Sentencia 2004-00245 de octubre 29 de 2014

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION TERCERA

SUBSECCION A

Consejero Ponente:

Dr. Hernán Andrade Rincón

Exp.: 23001-23-31-000-2004-00245-01 (40.784)

Actor: Augusto Soto Herrera y Otros

Demandada Nación - Ministerio De Defensa-Ejercito Nacional

Acción Reparación Directa

Bogotá, D.C., veintinueve de octubre de dos mil catorce.

Extractos: «II. Consideraciones de la Sala.

1. La competencia.

La Corporación es competente para conocer del asunto, en el grado jurisdiccional de consulta respecto de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba el 25 de noviembre de 2010, por tratarse de un proceso de doble instancia, seguido contra la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, en el cual, además de declararse la responsabilidad patrimonial de la demandada con la consecuente condena por los perjuicios causados al señor Augusto Alfredo Soto Herrera, se condenó al llamado en garantía —quien estuvo representado por curador ad litem—, a reembolsar a la entidad el 70%, de la condena impuesta a la demandada(20).

2. Ejercicio oportuno de la acción.

Al tenor de lo previsto por el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo contenido en el Decreto Ley 01 de 1984(21), la acción de reparación directa debía instaurarse dentro de los dos años siguientes al acaecimiento del hecho, omisión, operación administrativa u ocupación permanente o temporal de inmueble por causa de trabajos públicos.

En el sub examine la responsabilidad administrativa que se demanda se origina en las lesiones causadas al señor Augusto Alfredo Soto Herrera el 8 de abril de 2002, por lo que el término de caducidad corría en principio hasta el 9 de abril de 2004, sin embargo, por tratarse de una fecha que coincidía con la vacancia judicial de semana santa(22), al tenor de lo dispuesto en el artículo 62 del Código de Régimen Político y Municipal la oportunidad se trasladaba al primer día hábil siguiente(23), es decir, al 12 de abril de 2004 y, como quiera que la demanda se interpuso en esta última fecha(24), resulta evidente que la acción se propuso dentro del término previsto por la ley.

3. El caso concreto.

3.1. Los hechos probados en el proceso.

En atención al material probatorio obrante en el expediente, recaudado oportunamente y con el lleno de los requisitos legales, se tienen debidamente demostrados en este proceso los siguientes hechos:

• Que el señor Augusto Alfredo Soto Herrera tenía la condición de soldado regular, incorporado el 31 de agosto de 2001 y adscrito al Batallón de Servicios 11 “Cacique Tirrome”, quien para el 8 de abril de 2002 era integrante de la Compañía de Policía Militar, tal como se desprende de lo consignado en el correspondiente certificado suscrito por el Jefe de Personal del Batallón de ASPC 11(25) y el Oficio 0162 MDN-CGFM-DIV07-BR11-BASPC11-S1, suscrito el 27 de enero de 2009 por el Comandante del mencionado Batallón(26).

• Que aproximadamente a las 5:00 a.m. del 8 de abril de 2002, el señor Augusto Alfredo Soto Herrera fue herido con arma de fuego de dotación oficial, por parte del también soldado Oscar Romero Miranda, quien se encontraba de guardia en la Sala de Detenidos del Batallón de Servicios 11 “Cacique Tirrome”, acción que desplegó como respuesta al “agravio” que recibió del soldado Jorge Ramos, que le lanzó un poco de agua, hecho que se encuentra acreditado con el original del informe de accidente suscrito el 9 de abril de 2002, por el Comandante de la Compañía de ASPC, en donde se consignó lo siguiente(27):

“Con el presente me permito informar los hechos acaecidos el pasado ocho de abril del año dos mil dos (2002). Siendo aproximadamente las 05:00 am, de este día, cuando el soldado Soto Herrera Augusto, identificado con Cédula de Ciudadanía 78.033.506 del Municipio de Cereté Córdoba, se encontraba el mencionado en la sala de detenidos, de las instalaciones de esta Unidad Militar, donde resultó herido por arma de fuego a la altura del abdomen y brazo derecho, dejándole secuelas y cicatrices en el cuerpo. Este joven fue herido por el Soldado Romero Miranda Oscar, quien se encontraba de Guardia para esta fecha; según versiones el mencionado se enfureció en el momento que el Soldado Ramos Jorge, quien también estaba detenido, le lanzó un poco de agua, lo cual se desquitó con el Soldado Soto Herrera, disparándole el arma de dotación. Hiriendo al mencionado en varias partes del cuerpo”.

• Que el señor Augusto Alfredo Soto Herrera sufrió lesiones por proyectil de arma de fuego que le ocasionaron secuelas de carácter permanente, según se consignó en el reconocimiento efectuado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, donde se concluyó lo siguiente(28):

“Según reconocimientos previos sufrió lesiones por proyectil de arma de fuego y presentaba múltiples heridas en miembro superior derecho, abdomen y muslo derecho, algunos reparando (sic) por segunda intención.

Al examen en la fecha persisten las secuelas descritas en nuestro anterior reconocimiento, los (sic) cuales ratificamos y son de carácter permanente.

Incapacidad Médico Legal Definitiva: 45 (Cuarenta y Cinco) Días.

Secuelas: (1) Deformidad física por las cicatrices referidas en el primer reconocimiento.

(2) Perturbación funcional del miembro superior derecho.

(3) Perturbación funcional del órgano de la prensión.

Todas de carácter permanente”.

• Que al señor Augusto Alfredo Soto Herrera se le realizó una Junta Médica Laboral Militar, la cual determinó que no era apto para la actividad militar, pues tenía una incapacidad permanente parcial, la que arrojó una disminución de la capacidad laboral del 22.13%, tal como se desprende del contenido del Acta 1405 de 1º de abril de 2004(29).

3.2. El régimen de imputación.

Previamente al análisis de los supuestos de responsabilidad aplicables al caso concreto, en relación con la imputación jurídica del daño, debe decirse que la Sala Plena de la Sección, en Sentencia de 19 de abril de 2012(30), unificó su posición para señalar que, al no existir consagración constitucional de ningún régimen de responsabilidad en especial, corresponde al juez encontrar los fundamentos jurídicos de sus fallos, por lo que los títulos de imputación hacen parte de los elementos argumentativos de la motivación de la sentencia. En este sentido se expuso:

“En lo que refiere al derecho de daños, como se dijo previamente, se observa que el modelo de responsabilidad estatal establecido en la Constitución de 1991 no privilegió ningún régimen en particular, sino que dejó en manos del juez la labor de definir, frente a cada caso concreto, la construcción de una motivación que consulte razones, tanto fácticas como jurídicas que den sustento a la decisión que habrá de adoptar. Por ello, la jurisdicción contenciosa ha dado cabida a la adopción de diversos “títulos de imputación” como una manera práctica de justificar y encuadrar la solución de los casos puestos a su consideración, desde una perspectiva constitucional y legal, sin que ello signifique que pueda entenderse que exista un mandato constitucional que imponga al juez la obligación de utilizar frente a determinadas situaciones fácticas un determinado y exclusivo título de imputación.

En consecuencia, el uso de tales títulos por parte del juez debe hallarse en consonancia con la realidad probatoria que se le ponga de presente en cada evento, de manera que la solución obtenida consulte realmente los principios constitucionales que rigen la materia de la responsabilidad extracontractual del Estado, tal y como se explicó previamente en esta providencia.”

Lo anterior resulta plenamente armónico con lo que la jurisprudencia de la Sección ha manifestado en relación con los títulos de imputación aplicables a los daños causados a los soldados que prestan su servicio militar obligatorio, en el sentido de considerar que los mismos pueden ser i) de naturaleza objetiva —tales como el daño especial o el riesgo excepcional—, y ii) por falla del servicio, siempre y cuando de los hechos y de las pruebas allegadas al proceso se encuentre acreditada aquella(31).

Así, frente a los perjuicios ocasionados a los soldados que prestan el servicio militar obligatorio, en la medida en la cual su voluntad se ve sometida por el imperium del Estado al imponerles la prestación de un servicio que no es nada distinto a la exigencia de un deber público, se ha expresado que la organización estatal debe responder, bien porque respecto de ellos el daño provenga de i) un rompimiento de las cargas públicas que no tenga la obligación jurídica de soportar el soldado(32); ii) de un riesgo excepcional que desborda aquel al cual normalmente estaría sometido y que puede tener origen en el riesgo de la actividad o en el riesgo de la cosa(33), o iii) de una falla del servicio, a partir de la cual se produce el resultado perjudicial.

No debe perderse de vista que, en tanto el Estado imponga el deber de prestar el servicio militar, debe garantizar la integridad psicofísica del soldado en la medida en la cual se trata de una persona que se encuentra sometida a su custodia y cuidado, pues, en determinadas situaciones, lo pone en estado de riesgo, lo cual, en términos de imputabilidad, significa que debe responder por los daños que le sean irrogados en relación con la ejecución de la carga pública.

Igualmente, en relación con los soldados que prestan servicio militar obligatorio, el principio iura novit curia reviste una característica especial, toda vez que el juez debe verificar si el daño antijurídico resulta imputable o atribuible al Estado con fundamento en cualquiera de los títulos de imputación antes mencionados, aspecto frente al cual se ha considerado igualmente, que el daño no será imputable al Estado cuando se configure una causa extraña. En providencia de 2 de marzo de 2000, expuso la Sección:

“...demostrada la existencia de un daño antijurídico causado a quien presta el servicio militar, durante el mismo y en desarrollo de actividades propias de él, puede concluirse que aquél es imputable al Estado. En efecto, dado el carácter especial de esta situación, por las circunstancias antes anotadas, es claro que corresponde al Estado la protección de los obligados a prestar el servicio militar y la asunción de todos los riesgos que se creen como consecuencia de la realización de las diferentes tareas que a ellos se asignen. No será imputable al Estado el daño causado cuando éste haya ocurrido por fuerza mayor o por el hecho exclusivo de un tercero o de la víctima, eventos cuya demostración corresponderá a la parte demandada”(34).

Además de lo anterior, se reitera, que el Estado frente a los conscriptos adquiere no sólo una posición de garante al someter, en ambos casos, su voluntad y disponer de su libertad individual para un fin determinado, sino que, de igual manera, el Estado entra en una relación de especial sujeción que lo hace sujeto responsable de los posibles daños que puedan padecer aquéllos.

En conclusión, en cada caso concreto en donde se invoque la existencia de una causa extraña por parte de la entidad demandada, es necesario analizar los detalles de tiempo, modo y lugar en que se produjo el daño, por cuanto es posible que el Estado haya contribuido causalmente a la generación del mismo, específicamente, al situar al conscripto en la situación de riesgo, o bien por una ruptura de la igualdad ante las cargas públicas o por una falla del servicio.

No se puede, por consiguiente, afirmar de manera simple y llana, que la sola constatación de la existencia de una aparente causa extraña como origen o fuente material o fenomenológica, en relación con los daños ocasionados a los conscriptos es suficiente para que estos sean considerados como no atribuibles —por acción u omisión— a la administración pública. Se requiere, además, en estos eventos, que la entidad demandada acredite que su actuación no contribuyó en la producción del daño, motivo por el cual no le es imputable fáctica o jurídicamente. Lo puntualizado en la medida en que es posible que la causa directa, inmediata y material del daño sea la actuación de un tercero o de la propia víctima, pero que tal resultado perjudicial tenga una relación mediata con el servicio que estaba desplegando el soldado conscripto, motivo por el cual la entidad no puede desprenderse de su responsabilidad, en tanto también puede serle endilgable jurídicamente el daño.

No quiere significar lo expuesto que, en este tipo de situaciones, no opere la causa extraña en sus diversas modalidades como causal exonerativa de responsabilidad, sólo que la acreditación de la eximente debe hacerse a través de la demostración de que, en estos precisos eventos, le resultaba a la entidad demandada absolutamente imprevisible e irresistible. Sin embargo, la culpa exclusiva de la víctima o el hecho de un tercero, por regla general, tal y como lo ha aceptado la doctrina autorizada sobre la materia, no requieren para su configuración que se pruebe su imprevisibilidad e irresistibilidad(35).

Cabe destacar, en este punto del análisis, que mientras que el soldado voluntario se vincula laboralmente al Ejército, el conscripto es llamado a prestar el servicio militar obligatorio y que, de conformidad con lo establecido en el artículo 13 de la Ley 48 de 1993, puede hacerlo a través de distintas modalidades de incorporación: (i) soldado regular: quien no terminó sus estudios de bachillerato y debe permanecer en filas un período entre 18 y 24 meses; (ii) soldado bachiller, quien debe prestar el servicio por 12 meses y, además de su formación militar, y demás obligaciones inherentes a su calidad de soldado, deberá ser instruido y dedicado a la realización de actividades de bienestar social a la comunidad y en especial a tareas para la preservación del medio ambiente y conservación ecológica; (iii) auxiliar de policía bachiller, quien debe prestar el servicio por 12 meses, y (iv) soldado campesino, quien es asignado para prestar el servicio militar obligatorio en la zona geográfica donde reside, por un período de 12 a 18 meses. Como se advierte, las modalidades señaladas en la ley tienen relevancia, entre otros temas, para determinar el tiempo de prestación del servicio, el lugar y las actividades que se les encomiendan. El conscripto, según lo establecido en el artículo 48 del Decreto 2048 de 1993, es el joven que se ha inscrito para definir su situación militar dentro de los términos, plazos y edad establecidos en la Ley 48 de 1993.

De otra parte, en relación con la responsabilidad patrimonial del Estado frente a quienes se encuentren prestando el servicio militar obligatorio, ha considerado la Sección que su situación es diferente respecto de quienes, voluntariamente, ejercen funciones de alto riesgo relacionadas con la defensa y seguridad del Estado como los militares de carrera, agentes de policía o detectives del DAS(36), porque el sometimiento de aquéllos a los riesgos inherentes a la actividad militar no se realiza de manera voluntaria, sino que corresponde al cumplimiento de los deberes que la Constitución impone a las personas, “derivados de los principios fundamentales de solidaridad y reciprocidad social”(37), para “defender la independencia nacional y las instituciones públicas”(38).

Por eso, desde tiempo atrás la jurisprudencia ha considerado que cuando una persona ingresa al servicio militar obligatorio en buenas condiciones de salud debe dejar el servicio en condiciones similares(39), criterio a partir del cual se estableció la obligación de reparación a cargo de la entidad demandada, frente a los daños cuya causa esté vinculada con la prestación del servicio y excedan la restricción de los derechos y libertades inherentes a la condición de militar.

Como ya se dijo, la existencia del daño antijurídico se encuentra establecida en el presente caso, el que el Tribunal a quo consideró imputable a la demandada sobre la base de una falla en el servicio, por cuanto la agresión que recibió la víctima fue desplegada de manera desproporcionada y en ejercicio de sus funciones por el soldado Oscar Romero Miranda, con su arma de dotación oficial, todo lo cual se encuentra demostrado a la luz del material probatorio allegado al expediente,

Por consiguiente, se impone concluir que en el sub judice concurren los elementos necesarios para declarar la responsabilidad patrimonial del Estado a causa de los daños sufridos por el demandante Augusto Alfredo Soto Herrera como consecuencia de las lesiones que le fueron ocasionadas alevemente por el soldado Oscar Romero Miranda, sin que la entidad demandada hubiere acreditado la existencia de una causa extraña que pudiere eximirla de responsabilidad por ese hecho.

En consecuencia, todas las razones hasta ahora expresadas servirán de apoyo para confirmar la declaración de responsabilidad patrimonial dispuesta en la sentencia consultada frente a la demandada, así como la declaración de responsabilidad en cabeza del llamado en garantía, pues como lo señaló el a quo, incurrió en una conducta gravemente culposa, en los términos de la Ley 678 de 2001, toda vez que, ante la actuación de una tercera persona, reaccionó de manera desproporcionada frente a la víctima, a quien atacó con su arma de dotación oficial. No obstante lo dicho, se modificará el ordinal cuarto de la parte resolutiva, para precisar que el llamado en garantía es responsable por todos los daños ocasionados al señor Augusto Alfredo Soto Herrera, ya que el Tribunal consignó que solo lo era por los daños morales.

4. La indemnización de perjuicios.

En este punto, la Sala debe precisar que en razón a que el grado jurisdiccional de consulta se surte a favor de la entidad pública condenada no hay lugar a estudiar la procedencia de las peticiones patrimoniales que se elevaron en la demanda y que fueron negadas por el a quo, como tampoco a incrementar las indemnizaciones otorgadas en el fallo consultado(40).

4.1. Perjuicios morales reconocidos a la víctima.

Según se acreditó en el presente asunto, el daño que se imputó a la entidad demandada en la sentencia de primera instancia se produjo por las lesiones sufridas por el señor Augusto Alfredo Soto Herrera, en las circunstancias descritas en la parte considerativa de este proveído, todo lo cual produjo a la víctima, sin duda, una afección moral que debe ser indemnizada.

Ahora bien, se tiene que la indemnización fijada por el Tribunal a quo en la sentencia consultada, a título de perjuicios morales para la víctima directa del daño, se encuentra dentro de los parámetros unificados recientemente por la Sala Plena de la Sección Tercera(41), sin embargo, en aplicación del principio de igualdad, es del caso modificarla para señalar que el salario mínimo legal mensual vigente, de conformidad con la posición reiterada de la Sala y la Sección(42), corresponderá al de la fecha de ejecutoria de la providencia y no al de la fecha del fallo de primera instancia, como lo había señalado el a quo.

4.2. Perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante.

Encuentra la Sala que los parámetros utilizados por el fallador de primera instancia para tasar la indemnización se ajustan a los fijados por la jurisprudencia de esta Corporación en relación con el lucro cesante, en tanto al no haberse demostrado el ingreso base de liquidación, pero si la capacidad productiva de la víctima, afectada en razón de la lesión sufrida, acudió al salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de la liquidación, por ser mayor que el mismo referente actualizado a la fecha del fallo de primera instancia.

De otra parte, si bien la Sala encuentra conforme a derecho este aspecto de la sentencia de primera instancia, habrá de modificarlo para efectos de reliquidar los perjuicios materiales reconocidos en dicho fallo, en cuanto se refiere a la actualización monetaria a valor presente, de conformidad con los lineamientos jurisprudenciales recientes(43), sin que esto suponga, en modo alguno, desconocer que el grado jurisdiccional de consulta se surte a favor de la entidad pública condenada, para lo cual se aplicará la fórmula utilizada reiteradamente por esta Corporación para actualizar la renta.

Para tal efecto la fórmula aplicable es la siguiente:

FORMULAS-00245-A
 

En donde:

Ra: Renta actualizada a establecer;

Rh: Renta histórica que se va a actualizar (En este caso, la suma total reconocida por el Tribunal a quo: $45.717.822)

Ipc (f): Es el índice mensual de precios al consumidor final, es decir, el último conocido a la fecha en que se realiza la actualización (septiembre de 2014: 117.49);

Ipc (i): Es el índice mensual de precios al consumidor inicial, es decir, el que correspondió a la fecha de la sentencia de primera instancia, desde la cual se va a realizar la actualización (25 de noviembre de 2010-104.56)

• Lucro cesante para Augusto Alfredo Soto Herrera

FORMULAS-00245-B
 

Ra = $51.371.336

5. El pago del arancel judicial dispuesto por el Tribunal.

Finalmente, debe hacerse referencia a la orden impartida por el Tribunal, en punto al pago del arancel judicial consagrado en la Ley 1394 de 2010, para lo cual señaló que la parte favorecida con la sentencia debía pagar una suma equivalente al dos por ciento (2%) del valor total que recibiera como pago por la condena impuesta, ordenamiento que debe ser revocado, pues si bien es cierto que el grado jurisdiccional de consulta se surte en favor de la entidad pública condenada, no es dable impartir confirmación a dicha orden, en tanto hacerlo conllevaría la vulneración del principio de legalidad, toda vez que la aplicación que hiciera el a quo no se ajusta a derecho, puesto que, para el momento en que se profirió el fallo consultado, el presente proceso no se encontraba incluido dentro del supuesto consagrado en la mencionada ley como hecho generador del arancel.

En este sentido es del caso recordar lo dispuesto sobre el particular en el artículo 3º de la Ley 1394 de 2010:

“ART. 3.—Hecho Generador. El Arancel Judicial se genera en todos los procesos ejecutivos civiles, comerciales y contencioso administrativos cuando el monto de las pretensiones se haya estimado en una cifra igual o superior a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales y en los siguientes casos:

a) Por el cumplimiento de lo acordado por las partes en una transacción o conciliación que termine de manera anticipada un proceso ejecutivo.

b) Por el cumplimiento de una condena impuesta en un laudo arbitral en caso de reconocimiento o refrendación.

c) Por el cumplimiento de obligaciones reclamadas en un proceso ejecutivo de cualquier naturaleza.

“PAR. 1º.—El monto de las pretensiones se calculará de acuerdo con las reglas establecidas en el artículo 20 del Código de Procedimiento Civil. El valor del salario mínimo legal será el vigente para el momento de la presentación de la demanda”. (Se destaca).

La norma en cita fue objeto de control de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional en la Sentencia C-368 de 2011(44), en donde, entre otras cosas, se declaró la exequibilidad de su primer inciso(45) y, para lo que interesa al presente análisis, precisó lo siguiente:

“7.5. Examinado el arancel regulado en la Ley 1394 de 2010, advierte la Corte que, en cuanto hace a su naturaleza jurídica, éste presenta las mismas características del que fue objeto de estudio por la Corporación en la citada Sentencia C-713 de 2008. En efecto, se trata de un gravamen que (i) se causa solo por la obtención de una condena favorable al demandante (arts. 6º y 8º); (ii) aplica únicamente en los procesos ejecutivos civiles, comerciales y contencioso administrativos, cuando el monto de las pretensiones se haya estimado en una cifra igual o superior a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales (art. 3º); (iii) los recursos se destinarán a sufragar gastos de funcionamiento e inversión de la administración de justicia (arts. 1º y 12º); (iv) y tales recursos son administrados por el Fondo para la Modernización, Fortalecimiento y Bienestar de la Administración de Justicia (art. 1º).

7.6. De este modo, no cabe duda que el nuevo arancel judicial reglamentado en la Ley 1394 de 2010, corresponde a una contribución parafiscal, como acertadamente lo precisó el legislador en el inciso primero del artículo 1º al referirse a su naturaleza jurídica.

(…)

7.10. A su vez, el arancel judicial presenta un margen de aplicación bastante reducido, pues solo se causa sobre los procesos ejecutivos civiles, comerciales y contencioso administrativos, cuando el monto de las pretensiones se haya estimado en una cifra igual o superior a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales (art. 3º), quedando expresamente excluidos del pago los demás procesos ejecutivos que no alcanzan el monto referido y todos los procesos penales, laborales, contencioso laborales, de familia, de menores, declarativos y los confl.ictos de la seguridad social, así como también los juicios de control constitucional o derivados del ejercicio de la tutela y demás acciones constitucionales (art. 4º).

7.11. De acuerdo con la fórmula de aplicación y exclusión escogida por el legislador, es claro que el arancel judicial está diseñado para afectar solo a quien sí cuenta con recursos suficientes para acceder a la administración de justicia, pues resulta válido presumir que la persona que presenta acreencias a su favor, por una cifra equivalente o mayor a los 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes (aproximadamente $103.000.000), está en capacidad real de contribuir con el aparato judicial en aras de su fortalecimiento. Máxime, si el pago de la contribución se ajusta a una tarifa del 2% o del 1%, según las circunstancias, que en todo caso no resulta desproporcionadamente gravosa frente a demandantes de procesos ejecutivos que llevan a cabo reclamaciones superiores a los 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

(…)

En efecto, según quedó explicado en el acápite anterior, (i) el sujeto activo del tributo es el Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (art. 2º); (ii) el hecho generador son todos los procesos ejecutivos civiles, comerciales y contencioso administrativos, cuando el monto de las pretensiones se haya estimado en una cifra igual o superior a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales, aplicándose también en los siguientes casos: (a) cuando el proceso ejecutivo termine de manera anticipada por acuerdo entre las partes (transacción o conciliación), (b) por el cumplimiento de una condena impuesta en laudo arbitral en caso de reconocimiento o refrendación, y (c) por el cumplimiento de obligaciones reclamadas en un proceso ejecutivo de cualquier naturaleza (art. 3º); (iii) el sujeto pasivo, o quien tiene a su cargo el pago del arancel, es la parte demandante del proceso que haya sido beneficiada con las condenas o pagos, ya sea el inicial o el que decida reconvenir, o sus causahabientes a título universal (art. 5º); (iv) en cuanto a la base gravable, ésta se calcula sobre: (a) el valor de las condenas por suma de dinero efectivamente recaudadas por el demandante, (b) el valor de las condenas por obligaciones de dar y de hacer, del total a pagar como resultado de la liquidación elaborada por el juzgado y (c) el valor de los pagos, o de la estimación de los bienes o prestaciones que se hayan determinado por las partes en el acuerdo de transacción o conciliación judicial que ponga fin al proceso ejecutivo (art. 6º); y finalmente (v) se establece una tarifa del dos por ciento (2%) de la base gravable, salvo en los casos de (i) terminación anticipada de procesos ejecutivos y de (ii) reconocimiento o refrendación del laudo arbitral ante funcionario judicial, donde la tarifa será del uno por ciento (1%) de la base gravable (art. 7º)”. (Se destaca)

Así las cosas, es claro que, en su momento, el fallador de primera instancia aplicó la regulación del arancel judicial contenida en la Ley 1394 de 2010 a un proceso declarativo, el cual no estaba regido por ella(46), por lo que, como ya se dijo anteriormente, lo dispuesto en el ordinal octavo de la parte resolutiva de la sentencia consultada será revocado.

6. No hay lugar a condena en costas.

Finalmente, toda vez que para el momento en que se profiere este fallo, el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo contenido en el Decreto Ley 01 de 1984, como fuera modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado temerariamente y, debido a que ninguna procedió de esa forma en el sub lite, no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. MODIFICAR la sentencia consultada, esto es, la proferida el 25 de noviembre de 2010, por el Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Tercera de decisión, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia, la cual en su parte resolutiva quedará así:

“1. DECLARAR probada la excepción de ‘Inexistencia de la Prueba de la Calidad Invocada en la Demanda’, en relación con los señores Álvaro Soto Rojas, María Inés Herrera Lopera, Carlos Alberto Herrera, Noemí Hernández Herrera y Jessica Soto Herrera, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

2. DECLARAR administrativa y patrimonialmente responsable a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional por el daño antijurídico causado a Augusto Alfredo Soto Herrera, con ocasión de las lesiones sufridas el día ocho (8) de abril de 2002.

3. como consecuencia de la anterior declaración, CONDENASE a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional a pagar al demandante por concepto de:

3.1. Perjuicios Morales.

Para el señor Augusto Alfredo Soto Herrera en su calidad de víctima directa, el equivalente en pesos colombianos a treinta (30) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de esta sentencia.

3.2 Perjuicios Materiales

Por concepto de lucro cesante al señor Augusto Alfredo Soto Herrera, en las modalidades de indemnización debida y futura, el valor total de Cincuenta y un Millones Trescientos Setenta y un Mil Trescientos Treinta y Seis Pesos M/Cte ($51.371.336).

4. DECLARASE que el señor Oscar Romero Miranda es responsable frente a la Nación Colombiana - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, por todos los daños ocasionados al señor Augusto Alfredo Soto Herrera en las circunstancias de tiempo, modo y lugar antes señaladas; en consecuencia deberá reintegrarle a la Nación el setenta por ciento (70%) del valor pagado de conformidad con la condena que aquí se le impuso, suma que deberá reembolsarle al día siguiente a aquel en que la Nación cancele en su totalidad la condena al demandante. La mora en el pago ocasionará intereses comerciales y moratorios.

5. NIEGANSE las demás súplicas de la demanda.

6. Se dará cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 176, 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo.

7. Sin condena en costas”.

2. Para el cumplimiento de esta sentencia expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas a los apoderados judiciales que han venido actuando.

3. Ejecutoriada esta providencia, DEVUELVASE el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, Notifíquese y Cúmplase.».

20. De conformidad con lo previsto en el artículo 184 del Código Contencioso Administrativo, tal como fue modificado por el artículo 57 de la Ley 446 de 1998, se prevé que serán consultables las sentencias dictadas en primera instancia que no fueren apeladas e impongan condena “en contra de quienes hubieren estado representados por curador ad litem”.

21. Normatividad aplicable al presente caso, de conformidad con lo señalado en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en los siguientes términos: “Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior.”

22. La Ley 51 de 1983 en su artículo 1º dispuso que los días jueves y viernes santos son festivos.

23. “Artículo 62. En los plazos de días que se señalen en las leyes y actos oficiales, se entienden suprimidos los feriados y de vacantes, a menos de expresarse lo contrario. Los de meses y años se computan según el calendario; pero si el último día fuere feriado o de vacante, se extenderá el plazo hasta el primer día hábil”.

24. Fl. 69 del cuaderno principal 1.

25. Fl. 17 del cuaderno principal 1.

26. Fl. 110 del cuaderno principal 1.

27. Fl. 16 del cuaderno principal 1.

28. Fl. 109 del cuaderno principal 1.

29. Visible de fl.s 132 a 134 del cuaderno principal 1, remitida por el Director de Sanidad del Ejército a través de Oficio 361909 de 4 de agosto de 2010 —Fl. 131 del mismo cuaderno—.

30. Exp. 21.515.

31. En tal sentido pueden consultarse, entre otras, las siguientes providencias: Subsección B: Sentencia de 10 de marzo de 2011, Radicación número: 25000-23-26-000-1996-03221-01(19159), Consejero Ponente: Dr. Danilo Rojas Betancourth; Subsección A: Sentencia de 31 de marzo de 2011, Radicación número: 18001233100019970098901 (19.431); Sentencia de 31 de marzo de 2011, Radicación número: 19001233100019980860001 (19.575); Subsección C: Sentencia de 25 de mayo de 2011, Radicación número: 52001-23-31-000-1998-00515-01(18747), Consejero Ponente: Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; Sección Tercera: Sentencia de 28 de abril de 2010, Radicación número: 25000-23-26-000-1996-03096-01(17992), Consejero Ponente: Dr. Mauricio Fajardo Gómez; Sentencia de 23 de junio de 2010, Radicación número: 05001-23-31-000-1996-00508-01(18570), Consejero Ponente: Dra. Ruth Stella Correa Palacio; Sentencia de 25 de febrero de 2009, Radicación número: 18001-23-31-000-1995-05743-01(15793) Consejero Ponente: Dra. Myriam Guerrero de Escobar; Sentencia de 15 de octubre de 2008, Radicación número: 05001-23-26-000-1996-00284-01 (18586) Consejero Ponente: Dr. Enrique Gil Botero; Sentencia de 21 de febrero de 2002, Radicación número: 68001-23-15-000-1994-9890-01(13768), Consejero Ponente: Dr. Ricardo Hoyos Duque; Sentencia de 24 de mayo de 2001, Radicación número: 23001-23-31-000-1995-6884-01(13389), Consejero Ponente: Dr. Ricardo Hoyos Duque.

32. En Sentencia de 10 de agosto de 2005, Exp: 16.205, al resolver la demanda instaurada con el fin de obtener la indemnización de los perjuicios causados por las lesiones sufridos por un soldado, quien en cumplimiento de la orden proferida por su superior jerárquico, de realizar un registro de área en horas de la noche, al saltar un caño se cayó y golpeó contra una piedra, se consideró: “...la causación de los daños material, moral y a la vida de relación tienen sustento, en este proceso, en el actuar de la Administración de sometimiento del soldado conscripto a una carga mayor a la que estaba obligado a soportar, cuando en el cumplimiento de la misión conferida a él por el Comandante del Escuadrón B de Contraguerrillas de registro del área general del Municipio de Paz de Ariporo dentro del servicio y con ocasión de él, se tropezó cayendo contra la maleza, lesionándose el ojo derecho”.

33. En Sentencia de 28 de abril de 2005, Exp. 15.445, dijo la Sección: “En el tema de la responsabilidad patrimonial del Estado la jurisprudencia ha aplicado varios títulos jurídicos de imputación en relación a los conscriptos. Generalmente se acude al de daño especial cuando el “daño” tiene su causa en el rompimiento de la igualdad frente a las cargas públicas. Sin embargo cuando la causa de los daños se origina en otro tipo de hechos, según estos debe aplicarse el de falla probada cuando la irregularidad administrativa produjo el daño y el de riesgo cuando los conscriptos sufren daños con causa y por razón del servicio que provienen o de la realización de actividades peligrosas o de la utilización de artefactos que en su estructura son peligrosos...Ha partido de la regulación legal especial contemplada para la Fuerza Pública y en especial para los conscriptos, y ha concluido que cuando las pruebas son indicadoras de que los hechos ocurrieron por el riesgo a que fueron expuestos los conscriptos no se requiere realizar valoración subjetiva de conducta del demandado; que sólo es necesario demostrar: el ejercicio por parte del Estado de una actividad de riesgo en desarrollo del servicio militar prestado -o por su destinación o por su estructura-; el daño antijurídico; y el nexo de causalidad eficiente y determinante entre ese riesgo y el daño causado al conscripto; y que el demandado sólo se exonera por causa extraña, es decir por el hecho exclusivo del tercero o de la víctima y fuerza mayor”.

34. Exp. 11.401.

35. En este sentido se pronunció la Sección Tercera, en Sentencia de 13 de agosto de 2008, Exp. 17.042, Consejero Ponente: Dr. Enrique Gil Botero.

36. Ha dicho la Sección que “quienes ejerce funciones de alto riesgo relacionadas con la defensa y seguridad del Estado como los militares, agentes de policía o detectives del DAS, deben soportar los daños causados como consecuencia de los riesgos inherentes a la misma actividad y sólo habrá lugar a la reparación cuando dicho daño se haya producido por falla del servicio, o cuando se someta al funcionario a un riesgo excepcional, diferente o mayor al que deban afrontar sus demás compañeros. En todo caso, el funcionario y quienes hayan sufrido perjuicio con el hecho tendrán derecho a las prestaciones e indemnizaciones previamente establecidas en el ordenamiento jurídico (a forfait)”. Al respecto, ver por ejemplo, Sentencia Exp. radicado al 12.799.

37. Corte Constitucional. Sentencia T-250 del 30 de junio de 1993.

38. Artículo 216 de la Constitución Política.

39. Sentencias de 3 de marzo de 1989, Exp.: 5290 y del 25 de octubre de 1991, Exp.: 6465, entre otras.

40. Este criterio fue expuesto por la Sala Plena de la Sección Tercera en Sentencia de 7 de noviembre de 2012, Exp.: 24.531, así como por esta Subsección en Sentencia de 23 de julio de 2014, Exp. 33.546.

41. Al respecto consultar la Sentencia de 28 de agosto de 2014, Exp. 31.172, Consejera Ponente: Olga Mélida Valle de De la Hoz.

42. En este sentido, entre otras, se pueden consultar las Sentencias proferidas por esta Subsección de 9 de julio de 2014, Exp. 25000-23-26-000-1998-02225-01 (29.404), de 11 de junio de 2014, Exp. 25000 23 26 000 2001 02488 01 (27.722); de 11 de junio de 2014, Exp. 25000 23 26 000 2005 02760 01 (38.662); de 30 de abril de 2014, Exp. 25000-23-26-000-1997-13712-01 (25.085); de 9 de abril de 2014, Exp. 25000-23-26-000-2000-02191-01 (28.738); de 30 de octubre de 2013, Exp.s acumulados 250002326000 199800970 01 y 250002326000 199802673 01 (27.277). En igual sentido, la Sentencia proferida por la Sala Plena de la Sección Tercera el 28 de abril de 2014, Exp. 730012331000200101548 01 (25718).

43. Al respecto, consultar, Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, Sentencias del 8 de junio de 2011, Exp. 22.131 y del 23 de junio de esa misma anualidad Exp. 20.324, entre otras. Para la actualización de la condena se tendrá en cuenta el IPC certificado por el DANE, generado con la metodología Base 2.008, por ser la aplicable a la fecha y contener el ajuste de los índices hacia el pasado, cobijando la época en que se impuso la condena de primera instancia, criterio expuesto en Sentencia de 7 de julio de 2011, Exp. 20.724.

44. Magistrado ponente: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

45. En esta providencia resolvió la Corte: “Declarar Exequible, por los cargos propuestos y analizados, el primer inciso del artículo 1º, el primer inciso del artículo 3º y la expresión “El Arancel Judicial está a cargo del demandante inicial o del demandante en reconvención beneficiado con las condenas o pagos…” del artículo 5º, de la Ley 1394 de 2010”.

46. Vale mencionar que la Ley 1394 de 2010 fue derogada por la Ley 1653 de 2013, norma que posteriormente fue declarada inexequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-169 de 2014.