Sentencia 2004-00208 de febrero 19 de 2015

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente:

Dr. Luis Rafael Vergara Quintero

Rad.: 08001-23-31-000-2004-00208-01(2906-13)

Actor: Omaira Santana Páez

Demandado: Unidad Administrativa Centro de Salud de Santa Lucía

Apelación sentencia

Autoridades nacionales

Bogotá, D.C., diecinueve de febrero de dos mil quince.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Se trata de establecer la legalidad del Decreto 85 de junio 29 de 1999 “por medio del cual se suprimen unos cargos de la planta de personal de la Unidad Administrativa Centro de Salud Santa Lucía” expedido por el Alcalde Municipal de Santa Lucía, en cuanto a raíz de la supresión de cargos a que allí se alude y su incorporación en la nueva planta de personal, fue disminuido el salario de la demandante.

La Constitución Política establece los principios mínimos fundamentales de carácter laboral que se deben respetar a los trabajadores y entre ellos, consagra el derecho al pago de la remuneración salarial que está directamente relacionado con la satisfacción del derecho fundamental de las personas a la subsistencia(2).

Así, el salario constituye el medio que emplea el trabajador a fin de satisfacer sus necesidades básicas y proveer su subsistencia y no puede ser desmejorado, so pena de violar derechos como el mínimo vital del trabajador.

El mismo legislador prevé, dentro de los objetivos y criterios para fijar los salarios y prestaciones sociales de los empleados públicos, la imposibilidad de desmejorar el salario, así como el respeto por los derechos adquiridos, tal como quedó contemplado en el literal a) del artículo 2º(3) de la Ley 4ª de 1992, de modo que desmejorar el salario del trabajador redunda en la violación de sus mínimos derechos de carácter laboral.

Así mismo, debe advertirse que el artículo 158 del Decreto 1572 de 1998 “por el cual se reglamenta la Ley 443 de 1998 y el Decreto-Ley 1567 de 1998” consagra que para las modificaciones de las plantas de personal se debe entender por empleos equivalentes, aquellos que pertenezcan al mismo nivel jerárquico, tengan igual asignación salarial, funciones iguales o similares y para su desempeño se exijan iguales o similares requisitos de experiencia y estudios, de modo que ante la ausencia de alguno de tales requisitos, se debe entender que el cargo a que alude la nueva planta no es equivalente.

A efecto de analizar el caso concreto de la demandante, se debe decir que de conformidad con las pruebas obrantes en el expediente, se puede establecer que fue inscrita en el escalafón de carrera administrativa, en el cargo de promotor de salud, mediante Resolución 76 de enero 14 de 1992(4).

A través del oficio de julio 13 de 1999(5) se le comunicó que el empleo de promotora de salud de la planta de personal del Centro de Salud de Santa Lucía fue suprimido y se creó el cargo de promotora de salud código 541, con una asignación de $301.797 en el cual fue reubicada.

En efecto, en el artículo 1º del Decreto 85 de junio 29 de 1999(6) se suprimieron 5 cargos de promotor en salud código 541 y en el artículo 2º del mismo, se crearon 3 cargos de “promotoras de salud” código 541, con una asignación mensual de $301.797.

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 25 de febrero 25 de 1999(7), mediante el cual se corrigió el Decreto 24 de 1999 según el cual se estableció la nueva planta de personal de la Unidad Administrativa Centro de Salud de Santa Lucía, se señaló el salario devengado por todos los cargos que integran la planta de personal, entre ellos el de promotora de salud código 541, al que se le fijó una asignación salarial de $402.396.

Con el ánimo de establecer la disminución en el salario que recibía la demandante cuando se desempeñaba como promotora de salud en la antigua planta de personal y que le fue asignado en virtud del decreto acusado, solicitó como prueba una inspección judicial en la entidad demandada a fin de establecer tiempo de servicio, cargo desempeñado, constancia de posesión en el cargo y último salario devengado con los aumentos y primas causadas a su favor, la cual se llevaría a cabo, en el evento de que la entidad no allegara los documentos soporte de tal información, tal como se decretó en el auto de pruebas(8).

La entidad demandada no dio respuesta a los reiterados oficios(9) que se enviaron en aras de obtener la información anterior; no obstante, el a quo no practicó la inspección judicial que ante tal incumplimiento debió realizar, tal como lo había decretado en el auto de pruebas, en lugar de negar las peticiones de la demanda por falta de pruebas, pues las mismas sí fueron solicitadas por la parte interesada y decretadas por el despacho de conocimiento.

Sin embargo, las pruebas allegadas con la demanda permiten establecer que, en efecto, a la demandante se le disminuyó el salario, a partir de la expedición del Decreto 85 de junio 29 de 1999.

Si bien es cierto no obra en el expediente una certificación que particularmente dé cuenta de la situación específica de la demandante al interior de la entidad demandada, también lo es que con las pruebas previamente relacionadas se puede concluir que la demandante laboraba en la planta de personal de la Unidad Administrativa Centro de Salud Santa Lucía en el cargo de Promotora de Salud y que tal cargo fue suprimido para, en su lugar, crear un cargo con idéntica denominación, pero con una asignación salarial inferior, fijada en $301.797, empleo en que fue reubicada en virtud de tal decreto, por ser titular de derechos de carrera administrativa(10).

También está probado que los 5 cargos de Promotor de Salud código 541 que hacían parte de la planta de personal de la Unidad Administrativa de Salud de Santa Lucía a 25 de febrero de 1999(11) tenían determinada una asignación salarial de $402.396, tal como se desprende del Decreto 25 de febrero 25 de 1999, es decir, que ese era el salario que devengaba antes de producirse la supresión del cargo y consecuente reubicación en el empleo de la nueva planta.

De la misma documental se puede concluir que el salario asignado para todos los cargos que tenían la denominación “promotor de salud” es idéntico, pues tanto en la antigua como en la nueva planta de personal se determinó el mismo salario para ese empleo, a pesar de que en la nueva planta de personal se disminuyó la asignación.

Ahora bien, con fundamento en el mismo Decreto 25 de febrero 25 de 1999 y en el artículo 1º del Decreto 85 de 1999, se puede establecer que en la antigua planta de personal había 5 cargos de promotor en salud y con el último decreto solo se crearon 3 cargos con esa denominación, en la nueva planta de personal.

Con fundamento en lo anterior, debe entenderse que como la demandante se desempeñaba en el cargo de promotora de salud de la antigua planta de personal de la Unidad Administrativa de Salud Santa Lucía y a ese empleo se le había asignado como salario la suma de $402.396, en virtud del Decreto 25 de febrero 25 de 1999, esa era la remuneración que la demandante devengaba como contraprestación de sus servicios, antes de producirse la supresión del cargo y posterior reubicación.

Además, como según la comunicación de julio 13 de 1999, a partir de la supresión de cargos a que alude el Decreto 85 de junio 29 de 1999, fue reubicada en el cargo de Promotora de Salud código 541 y a éste se le determinó una asignación mensual de $301.797, forzoso es concluir que a partir de tal reubicación en la nueva planta de personal se le desmejoraron sus condiciones salariales.

La Sala considera que mal podía el ente demandado ubicar a la demandante en un cargo con la misma denominación en la nueva planta de personal, pero con un salario inferior, so pretexto de respetar sus derechos de carrera administrativa, pues ello viola el derecho adquirido a percibir el salario en la cuantía en que lo venía recibiendo y viola su derecho al mínimo vital en cuanto disminuye en forma ostensible el monto que mensualmente recibe como retribución por su trabajo, a fin de satisfacer sus necesidades básicas.

Las razones anteriores son suficientes para revocar la sentencia de primera instancia y, en su lugar, acceder a las súplicas de la demanda, declarando la nulidad parcial del acto demandado, en cuanto determinó para el cargo de promotora en salud que desempeñaba la demandante, una asignación salarial inferior a la que venía percibiendo en la antigua planta de personal.

Como consecuencia de lo anterior, se dispondrá la nivelación salarial de la demandante, de modo que a partir de la vinculación o reubicación laboral que sufrió en virtud de lo dispuesto en el Decreto 85 de junio 29 de 1999 se le respete el salario que percibía antes de la incorporación allí dispuesta y los aumentos anuales a que hubiera lugar se calculen con fundamento en esa base salarial.

Ahora bien, como en el expediente no obra prueba de la fecha hasta la cual permaneció tal vinculación, pero sí se afirmó en la demanda y no fue controvertido por la entidad que la demandante continuó en el ejercicio del cargo, a pesar de la disminución salarial que sufrió, se ordenará que la nivelación salarial se reconozca desde el momento de la reubicación laboral en virtud del decreto cuya nulidad parcial se declara y los posteriores ajustes salariales anuales se calculen sobre esa base; que se paguen las diferencias que surjan entre lo reconocido por concepto del salario inferior y el que legalmente correspondía, pero todo ello, limitado en el tiempo hasta cuando la demandante hubiera permanecido en el ejercicio de ese cargo y desde el 6 de febrero de 2001, por prescripción trienal, teniendo en cuenta que entre la fecha de expedición del acto acusado y aquella en que se radicó la demanda transcurrieron más de 3 años.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVÓCASE la sentencia de quince (15) de febrero de dos mil trece (2013) proferida por la Subsección de Descongestión del Tribunal Administrativo del Atlántico, dentro del proceso promovido por Omaira Santana Páez contra el municipio de Santa Lucía (Atlántico), de conformidad con lo manifestado en la parte considerativa de esta providencia. En su lugar se dispone:

1. Declárase la nulidad parcial del Decreto 85 de junio 29 de 1999, proferido por el alcalde del municipio de Santa Lucía Atlántico, en cuanto desmejoró salarialmente a la demandante.

2. CONDÉNASE al municipio de Santa Lucía (Atlántico), a título de restablecimiento del derecho, al reconocimiento a favor de Omaira Santana Páez, de la nivelación salarial a partir de la asignación salarial mensual que percibió en virtud de la reubicación de que fue objeto a partir del Decreto 85 de junio 29 de 1999, de modo que la asignación para ese año continúe siendo la misma que venía devengando con anterioridad al precitado decreto y que los posteriores incrementos anuales que haya sufrido o sufra tal asignación, se realicen sobre esa base salarial.

El pago que deberá realizarse como consecuencia de la nivelación así ordenada, comprenderá el valor de las diferencias que surjan entre lo que se pagó por concepto de salario y lo que debió pagarse si se hubiera mantenido la asignación salarial en los términos previamente descritos, pero la efectividad en el pago de tal diferencia, se reconocerá y pagará desde el 6 de febrero de 2001, por prescripción trienal y hasta cuando la demandante hubiere permanecido en el cargo de promotora de salud código 541 en la entidad demandada, todo de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva.

3. Las sumas que resulten de la condena previamente señalada, serán actualizadas, en la forma y términos establecidos en el artículo 178 del Código Contencioso Administrativo y se dará cumplimiento a la sentencia en los términos del artículo 176 ibídem.

Devuélvase el expediente al tribunal de origen Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(2) Sentencia T-266 de 2000.

(3) “ART. 2º—Para la fijación del régimen salarial y prestacional de los servidores enumerados en el artículo anterior, el Gobierno Nacional tendrá en cuenta los siguientes objetivos y criterios:

a. El respeto a los derechos adquiridos de los servidores del Estado tanto del régimen general, como de los regímenes especiales. En ningún caso podrán desmejorar sus salarios y prestaciones sociales;”.

(4) Folio 12.

(5) Folio 11.

(6) Folios 7 a 10.

(7) Folio 17.

(8) Folios 49 y 50.

(9) Folios 51, 55, 56, 60 y 64.

(10) Conclusión a que se puede llegar con fundamento en la documental visible a folio 11.

(11) Mismo año en que se produjo la supresión de empleos y reubicación de la demandante en la nueva planta de personal.