Sentencia 2004-00244/37838 de abril 24 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente:

Dr. Jaime Enrique Rodríguez Navas

Rad.: 41001233100020040024401 (37838)

Actor: María Cristina Vidal Reina y otro

Demandado: Departamento del Huila

Ref.: Reparación directa

Bogotá D.C., veinticuatro de abril de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «III. Consideraciones

3.1. Presupuestos materiales de la sentencia de mérito.

Esta Sala es competente para decidir el recurso de apelación formulado por la parte demandante, contra la sentencia proferida por Tribunal Administrativo del Huila, el 23 de septiembre de 2009, en proceso con vocación de segunda instancia ante esta Corporación, por razón de la cuantía(14).

Se pretende la reparación del daño causado por la muerte del señor Rafael Enrique Gualteros Sánchez, en ejercicio de la acción de reparación directa prevista en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, según el cual, “La persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño cuando la causa sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa.

Según lo preceptuado en el artículo 136 numeral 8 del Código Contencioso Administrativo, el término de caducidad debe contarse a partir del día siguiente al de acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa que dio origen al daño reclamado, en este caso, la muerte del señor Gualteros Sánchez tuvo lugar el 6 de abril de 2002 y la demanda fue presentada el 15 de marzo de 2004, es decir dentro del término de dos años, previsto en la norma procesal.

La legitimación en la causa constituye un presupuesto procesal para obtener decisión de fondo(15); se habla de legitimación de hecho, cuando se trata de una relación procesal que se establece entre quien demanda y el demandado y surge a partir del momento en que se traba la litis, con la notificación del auto admisorio de la demanda y de legitimación material en la causa, relacionada con la participación real de las personas en el hecho que da origen a la interposición de la demanda, independientemente de que hayan sido convocadas al proceso.

La señora María Cristina Vidal Reina concurrió al proceso en calidad de cónyuge de la víctima, para probar lo cual, allegó el registro civil de matrimonio. No obstante, obra en el proceso certificación expedida por el Juez Tercero de Familia de Neiva en la cual consta que en ese juzgado se tramitó proceso de divorcio radicado bajo el número 41001311000320010432-00 propuesto por la señora María Cristina Vidal Reina contra Rafael Enrique Gualteros Sánchez y que en audiencia de conciliación realizada el 6 de noviembre de 2001 se decretó el divorcio del matrimonio civil y se declaró disuelta y en estado de liquidación la sociedad conyugar respectiva(16).

De acuerdo con lo antes expuesto, se considera que la señora María Cristina Vidal Reina no está legitimada en la causa por activa porque no probó la calidad que invocó en el libelo petitorio para acudir al proceso.

Del mismo modo, no puede válidamente reclamar para sí el reconocimiento de perjuicios materiales en su modalidad de lucro cesante y tampoco los perjuicios morales, puesto que al momento de la muerte ya no existía vínculo jurídico entre ella y la víctima, y por esa razón, pesaba sobre ella la carga de probar el título que le daba derecho a participar de las rentas de Rafael Enrique Gualteros Sánchez, así como el padecimiento efectivo de la aflicción que dijo haber sufrido, ya no en su condición de cónyuge, sino como tercera damnificada, cargas estas que la demandante no honró.

Por otra parte, se allegó registro civil de nacimiento de Juan Camilo Gualteros Vidal, que lo acredita como hijo de Rafael Gualteros y María Cristina Vidal(17). Comoquiera que según lo dispuesto en el Decreto 1260 de 1970, el registro civil es la prueba idónea para acreditar el parentesco(18), la sala lo encuentra legitimado en la causa por activa.

El Departamento del Huila está legitimado en la causa por pasiva, toda vez que la parte actora le endilga como causa del accidente en que perdió la vida el señor Gualteros Sánchez, el incumplimiento del deber de señalización y de mantenimiento de las vías a su cargo.

3.2. Sobre la prueba de los hechos.

A partir de la preceptiva del artículo 90 de la Constitución, dos son los elementos constitutivos de la responsabilidad de la administración, a saber, que haya un daño antijurídico y que éste sea imputable a una acción u omisión de una autoridad pública.

Teniendo en cuenta que para la prosperidad de las pretensiones es necesario acreditar la existencia de estos dos elementos, el estudio de los hechos probados lo hará la Sala en dos grandes apartes, a saber: hechos relativos al daño, y hechos relativos a la imputación.

3.2.1. Sobre la prueba de los hechos relativos al daño.

El daño, lo hace consistir la parte demandante en la muerte del señor Rafael Enrique Gualteros Sánchez, lo cual se probó con el registro civil de defunción(19).

Los hechos en los que concretó la parte actora este daño, pretende acreditarlos de la siguiente manera:

• Copia autenticada de la historia clínica 105683 del Hospital Hernando Moncaleano Perdomo, en la cual se registró que ingresó paciente que sufrió accidente de tránsito pero llegó sin signos vitales(20).

• Informe del accidente Nº 96 007912 donde consta que sólo una de las partes dio su versión sobre lo ocurrido porque los otros quedaron heridos y fueron trasladados a la clínica para ser atendidos, se señaló que la vía era recta, estaba seca, no había problemas de visibilidad ni obstáculos en la vía, la causa del accidente según el agente fue el estado de alicoramiento del conductor del automóvil y que éste invadió el carril contrario, además de transitar con exceso de velocidad(21).

• Protocolo de Necropsia Nº A-132-02, donde se concluye:

“Rafael Enrique Gualteros Sánchez, de 33 años, que muere por taponamiento cardiaco secundario con estallido de aurícula derecha como consecuencia de politraumatismo en accidente de tránsito (pasajero)”(22).

3.2.2. Prueba de la imputación.

Como hechos que permitirán el juicio de imputación del daño, obran las siguientes pruebas:

• Oficio 538 del 8 de junio de 2006, suscrito por el Director Territorial del Invías Huila, donde informa que el mantenimiento y conservación de la carretera Neiva Tello, a partir del 21 de julio de 1995 hasta la fecha se encuentra bajo la responsabilidad del Departamento del Huila y copia autenticada del convenio interadministrativo 244 de 2005, para la transferencia al Departamento del Huila de carreteras que se encontraban a cargo del Invías(23).

• Declaración del señor Santiago Nieto Pérez quien manifestó:(24).

“Yo viajo todos los días al municipio de Baraya y he venido insistiendo en que la carretera tiene algunas anomalías o baches más exactamente en el sitio donde ocurrió el accidente lo cual a mi manera de pensar creo que pudo distraer un poco al señor conductor y debido a ese inconveniente ocurrió la tragedia o la desgracia. Yo hacía como una hora había pasado por allí venía del municipio.

(…).

PREGUNTADO: Sabe usted si algún particular o autoridad había puesto en conocimiento del Departamento o de Invías del estado en que se encontraba la vía donde ocurrió el accidente. CONTESTÓ: Yo aquí creo que como estamos en Colombia que tiene que ocurrir primero las desgracias para luego ir a reparar algunas situaciones que pueden llevar a uno a accidentarse y la prueba está que ellos se accidentan un sábado y a los 15 días ya habían arreglado el pedazo (….) PREGUNTADO: Sabe usted si en el sitio donde ocurrieron los hechos existía una señalización de peligro debido a los baches. CONTESTÓ: no existe, y es bastante peligrosa entre otras cosas”.

• Declaración del señor José Milton Gutiérrez Narváez, párroco del municipio de Baraya quien manifestó(25).

“...Una media hora más tarde de haberlos visto en ese lugar, supe que se habían accidentado unos metros abajo del municipio de Tello (H), en un lugar que para todos los conductores era de difícil maniobra. En ese lugar en el que sucedieron los hechos, se había construido una alcantarilla y, el pavimento o la capa asfáltica se hundió, quedando un resalto de unos 10 o 15 centímetros de altura, para ese tiempo se venía adelantando una campaña de reparcheo que comenzó en Fortalecillas, extrañamente saltaron el lugar del accidente y siguieron haciendo el reparcheo en la vía Tello – Baraya. Al día siguiente del accidente, porque (sic) un nexo de afinidad con la familia Bernate Perdomo, me fui a la clínica de Emcosalud de Neiva, y mi sorpresa fue ver que entre las cinco de tarde o más bien entre la hora del accidente a las once de la mañana del día siguiente, se había hecho el arreglo del resalto en el cual se había ocasionado el insuceso. A esto cabe anotar que la carretera en ese lugar no presentaba ninguna señalización de peligro y además, que aún hoy aunque se ha hecho una señalización sobre la capa asfáltica, es decir, la línea, solo se ha puesto allí para dividir carriles, sin mostrar en ninguna parte en qué sitio se puede o no se puede adelantar”.

• Declaración del señor Darío Mosquera Mosquera, quien manifestó(26):

“Lo que yo logré entender del accidente, es que en ese sitio se había construido un pontón y en los dos extremos del pontón se había hundido la banca, entonces lo que una piensa es que por la frenada para evitar ese bache se pudo ocasionar el accidente pues el carro se volcó y lo curioso es que después del accidente, ese bache fue rellenado, fue tapado a los días siguientes, eso fue rápido, a ellos o sea Rafael el conductor y la mona de Utrahuilca (sic), el vehículo era un Renault 9 y a ellos se los llevaron para Neiva.

(…).

PREGUNTADO: En el sitio donde sucedió el accidente en el cual perdió la vida el señor Rafael Enrique Gualteros Sánchez, existía alguna señalización de peligro por los baches que había. CONTESTÓ: no, no había ninguna señalización, es más, yo soy conductor y en muchas ocasiones uno conociendo la carretera se le olvidaba del altibajo, y en muchas ocasiones uno lo cogía a gran velocidad y la frenada era fuerte porque casi no se veía, de lejos no se veía el bache, el que no lo conocía más de una vez saltaba el carro”.

• Copia autenticada del proceso penal adelantado contra el señor Enrique Omar González Ramírez por el homicidio culposo en concurso con lesiones personales culposas, de la cual se destacan las siguientes piezas procesales(27):

• Providencia proferida por el Tribunal Superior de Neiva el 3 de noviembre de 2005, mediante la cual se confirmó la condena impuesta en primera instancia al señor Enrique Omar González por las siguientes razones:

“Todo indica que, como se dice en el informativo, en el punto de impacto existía algún hundimiento del pavimento y para evitarlo el automóvil invalidó (sic) el carril contrario, lo cual en manera alguna anula la violación del deber objetivo de cuidado que le asistía como conductor, por cuanto no solamente iba a gran velocidad, como está demostrado, sino que tal circunstancia no le era desconocida, pues habitualmente hacía ese recorrido en su condición de docente, ya que residía en esta ciudad, en lo cual pudo incidir su estado de alicoramiento que constató el agente policial que elaboró el croquis, al advertir que tenía aliento alcohólico.

(…).

Finalmente, y para responder la última inquietud de éste, los testimonios de sus colegas docentes fueron analizados por el a quo en su contenido y en relación con los restantes elementos de juicio que obran en este proceso, de donde los dichos de éstos en el sentido de que él estuviese esa mañana de los hechos ingiriendo ron, y que a pesar de ello no se hubiere embriagado en alto grado, sólo confirma que no faltó a la verdad el agente policial que elaboró el croquis o informe de accidente, y la realidad de la maniobra imprudente de éste al invadir a último momento el carril que le correspondía al campero y excesiva velocidad, refleja de modo necesario que faltó a su deber objetivo de cuidado regulado por disposiciones de tránsito, independientemente de la mayor o menor incidencia de su grado de alicoramiento”(28).

• Declaración rendida por Jorge Eliécer Castaño Aguirre, agente de la Policía Nacional que documentó lo ocurrido en el accidente(29):

“El automóvil venía Tello Neiva y se encontraba (sic) volcamiento total con la trompa en dirección a Tello sobre la vía y el campero estaba fuera de la vía al costado derecho en la acera en dirección Tello Neiva pero estaba de punta hacia una arrocera estaba clavado ahí y no se volcó. PREGUNTADO: Si el automóvil estaba mirando hacia Tello cómo logró usted establecer que el automóvil iba en la ruta Tello Neiva. CONTESTÓ: Por primero que todo porque al rato establecimos por boca de los mismos compañeros profesores que ellos habían estado en compañía de los comprometidos en el accidente de que ellos habían pasado primero y los estaban esperando más adelante y al ver que no aparecían se devolvieron hacia Tello y fue cuando se dieron cuenta de lo que les había ocurrido. (…) PREGUNTADO: Por lo que usted allí visto (sic) cuál pudo haber sido la causa del accidente. CONTESTÓ: En mi poca experiencia en levantar croquis la causa del mismo fue exceso de velocidad del vehículo automóvil y el aparente alicoramiento del conductor del vehículo, porque cuando los estábamos levantando se les sentía el aliento a alcohol y también por los mismos testimonios de los compañeros que dieron que todos habían estado tomando en Baraya y en Tello. PREGUNTADO: Qué nos puede usted decir sobre el estado de la vía en el sitio del accidente. CONTESTÓ: Con respecto a la vía, la vía estaba normal, en buen estado, seca, en el pedazo el sitio era una recta donde ocurrió el hecho, no influyó para nada la vía en el accidente. (…) PREGUNTADO: En el croquis que usted rinde codificó como causas probables del accidente los numerales 114, 127 y 116, qué quiere decir cada uno de estos y por qué razón los codificó. CONTESTÓ: 114 es embriaguez aparente, ya lo expliqué por qué razón lo codifiqué, el 127 transitar en contravía por lo establecido en el punto de impacto y por la posición en que vino a quedar el vehículo porque vino a ser un impacto seco, el 116 es exceso de velocidad, el exceso de velocidad no hubo ninguna frenada del vehículo que venía con dirección Tello Neiva y por la condición del vehículo como quedó”.

• Declaración rendida por el señor Mateo Esquivel, quien viajaba como pasajero en el vehículo con el cual se presentó la colisión y manifestó que en su criterio el accidente se presentó porque el automóvil invadió el carril contrario y señaló que la vía estaba pavimentada, era una recta, había unos huecos pero muy pequeños, ese día había buena visibilidad porque estaba soleado(30).

• Informe técnico sobre inspección a vehículo, realizado por el coordinador de la sección de criminalística CTI de la Fiscalía, efectuado el 16 de abril de 2002, se anexó álbum fotográfico en el que se resalta que el campero no presenta daño alguno en el costado derecho sino en el frente y en el costado izquierdo, mientras que el automóvil quedó destruido totalmente(31).

• Reconocimiento psiquiátrico forense realizado a Enrique Omar González Ramírez puesto que al rendir indagatoria manifestó que no recordaba nada de lo ocurrido. Se concluyó que el paciente: “presenta síndrome amnésico secundaria a trauma craneal severo. Presenta deterioro en la capacidad de aprender nueva información (amnesia anterógrada) y de recordar conocimientos previamente aprendidos (amnesia retrógrada) la cual suele abarcar un periodo de tiempo inmediatamente anterior al trauma hasta el momento del incidente traumático y amnesia sobre el propio acontecimiento traumático”(32)

• Providencia proferida por la Fiscalía Cuarta Seccional de Neiva el 22 de mayo de 2003, mediante la cual profirió resolución de acusación contra el señor Enrique Omar González Ramírez y precluyó la misma respecto del conductor del otro vehículo. En las consideraciones de la providencia se afirmó:

“En segundo lugar tal como lo señala el Ministerio Público, la prueba obrante señala inequívocamente que los hechos ocurrieron por el actuar imprudente del sindicado Enrique Omar González Ramírez, quien violó el deber objetivo de cuidado en el ejercicio de la actividad que desplegaba e invadió inexplicablemente el carril contrario al que le correspondía generándose la colisión, contraviniendo así lo dispuesto en el art. 68 del Código Nacional de Tránsito y Transporte sobre el carril por el que se debe transitar. La manifestación que sobre el particular realizaron el indagado Rafael Urrea y su pasajero Mateo Esquivel encuentra aval en la señalización que sobre los fragmentos y sitio de impacto estableciera la autoridad policiva al elaborar el croquis de la colisión”(33).

• Declaración rendida por el señor Santiago Nieto Pérez, compañero de trabajo de la víctima, quien departió con él y otros docentes el día de los hechos porque todos fueron a cobrar los intereses de las cesantías. El testigo manifestó:

“Allí en el hospital murmuraban que el profesor Enrique venía manejando normalmente, pero la carretera tenía un altibajo ahí en el sitio del accidente o un bache y ocurrió el accidente, él trato de frenar o algo así, lo que pasa es que eso se ve ahí cerquita, no tenía mucha visibilidad, hay una curva más adelante y entonces cuando uno se ve es encima del bache, claro que eso lo corrigieron ocho o quinde días después del accidente. Ya ahí había habido otro accidente, antes que eso y también hubo un muerto ahí. Era un hundimiento del pavimento, eran dos hundimientos pegaditos y ahorita ya están corregidos (…) El estado anímico del profesor Enrique era normal, pero sí había media botella de ron y bastantes lo que se la estaban tomando, yo inclusive me tomé un trago ahí con ellos. A mí se me había olvidado de dos profesores que también estaban ahí, la profesora Margarita, no se el apellido y el profesor Victor Morales, ellos son hermanos entre otras cosas. PREGUNTADO: Sírvase manifestar si durante el lapso de tiempo (sic) compartido con el señor Enrique González y los otros compañeros observó que ingirieran alguna clase de bebida embriagante y aproximadamente en qué cantidad? CONTESTÓ: Como dije anteriormente un trago nos tomamos todos en media hora que estuve ahí con ellos, hasta las profesoras se tomaron un trago”(sic).

• Declaración rendida por la señora Mercedes Olaya Bernal, quien trabaja en la heladería en que se encontraron los docentes antes de salir del municipio con destino a Neiva y manifestó:

“El llegó y primero pidieron gaseosa y el profesor que se mató que se llamaba Rafael, los de la otra mesa les ofrecieron algo, entonces ellos le pasaron una cervezas, pero no recuerdo si fueron 3 o 4 y Rafael dijo que él no tomaba cerveza que él tomaba ron, entonces Rafael pidió media de ron. Rafael pidió la media de ron y pues se tomaron esa, entonces luego arrimaron varios entre esos el profesor Santiago, pero él no demoró nada, pero no supe que fue lo que él tomó y así se sentó también este señor Dario Mosquera, habían varios en la mesa como unos 6 o 7 y entre todos se tomaron la de ron y luego dijeron que se venían, porque se venían para Neiva. PREGUNTADO: Durante el tiempo que estuvo presente el señor Enrique Omar González departiendo con sus acompañantes, observó usted que él ingiriera licor y en qué cantidades? CONTESTÓ: No, es que yo no puedo decir que sí. El estaba bueno yo no lo ví embriagado… (34).”(sic)

• Declaración rendida por el señor Darío Mosquera, compañero del señor González y de la víctima, quien manifestó que el día del accidente en la mañana estuvieron departiendo en el establecimiento de doña Mercedes y se tomaron unas dos cervezas y luego media botella de ron, entre 5 personas, por lo que cada uno consumió poco y el señor González estaba en buen estado. Cuando se le preguntó acerca del estado de la vía, manifestó:

“Sí ahi en el sitio habían dos baches grandes, o sea, atravesaba la vía totalmente, lo que pasa es que ahí hicieron un pontón, entonces quedaron dos baches que atravesaban la vía totalmente, entonces cuando los vía uno era ya encima porque uno ahí va descendiendo, sale de una curva y va descendiendo, entonces cuando llega uno ya los baches los ve uno encima, coincidencialmente a los poquitos días los arreglaron”(35).

• Fallo proferido por el Juzgado Primero Penal del Circuito el 19 de diciembre de 2003, mediante el cual impuso condena al señor Enrique Omar González Ramírez de 36 meses de prisión, multa de $9.270.000 y suspensión de la licencia de conducción por el término de cuatro años(36). En las consideraciones de la providencia se dijo:

“Y un aspecto que no ha sido objeto de cuestionamiento y que necesariamente está vinculado al resultado dañoso, lo constituye sin duda alguna, el proceder agorado por el encausado horas antes del siniestro suceso, y que se ubican ente las diez o las once de la misma mañana, en cuanto que se dedicó a la ingestión de bebidas alcohólicas cuando sabía que debía manejar su automotor para poder retornar al sitio de residencia.

(…).

Y esta aseveración unida a lo que brinda la experiencia y a la carencia de demostración real de algún otro motivo que justificara la permanencia del procesado en esa población desde aquella hora hasta cuando ocurre la partida hacia Neiva, permite concluir que el procesado junto a sus compañeros de labores lo (sic) permanecieron fue dedicados a la ingesta de bebidas alcohólicas, sin merecer crédito la afirmación de los solícitos testimoniantes citados precedentemente, en el sentido de indicar que durante esas largas horas y entre todos solo consumieron una media botella de ron.

(...).

Por tanto, satisfechos así los presupuestos sustanciales que imponen una determinación de carácter condenatorio, al despacho no le queda alternativa diferente a la de proceder en armonía con lo deprecado por la Fiscalía, pues ciertamente los argumentos de la representante de la defensa, no logran sentar posición diferente, como quiera que si en realidad existían huecos o fenómenos físicos que alteraran el manto vial, le correspondía al procesado, no inexperto en la conducción de esta clase de automotores ni ajeno o extraño a las condiciones de la carretera atendida su constante circulación por el sector, adoptar los mecanismos necesarios para solucionarlos y no lanzarse a superarlos de manera irresponsable. Y esto, si es que se acepta, que fue la existencia del bache la que lo descontroló”(37).

3.2.3. Prueba relacionada con los perjuicios materiales.

• Copia del acta de posesión del señor Rafael Enrique Gualteros Sánchez como profesor de matemáticas y física en el Núcleo Escolar Joaquín García Borrero; copia del Decreto 507 del 26 de abril de 2002, mediante el cual se declaró vacante el cargo de docente por el fallecimiento del señor Gualteros.

• Certificado de tiempo de servicio, expedido por el plantel educativo, donde consta que ingresó como temporal el 1º de agosto de 1997 hasta el 28 de noviembre del mismo año, y certificación expedida por la Secretaría de Educación Departamental del Huila donde consta que devengaba un salario mensual de $915.920(38).

• Certificación expedida por la Secretaría de Educación Departamental del Huila en la que consta que el señor Gualteros Sánchez trabajó desde enero hasta el 5 de abril de 2002, como docente en el Núcleo Escolar Joaquín García Borrero de El Patía Baraya, devengando asignación mensual de $915.920(39).

3.2.4. Prueba relacionada con el perjuicio moral.

• Declaración rendida por la señora Nancy Camacho Narváez, quien trabajó como empleada doméstica de la señora María Cristina y el señor Gualteros y sobre las relaciones entre ellos manifestó:

• “El era muy cariño (sic) con el niño muy cariño (sic), pero con la señora era más apartado, ella lo quería mucho, yo hasta un día le dije que fuera más detallista con ella, le dije que le regalara una flores y hasta se las dio, ella era muy pendiente de la ropa, de todo”.

Respecto del acervo probatorio integrado por las pruebas aportadas directamente por las partes y por las ordenadas por el a quo, y concretamente sobre las copias simples esta Subsección en reciente sentencia(40) dijo:

“En lo que se refiere a las copias simples anexadas tanto con la demanda como con la contestación, las mismas serán valoradas teniendo en cuenta que reposaron en el plenario desde el inicio del proceso sin que fueran tachadas de falsas en las etapas procesales pertinentes. Así pues, dado que han obrado a lo largo del plenario y han sido sometidas a los principios de contradicción y de defensa de las partes conforme a los principios de buena fe y lealtad procesal que rigen toda actuación judicial, se les dará valor probatorio(41).

En el presente asunto, observa la Sala que las copias del proceso penal fueron solicitadas desde la demanda, decretados en el auto de pruebas de primera instancia y allegadas al proceso directamente por las autoridades requeridas, dentro de periodo probatorio, es decir, de manera oportuna y regular, por esta razón, en aplicación del principio de lealtad procesal y conforme al precedente de esta Subsección, las pruebas serán valoradas teniendo en cuenta los principios que informan la sana crítica.

3.2.2. Sobre la imputación.

En el sub lite se acreditó que la vía Neiva - Tello, desde el 21 de julio de 1995 fue entregada por el Invías al Departamento del Huila y al estar a su cargo, le correspondía su mantenimiento y señalización.

Es esta la razón por la cual, la parte actora depreca del ente departamental la reparación del daño causado, ya que en su criterio, el incumplimiento de sus deberes dio lugar a que la vía presentara huecos y no tuviera la señalización adecuada sobre ellos, circunstancia que contribuyó eficientemente a la ocurrencia del accidente.

3.3. Problema jurídico.

De acuerdo con la apelación presentada por la parte demandante, corresponde a la Sala determinar si puede atribuirse responsabilidad al Departamento del Huila, como el responsable de la vía en que se produjo el accidente que causó la muerte al señor Gualteros Sánchez.

Para ello, se considerará si en este caso se configuró la eximente de responsabilidad denominada hecho de un tercero, o si por el contrario, le asiste razón al recurrente, acerca de la concurrencia entre el hecho del tercero y la responsabilidad del ente departamental.

En caso de acreditarse una concurrencia de la conducta del tercero deberá resolverse sobre la posibilidad de imponer condena solidaria para que la entidad aquí demandada pueda repetir contra el conductor del vehículo.

3.4. Análisis de la Sala sobre la responsabilidad.

La existencia del daño antijurídico es el primer elemento que debe acreditarse para que pueda predicarse la responsabilidad.

Al tenor de lo dispuesto en el artículo 90 Superior al que antes se hizo referencia, el Estado debe responder por todo daño antijurídico que le sea imputable, causado por la acción u omisión de las autoridades públicas, de manera que lo exigido en la norma no es solo la existencia de un daño, entendido éste como un menoscabo, afectación o lesión de un bien, sino que además se requiere que éste sea antijurídico, es decir, aquel que no se tiene la obligación de padecer y que es contrario a derecho, que vulnera el ordenamiento jurídico y con ello lesiona los bienes e intereses jurídicamente protegidos.

Como antes se anotó, el daño antijurídico en el sub judice, consiste en las lesiones y posterior muerte accidental del señor Gualteros Sánchez. La sala encuentra debidamente probado el daño con el registro civil de defunción, la copia autenticada de la historia clínica 105683 del Hospital Hernando Moncaleano Perdomo, el informe del accidente 96 007912, y el protocolo de Necropsia A-132-02.

Establecida así la existencia del daño antijurídico, corresponde efectuar el análisis pertinente, a fin de determinar si el mismo puede ser imputado a la entidad demandada, tarea que acomete la Sala con referencia al título subjetivo de imputación de la falla del servicio en consideración a la irregularidad que se predica en la demanda del cumplimiento de las obligaciones que concernían al departamento con relación al mantenimiento vial, aunque sin perder de vista que la víctima se movilizaba en vehículo automotor, y que quien conducía el vehículo desplegaba, en consecuencia, una actividad peligrosa.

En efecto, cuando la actuación de la administración se reprocha en la demanda como irregular, el análisis debe hacerse bajo el régimen de la falla del servicio, la cual debe estar plenamente probada, al igual que cada uno de los elementos configuradores de la responsabilidad, aspecto éste que es de la mayor relevancia, no sólo en lo referente a las cargas probatorias asignadas a las partes, sino también al momento de determinar la procedencia de una acción de repetición.

Por razón de la importancia de la adecuada señalización vial, la doctrina ha reconocido la existencia de un “Principio de señalización”, conforme al cual, además del deber de construir carreteras seguras y adecuadas a los requerimientos del tráfico y mantenerlas en buen estado, la administración tiene la obligación de ejercer el control, en cuanto al cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que ordenan su señalización y advierten los peligros.

Cuando las entidades que tienen a su cargo el deber de señalizar las vías públicas, omiten su cumplimiento o lo hacen de manera defectuosa, comprometen la responsabilidad de las personas jurídicas en cuyo nombre actúan, por evidente falta o falla en el servicio público, a ellas encomendado, pues estas soportan la carga de remediar oportunamente los defectos que acusen las vías bajo su mantenimiento, y en su defecto, de advertir a tiempo a los conductores sobre los peligros que tales defectos generan para quienes transitan por la vía. Por tanto, si omiten la reparación, tanto como la debida señalización, deben reparar la totalidad de los daños y perjuicios que por la falta o falla en la prestación del servicio a su cargo se ocasionen(42).

La jurisprudencia del Consejo de Estado se ha pronunciado sobre este tema en reiteradas oportunidades, para señalar que además de la obligación de mantenimiento sobre las vías a cargo del Estado, para evitar el peligro proveniente de daños o desperfectos en las mismas, esa responsabilidad también comprende el deber de prevenir a los usuarios sobre los riesgos existentes e incluso de impedir el tráfico cuando sea necesario, para garantizar la seguridad de los ciudadanos(43).

Así lo ha considerado esta Sala:

“La Sala ha reiterado la obligación que tiene la administración en la debida y adecuada señalización cuando adelanta obras públicas, por el riesgo que pueda generar para quienes transitan por el lugar. Para la Sala, no es de recibo el argumento según el cual pueden emplearse cualquier tipo de señales para prevenir a los conductores sobre la existencia de obras en la vía, puesto que las normas reglamentarias establecen exigencias distintas. Además no puede aceptarse como señal preventiva un “montón de tierra” obstaculizando el camino, pues antes que prevenir, resulta peligrosa para quien transite en inmediaciones de la obra pública. En el caso concreto no queda duda de que el Invias no cumplió con el deber de colocar la señalización adecuada. En estas condiciones, los hechos probados configuran un típico caso de responsabilidad patrimonial, bajo el entendido de que el factor de imputación que compromete la responsabilidad del ente demandado está configurado por una falla del servicio consistente en la omisión en que incurrió la entidad encargada del mantenimiento y conservación de la vía, de una parte y, por la otra la inobservancia de las obligaciones reglamentarias referidas a la correcta, oportuna y adecuada señalización que ha debido adoptarse en el lugar donde se presentó el accidente(44)”.

En lo relacionado con la señalización de las vías, de acuerdo con el Manual sobre Dispositivos para el control del tránsito en calles y carreteras adoptado por el Ministerio de Obras Públicas y Transporte en las resoluciones 8408 de 2 de octubre de 1985 y 5246, del 2 de julio de 1985(45), las señales preventivas se definen como aquellas orientadas a advertir al usuario la existencia de una situación peligrosa y su naturaleza. A voces del mismo manual, cuando el peligro es temporal, la señal debe ser retirada de la vía una vez cesen las condiciones que dieron lugar a su instalación.

Pues bien, en el proceso que nos atañe se probó que el mantenimiento de esta vía estaba a cargo del departamento, según lo corrobora la certificación expedida en tal sentido y el acta de entrega definitiva al ente departamental de la administración de la vía por parte del Invías.

Por tanto, para indagar sobre la imputabilidad del daño a la demandada, la Sala debe preguntarse, a la luz del material probatorio recaudado: ¿Cuál era el estado de la vía en el sitio en que se produjo el accidente que ocasionó la muerte a Rafael Enrique Gualteros Sánchez? Y una lectura detenida de la prueba, integralmente considerada, permite las siguientes inferencias:

La prueba documental sobre este tópico de los hechos se reduce al Informe del accidente 96 007912, informe que recogió la percepción directa que tuvo la autoridad de tránsito que levantó el croquis, acerca de las condiciones que presentaba la vía en el sitio en que ocurrió el accidente. Sobre el particular dice el acta de informe que las condiciones geométricas de la vía era recta, plano”, que estaba cubierta con material de asfalto, su estado era bueno, vale decir, que no presentaba huecos, y respecto de sus condiciones de transitabilidad de la vía, que estaba seca.

La prueba testimonial, por su parte, puede clasificarse atendiendo a la inmediatez del conocimiento referido por los deponentes, así:

Hay un bloque de testigos indirectos de los hechos, que dan fe de haber oído versiones de terceras personas sobre el accidente, sin que den cuenta de la fuente de su conocimiento (caso del presbítero José Milton Gutiérrez Narváez), aludiendo expresamente a rumores (caso Santiago Nieto Perez), o simplemente realizando conjeturas (caso Darío Mosquera Mosquera). Empero, estos tres testigos refieren tener conocimiento del sitio donde se produjo la colisión vehicular, y dan fe, con base en ese conocimiento, de la existencia de una condición irregular en la vía, sin que coincidan en la descripción que hacen de la irregularidad. Para José Milton Gutierrez Narváez, allí “se había construido una alcantarilla y, el pavimento o la capa asfáltica se hundió, quedando un resalto de unos 10 o 15 centímetros de altura….”. Para Santiago Nieto Pérez, “ (…) la carretera tenía un altibajo ahí en el sitio del accidente o un bache y ocurrió el accidente (…)” y “ (…) “era un hundimiento del pavimento, eran dos hundimientos pegaditos (…)”; y para Darío Mosquera Mosquera, “ (…) en ese sitio se había construido un pontón(46) y en los dos extremos del pontón se había hundido la banca…” En síntesis, sin que se les pueda señalar de faltar a la verdad, resulta claro que, por lo menos, tienen una idea diferente acerca del lugar en el que se produjo la colisión vehicular. Estos testimonios no ameritan credibilidad, ni por la forma como refieren el conocimiento del hecho y del sitio de su acaecimiento; ni por su falta de coherencia externa, de forma tal que resultan inidóneos para controvertir el informe de accidente. Tampoco pasa por alto la Sala, que estos testimonios provienen de compañeros de trabajo del occiso, y de una persona que tiene algún grado de parentesco por afinidad con otra persona fallecida en el mismo accidente, esto es, de Gloria Cecilia Bernate Perdomo.

Un segundo bloque de testimonios, procedentes de personas que presenciaron el accidente o pudieron constatar el estado de la vía in situ. Son ellos, en su orden, Mateo Esquivel y Jorge Eliecer Castaño Aguirre. El primero de ellos, quien viajaba como pasajero en el vehículo con el cual se presentó la colisión y manifestó que en su criterio el accidente se presentó porque el automóvil invadió el carril contrario y señaló que la vía estaba pavimentada, era una recta, había unos huecos pero muy pequeños, ese día había buena visibilidad porque estaba soleado. El segundo, a su vez, autoridad que levantó el croquis del accidente, manifestó que “la vía estaba normal, en buen estado, seca, en el pedazo el sitio era una recta donde ocurrió el hecho, no influyó para nada la vía en el accidente. (…)”. Se trata, como puede verse, de personas que dan razón de la ciencia de sus dichos, que evidencian un conocimiento directo y oportuno del escenario fáctico, y cuya versión resulta confiable para concluir que el estado de la vía no fue causa determinante del deceso fatídico de Rafael Enrique Gualteros Sánchez.

4. De la causal exonerativa de responsabilidad..

Entonces, debe preguntarse la sala, ¿cuál fue la causa de la muerte del señor Gualteros? Y la respuesta ha de buscarse en una confluencia de factores no imputables a la demandada, entre los que se destacan la condición de riesgo que entraña la conducción de vehículos automotores, y el obrar imprudente de Enrique Omar González Ramírez consistente en la invasión abrupta del carril contrario en la vía por la que se movilizaba, conducta precipitada que admite explicación indiciaria por la alteración de su capacidad para conducir y reaccionar al tráfico y pequeños deterioros de una vía, por causa de la ingesta de alcohol minutos antes del hecho luctuoso, tal y como concluyó el Juez penal que le condenó como autor penalmente responsable del punible de homicidio culposo por causa de los mismos hechos que motivaron el ejercicio de la acción de reparación directa que dio origen a este proceso. Como lo manifestó acertadamente el juez penal, no de otra manera se explica que quien conocía el estado y la existencia de irregularidades de la vía por ser su usuario frecuente, ese día hubiera reaccionado invadiendo el carril contrario, pese a observar que por allí transitaba otro vehículo, con lo cual además incumplió el deber normativo de respetar el carril por el que debía desplazarse.

En efecto, la valoración conjunta de los medios de prueba obrantes en el proceso, permiten concluir, aún sin que se hubiere practicado prueba de alcoholemia, que el conductor del vehículo había estado consumiendo licor antes de iniciar el viaje en el que ocurrió el accidente. Así lo indican algunos testimonios del proceso contencioso y también los recaudados en el proceso penal, que coinciden en afirmar que el señor González había ingerido bebidas alcohólicas.

Advierte la Sala que el hecho de un tercero excluye de responsabilidad cuando es exclusivo y determinante en la producción del daño, amén de ser imprevisible e irresistible para la administración, circunstancias que la Sala encuentra debidamente probada, razón por la cual, procederá a la confirmación de la sentencia recurrida.

5. Condena en costas

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y como en este caso ninguna de aquellas actuó de esa forma no se efectuará condena en costas alguna.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFIRMAR la sentencia apelada, proferida por el Tribunal Administrativo del Huila profirió sentencia el 23 de septiembre de 2009, de acuerdo con lo expuesto en las consideraciones de esta providencia.

2. Ejecutoriada esta providencia DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen para su cumplimiento.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

14 La mayor pretensión es de 1000 salarios mínimos que equivalían a $358.000.000, por lo tanto es de doble instancia, teniendo en cuenta que para la época de presentación de la demanda mayor cuantía era de 500 smmlv.

15 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 20 de septiembre de 2001, exp. 10973, M.P. María Elena Giraldo Gómez.

16 Folio 15.

17 Folio 11 a 13.

18 Consejo de Estado, sentencia de 7 de abril de 2011, exp. 20.750.

19 Folio 12.

20 Folios 124 a 139.

21 Folio 14.

22 Folios 23 a 26.

23 Folios 139 a 164.

24 Folios 166 a 168.

25 Folios 175 a 175 vto.

26 Folios 176 a 176 vto.

27 C. anexo.

28 Folios 8 a 12, cdno. anexo.

29 Folio 52, cdno. anexo.

30 Folios 61 a 61 vto. cdno. anexo.

31 Folios 84 a 85 vto. cdno. anexo.

32 Folios 97 a 110, cdno. anexo.

33 Folios 105 a 107, cdno. anexo.

34 Folios 148 y 148 vto. cdno. anexo.

35 Folios 126 y 126vto. cdno. anexo.

36 Folios 129 a 137, cdno. anexo.

37 Folios 134 y 134 vto. cdno. anexo.

38 Folios 28 a 34.

39 Folios 125 y 126.

40 Sentencia de enero 30 de 2013, Radicación 26604, Actor Ana Dioneira Bustos Caballero y otros, Demandados Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional, M.P Olga Mélida Valle de De La Hoz.

41 Reposan en folios: 8, 12, 13, 14, 16 a 30, 39 a 126, 128, 129, 131 a 144 del cuaderno de pruebas.

42 Gil Botero, Enrique. Responsabilidad Extracontractual del Estado, cuarta edición, Bogotá: Grupo Editorial Ibáñez, 2010, p. 377.

43 Sentencia del 22 de septiembre de 1996.

44 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de abril 14 de 2005, rad 15630; C.P. Ramiro Saavedra Becerra.

45 Modificada por las resoluciones 1212 del 29 de febrero de 1988, 11886 del 10 de octubre de 1989, 8171 del 9 de septiembre de 1987 y Resolución 3968 del 30 de septiembre de 1992 del Ministerio de Transporte.

46 RAE, Pontón: 1. M. barco chato…; 2. Buque viejo…; 3. Puente formado de maderos o de una sola tabla.., consultado en del. Rae. Es, el 5 de marzo de 2017.