Sentencia 2004-00225 de noviembre 18 de 2010 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Expediente 2004-00225

Consejero Ponente:

Dr. Marco Antonio Velilla Moreno

Actora: Claudia Jeanette Bautista Chavarriaga

Bogotá, D.C., dieciocho de noviembre de dos mil diez.

La señora Claudia Jeanette Bautista Chavarriaga, en ejercicio de la acción de nulidad, presentó demanda ante esta corporación tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de la Circular Externa 132 de 3 de abril de 2002, expedida por la Superintendencia Nacional de Salud.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones de la Sala

Antes de abordar el examen de las cuestiones sustantivas que se plantean en este proceso, es preciso señalar respecto de la excepción de “inexistencia de causal alguna de nulidad que afecte la validez del acto administrativo demandado”, propuesta por la Superintendencia Nacional de Salud, que esta es propia de la causa petendi, es decir, no constituye una excepción propiamente dicha, pues no tiende a impedir, modificar o extinguir las pretensiones de la actora, por lo que habrá de resolverse con el fondo de la controversia.

Las cuestiones sustantivas objeto de controversia radican en analizar si la prohibición efectuada en la Circular Externa 132 de 3 de abril de 2002, relativa a que las Empresas Promotoras de Salud, EPS, no pueden celebrar acuerdos con los empleadores tendientes a que estos últimos asuman el pago de la cuota moderadora, por ser violatoria del artículo 13 de la Constitución Política en cuanto no aplica a los copagos; además, si existe violación de los artículos 1630 del Código Civil, norma que permite el pago de deudas por un tercero, 467 y 481 del Código Sustantivo del Trabajo, mediante los cuales hay la posibilidad de celebrar convenios entre patronos y trabajadores.

La circular que se endilga, es del siguiente tenor:

“CIRCULAR EXTERNA 132 DE 2002

(Abril 3)

Diario Oficial 44.764, 10 de abril de 2002

Para: Representantes legales, juntas directivas, consejos de administración y revisores fiscales de entidades promotoras de salud que administran el régimen contributivo.

De: Superintendente Nacional de Salud.

Asunto: Aplicación del Acuerdo 30 de 1996 del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud.

Este despacho se permite precisar algunos conceptos sobre la aplicación del Acuerdo 30 del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud respecto al cobro de cuotas moderadoras y copagos.

En efecto, es claro el artículo 5º del precitado Acuerdo 30 de 1996 en señalar los principios que rigen los conceptos de cuotas moderadoras y de copagos, es decir, equidad, información al usuario, aplicación general y no simultaneidad. En relación con el principio de aplicación general, señala el texto: “Las entidades promotoras de salud, aplicarán sí(sic) discriminación alguna a todos los usuarios tanto los copagos como las cuotas moderadoras, que previamente hayan establecido, de conformidad con lo dispuesto en el presente acuerdo”. (resaltado fuera del texto)

Por lo anterior, las entidades promotoras de salud no podrán realizar las siguientes prácticas que se consideran como no autorizadas en relación con las cuotas moderadoras:

1. Realizar convenios a través de los cuales las entidades promotoras de salud asuman total o parcialmente las cuotas moderadoras en forma directa o a través de sus entidades vinculadas.

2. Cobrar la cuota moderadora como instrumento para promover o mantener la afiliación, salvo en los casos individuales, debidamente comprobados en los que su cobro se constituye en barrera de acceso.

3. Realizar prácticas discriminatorias mediante las cuales se excluyan ciertos grupos o empresas del cobro de la cuota moderadora como práctica comercial.

4. Promover prácticas para devolver la cuota moderadora, por ser este instrumento que regula la utilización del servicio de salud y estimula su buen uso.

5. Realizar convenios mediante los cuales el empleador asume el pago de la cuota moderadora en razón a que se desnaturaliza su finalidad y se distorsiona la operación del sistema. Esta prohibición no excluye los acuerdos que existan entre el empleador y el trabajador para el reembolso de lo pagado por este concepto como beneficio extralegal(1).

6. Cobrar la cuota moderadora en términos y condiciones diferentes a la publicada conforme las autorizaciones legales.

Las entidades promotoras de salud no podrán realizar las siguientes prácticas que se consideran como no autorizadas en relación con los copagos:

1. Excluir a ciertos grupos o empresas del cobro como práctica comercial, sin aplicar un criterio de igualdad frente a la totalidad de los afiliados.

2. Promover prácticas para devolverlo, por ser este instrumento elemento de cofinanciación del sistema.

3. Cobrarlo en términos y condiciones diferentes a lo publicado conforme las autorizaciones legales y cuya forma efectiva de aplicación no se proyecte en términos plenos de igualdad frente a todos los afiliados conforme los criterios del Acuerdo 30 del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud.

Las entidades que a la fecha se encuentren desconociendo lo previsto en esta circular deberán de ajustarse de inmediato a las normas que regulan el régimen de cuotas moderadoras y copagos, sin perjuicio de las acciones de inspección, vigilancia y control que ejerza la Superintendencia Nacional de Salud.

La junta directiva o consejo de administración y los revisores fiscales de las entidades promotoras de salud velarán plenamente por el cumplimiento de lo previsto en esta circular.

La publicación a que se refiere el parágrafo primero del artículo 12 del Acuerdo 30 de 1996 debe realizarse dentro del primer trimestre calendario de la vigencia a la cual corresponde el plan general de cuotas moderadoras y copagos aplicables a sus afiliados, o cualquier modificación a este.

El incumplimiento a lo aquí señalado dará lugar a la imposición de las sanciones respectivas por parte de este ente de control conforme al Decreto 1259 de 1994 y la Resolución 1320 de 1996.

La presente circular rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial.

Cordialmente,

La Superintendente Nacional de Salud, (...)”.

Primer cargo:

Afirma la actora que el artículo 13 de la Constitución Política, fue vulnerado por la Circular Externa 132 de 1996 (fecha correcta es 3 de abril de 2002), ya que transgrede el principio de igualdad entre las cuotas moderadoras y los copagos.

El artículo 13 de la Constitución Política, dispone:

“Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.

El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan”.

El artículo 153 de la Ley 100 de 1993, establece:

“Además de los principios generales consagrados en la Constitución Política, son reglas del servicio público de salud, rectoras del sistema general de seguridad social en salud las siguientes:

1. Equidad. El sistema general de seguridad social en salud proveerá gradualmente servicios de salud de igual calidad a todos los habitantes en Colombia, independientemente de su capacidad de pago. Para evitar la discriminación por capacidad de pago o riesgo, el sistema ofrecerá financiamiento especial para aquella población más pobre y vulnerable, así como mecanismos para evitar la selección adversa.

2. Obligatoriedad. La afiliación al sistema general de seguridad social en salud es obligatoria para todos los habitantes en Colombia. En consecuencia, corresponde a todo empleador la afiliación de sus trabajadores a este sistema y del Estado facilitar la afiliación a quienes carezcan de vínculo con algún empleador o capacidad de pago.

3. Protección integral. El sistema general de seguridad social en salud brindará atención en salud integral a la población en sus fases de educación, información y fomento de la salud y la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, en cantidad, oportunidad, calidad y eficiencia de conformidad con lo previsto en el artículo 162 respecto del plan obligatorio de salud.

4. Libre escogencia. El sistema general de seguridad social en salud permitirá la participación de diferentes entidades que ofrezcan la administración y la prestación de los servicios de salud, bajo las regulaciones y vigilancia del Estado y asegurará a los usuarios libertad en la escogencia entre las entidades promotoras de salud y las instituciones prestadores de servicios de salud, cuando ello sea posible según las condiciones de oferta de servicios. Quienes atenten contra este mandato se harán acogedores a las sanciones previstas en el artículo 230 de esta ley.

5. Autonomía de las instituciones. Las instituciones prestadoras de servicios de salud tendrán, a partir del tamaño y complejidad que reglamente el gobierno, personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, salvo los casos previstos en la presente ley.

6. Descentralización administrativa. La organización del sistema general de seguridad social en salud será descentralizada y de ella harán parte las direcciones seccionales, distritales y locales de salud. Las instituciones públicas del orden nacional que participen del sistema adoptarán una estructura organizacional, de gestión y de decisiones técnicas, administrativas y financieras que fortalezca su operación descentralizada.

7. Participación social. El sistema general de seguridad social en salud estimulará la participación de los usuarios en la organización y control de las instituciones del sistema general de seguridad social en salud y del sistema en su conjunto. El Gobierno Nacional establecerá los mecanismos de vigilancia de las comunidades sobre las entidades que conforman el sistema. Será obligatoria la participación de los representantes de las comunidades de usuarios en las juntas directivas de las entidades de carácter público.

8. Concertación. El sistema propiciará la concertación de los diversos agentes en todos los niveles y empleará como mecanismo formal para ello a los consejos nacional, departamentales, distritales y municipales de seguridad social en salud.

9. Calidad. El sistema establecerá mecanismos de control a los servicios para garantizar a los usuarios calidad en la atención oportuna, personalizada, humanizada, integral, continua y de acuerdo con estándares aceptados en procedimientos y práctica profesional. De acuerdo con la reglamentación que expida el gobierno, las instituciones prestadoras deberán estar acreditadas ante las entidades de vigilancia”.

A su vez el artículo 160 de la misma ley, prevé:

Deberes de los afiliados y beneficiarios. Son deberes de los afiliados y beneficiarios del sistema general de seguridad social en salud los siguientes:

1. Procurar el cuidado integral de su salud y la de su comunidad.

2. Afiliarse con su familia al sistema general de seguridad social en salud.

3. Facilitar el pago, y pagar cuando le corresponda, las cotizaciones ypagos obligatorios a que haya lugar.

4. Suministrar información veraz, clara y completa sobre su estado de salud y los ingresos base de cotización.

5. Vigilar el cumplimiento de las obligaciones contraídas por los empleadores a las que se refiere la presente ley.

6. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones de las instituciones y profesionales que le prestan atención en salud.

7. Cuidar y hacer uso racional de los recursos, las instalaciones, la dotación, así como de los servicios y prestaciones sociales y laborales.

8. Tratar con dignidad el personal humano que lo atiende y respetar la intimidad de los demás pacientes” (negrillas ajenas al texto).

Además, el artículo 187 ídem, señala:

“De los pagos moderadores. Artículo declarado condicionalmente exequible por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-542 de 1998. Los afiliados y beneficiarios del sistema general de seguridad social en salud estarán sujetos a pagos compartidos, cuotas moderadoras y deducibles. Para los afiliados cotizantes, estos pagos se aplicarán con el exclusivo objetivo de racionalizar el uso de servicios del sistema. En el caso de los demás beneficiarios, los pagos mencionados se aplicarán también para complementar la financiación del plan obligatorio de salud.

En ningún caso los pagos moderadores podrán convertirse en barreras de acceso para los más pobres. Para evitar la generación de restricciones al acceso por parte de la población más pobre, tales pagos para los diferentes servicios serán definidos de acuerdo con la estratificación socioeconómica, según la reglamentación que adopte el Gobierno Nacional, previo concepto del consejo nacional de seguridad social en salud.

Los recaudos por estos conceptos serán recursos de las entidades promotoras de salud, aunque el consejo nacional de seguridad social en salud podrá destinar parte de ellos a la subcuenta de promoción de salud del fondo de solidaridad y garantía.

PAR.—Las normas sobre procedimientos de recaudo, definición del nivel socioeconómico de los usuarios y los servicios a los que serán aplicables, entre otros, serán definidos por el Gobierno Nacional, previa aprobación del consejo nacional de seguridad social en salud” (resaltado extra texto).

Al respecto, para la Sala es claro que no existe violación del principio de igualdad consagrado en el artículo 13 de la Constitución Política(2), por cuanto la cuota moderadora, según el Acuerdo 30 de 1996, “...tiene por objeto regular la utilización del servicio de salud y estimular su buen uso, promoviendo en los afiliados la inscripción en los programas de atención integral desarrollados por las EPS”, mientras que los copagos, de conformidad con el mismo acuerdo, son “...los aportes en dinero que corresponden a una parte del valor del servicio demandado y tienen como finalidad ayudar a financiar el sistema”, donde las primeras son aplicables a los afiliados cotizantes y a sus beneficiarios, y los copagos, únicamente a los beneficiarios. En otras palabras, como bien lo plantea el señor procurador primero delegado ante esta corporación, la cuota moderadora obedece a un concepto cuya naturaleza jurídica es diferente a la del copago(3).

Además, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 187 de la Ley 100 de 1993, los afiliados cotizantes y los beneficiarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud, están sometidos a pagos compartidos, cuotas moderadoras y deducibles, en el que a los primeros de los citados, los pagos se aplicarán con el exclusivo objetivo de racionalizar el uso de los servicios del sistema, en cambio, para los segundos, los pagos mencionados se aplicarán además, para complementar la financiación del Plan Obligatorio de Salud, POS.

Igualmente, los artículos 153 y 160 de la citada ley, establecen, respectivamente, los principios reguladores del sistema y los deberes de los afiliados y beneficiarios, que dada la naturaleza especial de la Ley 100 de 1993, aplican exclusivamente para todos aquellos vinculados al sistema y es de obligatorio cumplimiento para los mismos.

Así las cosas, al establecerse que la naturaleza de la cuota moderadora es técnica y jurídicamente diferente a la de los copagos, y que la Ley 100 de 1993 es de carácter especial, el principio de igualdad no fue vulnerado por la administración y, por lo tanto, este cargo no tiene vocación de prosperar.

Segundo cargo:

Que la Circular Externa 132 de 2002 violó el artículo 1630 del Código Civil, ya que no es lógico impedir que las cuotas moderadoras puedan ser pagadas por un tercero, llámese empleador o cualquier tercero.

El artículo 1630 del Código Civil, señala:

“Pago por terceros. Puede pagar por el deudor cualquier persona a nombre de él, aún sin, su conocimiento o contra su voluntad, y aun a pesar del acreedor.

Pero si la obligación es de hacer, y si para la obra de que se trata se ha tomado en consideración la aptitud o talento del deudor, no podrá ejecutarse la obra por otra persona contra la voluntad del acreedor”.

Referente a la violación del artículo 1630 del Código Civil, la Sala advierte que el sistema general de seguridad social en salud es uno solo y de naturaleza especial, el cual aplica tanto para trabajadores dependientes como independientes, así como también la cuota moderadora está regulada por la Ley 100 de 1993 y demás normas concordantes.

Por otra parte, la Sala destaca que las disposiciones del Código Civil, en particular su artículo 1630, no son aplicables, pues en realidad no tienen nada que ver con el Sistema General de Seguridad Social en Salud, por el hecho de estar regulado por normas de carácter especial, las cuales son de obligatorio cumplimiento para todos aquellos que hacen parte de dicho sistema.

En consecuencia, este cargo no tiene vocación de prosperar.

Tercer cargo:

Considera que los artículos 467 y 481 del Código Sustantivo del Trabajo fueron infringidos, ya que el primero de ellos permite celebrar convenios o pactos colectivos. El citado código y las normas que lo han modificado, no han impuesto restricciones frente a temas como el pago por persona distinta del deudor.

El artículo 467 del Código Sustantivo del Trabajo, prevé:

“Definición. Convención colectiva de trabajo es la que se celebra entre uno o varios patronos o asociaciones patronales, por una parte, y uno o varios sindicatos o federaciones sindicales de trabajadores, por la otra, para fijar las condiciones que regirán los contratos de trabajo durante su vigencia”.

El artículo 481 del mismo código, subrogado por la Ley 50 de 1990, artículo 69, señala:

“Celebración y efectos. Los pactos entre patronos y trabajadores no sindicalizados se rigen por las disposiciones establecidas en los títulos II y III, capítulo I, parte segunda del Código Sustantivo del Trabajo, pero solamente son aplicables a quienes los hayan suscrito o adhieran posteriormente a ellos”.

En lo atinente a este cargo, caben perfectamente las consideraciones anotadas en el punto anterior.

Adicionalmente, es preciso comentar, que el hecho de que la Circular 132 de 2002 haya prohibido realizar convenios mediante los cuales el empleador asuma el pago de la cuota moderadora, encuentra su fundamento en Ley 100 de 1993, normativa especial que establece el deber de que el afiliado cotizante y sus beneficiarios asuman la obligación de pagar la cuota moderadora(4).

En conclusión este cargo tampoco tiene visos de prosperar, ya que, se reitera, no tiene nada que ver con el sistema general de seguridad social en salud que “es especial y de obligatorio cumplimiento para quienes hacen parte de él”, tal como bien lo concibe el procurador primero delegado para esta corporación.

Cuarto cargo:

Sostiene que hay decaimiento del acto administrativo, ya que el texto del Acuerdo 260 de 2004 deja sin efectos y deroga las disposiciones que le sean contrarias, en especial el Acuerdo 30 de 1996 y, por ende, la Circular Externa 132 de 2002.

Se equivoca la actora al argumentar el decaimiento del acto administrativo impugnado, pues si bien es cierto el Acuerdo 30 de 1996 y la Circular Externa 132 de 1996, perdieron su fuerza ejecutoria por haber sido derogadas por otras disposiciones, no lo es menos que pudieron haber producido efectos jurídicos mientras estuvieron vigentes, por consiguiente, quedan sujetas al control de legalidad de esta corporación.

En este sentido se ha pronunciado reiteradamente esta corporación, para lo cual se trae a colación la sentencia de 13 de septiembre de 2007.

“Pese a que la Resolución 2500 de 2002 (feb. 22) fue derogada por el artículo 3º de la Resolución 3000 de 2003, que a su vez fue derogada por el artículo 4º de la Resolución 2004 de 2004, siguiendo su reiterada jurisprudencia la Sala se pronunciará de fondo, en atención a los posibles efectos que pudo producir durante su vigencia. La Sala reitera el criterio jurisprudencial consignado en sentencia de 23 de febrero de 1996 que prohijó la tesis sobre la sustracción de materia expuesta por la Sala Plena en sentencia de 14 de enero de 1991 (C.P. Gustavo Arrieta Padilla, Exp. S-157). Se sostuvo entonces: “Si bien esta corporación tradicionalmente aplicó la teoría de la sustracción de materia como fundamento del correspondiente fallo inhibitorio que de ella se derivaba, esa posición jurisprudencial fue modificada en forma radical por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en el sentido de que se impone fallo de mérito a pesar de que los actos demandados hayan sido derogados al momento de dictar sentencia, pues la derogatoria no restablece per se el orden jurídico vulnerado, sino que apenas acaba con la vigencia, ya que un acto administrativo aún derogado, continua amparado por la presunción de legalidad que lo protege, la que solo se pierde ante el pronunciamiento de nulidad del juez competente...”(5).

De manera que este cargo tampoco tiene vocación de prosperar.

Finalmente, la Sala considera que no es oportuna la intervención del señor José Rubén Perdomo Cardozo, en este proceso, ya que la presentación personal de su memorial la hizo el 29 de febrero de 2008, es decir, con posterioridad al 15 de noviembre de 2007, fecha en que venció el término para alegar.

En consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda, como en efecto lo dispondrá en la parte resolutiva de esta sentencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

Notifíquese y cúmplase

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala el día 18 de noviembre de 2010».

(1) El numeral 5 destacado en negrilla es el aparte demandado.

(2) Sobre el principio de igualdad la Corte Constitucional ha dicho: El derecho a la igualdad frente a la ley, impone al legislador otorgar el mismo tratamiento a todas las personas que están en el mismo supuesto de hecho que él pretende regular. Por lo tanto, para establecer si una disposición legal concreta es discriminatoria, el primer presupuesto lógico que el juez constitucional debe verificar es que tal disposición realmente otorgue un trato diferente a personas colocadas en la misma situación de hecho. Si ello efectivamente ocurre, entonces debe examinar si ese tratamiento desigual persigue alguna finalidad constitucionalmente importante que lo justifique, comprobado lo cual debe establecerse si la limitación al derecho a la igualdad era adecuada para alcanzar tal finalidad (Sent. C-448/97, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz). Sentencia de 29 de abril de 2010. Rad. 2005-00210. C.P. (E): María Claudia Rojas Lasso. Actor: José Neudín Suárez Medina.

(3) “(...) el artículo 187 de la Ley 100 de 1993 contempla la figura de los “copagos” y las “cuotas moderadoras”, que constituyen medios complementarios de financiamiento del POS, cuyo recaudo corresponde a las EPS. De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 30 de 1996, expedido por el consejo nacional de seguridad social en salud, el “Copago”, es el aporte de dinero que hace el usuario al utilizar los servicios salud y que equivale a una parte de su valor total definido en las tarifas para el sector público, con cuyo pago se busca contribuir a la financiación del sistema de seguridad social en salud. La “cuota moderadora”, es el aporte en dinero que hace el usuario al momento de utilizar el servicio y que representa una parte de su valor total definido en las tarifas para el servicio público y cuya finalidad es la de regular la utilización y estimular el buen servicio, promover en el paciente el seguimiento de sus actividades, intervenciones y procedimientos descritos en la guía de atención que lo conduzcan a mantenerse en condiciones saludables, a recuperar efectivamente su salud y a disminuir o minimizar sus consecuencias. Con tales ingresos se pretende garantizar la estabilidad financiera del Sistema y dar cumplimiento a los principios de universalidad y eficacia en la prestación del servicio de salud, sujetándose siempre a la capacidad socioeconómica de los afiliados y beneficiarios. Con arreglo a los principios de universalidad y progresividad y teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos y las necesidades determinadas por la comisión nacional de seguridad social en salud, el POS puede ser ampliado de manera paulatina para abarcar un mayor número de servicios y suministros, hasta alcanzar un máximo nivel de cobertura (...)”. Sentencia de 18 de junio de 2009. Radicación 2004-00139. C.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. Actor: Giovanni Salgado Rubiano.

(4) El Régimen Contributivo se encuentra integrado por un conjunto de normas que rigen la vinculación al sistema general de seguridad social en salud, de todas aquellas personas que se encuentren vinculadas laboralmente a través de un contrato de trabajo o de una relación legal y reglamentaria, así como también de quienes ostentan la condición de pensionados y jubilados, a quienes se suman los trabajadores independientes con capacidad de pago y las familias de todos los anteriores, mediando en cada caso el pago de una cotización obligatoria, individual y familiar, o un aporte económico previo, que es asumido en su totalidad por el afiliado o en concurrencia con su empleador (L. 100/93, arts. 157 y 202). La prestación del servicio propiamente dicha, se encuentra a cargo de las Entidades Promotoras de Salud EPS, por delegación del Estado. (...) Según lo dispone el artículo 204 de la Ley 100 de 1993, la cotización obligatoria aplicable a quienes se encuentran afiliados al régimen contributivo, será máximo del 12% del salario base de cotización el cual en ningún caso podrá ser inferior al salario mínimo. Dos terceras partes de la cotización deben ser asumidas por el empleador y una tercera parte restante por el propio trabajador, a menos de que ostente la condición de trabajador independiente, pues en dicho evento le corresponde asumir el pago total de la cotización...". Sentencia de 18 de junio de 2009. Radicación 2004-00139. C.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. Actor: Giovanni Salgado Rubiano.

(5) Sentencia de 13 de septiembre de 2007. Radicación: 2002-00254, C.P. Camilo Arciniegas Andrade. Actor: Carlos Arturo Orjuela Góngora. Sentencia de 18 de febrero de 2010. Radicación 2004-00006. C.P. María Claudia Rojas Lasso. Actor: Jorge Ernesto Salamanca Cortés.