Sentencia 2004-00228 mayo 14 de 2009 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Expediente 11001324000200400228 01

Magistrada Ponente:

Dra. Martha Sofía Sanz Tobón

Acción: nulidad

Actor: Max de Jesús Rangel Fuentes y la Asociación Nacional de Pilotos Prácticos (Anpra)

Bogotá, D.C., catorce de mayo del dos mil nueve.

EXTRACTOS: «III Consideraciones de la Sala

La Sala estudiará conjuntamente los cargos primero, segundo, sexto y séptimo, los cuales se esgrimen contra los artículos 1º, numerales 5º y 9º, 6º y 13 del Decreto 1466 de 2004 “Por el cual se reglamenta la Ley 658 de 14 de junio de 2001”, que disponen:

“ART. 1º—Definiciones. Para efectos del presente decreto, se establecen las siguientes definiciones:

“1. (...).

“5. Examen de inglés. Es la prueba que se efectúa al aspirante a piloto práctico, y al piloto práctico calificado, sobre dominio del idioma inglés y sobre su conocimiento y comprensión del vocabulario y frases normalizadas de la Organización Marítima Internacional, OMI, la cual debe ser realizada por un centro o instituto especializado y reconocido por la autoridad marítima nacional.

“9. Piloto práctico no formal. Es el piloto práctico particular con conocimientos y práctica en navegación y maniobras de practicaje, el cual solo puede desempeñarse en las zonas especiales de practicaje determinadas por la autoridad marítima”.

“ART. 6º—Examen de inglés. Todos los pilotos prácticos con licencia vigente, exceptuando los pilotos prácticos particulares no formales, deben presentar cada dos años un examen sobre dominio del idioma inglés y su conocimiento y comprensión del vocabulario y frases normalizadas de la Organización Marítima Internacional, OMI, el cual debe ser realizado por un centro o instituto especializado y reconocido por la autoridad marítima nacional.

“PAR. 1º—Para la presentación por primera vez del examen que trata el presente artículo, los pilotos prácticos con licencia vigente, tendrán un plazo de dos años contados desde la expedición del presente decreto, debiendo obtener un puntaje del 80%.

“PAR. 2º—Para la presentación de este primer examen de inglés, los pilotos prácticos tendrán tres (3) oportunidades, debiendo alcanzar en la última prueba el porcentaje del 80%.

“ART. 13.—Examen de inglés. El aspirante a piloto práctico de segunda categoría será evaluado en su dominio del idioma y en el conocimiento del vocabulario y frases normalizadas de la Organización Marítima Internacional, OMI, para las comunicaciones marítimas, realizado por un centro o instituto especializado y reconocido por la autoridad marítima nacional, en el cual debe obtener una calificación igual o superior al 80%”.

Para determinar la posible violación del artículo 24 de la Ley 658 de 2001, por parte del artículo 1º, numeral 5º del Decreto 1466 del 2004, es necesario remitirse a las definiciones y a las categorías contempladas en los artículos 11 y 12 de la ley en cita.

“ART. 11.—Clases de pilotos. Existen dos clases de pilotos:

“1. Piloto práctico oficial. Es el oficial de la Armada Nacional en servicio activo del cuerpo ejecutivo de las especialidades de superficie o submarinos en el grado mínimo de teniente de navío, con licencia de piloto práctico expedida por la autoridad marítima nacional, quien podrá prestar el servicio público de practicaje marítimo exclusivamente en los casos previstos en el artículo 31 de la presente ley.

“2. Piloto práctico particular. Es el oficial de la Armada Nacional en uso de retiro del cuerpo ejecutivo de las especialidades de superficie o submarinos, o el oficial de puente de altura categoría A o su equivalente, o el particular con conocimientos y práctica en navegación y maniobras de practicaje, licenciado por la autoridad marítima nacional”.

Por su parte, el artículo 12 establece como categorías las siguientes: piloto práctico de segunda, piloto práctico de primera y piloto práctico maestro, categorías que entiende la Sala pertenecen tanto a la clase de piloto práctico oficial como a la clase de piloto práctico particular.

A su turno, el artículo 24 ibídem exige a los aspirantes a piloto práctico de segunda categoría, sean oficiales navales en retiro, oficiales de la Armada Nacional del cuerpo ejecutivo en las especialidades de superficie o submarinos en servicio activo u oficiales mercantes, allegar certificado expedido por la Escuela Naval Almirante Padilla o por una institución debidamente reconocida ante la autoridad competente, en el cual conste la idoneidad en el idioma inglés técnico marítimo.

El artículo 1º, numeral 5º del Decreto 1466 del 2004, que se acusa, señala que el examen de inglés es la prueba que se efectúa al aspirante a piloto práctico y al piloto práctico calificado sobre dominio del idioma inglés y sobre su conocimiento y comprensión del vocabulario y frases normalizadas de la Organización Marítima Internacional, OMI, la cual debe ser realizada por un instituto especializado, reconocido por la autoridad marítima nacional.

Contra dicho precepto, la parte actora aduce que introdujo la figura del piloto práctico calificado, ajena, a su juicio, a la norma reglamentada, Ley 658 de 2001, que establece solo dos clases de pilotos: práctico oficial y práctico particular y tres clases de categorías de pilotos prácticos: de segunda, de primera y maestro; además, que impone a todos los pilotos prácticos la obligación de presentar un examen de inglés, el que solamente, de conformidad con la ley, es obligatorio para los aspirantes a piloto práctico de segunda categoría, para los oficiales de la Armada Nacional del cuerpo ejecutivo en las especialidades de superficie o submarinos en servicio activo y para los oficiales mercantes (L. 658/2001, art. 24) y no así para los pilotos prácticos de segunda a primera categoría, ni para los pilotos prácticos de primera categoría a maestro y mucho menos para los pilotos prácticos maestros.

Confrontadas la norma objeto de reglamentación y la reglamentaria, encuentra la Sala que cuando esta última habla de aspirante a piloto práctico debe entenderse referida al aspirante a piloto práctico de segunda categoría, trátese bien sea de un oficial de navío en retiro, de un oficial de la Armada Nacional del cuerpo ejecutivo en las especialidades de superficie o submarino en servicio activo o de un oficial mercante, a los cuales se refiere el artículo 24, numeral 1º de la Ley 658 y respecto de quienes se exige el certificado expedido por la Escuela Naval Almirante Padilla o una institución debidamente acreditada ante la autoridad marítima nacional en el cual conste la idoneidad en el idioma inglés técnico marítimo.

En cuanto a la expresión de piloto práctico calificado, la Sala considera que la misma hace referencia a los pilotos prácticos oficiales y particulares, es decir, a quienes ya tienen licencia como tal y que si bien es cierto que cuando el artículo 24 numeral 2º de la ley de practicaje señala los requisitos para cambio de categoría, es decir, de segunda a primera y de primera a maestro no se refiere al examen de inglés, también lo es que la norma acusada bien podía señalar tal exigencia si, como se verá más adelante, el conocimiento del idioma inglés es indispensable para el ejercicio de la actividad de practicaje, además de que la prueba en cuestión no se lleva a cabo para efectos de cambiar de categoría, sino como una evaluación que permite cada dos años verificar qué tan actualizados están los pilotos en el manejo del citado idioma.

En cuanto a que lo que exige el mencionado artículo 24 es la idoneidad en el idioma inglés técnico marítimo y no así el dominio del idioma inglés, considera la Sala que el uso de uno u otro vocablo, esto es, dominio o idoneidad no afecta la legalidad de la norma, si se tiene en cuenta que el primero es definido por el Diccionario de la Real Academia Española como “7. Buen conocimiento de una ciencia, arte, idioma, etc.”, y el segundo como “Adecuado y apropiado para algo”; además, cuando la norma reglamentaria se refiere al examen de inglés, también habla del conocimiento y comprensión del vocabulario y frases normalizadas de la Organización Marítima Internacional, es decir, que comprende también la idoneidad o el dominio del inglés técnico al cual se refiere la norma reglamentada.

De otra parte, el artículo 17 de la Ley 658 del 2001 señala dentro de los procedimientos complementarios del piloto práctico el siguiente: “3. Dar las órdenes de manera fuerte y clara en idioma castellano o inglés según sea el caso y exigir la repetición de estas, por la persona encargada de ejecutarlas”, procedimiento que no podrían cumplir los pilotos prácticos de no tener el dominio del idioma inglés.

Ahora bien, comoquiera que el artículo 13 acusado exige el examen de inglés al aspirante a piloto práctico de segunda categoría, al igual que también se lo exige, como ya se vio, el artículo 1º, numeral 5º, la Sala, para despachar desfavorablemente el séptimo cargo reitera que tal exigencia está expresamente consagrada en el artículo 24 de la Ley 658 de 2001 y que el hecho de que se hable del dominio del idioma inglés y del conocimiento del vocabulario y frases normalizadas de la Organización Marítima Internacional, OMI, para las comunicaciones marítimas no puede considerarse como exceso de la potestad reglamentaria, dado que tanto dominio como idoneidad significan, para el caso en estudio, que dicho aspirante a piloto debe poseer suficientes conocimientos del idioma inglés y del vocabulario técnico que le hagan posible desempeñarse como tal.

Además, no debe pasarse por alto que el aspirante a piloto, de conformidad con el artículo 2º, numeral 9º de la Ley 658 “Es la persona natural que cumpliendo con el lleno de los requisitos establecidos en la presente ley es autorizada por la autoridad marítima nacional para efectuar entrenamiento de practicaje para la jurisdicción de una capitanía de puerto”, lo anterior con el fin de obtener la licencia como piloto práctico, el cual es definido por el mismo artículo 2º, numeral 25 de la ley en cita como “... la persona experta en el conocimiento de las condiciones metereológicas, oceanográficas e hidrográficas de la jurisdicción de una capitanía de puerto marítima o fluvial específica, de la reglamentación internacional para prevenir abordajes, de las ayudas a la navegación circundantes y capacitada para atender las consultas de los capitanes de los buques, atender el entrenamiento de los aspirantes a piloto práctico y de los pilotos prácticos por cambio de categoría y/o de jurisdicción, el cual debe estar acreditado con licencia que expide la autoridad marítima nacional”.

En el sexto cargo se ataca el artículo 6º del Decreto 1466 del 2004, el cual exige a todos los pilotos prácticos con licencia vigente, con excepción de los pilotos prácticos no formales, presentar cada dos años un examen sobre dominio del idioma inglés y su conocimiento y comprensión del vocabulario y frases normalizadas de la Organización Marítima Internacional.

El piloto práctico no formal, al cual la norma analizada exceptúa de presentar el examen de inglés, fue definido por el artículo 1º numeral 9º del Decreto 1466 del 2004, que también se acusa, como “... el piloto práctico particular con conocimientos y práctica en navegación y maniobras de practicaje, el cual solo puede desempeñarse en las zonas especiales de practicaje determinadas por la autoridad marítima”.

De conformidad con la anterior definición, para la Sala es claro que el piloto práctico no formal es el mismo piloto práctico particular al que se refiere el artículo 11, numeral 2º de la Ley 658 del 2001, esto es, el oficial de la Armada Nacional en uso de retiro del cuerpo ejecutivo de las especialidades de superficie o submarinos o el particular con conocimientos y práctica en navegación y maniobras de practicaje, licenciado por la autoridad marítima nacional.

En consecuencia, como la exigencia de presentar cada dos años un examen de inglés la predica el artículo 6º únicamente respecto de los pilotos prácticos oficiales, es decir, con exclusión de los pilotos prácticos particulares, a juicio de la Sala tal exclusión constituye una discriminación inaceptable, máxime si se tiene en cuenta que los pilotos prácticos particulares son los llamados, por regla general, como se verá más adelante, a entrenar a los aspirantes a piloto práctico, lo cual se traduce en que el requisito en cuestión, esto es, el dominio del idioma inglés y el conocimiento del vocabulario de la Organización Marítima Internacional es plenamente justificable para todos los pilotos prácticos, sean oficiales o particulares, si se tiene en cuenta que el practicaje es una actividad marítima, concretamente, el ejercicio de la actividad del piloto práctico (L. 658/2001, art. 2º, nums. 4º y 26) y que las actividades marítimas las define el artículo 1429 del Código de Comercio así: “Se consideran actividades marítimas todas aquellas que se efectúen en el mar territorial, zona adyacentes, suelo y subsuelo pertenecientes a la plataforma continental, y en las costas y puertos de la República, relacionadas con la navegación de altura, de cabotaje, de pesca y científica, con buques nacionales y extranjeros, o con la investigación y extracción de los recursos del mar y de la plataforma”, lo cual significa que en dicha actividad de practicaje los pilotos prácticos tienen que interactuar con buques extranjeros que en un momento dado pueden requerir ayuda de aquellos o brindársela, lo cual no sería posible de no dominar los mismos el idioma inglés y el vocabulario técnico correspondiente a su actividad, lo que podría acarrear consecuencias fatales tanto para la vida de los tripulantes como para las embarcaciones, su carga, las instalaciones portuarias y el medio marino, cuya seguridad y protección deben garantizar los pilotos prácticos, al tenor del artículo 15, numeral 1º de la Ley 658 del 2001:

“ART. 15.—Obligaciones del piloto práctico. Los pilotos prácticos debidamente licenciados por la autoridad marítima nacional, cumplirán las siguientes obligaciones:

“1. Desarrollar la actividad marítima de practicaje en la jurisdicción específica de una capitanía de puerto que le autorice la autoridad marítima nacional, observando que se garantice la seguridad de la vida humana en el mar, la seguridad de las embarcaciones, de su carga y de las instalaciones portuarias, así como la protección del medio marino”.

En consecuencia, la Sala declarará la nulidad de la expresión “exceptuando los pilotos prácticos particulares no formales”.

Ahora bien, a juicio de esta corporación, el hecho de que en la norma acusada no se hayan fijado las fechas en que se presentará el primer examen de inglés no contraría disposición alguna, como tampoco el hecho de que de las tres oportunidades que se les ofrece para presentarlo eh la última tengan que obtener un puntaje del 80% pues, como ya se dijo, si se trata del dominio del idioma inglés y del conocimiento del idioma técnico correspondiente, es apenas lógico que obtengan tal puntaje.

De otra parte, la Sala considera que la circunstancia de que el examen de inglés deba ser realizado por un instituto especializado y reconocido por la autoridad marítima nacional no permite inferir, como lo dice la parte actora, que el propósito es cancelar el mayor número de licencias de pilotos prácticos para que la Dimar pueda utilizar sus propios pilotos prácticos oficiales, pues no es lógico que a la Dimar le interese cancelar las licencias de los pilotos prácticos particulares, dado que estos deben estar adscritos a una empresa de practicaje, a las que el artículo 49, numeral 3º de la Ley 658 del 2001 les impone la obligación de efectuar el entrenamiento, entre otros, de los aspirantes a piloto práctico oficiales y de los pilotos prácticos por cambio de categoría y/o de jurisdicción.

Por último, en el cargo en estudio la parte demandante considera que se violó el artículo 1º de la Ley 658 del 2001 que preceptúa que “La presente ley tiene por objeto establecer los procedimientos para controlar, vigilar y autorizar la actividad marítima y fluvial de practicaje en aguas marítimas y fluviales de jurisdicción de la autoridad marítima nacional” pues, a su juicio, en tal normativa no se estableció el dominio del idioma inglés, cargo que se desestima bajo los argumentos anteriormente expuestos, entre otros, el de que su artículo 17 señala como uno de los procedimientos complementarios del piloto práctico el de “Dar las órdenes de manera fuerte y clara en idioma castellano o inglés, según sea el caso y exigir la repetición de estas, por la persona encargada de ejecutarlas”, disposición que evidencia que efectivamente se requiere el idioma inglés para, de ser necesario, dar órdenes en dicho idioma, al igual que para escuchar su repetición y estar seguro de que efectivamente se entendieron.

En el segundo cargo se aduce que el artículo 1º, numeral 9º del Decreto 1466 del 2004 creó la figura del piloto práctico no formal, lo cual desconoce el principio a la igualdad, en cuanto a este no se le exige certificado de aptitud, ni pruebas psicofísicas, ni pruebas o exámenes de inglés para acceder a la licencia y a que se dejó al arbitrio de la Dimar la facultad de determinar las zonas especiales de practicaje, las cuales ya están comprendidas en la Resolución 825 de 1994.

Como se dejó establecido en el cargo precedente, el artículo 1º, numeral 9º del Decreto 1466 del 2004 no creó la figura del piloto práctico no formal, pues este es el mismo piloto práctico particular que define el artículo 11, numeral 2º de la Ley 658 y si bien es cierto, como ya se vio, que a este se le excluyó de la prueba de inglés, también lo es que dicha exclusión, se reitera, será declarada nula.

En cuanto a que a los pilotos prácticos no formales o particulares no se les exige certificado de aptitud ni pruebas psicofísicas, la Sala advierte que tal afirmación carece de veracidad, dado que el artículo 13 de la Ley 658 del 2001 dispone que la autoridad marítima nacional podrá expedir licencia a los pilotos prácticos en cualquier categoría, siempre y cuando se certifiquen debidamente su aptitud y condiciones sicofísicas, precepto que no hace distinción alguna entre los pilotos prácticos oficiales y los pilotos prácticos particulares, razón por la cual se entiende que el cumplimiento del requisito en cuestión se predica de unos y otros.

Adicionalmente, la parte actora argumenta que lo dispuesto en el numeral 9º del artículo 1º del Decreto 1466 respecto de que los pilotos prácticos particulares solo pueden desempeñarse en las zonas especiales de practicaje determinadas por la autoridad marítima viola los artículos 2º del Decreto 2324 de 1984 y 2º, numerales 18 y 19 y 20 de la Ley 658 del 2001, los cuales preceptúan:

Decreto 2324 de 1984:

“ART. 2º—Jurisdicción. La Dirección General Marítima y Portuaria ejerce su jurisdicción hasta el límite exterior de la zona económica exclusiva, en las siguientes áreas: aguas interiores marítimas, incluyendo canales intercostales y de tráfico marítimo; y todos aquellos sistemas marinos y fluviomarinos; mar territorial, zona contigua, zona económica exclusiva, lecho y subsuelos marinos, aguas supradyacentes, litorales, incluyendo playas y terrenos de bajamar, puertos del país situados en su jurisdicción; islas, islotes y cayos y sobre los ríos que a continuación se relacionan, en las áreas indicadas:

“1. Río Magdalena: Desde la desembocadura en Bocas de Ceniza hasta 27 kilómetros aguas arriba.

“2. Río Guainía o río Negro: Desde el raudal Venado en el Alto Guainía hasta la Piedra del Cocuy en el río Negro.

“3. Río Amazonas: Desde la Boca Quebrada San Antonio hasta la Boca Atacurí.

“4. Río Orinoco: Desde Puerto Carreño hasta la desembocadura del Caño de la Virgen cerca de la Isla Manatí.

“5. Río Meta: Desde Puerto Carreño hasta la desembocadura del río Guasacabi en el Atabapo.

“6. Río Arauca: Desde Montañita hasta la desembocadura del Brazo Bayonero siguiendo el límite con Venezuela.

“7. Río Putumayo: Desde los límites con Brasil hasta Puerto Asís, siguiendo el límite con Perú y Ecuador.

“8. Río Vaupés: Desde Mitú hasta los límites con Brasil.

“9. Ríos Sinú, Atrato, Patía y Mira: Desde un (1) kilómetro antes de la iniciación de sus deltas incluyendo desembocaduras en el mar.

“10. Canal del Dique: En el trayecto que une sus desembocaduras en la Bahía de Cartagena hasta la desembocadura en la Bahía de Barbacoas.

“PAR. 1º—En virtud de los derechos del país como Estado del Pabellón la Dirección General Marítima y Portuaria ejercerá jurisdicción sobre los buques y artefactos navales, más allá del límite exterior de la zona económica exclusiva.

“PAR. 2º—Las costas de la Nación y las riberas del sector de los ríos de su jurisdicción en una extensión de cincuenta (50) metros medidos desde la línea de la más alta marea y más alta creciente hacia adentro, están sometidos a la Dirección General Marítima y Portuaria”.

Ley 658 del 2001:

“ART. 2º—Definiciones. Para efectos de la aplicación de la presente ley se entenderá por:

“1.(...).

“18. Jurisdicción. Es el ámbito geográfico en el cual la autoridad marítima nacional ejerce sus funciones y atribuciones.

19. Jurisdicción específica. Es la determinada para cada capitán de puerto mediante la Resolución 0825 del 27 de diciembre de 1994 y las normas que la modifiquen o adicionen”.

“ART. 20.—Restricción en la prestación del servicio público de practicaje marítimo. El piloto práctico deberá prestar el servicio de practicaje ordinariamente en la jurisdicción específica de una capitanía de puerto para la cual deberá tener licencia expedida por la autoridad marítima nacional, sin perjuicio de que pueda obtener licencia para una segunda jurisdicción”.

Como se desprende claramente de las normas transcritas, la primera (D. 2324/84, art 2º) precisa las áreas donde ejerce jurisdicción la Dimar; la segunda define jurisdicción como el ámbito geográfico en el cual la autoridad marítima nacional ejerce sus funciones y atribuciones; la tercera señala que la jurisdicción específica es la determinada para cada capitán de puerto mediante la Resolución 825 del 27 de diciembre de 1994; y la cuarta dispone que los pilotos prácticos prestarán el servicio de practicaje en la jurisdicción específica de una capitanía de puerto, sin perjuicio de que puedan obtener licencia para una segunda jurisdicción, normas que en manera alguna fueron desconocidas por el artículo 1º, numeral 9º del Decreto 1466 del 2004, el cual simplemente señala que el piloto práctico solo puede desempeñarse en las zonas especiales de practicaje determinadas por la autoridad marítima, lo cual evidencia que en manera alguna tal disposición está modificando la jurisdicción de la Dimar, como tampoco la jurisdicción de las capitanías de puerto y, por el contrario, simplemente reitera lo dispuesto en el artículo 20 de la ley de practicaje, respecto de que el piloto práctico deberá prestar el servicio de practicaje ordinariamente en la jurisdicción específica de una capitanía de puerto, la cual, como es lógico, debe ser una de las previamente determinadas en la Resolución 825 de 1994.

Además, la Sala destaca que el artículo 15 de la Ley 658 del 2001, dentro de las obligaciones del piloto práctico consagra la de “1. Desarrollar la actividad marítima de practicaje en la jurisdicción específica de una capitanía de puerto que le autorice la autoridad marítima nacional, ...”, razón por la cual tampoco puede predicarse la violación de los artículos 1º, 122, 123, inciso 2º y 150, numerales 1º y 23 de la Constitución Política, los cuales establecen que Colombia es un Estado social de derecho, que no habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en la ley o el reglamento, que los servidores públicos ejercerán sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento y que corresponde al Congreso interpretar, reformar y derogar las leyes y expedir las leyes que regirán el ejercicio de las funciones públicas, además de que su artículo 2º, numeral 5º dispone que la autoridad marítima nacional “Es la entidad que a nombre del Estado ejecuta la política del gobierno en materia marítima, autoriza, dirige, coordina, controla y vigila el desarrollo de las actividades marítimas y fluviales de su jurisdicción y determina los requisitos para inscribir, otorgar y renovar las licencias de las personas naturales y jurídicas dedicadas a ella...”.

Por encontrarse concatenados entre sí, la Sala estudiará conjuntamente los cargos tercero, quinto y octavo, en los que se acusan los artículos 1º, numeral 10, 5º (en los apartes que se resaltan) y 16 del Decreto 1466 del 2004, que establecen:

ART. 1º—(...).

10. Prueba física. Es el examen físico que determina las capacidades y condiciones especiales para la prestación del servicio y aquellas que pueden afectar la seguridad personal del piloto práctico y de las demás personas ante una emergencia. La prueba se presentará en las entidades determinadas por la Dirección General Marítima, para tal fin”.

ART. 16.—Pilotos prácticos por cambio de categoría y/o jurisdicción. Los pilotos prácticos que vayan a cambiar de jurisdicción o de categoría, además de cumplir con los requisitos señalados en los artículos 22 y 24 de la Ley 658 de 2001, estarán sometidos al siguiente proceso:

1. (...).

2. Prueba física.

3. (...)”.

ART. 5º—Renovación de la licencia. Para la renovación de la licencia de piloto práctico en la misma categoría, el interesado deberá diligenciar el formato correspondiente anexando:

1. (...).

2. Prueba física.

3. Certificado expedido por la capitanía de puerto en el cual conste la ejecución de, por lo menos, veinticinco (25) maniobras diurnas y veinticinco (25) maniobras nocturnas en el año anterior excepto para los puertos de Tumaco, Coveñas, San Andrés y Puerto Bolívar, cuyo número de maniobras será fijado por la autoridad marítima nacional.

Las maniobras aquí establecidas serán maniobras completas de entrada o salida de puerto, es decir se deben incluir en una maniobra las fases de tránsito por canal, uso de remolcadores, atraque y/o zarpe.

4. (...)”.

Lo anterior, porque, a su juicio, la prueba física de que tratan los anteriores preceptos no fue establecida ni definida en la Ley 658 del 2001 y, por tanto, debe entenderse que se refiere a la prueba de esfuerzo de que trata su artículo 13, que dispone:

“ART. 13.—Aptitud del piloto práctico. La autoridad marítima nacional podrá expedir licencia a los pilotos prácticos en cualquier categoría siempre y cuando se certifiquen debidamente su aptitud y condiciones sicofísicas hasta la edad de retiro forzoso que determine el Código Sustantivo Laboral.

“PAR.—Al cumplir el piloto práctico la edad de sesenta (60) años, solamente se le expedirá la licencia como piloto práctico con una vigencia de un (1) año. Para el trámite de renovación deberá anexar el certificado médico de aptitud sicofísica y el resultado de la prueba de esfuerzo, realizada por un centro asistencial de nivel tres en atención de salud acreditado ante el Ministerio de Salud”.

Sobre el particular, esta corporación observa que el artículo 13 arriba trascrito establece la prueba sicofísica que, como su nombre lo indica, comprende tanto el aspecto sicológico como el físico, del cual hace parte la prueba de esfuerzo, sin que sea necesariamente el único aspecto físico que se puede evaluar, pues sabido es que un examen o prueba física comprende, entre otros aspectos, la agudeza visual y auditiva del examinado, sus reflejos, su sensorialidad, etc., aspectos de suma relevancia en los pilotos prácticos, si se tiene en cuenta que deben garantizar “... la seguridad de la vida humana en el mar, la seguridad de las embarcaciones, de su carga y de las instalaciones portuarias, así como la protección del medio marino” (ley de practicaje, art. 15, num. 1º), razón por la cual es el mismo artículo 13 que se estima violado el que dispone que la renovación de la licencia de los pilotos mayores de 60 años será por un año, previa presentación del resultado del examen sicofísico y de la prueba de esfuerzo, sin que el hecho de que la licencia no se renueve debido a la condición sicofísica no apta del piloto implique la violación de los derechos al trabajo, pues para el desempeño de la actividad del practicaje es indispensable un estado sicofísico óptimo, por las razones antes anotadas.

En cuanto a que quedará al libre albedrío de la Dimar el fijar en qué consiste la prueba física y las entidades que deben practicarla, la Sala reitera que el artículo 2º, numeral 5º de la Ley 658 expresamente confiere a tal autoridad marítima la facultad de determinar los requisitos para inscribir, otorgar y renovar las licencias de las personas naturales y jurídicas dedicadas a las actividades marítimas y fluviales, luego por ninguno de los aspectos planteados prospera el cargo de violación.

De otra parte, la parte actora considera que las 25 maniobras tanto diurnas como nocturnas de que trata el numeral 3º del artículo 5º acusado se convertirán en 100, en cuanto el inciso 2º del numeral en cita incluye la expresión “atraque y/o zarpe”, que son algunas de las maniobras de practicaje a las que se refieren los artículos 2º, numerales 7º, 13, 22 y 29 y 3º de la Ley 658 del 2001:

“ART. 2º—Definiciones. Para efectos de la aplicación de la presente ley se entenderá por:

“1. (...).

“7. Atraque. Es la maniobra consistente en colocar un buque al costado del muelle para asegurarlo por medio de sus líneas o cabos de amarre.

“8. (...).

“Entrenamiento de practicaje. Es la preparación personalizada que recibe el aspirante a piloto práctico o el piloto práctico para cambio de categoría con el fin de completar maniobras de practicaje para obtener la licencia correspondiente”.

“22. Maniobra de practicaje. Es el movimiento de entrada o salida de puerto que ejecuta el buque asistido por un piloto práctico para realizar: abarloamiento, acoderamiento, amarre a boyas o piñas, atraque o cambio de muelle, fondeo o cambio de fondeadero y zarpe.

“29. Zarpar. Levar anclas, soltar amarras o salir del puerto”.

“ART. 3º—Clases de maniobras de practicaje. Las maniobras en la actividad marítima o fluvial de practicaje son:

“1. Abarloar o abarloamiento.

“2. Acoderamiento.

“3. Amarre o boyas de piña.

“4. Atraque.

“5. Cambio de muelle.

“6. Fondeo o cambio de fondeadero.

“7. Entrada o salida del puerto.

“8. Zarpe”.

Examinada la norma acusada, la Sala no encuentra que el hecho de que en ella se hable de “atraque y/o zarpe” signifique que para renovar la licencia en la misma categoría los pilotos prácticos tengan que haber llevado a cabo dentro del año anterior 25 maniobras de zarpe y 25 maniobras de atraque diurnas, como tampoco 25 maniobras de zarpe y 25 maniobras de atraque nocturnas, dado que la conjunción “o” es disyuntiva y la conjunción “y” copulativa, lo cual se traduce en que el respectivo piloto podrá llevar a cabo, por ejemplo, 25 maniobras de zarpe diurnas y 25 maniobras de atraque nocturnas, o 20 de zarpe y 5 de atraque diurnas, o 3 de zarpe y 22 de atraque diurnas; o 7 de zarpe y 18 de atraque nocturnas, etc.

Adicionalmente, la demandante señala que la ley de practicaje no estableció la obligación de realizar número alguno de maniobras para que un piloto práctico pueda renovar su licencia, aseveración que carece de asidero, pues nótese que el artículo 23 de la ley en cita dispone:

“Número de maniobras por puerto. La autoridad marítima nacional determinará el número de maniobras de practicaje que deben realizar los aspirantes a piloto práctico, los pilotos prácticos por cambio de categoría y para jurisdicción diferente, para cada uno de los puertos dependiendo del tráfico marítimo”.

En el noveno y último cargo la parte actora argumenta que el parágrafo del artículo 17 del Decreto 1466 del 2004 yerra al establecer que las empresas de practicaje autorizadas deberán efectuar el entrenamiento de pilotos prácticos; tal norma preceptúa:

“ART. 17.—Procedimiento para la solicitud y práctica de las maniobras que hacen parte del entrenamiento. El interesado quedará sometido al procedimiento que a continuación se detalla:

“1. (...).

“PAR.—Para el entrenamiento de los pilotos prácticos oficiales, la autoridad marítima nacional designará la empresa de practicaje que estará obligada a realizar y garantizar el entrenamiento de los mismos, en los términos determinados por esta”.

Sostiene la actora que como personas jurídicas que son, las empresas de practicaje no pueden entrenar a los particulares o a los pilotos prácticos oficiales militares, entre otras cosas, porque no hablan inglés.

Sobre el particular, la Sala observa que es apenas obvio que quienes deben llevar a cabo el entrenamiento sobre las personas que designe la Dimar son los pilotos prácticos particulares que estén vinculados a una empresa de practicaje, la cual es definida por el artículo 2º, numeral 12 de la Ley 658 como “... la que se constituye conforme a las leyes nacionales, cuyo objeto social es la prestación de la actividad marítima y fluvial de practicaje, la cual deberá estar debidamente equipada e integrada por uno o varios pilotos prácticos con licencia vigente, requiriendo para su funcionamiento el cumplimiento de los requisitos establecidos por la autoridad marítima nacional y la expedición de la licencia correspondiente”.

En cuanto a que lo único que está en manos de las mencionadas empresas es facilitar el entrenamiento, esta corporación encuentra que al artículo 49, numeral 3º de la Ley 658 del 2001, según el cual es obligación de las empresas de practicaje “Efectuar el entrenamiento de los aspirantes a piloto práctico oficiales y particulares y los pilotos prácticos por cambio de categoría y/o de jurisdicción, dando todas las facilidades para el mismo, una vez sean autorizados por la autoridad marítima nacional” no se le puede dar la interpretación que pretende la actora, esto es, que a las empresas de practicaje les corresponde simplemente facilitar el entrenamiento, pues de conformidad con el Diccionario de la Real Academia Española, efectuar significa, “Poner por obra, ejecutar algo, especialmente una acción”, acción que en este caso no es otra que la del entrenamiento de practicaje, la cual define el artículo 2º, numeral 13 de la Ley 658 del 2001 como “... la preparación personalizada que recibe el aspirante a piloto práctico o el piloto práctico para cambio de categoría con el fin de completar maniobras de practicaje para obtener la licencia correspondiente”.

Ahora bien, respecto de la afirmación de que una cosa es la licencia de explotación comercial que se le otorga a las empresas de practicaje y otra cosa es la licencia de piloto práctico, la Sala no encuentra reparo alguno y por el contrario se encuentra totalmente de acuerdo con aquella, pues la licencia de explotación comercial, como su nombre lo indica, es la concedida a las empresas de practicaje para que exploten comercialmente dicha actividad por conducto de los pilotos prácticos a ella vinculados, a quienes sí, como es obvio, se les expide la licencia como tal.

Frente a la violación del derecho al trabajo y al de una remuneración mínima vital y justa, la Sala advierte que el artículo 7º de la Ley 658 expresamente se refiere a la remuneración o contraprestación por servicio y entrenamiento, en los siguientes términos: “La remuneración para quienes ejerzan la actividad marítima de practicaje será fijada por la autoridad marítima nacional de acuerdo con el tonelaje del registro bruto de los buques que arriben a puerto. Cuando el entrenamiento de los aspirantes a piloto práctico o de los pilotos por cambio de categoría y/o de jurisdicción se haga oneroso, la autoridad marítima nacional definirá su monto tomando como base el salario mínimo legal mensual vigente, con fundamento en principios de equidad, solidaridad social y redistribución económica”.

La anterior norma, de rango legal, evidencia que existe, como es lógico, una remuneración para quien preste el servicio de entrenamiento cuando así lo requiera la Dimar, a quien fue la misma ley la que le otorgó la facultad de fijarla, sin que por ello puedan considerarse desconocidos los artículos 25, 27 y 53 de la Constitución Política, pues teniendo en cuenta que la actividad de practicaje es un servicio público que puede ser prestado tanto por el Estado, directa o indirectamente, como por los particulares, el mismo debe cumplir la finalidad social que le es inherente al Estado, tal como lo establece el artículo 365 ibídem. Además, la norma acusada en manera alguna está desconociendo la remuneración a la que tienen derecho los pilotos prácticos que hagan parte de una escuela de practicaje, como tampoco que los mismos suscriban un contrato de prestación de servicios, como lo pretende hacer ver la parte actora.

Por último, la Sala resalta que no es cierto que la Ley 658 del 2001 no sancione a los pilotos prácticos adscritos a una empresa de practicaje que se nieguen a realizar el entrenamiento ordenado, ya que expresamente el artículo 62 de la Ley 658 dispone:

“ART. 62.—Faltas disciplinarias. Se consideran faltas disciplinarias del piloto práctico las siguientes:

“1. El incumplimiento de la presente ley.

“2. No concurrir al encuentro de la nave para prestar la actividad marítima de practicaje sin causa justificada o concurrir en estado sicofísico que no le permita desarrollar con seguridad la actividad.

“3. No presentarse a la hora indicada para prestar la actividad marítima de practicaje sin causa justificada.

“4. La negligencia en la prestación de la actividad marítima de practicaje.

“5. Todo acto de violencia, injuria o mal trato en que incurra el piloto práctico contra el capitán del buque, cualquiera de los miembros de su tripulación, el capitán de puerto, cualquier servidor público de la capitanía, el aspirante a piloto o el piloto práctico en entrenamiento”.

Concluye esta corporación que solo logró ser desvirtuada la legalidad de la expresión “exceptuando los pilotos prácticos particulares no formales”, contenida en el artículo 6º del Decreto 1466 del 2004, la cual será declarada nula, dado que el resto de la normativa acusada fue expedida en ejercicio de la potestad reglamentaria, sin excederla, conferida al Gobierno Nacional en los artículos 189 numeral 11 de la Constitución Política y 64 de la Ley 658 de 2001, según el cual “El Gobierno Nacional, ejercerá la potestad reglamentaria mediante la expedición de los decretos necesarios para la cumplida ejecución y desarrollo de la presente ley”.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DECLÁRASE la nulidad de la expresión “exceptuando los pilotos prácticos particulares no formales”, a que se refiere el artículo 6º del Decreto 1466 del 2004.

2. DENIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda.

En firme esta providencia, archívese el expediente previas las anotaciones de rigor.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha».

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