Sentencia 2004-00233 de junio 3 de 2010

CONCEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Rad. 54000-23-31-000-2004-00233-01

Consejero Ponente:

Dr. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta

Actor: Colgate Palmolive Compañía

Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Ref.: Apelación sentencia

Bogotá, D. C., tres de junio de dos mil diez

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia proferida el 10 de octubre de 2007 por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, mediante la cual se denegaron las pretensiones de la demanda que aquella presentó contra la DIAN en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

I. Antecedentes

1. La demanda.

La sociedad Colgate Palmolive Compañía demandó ante el Tribunal Administrativo de Norte de Santander a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, en ejercicio de la acción que consagra el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, con el objeto de que dicho tribunal accediera a las siguientes:

1.1. Pretensiones.

Las pretensiones de la sociedad actora son las siguientes:

Primera. Que se declare la nulidad de la Resolución 1635 de 30 de julio de 2003, de la división de liquidación de la Administración de Aduanas de Cúcuta, mediante la cual se negó una solicitud de liquidación oficial de corrección de 264 declaraciones de importación presentadas entre el 5 de enero del 2001 y 22 de octubre de ese mismo año, por un valor total de $ 172´997.689,oo; así como de la Resolución 2091 de 29 de septiembre de 2003 de la división jurídica aduanera de la misma administración, mediante la cual se resolvió el recurso de reconsideración interpuesto, en el sentido de confirmar la anterior, declarando agotada la vía gubernativa.

Segunda. Que como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, declare modificadas las declaraciones de importación mencionadas, eliminando de ellas los valores liquidados por concepto de la tasa especial por servicios aduaneros (TESA) y ordenando la devolución de las sumas pagadas por ese concepto; más los intereses correspondientes.

1.2. Los hechos.

La demandante se refiere a la promulgación de la Ley 633 de 30 de julio de 2000, cuyo artículo 56 creó la tasa especial por los servicios aduaneros (TESA); que se empezó a recaudar a partir de enero de 2001 conforme la Resolución 029 de 2001, pero la Corte Constitucional declaró inexequible ese artículo y el 57, entre otros, mediante Sentencia C-992 de 19 de septiembre de 2001, notificada mediante edicto que se desfijó el 23 de octubre de 2001.

Dentro del término legal presentó solicitud de liquidación oficial de corrección sobre las declaraciones de importación antes aludidas, en las cuales liquidó y pagó la TESA, con fundamento en los artículos 513 del Decreto 2685 de 1999 y 438 de la Resolución 4240 de 2000; y que esa solicitud le fue negada mediante los actos acusados.

1.3. Normasvioladas y concepto de la violación.

Están consignadas en los siguientes cargos:

• Violación de losartículos 513 del Decreto 2685 de 1999 y 438 de la Resolución 4240 de 2000, por interpretación errónea, pues estas normas establecen la procedencia de la liquidación oficial de corrección cuando existen tributos pagados en exceso.

• Violación del artículo 338 de la Constitución Política, por falta de aplicación, porque los actos que niegan la liquidación oficial de corrección confirman la percepción por parte del Estado de tributos aduaneros que son contrarios a la Constitución Política, lo cual hace ilegítimo e improcedente el pago de aquella, pues no hay servicio al cual pueda vincularse su pago, su producido no se ha destinado exclusivamente al supuesto servicio que la causa, su monto no fue fijado con referencia al costo de prestación del servicio, la Secretaría General de la CAN tiene establecido que la tasa especial por servicios aduaneros no tiene verdadera naturaleza de tasa, y la vigencia formal de la ley que la crea no da nacimiento en concreto a la obligación tributaria, pues es necesaria la efectiva prestación del servicio.

• Violación del artículo 4º de la Constitución Política, por falta de aplicación, pues dada la declaración de inexequibilidad de la norma creadora de la tasa, por razones similares a las expuestas, le asiste al particular el derecho de inaplicar la norma abiertamente contraria a la Carta Política, y sería absurdo que los efectos ex nunc de los fallos de inexequibilidad cerraran la posibilidad de aplicar el citado artículo 4º en una situación anterior no consolidada, en la que la actora no tuvo la oportunidad de alegar la excepción.

• Violación del artículo 45 de la Ley 270 de 1996, por indebida aplicación, porque no se justifica retener el pago de un tributo ilegítimo y la solicitud de corrección se basó en atribuir efectos retroactivos a la Sentencia C-992 de 2001 proferida por la Corte Constitucional.

2. Contestación de la demanda.

La entidad demandada mediante escrito obrante a folios 104 a 115 del expediente se opuso a las pretensiones de la demanda pues considera que los actos acusados están conformes con el ordenamiento jurídico, en especial con el artículo 56 de la Ley 633 de 2000, que se encontraba vigente al momento de la presentación de las declaraciones de importación objeto de la solicitud de devolución, el cual había sido reglamentado por la Resolución 0029 de 2001 proferida por el director general de la DIAN. En defensa de los actos demandados se adujo que la actora no tenía derecho a ser excluida del pago de la tasa, por no encontrarse en ninguno de los supuestos mencionados en el artículo 2º de la referida resolución, y se daban por demás todos los supuestos establecidos para su cobro.

Además de lo expuesto, la situación fáctica planteada en la demanda no encaja en ninguno de los eventos mencionados en los artículos 513 y 548 del Decreto 2685 de 1999, haciendo improcedente la devolución deprecada.

Por otra parte, la Sentencia C- 992 de 2001, notificada por edicto el día 23 de octubre de 2001, no fijó en ninguna de sus partes el efecto retroactivo de lo que en ella se dispuso; motivo por el cual ha de entenderse que los importadores estaban obligados a pagar la mencionada tasa hasta antes de quedar en firme la declaratoria de inexequibilidad de los artículos 56 y 57 de la Ley 633 de 2000. Así las cosas y como quiera que las declaraciones de importación se presentaron entre el 5 de enero y el 22 de octubre de 2001, es claro que las mismas no se ven impactadas por el fallo de la Corte Constitucional proferido un mes después. Por lo tanto, considera que los cargos no están llamados a prosperar y por ende no se debe acceder a las pretensiones de la demanda.

II. La sentencia recurrida

El tribunal negó las pretensiones de la demanda, trayendo al sub lite algunos apartes de la Sentencia C-922 de fecha 19 de septiembre de 2001, proferida por la Corte Constitucional, en los cuales se mencionan las razones que determinaron la declaratoria de inexequibilidad de los artículos 56 y 57 de la Ley 633 de 2000, en virtud de los cuales se dispuso la creación de la tasa especial aduanera. Si bien reconoce que el juez goza de un margen razonable de autonomía para inaplicar las leyes que violan la Constitución, en este caso no se invocó la excepción de inconstitucionalidad al momento del pago, “razón para desechar su aplicabilidad en forma posterior.”Además de lo expuesto, puso de presente que el inciso 2º del artículo 56 de la Ley 633 de 2000, fue claro en señalar que la tasa en cuestión no se causaría en tratándose de importaciones de bienes provenientes de países con los cuales se haya celebrado un acuerdo de libre comercio, siempre y cuando ofrezcan un tratamiento reciproco equivalente, no siendo precisamente ese el caso de Venezuela, país de donde provenían las mercancías importadas.

Por otra parte, consideró el a quo que en este caso no era procedente la liquidación oficial de corrección, puesto que la situación fáctica planteada no encaja en ninguna de las causales previstas en el inciso 1º del artículo 513 del Decreto 2685 de 1999 y en el artículo 438 de la Resolución 4240 de 2000. Se suma a lo anterior la circunstancia de que la suma pagada no fue mayor de la debida, pues los valores consignados en las declaraciones de importación eran precisamente los que tenía que cancelar, de acuerdo con las disposiciones aduaneras vigentes en el momento del pago.

Además de ello, no puede perderse de vista que las declaraciones de importación fueron presentadas antes de la declaratoria de inexequibilidad de los artículos 65 y 57 de la Ley 633 de 2000, ante lo cual no es procedente la devolución de las sumas pagadas por concepto de la tasa especial de servicios aduaneros, pues su pago se efectuó en la vigencia de tales normas, sin que pueda darse aplicación retroactiva a la mencionada providencia.

III. El recurso de apelación

Mediante escrito obrante a folios 16 a 28 de este cuaderno, aduce la demandante que la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, no tuvo en cuenta que la tasa cuya legalidad se controvierte en este proceso era un instrumento abiertamente inconstitucional tal como lo consideró la Corte Constitucional en su Sentencia C-992 de 2001, mediante la cual se declararon inexequibles los artículos 56 y 57 de la Ley 633 de 2000. En ese orden de ideas, al recaudar el producto de la tasa sin la contraprestación efectiva de ningún servicio, se configuró un enriquecimiento sin causa a favor del Estado, situación que compromete su responsabilidad patrimonial, dada la antijuridicidad del detrimento padecido por la sociedad demandante, derivada de la inconstitucionalidad de tales disposiciones.

Aparte de lo anterior, no se tuvo en cuenta que las declaraciones deimportación presentadas entre el 5 de enero y el 22 de octubre de 2001, podían ser corregidas dentro de los tres años siguientes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 131 del estatuto aduanero, en donde se dispone que dichas declaraciones adquieren firmeza después de haber transcurrido ese plazo, contado desde su presentación y aceptación. En ese orden de ideas, al haber sido radicada la solicitud de liquidación oficial de corrección el día 28 de de marzo de 2003, resulta evidente que la actora estaba en tiempo de hacer tales correcciones y de solicitar la devolución o compensación de las sumas pagadas, toda vez que se trataba de situaciones jurídicas no consolidadas.

Finalmente, estima el recurrente que el fallo apelado desconoce que la precitada sentencia puede tener efectos a partir de 20 de septiembre de 2001, pues en proceso similar el Tribunal Administrativo de Cundinamarca estimó que la Aduana debía devolver la tasa pagada desde esa fecha, por tratarse del día siguiente al expedición de la Sentencia C-992/01, tal como se señaló en la Sentencia T-832 de 22 de septiembre de 2003, al hacer mencióna los efectos de los fallos de inconstitucionalidad.

A partir de las anteriores consideraciones el recurrente solicita que se revoque la sentencia y se acceda a las pretensiones de la demanda.

IV. Alegatos de conclusión

La sociedad demandante, mediante escrito que obra a folios 44 a 54 de este cuaderno, reiteró los argumentos consignados en el recurso de alzada.

La entidad demandada, por su parte, se opuso a la prosperidad de la apelación, poniendo de presente, por una parte, que para la época de presentación de las declaraciones de importación, los artículos 56 y 57 de la Ley 633 de 2000 se hallaban vigentes y estaban cobijados por la presunción de constitucionalidad y, por la otra, que la sentencia que declaró su inexequibilidad no tiene efectos no retroactivos. En razón de lo anterior, la pretensión de que se devuelvan o compensen las sumas legalmente pagadas y percibidas por Estado se queda carente de soporte legal y, además de ello, no es dable predicar que se haya configurado un enriquecimiento sin causa y mucho menos que en el asunto sub examine el Estado deba asumir responsabilidades de tipo patrimonial por el hecho de cumplir las leyes. Por todo lo anterior, considera que debe confirmarse la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander.

V. El concepto del agente del Ministerio Público

En el presente asunto, el agente del Ministerio Público no rindió concepto.

VI. Decisión

No observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir el asunto sub lite, previas las siguientes

Consideraciones

1. La presente instancia se contrae a los motivos de inconformidad expuestos en la sustentación del presente recurso de apelación, por consiguiente la cuestión a resolver consiste en establecer si había lugar a acceder a la solicitud de corrección oficial de las declaraciones de importación en comento a fin de que la DIAN procediera al reintegro a la actora lo que había liquidado y pagado en esas declaraciones por concepto de la tasa especial creada mediante el artículo 56 de la Ley 633 de 2000.

Como quiera que la solicitud de corrección indicada está basada en el artículo 513 del Decreto 2685 de 1999, es menester traer el texto del mismo, a saber:

“ART. 513.—Liquidación oficial de corrección. La autoridad aduanera podrá expedir liquidación oficial de corrección cuando se presenten los siguientes errores en las declaraciones de importación: subpartida arancelaria, tarifas, tasa de cambio, sanciones, operación aritmética, modalidad o tratamientos preferenciales.

Igualmente se podrá formular liquidación oficial de corrección cuando se presente diferencia en el valor aduanero de la mercancía, por averías reconocidas en la inspección aduanera.”

Asimismo en el artículo 438 de la Resolución 4240 de 2000, se establece que dicha liquidación oficial de corrección procede cuando se trate de establecer el monto real de los tributos aduaneros, en los casos en que se aduzca pago en exceso.

Vistas las razones en que se sustenta esa solicitud, las cuales son las que se aducen ahora en la fundamentación del presente recurso, esto es, falta de causación de la tasa por inexistencia del servicio, y excepción de inconstitucionalidad de la norma que la había creado, la Sala observa que aquellas no encuadran en los supuestos previstos en el artículo 513 transcrito para que sea procedente la liquidación oficial de corrección, pues es claro que para ello es preciso que se haya incurrido en errores en las declaraciones de importación (respecto de la subpartida arancelaria, las tarifas, la tasa de cambio, las sanciones, las operaciones aritméticas, la modalidad o tratamientos preferenciales), o cuando se presente alguna diferencia en el valor aduanero de la mercancía, por averías reconocidas en la inspección aduanera.

En esas circunstancias, el pago en exceso previsto en el artículo 438 de la Resolución 4240 de 2000 debe entenderse en el marco del artículo 513 del Decreto 2685 de 1999, en su carácter de norma superior, de suerte que tal exceso debe corresponder al resultado de cualquiera de esos errores, y en todo caso frente a los factores vigentes al momento de la importación.

Como las razones aducidas por la actora no se refieren en forma alguna a la existencia de un error sobre los factores antes indicados ni mucho menos a una avería que haya afectado el valor aduanero de la mercancía, sino que se trata de censuras o cuestionamientos respecto de la constitucionalidad de la tasa especial por servicios aduaneros, la Sala considera que la corrección deprecada era de suyo improcedente.

Es del caso destacar que esas razones no están previstas como causal de liquidación oficial de corrección de las declaraciones de importación en las normas aduaneras invocadas como violadas, y además de ello, no hay lugar a que se configure la vulneración de las mismas por la decisión de la DIAN de no efectuar la liquidación oficial de corrección de las 264 declaraciones de importación presentadas por la actora entre el 5 de enero del 2001 y 22 de octubre de ese mismo año, por un valor total de $ 172´997.689, bajo la vigencia de la tasa especial en cuestión.

Por contera, se descarta la violación de los artículos 4º de la Constitución Política, pues el artículo 513 del Decreto 2685 de 1999 no le imponía inaplicar por inconstitucional el artículo 56 de la Ley 633 de 2000 y 45 de la Ley 270 de 1996, por cuanto frente a la vigencia del precitado artículo 56 para la época de la presentación de las declaraciones de importación objeto del sub lite, era menester considerar el sentido o efecto en el tiempo con que se había declarado la inexequibilidad del mismo en la Sentencia C-992 de 19 de septiembre de 2001 la Corte Constitucional; consideración que bien podía hacerse aunque la actora no hubiere hecho planteamiento alguno sobre ese tópico, toda vez que era pertinente para verificar la vigencia de los conceptos que determinaron el monto de cada declaración.

Además, la apreciación de la entidad demandada sobre el particular resulta armónico con el artículo 45 de la Ley 270 de 1996, en la medida en que la Corte Constitucional no le señaló efecto retroactivo o ex tunc a esa inexequibilidad, y en esas circunstancias se ha de considerar que la Corte dejó a salvo la vigencia de esas normas para la época anterior a su ejecutoria, dado que sus efectos son hacia el futuro, atendiendo dicho artículo 45, en su único aparte declarado exequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-037 de 1996, a cuyo tenor “Las sentencias que profiera la Corte Constitucional sobre los actos sujetos a su control en los términos del artículo 241 de la Constitución Política, tienen efectos hacia el futuro a menos que la Corte resuelva lo contrario”.

Lo anterior significa que la vigencia de la norma se preserva hasta la ejecutoriedad de la sentencia que la declara inexequible, toda vez que la ley declarada inexequible solo desaparece o deja de ser aplicable o ejecutable a partir de esa fecha. Sobre el particular, la Corte Constitucional, en su Sentencia C-113 de 1993, dejó en claro que “... los efectos de un fallo, en general, y en particular de los de la Corte Constitucional en asuntos de constitucionalidad, se producen solo cuando se ha terminado el proceso, es decir cuando se han cumplido todos los actos procesales. En otras palabras, cuando la providencia está ejecutoriada.” En ese orden de ideas, las situaciones jurídicas ocurridas antes de su firmeza y que se encuadren dentro de los supuestos fácticos establecidos en la norma legal afectada por la decisión de la Corte Constitucional, son susceptibles de aplicación y están llamadas a producir la plenitud de sus efectos jurídicos, con independencia de que se trate de situaciones jurídicas consolidadas o no, con excepción, claro está de aquellas materias o asuntos que por mandato constitucional están cobijados por el principio de favorabilidad, esto es, de la aplicación de la norma más favorable.

De lo anterior se deduce que la inexequibilidad del artículo 56 de la Ley 633 de 2000 no afecta la liquidación y pago por las importaciones realizadas antes de la ejecutoriedad de la sentencia respectiva, de la tasa especial que en él se establecía, entre las cuales se encuentran las importaciones realizadas por Colgate Palmolive Compañía y que sirven de fundamento a la solicitud de liquidación oficial de corrección objeto del sub lite, pues en esa época la norma se encontraba vigente.

En igual sentido, se pronunció la Sala en procesos donde se plantearon las mismas cuestiones aquí examinadas, los cuales fueron conocidos en segunda instancia de cuyas sentencias cabe mencionar como antecedente de esta posición o línea jurisprudencial las de 30 de octubre de 2008, de radicación 2004-00671-01, actor Colombiana Kimberly Colpapel S.A.; 13 de noviembre de 2008, Expediente 2003-00368-01, demandante Papeles del Cauca S.A.; del 4 de diciembre de 2008, Expediente 2003-00332-01, actor Manufacturas Eliot S.A.; del 13 de noviembre de 2008, Expediente 2003-00004-01, actor Griffin de Colombia S.A.; del 4 de diciembre de 2008, Expediente 2002-01646-01, actor Samsung Electronics Latinoamericana Colombia S.A. y, del 13 de noviembre de 2008, Expediente 2004-01639-01, actor Novartis de Colombia S.A., todos con ponencia del consejero de Estado doctor Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.

En consecuencia, la Sala ha verificado que la sentencia apelada está acorde con la situación procesal examinada, de allí que se deba confirmar, como en efecto se hará en la parte resolutiva de esta providencia.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMASE la sentencia apelada de 10 de octubre de 2007, proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander.

2. RECONÓCESE al abogado Antonio Granados Cardona, como apoderado judicial de la UAE - Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, en los términos y para los fines del poder conferido que obra a folio 33 del presente cuaderno.

3. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese, publíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión de la fecha.

Magistrados: Rafael E. Ostau de Lafont PianetaMaria Claudia Rojas LassoMarco Antonio Velilla Moreno.