peritos, de acuerdo con lo cual en su visita al predio encontraron allí semovientes y actividad ganadera, así como pastos con capacidad para sostener 1750 animales e instalaciones necesarias para dicho proceso productivo.

De ello se infiere que sí existió un mejoramiento en las condiciones de seguridad de la zona, al punto que le permitió a los demandantes regresar a su predio y al ejercicio de actividades económicas en la región, lo que desvirtúa el argumento de que la inoperancia estatal fue patente aún luego de puestos en conocimientos los hechos.

Sin duda, no es un asunto menor el conflicto armado interno que azota al país, por lo que debe ponderarse dicha gravedad al analizar la acciones y resultados de la fuerza pública en la lucha contra ese flagelo, con el fin de no caer en la imposición de cargas de imposible cumplimiento a cargo de las autoridades, sin desconocer, por supuesto, los derechos de las víctimas del conflicto armado.

Lo cierto es que en este caso particular se acreditó que la familia demandante logró recuperar el inmueble El Limbo y su actividad productiva, lo que no constituye un asunto menor de cara a las difíciles condiciones de orden público que aún hoy se imponen en el país, por lo que no es posible desconocer el accionar estatal que ha permitido esa posibilidad, de modo tal que el argumento de la apelación correspondiente a la inacción estatal posterior al hecho también está desvirtuada.

En conclusión:

(i) Las pruebas del proceso dan cuenta de los daños sufridos por el grupo familiar actor.

(ii) El municipio de Tame, para el año 2002, en el que ocurrieron los hechos, afrontaba una difícil situación de orden público que incluía la presencia de actores armados ilegales y la comisión por parte de estos de delitos contra la vida y propiedad de los residentes. La presencia de personas al margen de la ley era generalizada e impune su actuar, pues pese a cometer delitos de la máxima visibilidad, como el traslado de gran número de semovientes hurtados por los diferentes sectores del municipio, estos no eran advertidos ni impedidos por las autoridades. 

(iii) Los demandantes nunca solicitaron protección previa y no informaron la existencia y localización de sus hatos ganaderos, ni la inminencia de su desplazamiento. 

(iv) Para el año 2005, los demandantes recuperaron el dominio de sus predios y retomaron su actividad ganadera en Tame. 

De acuerdo a lo expuesto se avizora que si bien se presentaron fallas en el servicio de seguridad a cargo de la administración, también lo es que estas estuvieron determinadas, en parte importante, por la falta de solicitudes de protección previas. Finalmente, se probó que la administración sí realizó actuaciones tendientes a retomar el control de la zona, que finalmente permitieron a las víctimas regresar a sus tierras y a sus actividades productivas. Bajo ese panorama, la Sala estima que se comprometió la responsabilidad de la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, por lo cual hay lugar a revocar la decisión impugnada para, en su lugar, acceder parcialmente a lo pretendido por los demandantes.

Nótese que hay evidencia suficiente de la existencia de un contexto de violencia en la zona, en la que se habían presentado distintos ataques y hurtos contra la población civil por parte de grupos insurgentes cuyo combate y control correspondía a las fuerzas militares en aras de la preservación del régimen constitucional(16) y, de contera, de la defensa de los ciudadanos frente a la grave situación de orden público que debieron afrontar producto del conflicto armado interno. Sin embargo, su participación en la generación del daño es apenas parcial, pues operó la ausencia de denuncia y solicitudes previas de protección como un eximente parcial de responsabilidad. En esas condiciones, que la Nación, a través del Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, está llamada a responder solamente en proporción equivalente al 30% de los daños padecidos por los demandantes. 

Resta señalar que ninguna evidencia se aportó respecto de la eventual responsabilidad de las demás demandadas.

5. Indemnización de perjuicios.

5.1. Perjuicios materiales.

Se solicitó en la demanda la reparación de los daños materiales padecidos por los actores, correspondientes (i) al daño emergente correspondiente al valor de los ganados hurtados y (ii) al lucro cesante derivado de la imposibilidad de comercializar esos bienes, actividad a la que se dedicaban los afectados.

Respecto de lo primero, esto es, de la pérdida de los ganados, la Sala encuentra certeza probatoria de su ocurrencia, pero no así de su cuantía, por no aparecer efectivamente acreditado el número de semovientes de propiedad de cada actor que efectivamente fueron hurtados (sobre ello solo se conoce la afirmación realizada en la demanda y en la denuncia), su raza, edad, peso, características, propósito, elementos que permitan establecer el monto real de perjuicio que padecieron los demandantes. Por ello, en aplicación de lo previsto en el artículo 172 del Código Contencioso Administrativo, se proferirá condena en abstracto, para que el valor de la indemnización se determine en incidente que deberán promover los interesados dentro de los 60 días siguientes a la ejecutoria de la sentencia.

Al decidir el incidente se deberán tener en cuenta los siguientes parámetros:

(i) Se indemnizará a cada actor el valor de los ganados de los que acredite era propietario antes de los hechos y que están incluidos dentro de los hurtados del predio El Limbo el 25 y 26 de octubre de 2002.

(ii) Cada demandante deberá acreditar, con libertad de medios, la propiedad previa de los ganados que afirma le fueron hurtados, su raza, edad, sexo, propósito, peso y demás características, así como el hecho de que en su patrimonio se encontraban ese tipo de bienes. Se tendrán como pruebas en el incidente, entre otras, las declaraciones de renta de todos los demandantes y sus anexos, de los años 2000 y 2001, que hayan sido presentadas oportunamente, para verificar la cuantía de sus patrimonios y la parte de ellos que estaba representada en ganados. De igual manera se tendrán en cuenta todas las demás declaraciones tributarias de las que se disponga(17), con el fin de que lo reconocido por tal concepto no exceda de las sumas declaradas por cada accionante beneficiario de condena por concepto de ganados en el año inmediatamente anterior al de los hechos.

(iii) Pericialmente deberá establecerse el valor de cada semoviente, atendiendo las demostradas características y su propósito, teniendo en cuenta sus posibilidades de producción de leche o carne cuando sea el caso. También se tendrá en cuenta el índice de mortalidad de los bovinos en la zona y época.

(iv) De los valores que se obtengan se deducirá el 70% que corresponde al porcentaje por el cual fue exonerada de responsabilidad la Nación, con ocasión de la culpa de las víctimas derivada de la ausencia de solicitud de medidas de protección estatal.

(v) En ausencia de prueba alguna aportada al plenario sobre el lucro cesante reclamado, esto es, sobre las utilidades que la actividad ganadera generaba a los actores, este se determinará aplicando el interés legal civil al valor que se obtenga como daño emergente, liquidado por un término de seis meses(18). De las sumas obtenidas se reconocerá el 30% a favor de los demandantes.

5.2. Perjuicios morales.

Para la Sala es evidente que debe indemnizárseles el daño moral padecido a quienes probaron haber sido desplazados, en razón de la evidente situación de vulnerabilidad y desarraigo al que la necesidad de abandonar su lugar habitual de residencia les determinó(19).

En efecto, el desplazamiento genera a quien lo sufre una pérdida de sus condiciones de vida, de sus costumbres, su identidad, su entorno social, familiar y laboral, situación de extrema gravedad que ha de determinar, sin duda, una afectación emocional compatible con la definición de daño moral que la jurisprudencia de esta jurisdicción ha estructurado y que deviene en la afectación de diversas garantías fundamentales constitucionalmente amparadas.

Así lo ha señalado la corporación al indicar que(20):

[C]onstituye un hecho notorio que el desplazamiento forzado produce daño moral a quienes lo padecen. No es necesario acreditar el dolor, la angustia y la desolación que sufren quienes se ven obligados a emigrar del sitio que han elegido como residencia o asiento de su actividad económica, abandonando todo cuanto poseen, como única alternativa para salvar sus vidas, conservar su integridad física o su libertad, sufriendo todo tipo de carencias y sin la certeza del retorno, pero sí de ver aún más menguada su precaria condición económica, social y cultural. Quienes se desplazan forzadamente experimentan, sin ninguna duda, un gran sufrimiento, por la vulneración múltiple, masiva y continua de los derechos fundamentales, como lo ha señalado reiteradamente la Corte Constitucional”.

Bajo esas condiciones, aunque no se aportó alguna evidencia de esa afectación moral de los actores, la Sala estima justo y equitativo reconocerles una indemnización por tal concepto, a quienes probaron dicha afectación, señores Fanny Silvia, Jesús Manuel, María del Rosario, Marlén y Ramón Cecilio Llanes Granados; Silvia Granados de Llanes; Alix Adriana y Jesús Enrique Llanes Arenas; Alix Nolaida Arenas de Llanes y Myriam Daza de Llanes.

Aunque no es posible cuantificar en dinero dicha afectación, deberán ser indemnizados con una cifra que a título simbólico represente una compensación de dicho padecimiento. Para ello se tendrá en cuenta que en casos similares se ha tasado en cuantía equivalente a cien (100) salarios mínimos para cada afectado(21), bajo el entendido de que dicha grave situación causa daños en el más alto nivel a quien los padece, por lo que se encuentra justo y equitativo reconocer el máximo que en condiciones generales se reconoce por tal concepto. Lo anterior aunque se haya recuperado luego el arraigo, pues, en todo caso, se padeció tal situación lesiva durante prolongado tiempo, lo que justifica la indemnización correspondiente. De esa suma, que sería la procedente para indemnizar los daños, se deducirá el 70%, por lo que se reconocerán treinta (30) salarios mínimos legales mensuales a cada uno de los afectados con el desplazamiento.

En cuanto a la pretensión de indemnización del denominado “daño a la vida de relación”, es preciso destacar que, en principio, la corporación acogió ese concepto para indemnizar aquellos eventos en que el daño generaba un cambio o variación en las condiciones particulares de desenvolvimiento personal o en sociedad de la víctima, en los siguientes términos(22):

En efecto, el perjuicio aludido no consiste en la lesión en sí misma, sino en las consecuencias que, en razón de ella, se producen en la vida de relación de quien la sufre. Debe advertirse, adicionalmente, que el perjuicio al que se viene haciendo referencia no alude, exclusivamente, a la imposibilidad de gozar de los placeres de la vida, como parece desprenderse de la expresión préjudice d´agrement (perjuicio de agrado), utilizada por la doctrina civilista francesa. No todas las actividades que, como consecuencia del daño causado, se hacen difíciles o imposibles, tendrían que ser calificadas de placenteras. Puede tratarse de simples actividades rutinarias, que ya no pueden realizarse, o requieren de un esfuerzo excesivo.

Este perjuicio extrapatrimonial puede ser sufrido por la víctima directa del daño o por otras personas cercanas a ella, por razones de parentesco o amistad, entre otras. Así, en muchos casos, parecerá indudable la afectación que —además del perjuicio patrimonial y moral— puedan sufrir la esposa y los hijos de una persona, en su vida de relación, cuando ésta muere. Así sucederá, por ejemplo, cuando aquéllos pierden la oportunidad de continuar gozando de la protección, el apoyo o las enseñanzas ofrecidas por su padre y compañero, o cuando su cercanía a éste les facilitaba, dadas sus especiales condiciones profesionales o de otra índole, el acceso a ciertos círculos sociales y el establecimiento de determinadas relaciones provechosas, que, en su ausencia, resultan imposibles.

Sin embargo, en forma más reciente, en pronunciamiento de unificación la sección tercera, luego de abordar el estudio del origen de las diversas denominaciones de la tipología del perjuicio inmaterial, se inclinó por establecer que además del daño moral generado cuando se afecta el normal desenvolvimiento de una persona, también puede configurarse un daño a la salud que es independiente de la afectación anímica de la víctima, que también amerita ser indemnizado para efectos de la reparación integral del daño.

Se consideró que la tipificación de perjuicios que atendía a la diversificación de los perjuicios en razón a sus consecuencias en la esfera personal de la víctima generaba en ocasiones inequidad en la tasación de las indemnizaciones, razón por la cual se decidió delimitar el perjuicio inmaterial en las categorías de: moral, daño a la salud y a aquellas que una vez verificado cada caso particular no aparezcan comprendidas dentro de dichas clasificaciones. Se señaló(23):

Ahora bien, el hecho de sistematizar el daño a la salud (integridad corporal, psicológica, sexual, estética), mientras se deja abierta la estructura de los demás bienes o derechos jurídicos, garantiza un esquema coherente con los lineamientos conceptuales, teóricos y prácticos del resarcimiento del daño, como quiera que no se presta para generar una tipología paralela al daño a la salud que produzca los mismos efectos perjudiciales que acarrearon las nociones abiertas e indefinidas del daño a la vida de relación y de alteración a las condiciones de existencia.

En consecuencia, el daño moral satisface la indemnización de la órbita interna y aflictiva del ser humano; el daño a la salud garantiza un resarcimiento más o menos equitativo y objetivo en relación con los efectos que produce un daño que afecta la integridad psicofísica de la persona; y, por último, será oportuno que se analice la posibilidad por parte de esta corporación —siempre que los supuestos de cada caso lo permitan— de que se reparen los demás bienes, derechos o intereses jurídicos de la víctima directa o de los perjudicados que logren acreditar efectivamente que padecieron ese daño autónomo e independiente, sin que quede cobijado por la tipología antes delimitada (v.gr. el derecho al buen nombre). La aplicación de esta tipología del daño garantiza la reparación estática y dinámica del perjuicio, esto es los efectos internos y externos, subjetivos y objetivos, individuales y colectivos que la lesión antijurídica o injusta desencadena en el sujeto y las personas que constituyen su entorno.

En efecto, en el presente caso los daños que se enuncian como “a la vida de relación”, aparecen inmersos dentro de la denominación genérica de daño moral, como quiera que tienden al resarcimiento del dolor o afectación por la pérdida del arraigo familiar y la modificación de sus condiciones de vida, que sin duda generan un padecimiento interno a las víctimas, pero que están comprendidos dentro de la segunda de las referidas tipologías del perjuicio.

De tal manera, no resulta viable reconocer por separado una indemnización por la afectación a las condiciones de vida familiar, pues es evidente que la misma conlleva a un dolor moral cuya indemnización está inmersa dentro de esa caracterización del perjuicio inmaterial, frente al que ya se dispuso su indemnización en atención a los parámetros establecidos por la jurisprudencia, por el desplazamiento al que se vieron sometidos los afectados. Es preciso advertir que en este caso particular las pruebas allegadas no dan cuenta de un perjuicio diferente que deba ser indemnizado y, en esas condiciones, acceder a la pretensión conduciría a indemnizar doblemente el mismo daño. En consecuencia, se negará la indemnización de perjuicios solicitada bajo el título de daño a la vida de relación.

5. Costas.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiera actuado temerariamente y, como en este caso ninguna de aquellas actuó de esa forma, no se condenará en costas.

III. Decisión

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo contencioso administrativo, sección tercera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVOCAR la Sentencia del 13 de diciembre del 2007, por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Arauca negó las pretensiones de la demanda. En su lugar se dispone:

1. DECLARAR administrativa y extracontractualmente responsable a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, del hurto de semovientes y desplazamiento forzado ocurrido en el mes de octubre de 2002 en el predio El Limbo del municipio de Tame.

2. DECLARAR que la culpa de las víctimas concurrió en un 70% como concausa en la ocurrencia de los referidos hechos.

3. CONDENAR en abstracto a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, a indemnizar a los demandantes los daños materiales, lucro cesante y daño emergente, cuyo valor se determinará en incidente que se tramitará y decidirá conforme a los parámetros establecidos en la parte motiva de la presente sentencia.

4. CONDENAR en abstracto a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, a indemnizar los daños morales padecidos por los señores Fanny Silvia Llanes Granados, Jesús Manuel Llanes Granados, María del Rosario Llanes Granados, Marlén Llanes Granados, Ramón Cecilio Llanes Granados, Silvia Granados de Llanes, Alix Adriana Llanes Arenas, Jesús Enrique Llanes Arenas, Alix Nolaida Arenas de Llanes y Myriam Daza de Llanes, con ocasión del desplazamiento forzado al que se vieron sometidos, en el equivalente a treinta (30) salarios mínimos para cada uno.

5. DENEGAR las demás pretensiones de la demanda.

6. Esta sentencia se cumplirá en los términos de los artículos 176, 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo.

7. Sin condena en costas.

8. Una vez ejecutoriada la presente sentencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Stella Conto Díaz Del Castillo—Ramiro Pazos Guerrero—Danilo Rojas Betancourth. 

(1) Como indemnización por perjuicios morales solicitaron en la demanda el pago de 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, para cada uno de los demandantes.

(2) Folio de matrícula inmobiliaria de la Superintendencia de Notario y Registro, nº 410-9568, círculo de registro Arauca, predio rural - “El Limbo” (fl. 194, c. 1).

(3) [P]REGUNTADO: sabe usted el motivo de esta declaración. CONTESTÓ: por el robo de ganado de que fue víctima la familia Llanes. PREGUNTADO: podría usted hacer una breve explicación de cómo ha sido la situación de orden público del municipio de Tame, y en general del departamento de Arauca en el tiempo transcurrido del 2002 y el 2004. CONTESTÓ: grave porque se ha presentado mucho robo de ganado, han matado gente, se ha desplazado gente, atropello, extorsiones (…).

(4) Desplazado, según el artículo 1º de la Ley 387 de 1997, es “toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional abandonando su localidad de residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas, con ocasión de cualquiera de las siguientes situaciones: Conflicto armado interno, disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones masivas de los derechos humanos, infracciones al derecho internacional humanitario u otras circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar o alteren drásticamente el orden público”.

(5) Consejo de Estado, sección tercera, subsección B. Sentencia de 26 de junio de 2014, Exp. 26029. M.P. Danilo Rojas Betancourth.

(6) Consejo de Estado, sección tercera, subsección B. Sentencia de 31 de julio de 2014, Exp. 31039. M.P. Danilo Rojas Betancourth.

(7) Consejo de Estado, sección tercera. Sentencia de 11 de febrero de 2009, Exp. 23067, M.P. Enrique Gil Botero.

(8) Consejo de Estado, sección tercera, subsección B. Sentencia de 8 de febrero de 2012, Exp. 22373. M.P. Danilo Rojas Betancourth.

(9) Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso de la masacre de Pueblo Bello vs. Colombia, Sentencia de 31 de enero de 2006, párrafo 123.

(10) Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Caso Osman vs. Reino Unido, demanda nº 87/1997/871/1083, Sentencia de 28 de octubre de 1998, párr. 115 y 116; Caso Kiliç vs. Turquía, demanda nº 22492/93, Sentencia de 28 de marzo de 2000, párr. 62 y 63; Caso Öneryildiz vs. Turquía, demanda nº 48939/99, Sentencia de 30 de noviembre de 2004, párr. 93.

(11) Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso de la Masacre de Pueblo Bello vs. Colombia, Sentencia de 31 de enero de 2006, serie C nº 140, párr. 123-124; Caso Castillo González y otros vs. Venezuela, Sentencia de 27 de noviembre de 2012, serie C nº 256, párr. 128-129; Caso Valle Jaramillo y otros vs. Colombia, Sentencia de 27 de noviembre de 2008, serie C nº 192, párr. 78.

(12) Consejo de Estado, sección tercera, Sentencia de 31 de mayo de 2013, Exp. 30522, C.P. (E) Danilo Rojas Betancourth; Sentencia de 25 de mayo de 2011, Exp. 18747, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

(13) Ver entre otras: Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso de las Masacres de Ituango vs. Colombia. Excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 1º de julio de 2006 Serie C nº 148, párr. 183.

(14) La Sala se ha pronunciado sobre otros casos de acciones violentas que incluyeron hurto de ganados ocurridas en el municipio de Tame para la misma época. Ver: Consejo de Estado, sección tercera, subsección B, Sentencia de 20 de octubre de 2015, Exp. 35185, M.P. Ramiro Pazos Guerrero. Consejo de Estado, sección tercera, subsección B, Sentencia de 15 de octubre de 2015, Exp. 35194, M.P. Ramiro Pazos Guerrero.

(15) Por su parte, la zona de rehabilitación a la que aluden los recurrentes, no comprendía al municipio de Tame en el que ocurrieron los hechos, por lo que no resulta relevante lo así dispuesto para la decisión de este particular asunto. Decreto 2929 de 2002, artículo 2: “Delimítase como zona de rehabilitación y consolidación el área geográfica que incorpora los municipios de Arauca, Arauquita y Saravena, ubicados en el departamento de Arauca”.

(16) Constitución Política de Colombia. “Artículo 217. La Nación tendrá para su defensa unas Fuerzas Militares permanentes constituidas por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.
Las Fuerzas Militares tendrán como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional”.

(17) Para efectos de dar aplicación al artículo 10 de la Ley 58 de 1982 de acuerdo con el cual: “ART. 10.—Para la tasación de los perjuicios en acciones indemnizatorias contra el Estado deberá examinarse la concordancia entre los daños alegados y la declaración de renta de las personas vinculadas a la controversia”.

(18) Conforme a la jurisprudencia de la corporación, en el afectado recae una carga de recomponer la actividad económica que desarrollaba y por ende, se ha estimado que el término de seis meses constituye un lapso prudencial para su recuperación. Ver: Consejo de Estado, sección tercera, Sentencia de 6 de diciembre de 2013, Exp. 27.966, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo. Ver además: Consejo de Estado, sección tercera, subsección B, Sentencia de 3 de septiembre de 2015, Exp. 35.834, M.P. Stella Conto Díaz Del Castillo.

(19) Se insiste en que esa condición de desplazamiento quedó acreditada conforme a la inscripción en el registro único de desplazados, evidencia que no fue desvirtuada ni controvertida dentro del proceso.

(20) Consejo de Estado, sección tercera, Sentencia de 26 de enero de 2006, Rad. 25000232600020010021301 (AG), M.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(21) Consejo de Estado, sección tercera, Sentencia de 20 de octubre de 2015, Exp. 35197, M.P. Ramiro Pazos Guerrero.

(22) Consejo de Estado, sección tercera. Sentencia de 19 de julio de 2000, Exp. 11842.

(23) Consejo de Estado, sección tercera. Sentencia de 14 de septiembre de 2011, Exp. 19031.